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F.Fernández/LaVozdeGalicia* : "Va de derribos. Tras borrar del mapa de Ferrolterra medio centenar de construcciones ilegales en la playa de Vilarrube (Valdoviño), la Demarcación de Costas en Galicia proseguirá en Pontedeume con su demoledora política de limpiar de cemento el litoral. Dentro de unos meses caerán bajo las excavadoras el hotel de dos estrellas Playa de Ber y el restaurante Anduriña Mari Carmen, levantados ambos sobre la arena de la principal playa eumesa, la de Ber.
La cuenta atrás para estas dos edificaciones, que invaden la zona de dominio público marítimo terrestre, ha comenzado. Costas, vía expropiaciones forzosas, se ha hecho con las propiedades y ya ha tapiado las ventanas del hotel para evitar saqueos. El restaurante vive sus últimos momentos de gloria, antes de caer bajo las palas, y este verano aún permanece abierto.
Rafael Eimil, jefe de Costas, calcula que el derribo de ambos edificios se producirá a principios del año que viene, aunque todavía no está elaborado el proyecto de demolición.
Los terrenos donde ahora se asientan los negocios serán incorporados al patrimonio público y sobre ellos se habilitarán aparcamientos en condiciones, buenos accesos al arenal y servicios para los bañistas. «Les vamos a dejar una playa estupenda», resumió Rafael Eimil.
* La Voz de Galicia - Ferrol - 14/8/2007
Foto: Pontedeume (A Coruña), hotel playa de Ber /lavozdegalicia.es
Costas tirará un hotel levantado en la playa de Ber
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2 comentarios :
El Juzgado reabre la causa contra el jefe de Costas por los derribos de Vilarrube
Diario de Ferrol.
http://www.diariodeferrol.com/hoy/ferrol/ferrol15.html
CARMELA LÓPEZ > FERROL
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha decidido reabrir la causa contra el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, por los supuestos delitos de allanamiento de morada en relación con el derribo de una treintena de viviendas en el litoral de Vilarrube.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 tuvo en cuenta para la toma de esta decisión el recurso de reforma, subsidiario de apelación, interpuesto por el letrado de los afectados por la demolición de las viviendas, Javier de la Llave. En la resolución del mismo se reconoce la existencia de un error en el auto judicial de archivo de la causa firmado a finales del pasado mes de julio.
El recurso se fundamentaba en que la Ley del Tribunal del Jurado establece un plazo para pedir a las partes personadas si quieren solicitar nuevas diligencias de prueba, y este trámite no se cumplimentó en su momento.
Los afectados a los que representa el letrado canario Javier de la Llave han ejercitado ese derecho, solicitando pruebas gráficas sobre los derribos ejecutados el 30 de noviembre de 2005. Se trata de demostrar que el ambiente registrado en esa jornada en Vilarrube no era pacífico y que el jefe de la Demarcación de Costas tuvo que valerse de la Guardia Civil para demoler las construcciones, puesto que los propietarios no estaban conformes con esa medida.
A partir de la aportación de esas pruebas se prevé que las partes soliciten la apertura de juicio y entonces será la jueza la que decida si se hace o no.
Cuando la instrucción corría a cargo del magistrado Alejandro Morán Llordén -ahora está en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 2- se había incoado el procedimiento para el enjuiciamiento de Rafael Eimil por el tribunal del jurado por 32 supuestos delitos de allanamiento de morada. En el auto dictado al afecto se recogía que el personal contratado para efectuar el derribo penetró en la totalidad de las viviendas sin contar con la correspondiente autorización del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La demolición se llevó a cabo en el marco de un procedimiento administrativo de recuperación de terrenos de Costas.
De victimas a delincuentes y viceversa.
Desde la creación de la Asociación de Afectados por La Ley de Costas, se ha creado una campaña de desprestigio en contra de los afectados en general, con la intención de proyectar una corriente de opinión desfavorable a los intereses de los perjudicados. Este intento de confundir a la opinión pública tiene dos objetivos claros. El primero es aplicar la controvertida ley sin pagar un alto precio político ni económico, y el segundo es enmascar otros hechos más graves, que hasta ahora, han permanecido impunes a las críticas a pesar de las evidencias.
Nosotros estamos en total acuerdo en la Ley de Costas, pero no en su aplicación retroactiva y exagerada arbitrariedad.
Paradójicamente, desde el año 1988 y con mayor incidencia a partir del 2002 se ha hecho mucho más daño a la costa española que en el resto de la historia, y este deterioro extra no ha sido causado por los propietarios anteriores a la ley. Sin embargo, al ser en su mayoría, los más débiles, se nos ha convertido en cabeza de turco.
Constructores, Hoteles, complejos turísticos, puertos deportivos, paseos marítimos y otros han sido, por norma general, los que han terminado por ocupar un espacio mediante enrevesadas estrategias políticas y económicas que han hecho ricos a los ricos y a los amigos. Cuando no han ocupado el espacio liberado por una demolición, han aumentado los valores de los terrenos adyacentes mediante la especulación, deslindes imposibles y otras actuaciones que, aunque se han hecho públicas, no han cobrado la trascendencia que debería tener, pues no en vano, hay implicaciones en todo el estado español. No hay más que ver los informes anuales de Greenpeace.
Se han modificado deslindes sin que nunca se sepa cuál es la motivación ni los intereses existentes, mientras que en otras zonas, la lucha judicial por conseguir lo mismo, lleva a la ruina económica a los propietarios en estériles batallas judiciales por defender lo que legítimamente le pertenece. Ejemplo: Vegadeo, La Almadraba (Málaga), San Juan (Mallorca) etc...
Hasta hace poco a nadie le llamaba la atención el motivo de que la aplicación de esta ley sea tan estricta con los afectados que ya estaban legalmente antes de 1988 y que todas esas macroconstrucciones que han generado tanto dinero desde esa fecha vivan felizmente en el limbo del desconocimiento del pueblo, a pesar de las graves irregularidades..
Nosotros no hemos incumplido ninguna ley cuando accedimos a nuestras propiedades. Se creó una Ley que sirvió de herramienta para encubrir una expropiación gratuita que dejase el terreno libre , en gran medida, para la generación de grandes negocios con la final apariencia de una ordenación de la costa. Y esa Ley se creó sin contemplar derecho alguno sobre los propietarios establecidos, legalmente, en todo el litoral español.
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