De nuevo la indignación ciudadana ante una negativa actuación urbanística, que cuenta con la complicidad de los partidos políticos, hace que se movilicen los vecinos para protestar por la ejecución al margen de su opinión. La nueva asociación 'Amigos de la Bahía' en Gijón advierte de que, con este asalto del cemento, el Ayuntamiento va a permitir "otro muro enfrente del Muro". La prepotencia política, que no deja resquicio para la participación de todos, vuelve a ser clave en este enfrentamiento urbanístico vecinal que pretende proteger uno de los pocos espacios libres del litoral en la ciudad, algo de lo que, inexplicablemente, parecen no darse cuenta las autoridades gijonesas.
"LNE* : Hay unanimidad entre los partidos políticos con representación municipal, pero no a pie de calle. Los planes urbanísticos del Ayuntamiento para entorno de la Ería del Piles y el Sanatorio Marítimo han dado lugar a un nuevo movimiento ciudadano que pretende proteger "el único gran espacio del litoral gijonés que queda por asaltar". Bajo el nombre de Asociación Amigos de la Bahía de Gijón ya han presentado alegaciones en el Ayuntamiento. El siguiente paso: hacer públicas sus objeciones con el ánimo de generar debate sobre "una zona clave para la ciudad".
La tramitación de los dos planes que critican se encuentra ya muy avanzada. Uno de ellos -el llamado PERI 11- reordena la franja costera que discurre entre el Bellavista y el Sanatorio Marítimo con edificios de viviendas, un parque y exigencias estéticas para los negocios de hostelería preexistentes. El gobierno de Foro Asturias propuso su aprobación inicial en la Comisión de Urbanismo del pasado viernes. Y recibió el visto bueno de los demás grupos municipales.
"Pretenden hacer otro muro enfrente del Muro", advierten los Amigos de la Bahía de Gijón, que hace extensible su denuncia al plan especial de reforma interior de la unidad de actuación 100, donde está previsto construir un complejo de ocio. En este caso, el proyecto -que acaba de superar un período de alegaciones- está a la espera de que el Ayuntamiento lo someta a una nueva fase de información pública.
"El Ayuntamiento está defendiendo los intereses de los Tascón y de Astur Promotora frente al interés general de la ciudad. No se entiende, si no, que tengan tanta prisa por tramitar estas dos operaciones cuando todo el Plan General de Ordenación de la ciudad está en proceso de revisión", lamentan. La familia Tascón tiene intereses en la zona del Marítimo y Astur Promotora, en la Ería del Piles. "Deberían plantearse otras alternativas de ordenación para que la bahía gijonesa no quede secuestrada por el hormigón", plantean.
No sólo cuestionan "las prisas" en la tramitación. También las volumetrías, diseños y usos que están ahora mismo encima de la mesa de los técnicos del área de Urbanismo. "Es una zona tremendamente jugosa. Pero el cemento no lo arregla todo. Y si saltan esta barrera, urbanizarán lo siguiente en cascada", sostienen portavoces de este nuevo colectivo ciudadano, integrado por vecinos del entorno y personas que, aun residiendo en otros barrios de la ciudad, están muy sensibilizadas con los temas mediambientales y el paisaje de Gijón.
En su opinión, "la ciudadanía debería participar en el futuro diseño de este enclave marítimo, uno de los pocos espacios libres que quedan al borde del mar". Más allá de su proyección turística, ven la posibilidad de que estos terrenos se destinen a disfrute público. Sobre todo ahora que "nos estamos quedando sin playa", incide la asociación, al tiempo que se pregunta "por qué el Ayuntamiento ha dejado que los propietarios de esas parcelas las tengan así de abandonadas".
* La Nueva España - Miriam SUÁREZ - 9.4.14
Foto: La zona de la polémica, con la Ería en primer término y el Marítimo al fondo.
Gijón.- Un movimiento ciudadano se rebela contra los planes de la Ería y el Marítimo
Y el pueblo salvó el río Sarria
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Otra vez la lucha vecinal ha impedido una acción vandálica de las autoridades en la población lucense de Sarria. Al igual que en el burgalés Gamonal o en el Cabanyal valenciano, la gente se echó a la calle para protestar contra una actuación urbanística degradante: el encauzamiento y la tala de árboles en el río que cruza la población. Formaron una plataforma de actuación, al margen de los cómplices partidos políticos, y lucharon por algo que realmente les afectaba cotidianamente. Un ejemplo más del camino a seguir en muchas ocasiones cuando la indignación ciudadana crece ante la injusticia y la pasividad o complicidad política en casos de urbanismo salvaje.
"ELPAÍS* : Un día de diciembre, los alisos del Malecón aparecieron tatuados con espray naranja. Aspas, o cruces de San Andrés, que indicaban su inminente ejecución. José María Díaz sumó uno por uno los viejos árboles de ribera señalados y la cuenta le dio 178. Esa misma tarde, él, Roberto Irimia y otros sarrianos inquietos, reunidos en una taberna, garabatearon en una servilleta de papel las razones de un vecindario decidido a salvar el paisaje de su vida. Acordaron no aceptar vinculación política alguna, y repartir el trabajo para estudiar a fondo las leyes ambientales y el que consideraban “absurdo, horroroso e inútil” proyecto de encauzamiento preparado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para el río Sarria.
Cuentan que la localidad entró en un mapa de zonas de riesgo de crecidas por causa de una “extraña jugada administrativa” a principios de la década pasada. Los vecinos afirman que el río que da nombre al pueblo puede desbordarse en otros tramos, pero no en el Malecón, y sin embargo el Gobierno central va a actuar únicamente allí. El plan para abrir paso a la corriente de agua, aunque reducido solo a su primera fase, 300 metros y unos cinco millones de euros, había sido heredado del tiempo en que el socialista Francisco Fernández Liñares, principal imputado de la Operación Pokémon, presidía el organismo de cuenca.
Preveía no solo la tala masiva del único pulmón verde de la localidad, sino la eliminación de presas históricas, la amputación de buena parte de una isla fluvial y una metamorfosis total de la zona más popular de Sarria al alterar por completo cuatro puentes. Uno de estos (Ponte Ribeira) tiene base medieval y está en pleno Camino Francés, un itinerario declarado BIC y patrimonio de la Unesco. Otro de ellos (el de la rúa Calvo Sotelo) fue proyectado y construido en el siglo XIX, en concreto por un bisabuelo ingeniero que tenía Álvarez Cascos. La Escola Galega da Paisaxe ha criticado duramente estas reformas.
Desde aquella primera reunión en el bar, los vecinos han pasado de recoger firmas y organizarse a través de una web (www.plataformariosarria.org) y una página de Facebook, a manifestarse por las calles, convocar caceroladas, montar un campamento base en la isla del río, cosechar miles de apoyos y encadenarse durante un mes entero a los árboles para defenderlos de una tala que ya había comenzado. Al final, la mañana del pasado día 25, un número desproporcionado de guardias civiles se presentó en el Malecón y los desalojó.
Para los miembros de la Plataforma Sarriana polo Río no fue ninguna sorpresa. Aseguran que un representante del PP, el partido que gobierna este municipio lucense, había pasado varias veces por su acampada “jactándose” de que pronto llegaría de arriba la orden de la evacuación forzosa. Tras el desalojo, los indignados vecinos se concentraron inmediatamente en el Ayuntamiento, y el alcalde, José Antonio García, terminó logrando marchar de allí, pero escoltado, y con la misma acusó a sus vecinos de actuar “de forma radical y violenta”. Entonces, la plataforma se fue al juzgado de Sarria y puso una denuncia. El efecto fue fulminante, porque la titular mandó parar las motosierras. La empresa maderera había retomado la tala, suspendida hacía un mes, nada más desalojar a los vecinos. Y eso que un grupo formado por cuatro de los profesores de Botánica e Ingeniería Agroforestal más influyentes de Galicia acababan de advertir que aquel bosque de ribera, uno de los pocos conjuntos de alisos sanos de la comunidad, debía ser “especialmente protegido”.
Sin embargo, un día antes de que los guardias civiles se llevasen a los últimos de la isla de O Toleiro, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil había sorprendido a todos con un anuncio que hoy se puede tomar, si no como una rendición —porque la polémica transformación de los puentes sigue adelante—, sí como una claudicación. El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente aceptó varias de las reclamaciones de la plataforma cívica y redujo el número de árboles talados en un 95%; amnistió la barandilla del paseo, que para los sarrianos y los peregrinos es un símbolo; y suspendió el brutal rebaje previsto para la isla de O Toleiro, que iba a perder perímetro y 70 centímetros de capa vegetal, incluidos todos sus árboles, y la rica fauna que en ella se refugia.
“Ahora que hay un procedimiento penal, accedimos a informes que habíamos solicitado y nunca nos entregaron”, echaba en cara el colectivo al conselleiro Hernández en una carta esta semana. Mientras, en sus notas de prensa la Confederación que preside Francisco Marín insiste en su “total transparencia”. El colectivo vecinal cree que detrás de las obras, respaldadas por Xunta y consistorio, se acumulan “un delito contra el medio ambiente, uno contra el patrimonio, y posiblemente otro de prevaricación”. “Estos días supimos que algunos informes de la Xunta fueron contradictorios, llegaron un año tarde y obviaron incluso el número de árboles que iban a caer”, asegura Díaz. “Además, la juez ha reclamado el permiso de obra municipal y nadie se lo entrega”.
Por ahora, desde que se cortaron los primeros en diciembre, en el Malecón no han caído ni una veintena de árboles, con tan buena suerte que los pocos que según las nuevas cuentas de la Confederación quedan por caer nadie podrá cortarlos hasta octubre. La guerra vecinal agotó el plazo del permiso dado por Conservación da Natureza: por razones “fitosanitarias”, para que no se transmitan enfermedades entre árboles, la tala solo está permitida del 1 de octubre al 1 de abril. Una vez que se supo que el ministerio renunciaba a talar la mayoría de los ameneiros, el alcalde se apresuró a darse la enhorabuena: “Es una mejora medioambiental tremenda”.
Nueva denuncia por burlar la paralización de las talas
Los vecinos de Sarria han informado de que han tenido que volver a denunciar a la Confederación Hidrógrafica. Hoy lunes por la mañana descubrieron que había desaparecido un árbol junto a la pasarela de O Toleiro. Un ejemplar que todavía permanecía en pie cuando la juez ordenó la paralización cautelar de la tala. La prueba está recogida en dos fotografías, la de antes y la de después, tomadas el pasado día 1 y hoy mismo. El tronco, según la Plataforma Sarriana polo Río, fue retirado rápidamente y la marca del tocón cubierta con áridos de relleno.
"A pesar de la paralización judicial de la tala acordada el 25 de marzo por el juzgado de Instrucción de Sarria, a primera hora de la mañana los operarios que llevan a cabo las obras del proyecto de encauzamiento del río Sarria eliminaron un árbol", denuncian en un comunicado los vecinos. Luego, "se lo llevaron en un camión y ocultaron el lugar que ocupaba con tierra y piedras. Ante estos hechos, en la misma mañana se formuló la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar".
