,+avance+ladrillo+-+levante.jpg)
La larga playa de Peñíscola (Castellón) era un lugar idílico hace años, como atestigua el rodaje de la película 'El Cid', pero hoy lamentablemente está llena de horrorosos bloques de hormigón. En este enjambre se siguen cometiendo ilegalidades urbanísticas que, una vez más, se eternizan debido a unos procesos judiciales absolutamente desfasados y a una justicia que lo permite injustamente. Ya en el año 2002 y en 2007 el TSJCV instó a la demolición forzosa municipal de un complejo comercial en dos bloques del paseo marítimo. Al día de hoy ha vuelto a insistir en la demolición municipal, pero veremos que subterfugios se busca el Ayuntamiento para seguirse riendo de las sentencias y, de paso, de todos los ciudadanos que sufren este inacabable pelotazo urbanístico.
"LEVANTE* : El consistorio de Peñíscola ha recibido «con prudencia» la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV a raíz del incidente planteado por la comunidad de propietarios de la Urbanización Peñíscola Playa contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 13 de enero y de 20 de abril de 2011. En estas decisiones, se concedió a la empresa Morrongo Ocio SL y otros, una licencia de obras para legalizar dos bloques de locales comerciales en primera línea de costa. Pero, ahora estos mismos ahora deberán ser derribados tras décadas en un limbo jurídico. Se hallan afectadas entre siete y ocho actividades instaladas en el subsuelo de la urbanización.
En el año 2002, el TSJCV ya instó a la demolición forzosa de este complejo comercial situado en la avenida Papa Luna, por lo que se requirió al consistorio peñíscolano para que manifestara las medidas que había tomado para la ejecución de la sentencia. Un auto posterior de septiembre de 2007, fijó como fecha tope para su demolición el 20 de noviembre de 2007. En éste, se responsabilizaba directamente al alcalde de su cumplimiento con apercibimiento de multas de 600 euros cada quince días, pero algunos propietarios plantearon un recurso de reposición hasta el fallo judicial del pasado día 26 de febrero y que publicó Levante de Castelló.
El edil de Urbanismo, Romualdo Forner, señaló ayer el respeto del ayuntamiento de la localidad hacia el auto judicial, a la vez que recordó la existencia de terceros adquirentes de buena fe y los intentos del consistorio por legalizar lo legalizable en Junta de Gobierno y en base a informes técnicos. «Pasaron los años y nadie hizo nada ante la situación de este edificio pero ante una resolución que, además, es tan clara no podemos hacer nada más que obedecerla y hacerla cumplir ya que las instrucciones son tajantes», indicó Forner.
Así las cosas, antes de verano es más que probable que se hayan derribado los excesos de volúmenes construidos, las ocupaciones de espacios comunes y recuperado plazas de aparcamientos o verdes. Desde 1984 el complejo ha sufrido cambios, cierres en escaleras y algunos de sus propietarios han ejecutado obras ilegales que han elevado a cifras exageradas los aparentes excesos de volumen de estas construcciones.
La ruta a seguir
El TSJCV impone la ruta a seguir por parte de Peñíscola y, una vez sea firme la resolución comunicada esta misma semana a las partes, el ayuntamiento requerirá a los propietarios y titulares de actividades de estas construcciones para que en el plazo de dos meses desalojen los inmuebles cuyas licencias han sido afectadas. Además, el consistorio les instará a que presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que lo rectifique o apruebe el ayuntamiento.
Cabe señalar que, de no presentarse el proyecto en esos dos meses, será el consistorio de Peñíscola quien lo elabore en un mes para ser proceder a la demolición de los locales en dos meses desde la notificación. De incumplir el ayuntamiento este mandato, el TSJCV designa a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Agua de forma subsidiaria y con las responsabilidades a que pudiera haber lugar. También condena solidariamente en costas a los demandados y con el 50 % al Ayuntamiento de Peñíscola.
* Levante - JORDI MAURA - 4.3.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance del ladrillo - levante
Peñíscola ya fue obligada a demoler los bloques de la playa en 2002 y en 2007
El Supremo abre juicio oral a M.Zerolo, exalcalde de Sta.Cruz, por prevaricación
El senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1995-2011, vuelve a ser imputado por la justicia por prevaricación urbanística en el caso de unas obras municipales ilegales en 2003. Demasiados años han pasado y la lentitud y/o complicidad judicial han permitido a semejante personaje, típico ejemplo de la corrupción en las islas Canarias, que siguiera su actividad pública en el mayor grado posible sin ser penalizado. Ya en 2006 estuvo implicado por comisiones ilegales en el caso Fórum Filatélico, algo que él mismo reconoció; y desde luego el asunto más conocido es el pelotazo de Las Teresitas, que todavía está sin finalizar judicialmente y que también se está eternizando entre el papeleo y la desidia.
"CANARIASAHORA* : El Tribunal Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral por un posible delito de prevaricación contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), imputado en relación con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal. El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo, que pidió el suplicatorio contra él y que le ha investigado. El instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, ha dado por concluida ahora esa investigación y ha ordenado sentar en el banquillo a Zerolo, a su teniente alcalde y concejal, Guillermo Núñez, y al funcionario Joaquín Castro.
En el auto Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación, es decir, dictar resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento.
Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.
Las acusaciones apuntan a que, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zerolo no prestó oídos a los múltiples reparos formulados por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES SA, que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio.
Y, por el contrario, los sorteó mediante un contrato de "mantenimiento" irregular.
Aunque las reformas previstas para las oficinas municipales y en el edificio de la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera sobrepasaban con mucho este concepto de "mantenimiento", debido a que el coste de sus trabajos exigían un concurso para su adjudicación, el alcalde mantuvo ésta a IMES SA.
Así, en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada, la Intervención presentó reparos a que en éstas se computaran todos los trabajos obviando las cantidades abonadas por cada uno de ellos, y señaló discrepancias entre el valor de factura y las unidades de obra realizadas.
Según las acusaciones de las que tendrá que responder en el juicio, el alcalde sorteó esos y otros reparos siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, patente no solo porque lo decían los funcionarios de la Intervención, sino también porque cualquiera que estuviera habituado a la actuación municipal debía saberlo.
* El Diario/Canarias Ahora - EFE - 3.3.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, alcalde M.Zerolo en un juicio (archivo) - laprovincia.es
El informe del pelotazo de Majadahonda que no quiso ver Esperanza Aguirre
Una parcela puede valer 7 millones, 48 o 150, en función de lo que ponga en un papel. En los albores de Gürtel y las postrimerías del "tamayazo", en Majadahonda, hubo uno de estos casos, del que fue informada la presidenta de Madrid E.Aguirre. Ésta no quiso saber nada de un tema que claramente la involucraba como representante última de la operación urbanística delictiva. Finalmente la dimisión del alcalde 'popular' G.Ortega, que tuvo que ver con la especulación y venta de una parcela muy interesante en esta localidad residencial madrileña, acabó por diluir el asunto.
"ESTRELLADIGITAL* : “Mi dimisión pagó el tamayazo”, ha asegurado Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda en la entrevista en exclusiva concedida a ED. "Romero de Tejada manejaba en la sombra todas las operaciones urbanísticas de Majadahonda", explica Ortega. Su dimisión como alcalde estuvo aderezada con la venta de una interesante parcela en esta localidad residencial madrileña.
Ortega perdió el apoyo de sus concejales cuando intentó vender una parcela llamada RN 1, también conocida como “el Valle de los olivos”. Para defenderse, Ortega y dos concejales fieles quisieron entregar un informe a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en el que detallaban una presunta operación especulativa con estos terrenos capitaneada por Narciso de Foxá, el actual alcalde y entonces al frente de la Empresa Municipal. En el mismo también se denunciaba la gestión que hizo de la empresa municipal Ricardo Romero de Tejada en sus operaciones de compra venta de parcelas.
“Esperanza abrió el dossier, miró la primera hoja y lo cerró. Dijo que no quería saber nada”, explica una de las personas del PP presentes en la entrega de esta información, en el despacho de Aguirre en la calle Génova.
Las operaciones urbanísticas son extremadamente complejas y muchas veces un detalle supone muchos millones de euros, lo que distingue una operación normal de un “pelotazo”. Mientras Ortega era alcalde de Majadahonda, Foxá era presidente de Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), la sociedad municipal de vivienda y suelo. PAMMASA era la encargada de hacer vivienda social y obras al Ayuntamiento. La forma de pago era por medio de parcelas, de propiedad municipal fruto de las cesiones, algunas veces eran libres y otras tenían algún tipo de protección.
Así es como apareció en el tapete la célebre RN1, un jugoso bocado junto a los terrenos de uno de los principales constructores de la localidad, propietario de Afar 4. La valoración de esta parcela era de algo más de 7 millones de euros, según consta en el expediente de cesión a PAMMASA, del año 2003, un precio claramente desactualizado en el 2004 de la burbuja inmobiliaria, ya que era de vivienda libre.
Ortega decidió que no iba a ser PAMMASA quien vendiera la parcela, sino el propio Ayuntamiento, por otro procedimiento, el precio tasado. Era el mismo sistema de la polémica operación de Arganda y de todas las que se hacían entonces en Madrid. Pero el precio debía ser más alto.
El arquitecto municipal, Pedro Sánchez, marcó el precio de una manera poco convencional, a mano, pero en papel timbrado y con su firma, que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL: “48 millones de euros”, escribe de su puño y letra en un tarjetón oficial. Y ese fue el precio al que se sacó a subasta la parcela, en un concurso en el que se presentaron 12 constructoras.
