La noticia es escandalosa y parece que además va en aumento. Dada la gravísima situación de la vivienda en este país, con millones de casas vacías y millones también de ciudadanos sin casa, es lamentable que debido a la ruptura de la inflada 'burbuja inmobiliaria', con los precios lógicamente en descenso, acudan los denominados 'fondos buitre', especulativos, al mercado de la vivienda para terminar de redondear la estafa mayúscula propiciada por las mafias política, empresarial y financiera. Con la economía ciudadana bajo mínimos, estos delictivos fondos se aprovechan de la situación anómala y de la corrupción existente en el mercado, obteniendo con ello enormes ganancias con muy poco esfuerzo y obstaculizando, una vez más, el acceso a una vivienda digna de los más necesitados.
"INFOLIBRE* : Los precios de la vivienda se han desplomado más de un 30% desde el principio de la crisis, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El hundimiento supone una gran oportunidad para los fondos buitre, especializados en aprovechar los apuros de particulares, bancos y empresas, para comprar activos baratos y exprimirlos. El pasado año 2013, fue un buen ejercicio para los interesados en inmuebles. Según los datos de operaciones recabados por infoLibre, los fondos invirtieron más de 2.500 millones de euros en viviendas. Además, adquirieron carteras de deuda y créditos fallidos de bancos y cajas por al menos otros 1.800 millones.
Los fondos más activos, Blackstone, Cerberus, Apollo, HIG, Yorvick, Fortress, York Capital o Centerbridge, se mueven como pez en el agua en un Madrid de precios deprimidos en el que su Gobierno (Comunidad de Madrid) y su Ayuntamiento se desprenden de las viviendas de la era de la especulación, en propiedad o en régimen de alquiler, por millares.
Son las consecuencias, bien aprovechadas por los depredadores del sistema, de la locura tuvo lugar en los años del "España va bien" que se ilustra con un simple dato: en 1997, el saldo de los créditos al promotor suponía alrededor del 3,7% del producto interior bruto del país (PIB) mientras que 10 años después era del 28,8% del PIB.
Consecuencias
La entrada de los fondos especulativos en el mercado de la vivienda tiene importantes consecuencias. Así lo cree el economista Julio Rodríguez. "Las compras de parques de viviendas públicas protegidas de alquiler por fondos de inversión" sostiene "pueden implicar cambios importantes en las condiciones de los contratos para los arrendatarios, una vez cumplido el plazo del contrato de alquiler en vigor, que no pasará de los cinco años desde la firma del mismo".
Administraciones autonómicas, pero también instituciones participadas por el Estado como el banco malo, Sareb, ceden lotes de viviendas y de oficinas a toda máquina. Hay inquilinos que no saben a quién tienen que pagar el alquiler y compradores que pactaron compras a un precio que el nuevo propietario discute.
Empresas como El Corte Inglés (venta de edificio en Plaza Cataluña, Barcelona, a IVA Capital); bancos como el Sabadell (activos titulizados con respaldo de 953 pisos) o compañías de seguros han cedido oficinas, viviendas y créditos apurados por la falta de crédito, la necesidad de reducir deuda o las presiones para mejorar el estado de los balances.
Pero ¿por qué están interesados los fondos en entrar en un negocio aparentemente deprimido? Es una apuesta. España tiene un 85% de vivienda en propiedad frente a un 15% en alquiler. En Europa, la media es 70/30. Atisban negocio. Sus cuentas apuntan a que 2,7 millones de viviendas pasarán del régimen de propiedad al de alquiler.
Modelo de EE UU
La compra por Blackstone de miles de viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) apunta a un intento de traer a España el modelo de EE UU. Blackstone es el mayor propietario y arrendador en EE UU. En los últimos años ha invertido más de 7.500 millones de dólares (5.472 millone sde euros) en la compra de viviendas a bancos.
En el caso de España, los fondos especulativos han ido por pasos. Al comienzo de la crisis utilizaron el sistema de compras con compromiso de recompra o alquiler para los vendores (sale and leaseback). Era un medio para obtener liquidez por empresas apuradas que utilizaron, entre otros, los medios de comunicación más importantes. Posteriormente, adquirieron a bancos y cajas, nacionalizados o no, carteras de crédito con garantía hipotecaria y ahora adquieren sociedades de gestión de activos.
No es fácil saber qué se vende, a qué precio y con qué margen. En muchos casos, las fechas en las que se han cerrado las operaciones, tal y como se observa en el documento (julio, agosto, septiembre, época vacacional) contribuye a la falta de explicaciones.
El mundo de los fondos especulativos es muy controvertido. A menudo se mueven en el filo de la navaja de la ley y a menudo, tratan de aplicar la legislación de su país de origen en Estados con otras leyes. Los recelos están justificados. Hasta el FBI ha advertido que en determinados casos, conviene ser muy cauto en la relación con los fondos.
Como en otros asuntos polémicos relacionados con el control del dinero, ha habido países que han intentado legislar para prevenir antes que curar en relación con los fondos. Francia preparó legislación en 2007. No prosperó. EE UU también lo intentó (Stop Vulture Funs Bill) en 2009. No prosperó. En Reino Unido´, las propuestas de control se fueron suavizando hasta que en 2011 se adoptó una norma para evitar que los fondos más agresivos utilizaran los tribunales británicos contra los países más endeudados.
* InfoLibre - SANTIAGO CARCAR - 24.2.14
Foto: La vivienda se ha convertido en objetivo de los fondos especulativos. EP
Los fondos buitre invirtieron más de 2.500 millones en viviendas el pasado año
'The Guardian' denuncia el escándalo de los 11 millones de casas vacías en la UE
No es ninguna novedad lo que publica el diario inglés, es más, en lo referente a España parece que maneja cifras antiguas ya que, según los últimos estudios realizados, las viviendas vacías en nuestro país deben superar los 5 (cinco) millones. En cualquier caso es absolutamente vergonzoso y queda patente el desastre ocurrido con la 'burbuja inmobiliaria' y las nefastas políticas de vivienda de los distintos responsables político-financieros en los últimos 15 años. El hecho además de que existan un número creciente de habitantes sin casa, debido a las estafas hipotecarias, agrava aun más esta tragedia urbanística. Y lo más notorio es que la justicia no haya actuado urgentemente frente a este colosal fraude social, y los culpables político-financieros se hayan ido mayoritariamente 'de rositas'.
"ELPERIÓDICO* : 'El escándalo de los 11 millones de viviendas vacías en Europa'. Así titula el diario 'The Guardian' un reportaje en el que denuncia que todas esas viviendas son suficients para alojar dos veces a los 'sin techo' de todo el continente europeo y aún sobrarían. Según fuentes de la UE, actualmente hay en Europa 4,1 millones de personas sin vivienda. España encabeza la lista de países con más pisos vacíos; 3,4 millones. Le siguen Francia e Italia, con 2 millones, Alemania, con 1,8, y el Reino Unido, con 700.000.
El rotativo, que ha recabado datos de toda la Unión Europea, señala que muchas de estas viviendas están en 'resorts' de vacaciones construidos durante el 'boom' inmobiliario y destaca que nunca han tenido inquilinos. Colectivos en defensa del derecho a la vivienda citados por el diario han calificado de "chocante despilfarro" el "increíble" número de viviendas vacías mientras millones de personas imploran un techo bajo el que vivir.
"Las casas se construyen para que la gente viva en ellas. Si no vive nadie, entonces es que algo ha ido muy mal en el mercado inmobiliario", ha destacado David Ireland, de la entidad Empty Homes (Casas Vacías), que lucha para que las autoridades faciliten el acceso de viviendas vacías a personas que lo necesitan. Ireland destaca que los 11 millones de casas vacías "serían suficientes para solucionar el problema de los 'sin techo'.
En la misma línea, Freek Spinnewijn, director de FEANTSA, una organización de 'sin techo' europeos, considera un escándalo que los gobiernos hayan permitido que tantas viviendas estén vacías. "Solo se necesitaría la mitad para acabar con el problema" de los 'sin techo'.
* El Periódico - 24.2.14
Foto: Gráfico elaborado por 'The Guardian' de las cifras de viviendas desocupadas en países de la UE, entre ellos España.
Exalcalde de Santiago cambió al jefe de Urbanismo para favorecer un pelotazo
La corrupción urbanística en Galicia, como ya se ha repetido en este blog, abarca a todo el territorio de la Comunidad con especial énfasis en sus principales ciudades. Tras el levantamiento sumarial del inabarcable caso Pokémon, han surgido detalles de irregularidades como la sustitución del jefe de Urbanismo de Santiago por el exalcalde 'popular' Conde Roa, a fin de dar nuevos pelotazos urbanísticos. El exalcalde había dimitido por un delito de fraude fiscal poco antes de estas operaciones ilegales.
"LAVOZDEGALICIA* : El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP), que dimitió por un fraude fiscal por el que ha sido condenado, estaba preparando dos pelotazos según se desprende del sumario de la operación Pokémon cuyo secreto acaba de levantarse de forma parcial. Uno era la ampliación del contrato del servicio de aguas a Aquagest, empresa cuyos responsables en Compostela también han sido imputados en el caso. El otro, la modificación del convenio urbanístico de la Finca do Espiño, operación para la que el gobierno local llegó incluso a fichar a un nuevo jefe de Urbanismo a propuesta de la propia empresa promotora, Layetana, con el objetivo de que fuese permeable a sus intereses.
