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El llamado caso 'Brugal' de corrupción en las provincias de Alicante y Murcia se ha demorado demasiado tiempo en manos de una justicia inepta y politizada. Ahora parece que por fin le llega el turno al asunto en Calpe, dentro de la misma trama corrupta. Aquí empiezan a salir malos olores provenientes del negocio ilegal de las Basuras junto con intereses especulativos provenientes del fútbol en una especie de comunión mafiosa (como en Nápoles), que demuestra, una vez más, los oscuros negocios que se mueven en este deporte tan 'popular', en el doble sentido de esta palabra, a las orillas del Mediterráneo, incluyendo a políticos y a una delictiva financiación.
"ELMUNDO* : La primera pieza de Brugal que llega a juicio ha sacado a la luz la forma mas cutre de corrupción, la que acampó a sus anchas auspiciada por el ladrillo y la barra libre en créditos que CAM o Bancaja concedían a ayuntamientos de dudosa solvencia. La política de los excesos deja municipios arruinados con recibos de agua o basura hinchados que ahogan a los valencianos. Son las familias las que asumen el coste de una corrupción simplona y mediocre. La investigación del caso Calpe, dentro de la operación Brugal, es el paradigma de la gestión vulgar de alcaldes que se creyeron intocables. El primero en caer fue el de Torrevieja, Pedro Angel Hernandez Mateo; le seguirá el de Alicante con el juicio en el TSJ, y la Audiencia acabará por juzgar al ex primer edil calpino, Javier Morató por la trama de las basuras. Pero, ¿por qué nadie detecto estos excesos?
El origen del caso Calpe
El PP ganó en muchos puntos de Alicante a golpe de puesto de trabajo. Y Calpe no fue una excepción. El ex alcalde procesado por Brugal multiplicó la plantilla del Ayuntamiento y dejó un municipio de 30.000 habitantes con más de 600 trabajadores. La deuda subió al mismo ritmo que se remodelaban plazas o se inauguraba una piscina sin acabar.
En esta pieza Anticorrupción no lo ha tenido difícil para reunir pruebas de cuatro delitos castigados con cárcel (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales). Los fiscales de Dénia se han hecho cargo de la instrucción y la jefatura de la Audiencia de Alicante ha vigilado el proceso. El juez Pedro Pablo Abad ha rematado la investigación penal desde que asumió el caso en 2011.
Brugal surgió porque el industrial de Orihuela Ángel Fenoll entregó unas cintas que confirmarían un supuesto soborno. Se le considera el cabecilla de una presunta red criminal con ramificaciones en Alicante y Murcia. Fenoll se arrepintió, ahora dice que están manipuladas, pero entonces ya había despertado el interés de la Policía. Un juzgado autorizó la intervención de su teléfono y los agentes detectaron las estrechas relaciones con el PP de Calpe.
La Policía sitúa en 1998 el origen de la relación entre Fenoll y los acusados del caso Calpe. Ese año se hace con el concurso de tratamiento de residuos sólidos del Ayuntamiento por 30 euros la tonelada. Un caramelo para cualquier empresario de la basura: Calpe es un municipio que llega a los 100.000 habitantes en verano, vive del sector servicios y recibirá residuos de otros puntos de la Costa Blanca. Al Ayuntamiento llegaron ofertas mas ventajosas pero el juez explica que el alcalde y su equipo optaron por la de Fenoll.
Juan Roselló, persona de la máxima confianza para el zaplanismo, despunta en la Diputación de Alicante. La policía identifica a su cuñado, Francisco Artacho, como el intermediario que también se llevaba su parte "haciendo valer su relación de parentesco" subraya el juez.
A partir de aquí surgen dos tramas: una que consiste en pagar sobornos a cambio del contrato y la otra que refleja el adoctrinamiento sin complejos de altos funcionarios para ignorar la manipulación de la báscula del vertedero. Era tan burdo el engaño que la empresa que gestionaba el servicio, Colsur, ni se molestó en colocar un peso que funcionara en su empresa. La planta necesitaba unos terrenos y los acusados escogieron las fincas de una familia de confianza que entró en el juego. Sus parcelas estaban protegidas pero en la presunta banda también estaba el concejal de Urbanismo. El matrimonio firmó un ventajoso contrató para 25 años. Y el jefe de Brugal repartió dinero antes, durante y después de la adjudicación.
La lavadora
El juez razona en su auto que acusados del caso Calpe ocultaron el origen ilícito de bienes y derechos a sabiendas de que procedian de una actividad delictiva. El fútbol hace muy atractivo al dinero negro, es un mecanismo perfecto para el lavado de dinero y otorga un estatus especial a quién invierte en él. El Ayuntamiento obligó al empresario a inyectar mas de 120.000 euros en el Calpe CF, un equipo que compite en ligas comarcales. Los acusados dirigieron el club durante diez años.
El juez identifica otra lavadora de dinero negro, la agencia de viajes del diputado Roselló, que compró una finca de 600.000 euros con el 50% en dinero b. A cambio el sumario matiza que Fenoll se aseguró beneficios superiores a los 54.000 euros mensuales sin contar el dinero de las otras plantas. Colsur se comía el día a día de la caja del Ayuntamiento.
Los técnicos bajo sospecha
El apoyo de altos técnicos fue imprescindible para culminar el saqueo, según la investigación. Sin la ayuda de Juan Cervantes y Jose Luis Fauvel la trama no habría podido manipular la báscula. Incluso cuando el PP perdió la Alcadía, el sumario confirma que uno de ellos se reunió con el empresario en Elche para continuar con los sobornos. Meses después el Bloc rompe con su programa y devuelve el control del ayuntamiento hasta 2011 a los procesados en Brugal. Una torpeza política que en Compromís de puertas para dentro aun se lamenta. Los dos continúan como altos funcionarios.
Aguas de Calpe
Las sucesivas mayorías incontestables del PP lo hicieron todo mucho mas fácil. Desde Calpe se veía con distancia a los jueces y fiscales, se creían impunes. Aún dudan de la llegada del juicio. Quién va a imaginar que la Policía te grava mientras te repartes los billetes. En esos años la corrupción no era uno de los problemas de los españoles y el único escándalo que se judicializó es un caso que dirigió el PSPV como pudo con filtraciones esporádicas.
Todo se conseguía a cambio de trabajo. El diputado y su cuñado "omnipresente", puntualiza el juez, también aparecían en Aguas de Calpe pero la Fiscalía nunca se interesó por su conexión. La basura presuntamente ya estaba amañada y a ambos se les investigó por un sobrecoste de un millón de euros en la construcción de la red transversal de agua. El caso deambuló sin rumbo por los juzgados de Dénia, como ocurre en otras situaciones. Los jueces necesitan duplicar su plantilla para dar una respuesta eficaz y a tiempo contra la corrupción. Ahora está pendiente de un recurso en la Audiencia de Alicante.
Al menos hasta 2007 la trama ejerció un control absoluto sobre los contratos más importantes de una ciudad cabecera en la Costa Blanca. Una simple mecánica en la que había muchos se benefician y solo había un perjudicado: el ciudadano.
* El Mundo - JUAN NIETO - 1.2.14
Foto: Calp (Alicante), planta transferencia ilegal - levante
Basura, clubes de fútbol y corrupción junto al Mediterráneo
Madrid.- Un peaje de 550 millones hacia la nada
El despilfarro en infraestructuras en este país es uno de los asuntos más graves que no ha tenido consecuencias políticas ni judiciales. Los culpables del desastre, tanto políticos como empresarios o financieros se han ido 'de rositas', sin que la acción judicial haya intervenido lo más mínimo. El resultado son casos como este de las autopistas radiales de peaje en Madrid, donde destaca el desastre de la nueva autopista a Barajas, en la que una previsión exagerada ha llevado a la quiebra de la misma. El fiasco deja cientos de millones en deudas y, según parece, nadie es responsable de tamaño disparate delictivo.
"ELPAÍS* : Pocos kilómetros de asfalto han salido tan caros. La autopista de peaje que une Madrid con el aeropuerto, una vía de solo 9,4 kilómetros que se abrió al tráfico en 2005 con una inversión de 380 millones de euros, iba a liberar de los atascos al entonces llamado gran Barajas, por la gigantesca cuarta terminal que se estaba construyendo. Casi una década después, los errores en la previsión de tráfico —sobre todo por el desplome de viajeros en Barajas— y el elevado coste de las expropiaciones han llevado a la concesionaria, propiedad de la constructora OHL, a declararse en concurso de acreedores con una deuda de 550 millones.
Con esta decisión, la M-12 engorda formalmente la lista de infraestructuras de transporte —desde otras autopistas hasta aeropuertos que nadie, o casi nadie, usa— que han resultado ser un fiasco.
El ranking de grandes proyectos de obra civil fracasados está disputado. Los aeropuertos de Ciudad Real (inversión de 450 millones), Castellón (190 millones) y Murcia (200 millones) son algunos ejemplos de proyectos que nacieron al calor de los tiempos de bonanza y han acabado en poco, o nada. Madrid no escapó al despilfarro. Esta comunidad acapara buena parte de las autopistas de peaje que se han declarado en concurso de acreedores los últimos meses, con una deuda conjunta de unos 4.000 millones que el Gobierno se dispone a rescatar.
El silencio que suele reinar en esta vía de peaje, llamada Eje Aeropuerto, es la mejor prueba del escaso tráfico que soporta. Según los datos de 2012 depositados en el Registro Mercantil, por ella circulan de media al día 7.200 vehículos. Algunos de ellos por despiste porque está tan mal señalizada que los conductores poco familiarizados con la zona se cuelan en el peaje al entender que es un simple desvío o un acceso de la autovía pública. Con este volumen de usuarios, que le reporta unos ingresos de 4,38 millones de euros anuales, el peaje está muy por debajo del objetivo que fijaron sus promotores: 25.000 vehículos al día hasta que se inaugurara la T-4 en 2006. A partir de ese momento, la esperanza de que la nueva terminal fuera usada por 35 millones de pasajeros al año llevó a pensar a los constructores que alcanzaría un tráfico de hasta 50.000 coches diarios. Pero la crisis económica empezó en 2008 a golpear al aeropuerto madrileño —cuya ampliación acabó costando 6.000 millones, el doble de lo presupuestado— y todo quedó en papel mojado.
