La especulación urbanística en la Axarquía

RAFAEL YUS RAMOS Y MIGUEL ÁNGEL TORRES DELGADO* : EL 27-M fueron las primeras elecciones democráticas que se realizaron en Málaga después de la apertura de la 'caja de pandora' que fue el 'caso Malaya'. Este proceso se inicia en un marco de otro proceso administrativo de gran relevancia para nuestra provincia, con el que se intenta frenar la política de relajación, de inacción en definitiva, por parte de las autoridades locales y regionales, ante la evidencia de una escalada, como jamás se ha conocida en nuestra historia, de la especulación urbanística en toda la provincia de Málaga. Se trata de un conjunto de leyes y planes, mecanismos para poner fin a la escalada urbanizadora descontrolada de todo el litoral andaluz y su área de influencia, en paralelo a las conocidas operaciones contra la corrupción, que como sabemos son una escasa muestra de lo que se ha cocinado en numerosas administraciones locales.

Muchos se han preguntado porqué algo que todos conocían no se ha denunciado e intervenido antes. Como veremos, los resultados de estas elecciones tienen mucho que ver con lo que llamamos «socialización de la especulación».

Las causas verdaderas de esta política de 'mirar hacia otro lado', cuando no de 'defensa a ultranza' por parte de las administraciones locales (y según el signo político también de las regionales) ante esta escalada de especulación en torno al sector de la construcción, no la sabemos fehacientemente. Pero podemos entreverlas a partir de las coartadas que esgrimen los responsables políticos para justificar esta postura durante décadas en nuestra provincia. Por un lado están las justificaciones macroeconómicas: el sector de la construcción monopoliza prácticamente toda la economía malagueña, anulando los sectores clásicos de esta provincia, como la agricultura o incluso el turismo: «no toquemos este sector que se nos viene abajo el PIB». A nivel microeconómico está el trasunto de la especulación: el negocio de la compraventa, que permite obtener réditos de alcance asombroso en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo: «¿de qué sirve trabajar (en cualquier cosa) si puedes vivir de las rentas?». Por otra parte está el asunto político, pues un ayuntamiento logra niveles de financiación, y por tanto capacidad de ejecutar proyectos que revaloricen la gestión de un determinado equipo de gobierno, que de otra manera serían impensables: «el sector de la construcción ha permitido mejorar enormemente la gestión de los ayuntamientos». Finalmente está el asunto social, coartada muy apetecida por los ayuntamientos de izquierda, según la cual la crisis de la agricultura deja a la mayoría de los pequeños titulares de parcelas agrícolas sin capacidad de rentabilizar sus tierras: «si los grandes propietarios pueden conseguir enormes urbanizaciones ¿por qué no puede cada pequeño propietario hacerse una casa en el campo, venderla y obtener provecho con ello?».

Estas coartadas, y otras similares, han estado presentes sobre todo en la última década. Al calor de ellas se permitió, por activa o por pasiva, construir a diestro y siniestro, no sólo en el litoral, sino también en los suelos rústicos no urbanizables del interior, aprovechando resquicios de la legislación, como la falta de efectividad del Plan Especial de Protección del Medio Físico (por no haberse publicado en el BOJA), la autorización de construcción de 'casas de aperos' (aunque luego sean mansiones de 200 m.2), o simplemente siguiendo el principio del «construye, que algo queda», pues no hay juez que se atreva a ordenar una demolición. El resultado puede contabilizarse con el análisis riguroso de fotografías aéreas en distintas épocas. Alcaucín, por ejemplo, es un municipio de la Axarquía que en 1995 tenía ya 263 casas en suelo rústico, de las cuales solo la mitad aproximadamente eran antiguos cortijos. Si tomamos esta cifra como 'año cero', y tenemos en cuenta que en el año 2006 ya disponía de 1.119 viviendas, el aumento construcción de chalés y mansiones en el campo ha sido del 325%. Y esto no ha redundado en un censo poblacional mayor. Archez, por ejemplo, uno de los municipios más pequeños de la Axarquía, ha permitido construir en suelo no urbanizable 299 viviendas en este mismo periodo de tiempo (un crecimiento del 135% ), que sumadas a las viviendas del núcleo urbano, arrojan 712 viviendas, para tan sólo 160 unidades familiares (!), lo que significa que el 77% de las viviendas no son para habitarlas ciudadanos de Archez, sino simplemente montones de ladrillos para especular y ejercer la economía sumergida. Esto, según la izquierda, es la «socialización de la riqueza», pero desde nuestro punto de vista es más bien la 'socialización de la especulación' y la generalización de las fuentes de desastre ambiental. A este paso, la autodenominada izquierda acabará defendiendo el narcotráfico, porque también es otra forma de repartir las riquezas, ilegal ciertamente, pero tanto como construir en el campo. Uno es un delito contra la salud pública y el otro es un delito contra el medio ambiente.

Con esto enlazamos con el resultado del 27-M: ¿a quién han favorecido las elecciones? Obviamente la respuesta es diversa según los lugares, pero en la Axarquía, aquellos ayuntamientos que han estado consintiendo, cuando no defendiendo, o incluso promoviendo, la especulación urbanística en suelo rústico, son precisamente los que han sido recompensados no sólo con la reelección, sino que en ocasiones han subido. Son ayuntamientos que levantaron las armas contra la Junta de Andalucía cuando ésta, a través del Plan de Ordenación del Territorio (POT) amenazaba con parar esta dinámica por los obvios impactos ambientales. Son ayuntamientos con tasas de crecimiento de viviendas en suelo rústico superiores al 100% y por tanto son ayuntamientos donde la 'socialización de la especulación' ha sido refrendada en las urnas. Son ayuntamientos que, pese a la obligación de redactar sus propios PGOUs, llevan años guardándolos en un cajón para evitar publicarlos, pues en la situación actual, un simple Proyecto de Actuación, pasado por el pleno, decretado por la Alcaldía y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, son suficientes para legitimar, sin PGOU, la construcción de complejos urbanísticos espontáneos y mansiones aisladas en el campo, aunque cada una de estas viviendas, que dice acogerse al artículo 42 de la LOUA (casa de apero), sea propiedad de alguna inmobiliaria o de un inmigrante climático que solo busca descansar en esta tierra. Como el suelo ya calificado alcanza un precio muy caro, paradójicamente se actúa en suelos no calificados, por tanto sin servicios ni instalaciones básicas, que permite grandes beneficios a cambio de viviendas sin dotación alguna, y de no contribuir al erario público, aunque en caso de hacerlo resulta tomar un camino 'desviado'.

Es hora de iniciar en la Axarquía un proceso administrativo excepcional (retirada de competencias urbanísticas, moratoria, plan de regeneración) para detener esta barbarie que ya está produciendo daños irreversibles y está dejando al POT de la Axarquía, y al POT de Andalucía, de facto, sin sentido alguno o con sólo un valor retórico. Y es hora de reconsiderar que esta coartada de la socialización de la especulación, por muchos réditos económicos, políticos y sociales que tenga, es una huida hacia delante que lamentarán nuestras próximas generaciones.






* Diario SUR - LA TRIBUNA MALAGUEÑA - 28.09.2007