Así se desprende de una conversación que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) grabó a Ángel Espadas el 18 de abril del 2012. El que por aquel entonces era jefe de gabinete y mano derecha de Conde Roa admite a Paula Prado, exconcejala en Santiago y actual portavoz del PPdeG en el Parlamento, que con el nuevo convenio el Concello salía perdiendo en beneficio de Layetana.
Ángel Espadas. ¿De qué estábamos hablando?
Paula Prado. De la Finca do Espiño.
Á. E. Bueno, ahí hay una cuestión que es clave, que como alguien se dé cuenta flipa, el mismo que propone el fichaje de Ignacio Soto.
P. P. Ah, ese.
Á. E. ¿El qué?
P. P. Ah, eso era, que estábamos hablando de la gerencia de Urbanismo.
Á. E. Bueno, el que propone el fichaje de Ignacio Soto es el abogado de Layetana, la promotora de la Finca do Espiño.
P. P. ¿Cómo? ¿El que propone qué? ¿Su nombramiento?
Á. E. Sí, sí, sí, como jefe de Planeamiento.
P. P. Bueno...
Á. E. Nunca se dio cuenta nadie y yo ayer, pensando cómo habían hilvanado todo y tal me di cuenta, joder.
P. P. ¿Pero quién lo propuso entonces?
Á. E. Juan Raposo, Juan Raposo [abogado de Layetana].
P. P. Juan Raposo.
Á. E. Juan Raposo. Y Gerardo [Conde Roa] nunca lo, o sea, nunca dijo nada, pero cuando el de O Pino no pudo venir dice, bueno, pues el de Teo, el de Teo. María Pardo y yo decíamos, bueno, si es el de Teo. María Pardo decía, yo no le conozco de nada y tal, no sé qué... pero sí lo propuso Juan Raposo y yo creo que Albino [Vázquez, exedil de Tráfico] no se dio cuenta nunca de esto, pero yo creo que ahí está la clave de todo.
P. P. Eso hay que ponerlo en el informe.
Á. E. Sí, sí y, bueno, pero ya te digo, ¿eh?, yo creo que en el momento, él, en la hora de la verdad, si alguien dice, oye, eso no está muy claro, nos van a dar, nos van a machacar, porque ahí se permutó dinero por obra, y cuando permutas dinero por obra tiene que haber un incremento de un 20 o un 25 por ciento y ahí no hubo incremento, más bien hubo decremento.
El nuevo convenio que pretendía Conde Roa para la Finca do Espiño nunca se llegó a firmar y el Concello tuvo que dar marcha atrás a la operación.
* La Voz de Galicia - XURXO MELCHOR - 6.2.14
Foto: Ayuntamiento Santiago - turismo
El juez Ruz investiga el despilfarro de los actos de ‘primera piedra’ de Aguirre
"ELPAÍS* : Un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en apariencia de mero trámite, puede provocar otra sacudida en el PP nacional y especialmente en el de Madrid. El magistrado ha decidido profundizar la investigación sobre los contratos que la Comunidad de Madrid otorgó a la trama empresarial de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, para la organización de cientos de actos de propaganda de la expresidenta de la comunidad y líder regional del partido, Esperanza Aguirre.
El juez Ruz ha dado un plazo de cinco días a las Consejerías de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid para que aclare si 15 de estos actos, casi todos puestas de primeras piedras de hospitales, carreteras, urbanizaciones y viviendas protegidas, fueron sufragados por las empresas adjudicatarias de esas construcciones, y no pagados directamente por el Gobierno regional a las sociedades de Correa, como se creía hasta ahora. Los agasajos, celebrados entre 2005 y 2007, tuvieron un coste total de 730.000 euros.
Sin embargo, el magistrado va un paso más allá. Ruz, a sugerencia de la Fiscalía Anticorrupción, quiere saber quién redactó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares de los contratos de las obras y quién fue el responsable técnico o político de su adjudicación y su fecha. En el caso de la Consejería de Sanidad, los actos se refieren a una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.
El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.
El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.
En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró este jueves que van a entregar a la Audiencia Nacional la información que les ha requerido sobre adjudicaciones a empresas vinculadas a la red Gürtel, y que lo harán “dentro del plazo” establecido. En relación a estos actos de inauguración, ha indicado que es “público y notorio y es lo habitual en grandes infraestructuras que la contratación de esos actos la realizan empresas, no la Comunidad”.
FE DE ERRORES
Manuel Lamela ya no pertenece al Consejo de Administración de Assignia Infraestructuras, del que fue relevado en octubre de 2013. Assignia no fue adjudicataria del Hospital de Aranjuez, sino que fue encomendado a Constructora Hispánica, empresa que posteriormente fue adquirida por Assignia.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 28.2.14
Foto: Aguirre coloca la primera piedra del metro a Barajas en 2006. / J. H. (EFE)
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Comienza el juicio oral por la Ciudad del Golf de Ávila
En 2006 el Tribunal de Justicia de Castilla y León anuló el proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), al ser un terrero protegido como Zona de Especial Protección para las Aves, que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama. En el proyecto estaban implicados, además de la empresa y el Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y la Diputación de Ávila, todos del PP. La ilegal urbanización tuvo bastante repercusión en los medios por la imputación de altos dirigentes políticos autonómicos. La acusación fue llevada, una vez más, por asociaciones ciudadanas, hartas de la impunidad delictiva de las distintas administraciones. Ahora hay que esperar que la justicia sea justa y sepa condenar el amiguismo y la corrupción urbanística existente en las filas 'populares' de Castilla y León.
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : Seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila), el Juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid inicia este lunes el juicio oral contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para los que la Fiscalía y la acusación particular de Centaurea y Ecologistas en Acción piden 8 años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental. La duración prevista del juicio es de cinco días.
Los técnicos imputados son el actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón, el actual Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.
El auto de imputación de enero de 2012, tras resumir el cúmulo de informes falsos realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Consejera de Medio Ambiente, señalaba que “la actuación de los imputados bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.
Centaurea y Ecologistas en Acción aprovechan el inicio del juicio para denunciar que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ampare los comportamientos presuntamente delictivos de sus subordinados y máximos responsables de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, haciéndose cómplice de sus actuaciones contra la naturaleza, de cuya conservación siguen siendo los responsables. Los ecologistas consideran penoso el mensaje que se envía a la sociedad, confirmando la muy extendida impresión de que la generalidad de los políticos profesionales de esta región y país son unos corruptos y se protegen entre ellos.
También lamentan que la Consejera de Medio Ambiente en aquel momento, la hoy senadora María Jesús Ruiz, siga aferrada a su cargo y su sueldo público y no se siente en el banquillo de los acusados.
El caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués es un ejemplo notorio de la confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de María Jesús Ruiz y de la Junta de Castilla y León, promoviendo y/o alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos. El protagonismo de la ex-Consejera es indudable en otros escándalos similares como la “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria o la estación de esquí de San Glorio (Palencia y León), al igual que la “Ciudad del Golf” con sentencias judiciales contrarias, incluida la recientemente dictada por el Tribunal Constitucional.
En el caso de Las Navas del Marqués, hay que recordar que se investiga la aprobación de la urbanización de 215 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para la conservación de esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto e incluir sus 1.600 viviendas, zona hotelera y dos campos de golf.
* Ecologistas en Acción - 28.2.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com
Condenan al alcalde de Tolox en otras cuatro causas por prevaricación urbanística
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El Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga ha condenado al alcalde de la localidad malagueña de Tolox, J.Vera (Convergencia Andaluza), a 15 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público en una causa por prevaricación urbanística por autorizar una licencia para 772 viviendas. Según fuentes judiciales, hay otras tres sentencias condenatorias dictadas en el mismo sentido y por el mismo delito, aunque por distintos permisos de obra. Como se ve en este pequeño municipio eran prácticamente ilegales todas las construcciones que se realizaban, un auténtico récord de corrupción urbanística en el país.
"ELDIARIO* : De estas resoluciones, según las fuentes, en dos se condena a Vera, al arquitecto municipal y a un letrado contratado para hacer informes jurídicos; mientras que en otras dos, se condena a los dos primeros, pero se absuelve a la que era secretaria municipal. Estas sentencias se suman a la dictada el pasado mes de febrero, en la que el regidor fue condenado también a 15 meses de prisión y 10 de inhabilitación por autorizar 24 viviendas en suelo no urbanizable.
Según se declara probado en una de las sentencias dictadas ahora, el alcalde, el arquitecto municipal y el letrado externo se pusieron de acuerdo "con unidad de acción y propósito" para proceder al crecimiento urbanístico del municipio "sin respetar las normas vigentes y aplicables". Para ello, entre otros trámites, se elaboró un expediente de licencia para la construcción de 772 apartamentos en varias parcelas consideradas no urbanizables.
