Los despropósitos del Ministerio de Fomento, bajo el mando de A.Pastor, parece que no tienen límite. A medida que nos acercamos a las elecciones se cometen todo tipo de despilfarros sin sentido; es lo que está ocurriendo con el AVE gallego o, ahora, con la autovía del Pirineo. A pesar de que la parte aragonesa está paralizada hasta que no se resuelva el contencioso administrativo del 'peaje en la sombra', la ministra dio el visto bueno a la autovía en el lado navarro, con el consiguiente coste económico sin utilidad del nuevo eje. Seguimos estando, lamentablemente, ante una pésima gestión de los recursos públicos en infraestructuras de transporte.
"ELDIARIO*: El Gobierno de Navarra asegura que el retraso de las obras de la Autovía del Pirineo en la parte aragonesa no le perjudica. Se olvida del coste del recurso presentado en el contencioso – administrativo por la empresa que gestiona la autovía mediante el sistema de peaje en la sombra porque el número de vehículos que circulan por ella es menor de lo previsto porque no ha finalizado la obra o que no se haya beneficiado del “potencial de atracción industrial, de inversiones y de turismo” que, según el propio gobierno, iba a favorecer la carretera.
En una respuesta a Geroa Bai el ejecutivo asegura que en ningún caso el retraso de las obras por parte del Estado, encargado de acometer el trazado en la parte aragonesa, perjudica a la Comunidad Foral. Cuestión puesta en duda por Manu Ayerdi, parlamentario que ha realizado la consulta y que considera que esta afirmación “es una forma de esconder su incapacidad en la gestión y no darse cuenta de que esto era un eje y tenía que haber habido un convenio en el que estuvieran delimitados los plazos”. El Gobierno asegura que la obra se llevó a cabo por intereses propios de Navarra, únicamente con “vocación interna”.
Para Ayerdi una cuestión que tiene “poca credibilidad” ya que para mejorar la comunicación con determinadas zonas de Navarra no se realiza una “autovía impresionante” sino que se habría desdoblado o mejorado la carretera existente. Además, parece que olvida el Gobierno todos los beneficios que la vía a tener cuando se anunció su construcción, como favorecer las inversiones en Navarra o mejorar el atractivo turístico de la Comunidad, cuestiones que no han sucedido porque la obra está sin terminar.
Las críticas del grupo nacionalista están avaladas, además, por otra afirmación vertida por el ejecutivo y es que no consta ningún convenio formal en el que el Estado y Navarra se comprometieran a acometer su parte de la infraestructura con una planificación y unos plazos concretos. Cuestión que lleva a preguntarse a Manu Ayerdi por qué entonces se acometió el final de la autovía con la fórmula del peaje en la sombra en lugar de esperar a tener disponibilidad presupuestaria, como está haciendo el Estado en la parte que falta.
Peaje en la sombra
El tramo navarro, ya finalizado, terminó de construirse con la fórmula del peaje en la sombra, puesto en duda por la Cámara de Comptos, que segura que “había alternativas” más económicas para Navarra. Entre otras, como defiende el propio Ayerdi, haber construido el último tramo “en la medida que hubiéramos podido”. “Nos hemos comido un peaje en la sombra que no habría sido necesario, igual que llegamos hasta la venta de judas por presupuesto ordinario, podíamos haber llegado hasta Aragón”.
Una tercera cuestión, que “preocupa” a Geroa Bai es la dilatación en los plazos del tramo aragonés y es que, muchos de los tramos que quedan por construir no están ni proyectados, se encuentran parados, o manejan tiempos de ejecución que van más allá de 2017, por lo que la conexión real entre Pamplona y Jaca, todavía tendrá que esperar.
* El Diario - Celia Bustamante - 1.5.15
Foto: Uno de los tramos navarros de la autovía del Pirineo entre Liédena y Yesa.- el diario
El Gobierno huye hacia adelante con la autovía del Pirineo
Mapa de las inmatriculaciones de la iglesia católica en Córdoba
Ya se ha comentado en este Blog el tremendo expolio inmobiliario que ha realizado la Iglesia Católica en los últimos años, acogiéndose a una obsoleta Ley franquista de 1946. Además, en 1998 el gobierno Aznar aprobó un reglamento hipotecario a favor de estos actos delictivos que suponían que el Patrimonio público pasara a una entidad privada como la Iglesia, con unos gastos mínimos en el registro de la propiedad. Córdoba ha sido una de las ciudades donde más claro se aprecia este hecho sin precedentes, llegando a expoliar hasta calles y plazas urbanas. El ejemplo de la Mezquita donde la ciudadanía ha protestado fuertemente la actuación eclesial es un ejemplo de cómo se deben detener estos delitos impunes, pues el Gobierno y la justicia miran para otro lado, lamentablemente.
"LAMAREA* : Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. La apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998.
Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus poseedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, habían sido mantenidos por el pueblo y restaurados con dinero de todos y todas.
Desconocemos el número de bienes inmatriculados con arreglo a este procedimiento porque el Gobierno, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de los Registros y del Notariado, se han negado sistemáticamente a proporcionar estos datos con las excusas más peregrinas o con el silencio como respuesta.
En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra índole, que no ha poseído o documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.
Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no acceden al Registro de la Propiedad “privada”. Las inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos y deben ser las administraciones quienes tienen que demostrar lo que hasta entonces era incuestionable. Para colmo, han degradado su naturaleza jurídica al rango de un mero bien privado. Desde la Mezquita hasta la plaza del Pocito
Dejando aparte el caso más emblemático de la Mezquita, intentaremos diseccionar los diferentes supuestos de expolio que hemos sufrido en la ciudad de Córdoba:
Apropiación de plazas públicas
Triunfo de San Rafael
En abril del 2011 el Obispado inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael sin presentar ningún título de propiedad, fundamentando su dominio únicamente en la descripción histórica del monumento y en su dedicación al “culto católico”.
La titularidad pública de la plaza es indiscutible. En el archivo constan datos precisos que prueban que desde el año 1850 la plaza es de propiedad pública, con el consentimiento expreso del Obispado de desprenderse de ella para no asumir su mantenimiento. Además, está documentado que todas las reparaciones realizadas hasta hoy han sido pagadas por el Ayuntamiento. Las últimas actuaciones fueron su inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 1984, y su restauración en el año 2002 en el Plan de Excelencia Turística. Aún con esto, el obispado inmatriculó la plaza a su nombre en el 2011.
La respuesta lógica hubiese sido reclamar su devolución inmediata, pero no fue así. El Ayuntamiento optó por borrarlo de su inventario de bienes y decir que si la Iglesia manifiesta que es suyo, será que es cierto, aunque choque frontalmente con los antecedentes documentados y con las propias actuaciones anteriores del Ayuntamiento. No es una mera dejación de su obligación de defender el patrimonio público, sino una verdadera colaboración activa en la apropiación privada del mismo.
La Plaza del Pocito de la Fuensanta
En 1987 se inmatriculó la Plaza del Pocito de la Fuensanta, ocultando su carácter religioso y con una descripción oscura para ocultar su apropiación. La reforma de Aznar que permite registrar templos de culto no se produjo hasta 1998, por lo que el Obispado no declaró que se trataba de una iglesia para poder inscribirla en el Registro. Además el texto trata de esconder que se inscribe la plaza. Para ello se usó esta descripción:
“Porción de terreno al pago de Nuestra Señora de la Fuensanta, de esta Capital, con superficie de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, sobre la que existen edificaciones en su fondo, que ocupan mil ochocientos veintiocho metros cuadrados, y que consisten en la Casa del Capellán, con un pequeño jardín; Capilla y otras dependencias.”
De la comparación del texto con los metros de superficie y el plano que consta en el catastro se extrae que cuando se dice “otras dependencias” se está refiriendo a la Iglesia, el pocito y la plaza pública en la que se encuentra.
Ante esta apropiación el Ayuntamiento de nuevo ha guardado silencio, siendo el consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, los que han actuado en contra. Lejos de acceder a la devolución, el Obispado parece dispuesto a discutir la propiedad de la plaza en los juzgados.
Bienes públicos mantenidos por las administraciones públicas
Estas plazas no han sido los únicos bienes públicos de los que se ha apropiado la Iglesia frente a la pasividad de las Administraciones públicas. En el 2005, el Obispado inmatriculó la Iglesia de San Hipólito, y aprovechando que estaba en su esquina, un kiosko municipal. Está perfectamente documentado que el kiosko, actualmente en desuso, fue construido por el Ayuntamiento. Encontrarse en una esquina de la iglesia y estar cerrado parecen motivos suficientes para inscribirse en el registro junto con el templo.
Puede decirse que el Ayuntamiento no ha respondido ante estos hechos, limitándose a decir que estudiará la situación. Al hacerse público este “robo jurídico”, el Obispado ha decidido devolver por sí mismo el kiosko, con lo que podemos dar por hecho que no habrá ninguna consecuencia en su contra. Estará automáticamente libre de culpa. Tan sorprendente como injusto.
Analizar todas las inmatriculaciones de Córdoba sería una labor demasiado extensa, por lo que sólo señalaremos unas de las más representativas, las iglesias fernandinas. Mandadas construir por Fernando III el Santo, son el ejemplo perfecto de templo de titularidad pública. Su construcción fue ordenada por la corona, se utilizaron como edificios administrativos en sus respectivos barrios y sus restauraciones han sido pagadas hasta hoy por el Estado. Así encontramos la Iglesia de San Agustín, restaurada con casi cuatro millones de euros por la Junta, o la Iglesia de la Magdalena, cuya reparación tras un incendio costó a la Junta más de 600.000 euros. Ambas iglesias fueron inmatriculadas por el Obispo poco después de su última restauración. Especialmente grave es el caso de la Magdalena, al tratarse de un bien desacralizado. Ya sabemos que este mismo procedimiento se usó con las Iglesias de San Pablo (ganada posteriormente en el Tribunal Supremo por sus legítimos propietarios), San Pedro, Santa Marina, la Ermita de los Santos Mártires, la Iglesia del Socorro, la Basílica del Juramento de San Rafael, etc.
La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos.