La ganadora tras la evaluación por parte del ingeniero y el arquitecto municipales fue Proinsa, implicada en la trama Gürtel. Sin embargo, una semana después el arquitecto, Pedro Sánchez, cercano a Narciso de Foxá, cambió extemporáneamente su valoración y decidió dar cero puntos a todas las propuestas menos a la de Afar 4. Así las cosas, evidentemente iba a ganar Afar 4.
Y es ahí donde nació el embrión del caso Gürtel. La mesa de contratación, desconcertada pidió auxilio legal para saber a qué atenerse y anuló la segunda valoración del arquitecto municipal. Pero el PP de Majadahonda ya estaba descompuesto. Foxá con 10 concejales y Ortega con dos.
A pesar del informe que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL, Esperanza Aguirre tomó partido por Foxá y pidió la dimisión a Ortega, que alegó motivos de salud para presentarla y se fue a presidir el Mercado Puerta de Toledo. Sus concejales afines, Peñas y Moreno quedaron a la intemperie y fuera del partido, y Foxá fue el nuevo alcalde. Los dos concejales cayeron bajo la órbita de Francisco Correa, amistad que acabó mal y llevo a uno de ellos a denunciar al cabeza de la organización.
A todo esto, el concurso, que incluía dos parcelas muncipales, con este trajín, quedó desierto. Un año y medio después salía el definitivo con un ganador: Vallehermoso, que pagaría 60 millones más de lo previsto. Pero aún así 101 millones más de lo que preveía PAMMASA. Cifras de mareo. El presidente de Vallehermoso era Luis Eduardo Cortés, ex presidente del PP de Madrid, y también ex vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid, con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón.
* Estrella Digital - JOAQUÍN VIDAL - 20.2.14
Foto: Documento arquitecto municipal - ED
Ciudad de México: corrupción urbanística
La enorme Ciudad de México ha sido durante años paradigma de la corrupción y el caos urbanístico. Los distintos gobiernos de la ciudad han permitido una ciudad desmesurada y claramente invivible, quizás debido a intereses inconfesables que tienen más que ver con la especulación urbanística y los intereses económicos, que con las necesidades reales de sus habitantes, sobre todo en algunos barrios claramente olvidados por las autoridades competentes en el tema.
"MILENIO* : En la Ciudad de México se suele utilizar la frase coloquial "con dinero todo es posible". Es un modo eufemístico de hablar de la corrupción, ya que históricamente los gobiernos de la ciudad han sido casi siempre corruptibles. Este fenómeno se manifiesta específicamente en la corrupción a nivel urbanístico. Con el suficiente dinero y los contactos adecuados se puede construir en reservas naturales, se puede transformar cualquier vivienda en un comercio, y en muchos casos es posible construir más pisos de los que permiten los reglamentos, etcétera.
Además de la corrupción en la administración pública, existe una aguda desigualdad social que también propicia privilegios a quienes tienen poco dinero, dando lugar a la economía sumergida, al comercio informal, que es otra forma ilegal de subsistencia. En nuestra sociedad pensamos que gozamos de una libertad absoluta de decisión sobre nuestras acciones; sin embargo, los límites de nuestras decisiones coinciden con nuestro poder adquisitivo. Podemos hacer cualquier cosa, siempre y cuando la podamos pagar: vivimos en la dictadura del capitalismo neoliberal. El filósofo checo Vaclav Havel lo ilustra muy bien en su libro El poder de los sin poder, con frases breves pero contundentes, como: "Si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la ley ni un gobierno democrático ni una economía de mercado funcionarán correctamente".
Ante este triste panorama, conviene distinguir entre lo que es humanamente posible y aquello que es materialmente imposible. Creemos que cualquier cosa es realizable si nos lo proponemos, pero la naturaleza y nuestra existencia física tienen límites fijos, que invariablemente se verifican aunque pensemos lo contrario. Un ejemplo claro es la tragedia del conjunto habitacional de Tlatelolco: los edificios que colapsaron durante el terremoto de 1985 habían sido diseñados correctamente y su estructura estaba calculada de acuerdo a las normas vigentes de aquel entonces; Mario Pani el arquitecto tenía la conciencia tranquila. ¿Entonces por qué colapsaron? En la época se atribuyó el accidente a que el terremoto no había tenido precedentes en su intensidad, duración y tipos de movimientos telúricos, que la combinación de estos tres factores habían afectado directamente a edificios de esa altura y características estructurales. Es una explicación científica convincente, pero de cualquier manera sucedió. También quedará la duda acerca de la ejecución de la obra y finalmente el tipo de ocupación de los edificios, que al parecer era excesiva.
De cualquier modo, tragedias de este tipo derivan de actos humanos que no toman en cuenta todos los factores de la naturaleza. Ojalá en el futuro se comience a valorar más el capital humano que el capital económico de una ciudad o Estado nacional.
* Milenio - LORENZO ROCHA - 13.2.14
Foto: Ciudad de México - milenio
Salamanca.- La gestión urbanística municipal acumula sentencias judiciales en contra
En la ciudad de Salamanca se han ido acumulando numerosos casos de ilegalidades urbanísticas, algunos provenientes de anteriores legislaturas, sin que la justicia llegue a tiempo y los culpables político-empresariales sean sancionados debidamente por ello. Hay un poco de todo en este panorama conflictivo, desde el anulado Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén, aprobado en su día por el Ayuntamiento, hasta la reciente nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés, etc, etc.
"ELNORTEDECASTILLA* : Los problemas judiciales por motivos urbanísticos se acumulan. Causas y procesos que vienen de la anterior legislatura y que, pasado el tiempo y construidos los edificios e infraestructuras a los que se refieren, hacen difícil una solución que satisfaga a todos o que, al menos, compense lo perdido a la ciudad. En primer lugar, hace un mes, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés en los terrenos del antiguo cuartel de Julián Sánchez 'El Charro'. Dicho convenio se firmó en 2007 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Salamanca y la empresa y aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta ya que implicaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
En este sentido hay que recordar que los terrenos del cuartel de Julián Sánchez 'El Charro' fueron cedidos, tras una cuestación popular, por la ciudad al entonces Ministerio de la Guerra en 1926, por lo que nunca han tenido la consideración de particulares ni el Ayuntamiento, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tenía potestad para entregárselos a una entidad privada. Con las cosas así, la construcción del centro comercial carece de todo tipo de licencias urbanísticas y ambientales. Como la demolición del inmueble no parece factible, desde Equo-Salamanca, la formación política que ha perseguido sin descanso estas resoluciones judiciales, se plantearon esta semana una serie de compensaciones en forma de cesión de terrenos para uso y disfrute de los ciudadanos. Un ejemplo de esta medida sería la compra al Banco Ceiss de los solares de Adoratrices y Patio Chico y su posterior dedicación a equipamientos urbanos.
Por otro lado, hace apenas una semana se conoció la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula de pleno derecho el Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca el 2 de diciembre de 2010 y que afecta a casi 600 hectáreas de terreno y nueve kilómetros de ribera. La razón esgrimida por el alto tribunal regional para esta anulación es la ausencia del informe medioambiental previo que se requiere siempre para actuaciones de este tipo. Ángel Gamazo, portavoz de Equo, señaló como responsable al entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Javier Galán, hoy subdelegado del Gobierno en la provincia.
Ahondando más en la historia, se descubre que la ausencia de ese informe está, con probabilidad, íntimamente relacionada con las opiniones que la Confederación Hidrográfica del Duero tenía sobre ciertos aspectos que se permitían en el plan de protección, como la construcción del Parque de Maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza en Huerta Otea. Esta infraestructura ya implicó para el Ayuntamiento una multa de 30.000 euros por parte de la CHD. Aún así, finalmente el parque se construyó, pese a la degradación del entorno fluvial de la ribera, y pese a que ocasionó graves problemas por la demolición de la pesquera de Tejares. Esta actuación se consideró imprescindible en su momento pero, tras varios miles de euros gastados y tras una agria polémica -que aún pervive- con los vecinos de ese barrio, quedó en agua de borrajas, ya que la pesquera se reconstruyó.
En resumen, hoy en día el Tormes y su entorno carecen de protección oficial -más allá de la que ofrece el Plan General de Ordenación Urbana-, y sus riberas de Huerta Otea han de soportar la agresión de una infraestructura que no debería haberse establecido allí, aunque la Confederación finalmente transigió a cambio de la reconstrucción de la pesquera de Tejares. Finalmente, el Ayuntamiento anunció esta semana que se trabaja ya en el informe ambiental que permita la aprobación, esta vez definitiva, del fallido plan de protección.
Última sentencia
Hace apenas unos días el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la constructora del edificio que hoy es el hotel Corona Sol en contra de la sentencia del TSJCyL de marzo de 2013. Esta resolución judicial declaraba nulo el estudio en detalle promovido por la constructora para solucionar las irregularidades del inmueble, situado en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad.
Entre esas irregularidades destaca un exceso de volumen construido, que se trataba de solucionar en el estudio en detalle transfiriendo la edificabilidad de una de las parcelas aun no construidas al nuevo edificio. La asociación 'Vecinos tras el muro' denunció ese estudio y su contenido, y el TSJCyL les dio la razón, planteamiento que ha ratificado esta semana el TS. Por tanto, el edificio continúa siendo ilegal.