El alcalde concedió la licencia "a pesar de constarle que la misma no se ajustaba a la realidad vigente", dice la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press. Previamente, el arquitecto municipal había informado de forma favorable a la ejecución de las obras sabiendo "que no se ajustaban a la legalidad", al igual que el tercer acusado, que había sido "contratado expresamente por Juan Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes".
El juzgador recuerda, como ya hizo en la anterior sentencia, que se trata de un municipio con no más de 3.000 habitantes "donde existen aproximadamente unas 800 viviendas construidas", considerando "notorio y evidente que estamos ante un exceso de licencias concedidas", que podrían suponer casi triplicar la población. Se muestra en esta causa la "orgía urbanística que cegó a muchos y uno de los causantes de la crisis en nuestros días".
Por esto, entiende el juez que "no sólo estamos ante una conducta ilícitamente reprochable, sino que los acusados llevaron a cabo una multitud de autorizaciones que dieron lugar a que incluso el órgano controlador y disciplinario de la legalidad urbanística --Junta de Andalucía-- pusiera los hechos en conocimiento del ministerio fiscal al entender que el volumen de licencias era tal que excedía de ese crecimiento exagerado propio del momento".
La licencia se considera ilegal. En relación con el alcalde, el juez indica que no puede alegarse ignorancia y que "no estamos ante un simple error de apreciación, sino que se concedió una licencia para la construcción de 772 viviendas", lo que a cualquier ciudadano medio, "sea o no alcalde de un municipio de no más de 3.000 habitantes, le puede cuanto menos sorprender que pueda llegar a concederse".
Tampoco se admite el argumento de los informes favorables. Al respecto, se apunta a una acción "conjunta" y se incide en que fueron 772 viviendas, "concesión que por muchos informes favorables que el acusado tuviera debía denegar", considerando que Vera actuó "con conocimiento de que la construcción era del todo imposible tanto por los suministros existentes en el municipio como por la modificación que ello provocaría en el desarrollo urbanístico de la localidad".
En lo que respecta al arquitecto municipal, condenado a multa de 2.160 euros e inhabilitación para empleo público por siete años, reconoció los hechos por los que le acusa el ministerio fiscal y sólo contestó a una pregunta, admitiendo que elaboró el informe técnico a sabiendas de su ilegalidad. Pero, se indica que "no estamos ante una responsabilidad en cadena, esto es, que como el técnico informó favorablemente ya todos los demás tienen la obligación de informar".
Sobre el asesor jurídico, condenado a multa de 4.500 euros e inhabilitación por siete años, se apunta que se le contrató "para acelerar el informe jurídico necesario" para la resolución, entendiendo que es un "auténtico informe a la carta". También se señala en la sentencia que aceptó el encargo y "obvió groseramente los mínimos legales de deontología profesional que debería respetar todo aquel que ostenta un cargo en la administración".
De los siete juicios celebrados en este Juzgado de lo Penal, quedan pendientes dos sentencias, de las que se ha pedido aclaración; y aún faltan por celebrarse otros siete juicios. Asimismo, falta por dictarse resolución en otro juzgado por un procedimiento sobre la concesión de varios permisos para construir y segregar una parcela particular. Cabe recordar que la Audiencia de Málaga revocó una sentencia condenatoria por un delito urbanístico y lo absolvió.
* El Diario - EP - 26.2.14
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
El TSJCV abre juicio contra Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y diputado del PP
El conflictivo urbanismo de Alicante ha estado desde hace 20 años bajo la batuta de este personaje, símbolo significativo de la corrupción en el país. Primero como alcalde hasta 2008 en que pasó a ser diputado autonómico 'popular', y hasta el día de hoy a través de su discípula aventajada S.Castedo. Ambos tienen varias imputaciones judiciales por manejos ilegales en el urbanismo alicantino, contando con empresarios amiguetes como E.Ortiz, uno de los beneficiados en esta trama mafiosa. Alperi fue exculpado en 2009 por una justicia injusta, sin asumir responsabilidades políticas, y en 2011 acusado también en el caso de corrupción Brugal. Es decir, una carrera impresionante de irregularidades urbanísticas varias, mientras los ciudadanos seguían dándole mayorías electorales, incomprensiblemente.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio al actual diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, y a tres empresarios.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el auto el juez establece una fianza por posibles responsabilidades derivadas de los dos delitos imputados de 2,3 millones para Díaz Alperi, otros 1,5 millones para el empresario Antonio Moreno y 900.000 euros para el también empresario Antonio Solana.
Para el tercer empresario, Javier Palacio López, el fiscal sólo le imputa un delito de cohecho y no solicita el establecimiento de fianza alguna.
La investigación se abrió tras una denuncia presentada en marzo pasado por el ministerio público ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV.
La Fiscalía cree que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010 a través de sociedades en las que participaba.
Díaz Alperi está también imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
Tras culminar las actuaciones por el presunto delito fiscal, el juez dio traslado de lo actuado, en un auto del 13 de diciembre de 2013, al ministerio Fiscal y a la acusación personada (Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria) para que solicitasen la apertura del juicio oral, el sobreseimiento que pudiera proceder o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
En el auto de apertura del juicio oral, el magistrado consideraba que los hechos imputados a Díaz Alperi podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.
En esa resolución, el tribunal recoge el contenido de los escritos de acusación presentados tanto por el ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado y determina que es la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV el órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa.
La Fiscalía considera en su acusación que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010.
La denuncia detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada (405.351 euros) se refiere a 2007, cuando el dirigente popular tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros y únicamente declaró unas retribuciones de 113.250,89 euros por sus cargos públicos.
De 2008, se considera que defraudó por 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo que habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".
Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la Fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468 euros, también en relación al catamarán, aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a uno de los otros imputados.
La Abogacía del Estado solicitó también la apertura del juicio oral contra el exalcalde y dos de los empresarios, Antonio Moreno y Antonio Solana por tres delitos contra la hacienda pública.
* El Diario - EFE - 1.2.14
Foto: Alicante, alcaldes Castedo y Alperi - elpais
La movilización popular impulsa la lucha contra la corrupción
Aunque parezca mentira esta noticia es de hace exactamente un año... reír por no llorar. Es terrible que haya pasado todo este tiempo y la situación de la corrupción en este país sea igual o peor que entonces. El caso Bárcenas y la ilegal financiación del PP, con comisiones de empresas de la construcción y altos cargos políticos, continúa en el mismo punto, es decir, en el de salida, porque prácticamente no se ha avanzado nada o, mejor dicho, no se ha querido que avanzara. Bárcenas ha reculado sospechosamente, callando, y la justicia, presionada, no ha realizado correctamente su trabajo de perseguir los graves delitos que imputaban a dirigentes del partido 'popular'. La movilización ciudadana ha seguido manifestándose en la calle, pero sin que los poderes del Estado, partidistamente, les hayan hecho el mínimo caso. Algo lamentable que demuestra en qué sitio tan oscuro nos encontramos.
"DANIEL RIPA* : Recortes sociales y casos de corrupción se suceden ante una ciudadanía, envenenada de paciencia, cuyas movilizaciones no parecen alterar la ‘hoja de ruta’ de una mayoría absoluta. Aunque las Mareas del 23F demostraron que la oposición al Gobierno seguía bien viva, urge encontrar resquicios que arrinconen a Rajoy. Eso buscan dos acusaciones populares que, entre el 21 y el 28 de febrero, se han querellado contra Luis Bárcenas.
La primera de ellas viene desde el barcelonés Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y cuenta con el apoyo de CC OO, UGT y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. La segunda, presentada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados y Federación Los Verdes, acusa de hasta 12 delitos al extesorero y a los exministros Acebes, Rato y Trillo, así como a ocho directivos de empresas de construcción que aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del PP a cambio de posibles concesiones de obra pública.
“¿Cómo es posible que tras dos meses de noticias sobre el caso Bárcenas la Fiscalía no haya actuado?”, se pregunta Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados “¿Cómo es posible que tras dos meses de noticias sobre el caso Bárcenas la Fiscalía no haya actuado?”, se pregunta Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados y uno de los impulsores de esta querella. Lo explica: la Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y de Rajoy. “¿De qué ha hablado Gallardón en la reunión que ha tenido este 4 de marzo con el fiscal general Torres-Duce en el Ministerio de Justicia?”, cuestiona irónicamente. Nada nuevo: la estrategia de la Fiscalía en estos casos es “decir que están investigando pero esperar hasta que los delitos prescriban o se archiven”. Esta opinión la comparte Jaume Asens, abogado de DESC en esta querella y de la acusación del caso Palau-Millet. Asens no quería “que pasara lo mismo” que en casos como los de Dívar (archivado) o Garzón y el Banco Santander (prescrito), aunque se lamenta de que la Fiscalía haya dinamitado parte de la investigación: “No ha llevado a cabo ningún registro de domicilios o de ordenadores de Bárcenas y esa información estará ahora destruida”.
La dejadez de la Fiscalía y la necesidad de evitar la prescripción de los delitos (diez años, en el mejor de los casos) explica la celeridad con la que se ha presentado la demanda. Era “urgentísimo parar el reloj y que dejara de correr el tiempo”, explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. En caso de que el juez admita a trámite la querella, algo que diversas fuentes dan por seguro, se ‘salvarían’ los delitos aparecidos en los papeles de Bárcenas de 2003 y 2004, cuando el PP estaba en el Gobierno.