La Iglesia no inmatricula ruinas
“La Iglesia no inmatricula ruinas.” Así de claro lo dijo el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La expresión más correcta sería que las ruinas son restauradas con dinero público para ser después inmatriculadas por la Iglesia. Ese es el procedimiento que se ha seguido con la inmensa mayoría de inmuebles, algunos ya citados.
Córdoba se ha convertido en el ejemplo perfecto de este expolio monumental. Tenemos tres templos en ruinas: el convento de Regina, la Iglesia de Santa Clara y la de Campo Madre de Dios. Nunca se ha cuestionado su titularidad ni a quién corresponde su restauración, ambas en manos del Ayuntamiento. Está visto que cuando su estado de conservación es malo no choca que sean templos de titularidad pública.
El Convento de Regina ya está siendo restaurado para albergar el museo cofrade, y el culmen de la mala actuación del Ayuntamiento llega con Campo Madre de Dios, pactando que se restaure con dinero público para cederlo después a la Iglesia. Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos. Y lamentablemente, no es la primera vez que ha ocurrido.
* La Marea - Claudio Rodríguez - 3.5.15
Foto: Córdoba, mezquita aérea- arte
Valencia.- Así era la Ceramo antes de la ruina
La Comunidad Valenciana es el paradigma de lo que ha ocurrido en todo el país en las últimas décadas, junto al abandono y ruina de edificaciones que son Patrimonio monumental (fábrica la Ceramo, el Cabanyal) existen las construcciones y urbanizaciones más horteras y desaforadas del continente (Marina D'Or, Terra Mítica). Todo ello bien trufado, naturalmente, de maletines y sobres producto de la corrupción pura y dura. Es la España del pelotazo urbanístico, un material exclusivo de mal gusto y despilfarro que ha derivado en la gran crisis que seguimos padeciendo, con la complicidad, por supuesto, de los poderes fácticos de país, que han aunado fuerzas para forrarse haciendo recaer la ruina y la pobreza sobre la ciudadanía.
"LEVANTE* : La fábrica de la Ceramo, una factoría protegida, de estilo neomudéjar, en cuyos hornos se produjo la cerámica que decora los edificios más destacados de la ciudad, ha sufrido en apenas dos décadas un grave proceso de degradación. Las fotografías inéditas del interior de la fábrica facilitadas por el Círculo por la Defensa del Patrimonio y por Rubén Vázquez Carrió muestran como era la Ceramo en los años 90 del siglo pasado, justo antes del cierre, y ponen todavía más en evidencia el acelerado proceso de degradación del edificio, de propiedad municipal.
El Circulo por la Defensa del Patrimonio lleva años denunciando el riesgo de desplome de la fábrica, cuyo tejado se ha hundido en algunas zonas. El ayuntamiento, tras meses de denuncias, está llevando a cabo obras de consolidación para evitar que el inmueble se venga abajo. Los responsables del Museo Nacional de Cerámica González Martí han manifestado su interés por recuperar la fábrica, un referente fundamental de esta industria artesanal valenciana, para ampliar allí sus dependencias. El Ministerio de Cultura, del que depende el citado museo, sin embargo, no concreta y de momento proyecto una nueva y no exenta de polémica ampliación de su actual sede en el Palacio del Marqués de Dos Aguas.
En las fotografías que ha hecho públicas el Círculo por la Defensa del Patrimonio se ven los hornos morunos donde se cocían las piezas de cerámica de reflejo dorado, una técnica de origen medieval recuperada por José Ros Furio, impulsor de la Ceramo, construida en 1885 en la avenida Burjassot en lo que entonces eran las afueras de la ciudad. También aparecen los talleres donde se diseñaban, pintaban y moldeaban las piezas así como los almacenes y zonas de secado. Los hornos de la fábrica son uno de los elementos patrimoniales de más valor, sin embargo, el Círculo por la Defensa del Patrimonio advierte de su posible pérdida. Estos hornos funcionaban con leña de romero, un combustible que provocaba intensas humaredas y no pocas quejas de los vecinos.
En las fotografías se aprecian detalles arquitectónicos del interior de la factoría: arcos apuntados, techos de madera, las chimeneas de ladrillo de los hornos rematadas con cúpulas de cerámica, la zona de secado con sus respiraderos de estilo árabe y los almacenes). Las fotografías incluyen el mural „completo„ de temática religiosa obra de Alfonso Pastor, el último propietario de la fábrica, que decora uno de los muros de la factoría y que, según imágenes recientes, se ha perdido casi por completo tras un derrumbe parcial en la fábrica.
El Círculo por la Defensa del Patrimonio ha presentado una nueva denuncia ante el Síndic de Greuges para conocer la situación real en la que se encuentra la antigua factoría, en cuyos talleres se fabricaron falsificaciones de esculturas y obras de arte repartidas por medio mundo. La entidad se queja de que el ayuntamiento les niega los informes del Servicio de Bomberos y de Patrimonio „pese a ser parte interesada en el expediente„ para que evitar que se sepa el punto de degradación de la fábrica, por cuya expropiación el ayuntamiento ha pagado dos millones de euros.
En las imágenes facilitadas por la plataforma ciudadana se adivina como fueron los años dorados de una fábrica que dio trabajo a muchos valencianos y cuyos propietarios vivían en una vivienda anexa a la factoría, que contaba con amplios patios interiores y una fachada principal a la que se accedía por una zona ajardinada con palmeras y pinos de gran porte.
* Levante - Hortensia García - 2.5.15
Foto: Así era la Ceramo antes de la ruina - levante
El pelotazo urbanístico de Dragados en el barrio de Tetuán cuesta a Madrid 30 millones
Continúan los pelotazos urbanísticos en Madrid, aunque salgan mal para todos, ya que entonces terminan pagándolos solo los ciudadanos. En los años 80 se expropiaron unos terrenos para zona verde al norte del barrio de Tetuán, pero solo se hizo la mitad, y con Gallardón al frente del Ayuntamiento se urbanizó ilegalmente el resto (Dragados-ACS); ahora han reclamado los propietarios el cambio de uso y se les debe indemnizar con 30 millones. Otra deuda más para los madrileños ya que el alcalde faraón y sus amigos constructores como Florentino se han ido, como siempre, 'de rositas'.
"VOZPÓPULI* : La operación urbanística que permitirá a Dragados, la constructora del grupo ACS, disponer de 100.000 metros cuadrados de suelo para vivienda protegida en el madrileño distrito de Tetuán ha pasado una cara factura a los ciudadanos de la capital. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a indemnizar a los antiguos propietarios del suelo sobre el que planeó el desarrollo con algo más de 30 millones de euros. Se trata de particulares y sociedades a los que el Consistorio expropió en su día y que han reclamado sus correspondientes derechos de reversión, toda vez que los terrenos no se han destinado al fin que justificó en su día la expropiación.
En los años 80, el Ayuntamiento expropió suelo en un extremo del distrito de Tetuán, en la zona norte de Madrid, para la construcción de una gran zona verde, lo que después fue bautizado como Parque Rodríguez Sahagún, en memoria del exalcalde de la capital. Sin embargo, los planes urbanísticos dejaron en prácticamente la mitad la extensión del parque, por lo que el Ayuntamiento, por entonces bajo el mando del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, decidió urbanizar el resto, cuyo límite se encuentra en el Paseo de la Dirección.
Toda vez que la finalidad definitiva de la expropiación de esos terrenos no se correspondía con la original que la motivó, los propietarios de las aproximadamente 30 fincas afectadas decidieron ejercer sus derechos de reversión, por el que pueden optar a recuperar la propiedad de los terrenos o bien ser indemnizados.
Por este motivo, y dado que el Ayuntamiento mantiene los planes de urbanizar la zona, la solución ha consistido en una compensación económica que ha sumado unos 30 millones de euros de las necesitadas arcas públicas madrileñas.
A la espera del nuevo convenio
Dragados, a la que el Ayuntamiento adjudicó a mediados de la pasada década la urbanización del área conocida como Paseo de la Dirección, espera a que el Consistorio apruebe definitivamente la modificación del Plan de Ordenación Urbanística que permitirá cambiar el convenio firmado en su día para regular esta concesión, toda vez que la crisis hizo que a la compañía no le salieran las cuentas.
En 2007 se firmó el convenio que ahora se pretende sustituir por el que Dragados recibiría como pago por los trabajos de urbanización de la zona una porción de terreno de algo más de 75.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda libre, valorada por entonces en 2.310 euros por metro cuadrado.
La llegada de la crisis hizo que la operación, que en principio era muy beneficiosa para la compañía, se convirtiera en una trampa debido a que el desplome del sector residencial y la consiguiente caída de precios hacían completamente imposible que Dragados obtuviera rentabilidad de la concesión.
Desarrollo paralizado
La compañía decidió paralizar prácticamente el desarrollo, a mediados de 2011, y solicitar al Ayuntamiento un rescate de la concesión debido al cambio del entorno macroeconómico. Tras una extensa negociación, el Consistorio decidió modificar la reforma del Plan de Ordenación Urbanística que afecta a la zona para adaptarlo a las nuevas circunstancias, trámite que se encuentra únicamente pendiente de la aprobación definitiva por parte del pleno.
En cuanto se apruebe la modificación, Dragados y el Ayuntamiento firmarán un nuevo convenio por el que la compañía pasará a recibir unos 100.000 metros cuadrados de suelo como retribución por los trabajos de urbanización pero, a diferencia del anterior convenio, el suelo será para desarrollar vivienda protegida, valorado entre 470 y 645 euros por metro cuadrado.
Los números comenzarán a cuadrarle a Dragados, aunque distinta es la situación para el Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que indemnizar a los reversionistas, a los afectados por la urbanización de la zona, que siguen padeciendo las consecuencias de las obras paralizadas y del consiguiente deterioro de la zona, que hace que también bajen a pasos agigantados las valoraciones de las viviendas que van a tener que dejar.