Aparte del efecto que ha tenido la crisis de Barajas en la caída de la M-12, existieron dudas sobre la viabilidad del proyecto desde el principio. “Esta es la única autopista de peaje de España en la que la alternativa libre la da la propia autopista”, afirmaron durante su inauguración los responsables de OHL. A cambio de una concesión de 20 años, la constructora dedicó parte de su presupuesto (cerca de 100 millones) a unos accesos libres de peaje. Y ese supuesto punto a favor de la infraestructura ha resultado ser finalmente, como en el caso de otras autopistas fallidas, uno de sus puntos débiles: ¿para qué pagar el peaje si hay una alternativa gratis?
Para Xavier Fageda, profesor de Política Económica de la Universidad de Barcelona, el fiasco de esta autopista es un ejemplo más de las perniciosas consecuencias que tiene la alianza entre los partidos y las constructoras para el bolsillo de los contribuyentes. “Los políticos, ya sean de un color u otro, pecan de ser muy expansivos y optimistas, tanto por lo que se refiere a los beneficios como a los costes a la hora de plantear las infraestructuras”. El problema, añade, es que no hay ninguna agencia independiente que controle ni la planificación de los proyectos, ni su ejecución. “Si existiera se demostraría que hay con unas previsiones exageradas o nula rentabilidad social”, agrega el experto antes de recordar que embarcarse en este tipo de iniciativas sin sentido resulta beneficioso para las empresas, que al contar con la garantía final de la Administración, apenas asumen riesgos.
Uno de los peligros a los que alude Fageda y que pueden llegar a hacer descarrilar un proyecto, tal y como ha ocurrido en las radiales, son los costes de las expropiaciones. La misma concesionaria de la M-12 reconoce en sus cuentas de 2012 que el importe total a pagar por este concepto “ascenderá a 103 millones, lo cual supone un sobrecoste sobre el presupuesto de 66 millones”.
A raíz de la reciente decisión del juez de declararla en concurso tras meses de agonía, la empresa deja una deuda bancaria de 222 millones y una masa pasiva de 557 millones. Cuando presentó el concurso en noviembre, la empresa propiedad de Juan Miguel Villar Mir atribuyó la medida al “incremento de los costes de construcción y expropiaciones”, y a los tráficos “extraordinariamente bajos”. Según la empresa, estos factores impedían que la vía dispusiera de recursos “para atender por sí misma sus obligaciones por expropiaciones” que, según indicó, le serían reclamados en el futuro y que ahora tendrán que ser pagadas por la Administración. Por estos motivos, llegó a pedir a Fomento la nulidad de la concesión, pero sin éxito.
“La M-12 iba mal antes de la crisis”, afirma Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, que consideran que las previsiones de tráfico beneficiaron a las constructoras. “La caída del tráfico de Barajas no ha hecho más que agravar la situación; el aeropuerto languidece ante la inacción de los Gobiernos local, autonómico y central”, añade.
Simancas considera que el sistema de gestionar las autopistas en crisis es perverso: “Al final, las concesionarias confían en que si el negocio va bien, se quedan con el beneficio y, si no, se lo queda el Estado, porque tiene la responsabilidad patrimonial”, añade el diputado.
Las múltiples caras del exceso
A. ROMERO
La burbuja inmobiliaria y el descontrol político son los responsables del colapso. En los últimos meses varias autopistas de peaje han presentado concurso de acreedores. La última la concesionaria de la autovía Madrid-Barajas. Los motivos que han provocado este colapso son los siguientes:
» Previsiones de tráfico exageradas. Las razones que llevaron a los responsables de Fomento a fijar unas previsiones desorbitadas acerca del uso que tendrían las autopistas no difieren mucho de las que provocaron la burbuja inmobiliaria. Así, al igual que se pensaba que la vivienda nunca bajaría de precio, la excusa para construir los peajes en paralelo a las nacionales y la vía a Barajas fue creer que el tráfico siempre iba a aumentar, un razonamiento ligado a la esperanza de un crecimiento exponencial de la economía y, en consecuencia, del Gran Madrid. La crisis de 2008 se encargó de demostrar que estas premisas no eran ciertas, pero ya era demasiado tarde. Las radiales se habían construido, dilapidando miles de millones de euros, y los problemas que generan día a día los atascos persisten.
» La ley del suelo de 1996 y las expropiaciones. Dentro de la mala planificación que tuvieron las autopistas, el desdén que demostraron sus precursores con respecto a la ley del suelo de 1996 merece un capítulo aparte. Aunque el impulsor de ambas iniciativas fue el mismo Gobierno, desde Fomento no tuvieron en cuenta el principio consagrado por aquella norma de que el suelo, que, por regla general pasaba a ser urbanizable, se valoraba según las expectativas, lo que disparó los costes. Las empresas, que debían hacerse cargo de las expropiaciones, se sumieron en un agujero de deuda que ha acabado sellando su final. Se calcula que todavía hay 1.800 millones pendientes de pago a los expropiados y que, tras la entrada de las sociedades en concurso, tendrán que ser abonados por el Estado.
» Falta de fiscalización. Los Gobiernos idean y pagan con el dinero de los contribuyentes lo que las constructoras ejecutan, pero no hay ningún órgano independiente que fiscalice los proyectos. Ni de forma previa, que serían los encargados de analizar si la infraestructura realmente hace falta, ni a posteriori. Esto es, para garantizar que su construcción es eficiente y los sobrecostes están justificados.
» Socialización de los riesgos. En relación con la falta de control está el hecho de que las empresas que acuden a los concursos y los bancos que financian las obras actúan con red. Este tipo de concesiones cuentan en última instancia con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que significa que si las cosas van mal y el proyecto no cumple las expectativas, el Estado asume las deudas. En el caso de las radiales se estima que asciende a unos 4.000 millones.
» Los culpables. Para dar respuesta a esta cuestión habría que preguntar en el Gobierno popular de José María Aznar de 1996, primero con el ministro Rafael Arias Salgado y luego con Francisco Álvarez Cascos, ambos en Fomento. Entones se pensó que hacer estas autopistas era la mejor solución a la congestión de tráfico y una salida económica para hacer el tercer anillo de circunvalanción de la capital, la M-50, que fue construido por las propias adjudicatarias. También, habría que buscar a los responsables de las empresas concesionarias que se creyeron a pies juntillas las previsiones del Ejecutivo, sin hacer sus propios cálculos. Sin embargo, la actual responsable de este mismo Ministerio y también del PP, Ana Pastor, afirmó recientemente en una entrevista con EL PAÍS que la solución al problema no es buscar responsables en el pasado, si no mirar hacia el futuro.
* El País - CRISTINA GALINDO / ÁLVARO ROMERO - 30.1.14
Foto: Autopista de peaje M12, que une Madrid con el aeropuerto de Barajas / CLAUDIO ALVAREZ
Sareb vendió pisos a un fondo buitre pese a saber que los habían comprado particulares
La oscuridad del llamado banco malo, o Sareb, continúa 'ilegalmente' con paso firme. Si desde el principio de su creación, bajo órdenes europeas estrictas, ya se intuía una actuación delictiva con el paraguas de legalidad, finalmente van saliendo operaciones que confirman esa sospecha inicial. Ahora salta el escándalo corrupto de la venta de 2.500 inmuebles al fondo buitre Fortress y su socio en España, Grupo Lar, de los que una parte ya tenía comprador a través de las cajas que venden los activos de la Sareb. Parece que sigue la delincuencia financiera en el delicado tema de la vivienda en España y que la justicia hace oídos sordos al grito unánime de la ciudadanía que protesta contra esta trama mafiosa que permite que haya millones de personas sin casa mientras se sigue especulando con ellas delictivamente.
"ELCONFIDENCIAL* : Los incendios en el banco malo no dejan de sucederse. Cuando aún está pendiente el relevo de su director general, y tras el 'palo' que le dio el último informe de la troika, ahora estalla otro escándalo: la operación Teide. Se trata de la venta de 2.500 inmuebles al fondo Fortress y su socio en España, Grupo Lar, de los que una parte ya tenía comprador a través de las cajas que venden los activos de la Sareb. Y estos compradores se han encontrado con que este fondo deshacía la operación y pretendía devolverles la señal pagada. El banco malo salió ayer a la palestra para garantizar las ventas pactadas y achacó el problema a "falta de coordinación". No obstante, fuentes del sector aseguran que la Sareb conocía la situación de los pisos antes de incluirlos en esa cartera.
"Sareb tiene fritas a las entidades con el reporting, está pidiendo todo el rato papeles y al final dedican más tiempo a darles información que a vender los pisos", explica una de las fuentes consultadas. "Cada vez que una de las entidades cedentes, que comercializan sus antiguos pisos a cambio de una comisión, firma una señal tiene que comunicárselo inmediatamente a Sareb. Así que sabían perfectamente que esos pisos que han incluido en el paquete Teide estaban señalizados", añade.
Otra fuente va mas allá y asegura que las entidades alertaron a la Sareb de que estaba incluyendo pisos prevendidos en la cartera Teide y que eso iba a provocar inseguridad juridica, pero la sociedad que preside Belén Romana no les respondió. "Y ahora están indignadas porque los clientes van a reclamarles a ellas, que son quienes les han vendido el piso, y tienen que dar la cara por los errores de Sareb", asegura.
Un portavoz del banco malo achaca el problema a una "incidencia en la elaboración de la cartera fruto de una falta de coordinación", y añade que fue al hacer el traspaso al FAB –el vehículo constituido por Fortress, Lar y la propia Sareb, que es quien adquiere realmente la cartera– cuando se notificó que había reservas hechas. La Sareb cifra en 135 estos casos, aunque el periódico ABC informó hace unos días que eran unos 300. De esos 135, 83 habían recibido una comunicación de Grupo Lar en la que se les informaba de que habían decidido “no atender su solicitud" y les ofrecían devolverles la señal pagada de 3.000 euros.
Como es lógico, los compradores no estaban dispuestos a ello, sino que pretendían seguir adelante con la compra de su vivienda después de pagar dicha señal, en vez de que les devolvieran su dinero. Según algunos medios, la marcha atrás de Fortress y Lar se debe a que pretendían subir los precios de estos inmuebles respecto a los que habían firmado los compradores. Desde la Sareb explican que, "aunque se obtiene mejor precio vendiendo las viviendas una a una, nosotros necesitamos hacer volumen, de ahí que prefiramos vender paquetes". Esto significa que el precio al que el fondo buitre y su socio han comprado estos pisos es inferior al que pagaban los compradores individuales. Y, aun así, esta diferencia les parecía poca, por lo que anularon las operaciones.
