Los excesos de la llamada 'burbuja inmobiliaria' se siguen viendo todavía como una oscura maldición que hubiera caído sobre el país. La realidad es mucho más sencilla y ha sido una conjunción de intereses político-financieros durante los últimos 15 años la que la ha propiciado. Ha habido numerosos políticos y banqueros que se han hecho de oro especulando ilegalmente en el mercado inmobiliario, sin que la justicia haya castigado a estos delincuentes de guante blanco que han sumido al país entero en una crisis-estafa sin precedentes. A pesar de operaciones opacas, como el llamado Banco malo o Sareb, el volumen de activos inmobiliarios tóxicos de los bancos cotizados sigue marcando récords. Y a la puerta están los fondos buitres internacionales para caer sobre las sospechosas gangas actuales.
"ELPAÍS* : El ladrillo persigue a la banca. La purga de los excesos de la burbuja inmobiliaria de la pasada década no ha terminado. Pese al gran esfuerzo en provisiones y las enormes pérdidas asumidas, los bancos cotizados tienen en sus cuentas cada vez más activos tóxicos. Mientras que los bancos rescatados han limpiado sus balances con cargo al dinero público y al banco malo, las entidades teóricamente sanas son ahora las que están más enladrilladas.
Aunque han ido reduciendo el volumen de crédito, tienen más suelo, más promociones, más viviendas de particulares embargadas y más créditos a promotores morosos y subestándar que nunca. Y, lo que es peor, tienen también una cifra récord sin provisionar de esos activos “potencialmente problemáticos”, según la denominación del Banco de España.
Los siete grupos bancarios presentes en el Ibex 35 sumaban 135.288,6 millones de euros entre créditos a promotores con problemas e inmuebles que se han quedado por impago de créditos. Eso supone casi 14.000 millones más que un año antes. En la suma se han incluido el total de La Caixa (no solo CaixaBank, que es el banco cotizado) y de BFA (no solo Bankia). De los siete grupos, el de Bankia es el único que ha sido rescatado con dinero público y que, en consecuencia, ha traspasado el grueso de su cartera de crédito promotor y de inmuebles al banco malo. Por eso, en su balance, el crédito promotor y los inmuebles tienen un peso muy inferior al de los otros grandes bancos. Aun así, la entidad con el balance más saneado en relación con el ladrillo es Bankinter, que fue, con diferencia, la más prudente de las seis en los tiempos de la burbuja.
Durante 2013, han sido fundamentalmente dos los factores que han provocado que crezcan los activos problemáticos. El más evidente es el avance de la crisis económica, la paralización del mercado inmobiliario y la caída adicional del precio de la vivienda, la sexta anual consecutiva. El segundo factor ha sido el aumento de la exigencia del Banco de España a la hora de clasificar como dudosos o subestándar, esto es, como problemáticos, ciertos créditos refinanciados que antes figuraban como sanos. Quizá la mejor noticia para las entidades es precisamente esa, que cada vez queda menos crédito promotor clasificado como sano, es decir, queda una menor bolsa susceptible de ir entrando en la categoría problemática. Del otro lado, lo que ha ido aumentando es la morosidad en las hipotecas para la compra de vivienda y los embargos de pisos por impagos.
En cuanto al crédito, hay casi 9.000 millones más clasificados como dudosos, pese a que en torno a 7.000 millones han desaparecido de esa categoría por pasar directamente a fallidos (y estar completamente cubiertos). Se reducen en unos 3.000 millones los subestándar y aumentan en cerca de 5.000 millones las coberturas, con lo que el riesgo problemático sin cubrir crece en cerca de 1.000 millones. Eso sí, los bancos ya no tienen las provisiones genéricas por el crédito sano por importe de unos 8.000 millones que constituyeron a cierre de 2012 y que ahora han ido aplicando a fallidos y a créditos problemáticos, con lo que el deterioro es mayor de lo que aparenta. La Caixa es la que más ha reducido el crédito promotor problemático y el Popular, lastrado desde que absorbió el Pastor sin ayudas, el que más lo ha aumentado. BFA y Bankinter tienen la posición más cómoda.
Pero entre los activos tóxicos, los que más crecen son los inmuebles que están directamente en poder de los bancos. En un año, han pasado de unos 65.000 a unos 72.000 millones de euros. De esa cifra, unos 24.000 millones corresponden a suelo, el activo más improductivo, con más difícil salida en el mercado y que ha perdido una mayor parte de su valor. Aunque el Gobierno aireó inicialmente que exigiría coberturas del 80% sobre el valor del suelo, finalmente se enmendó a sí mismo y se conformó con exigir un 60%, que es a lo que se han ajustado la mayoría de las entidades con la gran excepción de BFA-Bankia, que ha cubierto el 85%. Hay, por tanto, suelo contabilizado por un valor neto cercano a los 10.000 millones de euros en los balances de estas entidades.
Por entidades, La Caixa se ha destacado como la mayor inmobiliaria, con promociones, suelo, viviendas embargadas y otros activos adjudicados por impago por importe de 17.490 millones de euros, aunque también es la entidad que tiene más provisiones. La absorción del Banco de Valencia explica en buena parte el salto de 2013. Tras La Caixa se sitúa BBVA, con unos 13.700 millones brutos en inmuebles. Luego va el Banco Sabadell, si bien de sus 12.855 millones hay 5.500 millones que están sujetos al esquema de protección de activos (EPA) por la compra de Banco CAM. El Popular es el cuarto con más inmuebles, pero el que más tiene en proporción a su tamaño. El Santander, que era la entidad sana más cargada de inmuebles en 2011, tiene ahora una posición más holgada que el resto. Los alumnos aventajados son de nuevo BFA-Bankia (con ayudas públicas) y Bankinter (sin ellas).
* El País - MIGUEL JIMÉNEZ - 13.3.14
Foto: Pisos a la venta a las afueras de Madrid. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)
La banca continúa enladrillada
La obra inacabada del polideportivo de Navalcarnero no justifica dos millones
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Otra construcción municipal producto del despilfarro delictivo que ha asolado el país en los últimos 15 años. El polideportivo inacabado de Navalcarnero (Madrid) lleva paralizado desde 2008 y, como se ve, con importantes desvíos monetarios. El ayuntamiento 'popular', que gobierna de forma ininterrumpida desde 1995, no sabe bien qué hacer ahora ya que la reanudación de los trabajos conllevaría labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondría importes cuantiosos. Este es el resultado lamentable que ocurre, o ha ocurrido, en multitud de municipios por toda la geografía del país, sin que los políticos implicados hayan pagado judicialmente por ello.
"ELPAÍS* : Las obras del polideportivo inacabado de Navalcarnero, interrumpido en 2008 y en el que el Ayuntamiento ha invertido 10,5 millones de euros, no justifican el destino de al menos dos millones. Así se desprende de un informe del pasado 18 de diciembre sobre el estado actual de los trabajos de edificación de las instalaciones deportivas para “verificar el total de la obra certificada en comparación con la obra real ejecutada”.
El estudio es incompleto como reconoce Asserta Estudios Técnicos, la encargada de hacerlo, que no recoge en su informe la totalidad de unidades de obra, “unas por encontrarse ocultas, y otras por no disponer de herramientas suficientes para poder constatar el alcance de lo ejecutado”. El peritaje lo encargó el Consistorio, donde Baltasar Santos (Partido Popular) gobierna de forma ininterrumpida desde 1995. El PP tiene mayoría absoluta con 12 concejales, frente a los siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).
El 25 de mayo de 2006 fue suscrito el contrato de concesión de obra pública entre el Consistorio y Constructora Hispánica —conocida por su presunta vinculación con el caso Gürtel (los dueños actuales de la compañía no tienen nada que ver con los anteriores)— para la construcción del complejo y su posterior gestión. La obra costaría 14.837.273 euros, incluidos un parque y un vial de acceso al centro deportivo desde una rotonda cercana, de los que Navalcarnero financiaría el 80%. Esto es, 11.869.818,40 euros, que se repartirían en dos ejercicios presupuestarios. El 20% restante lo pondría la adjudicataria. La duración de las obras tendría un plazo máximo de 18 meses, mientras que el de la concesión sería de 38 años. El Consistorio aportaría en concepto de subvención 342.000 euros anuales por explotación de las instalaciones deportivas y otros 97.325 euros por el mantenimiento, conservación y limpieza del complejo, cantidades revisadas anualmente conforme al IPC durante el periodo de concesión.
Desde que la obra arrancó en junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008 se emitieron 21 certificaciones por un importe de 11.411.659,50 euros que, tras añadirles el correspondiente IVA del 16%, aumentan hasta 13.237.525,04 euros, cifra de la que el Ayuntamiento aportó 10,5 millones. Aparte, el Consistorio aprobó en noviembre de 2010 un modificado por importe de 1.186.723 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras, la sociedad que compró Constructora Hispánica, modificando así el anterior contrato. Este proyecto modificado no incluye una serie de partidas que figuraban en el Proyecto original, sin las cuales, según el criterio de los peritos, “no resultaría posible el funcionamiento y correcto acabado de la instalación deportiva”. Asserta Estudios Técnicos se refiere en concreto a partidas de pintura, instalación hidráulica y eléctrica de fuerza, instalación de depuración, instalación de iluminación, y “la práctica totalidad” de las unidades de cerrajería y aparatos sanitarios.
La oposición denuncia además que estas cantidades representan en torno al 90% de la obra cuando el polideportivo es un esqueleto de hormigón, y rebaja lo construido a solo un 20 o 30%. “A la vista de las obras ejecutadas y aquellas pendientes de realizar”, Asserta Estudios Técnicos, que realizó el peritaje de las obras los días 5 y 26 de noviembre, considera que se ha ejecutado “entorno al 65 o 70%” del presupuesto del proyecto modificado. Y cuantifica en seis meses el tiempo necesario para la obra pendiente de hacer, en relación con los plazos acordados. “Este tiempo deberá descontarse de la certificación de aquellas partidas valoradas en función de un alquiler mensual”, observa la empresa que realizó el estudio.
