Cuando son los políticos los que se cargan la ciudad

ANTONIO ALEMANY DEZCALLAR* : En realidad, no son los promotores, ni los constructores, ni los infectos capitalistas los que se cargan las ciudades y el territorio. Son las instituciones -y los políticos y funcionarios que las gestionan- las que, por acción u omisión, son las máximas responsables desde del urbanismo salvaje hasta de la ilegalidad rampante. Desde la primera Ley del Suelo, el ius edificandi no deriva del derecho de propiedad, concebido por la vieja concepción civilista y romana como derecho a gozar y disponer de una cosa, sino de la norma urbanística que revoluciona toda la institución al disociar la propiedad strictu sensu del derecho a edificar. Significa todo ello que la responsabilidad por el uso que se haga del suelo se ha desplazado del propietario a las instituciones competentes en urbanismo.

Para entendernos, si hubiera prosperado, por ejemplo, la pretensión de Pedro Serra de urbanizar Son Massot, la máxima responsabilidad hubiera recaído en Munar y en Vicens -y no en Serra- que, desde el Consell de Mallorca, pretendían alterar el uso urbanístico de la finca que tenía apalabrada su amigo Serra o su familia. Y fue el alcalde de Calvià, Carlos Delgado, el que ejerciendo su responsabilidad, abortó la ordalía.

Los medios de comunicación, en su práctica totalidad, solemos equivocar la focalización de los auténticos responsables -políticos y funcionarios- al satanizar a los que, en definitiva, se limitan a hacer lo que la ley les permite hacer. Y los medios de comunicación solemos ignorar o mirar hacia otro lado cuando se producen dos perversiones bastantes frecuentes en el urbanismo. La primera, la utilización del poder urbanístico por los gestores coyunturales para castigar al adversario político o ideológico o, sencillamente, para escarmentar al promotor que no ha pasado por las horcas caudinas de los políticos o no ha acudido a los despachos que tocaban, como se le escapó impudorosamente a un alto dirigente de UM, sin que el flamígero Carrau desplegara su potencial energético justiciero. La segunda perversión pasa más desapercibida aún y se da cuando es la actuación directa de la Administración la que se carga literalmente barrios enteros de una ciudad, sin que nadie se rasgue las vestiduras, con la excepción del arriba firmante que sí se las ha rasgado con frecuencia y desde hace bastantes años.

Las dos perversiones se han dado cita en Manacor como revelaba el espléndido reportaje de Rafael Gabaldón sobre el casco histórico de la ciudad de las perlas que se cae porque dos partidos -PSM y UM- y dos políticos sectarios -Damià Pons y Maria Antònia Munar- usaron y abusaron de su poder para dar salida a sus rencores, personales o ideológicos, a los efectos, lo mismo da, castigando a unos propietarios de derechas con una torticera utilización del Bien de Interés Cultural -Munar es una maestra en este tipo de auténtico fraude de ley- y, de paso, castigando a toda una ciudad a contemplar cómo su casco histórico se cae hecho pedazos ante la indiferencia mediática, ante la inexigencia de responsabilidades -y no sólo políticas- y ante el arbitrismo de la peor especie como norma de conducta política.

Lo peor no es la ordalía perpetrada por Pons y Munar, por el PSM y UM, sino el abandono posterior, el dejar morir a toda una parte de la ciudad, el arruinar a cientos de propietarios, confiscados, de hecho, de su derecho de propiedad y a causar un mal mucho mayor que el que -decían- querían evitar. Algo no funciona en nuestro sistema político cuando no se puede perseguir a este tipo de políticos sin escrúpulos y cuando el daño que causan no lo resarcen ellos, sino los ciudadanos que no tienen arte ni parte en el desastre artificialmente provocado.

No es la primera vez que ocurre. En Palma, durante treinta o cuarenta años, el barrio de Sa Gerreria fue intervenido en su totalidad, con suspensiones de licencias y demás medidas que impedían invertir en la regeneración de los edificios del barrio. Miquel Àngel Llauger senior, a la sazón responsable de Urbanismo de Palma, fue, creo recordar, uno de los artífices de la medida. La consecuencia fue el deterioro irreparable de todo el barrio, el abandono de sus viviendas ruinosas que o bien eran okupadas o bien selladas por sus propietarios y, al final, la decisión heroica -e inevitable- de proceder a una remodelación integral de Sa Gerreria.

Para completar la gran estafa, el Ayuntamiento de Palma no sólo congeló los valores catastrales, sino que los bajó para, a continuación, expropiar. Un montón de demandas están esperando resolución judicial. Lo curioso es que todos estos ecologistas, los de ARCA, los de la UIB que, ahora se rasgan las vestiduras y emiten gemidos jeremiacos porque se ha perdido la tipología medieval de todo un barrio, callaron como muertos durante más de cuarenta años ante lo que, inevitable y fatalmente, debía conducir al actual desenlace. Sa Gerreria era irrecuperable tras años y años de incuria. Por lo menos deberían tener el buen gusto de callarse.

He aquí dos ejemplos, próximos y que tocamos con la mano de cómo la incompetencia o la mala fe institucionales pueden ser peores que todos los infectos promotores reunidos o que un bombardeo al Guernica modo. Para colmo, los del Pacto de Izquierdas aspiran a incurrir en el mismo error o en la misma estupidez, que está claro que Salomón no les dejó tarjeta: quieren repetir, en el casco palmesano, lo de Manacor y lo de Sa Gerreria. Y lo harán, si la sociedad civil no los disuade: aúnan doctrinarismo ignorante y rencor patológico, una mezcla terrible que puede generar Atilas. O sea que ya pueden ponerse en marcha los potenciales damnificados si no quieren ver cómo sus casas se derrumban.

Lo grave es que el problema de fondo sigue ahí: la inmunidad y la impunidad de los que con sus decisiones, activas o pasivas, causan un daño irreparable a la ciudad y a los ciudadanos, encima, por resentimiento o ignorancia, contraviniendo el espíritu de toda legislación urbanística que quiere que la carga de la ordenación del suelo se reparta de forma equitativa, evitando desplazamientos del valor de la propiedad que enriquece a unos, arruina a otros y que es la madre de todas las corrupciones.





* El Mundo - El Día - 29 de agosto de 2007