¿La corrupción está relacionada con los recortes? Rotundamente sí, responden los entrevistados. Asens señala que “los 17 mayores casos de corrupción han causado una pérdida de ingresos de más de 7.000 millones de euros”. ¿La corrupción está relacionada con los recortes? Rotundamente sí, responden los entrevistados. Asens señala que “los 17 mayores casos de corrupción han causado una pérdida de ingresos de más de 7.000 millones de euros”. Más allá va el ecologista Paco Segura, para quien “estamos en el país que más fondos dedica a grandes obras en porcentaje del PIB, con récords en kilómetros de autovías y líneas de AVE o aeropuertos deficitarios, en contraste con los escasos fondos para atención social”.
Sin embargo, a pesar de la creciente deuda pública (el grupo Fomento, formado por el Ministerio de Fomento, Aena y Adif, acumula 40.000 millones, más que los recortes en 2012 y 2013), “seguíamos invirtiendo en infraestructuras, pero los papeles de Bárcenas demuestran que la justificación no era económica”. Los pagos que aparecen en esos documentos han puesto en el punto de mira a alguna de esas obras faraónicas: el Metro Ligero Oeste de Madrid, construido por OHL (presidido por Villar Mir), costó 585 millones de euros y cuenta con un peaje en la sombra por el que la Comunidad de Madrid paga cinco euros por pasajero. Ninguna de las inversiones en el AVE cumple la recomendación de la UE de que exista una demanda mínima de nueve millones de pasajeros. Paco Segura recuerda, además, que el Gobierno de Zapatero aumentó la inversión en el Plan de infraestructuras (15.000 millones/año), por lo que “no nos extrañaría encontrar algo similar en ese partido”.
En cualquier caso esta querella “se dirige contra el eje de poder en este país”, señala el abogado Antonio Segura. Los papeles de Bárcenas parecen sugerir que “existía una organización criminal dentro del PP”, que recibía pagos que adulterarían elecciones y concesiones públicas. De hecho, alerta que de la propia investigación “podrían surgir nombres nuevos”. No es extraño que la primera amenaza les llegara unas horas después de presentar la querella: el PP anunciaba llevar a juicio a los demandantes. Por ello iniciaron la campaña “Queréllate tú”, que ha recabado más de 16.000 apoyos en apenas 24 horas. Y es que los entrevistados aclaran que “sin presión popular y mediática, una acusación popular no puede hacer nada”.
Aunque “Bárcenas tendrá todos los medios del Estado para retrasar el procedimiento”, es optimista porque la sociedad empuja: “Queremos desenmascarar a la justicia y que se posicione ante la corrupción”. Antonio Segura recuerda que “en Italia hubo jueces valientes que persiguieron a la mafia incrustada en los partidos. Aquí, tras dos décadas hemos llegado al mismo lugar, los pagos parecen sistemáticos y es sólo la punta del iceberg”. La mañana del lunes, el juez Gómez Bermúdez ha anunciado la admisión a trámite de la querella contra Bárcenas: entre el 25 y 27 de marzo tendrán que declarar Bárcenas y el resto de imputados por el juez. No obstante, puede haber un conflicto de competencias con el también magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien la pasada semana incluyó el caso Bárcenas en su investigación sobre la trama Gürtel.
Sobrevivir a los Austrias y los Borbones
La acusación popular nació con el derecho romano, sobrevivió a los Austrias y a los Borbones y se incluyó en la Constitución. Para Jaume Asens, es necesaria cuando la Fiscalía tiene desgana en actuar (GAL, corrupción, etc.) y cuando “se ejecuta al margen del poder público, incluso ante su oposición”. Mientras la derecha la ha utilizado Manos Limpias, en la izquierda no ha sido tan habitual. Permite presentar y requerir pruebas y datos fiscales, perseguir un crimen, pedir medidas cautelares y conseguir una condena, aunque el fiscal se oponga.
Se requiere poseer una entidad jurídica, denunciar los hechos y personarse en el procedimiento, abonando una fianza que oscila entre mil y 3.000 euros, a los que se sumarían gastos judiciales y de administración. Por su carácter de “democratización de la justicia”, inquieta al poder. Por ello, Gallardón ya ha movido ficha: en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los partidos y sindicatos no podrán ser acusación popular y se prevén trabas para que el fiscal “sea el único que pueda acusar”.
* Diagonal - Daniel Ripa - 5.3.13
Foto: Bárcenas, peineta - tiempodehoy
El Supremo para un proyecto de 1.247 viviendas en Villanueva de la Cañada
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De nuevo ha sido la acción ciudadana la que no ha permitido que se hiciera una gran urbanización ilegal en los alrededores de Madrid. La Comunidad del PP lleva dando el visto bueno a su ejecución desde el año 2003-2004 en que aprobó esta enorme urbanización en Villanueva de la Cañada, que se iba a realizar sobre terrenos protegidos de gran valor medioambiental. Ilegalmente se permitía urbanizar sin el preceptivo informe de evaluación ambiental, hasta que una asociación vecinal llevó el caso ante la justicia que, tras casi 10 años (diez) ha resuelto finalmente su paralización definitiva. Lo que haría falta también es la imputación de los culpables de las distintas administraciones en estos casos evidentes de urbanismo ilegal y salvaje.
"ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial el fallo del Tribunal Supremo de julio de 2012 que paró la urbanización de 103 hectáreas en el Sector 3 (El Castillo) de Villanueva de la Cañada, gobernado por el PP. El desarrollo urbanístico fue denunciado por la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible debido a que el 70% del suelo afectado cuenta con protección o es de interés ambiental. Un total de 207.947 metros cuadrados está clasificado como suelo no urbanizable de protección y 519.016 como suelo no urbanizable.
La decisión judicial anula dos acuerdos del Gobierno regional, uno de febrero de 2003, por el que se aprobaba la modificación del plan general de Villanueva de la Cañada, que permitía el desarrollo urbanístico, así como el que dio el visto bueno al plan parcial de noviembre de 2004. El Tribunal Supremo señala que no existe ni motivación ni justificación para convertir el suelo del Sector 3 en urbanizable y que no se ha llevado a cabo la correspondiente evaluación ambiental.
“El Gobierno regional acata así la sentencia del Supremo que data de julio de 2012, la hace fehaciente”, explica Miguel Ángel Hernández, presidente de Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada. “Y se para también un nuevo intento de hace un año en el que el Ayuntamiento pretendía comenzar de nuevo la tramitación de la actuación urbanística”, añade. Fuentes del Consistorio han declinado realizar ninguna declaración al respecto.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada lleva años intentando sacar adelante este proyecto. En 1998, la Comunidad de Madrid aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aunque denegó la urbanización del Sector 3. El ámbito no se podía clasificar como urbano porque estaba incluido en un régimen de protección preventivo para el curso medio del Río Guadarrama y su entorno.
Cuatro años después, el Ayuntamiento solicitó la revisión de esta decisión, porque vulneraba su autonomía local y las deficiencias eran subsanables. Con la nueva documentación sobre la mesa, la Comunidad desbloqueó el ámbito y lo aprobó en 2003. Pero el proyecto municipal tropezó con la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada, que denunció al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el atropello que, a su juicio, se iba a cometer con el medio ambiente. El TSJM se pronunció en 2009 dando la razón a la asociación vecinal. “Los jueces sentenciaron que el plan carecía de eficacia porque no había sido publicado”, comenta Hernández. Una explicación insuficiente según la asociación debido a que no recogía sus denuncias sobre la ocupación de suelo protegido. Decidieron recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Los jueces admitieron dos de sus principales argumentos. La sentencia sostiene que no se tuvo en cuenta la existencia de montes preservados, que contaban con protección. Y aunque el proyecto incluía este terreno como sistemas generales (que son no urbanizables), no se elaboró una justificación de las razones de interés general por las que se debía construir allí una urbanización. El tribunal considera “indudable” que podían producirse afecciones en su preservación debido a su proximidad a los usos residenciales previstos. Sobre todo en el monte preservado C, que quedaría rodeado de edificaciones.
La sentencia también recuerda que la actuación se presenta como “prácticamente irreversible” y que puede afectar a otros recursos naturales. La zona colinda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y es Lugar de Interés Comunitario (LIC) incluido en la Red Natura 2000. El tribunal añade que la urbanización que se proyecta se encuentra “disgregada del núcleo urbano”, lo que supone una vuelta al urbanismo disperso.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 26.2.14
Foto: Imagen de uno de los montes preservados a los que afectaría la urbanización - elpais
El juez amplía la imputación del alcalde de Castellón por Gürtel
El escándalo sigue con la trama de corrupción Gürtel, en este caso en la Comunidad Valenciana y en concreto en la ciudad de Castellón. Si ya el pasado año fue imputado su alcalde 'popular', A.Bataller, ahora vuelve a serlo de nuevo por las contrataciones ilegales llevadas a cabo hace 6 años, cuando era consejero de Sanidad. En su declaración ante el juez ha señalado a dos exconsejeros del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como responsables de contratar con la trama Gürtel. Como se ve, aquí estaban casi todos implicados y solo hace falta que la justicia sea capaz de tirar de la manta para que el castillo de naipes 'popular' se venga abajo y los culpables sean sentenciados de una vez.