La Plataforma Sarriana polo Río se declara "asombrada e indignada por el absoluto desprecio por la legalidad vigente que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha venido mostrando en todo este asunto del proyecto de encauzamiento", sigue criticando la nota de prensa. "Parece evidente que sigue dispuesta a ignorar y despreciar no solo la ley, sino también las resoluciones judiciales". El colectivo advierte que continuará vigilante, siguiendo de cerca el desarrollo de las obras: "Seremos su martillo pilón", avisan los vecinos que salvaron el río. En los últimos días, han fotografiado algunas escenas de los trabajos en el puente de O Toleiro entre las que se puede ver cómo se suelta una red de contención y caen materiales de la obra al río. El día que esto ocurrió exigieron una medición del pH de las aguas.
* El País - SILVIA R. PONTEVEDRA - 7.4.14
Foto: Vecinos de Sarria concentrados en el malecón en febrero pasado. / XOSÉ MARRA
El triunfo de la ciudad sin fin
Dado el enorme problema actual del aumento de la población mundial y las consecuencias graves que ha traído consigo como el cambio climático, algo que ya nadie niega, es preciso aclarar unos conceptos que todavía se mezclan sin mucho sentido. Las enormes aglomeraciones urbanas existentes no deberían ser consideradas 'urbanismo' en sentido estricto de agente civilizador, sino más bien como agregaciones dispersas situadas junto a las antiguas ciudades. En la mayoría de los casos, que también incluye a países como España y su costa, estas inmensas urbanizaciones del territorio no tienen un fin específico de mejorar las condiciones de vida de una población, sino más bien de un crecimiento 'economicista' para dar asiento a multitudes que nunca formarán parte de lo que desde la antigüedad se ha considerado ciudad (polis griega). Más o menos es lo que viene a decir este artículo.
"ANATXU ZABALBEASCOA* : Urbanizar no es civilizar. Urbanizar no implica civilizar. No se puede llamar ciudad a una aglomeración urbana. Por eso buena parte de las megalópolis del mundo –las grandes urbes que, con frecuencia, se han desarrollado en pocas décadas, cuya población no deja de aumentar y cuya extensión no deja de crecer– no son tales polis sino territorios urbanizados en los que se hacina una población que busca su oportunidad para dejar de sobrevivir y empezar a vivir.
Así, en las periferias de ciudades como Shanghai o Guangzhou, en China, Sao Paulo, en Brasil, Bombay en India, Manila en Filipinas, Seúl en Corea del Sur o el D.F. en México, la máxima Lefebvreriana que asegura que cada sociedad produce su propio espacio no ha perdido vigencia, aunque hayan pasado cuatro décadas desde que el filósofo y sociólogo francés la incluyera en su monumental testamento, La producción del espacio recientemente traducida, por primera vez al castellano, por Emilio Martínez Gutiérrez para Capitán Swing.
La urbanización de la sociedad sigue en marcha. Y a la escasez programada de los centros urbanos y a la expulsión de los habitantes de esos centros con el aumento de los precios de los alquileres, han seguido los desplazamientos de una población que ha hecho estallar las periferias rompiendo los límites de las urbes y convirtiendo muchas de las grandes ciudades actuales en territorios sin fin.
La situación es peliaguda, porque es la idea de progreso la que atrae a las grandes migraciones y es ese supuesto progreso el que desata la urbanización. Sin embargo, ya conocemos cómo, entre otras abyecciones, es el exceso de construcción y su falta de planificación lo que termina por ahogar la vida en muchos lugares y las economías de tantos inmigrantes cuando logran superar la subsistencia.
La subsistencia es, efectivamente, el primer paso. Y es el que genera que más de mil millones de personas vivan en la realidad paralela de las ciudades informales, los slums o hacinamientos urbanos que conviven, ya con más costumbre que vergüenza, con buena parte de las megaciudades del mundo.
Aunque Asia concentra el mayor crecimiento urbano del planeta, esos enormes asentamientos hacen difícil averiguar cual es, realmente, la ciudad más poblada del mundo. El recuento no coincide entre las instituciones que manejan estadísticas y la realidad cambiante y opaca en los extrarradios de las ciudades. La vida en esa periferia está al margen de la burocracia, al margen de los sistemas de bienestar, al margen de la planificación urbana y, sin embargo, metida de lleno en el desarrollo del futuro de las ciudades. Lo que suceda en 2050, cuando el 70% de la población de la tierra viva en zonas urbanas, dependerá de lo que hoy hagamos con el crecimiento desordenado que supone la otra globalización, la de la ciudad informal: esa masa de chabolas y barracas capaz de homogeneizar cualquier lugar del mundo y, con ello, acercar las vidas de sus habitantes.
Es evidente que si las ciudades no fueran un territorio para las oportunidades el chorreo de inmigrantes que llega hasta ellas cesaría. Pero también lo es que se ha hecho muy poco por mantener a la gente en el campo. Las razones no son precisamente altruistas. En muchos países, es en las ciudades donde los habitantes se convierten en consumidores y así, para buena parte de quienes llegan hasta allí, las urbes dejan de ser escenario de oportunidad para convertirse en terreno de desigualdad y deshumanización.
No son pocos los que consideran que, en poco más de un lustro, en China, veremos cómo será el futuro. Para 2020 se espera que haya concluido la gran migración interna que llevará a más de mil millones de personas (dos tercios de su población) a vivir en las nuevas ciudades que llevan algo más de dos décadas construyendo. Hace apenas 30 años Guangzhou era un pueblo de pescadores y hoy, con más de 15 millones de habitantes, habla de la transformación promovida por el gobierno chino. Ese cambio tan radical contiene, entre muchos riesgos, algunas apuestas lógicas: a la descentralización de un país en torno a una única gran urbe –como sucede en Francia o en Reino Unido- en China suman la descentralización interna dentro de las propias nuevas megalópolis: allí no es uno sino muchos los barrios que organizan la trama y la nueva vida urbana.
El arquitecto indio Charles Correa declaró a este periódico que el mayor problema de las ciudades es: “Que el poder político emplee suelo urbano para financiarse”. Y ese asunto, aunque evidentemente no es privativo de las grandes megalópolis, es el que permite pasar de urbanismo a civismo, pues es el mundo urbano de las calles y el espacio público compartido el que convierte las urbanizaciones en ciudades. Así, ¿cómo hacer las ciudades a la velocidad que llega la gente?
Las megalópolis sin límites son insostenibles: requieren recursos energéticos desmesurados y exigen del ciudadano una hipoteca vital para pagarse no ya la vivienda en propiedad sino el transporte para llegar al lugar de trabajo. Además de dejarlo sin dinero, las horas empleadas en atascos en el transporte público dejan a buena parte de la población sin dinero y sin tiempo para vivir, es decir, con poco sentido. Eso es un gran peligro para las personas, pero también para el mundo.
La gran ciudad no ofrece una pobreza humana y, sin embargo, más de 1.000 millones de personas viven en suburbios y otros tantos en el chabolismo menos visible de los pisos patera. La ciudad con varios centros (los barrios) es vista como una alternativa a la periferia sin límites. Como en China, también en India conviven centros urbanos de similar importancia. Allí Delhi y Mumbai crecen a la par, de la misma manera que Shanghai es la ciudad más poblada, Hong Kong pugna por la capitalidad económica mientras Guangzhou y Tianjin son las economías que más se desarrollan en China. Al mismo tiempo, según el proyecto Urban Age de la London School of Economics, otras capitales asiáticas, como Bangkok, decrecen.
Frente a la ciudad sin límites, que funciona como un imán para la gente, vivimos también la era de las grandes ciudades menguantes. Seis de las 16 ciudades estadounidenses mayores de hace medio siglo (Búfalo, Cleveland, Detroit, Nueva Orleans, Pittsburg y St. Louis) han perdido más de la mitad de su población. En Europa Barcelona, Nápoles o Riga pierden habitantes. Eso sí, casi todas ganan turistas.
Henri Lefebvre escribió que es imposible inmovilizar lo urbano. Pero advirtió también sobre la pasividad de los ciudadanos, convertidos en consumidores. Justo donde el profesor de economía de Harvard Edward Glaeser cree que ver el motor de las ciudades en el siglo XXI –“van a ser los trabajadores, en su faceta de consumidores los que harán crecer las ciudades”–, el filósofo francés advertía, antes de morir en 1991, sobre del peligro de pasar de la pasividad (ante el espectáculo) a la participación ciudadana (como espectáculo).
En las megalópolis conviven el primero, el segundo y el tercer mundo. Así, la ciudad solo puede ser un terreno dialogante, y por lo tanto, conflictivo. Si las megaciudades son el lugar de lo posible deberán serlo también de lo imprevisible: el mejor escenario para la vida, no para el letargo. ¿Cómo hacerlo cuando el viejo modelo caduca y el nuevo todavía resulta imprevisible? Puede que sea de esa imprevisión de la que convenga tomar nota, de la imposibilidad de hacer coincidir la ciudad proyectada con la real. Todo invita a pensar que las ciudades del siglo XXI serán más una reacción que una planificación.
* El País - Opinión - 8.4.14
Foto: México-city - destination360.com
Greenpeace recurre la urbanización del Algarrobico por violar espacios protegidos europeos
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Ya hemos comentado aquí las desgraciadas actuaciones político-judiciales que han sucedido en los últimos tiempos hasta llegar a evitar el derribo de este icono del Urbanismo salvaje en todo el país. Gracias a Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y Greenpeace se han dado pasos importantes para acabar con este enorme hotel ilegal almeriense. Tras la última sentencia 'salvatoria' del sospechoso Tribunal andaluz, Greenpeace recurrirá otra vez ante el Supremo cargada de pruebas incriminatorias contra este atentado a la Ordenación Territorial. Si para evitar una ilegalidad tan evidente hacen falta tantos recursos, económicos y humanos, imagínense que será ante la multitud de asuntos irregulares urbanísticos menos claros. ¡Terrible!
"ELDIARIO* : Normativa europea, leyes españolas y una larga jurisprudencia: los ecologistas de Greenpeace creen que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha infringido tanto leyes como sentencias a la hora de declarar urbanizable el suelo sobre el que se alza el hotel del Algarrobico, creando así inseguridad jurídica. Por esa razón ha decidido presentar un recurso de casación ante el propio Tribunal Supremo contra el TSJA y lo ha hecho a pesar de que, según los magistrados del tribunal andaluz, contra la sentencia no cabía recurso.
