"PÚBLICO* : ¿Qué idea hay más necia que la de decenas de miles de casas vacías cuando existe la misma cantidad de personas sin un hogar? ¿Qué adjetivo se merece un país en el que muchas de sus familias han perdido la casa precisamente por la codicia de los promotores inmobiliarios, los constructores, los bancos... lanzados a una desaforada carrera en la construcción de viviendas? ¿Insensato? Sí. ¿Disparatado? También. Pero sobre todo, país bárbaro, inhumano, despiadado. Territorio del despropósito y de lo irracional, España es mal ejemplo en el resto del mundo por las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, circunstancia que se ha convertido en el eje central de 'Casas para todos', película documental del alemán Gereon Wetzel.
Récord histórico de creación de viviendas
Una urbanización abandonada. Casas y calles vacías. Un barrio de edificios altos deshabitado. Terrenos urbanizados -asfalto y farolas- en mitad del campo. La garita de un guardia de seguridad que vigila 30.000 pisos vacíos y que en sus ratos libres, es decir, prácticamente siempre, hace gimnasia en los jardines y las piscinas medio llenas de esa colonia. Son imágenes que solo se detienen para que el espectador escuche algunas voces, generalmente sobre fondos negros. Y la primera de todas es la de Aznar. 27 de noviembre de 2003: "¿Por qué España crece al 2,5 por 100 y Alemania, Francia e Italia no? ¿Por qué? Pues yo le voy a decir a usted por qué, porque son los países en los que más confianza hay hoy en Europa, en el mundo. Vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España, más que en Francia y Alemania juntas. Récord histórico de creación de viviendas en España".
Récord histórico de especulación. Pisos y más pisos, adosados, chalés... desiertos, que nadie compra. Y con ellos, lo que ha quedado. Calles que sirven de pistas de prácticas para futuros conductores de autobús o como canchas de skateboard o vías para ciclistas... terrenos que han vuelto a ser conquistados por la naturaleza y por donde pasan de nuevo los pastores con sus rebaños. "Modelo de concepción urbanista sumamente innovador y eficaz...", decía el anuncio del proyecto de Marina d'Or Golf, cuyo PAI (Programa de Actuación Integrada) acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia.
Premio al mayor disparate
Casas para todos incide en esa sensación del absurdo, mostrando en la pantalla la situación incoherente de unos hombres y mujeres que viven debajo de un edificio que no se terminó de construir o la de las 26 familias que encontraron refugio en unas viviendas de nueva construcción en Sevilla. Escenas que hacen saltar chispas cuando aparecen después de haber escuchado las palabras de Francisco Hernández 'el Pocero', en septiembre de 2008, sentenciando: "En tres meses se quita el paro en mi país. ¿Cómo? Liberando el suelo".
Isidro Fainé, presidente de La Caixa, también está 'invitado' a participar en esta película, en la que se aprovechan unas declaraciones que hizo en 2011, en las que afirmaba: "Hay cosas que hoy cuestan cien y mañana sólo cincuenta, pero tu casa siempre tendrá un valor". Los audios de otras promociones urbanísticas completan el panorama sonoro del filme, en el que, sin duda, el premio al mayor despropósito se lo lleva Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011.
"Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada (...) Este es un aeropuerto para las personas, este es un aeropuerto por y para Castellón. Y a partir de hoy, durante mes y medio, cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o podrá caminar por las pistas de aterrizaje, algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones".
La burbuja inmobiliaria en el cine
Ni aviones en los aeropuertos ni familias en las viviendas, justo la idea contraria de la que lanzaron las familias que habitaron Corrala Utopía (bloque propiedad de Ibercaja): "Ni gente sin casa / ni casas sin gente". Un lema que, tristemente, no es realidad en España.
Casas para todos no es la primera película que se ocupa de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Desde el género documental, Erwin Wagenhofer contó las consecuencias del capitalismo, las causas de la crisis y, entre ellas, se detuvo especialmente en la edificación masiva en España en Let's Make Money (Vamos a hacer dinero). En €spanish dream, de Guillermo Cruz y Santiago Cirugeda, se hablaba de la dificultad que se les presenta a los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Laura Folguera, en A ladrillazos, hablaba del pelotazo inmobiliario, del crecimiento urbanístico de la Comunidad Valenciana, y de las denuncias en la Unión europea. El cortometraje de Aleix Saló Españistán (La burbuja inmobiliaria), realizado sobre su propio cómic, fue un éxito de visitas en la Red. Desde la ficción, Jaume Balagueró o Max Lemcke, con Para entrar a vivir y 5 metros cuadrados, se ocuparon también del tema.
* Público - Begoña Pina - 23.1.14
La España del despropósito inmobiliario - Documental 'Casas para todos'
El Supremo ratifica que el Ayuntamiento de Badajoz debe tirar el Cubo
La noticia del famoso 'Cubo' ilegal de Badajoz sigue dando que hablar tras 12 años (doce) de polémica. Lo último es que el Supremo ha emitido un nuevo auto, contra el que no cabe recurso, que da de plazo hasta el 30 de abril para presentar el proyecto de demolición y ejecutar las obras este verano. El ayuntamiento sigue dando largas, poco decidido a acatar las órdenes del tribunal en lo referente al derribo de las dos últimas plantas de este moderno edificio que atenta contra el Patrimonio monumental de la localidad. A este respecto se incluye aquí una noticia anterior que aclara las claves de esta sentencia judicial.
"HOY* : El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Badajoz (en octubre de 2012) contra la orden de tirar el conocido como 'Cubo' de la Facultad de Biblioteconomía, situado en el interior de la Alcazaba. El Consistorio utilizó como argumentos el enorme coste de la demolición y las dificultades para llevarla a cabo. Ahora se enfrenta a otro capítulo de un problema que lleva más de doce años en los tribunales. La sentencia firme del Supremo (con fecha 10 de octubre de 2013) establece que deben tirarse dos plantas del Cubo pero se permite dejar las cubiertas en su estado actual.
Hay que derribar «las dos plantas del edificio de nueva construcción (el Cubo) construido en un área ya edificada anteriormente y que alberga el salón de actos en planta baja y despachos de profesores en otras tres superiores, debiendo procederse a la demolición de las dos plantas superiores que acogen actualmente unos pequeños despachos», reza la sentencia.
«Deben eliminarse -continua- los tres torreones de remate de los patios que se sobreelevan respecto al resto de la construcción y asoman de un modo muy ingrato y agresivo encima de la muralla almohade».
En cuanto a la capilla que existía en la zona, «debe procederse a tapiar los dos grandes huecos abiertos con dinteles metálicos, devolviéndole el carácter de espacio cerrado, con reconstrucción de los volúmenes que había adosados».
«En lo que respecta al patio principal del hospital militar (el edificio que había allí antes), deben retirarse el cuerpo acristalado con celosías de madera y cubierta plana, debiendo restituirse a su estado anterior; al igual que la arquería del piso inferior a la que deberá devolvérsele la diafanidad original, eliminando la carpintería de madera que impide su visión frontal», añade la sentencia del Supremo.
4.000 euros de costas
También se condena al Ayuntamiento a pagar las costas del recurso de casación por un valor máximo de 4.000 euros.
Desde Amigos de Badajoz, la asociación que denunció las construcciones ilegales de Biblioteconomía, no han querido hacer ninguna declaración al respecto alegando que es el Consistorio quien tiene que mover ficha. «El Supremo ha terminado el proceso, ahora las actuaciones han de volver al TSJEX (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura)», indicó ayer José María García, abogado de Amigos de Badajoz.
¿Y qué dice el Ayuntamiento? Aún no hay respuesta porque todavía no saben qué hacer. «El fin es respetar la sentencia, mirar por los intereses de los ciudadanos y defender el Cubo. Casar las tres variables es difícil», fue lo único que se dijo ayer.
El Consistorio presentó el recurso con la intención de ganarlo (aunque también era una forma de ganar tiempo), de manera que todavía no tiene pensado un plan B. El equipo de Gobierno es conocedor de la sentencia desde el pasado 29 de octubre, pero no ha informado de que sabía de la ratificación del Supremo de la obligación de tirar el Cubo hasta ayer, cuando el primer teniente de alcalde, Alberto Astorga, sólo dijo que será el alcalde, Francisco Javier Fragoso, o el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, quienes hagan declaraciones sobre este asunto.