"ELPAÍS* : El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, ha ampliado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por las contrataciones con la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Bataller, que fue imputado el pasado año y declaró en junio por el contrato para la celebración del Acto Premios Salud y Sociedad 2007 cuando era subsecretario de la Consejería de Sanidad, ha sido citado de nuevo. En esta ocasión, el juez le ha llamado para ampliar su declaración como imputado en relación con la facturación de un vídeo elaborado por Orange Market para la ampliación del hospital Clínico de Valencia.
La cita del regidor será este miércoles 26 de febrero.
La ampliación de esta imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara al magistrado y este dictara nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de una funcionaria que apuntó directamente al alcalde castellonense y aseguró que los contratos para la celebración de los premios de 2007 se llegaron a firmar antes de que la consejería tuviera todas las ofertas. En esta declaración, la testigo habría apuntado además a nuevas irregularidades con la facturación del vídeo promocional que costó 47.172 euros.
La de Bataller no es la única nueva imputación efectuada por el juez José Ceres. A raíz de las pesquisas que mantuvo en secreto durante meses, el magistrado ha estrechado el cerco respecto a la adjudicación de la empresa de Medio Ambiente de la Generalitat Vaersa a Orange Market de un contrato que tenía como objeto la grabación de un vídeo para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo, por cerca de 140.000 euros. El magistrado ha citado como imputada a Patricia Callagham, jefa de Sección ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Entre los nuevos documentos incluidos en el sumario, figuran abundantes correos entre Callagham y empleados de la trama que versan sobre los detalles de dicha contratación, así como de las gestiones de Orange Market por cobrar. La investigación de Ceres también reveló que la trama elaboró directamente acuerdos jurídicos entre Vaersa y Orange Market relativos a la mencionada campaña de medioambiente, sustituyendo así en sus funciones a los servicios jurídicos de la Generalitat. Callagham ya había declarado como testigo.
El magistrado cita igualmente a Santo Juan, que fue responsable de prensa de Vaersa y ya está imputado en la causa, ha vuelto a ser citado a declarar el mismo 5 de marzo.
La nueva declaración de Bataller en calidad de imputado complica su futuro político en el Ayuntamiento. Recientemente se postuló como candidato a la alcaldía al mostrarse convencido de que sus problemas con la justicia se resolverían en breve. Poco después, manifestó que dejaba su cargo a lo que decidiera el partido.
Tras conocer la nueva citación, el regidor ha manifestado a través de un comunicado que tiene “la conciencia muy tranquila” porque “siempre” ha actuado “con transparencia y honestidad”. “Estoy tranquilo y con la conciencia de que he actuado bien y deseo aclarar ante el juez cualquier cuestión que quiera preguntarme. Voy a seguir colaborando con la Justicia como ya lo hice en mi comparecencia del pasado mes de junio”, ha indicado.
* El País - LORENA ORTEGA / IGNACIO ZAFRA - 24.2.14
Foto: El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el centro, acude a declarar al Tribunal Superior valenciano. / TANIA CASTRO (EL PAÍS)
Los jueces, impotentes ante la escasa ejecución de las sentencias urbanísticas
La noticia es equívoca, hay que decirlo claramente. Los jueces no pueden venir ahora quejándose de que no les hacen caso, cuando han sido ellos mismos los que han permitido que se llegara a esta lamentable situación en casos de delitos urbanísticos. La justicia ha sido lenta, lentísima, cuando no cómplice necesaria en la enorme corrupción urbanística que ha habido en los últimos años (décadas) en este país. El Urbanismo y la Ordenación Territorial han sido considerados por esta casta judicial como algo accesorio o sin importancia, y han permitido por acción tardía u omisión que estos delitos pasaran de largo o prescribieran, que viene a ser lo mismo. Multitud de políticos, empresarios y financieros se han lucrado ilícitamente con esta actividad, debido a la pasividad judicial, bien para beneficio personal como de sus partidos. Respecto a las sentencias urbanísticas que no se cumplen, habría qué decir que la justicia tiene la llave para hacerlo y que si no lo hace es por pura presión política o financiera, lamentablemente."ELNORTEDECASTILLA* : Se ponen muchas sentencias, todas hay que cumplirlas, pero solo un ínfimo porcentaje se ejecutan de manera voluntaria cuando se habla de licencias, edificios y suelo. Los expertos juristas que protagonizaron ayer las ponencias de la jornada técnica amparada por la Consejería de Fomento y organizada por la ‘Revista de Derecho Urbanístico’ reconocieron que el urbanismo es «la zona gris» de la jurisdicción contenciosa administrativa en España en lo que a ejecuciones de sentencia se refiere.
El magistrado Ramón Sastre, afirmó con rotundidad que una licencia que ha sido anulada por sentencia firme «conlleva la demolición del edificio y, si se trata de planes urbanísticos, supone su anulación inmediata». Ponente de numerosísimas sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en Valladolid, reconoció que la principal ‘zona gris’ con la que se encuentra la jurisdicción contenciosa administrativa es, precisamente, la ejecución de las sentencias. Puntualizó también que si se anula una licencia y la sentencia firme obliga a la demolición, cualquier persona, aunque no haya sido parte directa en el recurso, puede instar al derribo, y hay un plazo para hacerlo de hasta 15 años, transcurridos dos meses desde que la sentencia firme ha sido comunicada. Además de la demolición, subrayó, la ley contempla multas coercitivas, e incluso la responsabilidad penal por desobediencia.
Ante un público especializado de más de sesenta técnicos y responsables de urbanismo de administraciones públicas de Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Manuel Díaz, aseguró que las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las leyes singulares de la Junta de Castilla y León sobre el centro de tratamiento de residuos de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, y la Ciudad del Medio Ambiente, en Soria, dan un vuelco a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal Constitucional durante 30 años, a partir de la expropiación de Rumasa, que no la declaró inconstitucional. Ahora, afirmó el catedrático, tanto el Estado como las comunidades autónomas se lo van a tener que pensar cuando promulguen leyes singulares porque vulneran el derecho a la tutela judicial, es decir, impiden, a través de declaraciones como la de «interés regional», el derecho a recurrir. El experto incidió en que España no puede permitirse este tipo de legislación extrordinaria porque «es más propia de los tiempos de Franco, y Europa nos puede poner la cara colorada».
Precisamente, respecto de la Ciudad del Medio Ambiente, el director de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel Marinero, avanzó que el decreto consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional la ley regional será aprobado antes de que acabe el año. Esta tramitación ordinaria busca «adecuar un proyecto del año 2000 a la realidad de hoy y permita la creación de empleos especializados para aprovechar el potencial medioambiental y las tecnologías en la zona».
«Demasiados recursos persiguen eludir el fallo judicial»
No tuvo problema alguno, la magistrada, en respuestá a una urbanista y política gallega asistente a la jornada, en asumir la parte de culpa correspondiente de los tribunales de Justicia en la situación, pero Martínez Olalla insiste en que « la falta de lealtad institucional» es una de las causas por las que las sentencias urbanísticas no se ejecutan de forma voluntaria y ello contribuye a que se dilatan los procedimientos durante años.
Muchas veces, insistió, «los recursos le sirven a la administración para ganar tiempo, a sabiendas de que no van a prosperar, con el fin de eludir el cumplimiento de la sentencia» y se mostró firmemente partidaria de favorecer la ejecución provisional de las mismas «con el fin de evitar que se haga irreversible la situación de ilegalidad», por ejemplo en casos de planes urbanísticos, o edificaciones.
Para la presidenta de la sala vallisoletana de lo contencioso, los intereses económicos «no pueden primar sobre la legalidad, porque esto sería una selva», e insistió en que la ejecución de las sentencias en capital para el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.
* El Norte de Castilla - Ciclo de la Justicia - 20.2.14
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Anticorrupción pide de nuevo cárcel para Pacheco por su gestión en Jerez
El que fuera alcalde Jerez entre 1979-2004 en las filas andalucistas, P.Pacheco, fue condenado el pasado año por prevaricación a más de 4 años de cárcel, y ahora, nuevamente, vuelve a estar imputado por fraude en la venta de la antigua estación de autobuses de la ciudad. La fiscalía pide 7 años, pero ya veremos en qué queda la supuesta condena, dada la laxitud judicial. Aparte de su figura prepotente y sus tropelías urbanísticas en la alcaldía jerezana durante tantos años, quizás el problema que le ha llevado a las sucesivas condenas judiciales haya sido el no pertenecer a los dos grandes partidos nacionales, con lo que sus agarraderas políticas han sido menores que en casos semejantes.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al exgerente de la empresa municipal de suelo Miguel Ballesteros, a dos empresarios y a tres testaferros de un supuesto fraude en la enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez. El fiscal pide hasta siete años de cárcel y seis de inhabilitación para el histórico líder andalucista por vender más de 4.000 metros cuadrados de terreno a un empresario afín y su socio sin concurso público y con “total desprecio de las normas administrativas y legales de contratación pública en perjuicio del interés general”.