Este viernes está previsto que el alcalde, la concejal de Hacienda y la concejal de Urbanismo y Obras Públicas declaren ante la juez tras la querella, admitida a trámite, que el PSOE y el PDAP presentaron el pasado octubre por la construcción del polideportivo y su posterior gestión. Los responsables municipales debían haber declarado en principio el 17 de febrero, pero pidieron aplazamiento y se lo concedieron. La oposición entiende que existen indicios fundados de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
Pillaje de un edificio público
El polideportivo La Estación se debía haber finalizado a finales de diciembre de 2007. Sus 6.000 metros cuadrados de superficie, con una piscina olímpica y tres recreativas semiconstruidas en distintas plataformas, cada una de ellas descargando su agua en la siguiente —también habría un gimnasio y una cafetería—, iban a revitalizar la localidad. Seis años después de que las obras fueran interrumpidas, el abandono del edificio duele a la vista.
La empresa autora del peritaje destaca los “actos vandálicos” que ha sufrido el complejo, de los que la mayoría son el resultado del robo de “un número significativo de elementos constructivos”, en especial de la instalación eléctrica y la de climatización. Como ejemplos del expolio, la firma incluye una docena de fotografías, en las que se aprecia el techo de los vestuarios/aseos masculinos sin los conductos de ventilación y eléctricos. O el “ennegrecimiento” por un fuego en el cuarto que iba a albergar las instalaciones de protección contra incendios y un grupo electrógeno. Los depósitos de agua caliente sanitaria también aparecen destrozados, como parte del cerramiento del edificio del gimnasio.
Atendiendo al estado actual de la obra, los autores del informe consideran que la reanudación de los trabajos “conllevará obligatoriamente el desarrollo de labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondrá importes muy cuantiosos”. La “elevada” inversión que requeriría la reposición del material sustraído no se especifica.
* El País - JOSÉ MARCOS - 27.2.14
Foto: Piscina olímpica y graderío del polideportivo sin terminar de Navalcarnero. / CARLOS ROSILLO
Ruz vuelve a citar a declarar a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel
La dilatación en el tiempo de la trama Gürtel hace que los imputados deban declarar repetidamente, y parece que, además, con escaso éxito porque solo se acusa a unos empresarios afines al PP, pero todavía no se ha visto a ningún político de los cientos que debe haber en este caso de corrupción en varias autonomías. Y esto empieza a oler mal, si finalmente solo se condena a la parte privada de la mafia urbanística pero no a los responsables públicos que lo permitieron y se lucraron también con ello (de una forma u otra). El caso Gürtel de corrupción es demasiado grave y hay numerosos altos cargos 'populares' implicados en él, pero hay que dudar de que, finalmente, se haga justicia, ya que todos los políticos inmersos en esta trama mafiosa están libres y sonrientes al día de hoy, y no parece que la situación vaya a cambiar mucho en el futuro.
"20MINUTOS* : El juez Pablo Ruz ha llamado a declarar la semana que viene, entre el 19 y el 21 de marzo, a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como al considerado contable de la red José Luis Izquierdo para concretar mejor los delitos que se les imputan. Ruz adopta esta decisión en un auto a petición de las fiscales de caso Gürtel al entender que procede "nuevamente recibir declaración" a estos imputados, teniendo en cuenta que fueron interrogados "cuando la causa estaba aún secreta —en 2009— o antes de que se remitiera documentación" de comisiones rogatorias, informes policiales y de las unidades de auxilio judicial.
A Crespo, al que el juez ha citado para el 19 de marzo, Ruz también le quiere interrogar en el marco de la investigación de si el acrónimo 'PAC' que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos como perceptor de comisiones, ya que su abogado Miguel Durán ha afirmado que realmente se refiere a Francisco Correa. La toma de declaración a los presuntos cabecillas de la trama se enmarca en las diligencias que está realizando el juez como paso previo al cierre de la causa en la que se investiga el caso Gürtel, han informado fuentes jurídicas.
Hechos constitutivos de delito
Hasta el momento, según señala el auto, los hechos que la Fiscalía imputa a Correa, Crespo, Izquierdo y 'El Bigotes' serían constitutivos de delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales, todos ellos de carácter continuado.
La Fiscalía relata en su dictamen, en el que se basa el juez para acordar estas diligencias, cómo Correa, desde 2000 hasta 2009, auxiliado por otros imputados y desde 2002 por Crespo, "habría liderado un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas —bien para sus empresas bien para terceros— mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones". Correa desarrolló su actividad en la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, así como en los municipios de Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares, y en relación con entidades públicas como AENA "prevaliéndose para ello de la relación que le unía con algunos cargos públicos vinculados a esas entidades".
Las dádivas presuntamente percibidas por los distintos cargos públicos consistían en dinero en efectivo o viajes organizados por Pasadena Viajes, y que eran sufragados por él o por los propios funcionarios de esas entidades "simulando pagos de servicios recibidos por parte de las sociedades" del grupo Correa con "facturas inveraces". "En algún caso como el de la Comunidad de Madrid, las comisiones entregadas a los funcionarios se computaban como coste de los contratos públicos a los que afectaban generando un sobreprecio".
Ocultación de fondos
También hay indicios de que Correa habría colaborado en la ocultación de los fondos percibidos por los cargos públicos, bien comprando los bienes con ellos adquiridos, bien encubriendo sus inversiones en sociedades participadas por funcionarios o bien, como hizo con el extesorero del PP Luis Bárcenas, constituyendo sociedades que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como la procedencia de sus ingresos.
De Crespo, la Fiscalía refiere que sería "el encargado de la gestión diaria del entramado societario" de Correa, auxiliado por José Luis Izquierdo, que se ocuparía, básicamente, "de la gestión de la tesorería opaca del grupo y de la facturación irregular". "El Bigotes", gerente de la empresa Orange Market, sin perjuicio de lo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, habría colaborado en los pagos a Bárcenas, el ex alcalde de Pozuelo y ex marido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, y el ex diputado Jesús Merino.
En otro auto notificado este martes, el juez cita también como imputada por un delito de prevaricación para el 18 de marzo, día en el que estaba ya previsto que declare como imputado el hijo del extesorero de AP Ángel Sanchís, a Julia López Valladares, que trabajaba para el servicio de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en relación a las contrataciones públicas adjudicadas a empresas relacionadas con la trama. Según el juez, la imputada daba supuestamente instrucciones a las empresas del grupo de Correa de cómo debían facturar para eludir la publicidad en la contratación pública y, en particular, sobre cómo facturar un mismo acto mediante varios contratos menores a diversas empresas de la Gürtel aparentemente independientes.
* 20 Minutos - EFE - 11.3.14
Foto: F.Correa (archivo) - 20minutos
El alcalde de Ourense, imputado por dar una obra a dedo en 2008
Continúa la corrupción urbanística en Galicia y, a poco que la justicia quiera investigar, de allí no se escapa ningún político sin acusaciones delictivas. En Ourense, unos de los feudos 'populares' gracias al cacique Baltar, sale ahora la concesión a dedo de una obra por el actual alcalde socialista, A.Fernández, cuando en 2008 formaba parte de la junta de gobierno local. Pero en realidad la licencia de construcción es de 1998, nada menos. Como siempre la celeridad judicial es asombrosa y no se sabe bien cuáles son los motivos de que aparezcan las imputaciones años más tarde y en determinadas condiciones políticas. ¿Hay alguna mano oscura por detrás, tanto en este caso como en otros semejantes? Queda siempre la sospecha.
"LAVOZDEGALICIA* : El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, que tantas veces había acudido a los juzgados en calidad de testigo, o perito, durante su etapa como inspector de Hacienda, estrenará el 27 de marzo la condición de imputado. Era concejal de Economía e Facenda y formaba parte de la junta de gobierno local en 1998. Una obra encargada en aquella época provoca esa situación. Hay doce imputados más: políticos que no están en activo -la mayoría del BNG- y las actuales primera y segunda tenientes de alcalde, las socialistas Marga Martín y Áurea Soto. Pero también hay tres empresarios y un funcionario.
La remodelación de la céntrica calle Bedoya ha quedado como una de las obras estrella del Concello de Ourense durante el mandato de la corporación municipal del 2007 al 2011. Es la causa de que Agustín Fernández y su antecesor, Francisco Rodríguez, que dimitió por la Pokémon, compartan imputación. Formaban parte de la junta de gobierno en la que se decidió encargar unas obras por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente, pese a que su montante de 623.000 euros «la hacía impropia para poder ser tramitada por el procedimiento elegido». Como se dice en el propio auto judicial, con referencia a la Ley de Contratos del Sector Público, deberán publicarse anuncios cuando el valor estimado de las obras sea superior a 200.000 euros.
La denuncia presentada el pasado mes de septiembre por el concejal Gonzalo Pérez Jácome, del grupo minoritario de Democracia Ourensana (DO), que no formaba parte de aquella corporación, afecta también a dos concejalas del PSOE que permanecen en activo: Marga Martín, imputada en el caso de ayuda a domicilio que instruye el mismo juez, Antonio Piña, y Áurea Soto, la edila de Urbanismo, sobre la que pesan hasta cinco querellas en las que intervienen de uno u otro modo un promotor inmobiliario local, DO, PP, USO y la CIG.
También aparecen citados el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, la exconcejala nacionalista Marta Arribas y los tres ex tenientes de alcalde del BNG: Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez y Andrés García Mata.
Este último, al igual que el titular del servicio de asesoría jurídica del Concello, han sido convocados por el juez para una segunda declaración, también en calidad de imputados. A la prevaricación administrativa que el juez apunta para toda la junta de gobierno suma, en estos dos casos, la concurrencia de un segundo delito de fraude y exacciones ilegales.