* El Norte de Castilla - CECILIA HERNÁNDEZ - 28.2.14
Foto: La actuación en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad y el edificio de la calle Alarcón ha sido la última sentencia perdida por el Ayuntamiento. / Almeida
Granada.- La capital da carpetazo al Plan Albaicín y estanca el urbanismo en los años 90
La irracionalidad urbanística producto de los intereses políticos de los dirigentes municipales o autonómicos vuelve a la actualidad en Granada, con el grave motivo del ordenamiento del barrio del Albaicín, declarado junto con la Alhambra 'Patrimonio de la Humanidad'. Pero la limitación de miras y la corrupción reinante en casi todas las administraciones públicas han hecho que el Plan Albaicín siga sin realizarse correctamente y, por tanto su urbanismo actual se rija por un antiguo plan del año 1990. Ignorantes e irresponsables dirigentes que ponen en peligro el nº1 de los monumentos españoles.
"GRANADAHOY* : El Ayuntamiento lleva cinco años esperando a que la Junta apruebe el documento. La seguridad jurídica del barrio se queda en el aire y el Sacromonte se queda sin protección. El maltrecho barrio del Albaicín ha recibido otro estacazo. El golpe que ahora encaja bloqueará por tiempo indefinido los nuevos criterios de protección que debían aplicarse en el distrito desde hace años y retrotraerá la normativa urbanística que impera en la zona al año 1990, fecha en la que se aprobó el primer Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín-Sacromonte (Pepri), todavía en vigor.
Ayer, el Ayuntamiento de Granada anunció que archiva el procedimiento de revisión y actualización del caduco plan. Lo hace porque se ha cansado de esperar el visto bueno de la Junta de Andalucía, un trámite que llevan aguardando desde el año 2009, cuando se llevó a cabo la aprobación inicial del proyecto.
Para explicar su decisión, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, se remontó al año 2006, cuando se adjudica la revisión del plan al mismo equipo que redactó la normativa de 1990.
El objetivo de esta revisión era actualizar el plan, ya que desde 1990 ha habido una nueva Ley del Suelo, una nueva Ley de Patrimonio Histórico, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se han detectado errores que estaban pendientes de corregir y se han tramitado numerosas innovaciones. Para añadir esta nueva realidad al documento y para incorporar la protección del Sacromonte al Plan Especial, el equipo redactor se pasó dos años trabajando (desde 2006 a 2008), fecha esta última en la que el Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto.
En enero de 2009 la Junta de Andalucía recibió 12 ejemplares del Plan con la intención de que dieran el visto bueno al documento, requisito indispensable para que el proyecto saliera adelante. Y hasta hoy. Cinco años de espera que el Ayuntamiento cerró ayer con el archivo del expediente.
"Siempre hemos reconocido que las competencias en materia de patrimonio son de la Junta así que esperábamos un informe sobre este documento aprobado inicialmente con instrucciones concretas de corrección, subsanación...", lamenta la concejal de Urbanismo, quien reconoce que hasta ese momento se habían gastado 100.000 euros en el proyecto.
Según la concejal de Urbanismo, desde la Dirección General de Bienes Culturales nunca dijeron en qué sentido debían ir las correcciones que se hicieron en el documento, aunque sí se pusieron pegas sobre el lugar de la hoja donde se había plasmado la fecha de acuerdo de pleno o sobre la estampación del sello del Ayuntamiento en el anverso y no en el reverso de las hojas. También pedían un estudio sobre la romería de San Cecilio.
Claro que el análisis pormenorizado del nuevo plan también revela algunos aspectos que justificarían que el municipio tenga cierto interés en mantener el antiguo documento. A saber. La renovación del plan deja al Sacromonte fuera de nuevos niveles de protección. Esa adaptación del documento también obligaría a ceñirse a la nueva Ley de Patrimonio de 2007 en virtud de la cual los planes especiales de protección deben ir acompañados de un plan de movilidad y accesibilidad aprobados por Cultura. Limita la proliferación de bares y terrazas y es exquisita con la ocupación de la vía pública.
"El Ayuntamiento siempre ha procurado que Cultura no le diera el visto bueno al documento porque la normativa de 1990 permite muchas modificaciones de uso y así, por ejemplo, se puede convertir una vivienda unifamiliar en una plurifamiliar, es decir cabía la posibilidad de convertir un Carmen en apartamentos", apuntan profesionales del Urbanismo en la capital. La normativa vigente tampoco contempla la arqueología emergente, es decir no prevé hacer estratigrafías en los muros. "Es como si un hospital utilizara hoy en día métodos diagnósticos de hace 30 años", explican a este diario las mismas fuentes.
El futuro inmediato es también de lo más preocupante para el Sacromonte, ya que se genera una situación de inseguridad jurídica. Los vecinos que esperan que se les dé una licencia se quedarán a partir de ahora en suspenso y los criterios que se utilizarán para gestionar el barrio son los de hace casi 25 años.
"Hace 25 años teníamos claro que los peligros del patrimonio histórico eran la destrucción de fachadas pero no se tenía en cuenta la sobreexplotación turística que cada vez más acecha a estas zonas protegidas", explican los profesionales en temas urbanísticos.
Llegados a este punto, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento habló de dos soluciones para desbloquear el plan: que la Dirección General de Bienes Culturales recurra este archivo si consideran que ya tienen el documento estudiado o que le remitan al Ayuntamiento el documento como ellos lo quieren "y nosotros lo volvemos a aprobar inicialmente. Pero siempre vamos a trabajar siguiendo instrucciones de Sevilla", apuntó la concejal.
Mientras eso ocurre, los vecinos esperan que no se gaste ni en euro más en planes, fichas y documentos que al final se convierten en papel mojado mientras los problemas del barrio siguen sin solución.
* Granada Hoy - ANA GONZÁLEZ VERA - 14.2.14
Foto: Granada, calle Albaicín - flickr
Exalcalde de Tarifa condenado por segunda vez por un delito urbanístico
,+a%C3%A9rea+-+diariodelviajero.jpg)
Es fácil apreciar que aunque la mayoría de imputaciones y condenas recaen sobre dirigentes 'populares' en prácticamente toda la geografía del país no nacionalista, hay bastantes casos también de alcaldes socialistas, como es el caso de M.Manella, exalcalde de la localidad gaditana de Tarifa, que ha sido condenado a inhabilitación para ocupar cargo público y a una pequeña multa por un delito de prevaricación urbanística. Además este exalcalde no es la primera vez que resulta condenado por ilegalidades en urbanismo, lo que demuestra que la casta política nunca aprende del todo y sigue insistiendo en la corrupción partidista.
"20MINUTOS* : El socialista Miguel Manella, exalcalde de la localidad gaditana de Tarifa, ha sido condenado a 24 meses de inhabilitación para ocupar cargo público y a una multa de 600 euros por un delito de prevaricación urbanística, siendo esta su segunda condena en los últimos años por delitos de dicha naturaleza.
Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, no llegó a celebrarse el juicio contra Manella en el Juzgado de lo Penal de Algeciras (Cádiz), toda vez que "hubo conformidad y se entiende que la pena está ajustada", por lo que tampoco cabe presentar recurso. El caso tiene que ver con una obra que se llevó a cabo en el hotel La Torre de la localidad tarifeña, el cual se desarrolló en una zona que no estaba contemplada como urbanizable. También han sido condenados, tal y como adelanta el Diario de Cádiz, tres exediles que ocuparon responsabilidades en el área de Urbanismo en el gobierno que formó Manella en su día con IU, siendo estos los socialistas Juana Garrido, Jesús Mota y el excaldidato de IU, Javier Mohedano. Cabe recordar que Manella, ya fuera de la política, había sido condenado a otra pena similar por otro asunto relacionado con el Urbanismo cuando aún era alcalde de la ciudad.
* 20 Minutos - EP - 14.2.14
Foto: Tarifa (Cádiz), aérea - diariodelviajero
Barreiros ignora el pinchazo de la burbuja y planea miles de viviendas
,+edificios+denunciados+-+elpais.jpg)
Con vistas al Cantábrico hay esqueletos a medio construir de viviendas que ya no lo serán y segundas residencias terminadas hace años por cuya puerta aún no ha entrado el primer propietario. En el litoral de Lugo, a 900 kilómetros de la playa mediterránea más cercana o a 200 de las turísticas Rías Baixas, está el municipio de Barreiros, dedicado tradicionalmente a la agricultura. Según las estadísticas oficiales hay en la actualidad 3.500 segundas residencias, tres por cada ciudadano empadronado. Buena parte de ellas están vacías. Pues a pesar de este reciente descalabro urbanístico y social, el ayuntamiento 'popular' insiste en construir más de 25.000 nuevas viviendas, algo absolutamente incomprensible y que parece entrar más en el terreno del urbanismo-ficción, o en el del despilfarro y la corrupción descarada.
"ELPAÍS* : El primer plan de urbanismo con que contará el Ayuntamiento de Barreiros, en la costa de Lugo, estaba llamado a ordenar la caótica proliferación de segundas residencias que comenzaron a levantarse allí hace una década. Fue como un símbolo de la burbuja inmobiliaria en Galicia, hasta que en 2007 la Xunta bipartita decidió paralizar la construcción en el municipio. Pero el esperado documento, que no ha pasado todavía de un muy inicial borrador elaborado solo a efectos ambientales, ya no convence al actual Gobierno gallego, del mismo color político que el Ayuntamiento, del PP.
La Xunta critica los “datos contradictorios” que maneja sobre el crecimiento demográfico del municipio y lo “confuso” y “sin justificación” de algunas recalificaciones, que el gobierno local defiende como necesarias para ordenar lo que ya se ha ido construyendo ilegalmente.