Ante la polvareda levantada por esta situación, la sociedad que ha aglutinado la exposicion inmobiliaria de la banca rescatada hizo ayer un comunicado en el que "garantiza que todas las personas que realizaron una reserva sobre alguna de las viviendas incluidas en esta cartera podrán completar la adquisición del inmueble al precio acordado".
El error se repite
El problema es que no es la primera vez que ocurre esto, sino que ya pasó con la operación Bull, la primera gran venta de inmuebles de la Sareb, cerrada en agosto. Entonces también se incluyeron pisos que tenían comprador que había pagado una señal, y la Sareb tuvo que hacer gestiones para que se garantizaran esas operaciones al precio acordado. Lógicamente, esto puede sembrar la duda entre los interesados en adquirir inmuebles del banco malo sobre la seguridad que tienen de que este cumplirá sus compromisos.
"El mensaje que se está lanzando es de una informalidad total. Si alguien está buscando piso y ve que es de Sareb, se lo va a pensar dos veces por si acaso se lo venden a otro por el camino y le suben el precio", opinan en una inmobiliaria. Otras fuentes señalan que estos problemas provienen de que la Sareb ha subcontratado muchas de sus labores, y no hay comunicación entre las empresas que se encargan de cada tarea ni una coordinación dentro del banco malo. Hay que recordar que, cuando las entidades rescatadas traspasaron sus inmuebles a la Sareb, inmediatamente subieron los precios que tenían anunciados porque el banco malo exigía un precio mínimo un 25% por encima del valor de traspaso. Luego dio marcha atrás ante el fracaso de esa política.
Repite el modelo de las cajas
Por otro lado, el modelo para colocar la cartera Teide, compuesta por inmuebles procedentes de Bankia y NCG Banco, es similar al del Bull e implica mucho riesgo para la Sareb porque se parece al de las cajas que acabaron quebradas: no vende los inmuebles, sino que crea un vehículo –el FAB, Fondo de Activos Bancarios– en el que participan la Sareb y el fondo, en el que se aparcan para venderlos posteriormente al comprador final. Son las plusvalías de esta venta las que se reparten entre el banco malo (que en este caso se queda con el 15% del vehículo, pero mantuvo el 49% en el Bull) y el inversor. De hecho, la participación del fondo suele estar financiada por el propio banco malo, con lo que sólo tiene que aportar un pequeño capital.
Esto es, la Sareb monta una sociedad a medias con el inversor y le da crédito para comprar los inmuebles. Si la operación sale bien, participa de los beneficios y maximiza la rentabilidad. Pero, si sale mal, sufre muchas más pérdidas, porque a las de su inversión tiene que sumar las del crédito concedido.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 5.2.14
Foto: Sareb, bloques viviendas - elconfidencial
Peñíscola basa su política urbanística en una norma aprobada en 1977
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La mayoría del urbanismo salvaje que ha ocurrido en toda la costa española se ha debido a unos Planes Generales municipales desfasados y que no han sido actualizados a su debido tiempo. Eso ha traído como consecuencia que muchas actuaciones urbanísticas, aparentemente legales, sean un abuso del territorio propias de épocas 'desarrollistas' absolutamente fuera de lugar en una época como la actual. Es lo que ha ocurrido en Peñíscola (Castellón), donde todavía siguen con un Plan General urbanístico de 1997 que, lamentablemente, ha permitido cientos de actuaciones 'ilegales' hoy día, que han arrasado con su paisaje de postal y de espacios protegidos. Disparatado asunto donde ha primado la especulación inmobiliaria antes que las necesidades reales de la población, el enriquecimiento ilícito privado antes que el beneficio público de sus habitantes.
"LEVANTE* : El pueblo de miles de casitas, hoteles y apartamentos. Peñíscola ha pasado en medio siglo de ser un pequeño pueblo pesquero y agrícola protegido por unas murallas, a convertirse en el quinto destino turístico de la Comunidad Valenciana. Desde que su imponente castillo dentro del mar se hiciera famoso gracias a algunas promociones publicitarias de los pioneros del urbanismo como la Inmobiliaria Mir, los proyectos urbanísticos no han parado, como los campings, hoteles, clubes náuticos o piscinas nacidos a partir de los años 60 del pasado siglo.
Julián Mir tenía una inmobiliaria en la calle Alcalá de Madrid, cerca del teatro Alcázar. Conoció Peñíscola, se enamoró de ella y buscó inversores para sus proyectos. Su idea era ordenar y urbanizar 4,5 millones de metros cuadrados en una franja de 12 kilómetros de fachada que ocupaba todo el tramo litoral desde la Ratlla de Benicarló, hasta Irta y Alcossebre. Hoy buena parte de esta zona está protegida como Parque Natural. En sus carteles publicitarios se vendía Peñíscola como el Capri español, donde encontrarían paz, sosiego, quietud y calma, además de tesoros de arte, historia y folclore.
La superproducción cinematográfica «El Cid» hizo el resto al proyectar la silueta y la excepcional belleza de Peñíscola al mundo. A partir de aquella época nace el desarrollismo de Peñíscola y el PGOU de 1977, que entró en vigor un año antes de que se aprobara la propia Constitución democrática española. De aquellos años datan la construcción de miles de viviendas en terrenos de Irta, que hoy estarían protegidos, y la construcción en el entorno del marjal peñiscolano y primera línea de mar.
Es imposible determinar donde acaba Benicarló y comienza Peñíscola. Estas conurbaciones se evitan hoy, al igual que la ocupación de las primeras líneas de costa. Se protegen las vistas al castillo o se evita la ocupación de núcleos aislados a partir de urbanizaciones o la presión sobre zonas húmedas, mientra que el actual PGOU de la localidad preveía calles sobre la zona húmeda.
Más de 60.000 plazas turísticas
Para bien o para mal, Peñíscola tiene a día de hoy unos 8.200 habitantes y 66.000 plazas turísticas, aunque en verano los habitantes reales pueden estar entre los 150.000 y 200.000. Peñíscola trata desde las indicaciones recibidas en el año 2000 de actualizar al nuevo marco legal su planeamiento.
El Documento de Referencia recientemente enviado por la Conselleria de Infraestructuras critica que «el PGOU vigente asume acríticamente las determinaciones del Plan General de 1960, orientado por postulados claramente desarrollistas y absolutamente insensibles con la caracterización ambiental del soporte territorial». La misiva de la Dirección General de Evaluación Ambiental insta al consistorio a corregir y mejorar estas cuestiones, incorporando un proceso de evaluación ambiental, un estudio de vivienda, analizar la capacidad de acogida del suelo que queda por desarrollar y no ocupar ni un metro más de suelo necesario.
El texto es muy contundente y le insta incluso a desclasificar suelo donde sea posible en las inmediaciones de zonas protegidas como Irta. La conselleria no ve sostenible un planeamiento que pasa de los 10 millones de metros cuadrados urbanizables a 23, a pesar que reduzca el suelo urbano en 1,4 millones de metros cuadrados.
El nuevo PGOU, que se está desarrollando desde 2000, dotaría a Peñíscola de 40.361 vecinos de forma permanente y a la localidad con 152.450 plazas, lo que la dejaría con una capacidad de 192.811. La nueva sensibilidad ambiental de las administraciones parece dispuesta, en Peñíscola, a atajar nuevos desarrollos aislados en les Talaies d'Alcalà, los PAI Alt del Fardatxo y Peñíscola Hills y a cargarse propuestas de golf-residencial que ocupan grandes extensiones. El urbanismo y las sentencias judiciales están lastrando las arcas municipales.
* Levante - JORDI MAURA - 21.1.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance ladrillo - levante
La Junta de Castilla-La Mancha promociona un campo de golf declarado ilegal por la propia Junta
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De nuevo el absurdo y el surrealismo interesado en el campo del urbanismo. En Castilla-La Mancha lleva funcionando años un complejo con campo de golf que tiene 2 (dos) declaraciones de impacto ambiental negativas. El notición ha surgido en la feria de Fitur cuando la propia Junta promocionaba este campo de golf ilegal, situado en Torrenueva (Ciudad Real), con el lema: "Un entorno para soñar golpes perfectos". Es decir: para 'pelotazos' perfectos, ya que el citado complejo es un claro abuso urbanístico; pero la caradura política 'popular' lo vende de cara al turismo engañado. Habría que anotar aquí un doble delito de la Junta de la presidenta Cospedal y esperar que la politizada justicia (¿justicia?) tome cartas en el asunto.
"ELDIARIO* : Un año más hemos visto cómo en Fitur, políticos e instituciones se afanan por vender al público las excelencias turísticas de sus respectivos territorios. La intención de llevarse tajada del pastel turístico, uno de los pocos sectores que se han mantenido a flote en el temporal de la crisis, hace que las administraciones se desvivan por renovar su imagen para hacer más atractiva la oferta. Este es el caso de Castilla-La Mancha, que aprovechando la llegada de la feria, ha estrenado estos días su nueva página web de turismo, para mostrar al mundo los lugares y las tradiciones más significativas de la región. En este escaparate virtual, la Junta de Comunidades ha incluido entre las razones para visitar la provincia de Ciudad Real, el complejo de 'La Caminera Golf'.
Con el sugerente titular 'Un entorno para soñar golpes perfectos', la web presenta este campo de 18 hoyos, que cuenta con dos declaraciones de impacto ambiental negativas y que se encuentra en este momento en medio de proceso judicial por la negativa de sus promotores a acatar las resoluciones de la propia Consejería de Agricultura.
“Nos parece increíble que se promocione una instalación que la propia administración ha declarado ilegal”, aseguran desde la delegación ciudadrealeña de Ecologistas en Acción, organización que denunció por la vía penal a los promotores del campo de golf, en un proceso que se encuentra en estos momentos abierto en el Juzgado nº 2 de Valdepeñas.
Cansados de ver “la impunidad” del promotor, que desde febrero de 2007 ha hecho caso omiso a las resoluciones de la Consejería y a las denuncias de la Conferencia Hidrográfica del Guadiana para acabar con la extracción de agua de pozos ilegales, Ecologistas en Acción se decidió a iniciar la vía judicial para que este campo de golf, ubicado en una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) cumpla con las exigencias de la administración y restablezca el estado original de los terrenos.
La historia de un despropósito
La historia de este despropósito comienza en diciembre de 2005, cuando Promociones Sagemar S.A. presenta el proyecto de construcción de un hotel balneario de cinco estrellas en el término municipal de Torrenueva. La Dirección General de Evaluación Ambiental realiza la pertinente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que para esta edificación resultó positiva, aunque en la misma se excluye expresamente las obras del campo de golf, que según indican en la resolución (publicada en Diario Oficial de Castilla-La Mancha 24 de enero de 2007) se habían comenzado a construir sin los permisos oportunos.