CRONOLOGÍA DEL 'CUBO'
03/06/1998. La Comisión Provincial de Bienes Inmuebles aprueba el proyecto de la Facultad de Biblioteconomía en la zona de la Alcazaba, con el 'Cubo' incluido.
13/06/2000. Amigos de Badajoz denuncia la ilegalidad del Cubo por considerarlo un impacto grave en el conjunto de la Alcazaba.
23/02/2003. El TSJEX determina que el hospital militar, donde se ubica la Facultad de Biblioteconomía, debe volver a su estado original por la existencia de construcciones consideradas ilegales, lo que implica la demolición del Cubo, del aulario y el rebaje en 1,35 metros de la cubierta de toda la edificación.
15/10/2007. Fecha límite impuesta por el TSJEx para llevar a cabo las obras en la Alcazaba que afectan a Biblioteconomía.
17/04/2008. El TSJEx rectifica y falla a favor de la permanencia del Cubo al estimar inejecutable el derribo del mismo.
11/11/2009. El TJSJEx rectifica de nuevo y en un auto determina que el Cubo sí debe ser derribado.
03/05/2012. Otro auto del TSJEx determina rebajar sólo en dos alturas el Cubo y dejar las cubiertas en su estado actual.
23/10/2012. El Ayuntamiento recurre al Supremo la orden de demolición de dos alturas del Cubo.
08/11/2013. Sentencia firme del Tribunal Supremo para derribar las dos alturas del Cubo.
* Hoy - ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - 9.11.13
Foto: El conocido como 'Cubo' de la Facultad de Bibilioteconomía, integrado en el recinto de la Alcazaba. :: PAKOPÍ
El polideportivo ‘fantasma’ que costó 10,5 millones a Navalcarnero
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Los casos de despilfarro público han sido innumerables en estos años pasados de urbanismo salvaje y sin control. Ayuntamientos, Autonomías y Estado han pugnado entre sí por ver quien cometía el mayor derroche injustificado y, además, sin ser pedido por los administrados ni contando con ellos para su realización. La mayoría de estos desastres urbanísticos han quedado como esqueletos varados de un país en ruinas, pero hay otros que se han construido y siguen sin apenas uso y sin que los responsables de tamaño despropósito hayan sido acusados por la justicia, a pesar de dejar una enorme deuda en la administración de que se trate. Algo vergonzoso y delictivo, sin ninguna duda. Un ejemplo de esto lo tenemos en Navalcarnero (Madrid).
"ELPAÍS* : Hay excesos del ladrillo que duelen a la vista. Que, imposibles de ocultar, se yerguen desafiantes como símbolo del derroche de unos tiempos más cercanos que lejanos en los que prácticamente todo valía. El abandono del polideportivo La estación, en Navalcarnero, un esqueleto de hormigón colonizado por litronas y hierbajos en el que el gobierno municipal de Baltasar Santos (PP) ha invertido 10,5 millones de euros, representa esa época.
“Lo delirante del asunto es que encima se ha certificado y pagado como construido en un 90%, cuando no hay construido realmente ni un 15%”, lamenta el portavoz del PSOE y anterior regidor, José Luis Adell. “Por culpa de la crisis el polideportivo se quedó ahí parado. La intención es retomarlo, pero no es una prioridad... Es lo que hay”, trata de justificar un portavoz del Ayuntamiento. El PP cuenta con 12 concejales por siete socialistas, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).
En mayo de 2006 Navalcarnero —Santos gobierna de manera ininterrumpida desde 1995 la localidad de 25.000 habitantes— adjudicó el concurso a Constructora Hispánica SA, conocida por su vinculación con el caso Gürtel (los dueños actuales de la compañía no tienen nada que ver con los anteriores), por 14.837.273 euros, incluidos un parque y un vial de acceso al centro deportivo desde una rotonda cercana. El Ayuntamiento pondría el 80% de la financiación y la concesionaria el 20% restante, con una duración estimada de las obras de 18 meses.
Las instalaciones, de 6.000 metros cuadrados construidos, contarían con una piscina olímpica, tres piscinas de recreo, vestíbulos, aseos, médico, gimnasio, pista de footing, graderío, almacenes y “salas multifuncionales”. El proyecto se caracterizaba por la existencia del grupo de piscinas, desarrolladas en distintas plataformas: cada una descargaría su agua en la siguiente, “conformando un conjunto de láminas de agua a diferentes niveles”, explicaba la propaganda del proyecto. La cafetería prevista dispondría de una entreplanta desde la que se apreciaría “la perspectiva de las piscinas de recreo”. Tras toda esta obra, “terminada y en funcionamiento en un plazo de año y medio”, el complejo se completaría “con nuevas instalaciones deportivas” en una segunda fase.
Pese a las expectativas provocadas, y tras colocar la primera piedra en junio de 2006, los trabajos se interrumpieron en 2008.
Rebasado el plazo para su estreno con creces, el polideportivo amenaza ruina, con los conductos de ventilación amenazando con desplomarse sobre los incautos que se atreven a aventurarse en sus entrañas. Expertos consultados coinciden en que la mayor parte de los trabajos realizados son “inservibles”. Desde el gobierno local aseguran que se retomarán “en cuanto se pueda”. Navalcarnero tiene prorrogados los presupuestos desde hace seis años. La oposición calcula una deuda de al menos 250 millones.
El estado de construcción y conservación del complejo de La Estación contrasta con los 10.590.020 euros que el Consistorio se ha gastado en las obras. Además, el equipo de Santos aprobó en noviembre de 2010 un modificado por importe de 1.186.722,63 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras SA, la sociedad que compró Constructora Hispánica SA, modificando el anterior contrato. “La cantidad finalmente no se abonó, pero es un escándalo que se aprobase un modificado sobre una obra no ejecutada, cuando además en el contrato original ya se recogían esas supuestas modificaciones”, denuncia Adell. El anterior alcalde subraya que las empresas mencionadas, pese a no haber terminado el polideportivo, fueron las adjudicatarias de posteriores concursos municipales como la gestión de un colegio o la renovación del mercado local.
El pasado octubre los portavoces del PSOE y PDAP presentaron una querella, admitida a trámite y por la que ya están declarando testigos y querellados, en el Juzgado de Navalcarnero contra el regidor y los concejales de Hacienda y Urbanismo por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, prevaricación y malversación por la concesión para la construcción del polideportivo y su posterior gestión.
“El PP de esta comunidad tiene dos grandes récord de gestión: Madrid, como gran ciudad, con el mayor endeudamiento por habitante de España, y Navalcarnero, la pequeña Marbella madrileña con el mismo récord”, reflexiona María Teresa González Ausín, diputada regional socialista.
Una pintada sobre una de las paredes exteriores del centro deportivo resume lo que sucedió en Navalcarnero y tantos otros lugares: “Viva la vida loca! $”. Tan loca que la ubicación que se eligió para el polideportivo fantasma fue justo al lado del polideportivo con que ya contaba Navalcarnero.
Y el tren tampoco llegó
El polideportivo La Estación era una de los proyectos “más ambiciosos” de Navalcarnero, reconocía un folleto municipal del proyecto en junio de 2006. Baltasar Santos iba más allá al asegurar que serviría a la villa para “seguir manteniendo su liderazgo y seguir ostentando el título de capital del deporte”. El alcalde del PP incluso adelantaba que a sus “numerosas iniciativas” se sumarían “pronto” otras como la “llegada del tren” que enlazara con Móstoles. “Gracias el entendimiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que financiará la obra, está previsto que el tren empiece a funcionar en 2008”, afirmaba Santos.
La expresidenta regional, Esperanza Aguirre, colocó en febrero del 2008 la primera piedra, pero el tren nunca llegó. Con un trazado de 14,8 kilómetros, paralelo a la A-5, las obras se ralentizaron en 2010 hasta interrumpirse en 2012. Se calcula que OHL, la adjudicataria, invirtió 130 millones de los 362 previstos.