Citación «con garantías»
El juez Antonio Piña, como ya ha hecho en otro auto sobre la gestión del servicio de ayuda a domicilio entre el 2007 y el 2011, acota el sentido de este auto. «Adviértase -dice- que el carácter de imputados no supone más que un llamamiento al proceso con todas las garantías que la ley establece para los mismos, sin que suponga, en este momento procesal, declaración alguna de responsabilidad criminal».
El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense parte de que con la cantidad prevista para esta obra, 623.000 euros, «no era admisible jurídicamente su tramitación sin publicidad, hecho sustancial en cuanto limitaba la concurrencia de empresas y permitía a través del cauce de la invitación llamar al procedimiento de licitación en forma exclusiva a aquellas empresas que se estimasen adecuadas».
El juez sitúa el momento del supuesto delito cuando se redacta el pliego de cláusulas técnicas y administrativas en virtud del cual se licitó y se adjudicó la obra. Es en dicho pliego donde se opta por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente.
Las declaraciones prestadas en este procedimiento por el exconcejal Andrés García Mata y el máximo responsable del órgano de Asesoría Jurídica, Luis Tros, muestran notables diferencias. El juez las pone de relieve. En una reunión previa con el concejal, los técnicos llamarían la atención de García Mata -algo que este niega- sobre la ilegalidad del procedimiento. Desde el gobierno local, tanto ahora como entonces, se defendió el trámite con el fin de no perder una subvención. Los técnicos, desde la asesoría jurídica, advertían que el proceder «no encontraba acomodo legal al imputarse el retraso a actos propios» al propio Concello de Ourense.
El instructor dice que el pliego lo redactó Tros, «según este siguiendo indicaciones de García Mata, algo que este también niega». Hace notar que «en el expediente se carece de los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, remitiéndose con tal carencia para su aprobación en la junta de gobierno». En la época de este acuerdo, las responsabilidades de gobierno estaban repartidas y los dos grupos, PSOE y BNG, funcionaban sin comunicación. De hecho, cada concejalía tramitaba sus asuntos, los llevaba a la junta de gobierno y los socios se limitaban a apoyarlos.
* La Voz de Galicia - PEPE SEOANE - 11.3.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Madrid por derribar un palacete blasonado
La ciudad de Madrid es un ejemplo de lo mal que se pueden hacer las cosas en cuanto al Patrimonio monumental. Desde hace décadas ha perdido casi todas sus señas de identidad al derribar una enorme cantidad de edificios singulares que debían haber sido protegidos por su notable valor histórico-artístico. Lamentablemente en pleno siglo XXI siguen ocurriendo tropelías municipales, como el derribo de un palacete del siglo XVII que se expropió y después se dejó caer a trozos. El edificio estaba protegido pero la ignorancia, o intereses, del ayuntamiento terminaron por arruinarlo definitivamente. Es difícil que la justicia ahora intente resolver una situación en la que debió haber intervenido mucho antes, además los culpables se sabe perfectamente quiénes fueron.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Provincial de Madrid investiga al Ayuntamiento de la capital (PP) por el derribo de una casa blasonada del siglo XVII que expropió hace una década para construir un equipamiento público (escuela, biblioteca, etcétera). Quiere averiguar si el edificio municipal se tiró pese a gozar de protección por su valor histórico o artístico, y quiénes fueron responsables de su estado de ruina por falta de conservación.
El Ayuntamiento no se lo está poniendo fácil: las diligencias se abrieron en junio de 2013, pero la Fiscalía lleva más de cinco meses requiriendo sin éxito al Gobierno local el nombre y apellidos de los encargados de cuidar el edificio.
En su última notificación, de 10 de febrero, el fiscal amenazó al Ayuntamiento con actuar por un delito de desobediencia si no facilitaba en 15 días toda la información “de manera directa e inequívoca”. Fuentes municipales aseguran que se ha hecho, pero han evitado explicar su respuesta.
Esta es la segunda investigación abierta al Ayuntamiento por presunto abandono del patrimonio histórico. La Fiscalía indaga también el deterioro del palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio municipal con la máxima protección histórica-artística que se encuentra en estado de ruina por falta de conservación. El Ayuntamiento quiso derribar el edificio pero un juzgado lo evitó a instancias de la propia Fiscalía.
La casa blasonada que ha motivado la nueva investigación estaba ubicada en el número 18 de la calle Embajadores. Se remonta al siglo XVII, según el informe remitido a la Fiscalía por la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio en verano de 2013, tras ejecutarse su derribo. Este palacete castellano estaba rematado por el escudo de armas de la familia Villalobos, y figuraba ya en el plano de Pedro de Teixeira de 1656. Gozaba de protección parcial por su valor histórico-artístico, y según la citada asociación fue derribado sin que su estado fuera tan ruinoso como para hacerlo necesario.
Sobre el inmueble sobrevolaba la amenaza de derribo desde 1963, pero fue en 2000 cuando se abrió su expediente de ruina, gobernando la ciudad José María Álvarez del Manzano (PP).
Desde entonces hasta 2006, el Ayuntamiento inspeccionó en varias ocasiones la casa y ordenó a sus propietarios que llevaran a cabo reparaciones de emergencia. Al no recibir respuesta, las hizo el propio Ayuntamiento por ejecución sustitutoria (es decir, pasando luego la factura a los dueños).
Hasta que, en 2005, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya dos años en la alcaldía, el Ayuntamiento cayó en la cuenta de que el edificio era suyo. La finca estaba inscrita a su nombre (a falta de un parte que aún estaba por pagar) a consecuencia de un proceso de expropiación iniciado en 2002. El Ayuntamiento decidió entonces archivar el expediente de ruina: “Esta situación cambia las circunstancias de cuando [el edificio] era de propiedad privada y esta había incumplido reiteradamente el deber de conservación”.
En un informe posterior admitía que “carece de sentido que el mismo ente que cataloga para proteger un inmueble, lo califica como dotación y lo adquiere para tal fin, promueva su declaración de ruina”.
El Ayuntamiento frenó pues su derribo, pero no se encargó sin embargo de su mantenimiento. Primero, porque el proceso de expropiación se alargó hasta 2008, de forma que no estuvo inscrito en su totalidad a su nombre hasta entonces. Pese a que la casa era mayoritariamente suya (más del 75% le pertenecía ya) e iba a ser completamente suya, la dejó abandonada. A conciencia, además, porque los inspectores municipales giraron visitas periódicas que certificaron su progresivo deterioro.
Finalmente, en enero de 2012 se transfirió del área de Urbanismo a la de Hacienda, y se tramitó su incorporación al inventario de bienes del Ayuntamiento.
Eso fue en enero. En octubre, Hacienda decretó su ruina y ordenó demolerla. La comisión local de Patrimonio Histórico dio su plácet, obligando a conservar el blasón y la embocadura del portal. Ahora sólo queda un solar de 712 metros cuadrados, en el que se prevé construir, cuando haya dinero para ello, un equipamiento social o cultural.
Y una investigación de la Fiscalía que quiere saber quiénes fueron los responsables de cuidar la casa entre el 27 de febrero de 2008 (cuando acabó el proceso de expropiación) y el 30 de octubre de 2012 (cuando se ordenó tirar el edificio).
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 6.3.14
Foto: El solar tras el derribo de la casa blasonada. / SAMUEL SÁNCHEZ
La Iglesia intentó hacer unas obras en la Mezquita de Córdoba en 2011 para convertirla en más Catedral
El colmo de la ignorancia y la agresión monumental que en pleno siglo XXI la Iglesia quisiera hacer importantes obras novedosas en el muro norte de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El proyecto, afortunadamente, no fue aprobado por la Junta de Andalucía, pero queda la sospecha de lo que puede estar ocurriendo en otros monumentos de no tanto renombre cuya propiedad es también de la Iglesia (por ejemplo casi todos los religiosos de los miles de municipios del país). Aunque muchos tengan la declaración de 'Bien de Interés Cultural' (BIC), la gran mayoría no la poseen y están en manos de indocumentados eclesiales que solo atienden a sus intereses. Un grave asunto que el Estado, central-autonómico, debería resolver cuanto antes.
"ANDALUCES.ES* : “El objetivo era que físicamente el monumento fuese ya más Catedral y menos Mezquita”. Así resume un técnico de Patrimonio, que prefiere hablar desde el anonimato, el proyecto que en 2011 llegó a presentar el Cabildo Catedralicio de Córdoba a la Junta de Andalucía para intervenir en la Mezquita. Según el proyecto, el objetivo era una reforma muy importante en todo el muro Norte de la Mezquita Catedral de Córdoba, justo el que linda con el Patio de los Naranjos y por el que entran y salen los turistas.
En la actualidad, este muro sólo conserva tres puertas de acceso, una de ellas inutilizada. El resto de las puertas están cegadas y tras ellas descansan desde hace siglos varias capillas cristianas, con sus correspondientes enterramientos. El proyecto contemplaba abrir todas esas puertas cegadas y “retranquear” las capillas. Es decir, los trabajos consistían en empujar las capillas hacia el centro del monumento y hacerlas avanzar hacia el mar de columnas que es la Mezquita Catedral de Córdoba. “Así habría más Catedral y cada vez menos Mezquita”, insisten las fuentes.
El Cabildo de Córdoba diseñó este proyecto con el objetivo de conseguir abrir una puerta en este muro Norte de la Mezquita de Córdoba para que pudiesen entrar y salir todas las procesiones de la Semana Santa. Desde hace años, en Córdoba tanto el Obispado como las cofradías están haciendo todo lo posible para trasladar la carrera oficial de la Semana Santa hasta la Mezquita de Córdoba. Sin embargo, se topan con la singularidad del templo, por cuyas puertas no caben todos los pasos. Además, las procesiones tienen que salir por la misma puerta por la que entran, lo que dificulta el traslado de la carrera oficial hasta el lugar.