Poco después de la publicación de esta resolución, los promotores presentan el proyecto específico de este campo de golf que ocupa más de 40 hectáreas entre Torrenueva y Torre de Juan Abad. En este caso la DIA (publicada en DOCM 13 de febrero de 2008) dictamina que “el proyecto es ambientalmente inviable” y “se insta a la restauración de la totalidad de los terrenos afectados por las obras del campo de golf”.
Lejos de acatar esta primera resolución, el promotor presenta un “nuevo” proyecto para obtener el informe positivo, manteniendo la base del anterior aunque bautizándolo como “sostenible”. A pesar de esta nomenclatura, en octubre de 2009 recibe una nueva DIA negativa (DOCM 16 de enero de 2009) en la que se sentencia igualmente que el promotor debe restablecer los terrenos.
Las razones esgrimidas por la Dirección General de Evaluación Ambiental para negar el permiso pertinente a este campo de golf es su impacto negativo sobre el hábitat de varias especies de aves amenazadas, entre ellas el águila imperial (especie en peligro de extinción).
Además, en las declaraciones ambientales se apunta a los perjuicios en matería hídrológica que este complejo golfístico podría tener en la zona, pues tendría que utilizar para el riego, buena parte del agua de la depuradora de Torrenueva, dedicada a recuperar el caudal del río Jabalón, que transcurre por la zona. Una situación a la que se suman las sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por extraer agua de cinco pozos, sobre los que existe un obligación de clausura de los mismo en una resolución fechada en febrero de 2010.
Con el proceso judicial ya en marcha, el promotor del campo de golf presentó por tercera vez (en septiembre de 2012) una nueva solicitud para que la Administración evalúe otra vez el impacto ambiental y poder así legalizar su situación. Un intento que, según los ecologistas, responde a la intención de tener “mayor receptividad” por parte del nuevo Gobierno regional.
“Este campo de golf lleva siete años funcionando de forma absolutamente ilegal”, denuncian desde Ecologistas en Acción, un tiempo en el que, según la organización ha contado con la “complicidad” de la Junta, que ha permitido con su dejación que este promotor actúe con impunidad. Esta presunta complicidad se transforma ahora en colaboración activa, con la inclusión de este complejo como uno de los atractivos turísticos de la región.
* El Diario - Ramón Ruiz Ruiz - El Crisol de Ciudad Real - 27.1.14
Foto: Torrenueva (Ciudad Real), anuncio golf ilegal - eldiario
La Vila Joiosa.- El Supremo anula el Plan de Montesol al no contar con la aprobación de la CHJ
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Siguen cayendo uno tras otro los recientes Planes urbanísticos aprobados en la Comunidad Valenciana. En este caso se trata de un PAI en La Vila Joiosa (Alicante), municipio que ha tenido gobiernos 'populares' con una notable falta de escrúpulos a la hora del desarrollar su territorio, como demuestra este nuevo varapalo de la justicia. En 2007 la politizada Comisión de Urbanismo provincial aprobó también el proyecto, con la negativa del representante ministerial de Medio Ambiente al contemplar que no poseía el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aun así siguieron adelante ilegalmente con el Plan hasta que la justicia actuó en contra, afortunadamente para este nuevo caso de corrupción urbanística.
"INFORMACIÓN* : Los famosos planes parciales que pretendían multiplicar la población de La Vila Joiosa parecen seguir sin la misma suerte que auguraban sus ideólogos cuando se comenzaron a proyectar en 1999, fecha en la que se aprobó un PGOU que 15 años después sigue trayendo cola. El nuevo caso tiene que ver con una sentencia en firme del Tribunal Supremo que anula el plan parcial del sector PP-37 «Montesol 2», ya que, entre otras cosas, considera que se aprobó sin disponer de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en el que se expusiera que existían los suficientes recursos hídricos para su desarrollo.
Este fallo, fechado en septiembre de 2013, viene motivado por un recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra una sentencia, del 11 de junio de 2010, que dictó el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. En ella se declaraba la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo también presentado por el Estado, con el que se trataba de frenar un acuerdo de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante para aprobar dicho PAI, que había tenido el voto en contra del representante del Ministerio de Medio Ambiente.
Según se puede extraer de esta sentencia, en este acuerdo se hacía referencia a que, para su aprobación, no era necesario un informe de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) mientras se tuviera uno de la entidad concesionaria del servicio del agua, en ese momento Aquagest (que se mantiene actualmente con otra denominación social), que sí justificaba la existencia de recurso hídricos.
Por otro lado, en este misma documento del Supremo, se indica que la Confederación, en su momento, remitió un escrito al Ayuntamiento de La Vila en el que ponía de manifiesto que habiendo sido requerida por ellos para emitir un informe sobre el plan parcial, la documentación que se le aportó desde el consistorio era insuficiente. El propio representante del Medio Ambiente llegó a expresar que «parece que el Ayuntamiento está más interesado en promover desarrollos urbanísticos que en regularizar sus derechos sobre uso de aguas públicas».
La importancia de contar o no con el informe de la CHJ que autorizara esta obra ha sido uno de los puntos claves de este caso que, desde 2008, lleva peleando la Abogacía del Estado. Al final, ha conseguido que el Supremo sí lo considere «preceptivo». No obstante, el camino para llegar hasta aquí ha tenido ciertos baches. Y es que en 2010, el TSJ, echó para atrás su primer recurso interpuesto, al ir contra una actividad administrativa no susceptible de impugnación, debido a que se trataba de «un acto de mero trámite». Ante el Supremo, la parte demandante ha defendido que el PAI es válido desde que se aprueba definitivamente, «por lo que es impugnable aunque no se haya publicado». Finalmente, el tribunal da por bueno el recurso de casación y declara nulo el acuerdo del 3 de diciembre de 2007.
En relación a estos hechos, el concejal de Urbanismo de La Vila Joiosa, Jerónimo Lloret, restó importancia a esta sentencia asegurando que el PAI de Montesol 2 lleva bastante tiempo abandonado por la empresa que lo había de explotar. «Lo bueno de ese plan parcial era que allí se podían construir viviendas unifamiliares, un tipo de inmueble del que carece La Vila», señaló. Fuentes del PSOE local señalaron que esta decisión del Supremo no es más que otro ejemplo «del tipo de urbanismo que nos ha llevado al fracaso. De 36 PAI's que se proyectaron, sólo el 15% se han ejecutado. La Vila, gracias a esto, es un verdadero desierto», subrayan.
* Información - S. ILLESCAS - 1.2.14
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com
Aranjuez planea un complejo hípico y hotelero en terrenos protegidos
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La Comunidad de Madrid ataca de nuevo con otro proyecto urbanístico ilegal. Esta vez es en la protegida vega de Aranjuez donde, con el beneplácito del ayuntamiento 'popular', pretende levantar un gran complejo hípico y hotelero que de llevarse a cabo afectaría a una zona de ribera única con espectaculares especies botánicas y de fauna. El plan ya ha sido aprobado por la Comunidad a la espera de detalles en el estudio de impacto ambiental pero, afortunadamente, hay organizaciones y colectivos que lo han denunciado a tiempo. Ya veremos si la justicia actúa también con rapidez para detener este nuevo proyecto urbanístico especulador.
"ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid proyecta construir un gran complejo hípico y hotelero en una parte de la finca llamada Dehesa de Sotomayor, situada en la vega del río Tajo, en Aranjuez. La alternativa en estudio ocupará unas 150 hectáreas de las 635 totales de la parcela. Los terrenos son Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) y están incluidos en la Red Natura 2000. Además, aparecen en el ordenamiento urbano del municipio como no urbanizables de protección y espacio de interés forestal y paisajístico.
La iniciativa, para la que el Gobierno regional ha emitido un informe de viabilidad urbanística favorable, se encuentra en una primera fase en la que se están estudiando las alegaciones presentadas al estudio de impacto ambiental. “Se pretende transformar esta impresionante vega en la que existen endemismos botánicos y aves como el búho real o el halcón peregrino, a un lugar en el que se prevé un tráfico de 3.000 vehículos en días de eventos”, denuncia Raúl Urquiaga del colectivo ecologista Grama (Grupo de Acción para el Medio Ambiente).
Desde la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Aranjuez, gobernado por el PP, recuerdan que se crearán puestos de trabajo y se recuperará la tradición hípica del entorno. “Sería más rentable si se utilizaran para proyectos agroecológicos”, puntualiza Urquiaga. La finca cuenta con endemismos botánicos tan curiosos como el pitano, un arbusto que en todo el mundo solo crece en esta finca y en Granada.
El proyecto lleva años gestándose. La explotación de la parcela, propiedad de la Comunidad de Madrid, recae desde marzo de 2011 y por 30 años en el grupo empresarial Ocio Sotomayor, el único que se presentó a la licitación pública. La sociedad se comprometió a realizar una inversión de 15 millones en el complejo, que incluye la rehabilitación de la Casa de la Monta, construida por Carlos III y que albergaba las antiguas caballerizas de la Real Yeguada de Aranjuez. A cambio, la Administración pública recibe un canon anual de 30.000 euros.
La actuación se encuentra en la primera de las tres fases en las que está previsto que se ejecute. La alternativa por la que se decanta el estudio de impacto ambiental incluye varias pistas de competición y entrenamiento, graderíos, cuadras para 1.050 caballos, centro veterinario, 28.600 metros cuadrados de aparcamientos, entre otras instalaciones. El complejo hotelero estará compuesto por 96 cabañas (28 tipo suite), edificio de recepción, restaurante, gimnasio, piscinas, pistas de tenis, campos de fútbol, jardines y viveros. En total, la superficie edificada abarca 38 hectáreas.
El grupo municipal socialista advierte de que el impacto en los momentos de máxima afluencia será como el de una ciudad de 2.000 habitantes. Advierten, al mismo tiempo, de que la profunda transformación del paisaje obliga a someter el proyecto a la evaluación del Ministerio de Cultura y de la UNESCO, para no poner en peligro la actual catalogación de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. Sobre todo inciden en las “enormes dimensiones del hipódromo” (con graderío ocupa 119.913 metros cuadrados), y en su “nefasta situación, enfrente de los cortados fluviales, únicos en la región por su orientación y vistas al Tajo”. La Consejería de Medio Ambiente estudiará las alegaciones interpuestas y decidirá si incorpora alguna al proyecto. A continuación, redactará la Declaración de Impacto Ambiental en la que se tendrá que decidir si su voto es favorable o no al macrocomplejo.