* VoaPópuli - Raúl Pozo - 27.4.15
Foto: Madrid, Parque R.Sahagún - minube
Los fondos buitre compran pisos de desahuciados en Catalunya por entre 5.000 y 20.000 euros
La enorme especulación inmobiliaria que ha sido protagonizada por las Cajas en todo el país tiene un ejemplo destacado en CatalunyaCaixa, cuyos pisos provenientes de desahucios 'ilegales' llegan otra vez al mercado a precio de saldo a través de los llamados fondos buitre. Esta ingeniería inmobiliaria delictiva que ha arruinado a miles de personas, causando dolor y afrentas injustificadas a toda la sociedad, no ha tenido repercusiones judiciales para los altos cargos con responsabilidad en las Cajas de Ahorro que, al día de hoy, continúan libres sin imputaciones. Algo inaudito.
"ELDIARIO* : La Generalitat ha anunciado este jueves que podrá optar a comprar 1.404 pisos de entidades financieras a precios entre 5.000 y 20.000 euros. Estos son los precios a los que los bancos ofrecen los pisos procedentes de desahucios a fondos de inversión, la mayoría de los cuales (904) proceden de la operación entre CatalunyaCaixa y Blackstone.
Los precios a los que, según comunica la Generalitat, se ofrecían estos pisos donde vivían familias que han sido desahuciadas o han recibido la dación en pago son tan bajos como 5.000 euros en Palafrugell, 6.000 en Tortosa, 10.000 en Lleida, 20.000 euros sabadell o poco más de 20.000 euros también en la ciudad de Barcelona.
Las administraciones públicas podrán optar a su compra gracias a un decreto de medidas urgentes presentado el pasado mes de marzo y finalmente convalidado este jueves por el Parlamento de Catalunya. Esta medida da derecho de tanteo y retracto -optar a comprarlos al mismo precio- a la Generalitat y los ayuntamientos de 72 municipios en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad a abril de 2008.
La Generalitat cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros para estas adquisiciones, pero el secretario de vivienda Carles Sala explica en un entrevista con CatalunyaPlural que confía también en los recursos que puedan destinar los ayuntamientos. Preguntados sobre si las administraciones adquirirán todos estos 1.404 viviendas desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad responden que son pisos que se pueden comprar, no que se estén comprando.
904 pisos de CatalunyaCaixa
La gran mayoría de los pisos de esta operación proceden de CatalunyaCaixa, que los ofrece al fondo buitre estadounidense Blackstone, que se ha hecho con el control de sus hipotecas. De las 904 viviendas de la entidad, la mayoría se encuentran en el área metropolitana barcelonesa: 150 en L'Hospitalet de Llobregat, 142 en Barcelona, 48 en Terrassa, 47 en Santa Coloma de Gramenet y 32 en Sabadell.
Las otras entidades con más pisos en estas condiciones son Bankia, con 200 viviendas y BBVA con 100. Los restantes provienen de Banco Sabadell-Solvia (20), Sareb (11), Santander (5), Crédit Agricole (6) o Deutsche Bank (5).
* El Diario - João França - 30.4.15
Foto: PAH, viviendas ocupadas Sabadell - público
Un exalcalde y la edil de Urbanismo de Calp, imputados por cuatro delitos
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Calp es un municipio turístico alicantino que ha crecido desmesuradamente en los últimos años debido a una permisividad urbanística que ha sobrepasado lo puramente legal. Ahora se juzga a un exalcalde y a la actual concejala de Urbanismo (PP) por la indebida expropiación de un solar, ya que el justiprecio a pagar por el ayuntamiento estaba muy lejos del solicitado por los propietarios. Así el asunto es una clara prevaricación por la cantidad debida y por el retraso de casi 4 años en enviarlo al necesario Jurado de Expropiación, con unos informes falseados por los técnicos para dar aparente cobertura legal.
"ELPAÍS* : Una juez de Dénia (Alicante) ha citado a declarar los próximos 13 y 14 de mayo en calidad de imputados al exalcalde de Calp (Alicante), Joaquín Tur (Bloc) y a Ana Sala, actual concejal de Urbanismo por el PP, por la comisión de varios presuntos delitos entorno a la expropiación de un solar de 15.000 metros cuadrados en los que el Ayuntamiento instaló un recinto ferial.
La magistrada del juzgado de instrucción nº2 ha imputado además al técnico de la Administración General Juan Antonio Revert, al arquitecto municipal Alberto Mengual y a la secretaria municipal, Mercedes Mas.
El juzgado investigará dos presuntos delitos de prevaricación, así como otros dos contra la ordenación del territorio en determinados informes urbanísticos y el falseamiento de documento público. La decisión de la magistrada de reabrir una investigación penal sobre esta causa, sobreseída provisionalmente, data del pasado 5 de marzo a petición de la familia propietaria de los terrenos.
La reapertura del juicio tiene base en una sentencia firme alcanzada el 22 de abril de 2014 por un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante. Según esta, el Ayuntamiento habría incurrido en “una clara desviación” de poder al intentar quedarse los terrenos a través de una permuta cuando el cauce legal apropiado era la expropiación forzosa. Para ello requirieron de informes que dieran una aparente cobertura jurídica a una vía ilegal.
El motivo para actuar así estaba en el desacuerdo entre propietarios y Ayuntamiento en el justiprecio del solar: la oferta municipal era de 53.000 euros, mientras que los dueños demandaban 2,4 millones.
La juez de Dénia quiere conocer ahora si existió un presunta prevaricación en la justipreciación del solar durante el mandato de Tur y el porqué el Ayuntamiento se demoró tres años y siete meses en el cumplimiento legal de enviar el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación, un deber siempre que no exista acuerdo entre las partes. También investigará si a través del falseamiento de documentos el Consistorio intentó quedarse por el precio más económico posible con una parcela en la que instaló una carpa para 5.000 personas, como prueba la sentencia firme de 2014.
Los hechos se remontan al gobierno de Joaquín Tur que accedió a la alcaldía durante el pasado mandato tras sacar adelante de la mano del PP una moción de censura que apartó al PSPV del poder. En el 2012, ya con el popular y actual alcalde César Sánchez, el equipo de Gobierno sacó adelante una moción por la cual se garantizaba la permuta y no la expropiación, lo que ha llevado a la responsable de Urbanismo, Ana Sala, a la imputación.
La edil forma parte de la lista municipal del PP para las próximas elecciones, lo que supone un problema para Sánchez, ya que el PP de Alicante aprobó en 2014 no incluir imputados en sus listas. Tur abandonó el Bloc (partido englobado en Compromís) el pasado enero después de ser citado a declarar como imputado en otra causa, según informó La Marina Plaza.
En la actualidad, la familia propietaria no puede arrendar el lugar al encontrarse en "un limbo jurídico", según fuentes del caso. Se da la circunstancia de que este suelo, no urbanizable y a cinco kilómetros del casco urbano, contiene todos los servicios posibles: alcantarillado, tendido eléctrico, telefonía, etc. El Ayuntamiento se gastó alrededor de 300.000 euros en estas obras, 247.000 más de lo que ofreció a los propietarios. En este recinto se han llegado a celebrar tres ediciones del Oktober Fest de Calp (el peso de la población de origen germano en la zona es considerable) y varias ferias.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 22.4.15
Foto: Calp (Alicante), vista aérea - elpais
Madrid.- La justicia prohíbe derribar el Vicente Calderón para hacer rascacielos
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento de la capital y por el Atlético de Madrid para derribar el estadio Vicente Calderón, construir 2.000 viviendas sobre la parcela que ocupa junto al río Manzanares, y trasladar al club de fútbol al campo de La Peineta, al otro lado de la ciudad.
El TSJM ya había paralizado en enero de 2012 esta operación urbanística, pero el Tribunal Supremo anuló esa sentencia en octubre de 2014 y obligó a repetir el proceso judicial. Ahora, de acuerdo con la sentencia fechada el 13 de abril, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces del TSJM toman en cuenta las disposiciones del Supremo y examinan, además, el cambio legislativo aprobado por la Comunidad de Madrid en 2013 precisamente para soslayar las trabas a la operación.
El fallo resultante mantiene sin embargo la anulación, y además ofrece unos argumentos que afectan también al plan urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento para sustituir a la operación anulada en 2012. Los magistrados estiman que en ese ámbito no es posible, de acuerdo con la ley regional del suelo, construir edificios de más de cuatro alturas. La conocida popularmente como Operación Calderón, que prevé rascacielos de 36 pisos, queda así herida de muerte, a expensas eso sí de un posible recurso ante el Supremo. El Ayuntamiento ha avanzado que recurrirá porque su interpretación difiere de la dictada por el tribunal.
La sentencia resuelve el recurso interpuesto en 2010 por la asociación Señales de Humo (crítica con la gestión del club y contraria a su traslado a La Peineta) contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento y refrendado por la Comunidad en diciembre de 2009. El Gobierno municipal, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), había firmado en 2008 un convenio con el club en virtud del cual éste se mudaría a La Peineta, comprando esa parcela municipal (41,2 millones) y levantando allí un estadio nuevo (195 millones). Para costearlo, el club se alió con la cervecera Mahou (dueña de una antigua fábrica junto al Calderón) y encargó a FCC la obra de La Peineta. El nuevo campo se costearía con la construcción de 2.000 viviendas sobre los terrenos donde ahora se asientan el Vicente Calderón y la antigua fábrica. Y, para hacerlo posible, el Ayuntamiento aprobó un plan urbanístico.
Señales de Humo recurrió ese plan, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló en enero de 2012 al considerar que la operación, que preveía entonces la construcción de torres de 17 pisos, incumplía la ley regional del suelo aprobada en 2007 por Esperanza Aguirre (PP), que prohíbe superar las cuatro alturas.
Pero el Supremo anuló a su vez la sentencia del TSJM en octubre de 2014, sin entrar eso sí en el fondo de la cuestión: consideró que no se había dado voz en el proceso judicial a Mahou. Obligó pues a repetir el juicio, que es lo que ha hecho el TSJM. Pero eso ha permitido —además de incluir a Mahou— que el tribunal pueda tomar en consideración los cambios legales aprobados por la Comunidad a raíz de la sentencia de 2012 precisamente para soslayar las trabas puestas por los jueces.
El meollo de la cuestión es el cambio introducido en 2007 por Aguirre en la ley del suelo: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático”.