La Consellería de Medio Ambiente ha respondido al primer borrador del futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) recordando que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Barreiros tiene apenas 3.200 habitantes pero cuenta con más de 3.500 segundas residencias o viviendas vacías. La Xunta señala que, según admite el propio Ayuntamiento, esas casas ya construidas y otras que están a medio levantar “pueden cubrir unas necesidades por encima de los 25.000 habitantes”, por lo que para el Gobierno gallego “no se justifica la necesidad de programar nuevos desarrollos residenciales”. Es lo que pretende el Ayuntamiento al recalificar como urbanizables dos nuevos sectores en el lugar de San Bartolo, en la llanura litoral del municipio, que para Medio Ambiente “no tienen justificación alguna dado que pretenden generar nuevas bolsas de suelo para el desarrollo urbanístico en una zona que actualmente presenta una considerable saturación edificatoria”.
La Xunta no se acaba de creer el argumento municipal de que esas y otras seis grandes recalificaciones servirán solo para ordenar zonas en las que ya se había comenzado a construir de forma caótica. Incluso ironiza con ello: “Llama la atención que de todas las categorías de suelo contempladas en la alternativa propuesta, la única que no presenta una delimitación cartográfica precisa es la referida a los ámbitos designados para la recalificación (sectores urbanizables), los cuales son representados mediante una trama difusa en la que no se define el perímetro con claridad”.
Por otra parte, el Ayuntamiento argumenta que su nuevo plan apostará por los usos hoteleros frente a las segundas residencias, pero para la Xunta también “llama la atención” que el documento no detalle dónde. El Gobierno gallego considera que los objetivos globales del plan “no fueron establecidos con claridad” y que el borrador que le entregó el Ayuntamiento “presenta un componente únicamente descriptivo y no propositivo”. Incluso esas pocas propuestas que plantea el borrador ambiental del plan merecen algún tipo de censura de Medio Ambiente: “No pueden validarse como objetivos del PXOM de Barreiros todos los relacionados con la aplicación de normativa o legislación sectorial dado que todos ellos son aspectos de obligado cumplimiento”.
Los reproches autonómicos hacia el documento municipal son múltiples: es “muy esquemático”; “el análisis del paisaje es muy genérico”; “no referenció en su cartografía ni los bienes patrimoniales ni el trazado del Camino del Norte”; o “no presenta un análisis coherente de la previsible evolución demográfica”. La Xunta critica que incluso una de las dos grandes alternativas de desarrollo urbanístico planteadas "no puede considerarse válida dado que incumple la legislación vigente".
El plan que elabora Barreiros sigue contemplando la inversión de 14 millones de euros para dotar de servicios urbanos a cientos de viviendas irregulares que carecen de ellos. La intención original de la Xunta era acometerlos con fondos públicos a través un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló hace ocho meses. Ahora el Gobierno gallego se limita a reclamar a Barreiros que su plan incluya “una concisa justificación de las previsiones para su financiación”. Todas estas apreciaciones las recoge la Xunta en el denominado Documento de Referencia, una guía de cumplimiento obligatorio que ahora deberá seguir el Ayuntamiento para analizar correctamente el impacto ambiental del futuro plan.
* El País - DAVID REINERO - 1.3.14
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - elpais
Los fondos buitre invirtieron más de 2.500 millones en viviendas el pasado año
La noticia es escandalosa y parece que además va en aumento. Dada la gravísima situación de la vivienda en este país, con millones de casas vacías y millones también de ciudadanos sin casa, es lamentable que debido a la ruptura de la inflada 'burbuja inmobiliaria', con los precios lógicamente en descenso, acudan los denominados 'fondos buitre', especulativos, al mercado de la vivienda para terminar de redondear la estafa mayúscula propiciada por las mafias política, empresarial y financiera. Con la economía ciudadana bajo mínimos, estos delictivos fondos se aprovechan de la situación anómala y de la corrupción existente en el mercado, obteniendo con ello enormes ganancias con muy poco esfuerzo y obstaculizando, una vez más, el acceso a una vivienda digna de los más necesitados.
"INFOLIBRE* : Los precios de la vivienda se han desplomado más de un 30% desde el principio de la crisis, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El hundimiento supone una gran oportunidad para los fondos buitre, especializados en aprovechar los apuros de particulares, bancos y empresas, para comprar activos baratos y exprimirlos. El pasado año 2013, fue un buen ejercicio para los interesados en inmuebles. Según los datos de operaciones recabados por infoLibre, los fondos invirtieron más de 2.500 millones de euros en viviendas. Además, adquirieron carteras de deuda y créditos fallidos de bancos y cajas por al menos otros 1.800 millones.
Los fondos más activos, Blackstone, Cerberus, Apollo, HIG, Yorvick, Fortress, York Capital o Centerbridge, se mueven como pez en el agua en un Madrid de precios deprimidos en el que su Gobierno (Comunidad de Madrid) y su Ayuntamiento se desprenden de las viviendas de la era de la especulación, en propiedad o en régimen de alquiler, por millares.
Son las consecuencias, bien aprovechadas por los depredadores del sistema, de la locura tuvo lugar en los años del "España va bien" que se ilustra con un simple dato: en 1997, el saldo de los créditos al promotor suponía alrededor del 3,7% del producto interior bruto del país (PIB) mientras que 10 años después era del 28,8% del PIB.
Consecuencias
La entrada de los fondos especulativos en el mercado de la vivienda tiene importantes consecuencias. Así lo cree el economista Julio Rodríguez. "Las compras de parques de viviendas públicas protegidas de alquiler por fondos de inversión" sostiene "pueden implicar cambios importantes en las condiciones de los contratos para los arrendatarios, una vez cumplido el plazo del contrato de alquiler en vigor, que no pasará de los cinco años desde la firma del mismo".
Administraciones autonómicas, pero también instituciones participadas por el Estado como el banco malo, Sareb, ceden lotes de viviendas y de oficinas a toda máquina. Hay inquilinos que no saben a quién tienen que pagar el alquiler y compradores que pactaron compras a un precio que el nuevo propietario discute.
Empresas como El Corte Inglés (venta de edificio en Plaza Cataluña, Barcelona, a IVA Capital); bancos como el Sabadell (activos titulizados con respaldo de 953 pisos) o compañías de seguros han cedido oficinas, viviendas y créditos apurados por la falta de crédito, la necesidad de reducir deuda o las presiones para mejorar el estado de los balances.
Pero ¿por qué están interesados los fondos en entrar en un negocio aparentemente deprimido? Es una apuesta. España tiene un 85% de vivienda en propiedad frente a un 15% en alquiler. En Europa, la media es 70/30. Atisban negocio. Sus cuentas apuntan a que 2,7 millones de viviendas pasarán del régimen de propiedad al de alquiler.
Modelo de EE UU
La compra por Blackstone de miles de viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) apunta a un intento de traer a España el modelo de EE UU. Blackstone es el mayor propietario y arrendador en EE UU. En los últimos años ha invertido más de 7.500 millones de dólares (5.472 millone sde euros) en la compra de viviendas a bancos.
En el caso de España, los fondos especulativos han ido por pasos. Al comienzo de la crisis utilizaron el sistema de compras con compromiso de recompra o alquiler para los vendores (sale and leaseback). Era un medio para obtener liquidez por empresas apuradas que utilizaron, entre otros, los medios de comunicación más importantes. Posteriormente, adquirieron a bancos y cajas, nacionalizados o no, carteras de crédito con garantía hipotecaria y ahora adquieren sociedades de gestión de activos.
No es fácil saber qué se vende, a qué precio y con qué margen. En muchos casos, las fechas en las que se han cerrado las operaciones, tal y como se observa en el documento (julio, agosto, septiembre, época vacacional) contribuye a la falta de explicaciones.
El mundo de los fondos especulativos es muy controvertido. A menudo se mueven en el filo de la navaja de la ley y a menudo, tratan de aplicar la legislación de su país de origen en Estados con otras leyes. Los recelos están justificados. Hasta el FBI ha advertido que en determinados casos, conviene ser muy cauto en la relación con los fondos.
Como en otros asuntos polémicos relacionados con el control del dinero, ha habido países que han intentado legislar para prevenir antes que curar en relación con los fondos. Francia preparó legislación en 2007. No prosperó. EE UU también lo intentó (Stop Vulture Funs Bill) en 2009. No prosperó. En Reino Unido´, las propuestas de control se fueron suavizando hasta que en 2011 se adoptó una norma para evitar que los fondos más agresivos utilizaran los tribunales británicos contra los países más endeudados.
* InfoLibre - SANTIAGO CARCAR - 24.2.14
Foto: La vivienda se ha convertido en objetivo de los fondos especulativos. EP
'The Guardian' denuncia el escándalo de los 11 millones de casas vacías en la UE
No es ninguna novedad lo que publica el diario inglés, es más, en lo referente a España parece que maneja cifras antiguas ya que, según los últimos estudios realizados, las viviendas vacías en nuestro país deben superar los 5 (cinco) millones. En cualquier caso es absolutamente vergonzoso y queda patente el desastre ocurrido con la 'burbuja inmobiliaria' y las nefastas políticas de vivienda de los distintos responsables político-financieros en los últimos 15 años. El hecho además de que existan un número creciente de habitantes sin casa, debido a las estafas hipotecarias, agrava aun más esta tragedia urbanística. Y lo más notorio es que la justicia no haya actuado urgentemente frente a este colosal fraude social, y los culpables político-financieros se hayan ido mayoritariamente 'de rositas'.
