La proliferación de escándalos urbanísticos socava la imagen de los políticos y las instituciones

COLPISA* : "La proliferación de escándalos urbanísticos socava la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos y de las instituciones. Esa es, en lo que concierne a España, la conclusión principal del informe global sobre corrupción en el mundo de Transparencia Internacional (TI). Este organismo no gubernamental minimiza los efectos de otras corruptelas como la judicial o la administrativa, que da por casi extinguidas, pero señala a los "pelotazos" inmobiliarios como el paradigma de las malas prácticas en la España actual. La "explosión" de casos de corrupción urbanística provocó en 2006, según el estudio de TI, una progresiva "deslegitimación" de los políticos y de las instituciones ante los ciudadanos, que tienen una visión cada vez más "cínica" y "crítica" de la administración. El informe, que fue presentado de forma simultánea en varias capitales europeas, destaca que en general hay un "cierto clima de escándalo en relación con la corrupción en el nivel local de gobierno, en especial la vinculada al ámbito urbanístico".


Sobre las posible consecuencias -sin contar las medioambientales- el citado estudio subraya que, si no se atajan a tiempo, este tipo de fenómenos "acaban deteriorando la democracia y abriendo la vía a populismos y a extremismos de todo tipo". El presidente de la Fundación Ortega y Gasset, asociada en España a TI, Antonio Garrigues, avisó de que la corrupción "tiene un coste" y de que "si dejamos que siga invadiendo el sistema, el sistema colapsará". "Es como una leucemia que invade el sistema financiero y liquida absolutamente las perspectivas de una evolución digna", explicó.

TI denuncia la falta de mecanismos públicos para frenar la corrupción y transmitir la idea de que el Gobierno reacciona. Un responsable del estudio, Manuel Villoria, explicó que "los españoles entienden que se han empezado a tomar medidas", pero "todavía el 60 por ciento están insatisfechos con la respuesta gubernamental".

Entre las "medidas" ya tomadas por el Ejecutivo están las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de algunos cargos públicos -al consentir o fomentar "pelotazos"- en ayuntamientos como Marbella, Telde, Ibiza, Ciempozuelos y Andratx; en los gobiernos canario y balear y en la Diputación de Castellón. TI lamenta que los partidos políticos estén "permanentemente intercambiando cromos de corruptos" para identificar la corrupción con el adversario, en vez de llegar a un "consenso" para atajar la causa de este problema, y no sólo sus efectos.

Ley del suelo

TI reconoce también otros "avances" propiciados por iniciativas como la nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y que introduce medidas novedosas para fiscalizar los planes urbanísticos y combatir los "pelotazos". Destaca la obligación de las corporaciones locales de hacer pública la identidad de quienes hayan sido propietarios durante los últimos cinco años de terrenos recalificados. Además, obliga a los cargos de las juntas de gobierno municipales a declarar sus bienes y establece un régimen estricto de incompatibilidades. El Gobierno ha presentado esta norma como el paradigma de su lucha contra la corrupción de cara a las elecciones locales ya autonómicas del 27-M.

Otra actuación encaminada a combatir la corrupción sería, según este estudio, el proyecto de ley de financiación de partidos, ahora en tramitación, que prohibirá las donaciones anónimas a los partidos y limitará a 100.000 y 150.000 euros las cantidades que pueden percibir, ya sea de forma directa o a través de sus fundaciones, provenientes de personas y empresas. No obstante, esta norma no incluye una prohibición expresa a los partidos de percibir fondos provenientes de constructores, tal y como pidió el PP.

TI asegura que el urbanismo desmedido tiene "mucho que ver" con el retroceso experimentado por España en ranking mundial de la corrupción. Se ha roto la tendencia positiva que había hecho mejorar la puntuación del país desde 1996. En el último informe la "nota" obtenida por España desciende a un 6,8 por ciento. El año pasado fue de 7, es decir, notable. La "nota" actual es la misma que en 1999, y sitúa a España por detrás de Chile y Estados Unidos; una décima por delante de Estonia, y dos de Portugal.

El informe considera casi extinguidas otro tipo de corruptelas, como la administrativa o la judicial, debido a la introducción de nuevos métodos en el trabajo de los funcionarios públicos y nuevas herramientas informáticos, que aseguran un tratamiento imparcial e igual en lo que se refiere a plazos y tiempos procedimentales. A pesar de eso, el dos por ciento de los encuestados aseguraron haber pagado sobornos en 2006 para lograr objetivos o agilizar gestiones ante la administración.




* Heraldo de Aragón - 25 de mayo de 2007