Un magistrado del Supremo critica que el urbanismo se haga desde intereses particulares

L.Ballester.- Levante* : "El magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, José Díaz, criticó ayer el «problema que supone que el urbanismo se haga desde intereses particulares, respetables, legítimos y de gran incidencia en la economía» pero que convierte en papel mojado las buenas intenciones de las nuevas leyes que entran en vigor. Díaz participó ayer en el curso sobre la Ley del Suelo organizado por Edival y la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. El magistrado del Supremo, buen conocedor de la legislación autóctona ya que fue juez en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, aseguró en su intervención que el urbanismo «se supone que se diseña desde la razón y la planificación por personas competentes que deciden por dónde deben crecer las ciudades. En las leyes se cita la estrategia europea territorial, de crear ciudades compactas... Pero después, en la práctica, se permite todo lo contrario y la nueva Ley del Suelo lo permite también».

«La ciudad no crece de dentro hacia fuera sino al revés. El promotor compra suelo rústico a precios más baratos y, después, propone su reclasificación porque cualquier suelo, hasta el no urbanizable según la legislación valenciana, se puede meter en el mercado. Y esta posibilidad puede que sea buena para el urbanismo pero dudo que sea bueno para los intereses generales y para el medio ambiente» , continuó José Díaz. A esta realidad se añade la posibilidad, criticada por el magistrado, de que «los instrumentos de ordenación se pueden aprobar por silencio positivo» , previsto en la Ley Urbanística Valenciana y que la nueva Ley del Suelo también permite porque lo deja en manos de la administración autonómica, que supone «un problema grave al urbanismo actual», cuyo alcance ha limitado el mismo Tribunal Supremo a través de varias sentencias.

José Díaz también lamentó «otro asunto» que la nueva Ley del Suelo no trata: la aplicación de la ley de contratos en la adjudicación de los programas de actuación integrada (PAI). Ésta es una exigencia que la Comisión Europea demanda a la Ley Urbanística Valenciana, y que la Generalitat se niega a aplicar, por lo que el asunto está pendiente de dirimirse en el tribunal de justicia europeo. El magistrado del Supremo cree que «se ha demonizado la posibilidad de aplicar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en la adjudicación de PAI a pesar de que que garantiza la transparencia en la gestión y evita la corrupción».





* Levante-EMV - 09 de junio de 2007