"Quiero morirme en mi casa"
“Yo lo que quiero es morirme, en mi casa, donde llevo más de 50 años”, así de drástico se muestra Luis Olmo, vecino de los 32 inmuebles que se construyeron en la finca Dehesa Sotomayor en el año 1960. Las viviendas son de renta antigua y el proyecto prevé que sus inquilinos las tengan que abandonar. Luis abona 35 euros mensuales por su casa de unos 90 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. De momento, nadie se ha puesto en contacto de forma oficial con ningún vecino y solo conocen el proyecto “de oídas”.
Las casas, en buen estado de conservación, son de fachada de ladrillo y tejado de pizarra. Están situadas en un pinar a pocos metros de la Casa de la Monta, una edificación de una planta con una superficie construida de 5.382 metros cuadrados. La mandó edificar Carlos III en 1761, para albergar las antiguas caballerizas de la Real Yeguada de Aranjuez. En la décadas de los cincuenta y sesenta tuvo un uso limitado por haber desaparecido la yeguada.
Posteriormente se destinó al Ejército del Arma de Caballería hasta que se abandonó. Ahora se piensa rehabilitar para usarlo como centro docente, de eventos culturales, alojamiento hotelero y restaurante. Sus desvanes albergan, al menos desde 1977, colonias reproductoras de murciélagos. Algunas en claro retroceso como las de murciélago ratonero grande. En 1988 se censaron 2.716 individuos, que en 2012 se habían reducido a 246 ejemplares.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 26.1.14
Foto: Aranjuez (Madrid), proyecto ilegal en la Vega - elpais
Urbanismo y crisis social
El urbanismo en España ha sido claramente autoritario hasta el día de hoy, herencia todavía de la dictadura, a pesar de un cierto movimiento democrático intentado en los años 80's del pasado siglo. Las diferentes leyes y su aplicación práctica no han resuelto este importante asunto que en otros países, con una democracia más asentada, ha tenido mayor repercusión. Aquí, además, ha chocado contra el muro conservador de una justicia que, en complicidad con el poder político-financiero, no se ha movido un ápice para permitir una mayor participación de los ciudadanos en los problemas de la Ordenación del Territorio. Este panorama desolador de años anteriores parece que ha empezado a quebrarse tras la creciente indignación ciudadana, a la vista de los últimos acontecimientos públicos.
"JOAN OLMOS* : Ya no es posible desligar el buen urbanismo, incluso el denominado urbanismo ecológico, del urbanismo social. Es decir, no basta con que las propuestas para la ciudad eliminen los excesos, apuesten por medidas de respeto al medio ambiente, reduzcan los impactos e incorporen los avances en movilidad, energía o residuos. Es preciso, además, que se atengan a criterios de justicia social, de fomento de la cohesión, de avances sustanciales en materia de vivienda pública; de luchar, en definitiva, contra la desigualdad. Resulta imprescindible, al mismo tiempo, que los procesos participativos superen el estrecho marco legal, para dar paso a una cooperación ciudadana proactiva, desde el inicio, y no simplemente limitada al refrendo o al rechazo.
En 2005 se produjo en Francia una revuelta urbana que afectó a numerosas ciudades en sus zonas más frágiles, barrios generalmente periféricos y con graves problemas sociales, agudizados por la crisis económica. La torpeza de la reacción gubernamental (con un Sarkozy provocador en su papel de ministro del interior) no hizo sino agravar la tensión. El sociólogo de origen argelino Ahmed ben Naoum, preguntado entonces por una vía de solución (EL PAÍS, 10/11/2005), respondía así: “No hay fórmulas mágicas, pero seguro que la solución no pasa por el autoritarismo que promueve el Gobierno. Pero le diré una que no pasa por el terreno educativo ni familiar, sino por el urbanismo. Hay que eliminar los guetos y hacerlo sin complejos (…) los guetos solo desaparecen de una manera: fundiéndolos con la ciudad.”
La Red Europea de Barrios en Crisis (experiencia seleccionada en el catálogo de buenas prácticas de 1996) reconocía diferentes tipologías - barrios antiguos del centro, suburbios, barrios obreros, torres de pisos...- y no necesariamente áreas de inmigrantes o áreas monofuncionales sin actividad económica, pero sí con problemas similares –desempleo, fracaso escolar, drogadicción…- que las diferencian del resto de la ciudad.
En Madrid, a principios del presente siglo, una fuerte crisis sacudió la Cañada Real Galiana, el mayor poblado chabolista (40.000 habitantes) de Europa, oculto hasta entonces debajo de la alfombra. Los primeros intentos de desalojo a la fuerza por parte de las autoridades hicieron recular a éstas y dieron paso finalmente a una propuesta para “legalizar” en parte la ocupación -más de 14 kilómetros- de esta antigua vía pecuaria.
Nuestra escasa cultura democrática en materia de participación ha proporcionado pocos episodios modélicos en la renovación de la ciudad.
En una escala madrileña más urbana, recordemos un proyecto supuestamente ilustrado para el eje Prado-Recoletos que fue duramente contestado, marcado por la rocambolesca amenaza de la baronesa Thyssen de atarse a un árbol frente a su museo. En Barcelona, el proyecto oficial de remodelación de la Plaza de Lesseps, en el barrio de Gracia, fue objeto de una fuerte contestación, que obligó al Ayuntamiento a reconsiderar su propuesta y admitir la intervención de los vecinos. En el caso más reciente del proyecto para rediseñar la Diagonal, con un falseado proceso de participación, el fiasco del ayuntamiento fue mayor ante las críticas que le llovieron de todas partes.
En Valencia, si repasamos el catálogo de conflictos urbanos de los últimos años, proyectos ejecutados o frustrados (con El Cabanyal de manera destacada) casi siempre se han venido saldando con decisiones autoritarias, porque algunos gobiernos toman el poder cuando ganan las elecciones como si la ciudad pasara a conformar su particular patrimonio, o el orden público solo tuviera su personal visión. Mientras los ruinosos eventos han dejado un panorama desolador, algunos modestos avances en barrios han ido más de la mano de las iniciativas ciudadanas que de la voluntad del gobierno local, véase el caso de Benimaclet con sus huertos urbanos, una propuesta desde la base, o del nuevo Russafa, en donde la administración hubo de paralizar un aparcamiento en el jardín de la plaza de Manuel Granero o reconocer la necesidad de construir un centro escolar. La reurbanización del barrio, sin embargo, con más sombras que luces, se ha llevado a cabo de manera nada participativa.
Son, en definitiva, algunas muestras de lo que ocurre cuando se trata de imponer soluciones urbanas sin el mínimo contacto con la realidad social.
Como “en España siempre acabamos discutiendo sobre lo accesorio y tendemos a obviar lo fundamental “ (Elvira Lindo) tan solo unos pocos han querido ver más allá de la remodelación de una calle en el conflicto de Burgos, que por cierto proporcionaba aceras más anchas, reducción del tráfico, más espacio verde, un camino para las bicicletas... El sorprendente estallido radica no solo en la falta de participación, o en las deficiencias del barrio de Gamonal, su escala de prioridades, sino que se mezcla con el autoritarismo municipal, la corrupción y el caciquismo que controla obras y medios de comunicación.
En Valencia, la vitalidad e iniciativa que muestran diferentes colectivos sociales, no se corresponde con un discurso urbano verdaderamente innovador por parte de los grupos políticos. La desabrida celebración del 25 aniversario del Plan General ofrece pocos síntomas de renovación oficial para el devenir de esta ciudad estancada. Hay quien confía casi todo a un cambio del gobierno en 2015, pero mucho me temo que las transformaciones que se necesitan son mucho más profundas, afectan a la cultura de lo común, a ese imaginario que se escapa entre nuestros dedos a marchas forzadas, a la necesidad de crear nuevos sistemas de participación y de gobierno urbano.
* Joan Olmos es ingeniero de Caminos
* El País - Opinión - 27.1.14
Foto: Valencia, asamblea indignados - reuters
Cómo y por qué nos estalló la burbuja inmobiliaria
Análisis certero sobre este tema que ha sido la causa principal de la mayor crisis-estafa ocurrida en este país desde hace bastantes décadas. Una desastrosa reforma de la legislación urbanística amparada por el Tribunal Constitucional concedió a los promotores inmobiliarios un papel tan determinante como nocivo en la economía. El entramado del promotor se sustentaba en la connivencia entre el poder financiero, fundamentalmente las cajas de ahorro, y la clase política. España paga desde hace seis años las consecuencias de una burbuja económica cimentada sobre un cambio legal que propició la especulación urbanística en connivencia con los poderes políticos y económicos locales. El cómo surgió y por qué nos estalló lo explica el economista Luis Garicano en este texto, extracto de su libro "El dilema de España".
"LUIS GARICANO* : 1 - El desenfreno urbanístico: una historia legal
Para entender el enorme desenfreno bajo el que funciona el urbanismo español es necesario comprender el desarrollo legislativo que ha permitido esa disipación. La mayor parte de los especialistas en la materia sitúan el origen de la descentralización del urbanismo en una ley de Aznar de 1998. La realidad es otra. El origen del caos parte (como en muchos otros temas, incluyendo el caos autonómico y la irreformable universidad) de una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional.
El urbanismo español estaba históricamente basado en una ley del 12 de mayo de 1956 que era en esencia una transposición de la ley de Mussolini promulgó para Italia en 1942. Diferenciaba tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y rústico. Un aspecto importante de la ley era que las expropiaciones debían pagarse al precio que se esperaba que tuviera el suelo cuando estuviera urbanizado, lo cual resultaba muy caro para los Gobiernos y explica la falta de infraestructura pública durante los años del desarrollo.
En 1975 se reforma la ley en dos direcciones: se elimina el derecho a construir en suelo rústico y se cede a los ayuntamientos el 10 por ciento del terreno de un nuevo polígono. Esto hace que los ayuntamientos incentiven la construcción de polígonos. Más tarde, en 1990, se vuelve a reformar la ley y se incrementa la parte de los ayuntamientos hasta un 15 por ciento.
