"La Xunta debe denunciar más delitos contra la ordenación del territorio"

FARODEVIGO* : La pelota está sobre el tejado de la Xunta. El fiscal especializado en Urbanismo del TSXG, Antonio Valdés, emplaza a la Administración autonómica a presentar más denuncias contra los delitos urbanísticos que se están cometiendo en Galicia. "El porcentaje de las denuncias que llegan por parte de la Xunta es muy residual", apunta Antonio Roma, al tiempo que asegura que la Fiscalía está trabajando, tanto en materia urbanística como medioambiental, para que el Gobierno gallego tome la iniciativa y recurra a los tribunales.


"Estamos en el camino de que aumenten las denuncias que remite a la Fiscalía", concluye Roma.

- ¿Cada vez hay más "profesionales" de las denuncias en materia urbanística, como apunta la Fiscalía de Pontevedra en su memoria anual?
- La Fiscalía de Pontevedra habla de personas que abusan de las instituciones legítimas de nuestro ordenamiento jurídico. Son personas que buscan presionar a alguien que tiene una licencia. Hay personas que han hecho de la impugnación de la actuación urbanística un negocio, lo que no quiere decir que sean delincuentes. En determinados municipios se denuncia una inactividad muy frecuente por parte de la Administración local frente a la cual la jurisdicción penal no tiene armas para combatirlo.
- El medio ambiente gallego, según un estudio de Ecologistas en Acción, es el tercero más afectado de España por la marbellización de la costa, por detrás de Andalucía y Murcia. ¿Ese efecto Marbella, no por la corrupción urbanística sino por la ocupación del litoral, se ha comenzado a notar en Galicia?
- Desconozco los criterios utilizados para cuantificar, cualificar y ordenar las comunidades en función de su agresión al litoral. De cualquier manera el proceso de marbellización es excepcional en Europa, tanto en el aspecto relativo a la corrupción como en el económico. La capacidad de atraer turismo que tiene esa zona de Andalucía es excepcional. Málaga o Alicante se han convertido en segunda residencia de pensionistas procedentes de otros países con un alto nivel adquisitivo. En Galicia se han incoado diligencias en las fiscalías de Pontevedra, A Coruña y Lugo por actuaciones concretas en la costa. El marco actual, que ya deja entrever que se avecina un período de ligero estancamiento de la construcción, puede afectar en el sentido de paralizar el proceso constructivo. Pero desconozco hasta qué punto se puede hablar de riesgo real, hoy por hoy, de marbellización.
- ¿Qué agresiones urbanísticas están investigando en la comunidad gallega?
- Se están abriendo diligencias siguiendo unos criterios generales. La mayoría de las infracciones contra la ordenación del territorio o contra el medio ambiente se producen por actuaciones de particulares. Hasta ahora, se ha prestado mucha atención en Galicia a las que se producen en la costa. Todas las sentencias que hasta ahora hay en Galicia en materia de delitos urbanísticos se refieren a construcciones de viviendas unifamiliares o anexos de viviendas en la zona de costa. Pero no es el único campo de delincuencia. Ya se han empezado a presentar denuncias por construcciones en suelos no urbanizables comunes y también en suelos no urbanizables de protección forestal o ganadera. Hay un aspecto muy preocupante también que son las actuaciones en cascos históricos. Esto obliga a ir abriendo el campo de acción.
- ¿El urbanismo actual en zonas de A Costa da Morte es más propio de Levante o Costa del Sol que de Galicia?
- Me consta que existen grupos económicos urbanísticos fuertes que se están instalando en A Costa da Morte, pero el número de denuncias mayor no ha llegado a la Fiscalía por esa zona. En las grandes ciudades o sus alrededores es donde se concentran la mayor parte de las querellas. Pero las armas que tenemos son limitadas porque tenemos un Código Penal que restringe las conductas penales a muy pocas figuras.
- ¿Hay una Marbella gallega?
- De ninguna manera. El volumen de denuncias es muy distinto. La Fiscalía de Málaga lleva en la actualidad diez veces más número de diligencias registradas que todas las Fiscalías gallegas. Sólo hasta junio llevaban 500.
- La Xunta interpuso recursos judiciales contra Barreiros, Malpica, Fisterra y anunció "bastante más". ¿La Administración debería denunciar más este tipo de delitos?
- El porcentaje de denuncias que llegan por parte de la Administración pública es muy residual. Estamos en el camino de que la Xunta aumente ese número. Seguramente en el futuro veremos más. En eso se trabaja desde la Fiscalía, ya no sólo en materia urbanística, sino también medioambiental. La comunicación con la Xunta es fluida, ya que en ocasiones necesitamos datos que sólo ella nos puede facilitar para nuestra investigación, pero creo que el número [de denuncias por parte de la Administración] debe incrementarse.
- Muchas administraciones han permanecido ciegas, sordas y mudas durante años ante las agresiones urbanísticas...
- Las armas que tiene la Administración no son eficaces en muchos casos, pero no por falta de voluntad. Ante la posibilidad de paralizar una obra que, por ejemplo, afecte a un yacimiento o a un bien inmueble dentro de un caso histórico, la Xunta está maniatada con su legislación porque no puede paralizar la obra más allá del primer mes porque si pasa de ese primer mes tiene que expropiar la finca o el valor que tenga la construcción en ese segundo mes. La Administración no tiene manga ancha para entrar en muchas infracciones urbanísticas.
- ¿La Ley del litoral contribuirá a frenar las irregularidades urbanísticas?
- Las leyes tienen recorrido a medio plazo. Todas las leyes que llegan en materia de urbanismo tienden a producir efectos positivos, aunque a veces no llegan a buen puerto o al puerto que se desearía. Ojalá no sea el caso de la Ley del litoral y que disminuya este tipo de infracciones.




* Faro de Vigo - Rosa Prieto - 07 de octubre de 2007
Foto: Galicia, ría de Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org