Las irregularidades urbanísticas en Andalucía salpican a todos los partidos en vísperas del 27-M

E.Sánchez/J.Chaparro/DiariodeSevilla*: "El mapa de Andalucía está enladrillado y fiscales y jueces instructores se afanan en combatir los delitos, sobre todo urbanísticos, que salpican a algunos miembros de los equipos de gobierno municipales. Aunque la operación Malaya sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha sido la instrucción más publicitada por la popularidad de algunos de sus protagonistas y la gravedad de los desmanes cometidos por los responsables del Consistorio malagueño, no se trata ni mucho menos de la única localidad con munícipes encausados. A pesar de que los delitos imputados son utilizados por los partidos como arma arrojadiza, todas las formaciones cuentan con algún regidor o edil con cuentas pendientes ante un tribunal.

PSOE y PP, formaciones con más representantes en alcaldías y concejalías, mantienen a muchos de ellos en las listas para las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.


Almería, a vueltas con el Cabo de Gata

-Joaquín García Fernández (PSOE). Alcalde de Níjar. Denunciado por Ecologistas en Acción por la aprobación de un convenio para la cesión de suelo en el Cabo de Gata. A raíz de estos hechos, la Audiencia Provincial de Almería le imputa malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. También han sido imputados otros miembros del equipo municipal.

-Cándido Trabalón (PA). Alcalde de Zurgena. La Fiscalía ha imputado por prevaricación y contra la ordenación del territorio a todo el equipo de gobierno (cinco concejales del PA, cuatro del PSOE y uno del PP) por la votación a favor de la construcción de 1.300 chalés en suelo rústico.

-Cristóbal Fernández (PSOE). Alcalde de Carboneras. Condenado por la Audiencia Provincial de Almería a seis meses de inhabilitación por delito electoral, fue indultado en 2006 por el Consejo de Ministros a pesar de la ratificación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Se le imputaron prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata.

-Gabriel Amat (PP). Alcalde de Roquetas de Mar. El también presidente del PP en Almería fue denunciado por la Junta y los Comerciales del Poniente por la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza. La beneficiaria fue Galerías Comerciales, del imputado en la operación Malaya Tomás Olivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la nulidad de apertura en noviembre.

Cádiz, del GIL al PP pasando por IU

-José Antonio Barroso (IU). Alcalde de Puerto Real. La Consejería de Obras Públicas demandó al Ayuntamiento por la autorización al hermano de regidor para construir una vivienda de 600 metros cuadrados sobre una finca destinada a uso educativo.

-Miguel Manella (PSOE). Alcalde de Tarifa. Imputado por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina. Vuelve a ser el candidato socialista el 27 de mayo.

-Juan Carlos Juárez (PP). Alcalde de la Línea de la Concepción. El ex gilista tiene varios frentes abiertos. Destacan el caso Villa Juliana, que le ha supuesto la primera denuncia formal de la Fiscalía por delito urbanístico. El regidor aprobó la venta de una finca municipal y con el dinero habría pagado las nóminas de los trabajadores municipales, lo que contravendría la Ley de Régimen Local. En el caso de los contratos está imputado por prevaricación y malversación de caudales tras 150 presuntas contrataciones irregulares. También deberá rendir cuentas tras la querella por la venta de cuatro parcelas a la empresa Roseworld: una compañía linense hizo una oferta superior y el Ayuntamiento la desestimó por supuestas deudas. Posteriormente se demostró que tales deudas no existían y que el capital social de Roseworld ascendía a poco más de 3.000 euros. Juárez opta a la reelección en las municipales.

-Hernán Díaz (Independiente). Ex alcalde de El Puerto de Santa María. Inhabilitado por el nombramiento irregular del jefe de la Policía Local sin dar publicidad a la plaza vacante. Entre otros asuntos, la Fiscalía investiga la labor del anterior equipo de gobierno por la falta de actuación para evitar diseminados ilegales en zonas protegidas y la venta de terrenos de patrimonio municipal con fines no permitidos por la ley. El Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad contable en la gestión municipal entre 1995 y 2000.

-Ernesto Marín (PP). Candidato del PP en Chiclana. La inspección de Trabajo le ha obligado a contratar a cinco empleadas que trabajaban sin contrato en una empresa de su propiedad. El PSOE quiere llevar el asunto a la Fiscalía por delito contra los trabajadores.

Córdoba, coalición fraudulenta

-Antonio Guisado (PSOE). Ex alcalde de Fuente Palmera. El antiguo regidor y posteriormente concejal dimitió de sus funciones tras ser investigado por supuesta venta irregular de suelo municipal destinado a zonas verdes y equipamientos a varias promotoras. Una de esas licencias fue otorgada a una empresa del alcalde de La Carlota, el también socialista Francisco Pulido Aguilar.

-Manuel Baena (IU). Alcalde de Puente Genil. La investigación de la Policía Judicial de la concesión supuestamente irregular de la licencia de obras para la construcción del cuartel de la Guardia Civil ha provocado la imputación de nueve concejales (cuatro de IU, tres del PSOE, uno del PP y otro del PA).

Jaén, proliferación de denuncias

-Blas Sabalete (PSOE). Alcalde de Torredelcampo. Imputado por no denunciar irregularidades urbanísticas. Según el fiscal, el regidor dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal. Sabalete vuelve a presentarse a las elecciones.

-Miguel Campillo (PSOE). Alcalde de Baños de la Encina. Denunciado junto al aparejador municipal por corrupción y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales en el término municipal. Repite candidatura.

-Juan Morillo (PP). Alcalde de La Guardia. Cuenta con más de seis denuncias del grupo socialista, entre otras, la construcción junto a una gasolinera, con informe desfavorable de Obras Públicas, de veinte apartamentos donde sólo se permiten cinco o la alteración de la ficha urbanística de una parcela para construir 44 parcelas más. Vuelve a presentarse.

Huelva, prevaricación y acoso

-José Carlos Hernández Cansino (PP). Alcalde de Punta Umbría. Denunciado por el grupo socialista municipal por negarse a convocar una reunión de la junta general de la radio y televisión municipal. Un juzgado onubense ve indicios de prevaricación, desobediencia continuada y delito societario. Candidato electoral.

-José Cejudo (PSOE). Alcalde de Valverde. Regidor y presidente de la Diputación Provincial, Cejudo, que opta a la reelección, está imputado por prevaricación y en septiembre será juzgado por una denuncia de acoso laboral.

-Carmelo Romero (PP). Alcalde de Palos de la Frontera. Condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 7.213 euros por anomalías contables que provocaron perjuicios a las arcas municipales, es el candidato popular.




*Diario de Sevilla - 28 de Abril de 2007