Pacheco fue condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por enchufar a compañeros del partido en el Ayuntamiento. Entonces la fiscalía pidió seis años de prisión.
Para los siete acusados, el fiscal solicita una indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jerez de 1.695.000 euros, cantidad que el Consistorio dejó de percibir por la operación.
Según la acusación, Pacheco, cuando era delegado de Urbanismo y presidente de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), y el gerente de la misma sociedad pública, “con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales” y “beneficiar a los empresarios José Luis López (conocido como El Turronero) y Francisco Chávez, con los cuales Pedro Pacheco mantenía vínculos de amistad”, diseñaron un procedimiento de enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez que supuso “un grave quebranto del erario público”.
¿A cuánto asciende el fraude? Según Anticorrupción, la cifra oscila entre 1,7 y 5,4 millones de euros. El escrito de Anticorrupción detalla que el inmueble se transmitió en 2006 por precio notablemente inferior a su valor real, concretamente por la cantidad de 2,7 millones, pese a que la tarifa de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4,4 millones.
La venta se realizó partiendo de una tasación de 2004 que no se actualizó y el procedimiento para llevarla a cabo limitó las ofertas a las empresas de López y Chávez, quienes utilizaron a tres testaferros para dar “la apariencia ficticia de estar ante diferentes empresas” y “ocultar la verdadera identidad de los compradores”. De esta forma, “los acusados pudieron fijar el precio que estimaron por conveniente sin ajustarse a criterios de mercado”. Solo tres meses después de adquirir el terreno, El Turronero, uno de los mayores operadores de suelo de la zona, y su socio dividieron la parcela en dos y la transmitieron a terceros, obteniendo unos beneficios de 415.000 euros.
Para medir el quebranto a las arcas municipales, la fiscalía destaca en su escrito que una tasación bancaria hecha en 2006 fijó el valor de mercado de las dos parcelas de la estación de autobuses en 8,1 millones de euros, una cifra muy lejana a los 2,7 millones que pagó López y su empresa Ingeniería Jienense SL a Emuvijesa.El Turronero estaba detrás de las tres ofertas que recibió el Consistorio para comprar los 4.000 metros cuadrados de terreno, pero no figuraba en ninguna de ellas. Ángel Monereo fue el hombre de paja colocado en la empresa que adquirió el suelo en 2006 “para ocultar la identidad de los verdaderos administradores”.
En el extenso escrito de acusación, la fiscalía concluye que Pacheco, el técnico municipal, López y su socio vulneraron “de manera grotesca y flagrante la normativa administrativa”. Los acusa de ejecutar la venta “evitando la concurrencia de terceros en términos de igualdad” y ocasionando un “grave perjuicio al patrimonio público”. Para los tres testaferros, el mencionado Ángel Monereo, Vicente Cervera y Joaquín López, la fiscalía pide tres años y medio de prisión por delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.
Para los empresarios se reclama seis años de cárcel. Uno de ellos, José Luis López, ya cuenta con una condena de dos años por fraude a la seguridad social en el caso Karlos, en el que resultó condenada también María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. La fiscalía cree que Pacheco firmó y dirigió la venta del suelo. Para él reserva la mayor pena de prisión: siete años por prevaricación, fraude y falsedad documental.
* El País - ANA HUGUET - 19.2.14
Foto: Jerez, Pacheco en el juzgado (archivo) - lainformacion
El juez imputa al alcalde de Valladolid por el caso de los áticos de Zorrilla
Después que un juez decidiese hace pocos meses archivar esta causa contra el alcalde de Valladolid, De la Riva, ahora viene la Audiencia provincial y le vuelve a imputar, en este caso por desobediencia. Como se ve las contradicciones judiciales están a la orden del día, probablemente debidas a fuertes presiones políticas o económicas. El beneficiado de este embrollo ha sido el desgraciadamente conocido alcalde 'machista' pucelano, que ha ido sorteando en el filo de la navaja su imputación judicial, no solo en esta causa de los áticos ilegales del edificio donde él mismo vive, sino en otras como el escandaloso 'cambiazo' a posteriori de los documentos del Plan General municipal. Un dirigente 'popular' que parece estar por encima de la ley.
"ELDÍA* : El alcalde de Valladolid ya está oficialmente imputado por un delito de desobediencia en el caso de los áticos de Zorrilla. El juez encargado del asunto acata así el dictamen de hace unos días de la Audiencia Provincial de Valladolid que le obligó a imputar a Francisco Javier León de la Riva por su papel en este proceso.
En concreto, según informaron fuentes judiciales, César Gil Margareto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, ha ordenado mediante un auto conocido ayer que continúe el procedimiento por si los hechos imputados a Francisco Javier León de la Riva fueren constitutivos de un presunto delito de desobediencia, terminando así la investigación de los hechos y solicitando la apertura de juicio oral.
En el citado documento, el juez Gil Margareto considera que las razones aportadas por la Audiencia Provincial en la respuesta al recurso que planteó la Fiscalía le obligan a la imputación del alcalde, por su "reiterada actuación tendente a eludir el cumplimiento de lo que le mandaba la sentencia respecto a demoler, en el plazo señalado, las obras de rehabilitación realizadas en el edificio de la plaza de Zorrilla así como a la reconstrucción de los elementos protegidos, ilegalmente demolidos o modificados", según se concreta.
Archiva el proceso respecto de los dos arquitectos. Por otro lado, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de los dos técnicos escuchados como imputados en la misma, al entender que "no concurren los elementos de desobediencia". El auto explica que un mismo acto no puede ser considerado desobediencia y a la vez prevaricación, y sobre el delito de prevaricación ya fueron investigados y hubo un sobreseimiento de los hechos, según detallan estas fuentes.
Contra esta resolución no cabe ya recurso alguno con respecto al alcalde pero sí cabe presentar con respecto a la decisión sobre los técnicos un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación, o recurso de apelación directo dentro de los cinco días.
* El Día de Valladolid, 22-2-14
Foto: Valladolid, edificio áticos CajaDuero - elmundo
Barcelona.- Los saqueadores confesos del Palau de la Música afrontan su primer juicio
Casi cinco años después de que estallase el caso Palau en Barcelona, los ex responsables de esta institución cultural, F.Millet y J.Montull, ambos cercanos a Convergencia, se sientan en el banquillo. Lo hacen no por el presunto saqueo, del que también están acusados, sino procesados por intentar influenciar en la tramitación urbanística del hotel que se quería construir a pocos metros del Palau de la Música. También son procesados en esta primera fase los máximos dirigentes del urbanismo municipal en la época del alcalde socialista Hereu, por su complicidad en acelerar los trámites para construir el hotel. Como se ve toda una trama corrupta en la que estaban inmersos los grandes partidos catalanes, nacionalistas o no.
"LAMAREA* : El que fue presidente del Palau de la Música y miembro de una de las familias más bien conectadas con las instituciones, empresas y burguesía catalana, Fèlix Millet, y su entonces mano derecha en la entidad cultural, Jordi Montull, se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados. Junto a ellos se situará la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por el socialista Jordi Hereu, con el exteniente alcalde Ramón García Bragado a la cabeza. Comienza el primer juicio del conocido como ‘Cas Palau’, dividido en tres piezas separadas. La vista que arranca no dirime el saqueo de la institución –de cerca de 30 millones de euros- perpetrado, como ellos mismos confesaron, por Millet y Montull, sino la construcción de un hotel de lujo cerca del auditorio.
Fue el intenso trabajo de las asociaciones de vecinos el que llevó finalmente a la Fiscalía a presentar cargos por la construcción del hotel y paralizarlo. El Fiscal Antonio Pelegrín señala que Millet y Montull “promovieron una operación urbanística dirigida a conseguir importantes ganancias económicas para ellos dos”. Según el Ministerio Público, Millet y Montull habrían conseguido tramitar el hotel de forma irregular gracias a la connivencia de cargos municipales, y se habrían quedado con una importante comisión – de 900.000 euros- del empresario hotelero Manuel Valderrama, a quien cedieron las obras del hotel.
El proyecto consistía en la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Para ello, los acusados –según el relato del fiscal- contactaron en enero de 2002 con el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, para que la Fundación del Palau –que dirigía Millet- adquiriese los inmuebles propiedad de la institución religiosa. Sin embargo, las fincas estaban calificadas como equipamiento educativo, y para tirar adelante el negocio era necesario conseguir su recalificación. “Actuando en todo momento de mutuo acuerdo hicieron valer el prestigio que les otorgaba el reconocimiento y la estima que la Fundación Orfeó-Palau de la Música tenía en la sociedad catalana (…), así como aprovecharon las relaciones personales con autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica y del Ayuntamiento de Barcelona”.
Diez años de cárcel por este caso
La acusación implica a García-Bragado, a quien el caso le terminó costando su carrera política, en la operación de permuta de la calificación urbanística. El fiscal le reclama cuatro años y siete meses de prisión, la misma pena que solicita para el exgerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el exjefe del servicio jurídico, Enric Lambies; y el arquitecto Carles Díaz, todos ellos acusados de los delitos de falsedad documental, prevaricación.