La intervención exterior en el muro Norte de la Mezquita, que permanece inalterable desde décadas antes de que el monumento fuese declarado por la Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad, iba a cambiar su configuración de manera notable, tal y como reflejan las infografías del mismo a las que ha accedido este periódico. Una vez “retranqueadas” las capillas (esta es la palabra que usa el Cabildo en su proyecto), se abrirían todas las puertas del muro y se cerrarían con cristales que llevarían una lámina de ágata pegada. Las capillas quedarían, entonces, bajo el mar de columnas del monumento cordobés.
PATRIMONIO SE ECHÓ LAS MANOS A LA CABEZA
Esta intervención también suponía acabar con las cuatro celosías del arquitecto Rafael de la Hoz, en la que es, actualmente, la única intervención contemporánea en la Mezquita de Córdoba. De la Hoz instaló cuatro celosías en cuatro puertas del muro Norte de la Mezquita que estaban cegadas y que no tenían capillas. El arquitecto (uno de los más importantes de España en los años 70) dibujó cuatro celosías con la idea de intentar simular la luz natural que entraba en el monumento cuando fue construido en el siglo VIII. El proyecto del Cabildo contemplaba retirar estas cuatro celosías y dejarlas expuestas y apoyadas en uno de los muros del Patio de los Naranjos.
Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía que vieron el proyecto original se echaron las manos a la cabeza y pusieron el grito en el cielo, como viene reflejado en un documento interno de noviembre de 2011 al que también ha accedido este periódico. Tanto, que llegaron a advertir a la Iglesia de Córdoba de que si decidía seguir adelante con el mismo no tendrían más remedio que advertir a la Unesco del proyecto, y que este organismo, seguramente, no lo permitiría. El Cabildo, entonces, decidió dar marcha atrás y retirar el documento, que nunca llegó a pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
Ahora, el Cabildo ha presentado un nuevo proyecto que es mucho más modesto y que ya sólo contempla una intervención muy leve en las celosías de Rafael de la Hoz. Este plan, al que también ha accedido este periódico, contempla hacer “móviles” las cuatro celosías con un sistema mecánico que no suponga un gran impacto en la zona. En principio, esta intervención, más leve y atenuada que el proyecto de 2011, cuenta con el visto bueno del hijo del arquitecto Rafael de la Hoz, que también heredó su profesión. Pese a ello, la Semana Santa de 2014 tampoco podrá entrar en carrera oficial en el interior de la Mezquita de Córdoba y las obras tendrán que esperar, como mínimo, un año más.
Por otra parte, en estos momentos el monumento vive un intenso debate sobre su titularidad. Después de la iniciativa de una plataforma cívica llamada Por una Mezquita Catedral de todos, la Junta de Andalucía ha encargado un informe jurídico para determinar de quién es la titularidad del monumento, ya que hasta el año 2006 el bien no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de nadie. Ese año, la Iglesia aprovechó una reforma de la Ley Hipotecaria de Aznar para inmatricular a su nombre la Mezquita. El informe encargado por la Junta determinará hasta dónde se puede reclamar o no el bien.
* Andaluces.es - ALFONSO ALBA - 10.3.14
Foto: Puertas del muro norte. // ENRIQUE GÓMEZ
Peñíscola ya fue obligada a demoler los bloques de la playa en 2002 y en 2007
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La larga playa de Peñíscola (Castellón) era un lugar idílico hace años, como atestigua el rodaje de la película 'El Cid', pero hoy lamentablemente está llena de horrorosos bloques de hormigón. En este enjambre se siguen cometiendo ilegalidades urbanísticas que, una vez más, se eternizan debido a unos procesos judiciales absolutamente desfasados y a una justicia que lo permite injustamente. Ya en el año 2002 y en 2007 el TSJCV instó a la demolición forzosa municipal de un complejo comercial en dos bloques del paseo marítimo. Al día de hoy ha vuelto a insistir en la demolición municipal, pero veremos que subterfugios se busca el Ayuntamiento para seguirse riendo de las sentencias y, de paso, de todos los ciudadanos que sufren este inacabable pelotazo urbanístico.
"LEVANTE* : El consistorio de Peñíscola ha recibido «con prudencia» la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV a raíz del incidente planteado por la comunidad de propietarios de la Urbanización Peñíscola Playa contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 13 de enero y de 20 de abril de 2011. En estas decisiones, se concedió a la empresa Morrongo Ocio SL y otros, una licencia de obras para legalizar dos bloques de locales comerciales en primera línea de costa. Pero, ahora estos mismos ahora deberán ser derribados tras décadas en un limbo jurídico. Se hallan afectadas entre siete y ocho actividades instaladas en el subsuelo de la urbanización.
En el año 2002, el TSJCV ya instó a la demolición forzosa de este complejo comercial situado en la avenida Papa Luna, por lo que se requirió al consistorio peñíscolano para que manifestara las medidas que había tomado para la ejecución de la sentencia. Un auto posterior de septiembre de 2007, fijó como fecha tope para su demolición el 20 de noviembre de 2007. En éste, se responsabilizaba directamente al alcalde de su cumplimiento con apercibimiento de multas de 600 euros cada quince días, pero algunos propietarios plantearon un recurso de reposición hasta el fallo judicial del pasado día 26 de febrero y que publicó Levante de Castelló.
El edil de Urbanismo, Romualdo Forner, señaló ayer el respeto del ayuntamiento de la localidad hacia el auto judicial, a la vez que recordó la existencia de terceros adquirentes de buena fe y los intentos del consistorio por legalizar lo legalizable en Junta de Gobierno y en base a informes técnicos. «Pasaron los años y nadie hizo nada ante la situación de este edificio pero ante una resolución que, además, es tan clara no podemos hacer nada más que obedecerla y hacerla cumplir ya que las instrucciones son tajantes», indicó Forner.
Así las cosas, antes de verano es más que probable que se hayan derribado los excesos de volúmenes construidos, las ocupaciones de espacios comunes y recuperado plazas de aparcamientos o verdes. Desde 1984 el complejo ha sufrido cambios, cierres en escaleras y algunos de sus propietarios han ejecutado obras ilegales que han elevado a cifras exageradas los aparentes excesos de volumen de estas construcciones.
La ruta a seguir
El TSJCV impone la ruta a seguir por parte de Peñíscola y, una vez sea firme la resolución comunicada esta misma semana a las partes, el ayuntamiento requerirá a los propietarios y titulares de actividades de estas construcciones para que en el plazo de dos meses desalojen los inmuebles cuyas licencias han sido afectadas. Además, el consistorio les instará a que presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que lo rectifique o apruebe el ayuntamiento.
Cabe señalar que, de no presentarse el proyecto en esos dos meses, será el consistorio de Peñíscola quien lo elabore en un mes para ser proceder a la demolición de los locales en dos meses desde la notificación. De incumplir el ayuntamiento este mandato, el TSJCV designa a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Agua de forma subsidiaria y con las responsabilidades a que pudiera haber lugar. También condena solidariamente en costas a los demandados y con el 50 % al Ayuntamiento de Peñíscola.
* Levante - JORDI MAURA - 4.3.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance del ladrillo - levante
El Supremo abre juicio oral a M.Zerolo, exalcalde de Sta.Cruz, por prevaricación
El senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1995-2011, vuelve a ser imputado por la justicia por prevaricación urbanística en el caso de unas obras municipales ilegales en 2003. Demasiados años han pasado y la lentitud y/o complicidad judicial han permitido a semejante personaje, típico ejemplo de la corrupción en las islas Canarias, que siguiera su actividad pública en el mayor grado posible sin ser penalizado. Ya en 2006 estuvo implicado por comisiones ilegales en el caso Fórum Filatélico, algo que él mismo reconoció; y desde luego el asunto más conocido es el pelotazo de Las Teresitas, que todavía está sin finalizar judicialmente y que también se está eternizando entre el papeleo y la desidia.
"CANARIASAHORA* : El Tribunal Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral por un posible delito de prevaricación contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), imputado en relación con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal. El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo, que pidió el suplicatorio contra él y que le ha investigado. El instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, ha dado por concluida ahora esa investigación y ha ordenado sentar en el banquillo a Zerolo, a su teniente alcalde y concejal, Guillermo Núñez, y al funcionario Joaquín Castro.
En el auto Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación, es decir, dictar resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento.
Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.
Las acusaciones apuntan a que, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zerolo no prestó oídos a los múltiples reparos formulados por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES SA, que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio.
Y, por el contrario, los sorteó mediante un contrato de "mantenimiento" irregular.
Aunque las reformas previstas para las oficinas municipales y en el edificio de la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera sobrepasaban con mucho este concepto de "mantenimiento", debido a que el coste de sus trabajos exigían un concurso para su adjudicación, el alcalde mantuvo ésta a IMES SA.
Así, en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada, la Intervención presentó reparos a que en éstas se computaran todos los trabajos obviando las cantidades abonadas por cada uno de ellos, y señaló discrepancias entre el valor de factura y las unidades de obra realizadas.
Según las acusaciones de las que tendrá que responder en el juicio, el alcalde sorteó esos y otros reparos siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, patente no solo porque lo decían los funcionarios de la Intervención, sino también porque cualquiera que estuviera habituado a la actuación municipal debía saberlo.