* El País - José Marcos - 17.1.14
Foto: Graderío y piscina olímpica del polideportivo sin terminar de Navalcarnero. / CARLOS ROSILLO
Imputado en tres causas urbanísticas el alcalde popular de Ponteareas
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Las visitas del alcalde 'popular' de Ponteareas (Pontevedra) a los juzgados para declarar por irregularidades urbanísticas se están convirtiendo en demasiado habituales. Las imputaciones de prevaricación son numerosas pero según la 'norma' de los políticos de este país, ante todo es no dimitir y seguir en la poltrona mientras los jueces no sentencien definitivamente, con lo cual el paisaje de imputados por la justicia está llenando hasta el último rincón de la geografía. Tampoco parece que en este caso la Xunta 'popular' de Feijoo vaya a decir ni exigir nada, con lo que también su desprestigio entre los ciudadanos se va acelerando.
"ELPAÍS* : El alcalde de Ponteareas inició ayer su tercer calvario judicial por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. A las 11 de la mañana, Salvador González Solla entraba en el juzgado nº2 de la localidad pontevedresa para declarar como imputado por supuesta prevaricación, relacionada con obras realizadas en un chalé de su propiedad. La oposición reclamó su dimisión inmediata. Solla replicó que agotará el mandato y lamentó la actuación judicial: “Aquí lo imputan a uno por nada”.
La declaración de ayer es consecuencia de la presunta inacción municipal ante la denuncia de un particular que acusó a Solla de demoler sin licencia una construcción antigua para levantar su casa, de ejecutar un anexo a modo de porche también sin permiso y de incumplir los retranqueos y las alturas máximas en el muro de cierre. Pese a la denuncia, presentada en mayo de 2011, Solla continuó con la construcción de su casa sin que la inspección municipal actuara hasta dos años y medio después, en octubre de 2013. El pasado 25 de noviembre, la junta de gobierno local abrió un expediente sancionador y de reposición de la legalidad al alcalde por la “posible comisión de una infracción urbanística muy grave”.
El alcalde, del PP, que es a su vez concejal de Urbanismo, tiene otras dos causas urbanísticas abiertas por supuesta prevaricación. En una de ellas, en la que también está imputado el párroco José Carlos Pérez, otro juzgado local atribuye a ambos ese y otros presuntos delitos por el levantamiento sin licencia de un conjunto funerario del siglo XVIII en la iglesia parroquial de Guillade para pavimentarlo. La otra causa la abrió un tercer juzgado de Ponteareas a instancias de una empresa, Ecocelta, que le acusa de negarle una licencia de actividad.
“Son tres imputaciones, pero podían ser 45, porque no tienen sentido”, se defiende Solla, que ve motivos “políticos y personales” en esta cascada de imputaciones. De dos de ellas hace responsable al exlíder del BNG en Ponteareas Roberto Mera, mientras que la que le obligó a declarar ayer es en su opinión “una revancha clarísima” del denunciante, un constructor de la zona llamado Jesús Castrodeza al que el Ayuntamiento paralizó una obra por carecer de licencia. Respecto a las obras de su casa, el alcalde solo admite la falta de licencia del derribo de la vivienda vieja y otras irregularidades menores, pero lo atribuye a un error y sostiene que todas las deficiencias de la obra “son legalizables”.
En su declaración ante el juez, Solla sostuvo que no influyó en el retraso en la actuación de la inspección de obras. “Yo aquí soy uno más: ni paralicé, ni suspendí ni di instrucciones a nadie relacionadas con ningún expediente”, declaró ayer. Solla afirmó que no tendría sentido eludir “licencias que cuestan 60 euros” y subrayó el hecho de haber solicitado permiso para una piscina: “Debo ser el único en este ayuntamiento que lo ha pedido”.
Socialistas y nacionalistas reiteraron ayer su exigencia de dimisión. “No se puede entender que el alcalde y máximo responsable de urbanismo pueda exigir que se cumpla la legislación cuando él es el primero que no lo hace”, observó el portavoz del BNG, Xosé Represas. “Un alcalde que no cumple las normas urbanísticas y que actúa en favor de sus propios intereses no puede seguir siéndolo ni un minuto más”, añadió. Solla zanjó esa posibilidad. “Agotaré el mandato para el que fui elegido por mis vecinos”, anunció el alcalde.
* El País - PABLO LÓPEZ - 21.1.14
Foto: Ponteareas (Pontevedra), plaza mayor - google.es
La Fiscalía denuncia el polígono industrial de Grazalema
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En la provincia de Cádiz parece que se siguen saltando las normas que afectan a los Parques Naturales, si hace poco era el de los Alcornocales con la gran finca de La Almoraima, ahora es el de la Sierra de Grazalema, donde se está construyendo un 'ilegal' polígono industrial, el causante del nuevo escándalo medioambiental. La Fiscalía así lo denuncia dirigiendo su acusación contra la alcaldesa de Grazalema, la exdelegada de la Consejería de Medio Ambiente y los técnicos del servicio de la Diputación que informaron a favor del ilegal polígono industrial.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía denuncia la construcción del polígono industrial de Grazalema porque “los hechos pudieran tener significación penal”. La denuncia va dirigida contra la alcaldesa de Grazalema, la anterior delegada de Medio Ambiente y técnicos de Diputación. La fiscal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Patricia Navarro, ha notificado a Ecologistas en Acción que ha remitido al Juzgado de instrucción de Ubrique la denuncia que presentó en la Fiscalía provincial Ecologistas en Acción por la construcción de un polígono industrial en el municipio de Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, que infringe todo tipo de normas urbanísticas y medioambientales.
Dicha remisión se ha hecho con carácter de denuncia, por evidenciarse que los hechos denunciados pudieran tener significación penal, por lo que procede esclarecerlos en el procedimiento penal.
Ecologistas en Acción viene denunciando desde enero de 2012 ante todas las administraciones competentes, la construcción de un polígono industrial junto al pueblo de Grazalema que incumple todas las normas sobre tipología del PGOU de este municipio, la condiciones vinculantes que en su momento incluyó la Consejería de Medio Ambiente (CMA), en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y gestión (PRUG) del parque natural”. Estas normas obligan a que las nuevas construcciones -y específicamente las naves del polígono industrial- deberán utilizar materiales tradicionales, tener fachadas con revestimientos blancos y cubiertas de teja árabe inclinadas a dos aguas, prohibiendo los materiales cerámicos vidriados, plásticos o revestimientos metálicos. Saltándose a la torera estas normas, el Ayuntamiento de Grazalema -promotor del polígono-, en clara connivencia con la Diputación provincial –que ha redactado el proyecto- y la CMA -que lo justifica y se niega a paralizarlo-, está construyendo un edificio de enorme dimensiones, con un paseo en su cubierta, y con una horrorosa terminación metálica de las fachadas, lo que está provocando un impacto gravísimo e irreversible sobre la imagen urbana de este pueblo blanco, uno de los emblemas del parque natural.
Ecologistas en Acción llegó a presentar en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema una propuesta para que se instara al ayuntamiento de Grazalema “a adaptar el proyecto a las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cumpliendo las condiciones vinculantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, y a los objetivos, propuestas de ordenación y criterios de gestión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural”. El presidente de la Junta Rectora, Alfonso Moscoso, y el actual delegado territorial de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Federico Fernández, impidieron incluso que se votara dicha propuesta, avalando las ilegalidades denunciadas.
La denuncia avalada por la Fiscalía va dirigida contra:
· Mª José Lara Mateos, alcaldesa de Grazalema, que aprobó el proyecto de Parque Industrial de Grazalema, y que teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo ha hacho.
· Silvia López Gallardo, ex delegada de la Consejería de Medio Ambiente, quien teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo hizo.
· Los técnicos del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial que han redactado y/o informado favorablemente el proyecto de Parque Industrial de Grazalema.
Ecologistas en Acción estudiará ampliar la denuncia a todos los actuales responsables de las administraciones públicas implicadas en este escándalo urbanístico que siguen sin actuar a pesar de que las obras están ya muy avanzadas y el daño es cada vez más irreversible.
Ecologistas en Acción hace responsable del daño medioambiental y de las consecuencias económicas y patrimoniales que se deriven de la paralización de estas obras y de la más que probable obligación de demolición a los responsables del Ayuntamiento, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía que han promovido, autorizado, financiado y/o avalado esta palmaria ilegalidad, de la que los ecologistas hemos advertido desde el inicio de las obras. Conforme más se tarde en paralizar las obras, mayor será el daño causado y el coste de la reparación. Al final puede suceder igual que con el Algarrobico.
* Ecologistas en Acción - 15.1.14
Foto: Grazalema (Cádiz), poligono ilegal - Ecologistas en Acción.