Después de que el TSJM anulara el plan urbanístico del Calderón por incumplir ese precepto, Aguirre (ahora candidata del PP al Ayuntamiento) insistió en que no cambiaría su ley. Pero la presidenta regional dejó el cargo poco después, en septiembre de 2012, y su sustituto, Ignacio González (PP), sí cambió la norma. En abril de 2013, se matizó que el límite de alturas no sería “de aplicación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la ley, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”.
Esa modificación legal debía salvaguardar no ya el plan urbanístico anulado por el TSJM en 2012, que se dio por perdido, sino el nuevo aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2014 para sustituirlo, que también prevé superar de largo las cuatro alturas: con dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22.
La sentencia del 13 de abril no anula pues el nuevo plan de 2014, porque el recurso se presentó contra el anterior, pero sí incluye argumentos que llevarían a paralizarlo también en caso de ser recurrido ante la justicia, como pretende hacer Señales de Humo cuando sea aprobado definitivamente.
En concreto, el TSJM considera que el ámbito del Calderón sí está afectado por la limitación de las alturas, pese al cambio legal de 2013, porque es “un auténtico nuevo desarrollo urbanístico que transforma totalmente el ámbito”. Y como tal, debe someterse a la ley del suelo ahora en vigor.
Por tanto, se anula el anterior plan, pero esa misma anulación es extensible en caso de recurso al nuevo, dejando así en el aire el futuro de la operación… o de la ley del suelo que aprobó Aguirre.
Los “intereses” del Atlético
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre de 2014 el plan urbanístico que afecta al área del estadio Vicente Calderón y a la antigua fábrica de cerveza de Mahou (demolida en 2010). El objetivo es levantar dos rascacielos gemelos de 36 pisos, y ocho bloques de hasta 22 alturas, con una superficie edificable total de 175.365 metros cuadrados. Con el dinero de la venta de esos 2.000 pisos, se pagarán la obra de La Peineta, al otro lado de Madrid, adonde el club se trasladará en 2018.
El Ayuntamiento prevé que las obras se realicen en tres fases: comenzarían este año, y estarían concluidas en 2023. Pero la asociación Señales de Humo tiene previsto recurrirlo: “No tiene sentido que las personas que detentan la mayoría accionarial del Atlético, en connivencia con los dirigentes de las administraciones, perpetren un atentado urbanístico de espaldas a la ciudadanía y a la masa social del club. Entendemos que el Atlético, como institución, se debe a su comunidad de aficionados y a la sociedad de la que forma parte, y que bajo ningún concepto debe participar junto a políticos que defienden intereses privados en operaciones oscuras que nos perjudican a todos y que únicamente buscan lograr beneficios para los grandes accionistas del Atlético”, dice su portavoz, Emilio Abejón.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / JOSÉ MARCOS - 24.4.15
Foto: Proyección realizada por el Ayuntamiento de Madrid del ámbito junto al río Manzanares una vez concluida la reforma.
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No es corrupción: son los bonus de España SA
Según los últimos estudios y encuestas, España es ya un país conocido en casi todo el mundo por la corrupción, pero no existen casos tan espectaculares como fue el caso Marbella, por ejemplo, hay que hablar más de una corrupción estructural que se parece cada vez más a un sistema de incentivos como el que usan las grandes empresas con sus ejecutivos. Así los sobresueldos existentes en realidad son primas, las mordidas por otorgar contratos públicos son comisiones por ventas, las cuentas en Suiza o Andorra, stock options, etc, etc.
"ISAAC ROSA* : No lo llames corrupción: llámalo retribución variable. Bonus. Incentivos. Primas. Durante décadas la democracia española ha funcionado como una empresa. Como una gran empresa. España SA. Otro día hablamos de quiénes son sus propietarios, hoy solo me fijaré en sus directivos.
Todo este goteo interminable de casos de sobresueldos, pagos en negro, tarjetas 'black', cuentas en Suiza, comisiones, partidas de formación desviadas, puertas giratorias, gastos de viajes, comidas y hoteles a todo tren… No, no es corrupción estructural. En realidad es un sistema de retribución variable, como el que tantas compañías usan para motivar a sus ejecutivos.
Así que no son corruptos. Son profesionales. Y como tales, recibían su salario pero también todo un catálogo de bonus, complementos, primas. Que ya sabemos que la política está muy mal pagada. Estoy seguro de que quienes hoy son imputados se sienten así: ellos se limitaron a seguir una práctica muy extendida, según la cual el paso por la política admitía ciertos beneficios bajo cuerda. Desde Urdangarin a Rodrigo Rato, pasando por los mil y un corruptos señalados en el último lustro, todos muestran la misma sorpresa cuando les pillan: “¡Pero si yo no he hecho nada malo!”. Y, en efecto, parece que solo se beneficiaron de un sistema de incentivos muy extendido.
Llamemos a las cosas por su nombre, aplicando la neolengua del management: los sobresueldos en realidad son primas. Las mordidas por otorgar contratos públicos son comisiones por ventas. Los trabajillos al filo de la ley de incompatibilidades, bonus por resultados. La financiación ilegal, gastos de representación. Las comisiones por recalificar terrenos o agilizar tramitaciones, una merecida gratificación. Las cuentas en Suiza o Andorra, stock options. Los sillones en los consejos de las antiguas cajas o las tarjetas 'black', pago en especie. Los viajes y hoteles a todo trapo, simples dietas. Un ático en Marbella es un merecido premio por objetivos. Y las puertas giratorias, un sencillo complemento de jubilación, mientras que para expresidentes y reyes abdicados se reserva el premio gordo: el 'paracaídas dorado'.
Así ha funcionado la democracia española mucho tiempo, al menos para una parte de sus directivos. No todos, claro, sigue habiendo gente honrada que pasó por la política y salió con lo mismo que llegó, incluso con menos. Pero conocemos demasiados casos de ministros, diputados, consejeros, concejales y cargos de confianza para los que el servicio público ha sido un buen negocio, mesurable en aumento de ingresos, jugosas ofertas de empleo y crecimiento patrimonial.
Mientras la empresa funcionaba y daba beneficios, todo bien. Alegría, alegría. El país crecía, se urbanizaba, extendía infraestructuras (algunas útiles, muchas otras inútiles), daba músculo a las empresas para salir al exterior, engordaba fortunas, y algo salpicaba a quienes estábamos abajo. No mucho, pero suficiente para hacer la vista gorda, e incluso votar al que ya se sabía corrupto.
Pero cuando entró en números rojos, los empleados y usuarios (pues eso somos nosotros, empleados y usuarios, a ver si alguien se cree accionista o propietario de España SA) empezamos a ver con malos ojos los desmesurados bonus de los directivos más codiciosos. Y hoy sospechamos que hubo mucho más que un generosísimo plan de incentivos: también delitos societarios. Apropiación indebida, estafa y administración desleal. El saqueo de España SA por sus propios directivos.
* El Diario - ir - 23.4.15
Foto: Corrupción - terra.es
Valencia.- Anticorrupción aparcó hace un año el pelotazo del nuevo Mestalla con empresas de Rato en la trama
Las vinculaciones empresariales del corrupto R.Rato no sólo llevan hasta Holanda y otros territorios de legislación fiscal laxa, sino también a la lista de morosos de la Bankia que él presidió. En Jardines de la Ribera del Tajo SL, una de las mercantiles que participó en el 'pelotazo' paralizado desde 2009 del nuevo Mestalla en Valencia, aparece la familia de la cuñada del exvicepresidente del Gobierno con un saldo impagado de 2,5 millones. Todo ello en la etapa en la que el que también fuera director gerente del FMI ocupaba la presidencia de la entidad.
"VOZPÓPULI* : El frustrado 'pelotazo' del nuevo Mestalla lleva aparcado en el cajón de la Fiscalía Anticorrupción desde hace casi un año. Una operación en la que participaban empresas ligadas a Rodrigo Rato, a través de la sociedad NewcoVal, una firma al 50% entre Bankia y la constructora Grupo Aedifica, donde se integra la sociedad de la cuñada del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar. El proyecto urbanístico fue uno de los 17 expedientes denunciados ante la Fiscalía Anticorrupcción por el nuevo equipo gestor de la entidad, el 9 de mayo de 2014.
Desde entonces, el Ministerio Público no ha realizado ningún tipo de movimiento en relación a esta operación, bien incorporándola como posible pieza separada del caso Bankia, bien abriendo un nuevo frente judicial, según confirman varias fuentes conocedoras del proceso a Vozpópuli.
La nueva dirección de Bankia envió a Anticorrupción los dos 'forensic' que encargó a KPMG y Herbert Smith Freehills para ahondar y diseccionar el entramado de esta operación. Incluso, de ella llega a hablar el perito del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras en el informe en el que asegura que las cuentas presentadas por la entidad en la salida a Bolsa eran falsas. En la página 3 de su escrito, Sánchez Nogueras asegura que "el nuevo equipo gestor envío el 9 de mayo de 2014, 17 expedientes denunciados ante la Fiscalía así como aquellas otras que han dado lugar a que el Grupo BFA/Bankia se persone en causas ya abiertas en defensa de sus intereses. Entre ellos destacan Grupo Calabuig (Costa Bellver, Capital Costa), Grupo Ramón Salvador, Grupo Royactura, Urbanika, Grupo Salvador Vila, Grupo Grand Coral, Grupo Aedifica, Grupo Share Capital, todas ellas de carácter inmobiliario".
Como reconoce el forensic de KPMG, una de las 12 empresas que conforma el Grupo Aedifica, creado en 1974 para realizar proyectos inmobiliarios, tanto civiles como industriales, estaba ligado a Rodrigo Rato. Se trata de la firma Jardines de la Ribera del Tajo SL. La firma fue creada en junio de 2006 y en su accionariado figura una maraña de sociedades en la que participa Inmobiliaria Coso SL, "una sociedad relacionada con la familia Salazar-Simpson, familia de la esposa de don Ramón Rato", hermano ya fallecido del político. Una circunstancia esta última que los autores del documento mencionan en, al menos, tres ocasiones. Precisamente, Jardines de la Ribera del Tajo figuraba en la relación de deudoras de la propia Bankia por "un saldo impagado" de 2,5 millones de euros, como informó este medio la pasada semana. Todo ello en la etapa en la que el que fuera director gerente del FMI ocupaba la presidencia de la entidad.