"ELPERIÓDICO* : 'El escándalo de los 11 millones de viviendas vacías en Europa'. Así titula el diario 'The Guardian' un reportaje en el que denuncia que todas esas viviendas son suficients para alojar dos veces a los 'sin techo' de todo el continente europeo y aún sobrarían. Según fuentes de la UE, actualmente hay en Europa 4,1 millones de personas sin vivienda. España encabeza la lista de países con más pisos vacíos; 3,4 millones. Le siguen Francia e Italia, con 2 millones, Alemania, con 1,8, y el Reino Unido, con 700.000.
El rotativo, que ha recabado datos de toda la Unión Europea, señala que muchas de estas viviendas están en 'resorts' de vacaciones construidos durante el 'boom' inmobiliario y destaca que nunca han tenido inquilinos. Colectivos en defensa del derecho a la vivienda citados por el diario han calificado de "chocante despilfarro" el "increíble" número de viviendas vacías mientras millones de personas imploran un techo bajo el que vivir.
"Las casas se construyen para que la gente viva en ellas. Si no vive nadie, entonces es que algo ha ido muy mal en el mercado inmobiliario", ha destacado David Ireland, de la entidad Empty Homes (Casas Vacías), que lucha para que las autoridades faciliten el acceso de viviendas vacías a personas que lo necesitan. Ireland destaca que los 11 millones de casas vacías "serían suficientes para solucionar el problema de los 'sin techo'.
En la misma línea, Freek Spinnewijn, director de FEANTSA, una organización de 'sin techo' europeos, considera un escándalo que los gobiernos hayan permitido que tantas viviendas estén vacías. "Solo se necesitaría la mitad para acabar con el problema" de los 'sin techo'.
* El Periódico - 24.2.14
Foto: Gráfico elaborado por 'The Guardian' de las cifras de viviendas desocupadas en países de la UE, entre ellos España.
Exalcalde de Santiago cambió al jefe de Urbanismo para favorecer un pelotazo
La corrupción urbanística en Galicia, como ya se ha repetido en este blog, abarca a todo el territorio de la Comunidad con especial énfasis en sus principales ciudades. Tras el levantamiento sumarial del inabarcable caso Pokémon, han surgido detalles de irregularidades como la sustitución del jefe de Urbanismo de Santiago por el exalcalde 'popular' Conde Roa, a fin de dar nuevos pelotazos urbanísticos. El exalcalde había dimitido por un delito de fraude fiscal poco antes de estas operaciones ilegales.
"LAVOZDEGALICIA* : El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP), que dimitió por un fraude fiscal por el que ha sido condenado, estaba preparando dos pelotazos según se desprende del sumario de la operación Pokémon cuyo secreto acaba de levantarse de forma parcial. Uno era la ampliación del contrato del servicio de aguas a Aquagest, empresa cuyos responsables en Compostela también han sido imputados en el caso. El otro, la modificación del convenio urbanístico de la Finca do Espiño, operación para la que el gobierno local llegó incluso a fichar a un nuevo jefe de Urbanismo a propuesta de la propia empresa promotora, Layetana, con el objetivo de que fuese permeable a sus intereses.
Así se desprende de una conversación que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) grabó a Ángel Espadas el 18 de abril del 2012. El que por aquel entonces era jefe de gabinete y mano derecha de Conde Roa admite a Paula Prado, exconcejala en Santiago y actual portavoz del PPdeG en el Parlamento, que con el nuevo convenio el Concello salía perdiendo en beneficio de Layetana.
Ángel Espadas. ¿De qué estábamos hablando?
Paula Prado. De la Finca do Espiño.
Á. E. Bueno, ahí hay una cuestión que es clave, que como alguien se dé cuenta flipa, el mismo que propone el fichaje de Ignacio Soto.
P. P. Ah, ese.
Á. E. ¿El qué?
P. P. Ah, eso era, que estábamos hablando de la gerencia de Urbanismo.
Á. E. Bueno, el que propone el fichaje de Ignacio Soto es el abogado de Layetana, la promotora de la Finca do Espiño.
P. P. ¿Cómo? ¿El que propone qué? ¿Su nombramiento?
Á. E. Sí, sí, sí, como jefe de Planeamiento.
P. P. Bueno...
Á. E. Nunca se dio cuenta nadie y yo ayer, pensando cómo habían hilvanado todo y tal me di cuenta, joder.
P. P. ¿Pero quién lo propuso entonces?
Á. E. Juan Raposo, Juan Raposo [abogado de Layetana].
P. P. Juan Raposo.
Á. E. Juan Raposo. Y Gerardo [Conde Roa] nunca lo, o sea, nunca dijo nada, pero cuando el de O Pino no pudo venir dice, bueno, pues el de Teo, el de Teo. María Pardo y yo decíamos, bueno, si es el de Teo. María Pardo decía, yo no le conozco de nada y tal, no sé qué... pero sí lo propuso Juan Raposo y yo creo que Albino [Vázquez, exedil de Tráfico] no se dio cuenta nunca de esto, pero yo creo que ahí está la clave de todo.
P. P. Eso hay que ponerlo en el informe.
Á. E. Sí, sí y, bueno, pero ya te digo, ¿eh?, yo creo que en el momento, él, en la hora de la verdad, si alguien dice, oye, eso no está muy claro, nos van a dar, nos van a machacar, porque ahí se permutó dinero por obra, y cuando permutas dinero por obra tiene que haber un incremento de un 20 o un 25 por ciento y ahí no hubo incremento, más bien hubo decremento.
El nuevo convenio que pretendía Conde Roa para la Finca do Espiño nunca se llegó a firmar y el Concello tuvo que dar marcha atrás a la operación.
* La Voz de Galicia - XURXO MELCHOR - 6.2.14
Foto: Ayuntamiento Santiago - turismo
El juez Ruz investiga el despilfarro de los actos de ‘primera piedra’ de Aguirre
"ELPAÍS* : Un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en apariencia de mero trámite, puede provocar otra sacudida en el PP nacional y especialmente en el de Madrid. El magistrado ha decidido profundizar la investigación sobre los contratos que la Comunidad de Madrid otorgó a la trama empresarial de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, para la organización de cientos de actos de propaganda de la expresidenta de la comunidad y líder regional del partido, Esperanza Aguirre.
El juez Ruz ha dado un plazo de cinco días a las Consejerías de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid para que aclare si 15 de estos actos, casi todos puestas de primeras piedras de hospitales, carreteras, urbanizaciones y viviendas protegidas, fueron sufragados por las empresas adjudicatarias de esas construcciones, y no pagados directamente por el Gobierno regional a las sociedades de Correa, como se creía hasta ahora. Los agasajos, celebrados entre 2005 y 2007, tuvieron un coste total de 730.000 euros.
Sin embargo, el magistrado va un paso más allá. Ruz, a sugerencia de la Fiscalía Anticorrupción, quiere saber quién redactó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares de los contratos de las obras y quién fue el responsable técnico o político de su adjudicación y su fecha. En el caso de la Consejería de Sanidad, los actos se refieren a una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.
El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.
El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.
En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró este jueves que van a entregar a la Audiencia Nacional la información que les ha requerido sobre adjudicaciones a empresas vinculadas a la red Gürtel, y que lo harán “dentro del plazo” establecido. En relación a estos actos de inauguración, ha indicado que es “público y notorio y es lo habitual en grandes infraestructuras que la contratación de esos actos la realizan empresas, no la Comunidad”.
FE DE ERRORES
Manuel Lamela ya no pertenece al Consejo de Administración de Assignia Infraestructuras, del que fue relevado en octubre de 2013. Assignia no fue adjudicataria del Hospital de Aranjuez, sino que fue encomendado a Constructora Hispánica, empresa que posteriormente fue adquirida por Assignia.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 28.2.14
Foto: Aguirre coloca la primera piedra del metro a Barajas en 2006. / J. H. (EFE)
.................................... Leer más...
Comienza el juicio oral por la Ciudad del Golf de Ávila
En 2006 el Tribunal de Justicia de Castilla y León anuló el proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), al ser un terrero protegido como Zona de Especial Protección para las Aves, que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama. En el proyecto estaban implicados, además de la empresa y el Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y la Diputación de Ávila, todos del PP. La ilegal urbanización tuvo bastante repercusión en los medios por la imputación de altos dirigentes políticos autonómicos. La acusación fue llevada, una vez más, por asociaciones ciudadanas, hartas de la impunidad delictiva de las distintas administraciones. Ahora hay que esperar que la justicia sea justa y sepa condenar el amiguismo y la corrupción urbanística existente en las filas 'populares' de Castilla y León.
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : Seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila), el Juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid inicia este lunes el juicio oral contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para los que la Fiscalía y la acusación particular de Centaurea y Ecologistas en Acción piden 8 años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental. La duración prevista del juicio es de cinco días.
Los técnicos imputados son el actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón, el actual Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.
El auto de imputación de enero de 2012, tras resumir el cúmulo de informes falsos realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Consejera de Medio Ambiente, señalaba que “la actuación de los imputados bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.
Centaurea y Ecologistas en Acción aprovechan el inicio del juicio para denunciar que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ampare los comportamientos presuntamente delictivos de sus subordinados y máximos responsables de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, haciéndose cómplice de sus actuaciones contra la naturaleza, de cuya conservación siguen siendo los responsables. Los ecologistas consideran penoso el mensaje que se envía a la sociedad, confirmando la muy extendida impresión de que la generalidad de los políticos profesionales de esta región y país son unos corruptos y se protegen entre ellos.
También lamentan que la Consejera de Medio Ambiente en aquel momento, la hoy senadora María Jesús Ruiz, siga aferrada a su cargo y su sueldo público y no se siente en el banquillo de los acusados.
El caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués es un ejemplo notorio de la confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de María Jesús Ruiz y de la Junta de Castilla y León, promoviendo y/o alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos. El protagonismo de la ex-Consejera es indudable en otros escándalos similares como la “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria o la estación de esquí de San Glorio (Palencia y León), al igual que la “Ciudad del Golf” con sentencias judiciales contrarias, incluida la recientemente dictada por el Tribunal Constitucional.
En el caso de Las Navas del Marqués, hay que recordar que se investiga la aprobación de la urbanización de 215 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para la conservación de esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto e incluir sus 1.600 viviendas, zona hotelera y dos campos de golf.
* Ecologistas en Acción - 28.2.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com
Condenan al alcalde de Tolox en otras cuatro causas por prevaricación urbanística
+-+J.Rojas,+ELPAIS.com.jpg)
El Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga ha condenado al alcalde de la localidad malagueña de Tolox, J.Vera (Convergencia Andaluza), a 15 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público en una causa por prevaricación urbanística por autorizar una licencia para 772 viviendas. Según fuentes judiciales, hay otras tres sentencias condenatorias dictadas en el mismo sentido y por el mismo delito, aunque por distintos permisos de obra. Como se ve en este pequeño municipio eran prácticamente ilegales todas las construcciones que se realizaban, un auténtico récord de corrupción urbanística en el país.
"ELDIARIO* : De estas resoluciones, según las fuentes, en dos se condena a Vera, al arquitecto municipal y a un letrado contratado para hacer informes jurídicos; mientras que en otras dos, se condena a los dos primeros, pero se absuelve a la que era secretaria municipal. Estas sentencias se suman a la dictada el pasado mes de febrero, en la que el regidor fue condenado también a 15 meses de prisión y 10 de inhabilitación por autorizar 24 viviendas en suelo no urbanizable.
Según se declara probado en una de las sentencias dictadas ahora, el alcalde, el arquitecto municipal y el letrado externo se pusieron de acuerdo "con unidad de acción y propósito" para proceder al crecimiento urbanístico del municipio "sin respetar las normas vigentes y aplicables". Para ello, entre otros trámites, se elaboró un expediente de licencia para la construcción de 772 apartamentos en varias parcelas consideradas no urbanizables.
El alcalde concedió la licencia "a pesar de constarle que la misma no se ajustaba a la realidad vigente", dice la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press. Previamente, el arquitecto municipal había informado de forma favorable a la ejecución de las obras sabiendo "que no se ajustaban a la legalidad", al igual que el tercer acusado, que había sido "contratado expresamente por Juan Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes".
El juzgador recuerda, como ya hizo en la anterior sentencia, que se trata de un municipio con no más de 3.000 habitantes "donde existen aproximadamente unas 800 viviendas construidas", considerando "notorio y evidente que estamos ante un exceso de licencias concedidas", que podrían suponer casi triplicar la población. Se muestra en esta causa la "orgía urbanística que cegó a muchos y uno de los causantes de la crisis en nuestros días".
Por esto, entiende el juez que "no sólo estamos ante una conducta ilícitamente reprochable, sino que los acusados llevaron a cabo una multitud de autorizaciones que dieron lugar a que incluso el órgano controlador y disciplinario de la legalidad urbanística --Junta de Andalucía-- pusiera los hechos en conocimiento del ministerio fiscal al entender que el volumen de licencias era tal que excedía de ese crecimiento exagerado propio del momento".
La licencia se considera ilegal. En relación con el alcalde, el juez indica que no puede alegarse ignorancia y que "no estamos ante un simple error de apreciación, sino que se concedió una licencia para la construcción de 772 viviendas", lo que a cualquier ciudadano medio, "sea o no alcalde de un municipio de no más de 3.000 habitantes, le puede cuanto menos sorprender que pueda llegar a concederse".
Tampoco se admite el argumento de los informes favorables. Al respecto, se apunta a una acción "conjunta" y se incide en que fueron 772 viviendas, "concesión que por muchos informes favorables que el acusado tuviera debía denegar", considerando que Vera actuó "con conocimiento de que la construcción era del todo imposible tanto por los suministros existentes en el municipio como por la modificación que ello provocaría en el desarrollo urbanístico de la localidad".
En lo que respecta al arquitecto municipal, condenado a multa de 2.160 euros e inhabilitación para empleo público por siete años, reconoció los hechos por los que le acusa el ministerio fiscal y sólo contestó a una pregunta, admitiendo que elaboró el informe técnico a sabiendas de su ilegalidad. Pero, se indica que "no estamos ante una responsabilidad en cadena, esto es, que como el técnico informó favorablemente ya todos los demás tienen la obligación de informar".
Sobre el asesor jurídico, condenado a multa de 4.500 euros e inhabilitación por siete años, se apunta que se le contrató "para acelerar el informe jurídico necesario" para la resolución, entendiendo que es un "auténtico informe a la carta". También se señala en la sentencia que aceptó el encargo y "obvió groseramente los mínimos legales de deontología profesional que debería respetar todo aquel que ostenta un cargo en la administración".
De los siete juicios celebrados en este Juzgado de lo Penal, quedan pendientes dos sentencias, de las que se ha pedido aclaración; y aún faltan por celebrarse otros siete juicios. Asimismo, falta por dictarse resolución en otro juzgado por un procedimiento sobre la concesión de varios permisos para construir y segregar una parcela particular. Cabe recordar que la Audiencia de Málaga revocó una sentencia condenatoria por un delito urbanístico y lo absolvió.
* El Diario - EP - 26.2.14
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
El TSJCV abre juicio contra Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y diputado del PP
El conflictivo urbanismo de Alicante ha estado desde hace 20 años bajo la batuta de este personaje, símbolo significativo de la corrupción en el país. Primero como alcalde hasta 2008 en que pasó a ser diputado autonómico 'popular', y hasta el día de hoy a través de su discípula aventajada S.Castedo. Ambos tienen varias imputaciones judiciales por manejos ilegales en el urbanismo alicantino, contando con empresarios amiguetes como E.Ortiz, uno de los beneficiados en esta trama mafiosa. Alperi fue exculpado en 2009 por una justicia injusta, sin asumir responsabilidades políticas, y en 2011 acusado también en el caso de corrupción Brugal. Es decir, una carrera impresionante de irregularidades urbanísticas varias, mientras los ciudadanos seguían dándole mayorías electorales, incomprensiblemente.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio al actual diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, y a tres empresarios.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el auto el juez establece una fianza por posibles responsabilidades derivadas de los dos delitos imputados de 2,3 millones para Díaz Alperi, otros 1,5 millones para el empresario Antonio Moreno y 900.000 euros para el también empresario Antonio Solana.
Para el tercer empresario, Javier Palacio López, el fiscal sólo le imputa un delito de cohecho y no solicita el establecimiento de fianza alguna.
La investigación se abrió tras una denuncia presentada en marzo pasado por el ministerio público ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV.
La Fiscalía cree que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010 a través de sociedades en las que participaba.
Díaz Alperi está también imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
Tras culminar las actuaciones por el presunto delito fiscal, el juez dio traslado de lo actuado, en un auto del 13 de diciembre de 2013, al ministerio Fiscal y a la acusación personada (Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria) para que solicitasen la apertura del juicio oral, el sobreseimiento que pudiera proceder o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
En el auto de apertura del juicio oral, el magistrado consideraba que los hechos imputados a Díaz Alperi podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.
En esa resolución, el tribunal recoge el contenido de los escritos de acusación presentados tanto por el ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado y determina que es la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV el órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa.
La Fiscalía considera en su acusación que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010.
La denuncia detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada (405.351 euros) se refiere a 2007, cuando el dirigente popular tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros y únicamente declaró unas retribuciones de 113.250,89 euros por sus cargos públicos.
De 2008, se considera que defraudó por 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo que habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".
Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la Fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468 euros, también en relación al catamarán, aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a uno de los otros imputados.
La Abogacía del Estado solicitó también la apertura del juicio oral contra el exalcalde y dos de los empresarios, Antonio Moreno y Antonio Solana por tres delitos contra la hacienda pública.
* El Diario - EFE - 1.2.14
Foto: Alicante, alcaldes Castedo y Alperi - elpais
La movilización popular impulsa la lucha contra la corrupción
Aunque parezca mentira esta noticia es de hace exactamente un año... reír por no llorar. Es terrible que haya pasado todo este tiempo y la situación de la corrupción en este país sea igual o peor que entonces. El caso Bárcenas y la ilegal financiación del PP, con comisiones de empresas de la construcción y altos cargos políticos, continúa en el mismo punto, es decir, en el de salida, porque prácticamente no se ha avanzado nada o, mejor dicho, no se ha querido que avanzara. Bárcenas ha reculado sospechosamente, callando, y la justicia, presionada, no ha realizado correctamente su trabajo de perseguir los graves delitos que imputaban a dirigentes del partido 'popular'. La movilización ciudadana ha seguido manifestándose en la calle, pero sin que los poderes del Estado, partidistamente, les hayan hecho el mínimo caso. Algo lamentable que demuestra en qué sitio tan oscuro nos encontramos.
"DANIEL RIPA* : Recortes sociales y casos de corrupción se suceden ante una ciudadanía, envenenada de paciencia, cuyas movilizaciones no parecen alterar la ‘hoja de ruta’ de una mayoría absoluta. Aunque las Mareas del 23F demostraron que la oposición al Gobierno seguía bien viva, urge encontrar resquicios que arrinconen a Rajoy. Eso buscan dos acusaciones populares que, entre el 21 y el 28 de febrero, se han querellado contra Luis Bárcenas.