En el escrito judicial se insiste en que la sentencia incumple varias directivas europeas que protegen los ecosistemas, la fauna y la flora a través de 'Zonas de Especial Protección para las Aves' o 'Lugares de Importancia Comunitaria', destacando que en estos "sólo se puede urbanizar por razones de interés público". Además, subrayan que los terrenos forman parte de la Red Natural 2000 es una Reserva de la Biosfera, la zona norte de este sector es un hábitat prioritario con plantas amenazadas y que se trata, en definitiva, de un espacio protegido por el PORN del Parque Natural Cabo de Gata de 1994, tal y como han venido defendiendo el Supremo, el TSJA o la Audiencia Nacional a través de las veinte resoluciones judiciales que el Algarrobico ha acumulado en su contra. Los ecologistas denuncian que la sentencia es c ontradictoria con las figuras de protección internacional del Cabo de Gata bajo el amparo de Naciones Unidas como el Convenio Ramsar, el de Barcelona o la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
En el recurso se indica además que el Tribunal Supremo había restablecido "cautelarmente el nivel de protección que tenía en el PORN de 1994 como espacio protegido no urbanizable con nivel C1", es decir, áreas naturales de interés general. Según los ecologistas, se "supedita el interés público de proteger El Algarrobico" a favor de los intereses privados de la promotora, Azata del Sol, y se hace en contra de lo acordado por el Tribunal Supremo. Se crea así una inseguridad jurídica que impide saber "si los terrenos donde se concedió la licencia son urbanizables o no lo son".
En ese sentido, recuerdan que en 2008 el propio TSJA paralizó las obras del Algarrobico "por estar en espacio protegido", no urbanizable. Según Greenpeace, "la sentencia recurrida no cita en ningún momento a la sentencia de fecha 17 de marzo de 2008, ni por tanto rebate los argumentos totalmente contrarios a los de la sentencia que se recurre".
En cuanto a la legislación nacional, el recurso destaca que la ley de patrimonio natural "sólo permite que en la Red Natura 2000 se desarrollen proyectos por razones imperiosas de interés público de primer orden" y que los terrenos del S-T1 y S-T2 del Algarrobico "solo benefician a sus propietarios, causando un perjuicio de incalculables consecuencias a estos terrenos incluidos en la Red Natura 2000". Indican además que la ley del suelo "exige que para desproteger los terrenos de espacios naturales protegidos se requiere que hayan sido degradados por causas exclusivamente naturales, científicamente demostradas, pero no por la mano del hombre, como ha sucedió en El Algarrobico".
Asimismo, el grupo ecologista denuncia la "doble indefensión" que han supuesto irregularidades como el cambio de juez o que se les haya notificado el cambio de sección, fecha de votación y fallo "cuando ya había tenido lugar, haciendo irreversible el cambio de sección y el sentido de la sentencia". Insisten también en que se ha retrasado de manera injustificada la resolución en el propio TSJA sobre la licencias de obras del hotel, procedimiento que consideran "fundamental pues va a determinar con carácter firme si la licencias de obra es legal o no".
Por otro lado, Greenpeace recuerda en su nota de prensa que ha tenido que pagar 1.290 euros "debido a la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada por el Ministro Gallardón, lo que supone un nuevo escollo por la lucha ecologista en El Algarrobico y encarece notablemente un proceso cuyo final todavía es incierto y que dura 25 años de ilegalidades" .
La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha declarado que "el hotel ya es ilegal". "Esta sentencia ratifica que si los políticos de la Junta de Andalucía y del Gobierno siguen esperando a que la justicia desenmarañe el lío creado por la posición ambigua de la Junta, nunca veremos el final de este gigante edificio ilegal de 14 plantas y 411 habitaciones" y ha invitado al nuevo ministro de Medio Ambiente a que proceda a su demolición.
* El Diario - Alejandro Ávila - 10.4.14
Foto: Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace - A.Rodríguez, Greenpeace
Gibraltar compra 55.000 toneladas de rocas más para seguir ampliando su superficie
Vuelven las negativas noticias acerca de Gibraltar. Originalmente era solo una roca con un estrecho istmo que la unía con tierra firme, es decir con España tras el tratado de Utrecht. Pero ya en el siglo pasado se fue aumentando paulatinamente la superficie construida, ganando espacio al mar. Así se hizo con el ilegal aeropuerto, el nuevo puerto y terrenos rellenados junto a éste. Numerosos bloques de viviendas empezaron a aparecer al oeste de la Roca, en plena bahía de Algeciras. Y, lejos de quedarse ahí, el gobierno 'llanito' actual, con total impunidad jurídica, pretende ampliar esta superficie ilegalmente hasta 20.000 m/2 más, con los graves problemas añadidos de población y de aguas circundantes. Un tema político conflictivo que debería haberse resuelto hace tiempo en la UE u organismos internacionales existentes.
"ELCONFIDENCIAL* : El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, sigue adelante con sus planes expansionistas, a pesar de las supuestas buenas relaciones que mantienen en estos momentos los Ejecutivos de Madrid y Londres. La colonia británica acaba de sacar a concurso la adquisición de otras 55.000 toneladas de rocas similares a las que ha utilizado hasta ahora para ampliar la superficie del istmo y restar espacio a aguas de soberanía española.
Las condiciones de licitación del suministro de esta nueva partida de rocas fueron publicadas en el boletín oficial del Peñón el pasado 13 de marzo. La oferta económica más baja que se presente antes del próximo 2 de mayo se llevará el contrato.
Un portavoz oficial de la colonia ha rechazado a preguntas de este diario detallar el destino que tendrán ese material y se ha limitado a informar de que se utilizará para “construcción”. Pero expertos consultados por este diario precisan que las rocas que pretende adquirir Gibraltar sólo son utilizadas como material de relleno. Para poder emplearlas en construcción, las autoridades del Peñón tendrían que trocearlas y procesarlas, un laborioso proceso para el que no disponen de la infraestructura necesaria. Se da la circunstancia, además, de que la colonia ya ha utilizado estas mismas rocas con anterioridad para ampliar su superficie en la zona de Catalan Bay y, más recientemente, para crear dos espigones en la parte de Sandy Bay. En ambos casos, las extensiones de terreno se han producido invadiendo aguas de soberanía española.
Equivalente a tres campos de fútbol
Colocadas unas junto a otras, las 55.000 toneladas de rocas que va a adquirir Gibraltar ocuparían una superficie equivalente aproximada a tres campos de fútbol de 100 metros de longitud por 65 de ancho, es decir, unos 19.500 metros cuadrados. Para poder transportarlas hasta la colonia, serían necesarios más de 3.200 viajes en camión. Pero el Gobierno de Picardo no las introducirá por tierra, sino por mar, debido a las restricciones que ha impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en la frontera de la Línea de la Concepción.
El Ejecutivo español ha prohibido que crucen la verja rocas, arenas y cualquier otro producto que pueda ser utilizado por la colonia para ampliar su superficie tras comprobar que los diferentes Gobiernos del Peñón estaban ampliando irregularmente sus dominios terrestres con materiales procedentes de España. Al menos 40 camiones de la arena utilizada en la zona de Catalan Bay, en la vertiente oriental de La Roca más próxima a territorio español, habrían salido de los arenales protegidos de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz).
El proveedor de las rocas tampoco podrá ser una empresa española por las mismas restricciones. Cualquier compañía que no sea española puede optar a este contrato, que sólo pone como condiciones que el vencedor entregue el lote completo. Vencerá la oferta más baja que se presente antes de las 12 horas del próximo 2 de mayo.
Lo más caro, el transporte
Fuentes del sector aseguran que las 55.000 toneladas de rocas tienen un precio en el mercado de unos 300.000 euros. La tonelada se vende a entre cinco y seis euros, dependiendo de la calidad. La más común en los rellenos es la roca caliza. Se trata de uno de los materiales más baratos que existen en el segmento de los áridos y areniscas por su gran abundancia. De hecho, lo más caro es el transporte, que puede superar el precio del propio producto. Lo lógico es que las rocas acaben siendo suministradas desde Portugal o Marruecos y en un solo envío, para abaratar al máximo los costes.
Algunas embarcaciones disponen de compuertas o pontonas que permiten descargar las rocas directamente en el lecho marino. El lanzamiento unilateral de bloques de hormigón en aguas de soberanía española por parte de Gibraltar fue precisamente el detonante que desencadenó la crisis con la colonia del pasado verano. El Gobierno de Rajoy reaccionó intensificando los controles policiales y aduaneros en la frontera de La Línea, desatando una espiral de respuestas que acabó llegando a la Comisión Europea.
Enfrentamientos en el mar
La tensión volvió a repuntar el pasado mes de noviembre cuando el buque oceanográfico español Ramón Margalef entró en aguas que reivindica la colonia y fue acosado por embarcaciones de la Armada británica. Finalmente, tras unas horas en las inmediaciones del Peñón, el buque de investigación se alejó de la zona con escolta de la Guardia Civil. El Foreign Office, equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores español, citó al embajador español en Londres, Federico Trillo, para abordar este incidente.
Hace una semana se vivió un suceso similar cuando un buque del Instituto Oceanográfico Español entró en aguas españolas reivindicadas por la colonia. Hasta cuatro patrulleras gibraltareñas abordaron al buque español y a las embarcaciones de la Guardia Civil que habían acudido en su ayuda. El Foreign Office volvió a convocar a Trillo y calificó el incidente de “grave intrusión”. Será difícil que baje el tono del conflicto en los próximos meses. Gibraltar celebra elecciones en diciembre de 2015 y Picardo opta a la reelección.
* El Confidencial - José María Olmo - 10.4.11
Foto: Gibraltar, vista aérea - turismo
Valencia.- Soler, rey de los 'pelotazos'
A menudo se ha comentado en este blog de la íntima relación existente entre presidentes y mandatarios del fútbol y la especulación inmobiliaria. Los palcos de un campo de fútbol es uno de los mejores lugares para hacer negocios ilícitos y contactar con personajes inmersos en el mundo delictivo del urbanismo depredador que nos rodea. Es el caso del expresidente del Valencia, J.Soler, aupado en el cargo por políticos corruptos como Camps y Barberá, arruinó al club de Mestalla y a sí mismo con las especulaciones urbanísticas. Este nefasto personaje llegó al cargo en 2004 y desde entonces sus 'pelotazos' han tenido más que ver con operaciones ilegales relacionadas con el urbanismo que con su actividad deportiva, lamentablemente.
"ELPAÍS* : En una comida con periodistas, a finales de 2004, el entonces presidente del Valencia, Juan Soler, anunció la buena nueva: “Voy a dar una serie de pelotazos para el Valencia. Ingresaremos 550 millones. Si fuera médico, trataría de descubrir una vacuna; como soy promotor, hago esto. Vamos a ser la envidia del Madrid y del Barcelona”. Soler, de 57 años, es un símbolo de la burbuja inmobiliaria. Cuando llegó a Mestalla, en noviembre de 2004, era presidente de los promotores valencianos. Contó con el total beneplácito de las autoridades locales, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Vía libre de las administraciones públicas para todas sus especulaciones urbanísticas, las propias y las que llevaban detrás el nombre del Valencia CF.