* El Diario/Canarias Ahora - EFE - 3.3.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, alcalde M.Zerolo en un juicio (archivo) - laprovincia.es
El informe del pelotazo de Majadahonda que no quiso ver Esperanza Aguirre
Una parcela puede valer 7 millones, 48 o 150, en función de lo que ponga en un papel. En los albores de Gürtel y las postrimerías del "tamayazo", en Majadahonda, hubo uno de estos casos, del que fue informada la presidenta de Madrid E.Aguirre. Ésta no quiso saber nada de un tema que claramente la involucraba como representante última de la operación urbanística delictiva. Finalmente la dimisión del alcalde 'popular' G.Ortega, que tuvo que ver con la especulación y venta de una parcela muy interesante en esta localidad residencial madrileña, acabó por diluir el asunto.
"ESTRELLADIGITAL* : “Mi dimisión pagó el tamayazo”, ha asegurado Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda en la entrevista en exclusiva concedida a ED. "Romero de Tejada manejaba en la sombra todas las operaciones urbanísticas de Majadahonda", explica Ortega. Su dimisión como alcalde estuvo aderezada con la venta de una interesante parcela en esta localidad residencial madrileña.
Ortega perdió el apoyo de sus concejales cuando intentó vender una parcela llamada RN 1, también conocida como “el Valle de los olivos”. Para defenderse, Ortega y dos concejales fieles quisieron entregar un informe a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en el que detallaban una presunta operación especulativa con estos terrenos capitaneada por Narciso de Foxá, el actual alcalde y entonces al frente de la Empresa Municipal. En el mismo también se denunciaba la gestión que hizo de la empresa municipal Ricardo Romero de Tejada en sus operaciones de compra venta de parcelas.
“Esperanza abrió el dossier, miró la primera hoja y lo cerró. Dijo que no quería saber nada”, explica una de las personas del PP presentes en la entrega de esta información, en el despacho de Aguirre en la calle Génova.
Las operaciones urbanísticas son extremadamente complejas y muchas veces un detalle supone muchos millones de euros, lo que distingue una operación normal de un “pelotazo”. Mientras Ortega era alcalde de Majadahonda, Foxá era presidente de Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), la sociedad municipal de vivienda y suelo. PAMMASA era la encargada de hacer vivienda social y obras al Ayuntamiento. La forma de pago era por medio de parcelas, de propiedad municipal fruto de las cesiones, algunas veces eran libres y otras tenían algún tipo de protección.
Así es como apareció en el tapete la célebre RN1, un jugoso bocado junto a los terrenos de uno de los principales constructores de la localidad, propietario de Afar 4. La valoración de esta parcela era de algo más de 7 millones de euros, según consta en el expediente de cesión a PAMMASA, del año 2003, un precio claramente desactualizado en el 2004 de la burbuja inmobiliaria, ya que era de vivienda libre.
Ortega decidió que no iba a ser PAMMASA quien vendiera la parcela, sino el propio Ayuntamiento, por otro procedimiento, el precio tasado. Era el mismo sistema de la polémica operación de Arganda y de todas las que se hacían entonces en Madrid. Pero el precio debía ser más alto.
El arquitecto municipal, Pedro Sánchez, marcó el precio de una manera poco convencional, a mano, pero en papel timbrado y con su firma, que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL: “48 millones de euros”, escribe de su puño y letra en un tarjetón oficial. Y ese fue el precio al que se sacó a subasta la parcela, en un concurso en el que se presentaron 12 constructoras.
La ganadora tras la evaluación por parte del ingeniero y el arquitecto municipales fue Proinsa, implicada en la trama Gürtel. Sin embargo, una semana después el arquitecto, Pedro Sánchez, cercano a Narciso de Foxá, cambió extemporáneamente su valoración y decidió dar cero puntos a todas las propuestas menos a la de Afar 4. Así las cosas, evidentemente iba a ganar Afar 4.
Y es ahí donde nació el embrión del caso Gürtel. La mesa de contratación, desconcertada pidió auxilio legal para saber a qué atenerse y anuló la segunda valoración del arquitecto municipal. Pero el PP de Majadahonda ya estaba descompuesto. Foxá con 10 concejales y Ortega con dos.
A pesar del informe que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL, Esperanza Aguirre tomó partido por Foxá y pidió la dimisión a Ortega, que alegó motivos de salud para presentarla y se fue a presidir el Mercado Puerta de Toledo. Sus concejales afines, Peñas y Moreno quedaron a la intemperie y fuera del partido, y Foxá fue el nuevo alcalde. Los dos concejales cayeron bajo la órbita de Francisco Correa, amistad que acabó mal y llevo a uno de ellos a denunciar al cabeza de la organización.
A todo esto, el concurso, que incluía dos parcelas muncipales, con este trajín, quedó desierto. Un año y medio después salía el definitivo con un ganador: Vallehermoso, que pagaría 60 millones más de lo previsto. Pero aún así 101 millones más de lo que preveía PAMMASA. Cifras de mareo. El presidente de Vallehermoso era Luis Eduardo Cortés, ex presidente del PP de Madrid, y también ex vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid, con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón.
* Estrella Digital - JOAQUÍN VIDAL - 20.2.14
Foto: Documento arquitecto municipal - ED
Ciudad de México: corrupción urbanística
La enorme Ciudad de México ha sido durante años paradigma de la corrupción y el caos urbanístico. Los distintos gobiernos de la ciudad han permitido una ciudad desmesurada y claramente invivible, quizás debido a intereses inconfesables que tienen más que ver con la especulación urbanística y los intereses económicos, que con las necesidades reales de sus habitantes, sobre todo en algunos barrios claramente olvidados por las autoridades competentes en el tema.
"MILENIO* : En la Ciudad de México se suele utilizar la frase coloquial "con dinero todo es posible". Es un modo eufemístico de hablar de la corrupción, ya que históricamente los gobiernos de la ciudad han sido casi siempre corruptibles. Este fenómeno se manifiesta específicamente en la corrupción a nivel urbanístico. Con el suficiente dinero y los contactos adecuados se puede construir en reservas naturales, se puede transformar cualquier vivienda en un comercio, y en muchos casos es posible construir más pisos de los que permiten los reglamentos, etcétera.
Además de la corrupción en la administración pública, existe una aguda desigualdad social que también propicia privilegios a quienes tienen poco dinero, dando lugar a la economía sumergida, al comercio informal, que es otra forma ilegal de subsistencia. En nuestra sociedad pensamos que gozamos de una libertad absoluta de decisión sobre nuestras acciones; sin embargo, los límites de nuestras decisiones coinciden con nuestro poder adquisitivo. Podemos hacer cualquier cosa, siempre y cuando la podamos pagar: vivimos en la dictadura del capitalismo neoliberal. El filósofo checo Vaclav Havel lo ilustra muy bien en su libro El poder de los sin poder, con frases breves pero contundentes, como: "Si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la ley ni un gobierno democrático ni una economía de mercado funcionarán correctamente".
Ante este triste panorama, conviene distinguir entre lo que es humanamente posible y aquello que es materialmente imposible. Creemos que cualquier cosa es realizable si nos lo proponemos, pero la naturaleza y nuestra existencia física tienen límites fijos, que invariablemente se verifican aunque pensemos lo contrario. Un ejemplo claro es la tragedia del conjunto habitacional de Tlatelolco: los edificios que colapsaron durante el terremoto de 1985 habían sido diseñados correctamente y su estructura estaba calculada de acuerdo a las normas vigentes de aquel entonces; Mario Pani el arquitecto tenía la conciencia tranquila. ¿Entonces por qué colapsaron? En la época se atribuyó el accidente a que el terremoto no había tenido precedentes en su intensidad, duración y tipos de movimientos telúricos, que la combinación de estos tres factores habían afectado directamente a edificios de esa altura y características estructurales. Es una explicación científica convincente, pero de cualquier manera sucedió. También quedará la duda acerca de la ejecución de la obra y finalmente el tipo de ocupación de los edificios, que al parecer era excesiva.
De cualquier modo, tragedias de este tipo derivan de actos humanos que no toman en cuenta todos los factores de la naturaleza. Ojalá en el futuro se comience a valorar más el capital humano que el capital económico de una ciudad o Estado nacional.
* Milenio - LORENZO ROCHA - 13.2.14
Foto: Ciudad de México - milenio
Salamanca.- La gestión urbanística municipal acumula sentencias judiciales en contra
En la ciudad de Salamanca se han ido acumulando numerosos casos de ilegalidades urbanísticas, algunos provenientes de anteriores legislaturas, sin que la justicia llegue a tiempo y los culpables político-empresariales sean sancionados debidamente por ello. Hay un poco de todo en este panorama conflictivo, desde el anulado Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén, aprobado en su día por el Ayuntamiento, hasta la reciente nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés, etc, etc.
"ELNORTEDECASTILLA* : Los problemas judiciales por motivos urbanísticos se acumulan. Causas y procesos que vienen de la anterior legislatura y que, pasado el tiempo y construidos los edificios e infraestructuras a los que se refieren, hacen difícil una solución que satisfaga a todos o que, al menos, compense lo perdido a la ciudad. En primer lugar, hace un mes, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés en los terrenos del antiguo cuartel de Julián Sánchez 'El Charro'. Dicho convenio se firmó en 2007 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Salamanca y la empresa y aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta ya que implicaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
En este sentido hay que recordar que los terrenos del cuartel de Julián Sánchez 'El Charro' fueron cedidos, tras una cuestación popular, por la ciudad al entonces Ministerio de la Guerra en 1926, por lo que nunca han tenido la consideración de particulares ni el Ayuntamiento, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tenía potestad para entregárselos a una entidad privada. Con las cosas así, la construcción del centro comercial carece de todo tipo de licencias urbanísticas y ambientales. Como la demolición del inmueble no parece factible, desde Equo-Salamanca, la formación política que ha perseguido sin descanso estas resoluciones judiciales, se plantearon esta semana una serie de compensaciones en forma de cesión de terrenos para uso y disfrute de los ciudadanos. Un ejemplo de esta medida sería la compra al Banco Ceiss de los solares de Adoratrices y Patio Chico y su posterior dedicación a equipamientos urbanos.