La primera de ellas viene desde el barcelonés Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y cuenta con el apoyo de CC OO, UGT y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. La segunda, presentada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados y Federación Los Verdes, acusa de hasta 12 delitos al extesorero y a los exministros Acebes, Rato y Trillo, así como a ocho directivos de empresas de construcción que aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del PP a cambio de posibles concesiones de obra pública.
“¿Cómo es posible que tras dos meses de noticias sobre el caso Bárcenas la Fiscalía no haya actuado?”, se pregunta Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados “¿Cómo es posible que tras dos meses de noticias sobre el caso Bárcenas la Fiscalía no haya actuado?”, se pregunta Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados y uno de los impulsores de esta querella. Lo explica: la Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y de Rajoy. “¿De qué ha hablado Gallardón en la reunión que ha tenido este 4 de marzo con el fiscal general Torres-Duce en el Ministerio de Justicia?”, cuestiona irónicamente. Nada nuevo: la estrategia de la Fiscalía en estos casos es “decir que están investigando pero esperar hasta que los delitos prescriban o se archiven”. Esta opinión la comparte Jaume Asens, abogado de DESC en esta querella y de la acusación del caso Palau-Millet. Asens no quería “que pasara lo mismo” que en casos como los de Dívar (archivado) o Garzón y el Banco Santander (prescrito), aunque se lamenta de que la Fiscalía haya dinamitado parte de la investigación: “No ha llevado a cabo ningún registro de domicilios o de ordenadores de Bárcenas y esa información estará ahora destruida”.
La dejadez de la Fiscalía y la necesidad de evitar la prescripción de los delitos (diez años, en el mejor de los casos) explica la celeridad con la que se ha presentado la demanda. Era “urgentísimo parar el reloj y que dejara de correr el tiempo”, explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. En caso de que el juez admita a trámite la querella, algo que diversas fuentes dan por seguro, se ‘salvarían’ los delitos aparecidos en los papeles de Bárcenas de 2003 y 2004, cuando el PP estaba en el Gobierno.
¿La corrupción está relacionada con los recortes? Rotundamente sí, responden los entrevistados. Asens señala que “los 17 mayores casos de corrupción han causado una pérdida de ingresos de más de 7.000 millones de euros”. ¿La corrupción está relacionada con los recortes? Rotundamente sí, responden los entrevistados. Asens señala que “los 17 mayores casos de corrupción han causado una pérdida de ingresos de más de 7.000 millones de euros”. Más allá va el ecologista Paco Segura, para quien “estamos en el país que más fondos dedica a grandes obras en porcentaje del PIB, con récords en kilómetros de autovías y líneas de AVE o aeropuertos deficitarios, en contraste con los escasos fondos para atención social”.
Sin embargo, a pesar de la creciente deuda pública (el grupo Fomento, formado por el Ministerio de Fomento, Aena y Adif, acumula 40.000 millones, más que los recortes en 2012 y 2013), “seguíamos invirtiendo en infraestructuras, pero los papeles de Bárcenas demuestran que la justificación no era económica”. Los pagos que aparecen en esos documentos han puesto en el punto de mira a alguna de esas obras faraónicas: el Metro Ligero Oeste de Madrid, construido por OHL (presidido por Villar Mir), costó 585 millones de euros y cuenta con un peaje en la sombra por el que la Comunidad de Madrid paga cinco euros por pasajero. Ninguna de las inversiones en el AVE cumple la recomendación de la UE de que exista una demanda mínima de nueve millones de pasajeros. Paco Segura recuerda, además, que el Gobierno de Zapatero aumentó la inversión en el Plan de infraestructuras (15.000 millones/año), por lo que “no nos extrañaría encontrar algo similar en ese partido”.
En cualquier caso esta querella “se dirige contra el eje de poder en este país”, señala el abogado Antonio Segura. Los papeles de Bárcenas parecen sugerir que “existía una organización criminal dentro del PP”, que recibía pagos que adulterarían elecciones y concesiones públicas. De hecho, alerta que de la propia investigación “podrían surgir nombres nuevos”. No es extraño que la primera amenaza les llegara unas horas después de presentar la querella: el PP anunciaba llevar a juicio a los demandantes. Por ello iniciaron la campaña “Queréllate tú”, que ha recabado más de 16.000 apoyos en apenas 24 horas. Y es que los entrevistados aclaran que “sin presión popular y mediática, una acusación popular no puede hacer nada”.
Aunque “Bárcenas tendrá todos los medios del Estado para retrasar el procedimiento”, es optimista porque la sociedad empuja: “Queremos desenmascarar a la justicia y que se posicione ante la corrupción”. Antonio Segura recuerda que “en Italia hubo jueces valientes que persiguieron a la mafia incrustada en los partidos. Aquí, tras dos décadas hemos llegado al mismo lugar, los pagos parecen sistemáticos y es sólo la punta del iceberg”. La mañana del lunes, el juez Gómez Bermúdez ha anunciado la admisión a trámite de la querella contra Bárcenas: entre el 25 y 27 de marzo tendrán que declarar Bárcenas y el resto de imputados por el juez. No obstante, puede haber un conflicto de competencias con el también magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien la pasada semana incluyó el caso Bárcenas en su investigación sobre la trama Gürtel.
Sobrevivir a los Austrias y los Borbones
La acusación popular nació con el derecho romano, sobrevivió a los Austrias y a los Borbones y se incluyó en la Constitución. Para Jaume Asens, es necesaria cuando la Fiscalía tiene desgana en actuar (GAL, corrupción, etc.) y cuando “se ejecuta al margen del poder público, incluso ante su oposición”. Mientras la derecha la ha utilizado Manos Limpias, en la izquierda no ha sido tan habitual. Permite presentar y requerir pruebas y datos fiscales, perseguir un crimen, pedir medidas cautelares y conseguir una condena, aunque el fiscal se oponga.
Se requiere poseer una entidad jurídica, denunciar los hechos y personarse en el procedimiento, abonando una fianza que oscila entre mil y 3.000 euros, a los que se sumarían gastos judiciales y de administración. Por su carácter de “democratización de la justicia”, inquieta al poder. Por ello, Gallardón ya ha movido ficha: en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los partidos y sindicatos no podrán ser acusación popular y se prevén trabas para que el fiscal “sea el único que pueda acusar”.
* Diagonal - Daniel Ripa - 5.3.13
Foto: Bárcenas, peineta - tiempodehoy
El Supremo para un proyecto de 1.247 viviendas en Villanueva de la Cañada
,+zona+urbanizaci%C3%B3n+anulada+-+elpais.jpg)
De nuevo ha sido la acción ciudadana la que no ha permitido que se hiciera una gran urbanización ilegal en los alrededores de Madrid. La Comunidad del PP lleva dando el visto bueno a su ejecución desde el año 2003-2004 en que aprobó esta enorme urbanización en Villanueva de la Cañada, que se iba a realizar sobre terrenos protegidos de gran valor medioambiental. Ilegalmente se permitía urbanizar sin el preceptivo informe de evaluación ambiental, hasta que una asociación vecinal llevó el caso ante la justicia que, tras casi 10 años (diez) ha resuelto finalmente su paralización definitiva. Lo que haría falta también es la imputación de los culpables de las distintas administraciones en estos casos evidentes de urbanismo ilegal y salvaje.
"ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial el fallo del Tribunal Supremo de julio de 2012 que paró la urbanización de 103 hectáreas en el Sector 3 (El Castillo) de Villanueva de la Cañada, gobernado por el PP. El desarrollo urbanístico fue denunciado por la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible debido a que el 70% del suelo afectado cuenta con protección o es de interés ambiental. Un total de 207.947 metros cuadrados está clasificado como suelo no urbanizable de protección y 519.016 como suelo no urbanizable.
La decisión judicial anula dos acuerdos del Gobierno regional, uno de febrero de 2003, por el que se aprobaba la modificación del plan general de Villanueva de la Cañada, que permitía el desarrollo urbanístico, así como el que dio el visto bueno al plan parcial de noviembre de 2004. El Tribunal Supremo señala que no existe ni motivación ni justificación para convertir el suelo del Sector 3 en urbanizable y que no se ha llevado a cabo la correspondiente evaluación ambiental.
“El Gobierno regional acata así la sentencia del Supremo que data de julio de 2012, la hace fehaciente”, explica Miguel Ángel Hernández, presidente de Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada. “Y se para también un nuevo intento de hace un año en el que el Ayuntamiento pretendía comenzar de nuevo la tramitación de la actuación urbanística”, añade. Fuentes del Consistorio han declinado realizar ninguna declaración al respecto.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada lleva años intentando sacar adelante este proyecto. En 1998, la Comunidad de Madrid aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aunque denegó la urbanización del Sector 3. El ámbito no se podía clasificar como urbano porque estaba incluido en un régimen de protección preventivo para el curso medio del Río Guadarrama y su entorno.
Cuatro años después, el Ayuntamiento solicitó la revisión de esta decisión, porque vulneraba su autonomía local y las deficiencias eran subsanables. Con la nueva documentación sobre la mesa, la Comunidad desbloqueó el ámbito y lo aprobó en 2003. Pero el proyecto municipal tropezó con la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada, que denunció al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el atropello que, a su juicio, se iba a cometer con el medio ambiente. El TSJM se pronunció en 2009 dando la razón a la asociación vecinal. “Los jueces sentenciaron que el plan carecía de eficacia porque no había sido publicado”, comenta Hernández. Una explicación insuficiente según la asociación debido a que no recogía sus denuncias sobre la ocupación de suelo protegido. Decidieron recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Los jueces admitieron dos de sus principales argumentos. La sentencia sostiene que no se tuvo en cuenta la existencia de montes preservados, que contaban con protección. Y aunque el proyecto incluía este terreno como sistemas generales (que son no urbanizables), no se elaboró una justificación de las razones de interés general por las que se debía construir allí una urbanización. El tribunal considera “indudable” que podían producirse afecciones en su preservación debido a su proximidad a los usos residenciales previstos. Sobre todo en el monte preservado C, que quedaría rodeado de edificaciones.
