Velar por la legalidad urbanística

EditorialFAROdeVIGO : "La drástica transformación de algunos municipios de la costa gallega con un crecimiento urbanístico galopante, desproporcionado y carente de infraestructuras básicas, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro del territorio que dejaremos en herencia a futuras generaciones. Los planes del litoral, impulsados desde la Xunta, van en la buena dirección y deben agilizarse lo máximo posible para aportar seguridad jurídica y causar el menor daño a la economía. Ordenar el territorio, evitar su degradación y compromoterse con las leyes son principios aceptables y necesarios para un desarrollo sostenible.


La operación judicial contra una presunta trama de corrupción urbanística en Gondomar ha puesto en entredicho la gestión pública en este municipio, gobernado por el Partido Popular, y evidencia que el Estado de Derecho cumple con su obligación de poner coto a las prácticas delictivas de aquellos cargos públicos que eligen el camino de enriquecerse ilícitamente en el poder. Las detenciones ordenadas por la juez y la posterior puesta en libertad provisional con cargos del concejal responsable del área, del portavoz del gobierno, de la pareja de éste último y de un arquitecto, todos ellos acusados de cohecho -cobro de comisiones ilegales a cambio de favores-, no sólo salpican a los imputados sino también al alcalde, Carlos Silva, como responsable político de velar por la integridad y el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones de su gobierno. El regidor pasó en unas horas de avalar la gestión pública de los acusados a destituirles, horas después de que la dirección de su partido anunciase que les suspendería de militancia.

El escándalo urbanístico en Gondomar, municipio enclavado en el Val Miñor -una de las zonas turísticas emblemáticas de Galicia y por ende con un vigoroso desarrollo de la construcción en los últimos años- viene además precedido de algunos casos de violencia contra bienes de concejales de la oposición y se suma a otros conflictos abiertos en la comarca como el levantamiento vecinal contra el plan de urbanismo de Nigrán ante las sospechas de tráfico de influencias. El conflicto se llevó por delante a la coalición de gobierno y provocó la renuncia de su alcalde, Alfredo Rodríguez, - investigado por la fiscalía- a seguir como candidato en las próximas elecciones. Pero la polémica urbanística en Galicia -en un contexto de escándalos en toda España- también ha alcanzado a concellos gobernados por otros partidos, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana.

Urge por tanto atajar y plantar cara a estos episodios, que más allá de las conductas reprobables o delictivas de algunos responsables políticos, ponen de relieve la conveniencia de agilizar los planes de ordenación del territorio en los concellos y de someterlos antes de su aprobación a los más exhaustivos controles de legalidad y transparencia para evitar sombras de sospecha, corruptelas y posteriores daños irreparables a ciudadanos que de buena fe compran viviendas con su licencia en regla que después son condenadas al derribo por los tribunales.

La asociación de promotores inmobiliarios ha animado al sector a denunciar cualquier intento de extorsión y de malas prácticas, tanto de técnicos como de políticos, e insistido en que el mejor modo de luchar contra las "corruptelas" es calificar de forma nítida el suelo, sin dejar opción a convenios urbanísticos que son "un foco claro de corrupción".
Lo ocurrido -y lo que se está destapando en toda España- ha de servir para que los partidos gallegos busquen los consensos necesarios para fijar un compromiso claro sobre el urbanismo que queremos para Galicia y garantizar su necesaria limpieza, porque ningún concello está libre del estallido de este tipo de escándalos. Es preciso actuar para evitar mayores daños a las instituciones.

La drástica transformación de algunos municipios de la costa gallega con un crecimiento urbanístico galopante, desproporcionado y carente de infraestructuras básicas, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro del territorio que dejaremos en herencia a futuras generaciones. Los planes del litoral, impulsados desde la Xunta, van en la buena dirección y deben agilizarse lo máximo posible para aportar seguridad jurídica y causar el menor daño a la economía. Ordenar el territorio, evitar su degradación y compromoterse con las leyes son principios aceptables y necesarios para un desarrollo sostenible.
La política del todo vale no debe tener cabida en ningún concello, y en nuestras costas y rías hay ya ejemplos suficientes de actuaciones nada edificantes. Es preciso sentar las bases del nuevo urbanismo, y que las administraciones extremen mucho más los controles y apliquen la tolerancia cero frente a aquellos cargos que manchen la gestión pública con sus conductas.



FARO DE VIGO.es, 18 FEBRERO 2007