El pelotazo, abortado en septiembre de 2012 cuando se hizo cargo de Bankia el nuevo equipo gestor, había sido aprobada en diciembre de 2011, cuando la crisis del sector de la construcción estaba en pleno apogeo. La misma contemplaba la creación de NewcoVal, una sociedad al 50% entre el propio banco y la constructora Grupo Aedifica, donde se integra la sociedad de la cuñada de Rato, para asumir la gestión del proyecto urbanístico consistente en la terminación de las obras del Nuevo Mestalla, en la actualidad un proyecto fantasma que necesita más de 100 millones de euros para su finalización, la gestión del desarrollo inmobiliario con posterior venta de la edificabilidad del solar donde se encuentra el actual estadio del Valencia, así como los compromisos asumidos por el equipo de fútbol con las administraciones local y autonómica consistentes en el traslado de la ciudad deportiva de la localidad de Paterna a la de Náquera. Una operación que superaría los 300 millones de inversión y que ponía en un serio riesgo a Bankia, puesto que la entidad financiera era la única firma que procedía a financiar el proyecto en su primera fase. Un riesgo pese a los problemas de liquidez que atesoraban las empresas participantes.
El proyecto no contaba con ningún tipo de sentido financiero. De hecho, como reconoce el forensic de KPMG, dos de las 12 empresas que conforma el Grupo Aedifica, creado en 1974 para realizar proyectos inmobiliarios, tanto civiles como industriales, presentaban pérdidas en los ejercicios 2009 y 2010, siendo las de este último casi 3 veces mayores que en 2009. Los números rojos de Terrenys Beguda Alta y Sama Nein se elevaban hasta los 3,4 millones de euros. Además, otro dato que muestra la peligrosidad de la operación es que el 85% de la deuda financiera del grupo, que alcanzaba a cierre de 2010 los 102,6 millones de euros, estaba contraída con Bancaja. Precisamente la auditora KPMG pone el énfasis en este aspecto. "La estructura de dicho endeudamiento entre largo y corto plazo se ha modificado de forma sustancial de un año a otro (2009 a 2010), en el sentido de que mientras en 2009 un 70% de la deuda era a largo plazo, en 2010 dicho porcentaje llega a ser de un 89%. Esta modificación podría significar que el Grupo ha obtenido refinanciaciones y carencias para sus préstamos con entidades bancarias con el fin de aplazar el pago de los mismos", sostiene el informe de la consultora.
"Saldos impagados"
Los datos con los que contaba Bankia, a 26 de julio de 2012, reflejaban que la entidad contaba con un capital dispuesto en relación con las sociedades del Grupo Aedifica de 112,8 millones. De esta deuda, un total de 11 millones representan saldos impagados, relacionados principalmente con operaciones de Residencial Náquera Golf, por 7 millones de euros; y Jardines de la Ribera del Tajo SL, por 2,5 millones. Del total del resto de la deuda, 98 millones estaban clasificadas por Bankia como riesgo subestándar (con alta probabilidad de impago), con una dotación de provisión entre un 15% y un 25%, de acuerdo con la estimación realizada por los analistas de crédito del banco.
¿Por qué se realizó esta operación? Ante la falta de sentido financiero, el proyecto se aprobó en un momento de importantes tensiones internas dentro de la incipiente Bankia. Concretamente, en la dura lucha de poder que mantuvieron José Luis Olivas y Rodrigo Rato, presidentes de Bancaja y Caja Madrid, respectivamente, que culminó con la salida del expresidente de la Generalitat de la entidad. "Rato sacó adelante la operación para ganar puntos ante el mundo del empresariado valenciano en ese contexto de disputa con Olivas", sostienen fuentes conocedoras del proyecto. En el contexto también hay que tener en cuenta que la aprobación de esta compra de terrenos se produjo casi en paralelo a la intervención del Banco de Valencia por parte del Banco de España.
"Se sugiere prudencia"
Jardines de Ribera del Tajo SL es el ejemplo de un 'pelotazo' que tenía un difícil argumentario para justificarlo. La firma fue creada en junio de 2006 y en su accionariado figura una maraña de sociedades en la que participa Inmobiliaria Coso SL, "una sociedad relacionada con la familia Salazar-Simpson, familia de la esposa de don Ramón Rato", hermano ya fallecido del político. Una circunstancia esta última que los autores del documento mencionan en, al menos, tres ocasiones. El forensic de la auditora también reitera varias veces que esta empresa tenía un endeudamiento a corto plazo de más de 3,8 millones de euros y que en los correos internos de Bancaja, entidad que terminaría integrándose en Bankia, figuraba que tenía "problemas con el urbanismo". "A 26 de julio de 2012 la sociedad aparece con un saldo vencido e impagado de casi 2,5 millones de euros, clasificado por Bankia como deuda morosa". El mismo documento de la consultora califica su "riesgo comercial" de "medio alto". "Se sugiere prudencia", añade al hablar de la concesión de créditos.
Domiciliada en Toledo, Jardines de Ribera de Tajo tiene como objeto la promoción de terrenos y un capital social de 2,7 millones de euros. El número de sus trabajadores a 2010 se reducía a uno. Además de su participación en el 'pelotazo' de Valencia, la empresa estaba relacionada con un proyecto en el municipio de Mocejón, en la provincia de Toledo. En un correo electrónico remitido por un directivo de Bancaja a otro de Caja Madrid el 24 de marzo de 2011, y que se ha incorporado al sumario del 'caso Bankia', se habla precisamente de este proyecto que iba a incluir un campo de golf, un hotel, una casa club, un boulevard que la uniría con el municipio, un parque fluvial además de la urbanización. Según se detalla en el 'email', la financiación del mismo estaba prevista hacerla con un tercio "de fondos propios" y el resto "de financiación ajena". El mensaje mostraba sus dudas sobre la viabilidad para obtener esos fondos ajenos.
* Voz Pópuli - M. Alba / Ó. López-Fonseca - 28.4.15
Foto:Valencia, nuevo Mestalla parado desde 2009 - elpais
Tercera imputación del alcalde de Las Rozas
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Las Rozas es un municipio cercano a Madrid y habitual en las noticias de este Blog por las ilegalidades urbanísticas cometidas por los gobiernos 'populares' del Ayuntamiento. Todavía colea el pelotazo de la Ciudad del Fútbol que está a la espera de sentencia judicial, cuando ahora el actual alcalde F.Rubio es imputado por tercera vez en un delito contra la ordenación del territorio al crear un aparcamiento en una zona protegida, pero de la época en que era regidor del Ayuntamiento de la cercana localidad de Guadarrama. Como se ve, el área de mayor nivel económico de la provincia de Madrid está plagado de corrupción urbanística.
"ELPAÍS* : El actual alcalde de Las Rozas y exregidor de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio (PP), declaró ayer en el juzgado por su tercera imputación en un proceso judicial. En esta ocasión, la Fiscalía de Madrid le considera como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de un aparcamiento en superficie en una parcela del centro de Guadarrama, pese a que se encontraba en una zona protegida y sobre la que no se podía construir. Fernández Rubio fue regidor de Guadarrama a finales de la pasada década.
La denuncia ante la fiscalía la interpuso la sociedad Intor Concesiones SA, que había ganado la explotación de un aparcamiento municipal (190 plazas en propiedad y 173 en rotación) en otra parcela del municipio. La empresa denunció que el terreno usado para el nuevo estacionamiento vulneraba las normas urbanísticas.
Para regularizar el aparcamiento, el Consistorio aprobó un plan especial, pero no lo remitió nunca a la Comunidad para que le diera el visto bueno. “Talaron los árboles que había en la zona y lo pavimentaron, pese a ser un suelo protegido”, resume Pablo Prieto, consejero delegado de Intor Concesiones, representado por el abogado José María Garzón.
El exalcalde de Guadarrama aseguró a EL PAÍS que la actuación del Ayuntamiento fue lícita y que se produjo al amparo de la Ley Regional del Suelo. “Se envió el plan especial a la Comunidad, pero nunca contestaron”, relató Fernández Rubio, que recuerda que dejó este Ayuntamie nto serrano en 2008. El regidor ha recurrido también la admisión a trámite de la denuncia, ya que la actual corporación municipal ya ha regularizado el uso del terreno.
En la denuncia también están imputados la actual regidora, Carmen María Pérez del Molino, y el secretario municipal en aquellas fechas.
* El País - F. JAVIER BARROSO - 22.4.15
Foto: Las Rozas (Madrid), vista aérea - elpais
La Audiencia de Castellón juzgará por prevaricación al número dos de Carlos Fabra
La provincia de Castellón ha estado inmersa en una enorme trama corrupta desde los más altos cargos de la Diputación del PP, así ha ocurrido con el 'lotero' expresidente C.Fabra y con su número 2 y actual alcalde de Vall d'Alba, F.Martínez. Junto a varios cargos imputados más, entre los que está el exalcalde de Borriol, se les ha abierto juicio oral por dos delitos continuados de prevaricación, cuatro de tráfico de influencias, siete de fraude ilegal y uno de negociaciones prohibidas en relación con la expropiación de unos terrenos donde se iba a construir la depuradora de Borriol.
"ELDIARIO* : La Audiencia Provincial de Castellón enjuiciará al alcalde de Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez (PP), y al exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado de Instrucción número 2 ha dictado hoy la apertura de juicio oral contra Martínez, Santamaría y otras cinco personas (Andrea Martínez Tena, Fancisco Martínez Tena, Raúl Babiloni Llidó, Ignacio Sangüesa Roger y Luis García del Campillo).
Sobre ellos pesan las acusaciones de dos delitos continuados de prevaricación, cuatro de tráfico de influencias, siete de fraude ilegal y uno de negociaciones prohibidas en relación con la expropiación de unos terrenos donde se iba a construir la depuradora de Borriol.
El caso se hizo público tras la denuncia del grupo Compromís en Borriol, el mismo día en el que iba a probarse en el pleno del municipio la expropiación de los terrenos para la depuradora, a un precio, "seis veces mayor al normal" y a una empresa, Franvaltur, que resultó ser propiedad de los hijos de Martínez y en la que éste también poseía parte del accionariado.