Pero el cambio drástico se produce con la legislación de 1994 de la Comunidad Valenciana, el kilómetro cero de los mayores desmanes urbanístico-financieros españoles. Esta ley introduce dos figuras novedosas en nuestro ordenamiento. La primera de ellas es el convenio urbanístico, que permite al propietario, tras un acuerdo con el ayuntamiento, hacer lo que desee con el suelo. El agente urbanizador es la segunda de estas figuras. Es un promotor que propone un plan de desarrollo del terreno de un tercero. Ofrece una parte al ayuntamiento, otra se la queda él y la tercera se la da al propietario. El ayuntamiento puede legalmente ofrecer un justiprecio al propietario y obligarle a aceptarlo. En ambos casos, si el ayuntamiento aprueba el plan, el proyecto no está sujeto a las clasificaciones previas del terreno.
Esta ley supone una descentralización sin precedentes del proceso de urbanismo y da una responsabilidad enorme a los ayuntamientos. Pone la primera piedra para que los promotores capturen (¡voluntariamente!) a los alcaldes y a los presidentes de las comunidades autónomas. La Administración central del Estado puso un recurso de inconstitucionalidad. Pero éste fue rechazado por el Tribunal Constitucional en 1997 con el argumento de que la Constitución otorga las competencias de derecho urbanístico a las autonomías.
La famosa ley del suelo de 1998 no es la causa de desastre, como muchos piensan, sino un intento de constitucionalizar la legislación anterior (el texto refundido de 1990), tratando de liberalizar la oferta de suelo y de crear un marco libre para evitar la arbitrariedad de los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional tumbó de nuevo esta ley en 2001, con el resultado de que, en la práctica, cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera.
Tras estos cambios en el marco legal, un promotor podía hacerse rico desarrollando suelo que nunca antes había estado en el mercado, sólo con conseguir la aprobación del alcalde. Además, como la municipalidad también recibía altas compensaciones en metálico, el desarrollo urbanístico se convirtió en una importante fuente de financiación para las autoridades locales, que podían así expandir sus programas sociales.
2 - Las cajas como financiadoras de la burbuja
Para los individuos con buenas conexiones, el camino hacia la riqueza estaba despejado; sólo les hacía falta conseguir una fuente de financiación. Las cajas de ahorros, con una mezcla de gestión politizada y de simple ignorancia, jugaron un papel fundamental a la hora de proveer esa financiación.
Durante la primera década de este siglo el sistema financiero español se repartía en dos partes más o menos iguales entre las cajas y los bancos. Las cajas, originalmente creadas para prestar servicios bancarios locales para la población de clase media y obrera, por tradición ignorada por los bancos tradicionales, tenían una fuerte base territorial y una actitud conservadora.
Dos aspectos clave de su regulación cambiaron con la llegada de la democracia. En primer lugar, en 1985 su control fue transferido a las regiones, lo que abrió la puerta para su "captura" por parte de los políticos locales. En segundo lugar, recibieron autorización del legislador para expandirse territorialmente fuera de su área provincial original de actividad. Como resultado, las cajas comenzaron una diversificación geográfica imparable y el número de sucursales se disparó. El 1 de enero de 2008, España contaba con cerca de 25.000 sucursales de cajas, una por cada 1.800 habitantes.
En esta carrera por el crecimiento, las cajas empezaron a canalizar préstamos a los promotores inmobiliarios de manera indiscriminada. Entre 1995 y 2005, los préstamos para la construcción y el desarrollo inmobiliario pasaron del 8 por ciento al 29 por ciento del PIB, y los préstamos a hogares para la adquisición de la vivienda crecieron del 17 por ciento del PIB al 49 por ciento. Este auge de los préstamos fue acompañado por el mismo efecto en la construcción. El número de viviendas construidas, siempre al alza, pasó de 150.000 en 1995 a 600.000 en 2007. Los precios también aumentaron rápidamente: según datos del Ministerio de Vivienda español, entre 1998 y el pico del boom de 2008, los precios nominales de la vivienda se incrementaron en un 175 por ciento, en comparación con un aumento del 61,5 por ciento en el IPC.
Como el crecimiento de los depósitos no era suficiente para hacer frente al auge de los préstamos, las cajas recurrieron a la financiación mayorista. Y dado que los préstamos estaban denominados en euros y en contra de garantías físicas (activos inmobiliarios), las instituciones internacionales no tuvieron ningún reparo en prestar lo necesario.
Desgraciadamente, el enorme crecimiento del sector de las cajas no fue acompañado de mejoras en su gobernanza. Las cajas no tenían accionistas; se regían por un consejo gobernado por normas autonómicas y elegido por los Gobiernos locales, los empleados y los clientes regionales y locales. Mediante sistemáticas modificaciones de la legislación autonómica, sufrieron en muchos casos un verdadero asalto a sus órganos de dirección por parte del poder político, que procedió a nombrar gestores, en ocasiones de bajísima formación financiera y empresarial, y a utilizar las cajas como bancos regionales de financiación de proyectos. Unos proyectos que, en no pocos casos, carecían de rentabilidad económica, como aeropuertos sin aviones, grandes y vacíos, parques temáticos o grandiosas ciudades de las artes, la justicia o la cultura (?)
3 - Intereses, no ideología
Es tentador, y quizás reconfortante, pensar que lo que presenciamos en España fue simplemente una combinación de errores de los poderes públicos y mucha mala suerte. Y sí, es cierto que hubo coincidencias negativas importantes en el germen del desastre. Pero también existen multitud de anécdotas que evidencian que no fue ésta la razón principal del desarrollo de una burbuja tan descomunal. Los poderes públicos buscaban en muchos casos su interés personal, incluso desarrollando proyectos que no tenían ningún sentido. Hemos visto muchas veces cómo el partido que gobierna defiende un proyecto insensato, y la oposición lo denuncia y se opone con dureza. En el momento en que el partido opositor consigue el poder, la situación cambia repentina y radicalmente: el que era la oposición se convierte en un defensor acérrimo del proyecto loco y el que estaba en el Gobierno, el pasar al otro lado, de repente ve la luz y lo rechaza.
Un ejemplo clásico al respecto es la construcción de la faraónica Ciudad de la Cultura de Galicia (...) Es inevitable concluir que, en muchos casos, a lo largo y ancho de nuestra geografía los partidos no defienden ideas sino que se comportan como intermediarios entre intereses económicos más o menos confesables (...)
4 - Crecimiento sin conocimientos: consecuencias de la burbuja
La consecuencia del mecanismo diabólico que unía a los poderes locales, promotores y cajas fue que España tuvo los años más fáciles de su historia. Años en los que no era necesario estudiar, trabajar duro o innovar para hacerse rico. Sólo hacía falta tener un amigo en la Administración adecuada, es decir, tener un buen "enchufe".
La burbuja sumergió a España en una confortante pero engañosa neblina de éxito que ocultaba la realidad del país. A medida que los precios subían, el riesgo percibido por bancos y cajas y por los reguladores disminuía. Las familias, que solían vivir en viviendas de su propiedad y que invertían la mayor parte de su riqueza en bienes inmobiliarios, también se sentían más ricas. El resultado es que, al final de este período, España se encontró con un fuerte aumento de precios en el sector inmobiliario, uno de los niveles más alto de deuda privada en el mundo desarrollado (que se calcula en términos brutos en el 300 por ciento del PIB) y un enorme número de viviendas sin vender construidas entre 1995 y 2007.
Esta burbuja inmobiliaria tiene ahora consecuencias negativas para el crecimiento. Primero, porque, como en los países que descubren petróleo u otros recursos, los Gobiernos se embarcan en fastuosas inversiones y gastos improductivos (la Ciudad de la Cultura, por ejemplo) que tienen consecuencias sobre el gasto futuro y, por tanto, requieren de mayores impuestos. En el caso de España, el AVE, la mayor parte de cuyas vías es fuertemente deficitaria y lo será para siempre (como ha argumentado Germán Bel en España, capital París), es un caso obvio, pero existen muchos otros, particularmente en la cartera de prestaciones sanitarias.
Segundo, porque la deuda en sí misma reduce el crecimiento. La razón es que incluso los proyectos de inversión que generan beneficios pueden tener problemas para conseguir capital si los financiadores temen que la inversión vaya a pagar las deudas previas. Es por eso que existe la bancarrota: alguien muy endeudado no puede salir del agujero porque ningún acreedor nuevo goza de protección contra los deudores pasados.
Además, en lo concerniente a nuestro país hay dos mecanismos adicionales por los que la burbuja tiene un impacto negativo sobre el crecimiento que requieren de una atención especial. Primero, España ha sufrido una variante de la "enfermedad holandesa". Esta expresión se refiere a los países que descubren repentinamente recursos naturales y que generalmente sufren como consecuencia de ello un fuerte deterioro de sus industrias exportadoras. Como en la España del Siglo de Oro, la repentina riqueza lleva a una fuerte subida de los precios de los productos no comerciales y causa un movimiento de los recursos desde los sectores comerciales y exportables hacia los no comerciales. Durante el Siglo de Oro España vio la destrucción de gran parte de su capacidad productiva. Los españoles, sobre todo los castellanos, se dedicaban a ser soldados o curas, mientras la construcción de palacios, iglesias y catedrales consumía una gran parte del ahorro del país.
El ladrillo no ha durado un siglo, sino sólo una década. Las catedrales de la España del nuevo milenio han sido los huertos solares, los estadios deportivos, los conciertos y festivales gratuitos en cada ciudad y en cada pueblo, las actividades de afirmación regional o provincial. Las tareas en las que los españoles han tenido éxito no son exportables (con contadas excepciones), sino que van ligadas al consumo interno.
La segunda consecuencia de la burbuja en España que requiere especial atención es su impacto sobre las instituciones y sobre las élites que nos gobiernan. Los incentivos y la selección que se produjo en el boom fueron nefastos. Los políticos desmontaron sistemáticamente todas las instituciones independientes para ponerlas a su servicio. Por poner un ejemplo, el orgulloso e independiente Banco de España tuvo durante los años del descontrol financiero de la burbuja dos gobernadores sucesivos que eran políticos de carrera (uno de cada signo) y que no tenían ningún conocimiento de las que iban a ser sus dos funciones principales: la política monetaria y la supervisión bancaria. Lo mismo ha sucedido con el Tribunal Constitucional, hasta el punto de que es ahora presidido por un juez que es militante de un partido político. Una vez desmontadas las instituciones, puede llevar décadas reconstruir su independencia y su capacidad de análisis (...)