En 2006, Barberá le recalificó 130.000 metros cuadrados del estadio de Mestalla, 92.000 metros de edificabilidad, el doble de lo permitido por ley en esa zona norte de la ciudad. Como los socialistas valencianos del PSPV votaron en contra, Soler les echó a los peñistas encima. El club emitió un comunicado a favor del PP y en contra del PSPV. Fue cuando el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, tachó al líder socialista, Joan Ignaci Pla, de “Mijatovic” [el delantero montenegrino traspasado del Valencia al Madrid y acusado de traidor por los valencianistas más radicales]”.
En Riba-roja, a 20 kilómetros de Valencia, Soler concibió otro pelotazo: una nueva ciudad deportiva a pesar de que la de Paterna estaba a pleno funcionamiento. Con la ayuda del alcalde de la localidad, Francisco Tarazona, del PP, y del siguiente consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco –juzgado ahora como supuesto autor del saqueo de seis millones de las ayudas que destinaba la Generalitat a los países en desarrollo-, el promotor compró 1.651.650 metros cuadrados de campos de naranjos por 35 millones y, tras recalificarlos, los vendió por 168.
El tercer pelotazo sería el estadio nuevo, presentado con boato el 10 de noviembre de 2006, en el Museo Príncipe Felipe. A instancias de la alcaldesa, Soler preguntó a la UEFA cómo sería el campo más lujoso posible, un cinco estrellas. Y se lo encargó al arquitecto holandés Mark Fenwick. Pero, tras gastarse 150 millones, el nuevo Mestalla se quedó a medio construir, paradas las obras desde febrero de 2009, un monstruo de cemento abandonado, sin nadie que pueda acabarlo.
En realidad, el millonario era el padre, el constructor Bautista Soler, que, años después, lloraría ante un amigo por haber dejado el Valencia en manos de un hijo tan poco capacitado. Cuatro años devastadores en Mestalla, desde 2004 a 2008. La deuda pasa de 120 millones a 550. Los fichajes son un ‘todo a 18 millones’: Manuel Fernandes, Zigic, Banega… Los rivales de fuera y los buitres de dentro se aprovechan de la candidez y megalomanía del presidente. Para llegar al palco de Mestalla, Soler había comprado acciones compulsivamente, a un precio hinchadísimo, y, al marcharse del club, se las vendió a su sucesor en el cargo, Vicente Soriano. Con una gran diferencia: Soriano no iba a pagárselas, un total de 85 millones.
Soler ha arruinado al Valencia, a las puertas de ser vendido a un fondo extranjero de inversión. Pero también a sí mismo. En noviembre pasado, Urbanas de Levante, su principal empresa, presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el juzgado mercantil número 2 de Valencia. Este miércoles, Soler volvió a los juzgados acusado de tentativa de secuestro sobre su principal acreedor. Así ha acabado quien fue, a principios de milenio, el rey del pelotazo en Valencia.
* El País - CR - 9.4.14
Foto: Valencia, viejo Mestalla con las nuevas gradas anuladas - levante
Llanes se declara en rebeldía y no revisa la licencia del hotel Kaype como exigió Urbanismo
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Aquí cualquier administración puede declararse en rebeldía, todos menos los ciudadanos de a pie, claro. Es vergonzosa la falta de criterio y los intereses creados entre municipios y autonomías en lo referente a Urbanismo. El caso de Llanes (Asturias) es paradigmático al respecto, un ayuntamiento reincidente que defiende lo indefendible respecto a la licencia ilegal concedida a la ampliación de un gran hotel situado en primera línea de playa. Sin entrar en más detalles jurídicos, lo más grave parece que no se den cuenta que ya hay suficientes 'Algarrobicos' en la costa de este país y que no se pueden consentir nuevos ejemplos de urbanismo salvaje y atentados contra el ya degradado territorio.
"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes se ha declarado en rebeldía, al desoír la orden de la Dirección General de Urbanismo de revisar la licencia concedida para ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. En una decisión que algunos expertos consideran "sin precedentes" y "presuntamente delictiva", la alcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Álvarez Campillo, con el respaldo de varios informes del secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, ha decidido "inadmitir" la resolución de la Dirección General del Urbanismo por la que se le concedió un mes de plazo para revisar la licencia municipal concedida hace un año para ampliar el hotel Kaype, al considerar el organismo regional que los "incumplimientos" observados constituyen "una infracción grave" de la legalidad vigente y, en consecuencia su "nulidad de pelo derecho".
La regidora basa su decisión en los informes técnicos y jurídicos, así como en la alegación presentada por la propiedad -la empresa Carrera y Pérez S. L.-. Entre los argumentos que esgrime la dirigente llanisca figura que la resolución por la que se le exigió revisar la licencia estaba firmada por el director general de Urbanismo, José Manuel Cañal Villanueva, y no por la consejera, Belén Fernández.
El Ayuntamiento de Llanes considera un "hecho irrefutable" que la solicitud de revisión de oficio de la licencia "ha sido instada por órgano incompetente". Además, las autoridades llaniscas insisten en que la razón está de su parte en el conflicto suscitado con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en torno al cálculo de la edificabilidad. El organismo regional considera que el Ayuntamiento de Llanes otorgó a los propietarios del Kaype una edificabilidad muy superior a la máxima legal permitida (unos 1.600 metros cuadrados de más).
Asimismo, los servicios técnicos y jurídicos llaniscos mantienen, contra el criterio de Urbanismo, que fue correcto otorgar cuatro alturas (tres, más ático). Ello pese a que en aquellos concejos carentes de planeamiento urbanístico general (Llanes ha visto anulados por los tribunales de justicia todos los planes que aprobó) la legislación vigente señala que "en suelo urbano, mientras no exista planeamiento o norma urbanística que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables". Y añade: "cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes, los ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos". Urbanismo interpreta que este artículo impide superar las tres alturas en Barru, mientras que el Ayuntamiento cree que permite levantar cuatro.
Las autoridades municipales han desoído también la orden de Urbanismo de proceder a la "suspensión de los efectos" de la licencia; esto es de paralizar las obras. De hecho, los trabajos continúan y el nuevo edificio está ya a medio construir.
La orden de Urbanismo vino a dar la razón al abogado Gerardo de la Iglesia, representante de un vecino de Barru, y a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que recurrieron la licencia, al rechazar todos los argumentos en los que el Ayuntamiento de Llanes basó la concesión del permiso, otorgado tiempo después de que empezaran las obras, lo que motivó también un expediente sancionador.
De la Iglesia, experto en Derecho Público y Urbanismo, indicó ayer que no admitir a trámite la resolución de la Dirección General es "un acto de presunta prevaricación como la copa de un pino". Añadió que nunca en el ejercicio de su profesión se encontró con "una decisión semejante" y lamentó que la previsible "responsabilidad patrimonial futura" por las actuaciones del equipo de gobierno tengan que ser sufragadas "por los vecinos". Según De la Iglesia, el Ayuntamiento, al margen de otras supuestas irregularidades, ha hecho "trampas", al computar bajo rasantes para el cálculo de la edificabilidad.
* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 8.4.14
Foto: Llanes (Asturias), hotel ilegal playa Barru - lne
Lamentan que el caso de la Ciudad del Golf de Ávila siga sin responsables
Ya lo decíamos en este blog hace pocos días tras las inauditas sentencias judiciales que no encontraban culpabilidad en ninguno de los intervinientes del delictivo caso de la Ciudad del Golf. Afortunadamente aun hay asociaciones independientes como Ecologistas en Acción o Centáurea que van a presentar un recurso de apelación ante la justicia. Hay que tener en cuenta que se pretendía construir nada menos que 1.600 viviendas, una zona hotelera y varios campos de golf en un pinar protegido de las Navas, es decir que el delito no es pequeño y, aunque se consiguiera paralizar su desarrollo final, el daño realizado por la tala de grandes árboles queda en el monte como una cicatriz desmesurada. No cabe duda que en este caso ha debido haber grandes presiones políticas para evitar la imputación de altos cargos de la Junta de Castilla y León, algo que, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Tras siete años de investigación, la Justicia no halla ningún culpable de la recalificación urbanística y posterior tala parcial de un espacio natural protegido en Las Navas del Marques. Una vez más, como sucediera con las catástrofes del petrolero Prestige en Galicia y de la balsa de Boliden en el Parque Nacional de Doñana, parece que destruir la naturaleza en España sale gratis. Transcurridos siete años y medio desde que en septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara ilegal el proyecto de construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf en 215 hectáreas de la Red Natura 2000 en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), afectando a un Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra, especie en peligro de extinción, ninguno de los veinte imputados por los hechos ha sido hallado responsable de los mismos.
La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid absuelve a los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que intervinieron en los informes y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “Ciudad del Golf”, al no observar “arbitrariedad en la actuación de los funcionarios públicos informantes” sino “discrepancia técnica, fundamentada y razonada”.
Por otro lado, sentencia la Juez “que ninguno de los acusados ha dictado resoluciones (no formaban parte del órgano decisorio) sino que informaron de los aspectos medioambientales que fueron sometidos a su consideración técnica”, sin que les resulte de aplicación el tipo penal de la prevaricación urbanística porque las actuaciones enjuiciadas son anteriores a la reforma del Código Penal de 2010, y por lo tanto sólo afecta a proyectos de edificación pero no a instrumentos de planeamiento urbanístico ilegales como el informado por los cargos de medio ambiente en el caso de la Ciudad del Golf.
En este sentido, es muy llamativo que ninguna de las personas que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal, empezando por el Alcalde y el Secretario de Las Navas del Marqués, el ex-Delegado de la Junta y los restantes miembros de la Comisión de Urbanismo de Ávila, o la entonces Consejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz, hayan sido encontrados culpables o ni siquiera hayan sido enjuiciados por estos hechos, amparándose en que ellos hacían lo que informaban los técnicos.
Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, Centaurea y Ecologistas en Acción consideran que el panorama resulta desolador y peligrosísimo para la conservación de la naturaleza.
Por todo ello, ambas asociaciones van a estudiar la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, y esperan que ésta sea también la opción barajada por la Fiscalía, ante una sentencia cuya argumentación no comparten, y que en opinión de los ecologistas alienta la impunidad de las autoridades y funcionarios que por adoptar resoluciones ilegales e informes sesgados han sido incluso promocionados en lugar de cesados, como es el claro caso del actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz,.
* Ecologistas En Acción - 4.4.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com
Valencia.- La nueva ley urbanística rebaja los requisitos para legalizar los chalés diseminados
Otra autonomía que lo fía todo a una nueva etapa de especulación urbanística. El Gobierno valenciano tiene totalmente interiorizado que sólo cabe fiar el futuro al ladrillo, a más ladrillo, claro. El Consell aprobó hace unos días la nueva Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, para que continúe su trámite parlamentario. Como no podía ser menos en una Comunidad hasta los topes de viviendas ilegales, se aprobaron medidas para facilitar su legalización, es decir otra corrupción urbanística más. Tras permitir la construcción de miles de diseminados ilegales, ahora, finalmente, ceden ante la presión y la injusticia y pretenden legalizarlo todo. De nuevo la ley del más pillo y de las turbias comisiones en dinero negro. Dada la complicidad judicial en estos procesos delictivos, hay que esperar poco de los tribunales y más de una ciudadanía indignada ante estos graves atentados al territorio.