Esto provocó que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, cesara a Martínez como vicepresidente de la Diputación. El ahora procesado abandonó, meses más tarde, su acta de diputado provincial, pero ha mantenido la alcaldía de Vall d'Alba.
El caso de la depuradora provocó también la dimisión de Adelino Santamaría como diputado provincial, quien poco después dejó también su cargo como primer edil de Borriol alegando que lo hacía "por jubilación".
Aunque varias de las partes personadas en la causa presentaron recurso contra el auto de transformación de procedimiento (equivalente al de procesamiento), ese recurso no supone la paralización del procedimiento, por lo que el juzgado ha continuado la tramitación de la causa.
El auto, dictado el 13 de abril, señala a la Audiencia Provincial como órgano competente del enjuiciamiento. El siguiente paso será una resolución en la que se fije el plazo que las partes tendrán para presentar sus respectivos escritos de acusación y defensa.
* El Diario - EFE - 17.4.15
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra y exvicepresidente Martínez - elmundo
El Supremo anula el plan urbanístico de González Panero en Boadilla
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Boadilla (Madrid) fue durante años uno de los centros de corrupción de la trama Gürtel, al menos mientras estuvo al frente del Ayuntamiento el 'popular' G.Panero. Una de las mayores ilegalidades cometidas fue el aprobar el Plan General en 2002, que iba a construir desaforadamente en el municipio hasta doblar la población y que recibió el visto bueno de la cómplice Comunidad. Todo ello preparado para favorecer a empresas de la trama corrupta, naturalmente. Lo que no es fácil de explicar es que la justicia haya tardado 13 años (trece) en anular este Plan urbanístico mafioso 'de libro'.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte aprobado en 2002 por la corporación municipal del entonces alcalde, Arturo González Panero (PP). Panero, conocido como El Albondiguilla en las conversaciones de la red Gürtel, desempeñó el cargo entre 1999 y 2009, cuando dimitió por su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama de corrupción.
La sección cinco de la sala de lo contencioso aprecia en su fallo, del pasado 3 de marzo, que hubo un defecto de forma que inhabilita el desarrollo urbano ideado por el exregidor, que pretendía doblar la población de la localidad, hasta las 85.000 personas, y al que la Comunidad de Madrid dio el visto bueno en 2012.
El defecto de forma que terminó por tumbar el plan urbanístico de 2002 fue la falta de documentación sobre convenios urbanísticos que reclamaba el PSOE y que no estaba en el primer acuerdo de aprobación provisional de 2001, y que se facilitó esa legislatura, señalan desde el Ayuntamiento.
Consciente de las sombras sobre la viabilidad del PGOU, Antonio González Terol, alcalde desde 2011 y también del PP, ha dedicado la legislatura a diseñar, en previsión de la sentencia del Supremo, un nuevo plan que garantice la seguridad jurídica del urbanismo del municipio, que ahora mismo cuenta con 49.300 habitantes.
Anticipándose a los acontecimientos, el pleno municipal aprobó a finales del pasado marzo un nuevo PGOU —la previsión es que el Ejecutivo autonómico de Ignacio González (también del PP) lo sancione antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo— que corrige el eliminado, incluyendo más zonas protegidas y limitando la expansión de ladrillo que imaginó González Panero. En concreto, no reclasifica suelo rústico ni incrementa el número de viviendas del municipio o la edificabilidad máxima prevista en el plan anterior.
“Nos hemos olvidado de épocas anteriores: el techo de población no alcanzará los 70.000 habitantes”, afirma Miguel Ángel Ruiz, concejal de Urbanismo. La previsión es que la población de Boadilla no supere ese techo en los próximos 15 años. El motivo es que el plan impide la creación de nuevos desarrollos urbanísticos y se limita a consolidar los ya existentes, “necesarios para seguir creciendo en servicios y multiplicar la oferta comercial”, según el Ayuntamiento.
El PGOU recientemente aprobado por Boadilla también eliminaría la incertidumbre que pudiera generar la anulación del vigente hasta ahora entre los vecinos e inversores de Boadilla, ya que ello impediría la concesión de licencias para nuevas viviendas (también las de protección oficial) u obras por parte de las empresas, una situación que habría paralizado el desarrollo normal del municipio. “Lejos de entender que el PGOU estaba vigente, hace tres años iniciamos la elaboración de un nuevo plan urbanístico para, en caso de que se anulase el anterior, tener otro que diera seguridad jurídica al municipio”, apuntan desde la concejalía de Urbanismo.
El Consistorio esgrime que interpuso diferentes recursos ante el Supremo para, entre otras razones, postergar su decisión y ganar tiempo a fin de crear el nuevo plan. Este fue sometido por primera vez a información pública hace un año: el Ayuntamiento ha aceptado casi un centenar de sugerencias de vecinos, el 70% de las recibidas, para su elaboración.
Por tipos de suelo, Boadilla dispondrá de 24,6 millones de metros cuadrados de suelo urbano, de los que un millón son urbanizables y 21,6 millones son no urbanizables protegidos. El futuro plan general no agota el suelo urbanizable de la localidad, ya que en la zona sur de la Ciudad Financiera quedan 1,5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable no sectorizado, de los que el 70% son propiedad del Ayuntamiento; se han reservado para futuros equipamientos.
El nuevo plan aumentará la protección medioambiental de zonas de valor ecológico que hasta ahora no estaban preservadas. Los grupos ecologistas reconocen esta mejora, aunque creen que podría ser mayor. “Hemos aprovechado para proteger mucho más el monte, quitando zonas que antes eran urbanizables y que hemos protegido como monte”, señala Miguel Ángel Ruiz. El edil de Urbanismo destaca la protección de la finca de la finca La Milagrosa, así como el entorno del Palacio del Infante Don Luis, edificio en rehabilitación, “para favorecer la adecuada conservación del patrimonio histórico”.
* El País - José Marcos - 22.4.15
Foto: Boadilla (Madrid), el exalcalde Arturo_Gonzalez_Panero y el actual Juan_Siguero (archivo) - elpais.com
Imputado el alcalde de Sant Jaume de Llierca por delito urbanístico
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El urbanismo ilegal en Cataluña casi siempre ha estado sometido al control de gobiernos nacionalistas, ya sea con CiU o, últimamente, con ERC. En el municipio de S.Jaume de Llierca (Girona) el alcalde de Esquerra, F.Puig, ha sido imputado por un desahucio con derribo no justificado a fin de favorecer los intereses de una gran empresa. La corrupción urbanística aparece también en partidos que dicen perseguirla, y es que resulta difícil sustraerse a las grandes comisiones que hay en estos asuntos, donde unos pocos sacan beneficio rápidamente y sin mucho esfuerzo.
"ELPAÍS* : El alcalde de Sant Jaume de Llierca y presidente de ERC en la Garrotxa, Ferran Puig, acudió este lunes a declarar a los Juzgados de Olot como imputado por un presunto delito urbanístico. Una vecina de la localidad que fue desahuciada le ha denunciado por la entrada ilegal en la vivienda, por derribarla sin autorización y por corrupción urbanística, por favorecer los intereses de una gran empresa saltándose la legalidad.
Puig, que niega las acusaciones, asegura que hacía muchos años que la casa debía derribarse, que era de propiedad municipal y mantiene que todo se hizo de acuerdo con la ley.
La denunciante, representada por el bufete Montoliu Advocats, asegura haber vivido en esta casa desde siempre. Su padre cultivaba la tierra y al fallecer este, ella siguió ocupándola con las mismas tareas. Considera por ello que tiene “unos derechos adquiridos”. Además, critica que la echaron con una orden judicial caducada —fuera del periodo de días establecidos por el juzgado— y simplemente para favorecer los intereses de la empresa Indebe Tavil, que decidió instalarse en la zona. Además, mantiene que a pesar de que las licencias de obras mayores siempre las concedía la junta de gobierno local, en este caso fue el alcalde quien lo hizo y que cuando la orden de desahucio y de derribo se ejecutó todavía no era firme.
Por su parte Puig, que es alcalde desde el 2011, ha defendido que actuó de acuerdo con la legalidad. Recuerda que la masía que se derribó era de propiedad municipal, que la denunciante la ocupaba sin pagar nada, y que además carecía de cédula de habitabilidad. Según Puig, el Consistorio hizo un planeamiento parcial del sector, y la masía quedó en una zona verde de un polígono, en la que no podía haber ninguna edificación. La denunciante, sabía esta situación desde el 2001, afirma, y posteriormente con el plan parcial de 2007 se le volvió a insistir, pero no tomó ninguna medida al respecto. Puig asegura que en abril del año pasado el juzgado contencioso número 2 de Girona autorizó la entrada en la masía, y en uso de esta autorización el 12 de mayo se desalojó y el 13 hizo derribarla de urgencia por el peligro que representaba. Está convencido de que la causa quedará archivada.
Además de Puig también declararon en el juzgado, en este caso en calidad de testigos, un antiguo alcalde de la localidad y el propietario de la empresa por la que supuestamente se modificó el planeamiento urbanístico.
La Federación de ERC en Girona no quiso valorar ayer el caso y, por lo tanto, no aclaró si permitirá que Ferran Puig siga encabezando la lista del partido en Sant Jaume de Llierca. En numerosas ocasiones la dirección de ERC ha asegurado que trabaja para mantener los municipios “limpios de corrupción”. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha abogado por tomar decisiones drásticas ante la más mínima sospecha de mala práctica. “Las personas sobre las que haya una sombra de duda, aunque haya riesgo de ser injustos, deben dar un paso al lado”, ha afirmado el líder de ERC en numerosas ocasiones.
* El País - Marta Rodríguez - 20.4.15
Foto: Sant Jaume de Llierca (Girona) - bedandbreakfast
Imputado por delito urbanístico el alcalde de Boborás
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El urbanismo en la provincia de Ourense, feudo durante años del cacique 'popular' Baltar, ha sido siempre conflictivo. Inhabilitado el capo el pasado año siguen quedando sus obras ilegales en numerosas localidades. En Boborás, el alcalde del PP, C.Caamaño, está acusado de certificar la existencia de una falsa casa para así poder legalizar otra vivienda de su propiedad. Pero no es la primera vez que se le imputa por delito urbanístico, ya que hace poco se le acusaba de desobediencia judicial al no ejecutar una orden de derribo. Como se ve, la reincidencia es la norma en algunos alcaldes.