La pena solicitada para Fèlix Millet y Jordi Montull se eleva a los 10 años y dos meses de reclusión, por tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y prevaricación.
Millet y Montull solo han pisado la cárcel durante 13 días, precisamente en el marco del caso del Hotel del Palau como prisión preventiva. Millet, que otrora formara parte, como él mismo reconoció, de las “400 familias” que dominaban el poder político y empresarial en Cataluña, se enfrenta junto a su socio a dos procesos más. El primero, el que les acusa de apropiarse de 30 millones de euros del Palau de la Música, una acusación que ya han reconocido. El segundo, el que investiga el presunto pago de comisiones a Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) por parte de Ferrovial –en el que el Palau, por vía de Millet, habría actuado de intermediario- a cambio de la adjudicación de importantes obras públicas como la Ciutat de la Justicia y la Línea 9 del metro. Por este caso, CDC tiene actualmente su sede embargada.
* La Marea - Brais Benítez - 24.2.14
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
Andratx.- Condena máxima por suma de penas por corrupción urbanística
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En 2006, estalló el escándalo del caso Andratx (Mallorca), señalado por la fiscalía como un paradigma de la corrupción urbanística. No fue una macrocausa porque se desgranó en 78 piezas distintas. De los 27 juicios celebrados, 25 han sido de condena. Junto al exalcalde, el principal encausado fue J.Massot, exdirector general de Ordenación del Territorio de Baleares en la época del presidente Matas, y actualmente en la cárcel. Pero según parece ya no puede acumular más penas referentes al caso Andratx al haber llegado al máximo permitido, algo insólito que vuelve a mostrar la injusticia de una justicia que no sanciona como debe a los grandes capos de la corrupción urbanística en este país.
"ELPAÍS* : Es el preso con currículo político más veterano de la cárcel de Palma. Hace cuatro años que Jaume Massot ingresó en la cárcel, condenado a un total de siete años y medio, por delitos de corrupción ligados al urbanismo salvaje. Este lunes ha aceptado una nueva condena de ocho meses por auspiciar la concesión de una licencia ilegal para la construcción de una vivienda unifamiliar en terreno protegido. Sin embargo, ya no acumulará más penas de cumplimiento: es una cadena de condenas por un delito continuado.
Massot suma las penas máximas posibles en el caso Andratx, según razona su letrado, Fernando Mateas: “No puede ser condenado en distintos juicios por hechos idénticos, en tiempos sucesivos. Estaba en la misma mesa, decidía en el mismo ámbito municipal, seguía en el mismo cargo”.
Massot era considerado el cerebro más fino de la ordenación territorial en Baleares, quien más conocía los recovecos de los planes urbanísticos y las leyes sobre suelos y solares edificables. Así fue elegido director general balear del área por el expresidente balear Jaume Matas, del PP, (2003-2007) y su consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, actual portavoz parlamentaria. Era el funcionario de más peso y veteranía del municipio mallorquín, un territorio residencial apetecido por residentes y turistas y ejemplo de los desastres ligados a una gestión corrupta, probada por los jueces.
Las sentencias de la Audiencia de Palma contra Masso por el caso Andratx, instadas por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, resultaron ratificadas en el Tribunal Supremo. El núcleo del escándalo se centró en hechos semejantes: chalets levantados gracias a trámites y certificados falsos y generalmente en terrenos protegidos. En algunas causas se ha condenado a otros reos por cohecho, fraude, falsedad, negociaciones prohibidas y ya se han derribado al menos tres edificios levantados gracias a esos fraudes.
Dos de los chalés derribados son el del edil del PP Eugenio Hidalgo, condenado a cuatro años en distintas causas, y el del celador de obras de Andratx Jaume Gibert, arrepentido que pactó con la fiscalía cinco años de prisión. Este lunes, Gibert aceptó dos años más de cárcel, aunque ya cumple en tercer grado y solo va a dormir al centro penitenciario.
En 2006, estalló el escándalo del caso Andratx, señalado por la fiscalía como un paradigma de la corrupción urbanística. No fue una macro causa porque se desgranó en 78 piezas distintas. Se han celebrado 27 juicios, 25 con condena y solo dos se han cerrado con la absolución de los imputados. La mitad de las piezas se resolvieron con sobreseimiento o archivo porque los indicios no se concretaron y la legalidad urbanística local cambio durante la instrucción.
* El País - ANDREU MANRESA - 17.2.14
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es
Madrid.- Centro Acuático: otros cinco millones enterrados
Hay muchos restos del naufragio que supuso la fallida doble intentona olímpica en la ciudad de Madrid. El exalcalde, hoy ministro, Ruíz Gallardón, fue el principal culpable de las construcciones faraónicas que se hicieron, o planificaron, sin tener la certeza de la concesión de los Juegos Olímpicos. El Centro Acuático es uno de esos edificios-esqueleto que han quedado varados a medio construir en la capital y sin una salida de uso posible. El despilfarro delictivo de estas erróneas decisiones político-urbanísticas de hace ya más de 10 años, es una enorme deuda económica municipal que afecta gravemente al día de hoy cualquier iniciativa urbana por mejorar los excesos producidos.
"ELPAÍS* : El Centro Acuático será una instalación deportiva “de vanguardia” que “beneficiará a todos los madrileños y, en especial, a los 150.000 residentes de San Blas”, dijo en 2006 el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Diez años después de iniciarse la obra, cuando ni siquiera pervive el sueño olímpico que la originó, el Centro Acuático sigue siendo un esqueleto a medio construir y el único beneficiado hasta la fecha es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que recibirá 4,9 millones de euros en concepto de IVA por una operación en apariencia inocua. El Ayuntamiento, propietario de la instalación, se la ha transferido a sí mismo, pero por ese cambio de titularidad dentro de la organización municipal se ha visto obligado a abonar a Hacienda en concepto de IVA el 21% del valor que atribuye al esqueleto, que es 23,5 millones de euros.
El Centro Acuático debía albergar las pruebas de natación, saltos y waterpolo de la candidatura olímpica de 2012 primero, 2016 después, 2020 finalmente. Gallardón, experto en modificar la realidad cambiando su nomenclatura (fabricó el barrio de Las Letras, la catedral de las Nuevas Tecnologías, etcétera), bautizó esta instalación como “Ciudad del Agua” y comparó sus dimensiones con el estadio Santiago Bernabéu y el Centro Pompidou de París.
La realidad, más prosaica, se encargó de traducir esas cifras a millones de euros y años transcurridos. Las obras se iniciaron en noviembre de 2004 con un presupuesto de 137 millones y un plazo de 27 meses. Comenzaron bajo responsabilidad del Ayuntamiento, que se las cedió en 2006 a la empresa Madridec, cuya deuda no computaba como municipal. Días después, el presupuesto se disparaba a 164 millones y el plazo a 41 meses. Cumplidos estos, en 2008, el presupuesto volvió a subir, hasta 185 millones, y la fecha límite cambió a julio de 2010. Agotado el nuevo plazo, la obra se paró y ya nunca más volvió a retomarse. Eso sí, el presupuesto volvió a subir, hasta 192,5 millones.
En julio de 2012, el Ayuntamiento decidió liquidar Madridec, quebrada por la enorme deuda de inversiones como esa. Sus bienes (Caja Mágica, Palacio de Congresos, etcétera) pasaron a otra empresa municipal, a excepción de los activos tóxicos (por su elevada hipoteca o gasto pendiente), que asumió el Ayuntamiento. Entre ellos, el Centro Acuático.
Esos traspasos no estaban sujetos a IVA, excepto precisamente en el caso de esta instalación.
¿Por qué? El resto de bienes son “unidades económicas autónomas capaces de desarrollar una actividad empresarial” (como el Palacio de Congresos), mientras que el Centro Acuático no es “susceptible de producir efectos económicos más allá de la mera transmisión” de Madridec de vuelta al Ayuntamiento.
“A día de hoy, no existe intención de desarrollar una actividad económica” con la instalación, pues el sueño olímpico de Gallardón es pasado perfectivo. Así, “el Ayuntamiento ha tomado la decisión de no continuar las obras con el proyecto original”, aducen fuentes municipales.
El hecho de que se trate de suelo de uso deportivo público impide además su venta “a corto plazo” y, por ende, “una actividad económica rentable”. Lo que, legalmente, obliga al Ayuntamiento a pagar un IVA millonario por quedarse lo que ya es suyo.
Este es el resumen de la operación que hace el líder municipal de UPyD, David Ortega: “El Ayuntamiento construye un edificio innecesario que asigna a una empresa también innecesaria. Hace quebrar la empresa, devuelve el edificio al Ayuntamiento y, como consecuencia, tiene que pagar cinco millones de IVA. Nos traspasamos algo que ya es nuestro y por el camino perdemos unos cuantos millones. Hacienda debe estar contenta. UPyD cree que alguien tiene que responder de este despropósito que desmiente el mito de la buena gestión del PP”.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 19.2.14
Foto: El esqueleto del Centro Acuático, en marzo de 2013. / ULY MARTÍN
Roquetas pide a Costas reducir la franja de protección de su litoral
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"IDEAL* : La organización ecologista Greenpeace ha alertado estos días de los riesgos que entraña la reciente reforma de la Ley de Costas, aprobada por el Gobierno y que permite reducir las franjas de protección marítima hasta prácticamente hacerlas desaparecer en algunos casos concretos. La reforma es para Greenpeace «una gran barra libre a aquellos municipios que menos respetaron la Ley de Costas del año 88 y que más urbanizado han dejado su frente litoral». Una medida que además entraña sus riesgos y la organización ecologista así lo ha puesto de manifiesto tras los recientes temporales que han azotado sobre todo el norte de España y que a su juicio demuestran que el cambio climático está afectando a todo el litoral español.