"LEVANTE* : La nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) llamada a simplificar el galimatías urbanístico valenciano inició ayer su tramitación formal al ser aprobada por el pleno del Consell. En breve llegará a las Corts para su debate y posterior aprobación. La consellera de Territorio, Isabel Bonig, compareció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para explicar los detalles de la nueva «criatura» legislativa -esto ha sido como un embarazo-, admitió.
Bonig cumple así el compromiso público que hizo el 22 de agosto de 2011, cuando anunció la quinta purga urbanística que se intentaba desde 2007, y que se acogió con escepticismo, pero que ve la luz casi tres años después. El nuevo texto legal adelgaza el paquete de cinco leyes y dos reglamentos con 1.183 artículos, heredados de la etapa de Rafael Blasco, hasta 269 artículos.
Entre las novedades de la ley menos conocidas hasta ahora está la flexibilización de la normativa para legalizar los «diseminados», las urbanizaciones construidas en suelo rústico sin servicios mínimos como saneamiento, agua o luz. «Se ha buscado una solución para los diseminados en suelo no urbanizable común», basada en los cambios de la densidad exigida. «Si antes se requería 10 viviendas o más en un área de 100 metros cuadrados para legalizarlas, lo que generaba muchos problemas, ahora se reduce [el requisito] a tres viviendas o más en una hectárea (10.000 m2) para legalizarlas siempre que presenten un plan especial y un proyecto de urbanización que debe ejecutarse para evitar los impactos en el medio ambiente. Sólo entonces se les dará la licencia de legalización».
La concreción de esta nueva medida será competencia de los ayuntamientos. «Nosotros damos un instrumento legal para regularizar una situación que existe, pero es competencia que deben ejercer los ayuntamientos de acuerdo con los propietarios [de las viviendas]», respondió Bonig cuando fue preguntada sobre si la regularización de viviendas sería «voluntaria» o la conselleria iba a iniciar una «batida» de legalizaciones. El problema de los diseminados era una de las patatas calientes que debía afrontar la nueva ley para resolver la metástasis de chalés ilegales que se arrastra desde los años 60 y 70 y que supone un auténtico quebradero de cabeza en poblaciones como Llíria, Montroi (donde dos alcaldes acabaron imputados en una investigación que aún continúa) Montserrat, Ontinyent, la Marjaleria de Castelló, Llíber o Albalat de Tarongers, por citar sólo algunos ejemplos.
Para compensar esta manga ancha con las viviendas ilegales «de hecho», se va a endurecer la prescripción de las construcciones ilegales, para que el «hecho» se convierta en «derecho». Esta medida no ha gustado a algunos alcaldes, según admitió ayer la consellera. Cuando entre en vigor la nueva Lotup las ilegalidades urbanísticas ya no prescribirán a los cuatro años, sino a los quince. Se pretende atajar así la pillería muy extendida de ejecutar unas obras sin licencia y esperar, sin hacer ruido, durante un plazo de cuatro años para iniciar el proceso de legalización de una vivienda. Bonig también recordó que la ilegalidad en suelo protegido «no prescribe nunca».
* Levante - LAURA BALLESTER - 5.4.14
Foto: La nueva ley urbanística rebaja los requisitos para legalizar los chalés diseminados - levante
El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona
Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: la profundidad de la corrupción en Cataluña del principal partido nacionalista, CiU, es inmensa y llega a todas las administraciones y rincones. Ahora salta, otra vez más, el caso Innova en Tarragona, un compendio de irregularidades urbanísticas de todos los tipos. En la macrocausa de Reus y alrededores, ha sido imputado también el presidente de la Diputación por CiU y alcalde de Vila-seca, J.Poblet, un político de gran poder en la provincia. En total los imputados por corrupción en esta delictiva trama asciende ya a unos 50, y subiendo. Como se ve, son todas las provincias catalanas las que han terminado cayendo, lamentablemente, en irregularidades urbanísticas, prevaricación y tráfico de influencias, generalmente a las órdenes de CiU.
"ELPAÍS* : El caso Innova, la macrocausa judicial en la que investiga una larga lista de presuntas ilegalidades en el entramado de empresas municipales de Reus (Baix Camp), dio ayer otro vuelco: Diego Álvarez de Juan, el titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Reus, que instruye el proceso, imputó al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (CiU), por una ristra de presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez ha citado a declarar a Poblet mañana. El presidente de la Diputación de Tarragona, el político de CiU con más poder en la provincia, está imputado por supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Atención Primaria (CAP) de Vila-seca (Tarragonès). El proyecto sanitario está siendo investigado por la Guardia Civil, la fiscalía y el juez en la pieza separada del caso Innova.
El juez también imputa por el mismo motivo a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca. Están acusados de los mismos delitos que el alcalde y citados a declarar: Francesc Xavier Farriol, regidor de Hacienda; Manuela Moya, titular de Urbanismo; Josep Maria Pujals, ex concejal de Salud Pública; Josep Toquero, edil de Relaciones Ciudadanas; Esmeralda Núñez, concejal del Área de La Pineda (el núcleo turístico de Vila-seca); y Ana Josefa Girona, que fue responsable del barrio de La Plana.
El caso Innova se ha extendido desde el entramado de empresas municipales de Reus hasta Vila-seca tras investigar la Guardia Civil los trabajos efectuados por uno principales imputados en la causa: Jorge Batesteza, arquitecto acusado de blanqueo por cobrar 387.000 euros presuntamente injustificados entre 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del hospital Sant Joan de Reus.
Batesteza fue gerente de Infraestructuras de Área de Patrimonio y Inversiones del Servicio Catalán de la Salud desde 2000 hasta el 2007. Precisamente, uno de estos trabajos de Batesteza fue la supervisión de la redacción del proyecto del CAP de Vila-seca. El 19 de mayo de 2008 una sesión ordinaria de la junta de gobierno local aprobó el encargo de Batesteza por 10.440 euros a cargo del presupuesto municipal. La decisión se tomó “por unanimidad” tras un informe del arquitecto municipal. “Este contrato puede conceptuarse y ser tramitado como contrato menor, por razón de cuantía”, que solo requiere de “la aprobación del gasto, la incorporación de la factura al expediente y el presupuesto de las obras”, rezaba en el acta municipal. El CAP, que costó 11,2 millones de euros, entró en funcionamiento en septiembre de 2011 y da servicio a 21.000 personas.
En febrero la Guardia Civil ya acudió al Ayuntamiento de Vila-seca para recbar información referente a la adjudicación, construcción y puesta en marcha del centro.
Convergència emitió ayer un comunicado en el que anuncia su total “apoyo” a Poblet y expresa su confianza en la inocencia del edil. De manera extemporánea, el comunicado mezcla la imputación de Poblet con el hecho de que el sábado participara en un acto de la Assemblea Nacional Catalana y que la acusación se produzca un día antes de que en las Cortes se debata la petición de transferencia a la Generalitat de la competencia de convocar referéndums. El Ayuntamiento De Vila-seca negó cualquier conexión con Innova y el Ayuntamiento de Reus y manifestó su seguridad en el trabajo “transparente” de técnicos y políticos del Consistorio.
El caso Innova suma ya casi 50 imputados, entre los que se encuentra la misma esposa de Poblet, Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova. Está acusada de estafa, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros delitos.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 7.4.14
Foto: El presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet / JOSEP LLUÍS SELLART
Córdoba.- El TSJA anula el plan especial que regularizaba las naves de Sandokán
Continúa la polémica de las inmensas naves industriales que posee R.Gómez 'Sandokán' en las cercanías del conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba. El empresario corrupto, acusado gravemente en el caso Malaya, luego metido en política municipal con su propio partido, siempre ha salido adelante gracias a una justicia débil y permisiva. Ahora el Tribunal andaluz anula el Plan especial que el ayuntamiento cordobés había aprobado para regularizar sus ilegales naves, pero ya es la segunda vez que esto ocurre y habrá que esperar nuevos acontecimientos.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a la Junta de Andalucía y ha tumbado el plan especial de la carretera de Palma del Río, que preveía la regularización de 15.000 de los 40.000 metros cuadrados de las naves ilegales construidas por Rafael Gómez, conocido como Sandokán. El plan especial permití también el uso industrial y comercial de los inmuebles. Y son estos dos puntos los que tumba el TSJA. Según la sentencia, se declaran “nulos” los dos artículos del Plan Especial de la carretera de Palma del Río, el 14 y el 20, referidos a los usos, “dada su inadecuación al orden jurídico”.
El alto tribunal andaluz ha anulado, de esta manera, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Córdoba en el que votaron de forma unánime todas las formaciones el 11 de diciembre de 2012: PP, dos concejales de UCOR, IU y PSOE. Es la segunda vez que el TSJA rechaza el plan especial de Carretera de Palma. En 2008 el tribunal lo tumbó porque el documento había sido redactado por la propia empresa infractora, Arenal 2000, de Rafael Gómez.
La resolución del TSJA de hoy atiende el grueso de la impugnación de la Junta y supone un duro revés a la Corporación municipal que votó a favor de legalizar las naves ilegales. El revés es especialmente duro para el PSOE e IU, que votaron a favor. Sus colegas de ambos partidos -que gobiernan coaligados en San Telmo- recurrieron un proyecto al que dieron luz verde en Córdoba sin abrir la boca y sin dudar en público ni un segundo. No les importó que su voto positivo beneficiase al mayor deudor del Ayuntamiento -Gómez debe una multa de 24,6 millones de euros por construir ilegalmente las naves- ni tampoco dudaron en alinearse con Unión Cordobesa, el partido que Sandokán improvisó poco antes de las últimas elecciones locales y que le aupó a ser el actual líder de la oposición, por delante de IU y PSOE.
Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. En su mandato se dejó que fuese el mismo Sandokán quien redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de Palma del Río y legalizara sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas llevó el asunto a los Tribunales que lo terminarían declarando nulo en 2008.