La justicia tumba 40.000 nuevas viviendas en San Miguel de Salinas
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Siguen cayendo a cuentagotas los casos de corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana, no solo en lo referente a los famosos PAIs ilegales, sino también con los Planes Generales municipales. Eso ha ocurrido 6 años más tarde (seis) en el alicantino de S.Miguel de Salinas gracias a la acción judicial, ya que el Plan carecía de la correspondiente evaluación ambiental estratégica. Muchos vecinos estaban en contra y lo hicieron saber, pero el ayuntamiento del PP, junto con la Comunidad, lo aprobaron y siguieron adelante ilegalmente, con las consecuencias que ahora vemos en este nuevo varapalo urbanístico .
"ELPAÍS* : La crisis económica desactivó el frenesí urbanizador, y ahora los tribunales de Justicia entierran definitivamente el urbanismo salvaje y desaforado. El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, una localidad de La Vega Baja de apenas unos 7.000 habitantes, aprobó en 2008 un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que preveía construir 40.000 nuevas viviendas para dar cobijo a 100.000 habitantes. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) tumba esta propuesta por carecer de la correspondiente evaluación ambiental estratégica.
Pero este varapalo judicial no ha sido el único. El Tribunal Supremo anuló por tercera vez el intento del Ayuntamiento de Castellón, de validar su PGOU. Y en Benissa el Supremo también anuló la aprobación definitiva del PGOU cuyo trámite de información pública “no fue reiterado”. El Plan Rabassa, que proyectaba 13.500 viviendas en Alicante, también acumula sentencias en contra, y en una de ellas el TSJ también anuló el proyecto por no tener autorización medioambiental estratégica.
En el caso de San Miguel de Salinas el TSJ ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2009 por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel y Amigos de Sierra Escalona contra la aprobación definitiva, por parte de la entonces Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, del Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Salinas.
El TSJ anula el Plan mediante una sentencia de 13 de noviembre de 2013, comunicada a los recurrentes el pasado 15 de enero, que desestima las pretensiones de las partes demandada y codemandada (Generalitat y Ayuntamiento) para que se considerara conforme a derecho la aprobación definitiva del Plan.
La sentencia, compartida por cuatro de los cinco magistrados de la Sala, declara nulo el planeamiento urbanístico por no haberse sometido a un proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) exigible por la Ley estatal 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente, un proceso que, tal y como plantearon los recurrentes no puede ser suplido por la emisión de una simple declaración de impacto ambiental. La Ley 9/2006 establece la obligatoriedad de aplicar la EAE a todos los planes que puedan tener efectos sobre el medioambiente, como en el caso de San Miguel, un PGOU “insostenible, especulativo e irracional”. En la sentencia los magistrados exponen que la ausencia de EAE supone un “vicio determinante” de la nulidad de pleno derecho del Plan, que queda anulado en su totalidad.
Una agresión a sierra Escalona
El nuevo PGOU de San Miguel de Salinas suponía una “clara agresión” a los valores ambientales y paisajísticos de la Sierra de Escalona. Un espacio natural protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Unión Europea. Además, 7 de los 55 millones de metros cuadrados que integran el término municipal de San Miguel forman parte del LIC, que sigue esperando su declaración como Parque Natural de la Comunidad Valenciana tras más de 7 años desde que la Generalitat inició el proceso de su declaración.
La sentencia, que refleja la postura mayoritaria de la Sala, no entra a valorar otros cinco motivos impugnatorios invocados en el escrito de demanda de los vecinos y ASE, pero sí lo hace el magistrado discrepante, que en su voto particular estima parcialmente la demanda. El magistrado considera que se debería eliminar del planeamiento el suelo no urbanizable común de categoría 3 (siete millones de metros de supuesto suelo no urbanizable) que el plan ahora anulado permitía que se reclasificaran como suelo urbanizable para futuros desarrollos residenciales, incluso en el entorno inmediato de la Sierra Escalona.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 22.1.14
Foto: La sierra de Escalona, y San Miguel de Salinas al fondo.- elpais
La Comunidad de Madrid regaló a Martinsa 200 millones en edificabilidad
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Otra vez la Comunidad de Madrid, con Aguirre de Presidente y González de Vicepresidente, especulando delictivamente con terrenos públicos. Ahora se trata de un caso de hace 10 años (diez) en Arganda en los que favoreció a la constructora Martinsa para permitir que edificara un número mucho mayor de viviendas con el consiguiente beneficio ilegal. Pero fue aprobado por la politizada Comisión de Urbanismo y nadie parece que reclamara nada, ni siquiera una justicia que, una vez más, sigue demostrando el enorme desprestigio que se ha ganado entre la ciudadanía de este país.
"ELMUNDO* : La Comunidad de Madrid, con Ignacio González de vicepresidente, aprobó el aumento exponencial del número de viviendas en las parcelas públicas vendidas a Martinsa por el Consistorio madrileño de Arganda. Una operación que constituye uno de los pilares del caso Gürtel y de la que el actual presidente madrileño se ha intentado desvincular por completo durante los últimos días. Sin embargo, fue el Gobierno regional en el que González era el número dos y un hombre de su máxima confianza, Mariano Zabía, el responsable de la Comisión de Urbanismo que acabó dando el visto bueno para que se disparase espectacularmente el negocio del empresario Fernando Martín.
Zabía es un hombre de la máxima confianza de González desde que éste se lo llevó al Ministerio de Educación en 1996.
El número de viviendas permitidas inicialmente en la denominada UE-124, también conocida técnicamente como «Área de Centralidad», que fue adjudicada a bajo precio en noviembre de 2004 a Martinsa por 77 millones de euros -el empresario vendió posteriormente sólo un tercio de estas parcelas por 73-, ascendía a 1.580, de las cuales 300 eran de titularidad pública.
Tras las sucesivas modificaciones, la cifra se elevó a 2.731 viviendas de las que se estableció que 600 serían públicas. Es decir, que gracias a la autorización del Gobierno regional se permitió a Martinsa sobre la misma superficie levantar un 73% más de pisos: 1.151 más.
El visto bueno pasaba por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que despachaba las continuas modificaciones solicitadas por el promotor «informando favorablemente al Plan Parcial de Reforma Interior de la UE-124, que modifica la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey». Una y otra vez esta comisión se limitaba a dar el visto bueno a las mismas «en los términos contenidos en los informes de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio», que era quien validaba los cambios en primera instancia en el Ejecutivo madrileño.
Según ha acreditado ya la policía en el sumario de Gürtel, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, utilizó su sociedad Golden Chain para cobrar en Suiza los 12,8 millones de euros de comisión que desde otro paraíso fiscal, el Principado de Mónaco, le abonó Fernando Martín en 2006 por sus gestiones para conseguir que el PP le otorgase el pelotazo de Arganda.
Martín adquirió al Ayuntamiento de Arganda del Rey, concretamente a una sociedad municipal, un total de 150.000 metros cuadrados, la parcela más extensa del Plan Urbanístico, por 77 millones de euros pese a que había sido tasada en 96 millones. Finalmente, el precio abonado por Martinsa ascendió tan sólo a 66 millones de euros. La Comunidad de Madrid no sólo autorizó el referido aumento del número de viviendas por hectárea sino el número de plantas, que pasaron de seis a 10, lo que supuso unos beneficios adicionales de 200 millones. Pero éstos no fueron los únicos cambios propuestos por Martinsa y validados por el Gobierno madrileño.
LaComunidad también dio su visto bueno para la eliminación de la gran superficie comercial prevista inicialmente en este desarrollo urbanístico. Bajo el argumento de que mejoraría «la calidad del espacio público y aumentaría la vida urbana», se canjeó el gran centro por bajos comerciales que contaran con la misma extensión.
Tal y como reveló EL MUNDO, existe una curiosa coincidencia entre la empresa fiduciaria que adquirió el ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid y la que empleó Correa para cobrar la citada comisión de Arganda. Tanto Golden Chain como Waldorf Overseas Investments comparten los mismos testaferros en Panamá.
Se trata de las sociedades Dulcan y Winsley, que ostentan la condición de lo que en la terminología mercantil panameña se denomina «subscribers» o, lo que es lo mismo, testaferros. Eso sí, comparten fiduciarios pero no «agentes».