Por otro lado, hace apenas una semana se conoció la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula de pleno derecho el Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca el 2 de diciembre de 2010 y que afecta a casi 600 hectáreas de terreno y nueve kilómetros de ribera. La razón esgrimida por el alto tribunal regional para esta anulación es la ausencia del informe medioambiental previo que se requiere siempre para actuaciones de este tipo. Ángel Gamazo, portavoz de Equo, señaló como responsable al entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Javier Galán, hoy subdelegado del Gobierno en la provincia.
Ahondando más en la historia, se descubre que la ausencia de ese informe está, con probabilidad, íntimamente relacionada con las opiniones que la Confederación Hidrográfica del Duero tenía sobre ciertos aspectos que se permitían en el plan de protección, como la construcción del Parque de Maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza en Huerta Otea. Esta infraestructura ya implicó para el Ayuntamiento una multa de 30.000 euros por parte de la CHD. Aún así, finalmente el parque se construyó, pese a la degradación del entorno fluvial de la ribera, y pese a que ocasionó graves problemas por la demolición de la pesquera de Tejares. Esta actuación se consideró imprescindible en su momento pero, tras varios miles de euros gastados y tras una agria polémica -que aún pervive- con los vecinos de ese barrio, quedó en agua de borrajas, ya que la pesquera se reconstruyó.
En resumen, hoy en día el Tormes y su entorno carecen de protección oficial -más allá de la que ofrece el Plan General de Ordenación Urbana-, y sus riberas de Huerta Otea han de soportar la agresión de una infraestructura que no debería haberse establecido allí, aunque la Confederación finalmente transigió a cambio de la reconstrucción de la pesquera de Tejares. Finalmente, el Ayuntamiento anunció esta semana que se trabaja ya en el informe ambiental que permita la aprobación, esta vez definitiva, del fallido plan de protección.
Última sentencia
Hace apenas unos días el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la constructora del edificio que hoy es el hotel Corona Sol en contra de la sentencia del TSJCyL de marzo de 2013. Esta resolución judicial declaraba nulo el estudio en detalle promovido por la constructora para solucionar las irregularidades del inmueble, situado en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad.
Entre esas irregularidades destaca un exceso de volumen construido, que se trataba de solucionar en el estudio en detalle transfiriendo la edificabilidad de una de las parcelas aun no construidas al nuevo edificio. La asociación 'Vecinos tras el muro' denunció ese estudio y su contenido, y el TSJCyL les dio la razón, planteamiento que ha ratificado esta semana el TS. Por tanto, el edificio continúa siendo ilegal.
* El Norte de Castilla - CECILIA HERNÁNDEZ - 28.2.14
Foto: La actuación en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad y el edificio de la calle Alarcón ha sido la última sentencia perdida por el Ayuntamiento. / Almeida
Granada.- La capital da carpetazo al Plan Albaicín y estanca el urbanismo en los años 90
La irracionalidad urbanística producto de los intereses políticos de los dirigentes municipales o autonómicos vuelve a la actualidad en Granada, con el grave motivo del ordenamiento del barrio del Albaicín, declarado junto con la Alhambra 'Patrimonio de la Humanidad'. Pero la limitación de miras y la corrupción reinante en casi todas las administraciones públicas han hecho que el Plan Albaicín siga sin realizarse correctamente y, por tanto su urbanismo actual se rija por un antiguo plan del año 1990. Ignorantes e irresponsables dirigentes que ponen en peligro el nº1 de los monumentos españoles.
"GRANADAHOY* : El Ayuntamiento lleva cinco años esperando a que la Junta apruebe el documento. La seguridad jurídica del barrio se queda en el aire y el Sacromonte se queda sin protección. El maltrecho barrio del Albaicín ha recibido otro estacazo. El golpe que ahora encaja bloqueará por tiempo indefinido los nuevos criterios de protección que debían aplicarse en el distrito desde hace años y retrotraerá la normativa urbanística que impera en la zona al año 1990, fecha en la que se aprobó el primer Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín-Sacromonte (Pepri), todavía en vigor.
Ayer, el Ayuntamiento de Granada anunció que archiva el procedimiento de revisión y actualización del caduco plan. Lo hace porque se ha cansado de esperar el visto bueno de la Junta de Andalucía, un trámite que llevan aguardando desde el año 2009, cuando se llevó a cabo la aprobación inicial del proyecto.
Para explicar su decisión, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, se remontó al año 2006, cuando se adjudica la revisión del plan al mismo equipo que redactó la normativa de 1990.
El objetivo de esta revisión era actualizar el plan, ya que desde 1990 ha habido una nueva Ley del Suelo, una nueva Ley de Patrimonio Histórico, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se han detectado errores que estaban pendientes de corregir y se han tramitado numerosas innovaciones. Para añadir esta nueva realidad al documento y para incorporar la protección del Sacromonte al Plan Especial, el equipo redactor se pasó dos años trabajando (desde 2006 a 2008), fecha esta última en la que el Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto.
En enero de 2009 la Junta de Andalucía recibió 12 ejemplares del Plan con la intención de que dieran el visto bueno al documento, requisito indispensable para que el proyecto saliera adelante. Y hasta hoy. Cinco años de espera que el Ayuntamiento cerró ayer con el archivo del expediente.
"Siempre hemos reconocido que las competencias en materia de patrimonio son de la Junta así que esperábamos un informe sobre este documento aprobado inicialmente con instrucciones concretas de corrección, subsanación...", lamenta la concejal de Urbanismo, quien reconoce que hasta ese momento se habían gastado 100.000 euros en el proyecto.
Según la concejal de Urbanismo, desde la Dirección General de Bienes Culturales nunca dijeron en qué sentido debían ir las correcciones que se hicieron en el documento, aunque sí se pusieron pegas sobre el lugar de la hoja donde se había plasmado la fecha de acuerdo de pleno o sobre la estampación del sello del Ayuntamiento en el anverso y no en el reverso de las hojas. También pedían un estudio sobre la romería de San Cecilio.
Claro que el análisis pormenorizado del nuevo plan también revela algunos aspectos que justificarían que el municipio tenga cierto interés en mantener el antiguo documento. A saber. La renovación del plan deja al Sacromonte fuera de nuevos niveles de protección. Esa adaptación del documento también obligaría a ceñirse a la nueva Ley de Patrimonio de 2007 en virtud de la cual los planes especiales de protección deben ir acompañados de un plan de movilidad y accesibilidad aprobados por Cultura. Limita la proliferación de bares y terrazas y es exquisita con la ocupación de la vía pública.
"El Ayuntamiento siempre ha procurado que Cultura no le diera el visto bueno al documento porque la normativa de 1990 permite muchas modificaciones de uso y así, por ejemplo, se puede convertir una vivienda unifamiliar en una plurifamiliar, es decir cabía la posibilidad de convertir un Carmen en apartamentos", apuntan profesionales del Urbanismo en la capital. La normativa vigente tampoco contempla la arqueología emergente, es decir no prevé hacer estratigrafías en los muros. "Es como si un hospital utilizara hoy en día métodos diagnósticos de hace 30 años", explican a este diario las mismas fuentes.
El futuro inmediato es también de lo más preocupante para el Sacromonte, ya que se genera una situación de inseguridad jurídica. Los vecinos que esperan que se les dé una licencia se quedarán a partir de ahora en suspenso y los criterios que se utilizarán para gestionar el barrio son los de hace casi 25 años.
"Hace 25 años teníamos claro que los peligros del patrimonio histórico eran la destrucción de fachadas pero no se tenía en cuenta la sobreexplotación turística que cada vez más acecha a estas zonas protegidas", explican los profesionales en temas urbanísticos.
Llegados a este punto, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento habló de dos soluciones para desbloquear el plan: que la Dirección General de Bienes Culturales recurra este archivo si consideran que ya tienen el documento estudiado o que le remitan al Ayuntamiento el documento como ellos lo quieren "y nosotros lo volvemos a aprobar inicialmente. Pero siempre vamos a trabajar siguiendo instrucciones de Sevilla", apuntó la concejal.
Mientras eso ocurre, los vecinos esperan que no se gaste ni en euro más en planes, fichas y documentos que al final se convierten en papel mojado mientras los problemas del barrio siguen sin solución.
* Granada Hoy - ANA GONZÁLEZ VERA - 14.2.14
Foto: Granada, calle Albaicín - flickr
Exalcalde de Tarifa condenado por segunda vez por un delito urbanístico
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Es fácil apreciar que aunque la mayoría de imputaciones y condenas recaen sobre dirigentes 'populares' en prácticamente toda la geografía del país no nacionalista, hay bastantes casos también de alcaldes socialistas, como es el caso de M.Manella, exalcalde de la localidad gaditana de Tarifa, que ha sido condenado a inhabilitación para ocupar cargo público y a una pequeña multa por un delito de prevaricación urbanística. Además este exalcalde no es la primera vez que resulta condenado por ilegalidades en urbanismo, lo que demuestra que la casta política nunca aprende del todo y sigue insistiendo en la corrupción partidista.
"20MINUTOS* : El socialista Miguel Manella, exalcalde de la localidad gaditana de Tarifa, ha sido condenado a 24 meses de inhabilitación para ocupar cargo público y a una multa de 600 euros por un delito de prevaricación urbanística, siendo esta su segunda condena en los últimos años por delitos de dicha naturaleza.
Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, no llegó a celebrarse el juicio contra Manella en el Juzgado de lo Penal de Algeciras (Cádiz), toda vez que "hubo conformidad y se entiende que la pena está ajustada", por lo que tampoco cabe presentar recurso. El caso tiene que ver con una obra que se llevó a cabo en el hotel La Torre de la localidad tarifeña, el cual se desarrolló en una zona que no estaba contemplada como urbanizable. También han sido condenados, tal y como adelanta el Diario de Cádiz, tres exediles que ocuparon responsabilidades en el área de Urbanismo en el gobierno que formó Manella en su día con IU, siendo estos los socialistas Juana Garrido, Jesús Mota y el excaldidato de IU, Javier Mohedano. Cabe recordar que Manella, ya fuera de la política, había sido condenado a otra pena similar por otro asunto relacionado con el Urbanismo cuando aún era alcalde de la ciudad.