La sentencia también recuerda que la actuación se presenta como “prácticamente irreversible” y que puede afectar a otros recursos naturales. La zona colinda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y es Lugar de Interés Comunitario (LIC) incluido en la Red Natura 2000. El tribunal añade que la urbanización que se proyecta se encuentra “disgregada del núcleo urbano”, lo que supone una vuelta al urbanismo disperso.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 26.2.14
Foto: Imagen de uno de los montes preservados a los que afectaría la urbanización - elpais
El juez amplía la imputación del alcalde de Castellón por Gürtel
El escándalo sigue con la trama de corrupción Gürtel, en este caso en la Comunidad Valenciana y en concreto en la ciudad de Castellón. Si ya el pasado año fue imputado su alcalde 'popular', A.Bataller, ahora vuelve a serlo de nuevo por las contrataciones ilegales llevadas a cabo hace 6 años, cuando era consejero de Sanidad. En su declaración ante el juez ha señalado a dos exconsejeros del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como responsables de contratar con la trama Gürtel. Como se ve, aquí estaban casi todos implicados y solo hace falta que la justicia sea capaz de tirar de la manta para que el castillo de naipes 'popular' se venga abajo y los culpables sean sentenciados de una vez.
"ELPAÍS* : El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, ha ampliado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por las contrataciones con la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Bataller, que fue imputado el pasado año y declaró en junio por el contrato para la celebración del Acto Premios Salud y Sociedad 2007 cuando era subsecretario de la Consejería de Sanidad, ha sido citado de nuevo. En esta ocasión, el juez le ha llamado para ampliar su declaración como imputado en relación con la facturación de un vídeo elaborado por Orange Market para la ampliación del hospital Clínico de Valencia.
La cita del regidor será este miércoles 26 de febrero.
La ampliación de esta imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara al magistrado y este dictara nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de una funcionaria que apuntó directamente al alcalde castellonense y aseguró que los contratos para la celebración de los premios de 2007 se llegaron a firmar antes de que la consejería tuviera todas las ofertas. En esta declaración, la testigo habría apuntado además a nuevas irregularidades con la facturación del vídeo promocional que costó 47.172 euros.
La de Bataller no es la única nueva imputación efectuada por el juez José Ceres. A raíz de las pesquisas que mantuvo en secreto durante meses, el magistrado ha estrechado el cerco respecto a la adjudicación de la empresa de Medio Ambiente de la Generalitat Vaersa a Orange Market de un contrato que tenía como objeto la grabación de un vídeo para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo, por cerca de 140.000 euros. El magistrado ha citado como imputada a Patricia Callagham, jefa de Sección ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Entre los nuevos documentos incluidos en el sumario, figuran abundantes correos entre Callagham y empleados de la trama que versan sobre los detalles de dicha contratación, así como de las gestiones de Orange Market por cobrar. La investigación de Ceres también reveló que la trama elaboró directamente acuerdos jurídicos entre Vaersa y Orange Market relativos a la mencionada campaña de medioambiente, sustituyendo así en sus funciones a los servicios jurídicos de la Generalitat. Callagham ya había declarado como testigo.
El magistrado cita igualmente a Santo Juan, que fue responsable de prensa de Vaersa y ya está imputado en la causa, ha vuelto a ser citado a declarar el mismo 5 de marzo.
La nueva declaración de Bataller en calidad de imputado complica su futuro político en el Ayuntamiento. Recientemente se postuló como candidato a la alcaldía al mostrarse convencido de que sus problemas con la justicia se resolverían en breve. Poco después, manifestó que dejaba su cargo a lo que decidiera el partido.
Tras conocer la nueva citación, el regidor ha manifestado a través de un comunicado que tiene “la conciencia muy tranquila” porque “siempre” ha actuado “con transparencia y honestidad”. “Estoy tranquilo y con la conciencia de que he actuado bien y deseo aclarar ante el juez cualquier cuestión que quiera preguntarme. Voy a seguir colaborando con la Justicia como ya lo hice en mi comparecencia del pasado mes de junio”, ha indicado.
* El País - LORENA ORTEGA / IGNACIO ZAFRA - 24.2.14
Foto: El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el centro, acude a declarar al Tribunal Superior valenciano. / TANIA CASTRO (EL PAÍS)
Los jueces, impotentes ante la escasa ejecución de las sentencias urbanísticas
La noticia es equívoca, hay que decirlo claramente. Los jueces no pueden venir ahora quejándose de que no les hacen caso, cuando han sido ellos mismos los que han permitido que se llegara a esta lamentable situación en casos de delitos urbanísticos. La justicia ha sido lenta, lentísima, cuando no cómplice necesaria en la enorme corrupción urbanística que ha habido en los últimos años (décadas) en este país. El Urbanismo y la Ordenación Territorial han sido considerados por esta casta judicial como algo accesorio o sin importancia, y han permitido por acción tardía u omisión que estos delitos pasaran de largo o prescribieran, que viene a ser lo mismo. Multitud de políticos, empresarios y financieros se han lucrado ilícitamente con esta actividad, debido a la pasividad judicial, bien para beneficio personal como de sus partidos. Respecto a las sentencias urbanísticas que no se cumplen, habría qué decir que la justicia tiene la llave para hacerlo y que si no lo hace es por pura presión política o financiera, lamentablemente."ELNORTEDECASTILLA* : Se ponen muchas sentencias, todas hay que cumplirlas, pero solo un ínfimo porcentaje se ejecutan de manera voluntaria cuando se habla de licencias, edificios y suelo. Los expertos juristas que protagonizaron ayer las ponencias de la jornada técnica amparada por la Consejería de Fomento y organizada por la ‘Revista de Derecho Urbanístico’ reconocieron que el urbanismo es «la zona gris» de la jurisdicción contenciosa administrativa en España en lo que a ejecuciones de sentencia se refiere.
El magistrado Ramón Sastre, afirmó con rotundidad que una licencia que ha sido anulada por sentencia firme «conlleva la demolición del edificio y, si se trata de planes urbanísticos, supone su anulación inmediata». Ponente de numerosísimas sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en Valladolid, reconoció que la principal ‘zona gris’ con la que se encuentra la jurisdicción contenciosa administrativa es, precisamente, la ejecución de las sentencias. Puntualizó también que si se anula una licencia y la sentencia firme obliga a la demolición, cualquier persona, aunque no haya sido parte directa en el recurso, puede instar al derribo, y hay un plazo para hacerlo de hasta 15 años, transcurridos dos meses desde que la sentencia firme ha sido comunicada. Además de la demolición, subrayó, la ley contempla multas coercitivas, e incluso la responsabilidad penal por desobediencia.
Ante un público especializado de más de sesenta técnicos y responsables de urbanismo de administraciones públicas de Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Manuel Díaz, aseguró que las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las leyes singulares de la Junta de Castilla y León sobre el centro de tratamiento de residuos de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, y la Ciudad del Medio Ambiente, en Soria, dan un vuelco a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal Constitucional durante 30 años, a partir de la expropiación de Rumasa, que no la declaró inconstitucional. Ahora, afirmó el catedrático, tanto el Estado como las comunidades autónomas se lo van a tener que pensar cuando promulguen leyes singulares porque vulneran el derecho a la tutela judicial, es decir, impiden, a través de declaraciones como la de «interés regional», el derecho a recurrir. El experto incidió en que España no puede permitirse este tipo de legislación extrordinaria porque «es más propia de los tiempos de Franco, y Europa nos puede poner la cara colorada».
Precisamente, respecto de la Ciudad del Medio Ambiente, el director de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel Marinero, avanzó que el decreto consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional la ley regional será aprobado antes de que acabe el año. Esta tramitación ordinaria busca «adecuar un proyecto del año 2000 a la realidad de hoy y permita la creación de empleos especializados para aprovechar el potencial medioambiental y las tecnologías en la zona».
«Demasiados recursos persiguen eludir el fallo judicial»
No tuvo problema alguno, la magistrada, en respuestá a una urbanista y política gallega asistente a la jornada, en asumir la parte de culpa correspondiente de los tribunales de Justicia en la situación, pero Martínez Olalla insiste en que « la falta de lealtad institucional» es una de las causas por las que las sentencias urbanísticas no se ejecutan de forma voluntaria y ello contribuye a que se dilatan los procedimientos durante años.
Muchas veces, insistió, «los recursos le sirven a la administración para ganar tiempo, a sabiendas de que no van a prosperar, con el fin de eludir el cumplimiento de la sentencia» y se mostró firmemente partidaria de favorecer la ejecución provisional de las mismas «con el fin de evitar que se haga irreversible la situación de ilegalidad», por ejemplo en casos de planes urbanísticos, o edificaciones.
Para la presidenta de la sala vallisoletana de lo contencioso, los intereses económicos «no pueden primar sobre la legalidad, porque esto sería una selva», e insistió en que la ejecución de las sentencias en capital para el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.
* El Norte de Castilla - Ciclo de la Justicia - 20.2.14
Foto: .................................... Leer más...