Waldorf Overseas Investments está gestionada por Mossack Fonseca, bufete de abogados especializado en ocultar grandes fortunas e investigado por participar en grandes operaciones de blanqueo de capitales. Por su parte, el gestor de Golden Chain es Aba Legal Bureau, un despacho de características similares.
* El Mundo - EDUARDO INDA, ESTEBAS URREIZTIETA - 19.1.14
Foto: Arganda (Madrid), terrenos pelotazo unidad 124 - publico
El alcalde de Burgos vive en un ático de lujo edificado por los constructores de la obra de Gamonal
Se empiezan a tener datos precisos sobre la corrupción urbanística en Burgos, tras las últimas protestas sobre el bulevar del barrio de Gamonal. Se sabía que el capo 'popular' Méndez Pozo estaba detrás del asunto, oculto bajo numerosas sociedades según costumbre de las diferentes mafias, pero ahora comienzan a salir los intereses comunes con políticos como el alcalde PP de Burgos. Y, como siempre, el Urbanismo está en la picota, es el principal generador de los asombrosos enriquecimientos ilícitos de políticos y empresarios, con la complicidad una vez más de una justicia injusta y de unos medios de comunicación vendidos al capital más corrupto y depravado.
"IGNACIO ESCOLAR* : Desde el Ayuntamiento de Burgos, hace días que insisten en una idea: que el famoso constructor condenado por corrupción Antonio Miguel Méndez Pozo no tiene nada que ver con la polémica obra de Gamonal. Sin embargo, una de sus empresas ganó el concurso para diseñar el proyecto, y otra de las adjudicatarias, la constructora Arranz Acinas, es aliada de Méndez Pozo en varias negocios.
Méndez Pozo y Arranz Acinas son socios en la concesión del hospital público de Burgos, en una empresa de hormigón, en unas parcelas de Palencia, en la circunvalación de Burgos…, y también edificaron juntos una de las urbanizaciones céntricas más exclusivas y conocidas de la ciudad: el Residencial San Agustín. Es una urbanización de viviendas de lujo construida junto al nuevo bulevar ferroviario. Uno de los pisos más caros del residencial es, precisamente, el ático de lujo donde vive el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle: una vivienda de la que el alcalde no ha informado en su declaración de bienes en el Ayuntamiento, construida sobre terrenos recalificados por el PP y cuya descripción en el Registro de la Propiedad no coincide con la realidad.
Javier Lacalle era concejal del Ayuntamiento de Burgos cuando se recalificó la parcela y, más tarde, primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo cuando se terminó de construir. Desde ese puesto, fue uno de los principales impulsores de la mayor operación urbanística de la ciudad: el bulevar ferroviario, levantado sobre las antiguas vías del tren. Esta operación supuso la recalificación y revalorización de numerosos terrenos, muchos de ellos de Méndez Pozo, además de un gran agujero en las cuentas de la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos ya lleva gastados en el bulevar 63 millones de euros que todavía hoy debe a los bancos. El proyecto completo del bulevar ferroviario aún está sin terminar.
Los terrenos sobre los que se levantó el Residencial San Agustín, junto al bulevar ferroviario, pertenecían a la Diputación de Burgos, gobernada por el PP. Eran parte del antiguo Hospital Provincial, y fueron vendidos a un consorcio de cinco empresas constructoras entre las que, como es habitual en la ciudad, estaban Méndez Pozo y Arranz Acinas. La Diputación se quedó con uno de los edificios del antiguo hospital, que transformó en una residencia universitaria, y el Ayuntamiento con otro, que rehabilitó como centro cívico, con una piscina cubierta. El resto se vendió a los constructores. Antes de firmar ese convenio, el Ayuntamiento modificó el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de la ciudad para aumentar la edificabilidad de la zona en un 25%.
El alcalde de Burgos compró sobre plano su primera vivienda en el Residencial San Agustín el mismo año en que fue nombrado concejal de Urbanismo, en 2003, según figura en su declaración de bienes. Era una casa de 84 metros cuadrados construidos y dos habitaciones. Pero a principios de 2012 –ya siendo alcalde–, Javier Lacalle se cambió de casa dentro del mismo edificio a una de las mejores viviendas: un ático en el décimo piso de 167 metros cuadrados construidos y con amplias vistas a la ciudad, según fuentes que conocen directamente la vivienda.
El alcalde vendió su anterior piso a uno de sus subordinados: al gerente de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Álvaro Varona Cristóbal. Varona cobra 69.000 euros brutos anuales y es uno de los cargos municipales mejor pagados en Burgos, en un puesto designado directamente por el alcalde. Tiene 32 años y milita en el PP desde los 18, tal y como ha explicado en conversación telefónica con eldiario.es. Según Varona, la compraventa se cerró "al mismo precio que dio la tasación que hizo la Caja Laboral", que le concedió la hipoteca.
A pesar del fin de la burbuja inmobiliaria, los pisos en el Residencial San Agustín siguen siendo de los más caros de la ciudad. En el portal inmobiliario Idealista aparecen anuncios en ese mismo residencial con precios superiores a los 4.000 euros por metro cuadrado.
La hija de Méndez Pozo, arquitecta del edificio
Uno de los arquitectos que firmó los planos del edificio es Blanca Méndez, la segunda hija del constructor Méndez Pozo. La inmobiliaria Río Vena, propiedad de Méndez Pozo, es uno de los promotores de la obra junto con Arranz Acinas, adjudicataria, a través de otra empresa, de la obra de Gamonal.
El alcalde de Burgos es amigo personal de Blanca Méndez, hasta el punto de que fue uno de los políticos que asistió a su boda, que se celebró en Burgos el verano de 2008, cuando Lacalle era concejal de Urbanismo. Además del hoy alcalde, a la boda de la hija del poderoso constructor acudieron, entre otros políticos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP); el entonces presidente del Congreso, José Bono (PSOE); el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Rajoy no estuvo en la ceremonia, pero sí llegó a la cena.
Blanca Méndez, además de firmar el Residencial San Agustín como arquitecta, es también la persona que gestiona el estudio MBG, que ganó el concurso para la obra de Gamonal, una adjudicación supuestamente anónima donde el proyecto vencedor salió antes publicado en las páginas del Diario de Burgos, propiedad de Méndez Pozo.
Un patrimonio sin declarar ante el Ayuntamiento
En la declaración de bienes que Javier Lacalle ha presentado en el Ayuntamiento de Burgos, su nueva vivienda no aparece, a pesar de que es obligatorio para todos los concejales comunicar cualquier cambio en su patrimonio. Sólo declara su antigua vivienda en el Residencial San Agustín y una plaza de garaje.
Sin embargo, el ático de lujo del alcalde sí aparece en el Registro de la Propiedad número 4 de Burgos, aunque la vivienda que Lacalle y su esposa habitan, junto con sus dos hijos, se parece muy poco a la descripción de la finca que está depositada en el registro. Según la información registral, la nueva casa del alcalde sólo tiene dos dormitorios y la mitad de los 167 metros cuadrados de la vivienda es una terraza de 83,46 metros. Según el registro, la nueva vivienda del alcalde tiene sólo 76 metros cuadrados útiles, sólo cinco metros cuadrados más que la anterior, que tenía 71. Según el registro, ambas tienen sólo dos dormitorios. Sin embargo, fuentes que conocen la vivienda aseguran que la zona habitable del nuevo ático es bastante mayor y que tendría más de dos dormitorios.
Tampoco encaja la fecha de compraventa que aparece en la información registral a la que ha tenido acceso eldiario.es. Según el Registro de la Propiedad, el alcalde compró la vivienda en septiembre de 2012. Sin embargo, otras fuentes confirman que el alcalde y su familia viven en ese nuevo ático desde al menos nueve meses antes de cerrarse la compraventa ante el notario. Según fuentes que conocen la vivienda, se mudó a los pocos meses de conseguir la alcaldía, tras las elecciones de mayo de 2011.
La escritura de compra se firmó el 14 de septiembre de 2012. Ese mismo día, el alcalde y su mujer compraron también otras tres propiedades más en el mismo Residencial San Agustín: un trastero y dos plazas de garaje.
Desde eldiario.es, hemos intentado ponernos en contacto tanto con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, como con el director de Comunicación del Ayuntamiento, José Domarco, para pedir una explicación sobre el origen de este patrimonio y sobre las anomalías en la información registral. Ninguno de los dos ha querido responder.