En 2010, Aguilar se convirtió en consejera de Obras Públicas. Con ella al frente se coció el nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó definitivamente en diciembre y que la Junta tumba ahora nuevamente. El plan permitía que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redactase un proyecto de ejecución que derribaría solo 15.000 metros cuadrados de los 40.000 metros cuadrados ilegales que conforman las naves
Gómez decidió presentarse él mismo a alcalde en 2011. Unión Cordobesa arrasó en las urnas y hasta hizo pensar en que la mayoría absoluta del PP estaba en peligro, aunque no llegase a tanto. Logró cinco ediles.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 1.4.14
Foto: Naves de Colecor construidas por Rafael Gómez en Córdoba. / JUAN MANUEL VACA
La justicia no halla culpables de dañar el pinar protegido en Navas del Marqués
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Es absolutamente demencial y criticable que la justicia española, una vez más, no encuentre delito para sentenciar a los culpables de este caso evidente de Urbanismo salvaje en pinares protegidos de la provincia de Ávila. Como ha ocurrido en otros asuntos graves de atentado contra el Medio Ambiente, como el del 'Prestige' por ejemplo, es inaceptable que unos jueces se inhiban ante unos delitos que, además, han causado un enorme revuelo en la sociedad. Pero es que, además, la justicia es reincidente ya que primero absolvió al alcalde de Navas y al promotor 'El Paloma', y ahora lo hace con los que debían supervisar las leyes, los altos cargos de la Junta de Castilla y León. Reír por no llorar. El siguiente paso a dar por la ciudadanía debería ser acusar directamente a estos jueces 'prevaricadores' por haber sido cómplices en esta lamentable actuación pública. ¡Podrida justicia!
"ELPAÍS* : Los jueces no encuentran culpables al intento de construir 1.500 viviendas, una zona hotelera y varios campos de golf en un pinar protegido en las Navas del Marqués (Ávila) y los daños que ocasionó hasta que este gran proyecto fue paralizado hace ocho años. En junio de 2012 fueron absueltos el alcalde, Gerardo Pérez (PP) y el promotor de la urbanización La ciudad del Golf, Francisco Gómez. Hoy, el juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid ha exonerado también a cinco técnicos y altos cargos de la Junta de Castilla y León que estaban acusados de prevaricación administrativa y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
El fallo, contra el que cabe recurso en 10 días, concluye que ninguno de los informes que emitieron se considera resolución administrativa por lo que no fueron determinantes para conceder licencia alguna. Tanto la fiscalía como los abogados de la acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción y Centaurea, reclamaban ocho años de inhabilitación para ellos.
Los funcionarios absueltos son Mariano Torre Antón, José Ignacio Molina, Juan Manuel Pardo Ontoria, Sabas Yagüe Bosch y José Ángel Arranz, actual director de Medio Natural en la Junta de Castilla y León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván se ha mostrado satisfecho por la resolución. “Siempre he confiado en el rigor y el buen hacer de los trabajadores públicos en general y de mi gente en particular”, ha declarado tras conocer la sentencia, notificada hoy.
La satisfacción de la Administración se torna preocupación si se pregunta a los colectivos ecologistas que lograron frenar el macroproyecto. "Nos parece preocupante que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León libre a responsables políticos, como a la exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, diciendo que sólo firmaba informes de los técnicos y cuando los técnicos se sientan en el banquillo, el juzgado de Valladolid alegue que no firmaron las autorizaciones para exonerarles. Uno por otro, al final nadie es responsable de nada", incide Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.
Tanto Centaurea como Ecologistas en Acción todavía tienen que estudiar si recurrirán la decisión judicial. Aunque en su ánimo está hacerlo, lo supeditan a motivos económicos, derivados del incremento de las tasas judiciales aprobado por el Gobierno del PP.
La decisión judicial ha tenido en cuenta el impacto de este proyecto sobre el área de protección de la cigüeña negra. Los abogados de los acusados insistían en que el proyecto no afecta a áreas de nidificación, ni de alimentación, consideradas áreas críticas para la conservación de esta especie. Durante el juicio, sus peritos aseguraron que se podía afectar este tipo de zonas, protegidas a nivel europeo y autonómico, “siempre que el impacto sea moderado” y se adopten medidas correctoras y compensatorias.
"Pretendían construir en una zona que estaba dentro del Plan de Recuperación de la cigüeña negra y los propios técnicos de la región se saltaron su propia normativa, que decía que no se pueden desclasificar estas zonas así como así. Proponían pasar 11,6 hectáreas del área crítica a otro lado, como si las cigüeñas pudieran leer el BOE", relata Bravo, de Centaurea.
La historia arrancó en 2001 cuando el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués compró 7.700 hectáreas de pinares (casi todo el término municipal) a la Unión Resinera. Como alegó no tener los 8,8 millones que costaba la operación, se comprometió con la empresa Residencial Aguas Nuevas a recalificar unas 200 hectáreas de pinar para levantar allí viviendas a cambio de 10 millones.
La urbanización fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2006, que dio la razón a un vecino cuya parcela de monte no fue recalificada.
La vía penal se dividió en cuatro piezas. Dos han sido archivadas. La Audiencia Provincial de Ávila exoneró al alcalde, al secretario municipal y al promotor en verano de 2012 y la causa contra los cargos de la Junta de Castilla y León, pendiente de recurso, va en el mismo sentido.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 4.4.14
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )
Patrimonio arquitectónico: catedrales de una religión industrial
"ELPAÍS* : Una iglesia y cuatro casas alrededor. A veces una escuela y también un cuartel. Así se organizó durante mucho tiempo la vida social de las comunidades, los núcleos urbanos que constituían pueblos o ciudades. La llegada de la Revolución Industrial, sin embargo, convirtió el trabajo y a sus nuevas catedrales en epicentro urbanístico de lo doméstico. El empeño y el éxito arquitectónico en la construcción de fábricas en España en los últimos 150 años ha sido muy heterogéneo. Pero en la mayoría de casos configura el relato social y tecnológico de un periodo de la historia en que la vida y los métodos de producción dieron un giro copernicano. Hoy muchos espacios que se han conservado intactos —“las bellas durmientes”, como dicen los expertos—, esperan la ejecución de un crimen perfecto, la mayoría de veces, planeado en los años de especulación inmobiliaria.
El patrimonio industrial es esa valiosa e incómoda herencia que a menudo ni Administraciones ni particulares desearían haber recibido. Sobre todo el más reciente: fábricas desprotegidas y contempladas por la ciudadanía como una mancha anacrónica en el paisaje moderno. Sucede ahora con el conjunto racionalista de Clesa en Madrid, obra de Alejandro de la Sota, considerada por los expertos como una joya del patrimonio, que aguarda estos días la licencia de demolición. O Averly, una magnífica villa factoría en Zaragoza de 1855 —la única fundición de España que hasta hace poco más de un año todavía funcionaba—, que se ha vendido a una constructora para derribarla y construir viviendas. Algo parecido a lo que les sucede a la fábrica de Bombas Gens (cuya nave principal arrasó un incendio) o a La Ceramo, ambas en Valencia, sumidas en un deterioro sin remedio. Todas son joyas del patrimonio industrial. Pero el precio del solar que ocupan impide apreciar el valor de lo que cuentan.
España, según los expertos consultados, mantiene un atraso insalvable respecto a países como Alemania (con magníficos ejemplos como la Cuenca del Ruhr) o Reino Unido. Sucede principalmente en el sur de Europa, donde la enorme riqueza cultural de otros ámbitos del patrimonio ha eclipsado al legado industrial.
Pese al enorme esfuerzo que se hizo con el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y la catalogación de 100 elementos históricos que debían protegerse, la descoordinación con las Administraciones locales y la falta de presupuesto hace que parte de la vigilancia de este acervo arquitectónico recaiga en movimientos ciudadanos (como ADUPEPA, la asociación aragonesa que lucha por el patrimonio) o expertos como Diana Sánchez Mustieles, doctora en Arquitectura y autora del blog http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es. Una de sus últimas denuncias ha sido la del complejo Averly, catalogado en el Plan Nacional, pero con protección únicamente en la parte de la vivienda. “Arquitectónicamente tiene mucho valor.Ese es el problema de que quieran derribar parte. En España muchas veces se dedican a mantener chimeneas y se descontextualiza el complejo”, explica.
La Ley de Patrimonio Histórico española no reconoce su variante industrial. Y cuando esos edificios quedan desprotegidos, el único remedio es que su dueño pelee para lograr su relevancia local o declararlos Bien de Interés Cultural (BIC). En la mayoría de casos, los propietarios evitan hacerlo para no renunciar a la millonaria venta del solar, como sucedió con Averly. “Por eso los nuevos usos deben ser rentables. De forma privada o pública. Ahora mismo las Administraciones no tienen dinero, pero los privados pueden recuperar estos espacios para nuevos usos, incluyendo viviendas. En Viena, por ejemplo, hay un conjunto de gasómetros donde hay pisos, un centro comercial y oficinas. Se puede hacer de todo. Incluso darle a esa entidad privada opciones para que recupere ese bien. Hoy por hoy conseguir un solar y edificar viviendas es ridículo. Lo que hay que hacer es rehabilitar y dar uso a los edificios abandonados”, insiste Sánchez.
Algo así se ha hecho en la fábrica El Águila en Madrid, donde ahora hay un archivo y biblioteca; en la Tabacalera de Valencia, convertida en edificio municipal, o en la de Sevilla, que es una universidad o la fábrica Vapor Aymerich, en Terrassa, hoy sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. En el País Vasco, una de las comunidades que junto a Cataluña más cuidado tiene con esta herencia, se hallan la antigua fábrica de harina La Ceres, hoy un edificio de viviendas, o los altos hornos de Vizcaya. En Europa brillan la antigua fábrica de acero Belval, en Luxemburgo, una ciudad de la ciencia y la innovación. O la mina Zollverein, en Essen, catalogada como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
El movimiento por la recuperación de este tipo de arquitectura —y de paisaje— surgió en los años setenta, cuando los procesos de reconversión industrial comienzan a eliminar décadas de historia con la piqueta. Sucedió en Reino Unido primero, cuando se derribaron grandes catedrales de la Revolución Industrial. Y poco a poco surgieron entidades internacionales como TICCIH (nacida en Reino Unido), que en España, donde el movimiento caló 10 años después, está presidida por Miguel Ángel Álvarez Areces. “Es un testimonio de lo cotidiano, es historia de nuestros antepasados y de la época contemporánea. Eran las ilusiones, los fracasos, las alegrías de las personas. Su vida. Pero 30 años después de que surgieran estos movimientos, se sigue destruyendo patrimonio, aunque hoy esté reconocido. Todavía ni las Administraciones públicas ni los propietarios reconocen que tiene un valor similar a los castillos, iglesias… Mientras a nadie se le ocurriría tocar las Pirámides de Egipto, se deja caer en el deterioro irreparable una fábrica como Averly, con más de 100 años de antigüedad y que concentra toda la historia industrial de España”, explica este reconocido experto.
Algunos lugares que fueron emblema de la Revolución Industrial, como Málaga, han perdido el rastro de aquella historia. Eusebi Casanelles, presidente vitalicio de la Comisión Internacional de Patrimonio Industrial, recuerda el caso contrario del barrio barcelonés del Poble Nou y la importancia histórica —a la altura de los cambios del neolítico, dice— de aquel periodo: “Hubo una lucha sobre qué preservar. Muchos fueron reutilizados, otros son solo chimeneas. Pero es importante que la gente cuando pasee vea unos elementos y se pregunte qué había ahí. Pueblo Nuevo era el Manchester de España. De la misma manera que se conserva el románico, nuestra obligación es hacer lo mismo con esto”.