* Faro de Vigo - Opinión - 26.1.14
Foto: España en obras - google
El Consell gasta 22 millones en equipar el aeropuerto de Castellón
El aeropuerto sin uso de Castellón se merece una película de tipo 'berlanguiano', porque el surrealismo 'interesado' aparece por todas partes. Desde los inicios del corrupto condenado (mínima condena) presidente de la Diputación C.Fabra, hasta la actuación ilegal partidista del Gobierno de la Comunidad Valenciana. A pesar del gran dineral público dilapidado por unos políticos mafiosos, la justicia hasta el día de hoy no ha imputado a todos los responsables de tamaño despropósito que ha sido portada de todos los medios y, por tanto, no ha dictado una sentencia condenatoria como claman la enorme mayoría de ciudadanos. Reír del absurdo, por no llorar.
"ELPAÍS* : La empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), de titularidad casi exclusiva del Gobierno valenciano, ha gastado 22 millones de euros en diversos contratos para equipar la torre de control, la central eléctrica y para sistemas de seguridad aeroportuaria. Los gastos ascienden a medio millón de euros más al contar otros contratos como los de limpieza y para la construcción de un stand en Fitur para el año 2007. Así consta en una respuesta parlamentaria dada a Compromís y que refleja nuevos costes de la instalación de Vilanova d’Alcolea, más allá de su construcción.
El Gobierno valenciano ha acabado pagando los 120 millones de una infraestructura pensada para ser sufragada por la iniciativa privada. A ello se suman otros 50 millones en sobrecostes y obras anexas como, por ejemplo, el desvío de la torre eléctrica. El desembolso también ha sido millonario en otras partidas como los informes de asesoramiento (16 millones) y de patrocinio deportivo. En este último caso destacan los veinte millones de patrocinios para el Villarreal CF, así como el millón de euros para patrocinar al equipo de motociclismo de Alex Debón en el mundial de 2011. El aeropuerto también patrocinó durante años al CD Castellón.
Junto a lo gastado ya, el Consell desembolsará otros 25 millones para la empresa encargada de gestionar la instalación. Otro gasto que no estaba previsto cuando se proyectó el aeropuerto. Está previsto que a finales de este mes el Consell adjudique el contrato. Las dos empresas que compiten son SNC-Lavalin Aéroports y el grupo formado por Marina d’Or, Airvata, Inmaquip Europa y Gesnaer Consulting.
* El País - LORENA ORTEGA - 22.1.14
Foto: Castellón, bendición aeropuerto con Fabra y Camps - aerocas
La resaca del ladrillo arruina Miño con deudas urbanísticas por 30 millones
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El pueblo coruñés de Miño es conocido sobre todo por su estupenda playa en la ría, y esa ha sido también su desgracia en el boom inmobiliario de hace pocos años, ya que las monstruosas urbanizaciones ilegales arruinaron gran parte de su paisaje idílico. Muchos propietarios fueron expropiados hace 11 años por el gobierno municipal para permitir esas construcciones, luego declaradas ilegales, y todavía no han recibido las cantidades adeudadas. Numerosas sentencias judiciales contrarias han caído sobre los promotores sin escrúpulos y el propio el ayuntamiento delincuente que las autorizó. Actualmente la situación es dantesca ya que la costa ha sido destrozada, pero no hay visos de una solución rápida.
"ELPAÍS* : El bum del ladrillo y las descomunales macrourbanizaciones arruinan la pequeña localidad costera de Miño, a 20 minutos en coche de A Coruña. Este ayuntamiento gobernado por el PP desde hace décadas debe 30,5 millones de euros por condenas judiciales a consecuencia de una mala tramitación de expropiaciones de terrenos para albergar promociones inmobiliarias a gran escala, como la descomunal e inacabada Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas) de Martinsa-Fadesa, o el proyecto de 750 viviendas que pretendían erigir en el monte Piñeiro cinco promotoras. Una factura millonaria que representa seis veces el presupuesto anual de este municipio de apenas 5.700 habitantes. Y puede dispararse en otros 75 millones de euros por reclamaciones de daños y perjuicios de las empresas afectadas.
La estrategia del alcalde, Jesús Veiga Sabín, intenta ganar tiempo recurriendo invariablemente las sentencias contra el ayuntamiento que sucesivamente emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero ya van más de 11 años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales que abocan a un callejón sin salida y la ruina económica de esta localidad. Su deuda municipal, unos cuatro millones de euros, va camino de ser tan grande como su presupuesto anual (4,9 millones en 2013, prorrogado este año).
El último varapalo llegó la semana pasada, cuando el Ayuntamiento confirmó que decayó, por incumplirse los plazos, el convenio urbanístico para construir 750 viviendas en el monte Piñeiro, un enclave privilegiado con vistas al mar y gran valor ecológico al incluir una marisma y humedales. El proyecto fue ideado y pactado antes de la crisis, en 2006, cuando Miño ya llevaba cuatro años enfrascado en una de las promociones más grandes de Galicia, la de Costa Miño Golf de Martinsa-Fadesa.
Pero en el monte Piñeiro, las cinco promotoras (una UTE compuesta por Constantino Núñez, Odegal y Lucus Urban así como las empresas Promociones Areal y Vallehermoso) recurrieron en los tribunales el sistema de expropiación y ganaron el litigio frente al Ayuntamiento, que fue condenado a devolver los tres millones de euros que cobró en 2006 como canon por ese aprovechamiento urbanístico que nunca se llegó a realizar y a pagar 1,5 millones en intereses. Hace un año, en un intento de resucitar el proyecto y pagar a plazos esa deuda que ponía en quiebra las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento renegoció y firmó con las constructoras un nuevo convenio por el que se comprometía a tramitar en un año la aprobación definitiva de esta macrourbanización y su proyecto de parcelación.
Debiera estar todo listo antes de la entrada en vigor, el próximo 24 de febrero, del Plan de Ordenación del Litoral que acota, y bastante, la edificación en el monte Piñeiro al calificarlo de área de mejora ambiental. Pero transcurrió el año sin que ese convenio fuese al pleno y ahora la nueva norma obligaría a redimensionar el proyecto, dado que ya no se podrá construir cerca de la marisma. Además, alerta el PSOE local, único partido en la oposición (seis ediles frente a siete del PP), la resolución del convenio da la posibilidad a las promotores de reclamar perjuicios al Ayuntamiento, unos 20,8 millones de euros según cálculos de las empresas.
“Se está repitiendo el caso de Fadesa”, acusa el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo: “el gobierno local expropia terrenos para un negocio privado, con una tramitación turbia y problemas judiciales, hasta la entrada en concurso de empresas implicadas”, como ocurrió con una filial de la UTE promotora de la urbanización del monte Piñeiro. En 55 millones de euros cifró Martinsa-Fadesa la indemnización que podría reclamar a Miño, después de la sentencia del Tribunal Superior, en noviembre pasado, que anula el proceso de adjudicación de la urbanización Costa Miño Golf. Una condena que ha sido recurrida ante el Supremo, pero que también amenaza con llevar a la ruina total al Ayuntamiento. Y sigue sin pagar los 26 millones por las expropiaciones de esa promoción.
Sin visos de cobrar
Expropiados por la fuerza hace ya 11 años por su Ayuntamiento, los 400 exdueños de parcelas que hoy albergan la macrourbanización Costa Miño Golf siguen sin cobrar. Ni hay visos de que vean a corto plazo un euro de la millonaria factura, cifrada en más de 21 millones por el Tribunal Superior de Xustiza, el pasado junio. El Ayuntamiento también recurrió ese fallo que, entre duras críticas por su “funcionamiento anormal” al tramitar esa descomunal promoción privada, le condenó a hacerse responsable del pago del justiprecio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.
En solitario, sin conseguir siquiera entablar diálogo con el gobierno local, los expropiados lograron, en una batalla judicial de casi una década, que los tribunales elevasen el precio de sus solares de 6,32 a 25,9 euros el metro cuadrado. Pero al entrar la promotora en 2011 en concurso de acreedores, el tribunal consideró “ desproporcionado” que los expropiados tengan que esperar, según el calendario de la administración concursal, hasta 2019 o incluso 2022 para cobrar. Y condenó al Ayuntamiento, que no reclamó en su día un aval a la empresa.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - 28.1.14
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
Más de 580.000 familias españolas atrapadas en viviendas que valen menos que sus hipotecas
"ESTEFANÍA GONZÁLEZ* : Miles de familias en toda España están atrapadas sin posibilidad de poder vender su vivienda y finiquitar su préstamo en caso de necesidad, es decir, tienen una hipoteca con un valor superior al valor de su vivienda: una hipoteca burbuja. Este problema afecta a más de 580.000 españoles y la cifra superará los 710.000 en 2015. Hasta hace pocos años, contar con una vivienda propia era el sueño de muchos. Pero hoy, ese sueño se ha convertido en casi una pesadilla para más casi 600.000 hipotecados en España.
En concreto, 581.441 ciudadanos cuenta con una vivienda que vale menos que la hipoteca que aún le queda por pagar, una cifra que se situará en 668.940 en 2014 y en 710.386 en 2015. Es decir, que crecerá un 22% en los próximos dos años.
Estas cifras forman parte del primer estudio sobre “hipotecas burbuja” que se realiza en España, que ha sido elaborado por Kelisto.es junto con el CEBR (Centre of Economics and Business Research) con el objetivo de hacer un retrato de una problemática que provoca que miles de familias se vean atrapadas y sin posibilidad de vender su vivienda y finiquitar su préstamo en caso de necesitarlo.
La principal causa de esta ratonera hipotecaria es el fuerte desplome que han experimentado los precios de vivienda como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde los máximos históricos de 2007, el valor de los inmuebles en España ha caído un 38,5%. A esto se suma el endurecimiento de las condiciones que exige la banca para poder acceder a un crédito, la grave crisis económica que atraviesa el país y el fuerte aumento de la tasa de paro.
Este cóctel explosivo ha provoca que, en la actualidad, uno de cada 10 propietarios (9,5% del total) cuente con una “hipoteca burbuja”, una cifra que se ha multiplicado por 30 desde 2009, cuando tan solo el 0,3% de las hipotecas estaba en esta situación.
Traducido a euros, el valor del agujero causado por esas hipotecas burbuja ronda los 13.000 millones de euros. Es decir, la diferencia entre el valor de las viviendas afectadas y el importe de sus hipotecas es de 12.917,5 millones de euros, y se incrementará hasta los 16.722,2 millones de euros en 2014 (+29,5% anual) y los 19.579,8 euros en 2015 (+17,1% anual).
Si dividimos la cifra global entre el número de afectados por las hipotecas burbuja, el resultado muestra que el agujero medio por propietario asciende 22.216 euros, una cifra que se incrementará un 12,5% en 2014 (hasta los 24.998 euros) y un 10,3% en 2015 (27.562 euros).