Una familia que vive de la política
Tanto Javier Lacalle como su mujer no tienen ningún ingreso conocido cuyo origen no sea la política. En el caso del alcalde, de 44 años, estudio Derecho pero nunca ejerció. Se afilió al Partido Popular con 19 años. Ha sido presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Burgos (1994), concejal del Ayuntamiento de Burgos con 25 años (1995-1999), director general de Juventud de la Junta de Castilla y León (1999-2003), concejal de Urbanismo y teniente de alcalde (2003-2011) y finalmente alcalde de la ciudad (desde 2011). Entre 1999 y 2003 también fue secretario general de la Red Española de Albergues.
Lacalle jamás ha trabajado en otra ocupación que no sea la política. Su sueldo como alcalde es de 69.133 euros brutos anuales.
En cuanto a su mujer, Cristina Merino Ibáñez, copropietaria de la vivienda, del trastero y de las dos plazas de garaje en régimen de gananciales, trabaja como gerente de Adecoar (Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza). El presidente de esta asociación es el alcalde del pueblo burgalés de Villangómez, Juan Carlos Peña, del Partido Popular. La asociación, en la práctica un órgano político, gestiona fondos del programa Leader, unas ayudas de la Unión Europea teóricamente destinadas al desarrollo rural. Adecoar recibió una subvención de 4,5 millones de euros para seis años, aunque después su presupuesto se recortó en un 30%. En la actualidad, la asociación apenas tiene actividad conocida, salvo pagar el sueldo a la gerente –la esposa del alcalde, que cobra unos 2.700 euros netos al mes– y a dos técnicos. Todos estos puestos son de libre designación, sin pasar ninguna oposición.
La Diputación Provincial de Burgos, que preside el presidente del PP de Burgos, César Rico, aporta anualmente 100.000 euros a cada uno de los programas Leader, que se añaden al resto de los ingresos. Este año, la Diputación ha condicionado esta ayuda a que se destine el 70% de estos 100.000 euros para cubrir los gastos de personal. Es una manera de garantizar que, pese a los recortes, el dinero para sueldos no se recortará.
* El Diario _ Ignacio Escolar - 20.1.14
Foto: El edificio donde se encuentra el ático de Lacalle. Imagen: Google Maps.
País Vasco.- La corrupción planea sobre una decena de casos
Como ya se ha visto en este blog, la corrupción urbanística es indiferente a banderas y colores. Tanto en Cataluña como en el País Vasco abundan los casos en que los partidos nacionalistas en el poder, CIU y PNV respectivamente, han caído en las redes mafiosas de la corrupción, aunque los medios de comunicación afines hayan tratado de ocultarla muchas veces. En el País Vasco, el caso del número dos del PNV en Álava es de los más conocidos, aunque también ha habido imputaciones por prevaricación de varios alcaldes e irregularidades importantes en la concesión de concursos públicos de obras. Es decir, como en el resto del Estado español.
"ELDIARIO* : De la corrupción tampoco se libra Euskadi. Aunque las instituciones y líderes políticos vascos se ufanan en afirmar públicamente que es un fenómeno residual, cada vez surgen más voces que apuntan que hay bastante más de lo que sale a la superficie. Los tribunales investigan ahora una decena de casos y en el último año han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal en otra media decena.
El principal pendiente y el de mayor gravedad es el llamado 'caso De Miguel', el apellido del ex número dos del PNV de Alava y ex diputado foral, imputado junto a otras 10 personas (en su mayoría ex cargos peneuvistas y familiares) en una presunta red de corrupción urbanística. A Alfredo De Miguel se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava tras las 24 grabaciones realizadas por una abogada en una causa en la que se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos. El caso lleva en investigación cuatro años y medio aunque le parece que la instrucción está a punto de finalizar tras la recepción a final de año del esperado informe de la Ertzaintza sobre el caso.
También se habla de saqueo al dinero público en el caso Epsilon, el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace cinco años por el Gobierno Ibarretxe que supuso la pérdida de 50 millones de euros de ayudas públicas, 16 millones del Gobierno vasco y el resto del central. El proyecto ofrecía datos sospechosos, como que la empresa creada por Joan Villadelprat tuviera un capital social de solo 90.000 euros y recibiera esos 50 millones en créditos y subvenciones. Su promotor, el conocido directivo en la Fórmula 1 Joan Villadelprat, ya ha sido condenado al pago 900.000 euros y la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes.
La lentitud de la Justicia en Euskadi para aclarar otra presunta irregularidad tiene su ejemplo en el caso Zubiaurre, el supuesto espionaje informático en una sociedad pública del Gobierno vasco (la SPRI) protagonizado por Antton Zubiaurre, quien fue uno de sus máximos directivos durante ocho años. Este sumario lleva más de tres años de investigación pero está bloqueado desde hace año y medio. También han pasado dos meses y medio desde que concluyó el juicio sin que se conozca el fallo contra el empresario vizcaíno Jabyer Fernández, acusado de no pagar 43 millones de euros a Hacienda. En este caso se mezcla la relación entre un empresario y el poder, que se vuelve en contra del primero por enfrentarse a las instituciones.
Otras situaciones de presunta corrupción se localizan a nivel municipal. El ex alcalde y actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Xabier Legarreta, (PNV) está imputado de dos delitos urbanísticos por una operación que supuso un quebranto de 3,4 millones para las arcas municipales. El alcalde de Loiu, Bizente Arteagoitia, (PNV) otro edil actual y ocho ex concejales más (los hechos sucedieron en 2006 ) de este municipio están imputados por un delito de prevaricación al conceder una licencia para la construcción de un chalé. Dos fallos judiciales anteriores han confirmado la nulidad de la licencia concedida por el ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia ha confirmado que se ocuparon terrenos públicos.
El anterior regidor de Lemoa, Javier Beobide, (PNV), fue juzgado en diciembre por presunta prevaricación por la creación de una bolsa de empleo de manera irregular. Beobide saltó a la luz pública por gastarse la pasada legislatura hasta 16.000 euros en la compra de puros. Además, junto a otro concejal peneuvista y cinco trabajadores del Ayuntamiento, ingresaron casi 50.000 euros en dietas de kilometraje sin ninguna justificación. El PNV obligó a Beobide a darse de baja en el partido por estos hechos, denunciados por Bildu, que nos los ha llevado a los tribunales ni la Fiscalía ha actuado de oficio. Los tribunales también deben dirimir lo ocurrido en Lezama, donde dos constructoras han demandado a la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV) por el proyecto urbanístico de recalificar el solar de su familia en una zona inundable, un plan anulado por la Justicia en 2008 pero que se ha vuelto a presentar de manera idéntica por el consistorio.
Las anomalías en la gestión se han sucedido, aunque sin que exista demanda en los tribunales, en localidades como Alonsotegi, que, pese a ser el segundo municipio vasco más endeudado por habitante (más de 1.600 euros por vecino), se gastó casi 8,6 millones de euros sin justificar, según refleja un informe de la interventora municipal. Este dinero procede de una sociedad municipal, dedicada a gestión urbanística y que funcionó entre 2003 y 2011, cuando se disolvió dejando un agujero de 4,1 millones que fue asumido por el Ayuntamiento. En Zalla está en entredicho la gestión de dos vertederos, uno oficial y otro clandestino. El primero, uno de los más grandes de Euskadi, ha incumplido el permiso del Gobierno vasco, que no ha adoptado ninguna medida, y causa contaminación . En Balmaseda, el hasta hace poco alcalde y parlamentario vasco Joseba Zorrilla (PNV) ha visto archivada sin que se practique ninguna diligencia una adjudicación "a dedo" de la gestión del polideportivo a una mujer “muy cercana al PNV”, quien además explotó el servicio sin ningún contrato y sin ninguna tarifa aprobada por el pleno.
La actuación de la Justicia se ha visto salpicada también por la gestión de los concursos mercantiles, lo de las empresas en quiebra, puesto que jueces vascos han elegido a dedo a los administradores que luego les han invitado a congresos. Estos concursos son un negocio muy estimado para los administradores. El Gobierno vasco se ha visto igualmente afectado este año al destituir de su cargo Agustín Elizegi, director de EJIE, la sociedad pública de informática por su implicación en una adjudicación de 1,4 millonaria de una contrata a una empresa para la que trabajó anteriormente.