Los municipios que así lo soliciten al Ministerio de Medio Ambiente podrán acogerse a esta medida, y según un listado del propio Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, en el caso de la provincia de Almería solo Roquetas ha solicitado incluirse en esta disposición.
En el listado elaborado por el Gobierno, aparecen 100 de los 500 municipios con litoral de toda la geografía española, que a fecha de 15 de octubre solicitaron acogerse al cambio legal. Se trata de un 20% del litoral español perteneciente a municipios que en muchos casos «son viejos conocidos de Greenpeace porque han aparecido reiteradamente en las publicaciones sobre la 'Destrucción a Toda Costa'», asegura la organización ecologista.
Se desconoce por el momento si en los últimos meses se han unido a esta disposición otros municipios almerienses, ya que desde la Subdelegación del Gobierno en Almería no se ha facilitado más información a IDEAL hasta el momento sobre el asunto.
El Gobierno negó en su día que la reducción de la protección se fuera a producir de forma generalizada, ya que según se indicó cuando se aprobó la norma, la nueva Ley de Costas lo que hace es regular mejor esa reducción cuya posibilidad ya aparecía contemplada en la Ley de 1988.
Fuentes especializadas en la materia han destacado a IDEAL que la modificación legislativa afecta a los municipios que hayan clasificado en la franja costera como suelo urbano en sus planes generales con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Pueden solicitar acogerse a la petición de reducción en aquellos casos que reúnan los requisitos de consolidación edificatoria y de dotación de servicios (un tercio junto con los servicios correspondientes o dos tercios si carecieran de alguno de los enunciados en la disposición). El Gobierno tendrá 18 meses para pronunciarse sobre si procede la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, en lugar de los 100 metros contemplados en la Ley de Costas de 1988.
En caso del municipio roquetero, pocos detalles se conocen hasta el momento del alcance y la intencionalidad de la solicitud de acogerse a este decreto que afectará a las zonas ya consolidadas y que en algunos casos ya fueron deslindadas por Costas en los últimos años. Hasta el momento el Ayuntamiento no ha informado del paso dado para pedir la reducción, ni tampoco de sus planes y motivos que impulsan esta medida que ha sido duramente criticada por los ecologistas.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los 16 kilómetros de costa del litoral roquetero ya están desarrollados urbanísticamente, la modificación puede tener importantes novedades en este terreno en los próximos años, no solo porque puede facilitar la construcción de nuevos edificios en zonas en su día afectadas por deslinde y cuyos propietarios están actualmente en litigios con Costas tras perder la propiedad de los inmuebles, sino también en los casos en los que queden franjas de terreno sin urbanizar.
Uno de los aspectos que más dudas despiertan, es el futuro de las franjas de terreno que tuvieron que dejarse libres con la anterior Ley de Costas que obligaba a retranquear las nuevas construcciones a 100 metros de la costa. Es el caso de la existente en Las Salinas o en el paseo marítimo de la zona de Villa África, en principio consideradas zonas libres y que no han sido acondicionadas como parque y cuyo destino no parece claro con esta medida. En principio el Gobierno asegura que en estos casos no se podrán construir nuevas edificaciones, pero ya hay quien alerta de la contradicción de permitirlo en las zonas que no tuvieron que reservar ese espacio.
* Ideal - JULIO VALDIVIA - 16.2.14
Foto: El municipio ha pedido acogerse a la nueva Ley de Costas que permite reducir la franja de protección de 100 metros a solo 20. :: IDEAL
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La contrarreforma del paisaje
Con cualquier excusa, el poder político-financiero ha alentado el 'desarrollismo', la destrucción de los motivos que generan el deseo de habitar, ver, mirar y visitar un entorno. Esta es la conclusión que se puede sacar visto el panorama desolador del urbanismo y la ordenación territorial de los últimos 50 años en el país. Todo empezó en la dictadura, sí, pero sus herederos han contribuido a acrecentar esta lacra social que tiene más que ver con la corrupción y la especulación delictiva que con las necesidades de la población. En las islas Baleares, como en tantos lugares de nuestra geografía, una auténtica mafia urbanística ha operado en todo este tiempo a su antojo y, prácticamente, sin apenas oposición legal o social.
"ANDREU MANRESA* : En Brasil quemaron selva, deforestaron parte de su Amazonia, sembraron soja y cosecharon semillas para producir biodiésel. Tienen tierras desiertas con polvo y latifundios uniformes sin pobladores nativos, árboles, plantas, animales, sin la riqueza de biodiversidad y su paraíso. Hace más de tres décadas, en Baleares, durante una de las cíclicas sobredosis de desarrollismo salvador con urbanizaciones y más oferta, un capitalista, el copropietario de la Banca March, Juan March III, advirtió del riesgo de la sobre explotación compulsiva del paisaje, de la auto inmolación. Aludió al “pan para hoy y hambre para mañana”.
El poder político-patronal está en su apostolado: cree que todos los parajes son minas de oro inmobiliario y turístico, que todo cuanto se ve puede ser parcelado para hoteles, chalets, campos de golf y macro centros comerciales. Con esta mirada y —tolerancia social— se arrasó sin sentido ni mesura el borde del mar y más allá.
Los propietarios March han predicado con el ejemplo —en este campo—, por privacidad e interés no han explotado sus tierras en la costa y los montes. Juan March, el nieto, en los 80, aportó en vano la tesis de la moderación sobre el apostolado del crecimiento en espiral. En lo político, su casa optó por la inercia del pasado y apoyó la alianza a la derecha del primer Gobierno autonómico de Alianza Popular (PP) con Unió Mallorquina (UM), con el interés del conservador del rico Abel Matutes, sempiterno urbanizador.
El banquero March habló mientras existía la inicial amenaza de la urbanización de Es Trenc, la playa joya, un capital popular salvado por la presión social. Hoy el arenal gigante es atractivo para el negocio común, está en uso masivo y siempre es acechado. Los bordes de su área natural sufren la fiebre de proyectos salvadores de la patria chica, Campos. Ahora es el macrohotel de Sa Ràpita.
La alerta del pan-para-hoy-hambre-para-para-mañana es vigente. La idea medicinal tenía autor. En su origen la advertencia fue del socialdemócrata alemán Helmut Smchidt. March lo citó. Consumir tu alimento a dentelladas (capital/paisaje) provoca un hartazgo y una gran miseria.
Agotar las reservas, el medio y la entidad del país, conduce al colapso, al hundimiento. Se crece pero se destroza el formato del paisaje y el estilo de vida. Es una acción suicida porque destruye los motivos que generan sensaciones personales intangibles, emocionales, el deseo y el placer de ver y mirar, habitar o visitar un entorno. Eso es, la vida, y el turismo.
En esa época gris, de hambre, sin figuraciones porque la crisis tiene efectos brutales, retorna la necesidad de apelar a la contención, al freno ante las pasiones expansivas. Las excavadoras, el país en obras privadas, son vistas por el poder como ángeles, panaceas contra todos los males, son el simbólico pan de hoy.
Con la excusa de luchar contra la hecatombe económico laboral, todo vale, se apela a la necesidad de consentir grandes construcciones turísticas y comerciales, porque —dicen— son inversiones que crean puestos de trabajo y generan riqueza.
Es el nuevo progreso que se pregona y retorna. Toda reflexión o alegato proteccionista son descalificados por contra sociales. La neorealidad llegó urgente: urbanizaciones, asfalto, cemento, diques, puertos, clubes náuticos y tarifas disparatadas. Lo público tiene un precio caro.
Es la apoteosis de la economía libre, la explotación privada del ámbito común —la calle, la costa, el mar—, la oferta y demanda contra la pervivencia de espacios de interés general. El refugio-hotelito de Cabrera es un detalle.
Todas las licencias son exprés, se hacen leyes de manga ancha que autorizan lo inimaginable, deshacen el orden y legalizan lo furtivo. Se liberan trabas de protección en zonas cuya integridad ganó la sociedad. Una baldosa de suelo rústico en Ibiza será edificable.
La demagogia es el eje del discurso oficial, hiriente. Se apela al bolsillo, al fantasma de las indemnizaciones y se revitalizan urbanizaciones anuladas por insolentes, hijas el boom destructor.
Sucede una derrota, es una contra reforma, otra reconquista urbanizadora. La respuesta de la sociedad que pierde derechos no nace, queda nublada por el frente único de combate cultural educativo, justo, que alude a las esencias simbólicas.
* El País - Crónica - 16.2.14
Foto: La contrarreforma territorial existe pero se ve un frente de combate simbólico cultural (fotomontaje). / TOLO RAMON