Cataluña y Comunidad de Madrid, las regiones más afectadas por las “hipotecas burbuja”
Las consecuencias de este problema no han sido iguales para todas las comunidades autónomas. Cataluña y la Comunidad de Madrid son las dos regiones donde más impacto tienen las “hipotecas burbuja”. En estas comunidades, el precio de la vivienda ha caído un 47,2% (Cataluña) y un 43,4% (Madrid) desde sus máximos históricos, registrados antes del inicio de la crisis. De las 581.441 viviendas que valían menos que sus préstamos en 2013, el 42,6% estaban en estas dos regiones. En concreto, un 24,4% (142.008) estaba en Cataluña, donde se alcanzarán las 155.347 en 2015. El 18,1%, restante (105.481) estaba en Madrid, donde se llegará a 116.208 en 2015.
A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana, con 67.181 (11,6% del total), Andalucía, con 66.418 (11,4%) y Castilla y León, con 26.668 (4,6%). En el extremo contrario se encuentran Ceuta, con 387 (0,07%); Melilla, con 429 (0,07%); Extremadura, con 4.637 (0,8%) y La Rioja, con 6.082 (1%).
Por lo que respecta al agujero creado por esas “hipotecas burbuja”, la región con un volumen mayor en 2013 fue Cataluña con 5.175,85 millones de euros, seguida de Comunidad de Madrid (3.680,3 millones) y Comunidad Valenciana (con 767,4 millones). El valor medio por inmueble de ese agujero fue mayor en Cataluña (36.448 euros), Comunidad de Madrid (34.891 euros) y Aragón (30.853 euros).
El precio de la vivienda caerá un 15,8% en los dos próximos años
La evolución de las “hipotecas burbuja” está totalmente relacionada con la evolución del precio de la vivienda en España. En el último trimestre del año pasado, una vivienda valía 150.787 euros de media, es decir, un 10,6% menos que en 2012 y un 38,5% menos que en la época de máximos históricos (2007).
En 2014, el importe medio de las viviendas sufrirá una caída anual del 8,5%, hasta llegar a los 138.013 euros. En 2015, el descenso se moderará ligeramente (-8%) y el importe medio caerá hasta los 126.999 euros. En total, el precio de la vivienda en España caerá una media del 15,8% en los dos próximos años, de 150.787 euros a 126.999 euros.
Para entender por qué se producirá este bajón en los precios hay que tener en cuenta el contexto económico que nos espera para los dos próximos años. Por un lado, el crecimiento de la economía seguirá siendo débil (con un avance del Producto Interior Bruto del 0,4% en 2014 y del 0,6% en 2015), el mercado laboral se recuperará, pero de forma muy frágil (con descensos del número de personas ocupadas 2,3% en 2014 y del 2,2% en 2015) y continuará cayendo el número de hipotecas concedidas (en 2012 se aprobaron 273.873 hipotecas, un 20% del máximo histórico registrado en 2006). Además, los estándares de la banca para conceder hipotecas se mantendrán relativamente estables hasta 2015, lo que significa que acceder a un préstamo seguirá siendo muy complicado.
Por otro lado, la demanda de créditos para comprar viviendas seguirá a la baja (debido a la escasa confianza del consumidor y a las malas perspectivas para el mercado inmobiliario) y la oferta de vivienda seguirá cayendo hasta 2015 (un 42%), año en el que podría tocar fondo.
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, la caída de los precios de la vivienda también ha sido desigual. Cataluña ha sido la comunidad autónoma con un mayor descenso desde los niveles máximos hasta el cuarto trimestre de 2013, con un desplome del 47,2%. A continuación se sitúan la Rioja (-43,5%), Aragón (-43,5%) y la Comunidad de Madrid (-43,4%). Por el contrario, Extremadura (-26%), Melilla (-30,1%) y Andalucía (-30,4%) son las comunidades donde la bajada ha sido más moderada.
* Kelisto.es - EG - 28.1.14
Foto: Hipotecas burbuja, mapa 2013 - kelisto.es .................................... Leer más...
Aena vulnera la legislación urbanística con el aeropuerto de Asturias
La falta de buen juicio y despilfarro en Fomento continúa ampliándose con la ministra Pastor en el gobierno actual. Ahora es en el aeropuerto de Asturias donde su decisión de no informar suficientemente a las autoridades de la Comunidad ha traído como respuesta una denuncia del gobierno asturiano por vulnerar, a través de la estatal Aena, la legislación urbanística allí existente. La causa última es el acortamiento de la pista del aeropuerto que, según las autoridades del principado, perjudica económicamente a sus intereses al reducir su operatividad. En cualquier caso, la actuación prepotente del ministerio de Fomento dista mucho de ser ejemplar, una vez más.
"ELDIARIO* : La batalla del Gobierno del Principado de Asturias contra Aena ya está en los tribunales. Los servicios jurídicos consideran que la decisión del Ministerio de Fomento de dar luz verde al recorte de la pista utilizada por el 80 por ciento de las aerolíneas, “vulnera la legislación urbanística y perjudica los intereses económicos y empresariales de la región”. Los servicios jurídicos del ejecutivo autonómico consideran que el proyecto de obra “no respeta el plan Especial de Ordenación del Principado ni el Plan Director”, ya que en ninguno de los dos se prevé una reducción del umbral de aterrizaje del aeropuerto. Como medida cautelar, se solicita que se paralice el proyecto hasta que los tribunales determinen si se trata de una actuación ilegal.
Aena ha sacado a concurso público esta obra por valor de tres millones de euros sin informar previamente al ejecutivo autonómico y al ayuntamiento de Castrillón, donde está ubicado el aeródromo. La opacidad de esta opacidad termina en un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales contra Aeropuertos Nacionales.
El hecho de no poner en conocimiento de las autoridades autonómicas competentes esta decisión, es otro de los argumentos utilizados por los servicios jurídicos, que consideran que “podría conllevar un supuesto de nulidad de pleno derecho”.
Algo extraño está pasando con el aeropuerto de Asturias. En 2009, Aena inició la ejecución de obras en las pistas por un importe de tres millones de euros, que concluyeron al año siguiente. Dichas obras, consistieron en levantar, rellenar y ampliar las cabeceras 29 y 11, con la finalidad de adecuarse a la nueva normativa en materia de seguridad.
Ahora, en base a esa misma normativa, ya entonces vigente, se plantea una nueva obra, también por tres millones de euros, que además de reducir el tamaño de la pista, reduce su operatividad. Ante esta tesitura, el senador de IU, Jesús Iglesias, ha presentado una pregunta escrita al Gobierno de Rajoy para que aclare la inversión de tres millones en 2009 y “si fue un derroche, a la vista del nuevo proyecto de remodelación para adaptar el aeródromo a las nuevas exigencias de seguridad aérea”.
Hasta ahora, el Gobierno del Principado ha intentado llevar este asunto por las buenas, pero el cerrajón y las vagas explicaciones del Ministerio de Fomento y de Aena han hecho que las relaciones entre las dos administraciones sean “bastante desesperantes”, como las calificó la consejera de Fomento.
La alternativa que presenta Aena es la menos favorable de las tres soluciones que se plantean para el aeropuerto asturiano: alargar la pista, mantener la situación y superar obstáculos y acortar la pista. La opción tercera perjudica a las empresas de la región y a la estrategia del Gobierno del Principado de potenciar la internacionalización del sector turístico.
El representante de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, se ha unido a los diputados nacionales asturianos del PSOE para presionar al Ministerio de Ana Pastor para que retire la propuesta de Aena y busque otra alternativa. Llamazares denunció que en La Coruña la decisión ha sido alargar la pista en un aeropuerto “con unos resultados de explotación muy por debajo de los asturianos, mientras que aquí, se opta por la peor de las alternativas”.
* El Diario - Mariló Suárez - 28.1.14
Foto: Asturias, aeropuerto - aeropuertos.net
El Ayuntamiento de Telde quiere hacer jefe de Urbanismo a un acusado por corrupción
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Hasta aquí podíamos llegar, resulta que ahora en Urbanismo se pone a los zorros a cuidar de las ovejas. Esto ocurre en el ayuntamiento, del PP y CC, de Telde (Gran Canaria), donde pretenden colocar de jefe del Servicio de Urbanismo a un acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos urbanísticos, por lo que pide el fiscal de este caso ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para él. Como se aprecia el grado de degeneración política al que se ha llegado justifica todo, porque además la prepotencia con la que actúan los implicados es totalmente delictiva y, de nuevo, la justicia debería intervenir atajando estas situaciones, so pena de caer en complicidad evidente.
"ELDIARIO* : El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), formado por el Partido Popular y Coalición Canaria, pretende llevar al pleno corporativo de final de mes una propuesta de concurso para cubrir las jefaturas de servicio de la institución con la principal pretensión de colocar con plaza fija al frente del Servicio de Urbanismo a José Luis Mena, actualmente acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto interinamente en el periodo 2003-2007.
Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde, la cuarta ciudad de Canarias (100.000 habitantes), pusieron el grito en el cielo el pasado viernes cuando en la comisión municipal de Régimen Interior aparecieron unas propuestas para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitadas por la vía de urgencia, en la que, entre otras jefaturas, aparecía la de Urbanismo, con unas bases que las centrales consideran “un traje a la medida” de Mena.
Fuentes sindicales consultadas este lunes por Canarias Ahora han confirmado sus sospechas que se centran en el baremo que PP y CC quieren aplicar para otorgar estas jefaturas por considerar que están hechas para que Mena pueda regresar al departamento de Urbanismo ya como jefe y sin posibilidad de que se le remueva por decisiones políticas, como ocurrió en este mandato al acceder a la concejalía de Urbanismo el nacionalista Pablo Rodríguez.
En concreto, las bases que el grupo de gobierno quiere aprobar prevén 27 puntos sobre 32 posibles para criterios que cumple sobradamente el acusado de corrupción José Luis Mena. Es particularmente destacable que se otorguen seis puntos a la “experiencia” en el puesto de jefe de servicio, condición que, unida a la exigencia básica de ser funcionario de carrera, pocas personas cumplen en Telde.
Los otros criterios que dan ventaja a Mena son grado personal (6 puntos), cursos (6), antigüedad (6) y titulación (3), mientras que tan solo cinco puntos se destinan a evaluar la memoria que habría de presentar cada opositando (3 puntos) y la defensa oral de la misma ante un tribunal (dos puntos).
De policía local a factótum del urbanismo
José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.
Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.
Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.
El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.
Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.
* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 27.1.14
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