Algunas de todas estas irregularidades en la gestión del servicio público se repiten año tras año en los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a los que en basantes ocasiones se hace caso omiso, sobre todo en las adjudicaciones a dedo y en el fraccionamiento de los contratos para evitar el control de lo que se gasta con el dinero de todos. El Tribunal de Cuentas ha constatado como el anterior gobierno del PSE concedió a dedo seis subvenciones por casi nueve millones o que EITB adjudicó a dedo durante 2010 servicios por 4,2 millones de euros.
* El Diario - Alberto Uriona - 1.1.14
Foto: Vitoria, parque tecnológico de Álava - lks
Málaga.- Urbanismo recibe presiones para anular las sanciones por obras irregulares en 160 chalés
Está bien recordar este tipo de noticias para darse cuenta de la situación por la que pasa, y ha pasado, el urbanismo en este país. Las presiones políticas sobre los técnicos urbanistas han sido escandalosas y delictivas en casi todas las ocasiones. La corrupción político-financiera ha campeado a sus anchas mayoritariamente, si bien es verdad que, en algunos casos, se ha contado también con la ayuda técnica necesaria. Solo la integridad y honestidad de algunas personas ha conseguido frenar este fenómeno vergonzoso de chantaje, pero muchos técnicos han agachado la cabeza y comulgado con intereses especulativos en los que ellos no sacaban beneficio. Han callado por defender solamente su puesto de trabajo, algo éticamente reprobable, sin duda.
"LAOPINIÓN* : Los responsables de la Gerencia de Urbanismo de Málaga estudian dejar sin efecto los más de cien expedientes abiertos por construcciones ilegales a otros tantos vecinos de la urbanización Villa Arenal debido las presiones y sugerencias que reciben a través de la concejala del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, zona donde se asienta la urbanización, según confirmaron ayer fuentes de la propia Gerencia a este periódico. Según estas mismas fuentes, los más de 160 expedientes abiertos se encuentran de momento paralizados en Urbanismo y su impulsora, la jefa de Disciplina Urbanística de la Gerencia, Teresa Domingo, ha sido apartada del caso.
Este asunto de disciplina urbanística habría derivado, según estas fuentes, en un conflicto entre la concejala Teresa Porras y la responsable de Disciplina Urbanística, lo que ha motivado incluso que planeara el cese de la jefa de Urbanismo.
Los expedientes sancionadores se encuentran ya prácticamente terminados y ha sido en este punto del proceso administrativo cuando la responsable del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, ha intervenido para presionar a Urbanismo e impedir que concluyan en una sanción para los vecinos que hayan cometido una irregularidad urbanística, según las fuentes de la propia Gerencia. Porras habría logrado el respaldo del concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, y del gerente, José Cardador, logrando que, de momento, los expedientes se paralicen.
El concejal de Urbanismo reconoció ayer a este periódico que el asunto se ha convertido en un problema, tanto por la amplitud de los expedientes abiertos, –más de 160– como por la gravedad de algunos de ellos, así como por la actitud «poco amistosa» de algunos vecinos.
Respecto a las intenciones de la concejala Teresa Porras y de otros responsables del distrito, Pomares rechazó que «existan presiones» y definió su trabajo como «de mediación». «Los responsables del distrito quieren lo mejor para sus vecinos e intentan solventar el tema salvando los intereses de esos vecinos». También quiso ser claro respecto a si aprueba el trabajo realizado en este sentido por la jefa de Disciplina Urbanística y señaló que «más que a Teresa apruebo y avalo el trabajo total del departamento».
El conflicto urbanístico con los vecinos de Villa Arenal se inició en julio del año pasado cuando a consecuencia de una denuncia, los responsables de Urbanismo comprobaron la existencia de cientos de casos de incumplimiento de la legalidad urbanística. Un recorrido en helicóptero, con la presencia de la propia Teresa Domingo, permitió detectar fotográficamente decenas de ilegalidades. La inspección permitió comprobar como las edificaciones realizadas sin los permisos correspondientes abarcaban desde la cubrición de una pérgola hasta la construcción de piscinas, cierres de trasteros e incluso la ampliación de viviendas para disponer de más espacio habitable.
Como consecuencia de ello se abrieron decenas de expedientes disciplinarios que convulsionaron la urbanización que se levanta junto a la vieja fábrica de Intelhorce. Algunos de los vecinos optaron por demoler lo construido ilegalmente para evitar sanciones, mientras que otros iniciaron conversaciones con el distrito y con Urbanismo para intentar legalizar lo construido sin licencia.
Producto de todo ello es que hay unos 160 expedientes abiertos por construir ilegalmente. La responsable de Disciplina Urbanística, amparándose en la legalidad, ha continuado con la tramitación de los expedientes.
* La Opinión - 15.1.14
Foto: Aspecto de una parte de la urbanización Villa Arenal, junto a Intelhorce.- La Opinión
Jerez.- Imputan un nuevo delito al exalcalde Pacheco
"ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : El titular del juzgado de instrucción nº4 de Jerez de la Frontera ha dictado un auto en el que explica que hay indicios que apuntan a que Pacheco y a otros excargos municipales, como Luis Cruz, exresponsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cometieron prevaricación, falsedad continuada en documento oficial y fraude a la Administración, en concurso con un presunto delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa.
En el auto, el juez da por finalizada la instrucción del caso y pide a las partes personadas en él que presenten sus escritos de calificaciones y las peticiones provisionales de condena que trasladarán en su día al juicio, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
El juez acusa en el escrito a un total de once personas, entre ellas Pacheco y Cruz, otros excargos municipales, el ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, Francisco Gómez, y un constructor, por cargar a las arcas municipales las obras de reforma de la casa que la hermandad tiene en la aldea de Almonte.
El juez explica que en el 2006, cuando Pacheco era primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el entonces hermano mayor de la hermandad contactó con el Ayuntamiento para pedir una ayuda para esta reforma. Pacheco se comprometió, según el auto, a que el Ayuntamiento se hiciera cargo de las obras, que se facturarían aparentando obras menores en barriadas de Jerez que nunca se hicieron, de tal forma que el proceso no exigiera licitación pública.
Se hizo un primer proyecto que tenía un presupuesto de 300.000 euros y un segundo que lo cifró en 77.000 euros. Las obras fueron ejecutadas y finalizadas en primavera del 2007, el mismo año en el que, tras unas elecciones, hubo cambios en el gobierno municipal, tras lo que las irregularidades fueron descubiertas y las facturas no fueron pagadas.
El ex hermano mayor de la hermandad imputado en el caso ha asegurado hoy a Efe que tiene "la conciencia muy tranquila" porque él se limitó a pedir una ayuda al Ayuntamiento para adecentar el salón y la fachada de la casa de la organización en El Rocío. "Los ayuntamientos siempre han sido el paño de lágrimas de las hermandades, porque no tienen recursos. También he llamado a las puertas de particulares para pagar el arreglo de una carreta", señala Francisco Gómez, que asegura que el Ayuntamiento se hizo cargo del trabajo y que él no fue consciente de que el procedimiento fuera irregular.
El ex hermano mayor, que es contratista de obra, explica que el constructor que llevó a cabo la reforma, también imputado, le solicitó después a él que la hermandad abonara la factura "por un precio abusivo", a lo que el se negó porque el trabajo se le había encargado "directamente" por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se encargo del proceso.
* Andalucía Información - EFE - 8.1.14
Foto: El exalcalde jerezano Pedro Pacheco.EFE.
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¿Del parque de Estambul al bulevar de Gamonal?
La corrupción urbanística de los últimos años ha destrozado numerosas ciudades en todo el país. Pero también ha ocurrido en otros países, aunque quizás no con la impunidad que aquí. Los ciudadanos normalmente son ajenos a las cuestiones técnicas del urbanismo, pero cuando les tocan lo suyo (el bolsillo) saltan como resortes. Es más hay muchos casos, como Marbella por ejemplo, en que los propios vecinos han sido partícipes de la propia corrupción político-financiera. Aquí ahora se presenta una curiosa comparativa con el precedente de Estambul donde el estallido inicial fue urbanístico, pero por detrás había otras cuestiones sociales muy graves, como en Burgos.