Porque más allá del edificio, los expertos insisten en preservar su entorno y algunas de las huellas del proceso de producción que contienen todavía. Proponen una mezcla de usos rentable para el propietario, pero que permita entender el pasado. “El patrimonio industrial ayuda a explicar la historia reciente. La fábrica nunca está aislada. Es el centro de algo: viviendas, economato, escuelas, ferrocarril, un puerto… Hay todo un conjunto alrededor”, explica Alberto Humanes, quien fue arquitecto del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial entre 2001 y 2012. Un proyecto pionero, aunque se topase con problemas como la falta de iniciativas económicas o el desinterés absoluto de la mayoría de comunidades autónomas por aplicarlo. Casos como el Molinar de Alcoy (en ruinas), que la Comunidad Valenciana se negó a proteger, o los altos hornos de Marbella ilustran ese desprecio.
En 2015 se celebrará el Año del Patrimonio Industrial en Europa. Muchos de los edificios en liza estos días probablemente ya se habrán derribado.
* El País - DANIEL VERDÚ - 30.3.14
Foto: Vapor Aymerich, en Terrassa, sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. / CRISTÓBAL CASTRO
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El Escorial.- Un esqueleto para la justicia
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Ahora es una infraestructura judicial la que se suma a esa larga lista de despilfarros delictivos que existen en todas las Comunidades del país. La futura sede de los juzgados de San Lorenzo de El Escorial lleva paralizada 7 años (siete), ante la vergüenza de los políticos de la Comunidad de Madrid incapaces de terminar esa obra una vez que está medio construida. Evidentemente se podría criticar su inmediata necesidad, pero peor es hacer una fuerte inversión pública y dejarla incompleta, con lo que seguro que no sirve para nada. De nuevo la expresidenta de la Comunidad, E.Aguirre, junto a su delfín, I.González, son los culpables de este atentado contra los ciudadanos madrileños.
"ELPAÍS* : Unos cimientos, los tabiques y poco más. Así se encuentra desde hace años lo que en teoría debería ser la nueva sede de los juzgados de San Lorenzo de El Escorial, un edificio moderno recubierto de piedra levantado en una parcela de 3.108 metros cuadrados. La Comunidad afirma que no tiene dinero para terminarlo y que ha acometido mejoras en los dos edificios en los que se distribuyen los actuales juzgados.
Los juzgados de San Lorenzo de El Escorial extienden su actividad a 12 localidades con una población de 84.674 habitantes, que en épocas estivales duplica el número de residentes. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los cuatro juzgados, que comparten jurisdicción penal y civil, recibieron en 2012 un total de 12.527 asuntos que se sumaron a los 3.542 que tenían pendientes de resolver de ejercicios anteriores. El documento recoge sus carencias: “Se considera necesario y urgente un nuevo edificio judicial que, aglutinando todos los juzgados, permita desempeñar las funciones en las adecuadas condiciones de salubridad y seguridad”. El informe lo firma la juez decana, Alazne Basáñez Gutiérrez.
Otro problema acuciante es que están dispersos en dos edificios. El 1 y el 2 se encuentran en la plaza de la Constitución, en el edificio del Ayuntamiento, con los consiguientes problemas de organización; y los dos restantes, en un inmueble alquilado de la calle de Velázquez.
En teoría, los problemas de los juzgados sanlorentinos deberían haber quedado resueltos a finales de 2009 o, como muy tarde, a principios de 2010. El entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, presentó en enero de 2007 el proyecto arquitectónico del futuro Palacio de Justicia. Esas “modernas infraestructuras” le convertirían en la primera de esas dimensiones en la sierra madrileña.
El inmueble de cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante tenía prevista una superficie de 4.811 metros cuadrados y un coste inicial de 5,5 millones de euros. Se levantaría en una parcela cedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo, situada en la calle de las Pozas número 165 con vuelta a la de Teresa de Berganza.
Este enorme edificio con planta en forma de U tendría capacidad para siete juzgados (tres de reserva), cinco salas de vistas, registro civil y sala de bodas, clínica médico-forense, fiscalía, decanato y servicios de asistencia jurídica. Por fuera se había respetado la arquitectura de la zona con cubiertas de pizarra y piedra de granito en las fachadas.
El sustituto de Prada, Francisco Granados, visitó el 23 de septiembre de 2009 las obras del futuro edificio. En aquella fecha se dijo que se había reducido el precio de la adjudicación a 4,2 millones de euros, según el comunicado oficial del Gobierno regional. Pero las obras poco han avanzado desde entonces. Por fuera, tan solo se ve el armazón, algún tabique de ladrillo levantado, el esqueleto de la cubierta y redes de seguridad. Una valla perimetral impide la entrada. Paradójicas resultan las señales de “peligro, zona de obras”.
La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, preguntó por la situación y futuro del edificio a la directora general de Justicia, Beatriz Grande, en la última comisión del ramo. Esta se limitó a contestar que “en momentos de estabilidad presupuestaria” —léase recortes— había que priorizar el gasto, de forma que se pudiera garantizar el acceso a la justicia gratuita de 130.000 personas al año. Y eso, pese a que corresponden a partidas presupuestarias distintas. También aseguró que el Gobierno regional había gastado 1,5 millones de euros en mantenimiento, vigilancia, limpieza y conservación de las distintas sedes judiciales de la región. “Haremos la reposición y mejora de los edificios en función de lo que la disponibilidad presupuestaria nos permita”, añadió Grande.
A lo que no contestó la directora general fue a las preguntas de Valcarce: cuánto se ha gastado ya en el edificio, cuánto queda por pagar para terminarlo y cuándo estará listo. “La justicia para el PP no es una prioridad y finalizar los juzgados de San Lorenzo tampoco. Estamos hartos de las primeras piedras y del autobombo”, criticó la diputada del PSM. “Es una situación escandalosa, de despilfarro y de mala gestión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quizá un pelotazo urbanístico en esta zona?”, añadió.
* El País - F. JAVIER BARROSO - 31.3.14
Foto: El futuro palacio de Justicia de San Lorenzo de El Escorial. / ULY MARTÍN
El Algarrobico, la mole indestructible
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A pesar de las tópicas palabras de los políticos y jueces implicados en la causa del ilegal hotel de El Algarrobico situado en una playa virgen de la costa almeriense, parece que nadie quiere dar el paso adelante para demoler este icono del urbanismo salvaje en este país. 15 años más tarde y tras multitud de denuncias, acciones políticas y sentencias judiciales contradictorias, ahí sigue en pie, como un barco varado en medio de la nada. Cuando ya parecía que se le terminaban sus días tras la sentencia del Supremo, una última del Tribunal de Andalucía, irregular y puede que prevaricadora, ha decidido amnistiar, momentáneamente, la mole de cemento junto a las aguas del Mediterráneo. Habrá que seguir esperando, sin duda.
"ELPAÍS* : Todos daban por cerrado el destino del hotel aferrado como un empaste blanco a la dentadura montañosa del cabo de Gata: 65.000 metros cúbicos de hormigón para rellenar los cerros vaciados por excavadoras. El derrotero judicial hacía presumir que el Algarrobico saltaría por los aires el día que el último recurso se resolviese, pero un inesperado fallo a favor de la constructora Azata parece que puede guiar el hotel a la salvación. Incluso para los más críticos con esta sentencia, los tribunales han tenido la virtud de recordar que, a pesar de que hacía años que las Administraciones solo hablaban del Algarrobico para fijar la estrategia de derribo, jueces y políticos han ido sucediéndose y la mole resiste en la playa con los ojos entornados frente al sol. Decenas de sentencias, cuatro ministros de Medio Ambiente, tres presidentes de la Junta de Andalucía, dos alcaldes de Carboneras… Todo pasa, menos el Algarrobico.
En un país asomado al abismo del ladrillo, el Algarrobico se erigió para ecologistas y Administraciones en el modelo de lo que había que evitar. Ahora los tribunales han aceptado un recurso de los promotores y del Ayuntamiento y estiman que el hotel se encuentra en terreno urbanizable, en contra de lo que había dictado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería en el proceso que dio pie en 2008 a un caso muy complejo. La última sentencia se sintetiza en la idea de que el edificio responde a un planteamiento de los años ochenta, anterior a que la zona se declarase parque natural, y que los terrenos sobre los que se levantó se consideraban entonces urbanizables. En ese momento ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía ni el Estado intentaron detener la construcción, e incluso allanaron su camino con maniobras dudosas (un famoso plano que alguien en la junta modificó a bolígrafo con el argumento de subsanar un error gráfico). Esto viene a significar un cambio espectacular de criterio: antes el juez definió la modificación de la planimetría como “burda maniobra” tras la que quedaban intereses oscuros, determinó que la Ley de Costas y la declaración de parque natural prevalecían sobre los derechos de los terrenos… Ahora eso ha cambiado.
Un comienzo para entender las aristas del caso es visitar a José Rodríguez, subdirector de la inmobiliaria Azata. Recibe en la sede de la misma, un palacete del centro de Madrid coronado con una bandera con el anagrama de la compañía.
Azata se define como una empresa dedicada a la construcción y el arrendamiento de infraestructuras. Con ese modelo creció por el norte de Madrid mediante proyectos a menudo polémicos, como una urbanización en un pinar de Boadilla. La familia Rodríguez no era una de tantas madrileñas de las que veranean en Almería: también tenía intención de ampliar sus negocios al sur. Por eso en 1999 compró a buen precio unos terrenos frente a una playa de piedras que sirvió de escenario en el rodaje de Lawrence de Arabia. El proyecto del Algarrobico se diseñó para touroperadores internacionales: un gran hotel que se compartimentara en siete módulos independientes.
“Se han generado expectativas sobre la demolición que no se refrendan por los hechos jurídicos”, asegura Rodríguez. “Cuando compramos, nos informaron de que el terreno era urbanizable”, asegura. “Nos movió la confianza legítima en la Administración: no nos pueden venir a decir ahora que las reglas han cambiado”.
Azata no aclara si aspira a retomar las obras del edificio (según ellos, completo al 90%) o si batalla por una indemnización. Su posición es que, si cambiaron los criterios para querer un hotel, la Administración debe asumir los gastos: “Ahora la idea es que un parque tiene que protegerse más que cuando nos dieron las licencias. Nos parece bien, pero las Administraciones deben asumir los costes”. A la pregunta de si considera que la apariencia mastodóntica del hotel en mitad de un paraje virgen fue la que desató la alarma, Rodríguez explica que todo está en la pintura: “No es tan grande. En blanco choca mucho. Se planeó que fuera ocre, pero nos obligó la normativa municipal. También teníamos previsto un jardín vertical que lo mimetizaría con el paisaje”.