"ELPAÍS* : Cipriano Caamaño, alcalde y candidato a la reelección en Boborás por el PP, suma dos imputaciones relacionadas con supuestos delitos urbanísticos. El regidor declaró el mes pasado en el juzgado de O Carballiño imputado por un supuesto delito de desobediencia: la Fiscalía de Urbanismo de Ourense lo denunció por no ejecutar una orden de demolición, emitida por el propio Ayuntamiento que preside, de una vivienda levantada sin autorización en un núcleo declarado Bien de Interés Cultural. El mismo juzgado lo cita ahora por otra causa, imputado por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
La demanda sobre la que Caamaño tendrá que responder ante el juez el próximo día 23 fue presentada por un particular y los grupos de oposición (Moveboborás, PSOE y BNG), con una investigación de oficio de la Fiscalía. Lo acusan de manipular el planeamiento urbanístico certificando una vivienda que no existía para “poder legalizar así” otra de su propiedad. El particular sostiene que en los planos oficiales de 2010 figuraba en una parcela de su propiedad una edificación tradicional “que jamás existió, ni siquiera en tiempos pretéritos”. Según su denuncia, el alcalde se “inventó” la vivienda para poder justificar la ampliación del núcleo rural de A Almuzara e incluir ahí la parcela de su propiedad, lo que le permitiría legalizar una vivienda suya.
Los denunciantes ya habían acudido al contencioso para reclamar la anulación del núcleo tradicional de A Almuzara en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado en 2011. El pasado mayo, el Tribunal Superior de Xustiza estimó la demanda parcialmente y anuló los límites de núcleo tradicional sentenciando que el tope establecido “resulta ilegal ante la inexistencia manifiesta de la construcción primitiva” certificada por el regidor en 1999. En 2008, Caamaño y su esposa construyeron “sobre suelo rústico” una vivienda que, sostienen los denunciantes, quedó legalizada “con la manipulación” del PXOM.
La denuncia acusa además al regidor de falsear el año de edificación de su vivienda, ya que la dio de alta con fecha de 1999, pese a que fue edificada “a partir de 2008”. El mismo día de la aprobación del PXOM, Caamaño legalizó por decreto su vivienda.
* El País - Cristina Huete - 14.4.15
Foto: Boborás (Ourense) - laregion
La iglesia inmatriculó la Catedral de Sevilla en el año 2010 por 30 euros
La Iglesia se ha acogido a una Ley de 1946 para realizar numerosas inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad; aunque ya haya sido derogada esta Ley las anteriormente hechas quedarán impunes, con lo que ha conseguido poner a su nombre una ingente cantidad de edificaciones y espacios urbanos. Esta situación anómala se ha logrado gracias a unos partidos políticos cómplices que lo han permitido (PP sobre todo). Hay casos sangrantes en todo el país que así no pasarán a dominio público como deberían, es el ejemplo de la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Sevilla, que reciben cada año a millones de visitantes con lo que eso significa de ingresos extra. Pero también existen asociaciones y plataformas que están luchando y pretenden llevar el 'delito' a instancias europeas.
"ELDIARIO* : La Catedral de Sevilla, y la Giralda, fueron inmatriculadas a nombre de la iglesia católica en el año 2010. El coste para las arcas eclesiásticas: 30 euros. Como la Mezquita de Córdoba cuatro años antes. Como multitud de bienes inmuebles registrados por el clero en todo el país merced a la potestad de la ley hipotecaria franquista de 1946 que medio siglo más tarde actualizara el primer Gobierno de José María Aznar.
Cada año, el templo sevillano recibe más de un millón de visitantes que generan, tras pasar por taquilla, unos ingresos cercanos a los 9 millones de euros.
Nadie preguntó si el espacio debe ser público o no. Nada obliga ese extremo. En todo caso, las diócesis tienen la potestad, por ser iglesia, de certificar que el bien inscrito le pertenece. Además, con la exención de pago sobre el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por ejemplo, entre otros beneficios.
Estas situaciones serían imposibles en otros países. Es el caso de Francia, donde la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905 fija, entre otras premisas, que todos los edificios religiosos son públicos. Del pueblo. Pero sí ocurre en España, donde la iglesia pudo registrar la Giralda, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. "La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna", reza el texto legal francés que ampara el laicismo del Estado.
Para el Arzobispado de Sevilla, el acto de inmatriculación "se acoge al derecho y a la obligación que establece la ley para dejar las cosas en condiciones". No hay movimiento alguno cuestionable, entienden. En aquel momento, el Arzobispo de Sevilla era Juan José Asenjo, que inmatriculó la Mezquita (y otras fincas) cuando era Obispo en Córdoba. Organizaciones laicas, contrarias a estos episodios, indican que este beneficio a la iglesia contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, relativos al principio de igualdad y no discriminación y a la aconfesionalidad del Estado.
¿Qué significa inmatricular?
Como la organización Europa Laica, que estima en más de 5.000 las propiedades inscritas por la iglesia bajo este sistema en toda España. Caso de la finca urbana formada (así aparece) por La Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, por la Parroquia del Sagrario de la Catedral y, añade, Dependencias Anexas. En total, casi 23.000 metros cuadrados. El Registro de la Propiedad de Sevilla recoge, a fecha de uno de febrero del año 2010, el "pleno dominio por título de inmatriculación en virtud del artículo 206" a nombre del "Excelentísimo Cabildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla".
¿Y quién expide la certificación sobre la propiedad de la Catedral y la Giralda para justificar la inmatriculación? La propia Archidiócesis de Sevilla. La inmatriculación es el acceso o ingreso de una finca al Registro de la Propiedad. La primera inscripción de dominio de la finca. Un privilegio que las diferentes diócesis poseen por el artículo 206 de la ley hipotecaria que elaboró el régimen franquista en 1946 y actualizó el primer Gobierno presidido por José María Aznar (PP). Desde 1998, y a partir de esta modificación, quedó revocada la prohibición expresa de inmatricular templos dedicados al culto católico. La iglesia, desde entonces, ha incorporado miles de fincas e inmuebles a su patrimonio oficial.
Para hacerlo, a la iglesia le basta con un documento elaborado desde la propia institución religiosa. La ley hipotecaria de 1946 equipara, para esto, al fedatario eclesiástico con un notario público. De ahí que en el caso de la Catedral y la Giralda será la Archidiócesis hispalense quien certifica la propiedad. La reforma de la ley hipotecaria, tras su publicación el pasado 1 de abril, prohíbe esta facultad. Aunque el nuevo proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro aprobado en marzo en el Congreso de los Diputados consolida, no obstante, las apropiaciones ejecutadas hasta ahora al carecer la norma de carácter retroactivo.
La iglesia también ha estado exenta de publicitar estas acciones. Esto provoca que en la mayoría de casos hayan transcurrido los dos años de carencia que tiene una primera inscripción sin que sea recurrida. Según fuentes del Arzobispado sevillano, "el Cabildo de la Catedral es el que ha hecho efectiva la inmatriculación de la Catedral". Así, "la Diócesis de Sevilla ha ido efectuando inmatriculaciones de los templos y de las propiedades a su nombre", aunque la institución no precisa a qué número ascienden los inmuebles totales.
"Lo que ha hecho" la iglesia en Sevilla, "y todas las diócesis españolas", precisan, "es atenerse a la ley". "Hay una normativa que establecía que había que hacer en un plazo de tiempo las inmatriculaciones, no solamente la Iglesia Católica sino cualquier propietario, su registro oportuno, y es lo que ha hecho la iglesia", mantienen las mismas fuentes. El Arzobispado de Sevilla "se acoge al derecho y a la obligación que establece la ley para dejar las cosas en condiciones".
Inscripción de bajo coste
En el Registro de la Propiedad de Sevilla indican que las "bonificaciones" que tenga la propia iglesia para la inmatriculación de fincas "van por ley y son iguales en cualquier sitio". Por lo tanto, si la Mezquita de Córdoba quedó registrada en 2006 por 30 euros, "debe ser la misma cantidad en el resto de casos", refieren. Los archivos señalan que la iglesia alegó la "exención" de cargas por el "pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que en su caso puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados". Circunstancia que afecta durante cinco años y cumple el próximo 30 de abril. No ocurre lo mismo, apuntan, si el registro lo efectúa "una particular o una empresa". En este caso, el coste varía en función del tamaño y valor catastral de la finca.
Sobre estas cuestiones han surgido en los últimos años numerosos pronunciamientos, sobre todo a raíz de la polémica surgida por el templo cordobés. Como el profesor de Derecho Civil y vicedecano de Investigación y Calidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Luis Javier Arrieta, experto en inmatriculaciones, que indicó que mientras "nadie justifique un mejor derecho" sobre la propiedad registrada, "el asiento de la iglesia subsistirá".
No existe un dato público de la cifra alcanzada por los registros de la iglesia pero Arrieta entiende que no es "descabellado hablar de miles de fincas registradas" por las instituciones eclesiásticas desde 1998. "Todos los asientos registrales son impugnables si se consideran erróneos o inexactos" aunque, puntualiza, "quien piense que es el propietario puede demandar y solicitar" su cancelación pero habría que examinar la historia del Derecho Civil en la Edad Media "porque no es admisible aludir a la imprescriptibilidad del dominio público justificándola tan sólo en la normativa actual".
Por su parte, desde las Comunidades Cristianas Populares han reprobado "todas las inmatriculaciones que la jerarquía está realizando sobre iglesias, capillas, ermitas" y otros bienes "sobre las que anteriormente no tenía derecho de propiedad". Esta actitud "escandaliza a todos los cristianos" y prueban, insistieron, "un celo de propiedad excesiva o de rapiña por parte de nuestra jerarquía".