* 20 Minutos - EP - 14.2.14
Foto: Tarifa (Cádiz), aérea - diariodelviajero
Barreiros ignora el pinchazo de la burbuja y planea miles de viviendas
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Con vistas al Cantábrico hay esqueletos a medio construir de viviendas que ya no lo serán y segundas residencias terminadas hace años por cuya puerta aún no ha entrado el primer propietario. En el litoral de Lugo, a 900 kilómetros de la playa mediterránea más cercana o a 200 de las turísticas Rías Baixas, está el municipio de Barreiros, dedicado tradicionalmente a la agricultura. Según las estadísticas oficiales hay en la actualidad 3.500 segundas residencias, tres por cada ciudadano empadronado. Buena parte de ellas están vacías. Pues a pesar de este reciente descalabro urbanístico y social, el ayuntamiento 'popular' insiste en construir más de 25.000 nuevas viviendas, algo absolutamente incomprensible y que parece entrar más en el terreno del urbanismo-ficción, o en el del despilfarro y la corrupción descarada.
"ELPAÍS* : El primer plan de urbanismo con que contará el Ayuntamiento de Barreiros, en la costa de Lugo, estaba llamado a ordenar la caótica proliferación de segundas residencias que comenzaron a levantarse allí hace una década. Fue como un símbolo de la burbuja inmobiliaria en Galicia, hasta que en 2007 la Xunta bipartita decidió paralizar la construcción en el municipio. Pero el esperado documento, que no ha pasado todavía de un muy inicial borrador elaborado solo a efectos ambientales, ya no convence al actual Gobierno gallego, del mismo color político que el Ayuntamiento, del PP.
La Xunta critica los “datos contradictorios” que maneja sobre el crecimiento demográfico del municipio y lo “confuso” y “sin justificación” de algunas recalificaciones, que el gobierno local defiende como necesarias para ordenar lo que ya se ha ido construyendo ilegalmente.
La Consellería de Medio Ambiente ha respondido al primer borrador del futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) recordando que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Barreiros tiene apenas 3.200 habitantes pero cuenta con más de 3.500 segundas residencias o viviendas vacías. La Xunta señala que, según admite el propio Ayuntamiento, esas casas ya construidas y otras que están a medio levantar “pueden cubrir unas necesidades por encima de los 25.000 habitantes”, por lo que para el Gobierno gallego “no se justifica la necesidad de programar nuevos desarrollos residenciales”. Es lo que pretende el Ayuntamiento al recalificar como urbanizables dos nuevos sectores en el lugar de San Bartolo, en la llanura litoral del municipio, que para Medio Ambiente “no tienen justificación alguna dado que pretenden generar nuevas bolsas de suelo para el desarrollo urbanístico en una zona que actualmente presenta una considerable saturación edificatoria”.
La Xunta no se acaba de creer el argumento municipal de que esas y otras seis grandes recalificaciones servirán solo para ordenar zonas en las que ya se había comenzado a construir de forma caótica. Incluso ironiza con ello: “Llama la atención que de todas las categorías de suelo contempladas en la alternativa propuesta, la única que no presenta una delimitación cartográfica precisa es la referida a los ámbitos designados para la recalificación (sectores urbanizables), los cuales son representados mediante una trama difusa en la que no se define el perímetro con claridad”.
Por otra parte, el Ayuntamiento argumenta que su nuevo plan apostará por los usos hoteleros frente a las segundas residencias, pero para la Xunta también “llama la atención” que el documento no detalle dónde. El Gobierno gallego considera que los objetivos globales del plan “no fueron establecidos con claridad” y que el borrador que le entregó el Ayuntamiento “presenta un componente únicamente descriptivo y no propositivo”. Incluso esas pocas propuestas que plantea el borrador ambiental del plan merecen algún tipo de censura de Medio Ambiente: “No pueden validarse como objetivos del PXOM de Barreiros todos los relacionados con la aplicación de normativa o legislación sectorial dado que todos ellos son aspectos de obligado cumplimiento”.
Los reproches autonómicos hacia el documento municipal son múltiples: es “muy esquemático”; “el análisis del paisaje es muy genérico”; “no referenció en su cartografía ni los bienes patrimoniales ni el trazado del Camino del Norte”; o “no presenta un análisis coherente de la previsible evolución demográfica”. La Xunta critica que incluso una de las dos grandes alternativas de desarrollo urbanístico planteadas "no puede considerarse válida dado que incumple la legislación vigente".
El plan que elabora Barreiros sigue contemplando la inversión de 14 millones de euros para dotar de servicios urbanos a cientos de viviendas irregulares que carecen de ellos. La intención original de la Xunta era acometerlos con fondos públicos a través un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló hace ocho meses. Ahora el Gobierno gallego se limita a reclamar a Barreiros que su plan incluya “una concisa justificación de las previsiones para su financiación”. Todas estas apreciaciones las recoge la Xunta en el denominado Documento de Referencia, una guía de cumplimiento obligatorio que ahora deberá seguir el Ayuntamiento para analizar correctamente el impacto ambiental del futuro plan.
* El País - DAVID REINERO - 1.3.14
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - elpais
Los fondos buitre invirtieron más de 2.500 millones en viviendas el pasado año
La noticia es escandalosa y parece que además va en aumento. Dada la gravísima situación de la vivienda en este país, con millones de casas vacías y millones también de ciudadanos sin casa, es lamentable que debido a la ruptura de la inflada 'burbuja inmobiliaria', con los precios lógicamente en descenso, acudan los denominados 'fondos buitre', especulativos, al mercado de la vivienda para terminar de redondear la estafa mayúscula propiciada por las mafias política, empresarial y financiera. Con la economía ciudadana bajo mínimos, estos delictivos fondos se aprovechan de la situación anómala y de la corrupción existente en el mercado, obteniendo con ello enormes ganancias con muy poco esfuerzo y obstaculizando, una vez más, el acceso a una vivienda digna de los más necesitados.
"INFOLIBRE* : Los precios de la vivienda se han desplomado más de un 30% desde el principio de la crisis, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El hundimiento supone una gran oportunidad para los fondos buitre, especializados en aprovechar los apuros de particulares, bancos y empresas, para comprar activos baratos y exprimirlos. El pasado año 2013, fue un buen ejercicio para los interesados en inmuebles. Según los datos de operaciones recabados por infoLibre, los fondos invirtieron más de 2.500 millones de euros en viviendas. Además, adquirieron carteras de deuda y créditos fallidos de bancos y cajas por al menos otros 1.800 millones.
Los fondos más activos, Blackstone, Cerberus, Apollo, HIG, Yorvick, Fortress, York Capital o Centerbridge, se mueven como pez en el agua en un Madrid de precios deprimidos en el que su Gobierno (Comunidad de Madrid) y su Ayuntamiento se desprenden de las viviendas de la era de la especulación, en propiedad o en régimen de alquiler, por millares.
Son las consecuencias, bien aprovechadas por los depredadores del sistema, de la locura tuvo lugar en los años del "España va bien" que se ilustra con un simple dato: en 1997, el saldo de los créditos al promotor suponía alrededor del 3,7% del producto interior bruto del país (PIB) mientras que 10 años después era del 28,8% del PIB.
Consecuencias
La entrada de los fondos especulativos en el mercado de la vivienda tiene importantes consecuencias. Así lo cree el economista Julio Rodríguez. "Las compras de parques de viviendas públicas protegidas de alquiler por fondos de inversión" sostiene "pueden implicar cambios importantes en las condiciones de los contratos para los arrendatarios, una vez cumplido el plazo del contrato de alquiler en vigor, que no pasará de los cinco años desde la firma del mismo".
Administraciones autonómicas, pero también instituciones participadas por el Estado como el banco malo, Sareb, ceden lotes de viviendas y de oficinas a toda máquina. Hay inquilinos que no saben a quién tienen que pagar el alquiler y compradores que pactaron compras a un precio que el nuevo propietario discute.
Empresas como El Corte Inglés (venta de edificio en Plaza Cataluña, Barcelona, a IVA Capital); bancos como el Sabadell (activos titulizados con respaldo de 953 pisos) o compañías de seguros han cedido oficinas, viviendas y créditos apurados por la falta de crédito, la necesidad de reducir deuda o las presiones para mejorar el estado de los balances.
Pero ¿por qué están interesados los fondos en entrar en un negocio aparentemente deprimido? Es una apuesta. España tiene un 85% de vivienda en propiedad frente a un 15% en alquiler. En Europa, la media es 70/30. Atisban negocio. Sus cuentas apuntan a que 2,7 millones de viviendas pasarán del régimen de propiedad al de alquiler.
Modelo de EE UU
La compra por Blackstone de miles de viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) apunta a un intento de traer a España el modelo de EE UU. Blackstone es el mayor propietario y arrendador en EE UU. En los últimos años ha invertido más de 7.500 millones de dólares (5.472 millone sde euros) en la compra de viviendas a bancos.
En el caso de España, los fondos especulativos han ido por pasos. Al comienzo de la crisis utilizaron el sistema de compras con compromiso de recompra o alquiler para los vendores (sale and leaseback). Era un medio para obtener liquidez por empresas apuradas que utilizaron, entre otros, los medios de comunicación más importantes. Posteriormente, adquirieron a bancos y cajas, nacionalizados o no, carteras de crédito con garantía hipotecaria y ahora adquieren sociedades de gestión de activos.
