El juez Torres recrimina a la Junta beneficios por obras ilegales en Marbella

EsperanzaCODINA* : "La insistencia de la Junta de Andalucía por personarse como acusación particular en el caso Malaya -fórmula prevista para que una parte perjudicada pueda defenderse en un procedimiento- no sólo ha caído en saco roto, sino que ha provocado que el juez instructor del sumario, Miguel Ángel Torres, recrimine al Gobierno andaluz que ha sido "beneficiario" de los ingresos tributarios "de todas las licencias ilegales" concedidas en Marbella hasta que se inició la operación, hace casi un año.


Después de eso, ha vuelto a denegarse la petición formulada por la Administración autonómica.

El magistrado, en un extenso auto dictado en noviembre de 2006, incluido en la última parte del sumario que ya no está bajo secreto, concluye que la Junta no es una parte perjudicada en este proceso contra la corrupción, que supera los 90 imputados, sino que, teniendo en cuenta "sus amplias competencias", en concreto en materia urbanística, "su situación está más próxima" a la responsabilidad civil. Añade entonces que ha sido "beneficiario" de los ingresos por impuestos que ha generado la concesión de licencias ilegales por parte del Ayuntamiento, gobernado por el GIL y sus herederos durante 15 años, de 1991 a 2006.

Antes, al inicio de la resolución, argumenta el magistrado que no está negando a la Junta el derecho a personarse en la causa, ya que puede hacerlo como acusación popular. Lo que rechaza "con rotundidad" es que el Gobierno andaluz "ostente la condición de ofendida o perjudicada" en este caso.

El auto también recuerda que la Fiscalía considera "ajustada a derecho" esta decisión debido a que esta Administración pública "no es titular de los bienes jurídicos afectados" por las actividades delictivas que se investigan y no sufre las consecuencias del delito "de forma inmediata y directa". El juez asegura que comparte los argumentos del Ministerio Público y añade que "la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella".

Precisa después el magistrado que hay que tener en cuanta que el caso Malaya no intenta esclarecer las actuaciones ilícitas que han podido cometer los diferentes gobiernos locales de Marbella entre 1991 y 2006, sino "una serie de actos presuntamente delictivos" entre agosto de 2003 -cuando se produjo la moción de censura contra Julián Muñoz- y marzo de 2006, por lo que "no pueden invocarse perjuicios" relacionados con delitos en general o con procedimientos penales o contenciosos.

Sobre la alegación de la Junta de que ha tenido que asumir las competencias de Planeamiento en Marbella, crear una oficina para los asuntos relacionados con esta materia y pagar el contrato para elaborar el PGOU, Torres argumenta que es una decisión "de carácter político" que "no tiene relación directa" con la actuación de los imputados.

El juez quiere dejar claro que este procedimiento nada tiene que ver con los contenciosos que ha planteado la Junta por las construcciones ilegales en el municipio, con la nulidad de las licencias, ni con las posibles demoliciones de inmuebles, algo que, dicho sea de paso, Miguel Ángel Torres considera algo "improbable".

Sobre las alegaciones relacionadas con el hecho de que la Junta no ha podido construir equipamientos públicos, señala que si el municipio se ha visto privado de una serie de parcelas, "será el propio Ayuntamiento el perjudicado, no la Junta", y que por eso el Consistorio sí que está personado como acusación particular.

*diariodecadiz.es, Jueves, 15 de Marzo de 2007

Foto: Viviendas ilegales "Banana Beach" en Marbella /info