Opuesto a esta argumentación, José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, considera que la última resolución judicial es “un colchón que los jueces han creado para legitimar lo próximo: la legalización del hotel en la sentencia que está a punto de salir sobre su licencia”. Si esa nueva resolución dictaminara que el plan parcial en base al que se concedió la licencia estaba en orden, la estructura principal del hotel (la que se incrusta en la montaña: pisos del 10 al 21) se consideraría en regla. No sería el caso de los 100 metros a pie de tierra (los pisos del 1 al 9 y las piscinas) que violan la Ley de Costas —de 1988, cuando se inició la tramitación del hotel— por estar dentro de la zona de servidumbre de protección marítima: sobre esos 100 metros ya hay una sentencia firme del Supremo en 2012, que ordena la demolición. Así, si se determinara que el grueso del hotel es legal, se abriría un debate endemoniado: ¿la solución es derribar solo una parte, compensar por el resto a los propietarios y derribarlo entero o abrir al público la zona legal?
El del Algarrobico también es un problema de distancias. La foto del hotel escandaliza en Madrid y Sevilla, pero en Carboneras una mayoría de la ciudadanía lo apoya. El pueblo es otro de esos rincones del litoral español en los que las discusiones urbanísticas compiten en los bares con las futbolísticas. Carboneras creció desproporcionadamente en segundas residencias, y ahora los anuncios de venta y alquiler recorren su paseo marítimo. Sin embargo, pequeño y tranquilo, dista mucho de ser una ciudad sin ley urbanística.
Dentro de un parque natural al que cedió el 75% de su término municipal, los cultivos están limitados. Con 8.000 habitantes, el paro ronda el 35%. Tiene una central térmica, una cementera, una desaladora y una notable flota de palangre. A pesar de ello, el jueves la lonja estaba cerrada y casi no se veían pescadores.
El alcalde del pueblo es desde hace dos años Salvador Hernández (del partido independiente Gicar). Alineado con la defensa del hotel, expresa en su despacho cierta incredulidad: “Después de tantos varapalos la sentencia nos deja helados. Tampoco quiero ser populista: esto no va a generar mil empleos, pero quizá sí 80, y eso es mejor que nada para una estructura a medias. Sobre si es feo o bonito puedo tener mi opinión, y a lo mejor me habría gustado un hotel más recogidito, pero lo que hay que ver es si se ajusta a derecho”.
Hernández heredó el Algarrobico del socialista Cristóbal Fernández, regidor casi 30 años. Carismático y controvertido, Fernández determinó la incorporación del municipio al parque natural, recibió un indulto del Gobierno tras una condena por apaños electorales y fue sucesivamente amigo y enemigo íntimo de Cristina Narbona, ministra cuando estalló la lucha contra el hotel. En un segundo plano de la actividad desde hace una legislatura, el nuevo portavoz del PSOE local es otro Fernández, su sobrino.
“Gobierno y junta se reúnen para discutir quién pone la dinamita, pero con nosotros no cuentan”, lamenta el actual alcalde en referencia a las conversaciones estos años entre la junta y los ministros de Medio Ambiente (tras Narbona: Elena Espinosa, Rosa Aguilar y Miguel Arias Cañete) sobre cómo se aportarán los millones del coste del derribo. “Somos los indios de la reserva: no podemos opinar”, insiste.
El alcalde recuerda que la junta en un principio apoyó el hotel. Una razón política es que Fernández era socialista. Otra, que Andalucía deseaba promocionar el turismo en el parque natural y estaba dispuesta a exhibir manga ancha en las condiciones. Defendió varios proyectos de promoción turística (en 1985 y 2004) que apostaban por las infraestructuras hoteleras. “El problema es que no pareció calcular las dimensiones del proyecto de Azata, y que desde el principio los promotores jugaron al borde de la ley”, considera una fuente municipal: “La junta confió en que harían algo que trajera turismo, pero cuando vio eso y el revuelo que estaba armando, no pudo defenderlo”.
Al acercarse al Algarrobico para conocer al protagonista de la historia resuenan las palabras del subdirector de Azata: “No es tan grande”. Sin embargo, al doblar un recodo entre las rocas emerge lo que parece una pirámide con poco que envidiar al Machu Picchu. Más que en Lawrence de Arabia, la playa hace pensar en la estatua de la Libertad que Charlton Heston halla en la escena final de El planeta de los simios: el cementerio de un vestigio de una civilización extinta. Tras las dimensiones, más descubrimientos. Por ejemplo, que, al contrario de lo que suele argumentarse, el hotel no se derrama directamente sobre el mar, sino que muere en una carretera a menos de 40 metros del agua. Otro mito: el hotel no parece tan terminado como asegura Azata. No es solo el deterioro que ha acumulado en ocho años; también la impresión de que muchos elementos se aceleraron ante la inminente detención de las obras. Pequeñas distorsiones que representan bien lo que fuentes cercanas al proceso tildan como “la demagogia de los dos lados”.
Miguel García era el jefe de obras el 21 de febrero de 2006, cuando se pararon y 234 trabajadores abandonaron el hotel. Ahora trabaja de guarda del edificio. Recorre las habitaciones y se lamenta mientras encadena cigarrillos con soltura de cowboy: “¡Qué lástima!”. García sube por escalones de mármol hasta la cúpula que preside el hotel. En su camino pasa por toneladas de material de construcción y chumberas que crecen en los escombros. La orden judicial no permite tocar nada desde hace ocho años. La cocina ha sido saqueada, los cables y aires acondicionados han desaparecido. Las cuatro grúas alrededor del edificio son devoradas pacientemente por el mar. “Los días de viento es horrible: giran como locas”, dice García. Su sueño es terminar la obra. “Y beberme una cerveza en la terraza”, sonríe. Él horadó la montaña: “12 pisos, a plomo. A ver cómo rellenan eso si tiran el hotel”, mira desafiante evocando la caries. “El error no fue el tamaño, sino pintarlo de blanco”, concluye.
A espaldas del Algarrobico se abren los montes. La última sentencia también deja como urbanizable un segundo sector allí que, para los ecologistas, puede ser la clave del asunto. “Ahí el promotor quería construir unos campos de golf y siete hoteles que a nosotros no nos convencen nada”, reconocen fuentes del equipo municipal: “Nosotros les apoyamos con lo del hotel porque está a medio construir, pero luego ya veremos”.
Todo está por ver. A espera de la última batalla judicial, el del Algarrobico se eleva como un conflicto difícil de resolver. Ni siquiera con una mano de pintura.
Un hotel con demasiadas vistas
MANUEL PLANELLES
La duda era cuándo. Porque la mayoría de actores implicados en la polémica tenía claro que tarde o temprano —quizás, más tarde que temprano— las piquetas limpiarían el paraje de El Algarrobico, donde se levanta un hotel que tiene una veintena de autos y fallos a sus espaldas que parecían condenarlo a la demolición. Pero una nueva sentencia, esta semana, ha descolocado a muchos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que el edificio está en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que se debe considerar urbanizable. Este pronunciamiento no salva al hotel, porque hay una ristra de fallos que lo dejan al borde del abismo desde que su construcción fue paralizada en 2006.
Sin embargo, el TSJA ha reforzado las pretensiones económicas de la promotora Azata, que siempre ha mantenido que empezó a levantar el hotel en 2003 con el permiso de las Administraciones. La constructora reclama —de momento, sin éxito— 70 millones de euros al Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería). La última sentencia también puede retrasar el hipotético derribo al enmarañar más su camino judicial. Aunque, en verdad, los ocho años que lleva abierto este caso no son tantos si se compara con otros precedentes. Por ejemplo, el Gran Hotel se levantó en la década de los setenta del siglo pasado en la zona de Atlanterra de Tarifa (Cádiz). Nunca abrió porque, entre otras cosas, invadía la zona de dominio público. No se logró demoler hasta 2002.
La última sentencia del TSJA ha desatado una tormenta de reproches a los magistrados que firmaron el fallo. Los ecologistas han presentado una querella por prevaricación. La Junta, que recurrirá en el Supremo, critica la “desprotección” que se va a generar. IU, que gobierna con el PSOE en Andalucía, habla de una decisión “aberrante” y de “extrañas maniobras judiciales”.
Lo que más ha sorprendido de la última sentencia es que la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA ya se había pronunciado sobre los suelos en los que está el hotel en junio de 2012, pero en sentido contrario al fallo de esta semana. Los jueces de la sección Primera —al igual que los magistrados de la Tercera que firman la última sentencia— decidieron hace casi dos años anular el plan de ordenación del parque de Cabo de Gata en la parte que afectaba al paraje en la que se levanta el hotel. Al fijar la situación en la que quedaban los suelos de El Algarrobico tras esa anulación, la sección Primera concluyó que ahí nunca se podría edificar al ser zona no urbanizable. Pero la sección Tercera, al analizar el mismo caso, ha concluido que el área es urbanizable.
El cambio de criterio se ha producido cuando han cambiado los jueces. Contra el plan de ordenación de este parque se presentaron 28 recursos en el TSJA. “Todos, absolutamente todos los pleitos” fueron “tramitados en la sección Primera”, sostiene José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace y de varios grupos ecologistas. Fuentes de la sala de lo Contencioso-administrativo reconocen también que la “mayoría” de recursos contra el plan se analizaron en esa sección. Pero el de Azata, que cambia el criterio sobre el paraje de El Algarrobico, ha sido resuelto por la Tercera.
Las mismas fuentes del TSJA afirman que la sección Tercera es la capacitada para analizar los asuntos medioambientales. Esgrimen un acuerdo interno del tribunal de 2011 en el que se establecía el reparto de áreas. Ese acuerdo existe. Pero en él se establece que todos los casos que estuvieran turnados antes de 2011 en una sección debían continuar ahí. No ocurrió así con el recurso de Azata, que se turnó y tramitó durante al menos cuatro años en la Primera pero fue sentenciado por la Tercera.
Los ecologistas denuncian en la querella que el cambio se produjo solo unos días antes del fallo. El TSJA, sin embargo, afirma que la sección Tercera se encargaba del caso desde marzo de 2012. “Llevaba más de un año en el armario del ponente [Jorge Muñoz Cortés]”, indican estas fuentes que, sin embargo, reconocen que no existe resolución alguna firmada por los magistrados de esa sección que pueda respaldar esta afirmación. Las partes personadas no supieron hasta un mes antes de la sentencia que era la Tercera la que deliberaría.
Estos movimientos han puesto en alerta a los ecologistas y a la Junta. En la querella que el grupo Salvemos Mojácar ha presentado contra los magistrados se afirma que el “presunto motivo” por el que se produjo el traslado de procedimientos de una sección a otra era “para poder dictar una sentencia contradictoria sin vulnerar el principio de igualdad”. Pero el miedo de los ecologistas va más allá de este último fallo. La sección Tercera es la que se pronunciará sobre otro fleco fundamental: la nulidad de la licencia de obras del hotel. La sentencia se espera para dentro de un par de semanas y, tras la última conocida, se teme otro volantazo en este enredado caso.
* El País - AMANDA MARS - 31.3.14
Foto: El hotel del Algarrobico, en Carboneras, cuyas obras se pararon en 2006. / FRANCISCO BONILLA