No es fácil saber qué se vende, a qué precio y con qué margen. En muchos casos, las fechas en las que se han cerrado las operaciones, tal y como se observa en el documento (julio, agosto, septiembre, época vacacional) contribuye a la falta de explicaciones.
El mundo de los fondos especulativos es muy controvertido. A menudo se mueven en el filo de la navaja de la ley y a menudo, tratan de aplicar la legislación de su país de origen en Estados con otras leyes. Los recelos están justificados. Hasta el FBI ha advertido que en determinados casos, conviene ser muy cauto en la relación con los fondos.
Como en otros asuntos polémicos relacionados con el control del dinero, ha habido países que han intentado legislar para prevenir antes que curar en relación con los fondos. Francia preparó legislación en 2007. No prosperó. EE UU también lo intentó (Stop Vulture Funs Bill) en 2009. No prosperó. En Reino Unido´, las propuestas de control se fueron suavizando hasta que en 2011 se adoptó una norma para evitar que los fondos más agresivos utilizaran los tribunales británicos contra los países más endeudados.
* InfoLibre - SANTIAGO CARCAR - 24.2.14
Foto: La vivienda se ha convertido en objetivo de los fondos especulativos. EP
'The Guardian' denuncia el escándalo de los 11 millones de casas vacías en la UE
No es ninguna novedad lo que publica el diario inglés, es más, en lo referente a España parece que maneja cifras antiguas ya que, según los últimos estudios realizados, las viviendas vacías en nuestro país deben superar los 5 (cinco) millones. En cualquier caso es absolutamente vergonzoso y queda patente el desastre ocurrido con la 'burbuja inmobiliaria' y las nefastas políticas de vivienda de los distintos responsables político-financieros en los últimos 15 años. El hecho además de que existan un número creciente de habitantes sin casa, debido a las estafas hipotecarias, agrava aun más esta tragedia urbanística. Y lo más notorio es que la justicia no haya actuado urgentemente frente a este colosal fraude social, y los culpables político-financieros se hayan ido mayoritariamente 'de rositas'.
"ELPERIÓDICO* : 'El escándalo de los 11 millones de viviendas vacías en Europa'. Así titula el diario 'The Guardian' un reportaje en el que denuncia que todas esas viviendas son suficients para alojar dos veces a los 'sin techo' de todo el continente europeo y aún sobrarían. Según fuentes de la UE, actualmente hay en Europa 4,1 millones de personas sin vivienda. España encabeza la lista de países con más pisos vacíos; 3,4 millones. Le siguen Francia e Italia, con 2 millones, Alemania, con 1,8, y el Reino Unido, con 700.000.
El rotativo, que ha recabado datos de toda la Unión Europea, señala que muchas de estas viviendas están en 'resorts' de vacaciones construidos durante el 'boom' inmobiliario y destaca que nunca han tenido inquilinos. Colectivos en defensa del derecho a la vivienda citados por el diario han calificado de "chocante despilfarro" el "increíble" número de viviendas vacías mientras millones de personas imploran un techo bajo el que vivir.
"Las casas se construyen para que la gente viva en ellas. Si no vive nadie, entonces es que algo ha ido muy mal en el mercado inmobiliario", ha destacado David Ireland, de la entidad Empty Homes (Casas Vacías), que lucha para que las autoridades faciliten el acceso de viviendas vacías a personas que lo necesitan. Ireland destaca que los 11 millones de casas vacías "serían suficientes para solucionar el problema de los 'sin techo'.
En la misma línea, Freek Spinnewijn, director de FEANTSA, una organización de 'sin techo' europeos, considera un escándalo que los gobiernos hayan permitido que tantas viviendas estén vacías. "Solo se necesitaría la mitad para acabar con el problema" de los 'sin techo'.
* El Periódico - 24.2.14
Foto: Gráfico elaborado por 'The Guardian' de las cifras de viviendas desocupadas en países de la UE, entre ellos España.
Exalcalde de Santiago cambió al jefe de Urbanismo para favorecer un pelotazo
La corrupción urbanística en Galicia, como ya se ha repetido en este blog, abarca a todo el territorio de la Comunidad con especial énfasis en sus principales ciudades. Tras el levantamiento sumarial del inabarcable caso Pokémon, han surgido detalles de irregularidades como la sustitución del jefe de Urbanismo de Santiago por el exalcalde 'popular' Conde Roa, a fin de dar nuevos pelotazos urbanísticos. El exalcalde había dimitido por un delito de fraude fiscal poco antes de estas operaciones ilegales.
"LAVOZDEGALICIA* : El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP), que dimitió por un fraude fiscal por el que ha sido condenado, estaba preparando dos pelotazos según se desprende del sumario de la operación Pokémon cuyo secreto acaba de levantarse de forma parcial. Uno era la ampliación del contrato del servicio de aguas a Aquagest, empresa cuyos responsables en Compostela también han sido imputados en el caso. El otro, la modificación del convenio urbanístico de la Finca do Espiño, operación para la que el gobierno local llegó incluso a fichar a un nuevo jefe de Urbanismo a propuesta de la propia empresa promotora, Layetana, con el objetivo de que fuese permeable a sus intereses.
Así se desprende de una conversación que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) grabó a Ángel Espadas el 18 de abril del 2012. El que por aquel entonces era jefe de gabinete y mano derecha de Conde Roa admite a Paula Prado, exconcejala en Santiago y actual portavoz del PPdeG en el Parlamento, que con el nuevo convenio el Concello salía perdiendo en beneficio de Layetana.
Ángel Espadas. ¿De qué estábamos hablando?
Paula Prado. De la Finca do Espiño.
Á. E. Bueno, ahí hay una cuestión que es clave, que como alguien se dé cuenta flipa, el mismo que propone el fichaje de Ignacio Soto.
P. P. Ah, ese.
Á. E. ¿El qué?
P. P. Ah, eso era, que estábamos hablando de la gerencia de Urbanismo.
Á. E. Bueno, el que propone el fichaje de Ignacio Soto es el abogado de Layetana, la promotora de la Finca do Espiño.
P. P. ¿Cómo? ¿El que propone qué? ¿Su nombramiento?
Á. E. Sí, sí, sí, como jefe de Planeamiento.
P. P. Bueno...
Á. E. Nunca se dio cuenta nadie y yo ayer, pensando cómo habían hilvanado todo y tal me di cuenta, joder.
P. P. ¿Pero quién lo propuso entonces?
Á. E. Juan Raposo, Juan Raposo [abogado de Layetana].
P. P. Juan Raposo.
Á. E. Juan Raposo. Y Gerardo [Conde Roa] nunca lo, o sea, nunca dijo nada, pero cuando el de O Pino no pudo venir dice, bueno, pues el de Teo, el de Teo. María Pardo y yo decíamos, bueno, si es el de Teo. María Pardo decía, yo no le conozco de nada y tal, no sé qué... pero sí lo propuso Juan Raposo y yo creo que Albino [Vázquez, exedil de Tráfico] no se dio cuenta nunca de esto, pero yo creo que ahí está la clave de todo.
P. P. Eso hay que ponerlo en el informe.
Á. E. Sí, sí y, bueno, pero ya te digo, ¿eh?, yo creo que en el momento, él, en la hora de la verdad, si alguien dice, oye, eso no está muy claro, nos van a dar, nos van a machacar, porque ahí se permutó dinero por obra, y cuando permutas dinero por obra tiene que haber un incremento de un 20 o un 25 por ciento y ahí no hubo incremento, más bien hubo decremento.
El nuevo convenio que pretendía Conde Roa para la Finca do Espiño nunca se llegó a firmar y el Concello tuvo que dar marcha atrás a la operación.
* La Voz de Galicia - XURXO MELCHOR - 6.2.14
Foto: Ayuntamiento Santiago - turismo
El juez Ruz investiga el despilfarro de los actos de ‘primera piedra’ de Aguirre
"ELPAÍS* : Un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en apariencia de mero trámite, puede provocar otra sacudida en el PP nacional y especialmente en el de Madrid. El magistrado ha decidido profundizar la investigación sobre los contratos que la Comunidad de Madrid otorgó a la trama empresarial de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, para la organización de cientos de actos de propaganda de la expresidenta de la comunidad y líder regional del partido, Esperanza Aguirre.
El juez Ruz ha dado un plazo de cinco días a las Consejerías de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid para que aclare si 15 de estos actos, casi todos puestas de primeras piedras de hospitales, carreteras, urbanizaciones y viviendas protegidas, fueron sufragados por las empresas adjudicatarias de esas construcciones, y no pagados directamente por el Gobierno regional a las sociedades de Correa, como se creía hasta ahora. Los agasajos, celebrados entre 2005 y 2007, tuvieron un coste total de 730.000 euros.
Sin embargo, el magistrado va un paso más allá. Ruz, a sugerencia de la Fiscalía Anticorrupción, quiere saber quién redactó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares de los contratos de las obras y quién fue el responsable técnico o político de su adjudicación y su fecha. En el caso de la Consejería de Sanidad, los actos se refieren a una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.
El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.
El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.
En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró este jueves que van a entregar a la Audiencia Nacional la información que les ha requerido sobre adjudicaciones a empresas vinculadas a la red Gürtel, y que lo harán “dentro del plazo” establecido. En relación a estos actos de inauguración, ha indicado que es “público y notorio y es lo habitual en grandes infraestructuras que la contratación de esos actos la realizan empresas, no la Comunidad”.
FE DE ERRORES
Manuel Lamela ya no pertenece al Consejo de Administración de Assignia Infraestructuras, del que fue relevado en octubre de 2013. Assignia no fue adjudicataria del Hospital de Aranjuez, sino que fue encomendado a Constructora Hispánica, empresa que posteriormente fue adquirida por Assignia.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 28.2.14
Foto: Aguirre coloca la primera piedra del metro a Barajas en 2006. / J. H. (EFE)
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