No hay "norma legal" que beneficie a la iglesia
"No existe norma legal que contemple una posible reducción o bonificación para los bienes inscritos o inmatriculados a favor de la iglesia", según el Colegio de Registradores de España. Pero, de hecho, el primer registro de bienes inmuebles se hace a bajo coste para las arcas eclesiásticas. En el caso de las empresas o inscripciones personales, "las inmatriculaciones no tienen un coste fijo, sino que el mismo variará en función del valor de la finca o derecho".
El arancel de los derechos de los registradores de la propiedad está aprobado por el Real Decreto 1427/89. El número 2.1 de la tasa "contempla una escala gradual para el cálculo del coste derivado de las inscripciones". Tramos "o escalas correspondientes" que se aplican según el tipo de inmueble a registrar. No hay una cuantía fija y pueden sumarse conceptos como "el asiento de presentación" (6 euros), "las notas de afección fiscal" (cuya práctica devenga 3 euros) o los costes de publicación del edicto.
Por ejemplo, por la inscripción, anotación o cancelación de una finca o derecho cuyo valor no exceda de 6.010,12 euros está fijada la cantidad de 24,04 euros. Por el exceso hasta 30.050,61 euros, 1,74 por 1.000. Así, en escala hasta 0,20 por 1.000 cuando el valor supere 601.012,10 euros.
Existen reducciones "en función del tipo de derecho a inscribir". Ahora bien, indica el Colegio de Registradores, "y centrándonos en las inmatriculaciones, debe señalarse que el arancel no contempla reducción expresa para este tipo de inscripciones". También hay bonificaciones de un 50% del derecho "cuando legalmente resulten obligados al pago" que repercuten en las administraciones públicas, partidos políticos y organizaciones sindicales.
* El Diario - Juan Miguel Baquero - 19.4.15
Foto: La Catedral de Sevilla. / J.M.B.
El urbanismo también es feminista
Un tema de actualidad y bastante controvertido: ¿hasta qué punto debe hablarse de un urbanismo feminista? Hay varias convocatorias en este sentido y que dicen que es necesaria una perspectiva de género también en el campo de la Ordenación del Territorio. Sin quitar valor a estas iniciativas 'feministas' que pueden ayudar en parte a la mejor comprensión del Urbanismo, considero algo redundante la proposición ya que para hablar de un auténtico Urbanismo se deben tener en cuenta todos los puntos de vista de la sociedad, ya sean de género, de edad o de condición social. No obstante, todo lo que sea mejorar esta comprensión general, dados los tiempos confusos que vivimos, bienvenida sea.
"ELDIARIO* : Una jornadas sobre urbanismo y género las unió hace más de una década. Eran arquitectas y sociólogas y se dieron cuenta que tenían un interés común por repensar las ciudades para que favorezcan una sociedad igualitaria y sin discriminación.
La primera norma aprobada por el Gobierno tripartito catalán -formado por PSOE, ERC e IC-LV -, la ley de Barrios, les dio su nombre, Col.lectiu Punt 6 y desde entonces no han parado de trabajar con talleres, guías, docencias, investigaciones y proyectos para lograr ciudades más inclusivas en las que las propias personas que las habitan se convierten en las especialistas de los espacios que las rodean.
“La ley de Barrios fue una normativa pionera porque por primera vez se ponían en marcha medidas que unían las propuestas sociales y las urbanas”, explica la arquitecta Roser Casanovas, integrante del colectivo junto a Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Blanca Gutiérrez, Zaida Muxi y Sara Ortiz. La norma tenía ocho puntos básicos a desarrollar, el sexto se llamaba “equidad”. “Era un punto que incluía la perspectiva de género en todas los ámbitos y de ahí nuestro nombre”, señala Casanovas, quien subraya que “aprovechando una administración favorable a las políticas de género empezamos a trabajar y a investigar”.
Durante casi seis años, a través de unos talleres organizados por el Instituto Catalán de la Mujer, recorrieron la comunidad de punta a punta y se reunieron con más de 1.000 mujeres -en municipios de menos de 100.000 habitantes, aunque también en algún barrio de Barcelona- que les permitió documentarse y visualizar de qué forma se relacionan con el entorno y si este les favorece o por el contrario les discrimina. “Trabajamos sobre seis variables que incluían desde la participación, la percepción de seguridad o la movilidad”, señala la arquitecta.
Entornos rurales y urbanos
Había unas necesidades comunes pero con características diferentes dependiendo de si las mujeres vivían en el entorno rural o urbano. “El problema para las que vivían en pueblos pequeños era cómo llegar a los núcleos mas grandes y ocurría casi siempre que ninguna tenía carnet de conducir por lo que dependían de otras personas para desplazarse”, explica. En las ciudades más grandes la problemática también estaba en la movilidad pero centrada en el funcionamiento de los transportes públicos. “Las mujeres son las que siguen encargándose de los cuidados en gran medida, por lo que muchas veces, sea porque hay que dejar en el colegio al niño o llevarle al médico, muchas entran a trabajar más tarde de las nueve, cuando la frecuencia de los transportes ya es menor y por tanto deben emplear más tiempo en llegar al trabajo”, subraya.
Con la información que acumularon, elaboraron una guía que sirviera de herramienta para empoderar a las mujeres. Bajo el nombre Mujeres Trabajando. Guía de reconocimiento urbano con perspectiva de género, el texto ofrece una serie de propuestas para darse cuenta de cómo es el entorno en el que habitan. “El objetivo principal es dar visibilidad a las mujeres en la construcción y la transformación de los barrios y las poblaciones”, recoge el texto.
La llegada de CIU al Gobierno catalán dejó sin financiación la Ley de Barrios pero Punt 6 siguió trabajando con la puesta en marcha de talleres, realización de otros proyectos, consultorías urbanas o el trabajo desde la docencia. “Algunas de nosotras trabaja desde la Universidad para tratar de cambiar las enseñanzas en las que muchas veces se pierde la escala pequeña, en cómo afecta un proyecto urbanístico a las personas”, explica. Y continúa: “Nos enseñan que la arquitectura es neutra pero no es cierto, nada lo es, y no se pueden aplicar los mismos proyectos en un sitio que en otro”.
De ahí que uno de su ejes de trabajo sea la participación comunitaria para que las personas que usan los espacios públicos, ya sea una plaza, un centro cívico o un parque, se conviertan en los diseñadores de sus propios entornos. A través de “marchas exploratorias”, “itinerarios reivindicativos” o “mapeos comunitarios” propician que los habitantes sean conscientes y partícipes del entorno en el que se mueven. “En algunas salidas dejamos que sean los propios vecinos quienes cuenten qué tiene de especial una plaza, o que una asociación señale el problema del barrio, y al final se dan cuenta de que ellos son los que mejor conocen el lugar en el que viven”, explica la arquitecta.
* El Diario - María Muñoz - 8.4.15
Foto: Una de las actividades realizadas por Punt 6. / Diego Yriarte
Palma.- ARCA recurrirá la demolición de Can Bibiloni y estudia acciones judiciales
La acción especulativa sigue en activo en buena parte de las ciudades del país; los atentados contra el Patrimonio urbano son generalizados desde hace años para obtener una rentabilidad económica, por encima de otros valores públicos. Así ocurre en Palma de Mallorca con el histórico edificio 'Can Bibiloni' que el Ayuntamiento 'popular' pretende derribar. Ante el silencio cómplice del Consell Balear, la asociación ciudadana ARCA va a recurrir por todos los medios posibles esta decisión arbitraria que supone una nueva fechoría contra el Patrimonio monumental.
"DIARIOMALLORCA* : La asociación proteccionista ARCA recurrirá la demolición de Can Bibiloni. Lo hará por la vía administrativa, aunque también estudia acciones judiciales para preservar este vestigio industrial del Eixample construido por el arquitecto Gaspar Bennazar en 1928. La entidad denuncia que los actuales políticos "gobiernan de espaldas al patrimonio" y que los técnicos municipales han mostrado "insensibilidad" hacia un bien de gran valor histórico y arquitectónico.
No entienden ni perdonan "que se permita la destrucción de Can Bibiloni en pleno siglo XXI" y manifiestan su estupefacción y la de los ciudadanos por dicha decisión, aprobada el martes por la gerencia de Urbanismo, que concedió la licencia de obras para construir un nuevo edificio en el solar de la calle Aragó que ocupa el inmueble de Bennazar. ARCA tratará de impedirlo con el citado recurso administrativo y la posible vía judicial. Asimismo, anunció ayer que se pondrá en contacto con el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, debido a que en marzo recomendó al Ayuntamiento que estudie la inclusión del inmueble en el catálogo municipal de los elementos de interés histórico, arquitectónico y patrimonial de Palma. Sin embargo, Cort no hizo caso a la petición.
"El patrimonio industrial de esta ciudad se cobrará una nueva víctima para añadir a un largo listado", tal como ejemplifican recordando la fábrica Coromines, el hostal Arxiduc, Olis Batle y el Pont del Tren, también obra de Gaspar Bennazar y por el que hubo una enorme movilización ciudadana.
La asociación proteccionista lamenta además que quienes construirán el nuevo edificio han sido "incapaces de integrar un elemento histórico de la ciudad, la fachada de Can Bibiloni, en su proyecto". ARCA se cuestiona "qué puede esperar la ciudadanía si quienes están al frente de la sociedad y la economía no quieren o no saben respetar la historia de Palma. Y priman los intereses privados frente a los públicos".
Más críticas
La demolición de Can Bibiloni también fue muy criticada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y los grupos del PSOE y Més. Los socialistas denunciaron el martes que Cort ha hecho caso omiso al Consell y el grupo ecosoberanista anunció ayer que presentará un recurso contra el derribo, al igual que la entidad ARCA. "El PP ha optado por autorizar de forma exprés y precipitada la demolición, sin querer estudiar seriamente los argumentos a favor de la catalogación y protección", tal como destacó el portavoz del grupo Més, Antoni Verger.
La federación de vecinos hizo hincapié en la contradicción de que Cort promueva que Palma sea Patrimonio de la Humanidad y destruya su patrimonio.
* Diario de Mallorca - Raquel Galán - 16.4.15
Foto: El inmueble proyectado por el arquitecto Gaspar Bennazar se encuentra al principio de la calle Aragó.- diariodemallorca