"JUAN LUIS SÁNCHEZ* : Qué potente es la idea de que lo que sucede en el barrio burgalés de Gamonal, donde cientos de vecinos impiden que avancen las obras del bulevar proyectado por el Ayuntamiento, tiene sus lazos con la resistencia del parque Gezi de Estambul, donde también un proyecto urbanístico fue el detonante de la acampada más grande de todas las que han visto las revueltas interconectadas desde 2010. Pero, ¿de verdad es comparable?
Por un lado, sí:
Es por una obra…
Esta era la idea para el Parque Gezi, junto a la plaza Taksim de Estambul: un centro comercial que sustituyera árboles y paseos.
La idea para Gamonal es un parking subterráneo donde las plazas se venderían a los vecinos por un dineral para evitar los aparcamientos autorregulados, que muchas veces creaban una doble fila crónica.
… pero en realidad, no es por una obra
Muchos de los manifestantes que conocí en el Parque Gezi de Estambul no habían estado en aquel parque nunca. Los primeros manifestantes se ataron a los árboles, sí, pero el parque no se defendió como bien ecológico sino como símbolo de mucho más: del hastío ciudadano a la injerencia en sus vidas de los poderes, contra la lógica comercial de un gobierno, el de Tayyip Edorgan, cada vez más intervencionista para saciar la agenda social conservadora islamista y cada vez más liberal para seguir creciendo en los ambientes del neoliberalismo económico y engordar la figura de la Turquía del crecimiento. En realidad, todo estalló porque la policía cargó salvajemente contra un grupo inofensivo de ecologistas y aquello fue la prueba definitiva de la soberbia del gobierno.
Tampoco hay nadie en Burgos que se manifieste solo para que le dejen aparcar como toda la vida. La obra en Gamonal es solo el detonante que también retrata ese ambiente de: mira, suficiente tenemos con todo lo que está pasando, con el fraude democrático en el que vivimos, con la estafa que está siendo la crisis como para que encima me toques también mi calle, como si no hubiera otras cosas que hacer.
Tanto Gezi como la calle Vitoria de Burgos son entornos públicos, mantenidos por el estado, pero sobre los que los vecinos reclaman una titularidad común para mantener una reglas no escritas de uso.
Distorsión mediática esquivada en redes
El silencio mediático de los grandes grupos a lo que empezaba a pasar en la plaza Taksim y Gezi se ha convertido ya en icono de la protesta: a la hora en que empezaban los primeros disturbios, transmitidos en directo por algunas cadenas internacionales, la televisión turca emitía un documental sobre pingüinos. La manipulación posterior de las semanas de acampada fue apabullante.
En el mundo tal y como lo conocíamos, ese ahogo informativo habría servido para disminuir la presión sobre Gezi. Pero en este en el que ya vivimos, el intento de censura lo que provoca es un efecto rebote en redes sociales, y la generación hiperconectada de clase media turca convirtió Internet en su mejor aliado contra las agendas mediáticas oficiales, en poder de grupos con enlaces económicos y políticos muy claros con el Gobierno de Erdogan.
En Burgos, el promotor del proyecto de Gamonal es el dueño del Diario de Burgos, que este lunes se descuelga con un artículo de opinión sin firmar y escrito por alguien que hace mucho tiempo que no escribe para que le lean. Vamos, que no es algo que escribiría el editorialista del periódico. Se titula ‘Las diez grandes mentiras’ sobre Gamonal y no tiene desperdicio.
El otro periódico de Burgos, El Correo, también pertenece a otro constructor.
Como en Gezi, los vecinos de Gamonal han tenido que llamar la atención de los medios “de Madrid” a través de las redes sociales. Solo a través de las redes sociales llegaba uno a contenidos donde los protagonistas no fueran todos, absolutamente todos, encapuchados de negro y con cara de cabreo previolento. “Grupos violentos radicales de ultraizquierda”, se podía leer en varios medios como en los turcos hablaban de çapulcus, es decir, vándalos y perroflautas. Porque como todo el mundo sabe, la ultraizquierda radical es muy de defender la doble fila.
Pero por otro lado, no:
Sí, pero no.
El centro de la elite blanca, laica y joven del cruce entre los países árabes, Europa y Asia no es un barrio de trabajadores de Burgos. Analistas como Olga Rodríguez identificaron la pobreza en el sustrato de las protestas de Estambul, entre otros factores. Pero también es verdad que sobre el terreno mi percepción era que se trataba de una elite, laica y de izquierdas, la que tiraba del carro en una lucha desesperada contra el ascenso de otra nueva élite, tradicionalista y a la vez muy entregada al capitalismo global.
La Plaza Taksim de Estambul es un mito político en Turquía. Es un lugar clásico y frecuentado por las movilizaciones sociales y casi un lugar de peregrinación para las manifestaciones de la izquierda laica. Los alrededores de Gezi-Taksim son los de un barrio comercial, moderno, burgués, lo más ‘occidental’ dentro de Estambul, con edificios altos de hoteles lujosos mezclados con interminables aceras de restaurante de comida para llevar con cuatro mesas y con cada vez más starbucks por metro cuadrado. Gamonal es un barrio de trabajadores, que una vez estuvo tan a las afueras de Burgos que en realidad era un municipio parte, luego anexionado.
La movilización de Estambul, no, no era vecinal. Taksim y Gezi eran más bien el concentrador de todos los grandes problemas políticos, económicos, religiosos y territoriales de Turquía. Los alevíes, kurdos, feministas o musulmanes comunistas llegaron a aquella plaza para yuxtaponerse (no dialogaron mucho entre ellos, no había una estrategia común) y hacer el ruido que todos escuchamos, usando las redes y las tecnologías aportadas por una juventud apartidista que prestó ese servicio a todos los descontentos con Erdogan como fórmula para mantenerlos a todos con ellos.
Lo de Gamonal, por ahora, tiene mucho más de lucha vecinal en un terreno que sí, es un símbolo como decíamos antes, pero también muy real, muy cotidiano, mucho más que Gezi para los jóvenes turcos: los aparcamientos del barrio. Es una reivindicación que conecta con muchos ejemplos de la tradición política de la España del crecimiento y el pelotazo, más que con una cumbre global de desencantos.
La comparación entre lo que pasó en Estambul y lo que sucede en Gamonal es seductora e inevitable, pero también metida un poco con calzador. Cualquier ebullición política va acompañada de nuevas palabras, nuevos puntos de vista, nuevas subjetividades, nuevos conceptos, nuevas realidades que antes eran ajenas y que ahora conectan casi automáticamente. Eso hemos aprendido. Pero las cosas no se pueden explicar antes de que ocurran o lo que se crean no son nuevas lógicas sino nuevas doctrinas.
* El Diario blog - juanlusanchez.com - 13.1.14
Foto: Burgos, proyecto bulevar Gamonal - eldiario
Gamonal y el fantasma de Méndez Pozo
Como ya se ha indicado antes en este blog, el caso de rebelión ciudadana por corrupción urbanística en el barrio de Gamonal de Burgos ni es el primero ni probablemente será el último. Pero sí destaca aquí la intensidad que ha adquirido en una ciudad que otras veces ha agachado la cabeza ante el caciquismo 'popular' local. El hartazgo vecinal ha llegado hasta rebosar el vaso y ahora clama contra la prepotencia de un alcalde insensible, salvo para sus intereses privados, y una mafia financiera-empresarial que actúa a sus anchas por toda la ciudad. Destaca el empresario, constructor y mediático, Méndez Pozo, que ya en su día fue condenado por corrupción y que siempre está en la sombra sobre todo lo que ocurre en Burgos (y otras ciudades).
"ELCONFIDENCIAL* : Burgos ya no es sólo morcilla y frío. Desde el pasado viernes, los vecinos de Gamonal han acaparado la atención mediática para reivindicar su rechazo a un bulevar. Por el camino, manifestaciones diarias, bloqueo de obras y destrozos de mobiliario han servido para garantizar el interés nacional de un conflicto local. “No creo que sea símbolo de nada”, explica la geógrafa Begoña Bernal, profesora de Patrimonio Urbano y Patrimonio Natural de la Universidad de Burgos y experta como autora de trabajos como “De Gamonal a Burgos. Un capítulo en el desarrollo urbano de la ciudad de Burgos”.
“Gamonal es un barrio muy popular, de clase trabajadora, muy concienciado, afectado por el paro y por tanto con pocos recursos ahora para comprar las plazas de garaje (19.000 euros) que propone el Ayuntamiento”. Sin entrar en cuestiones técnicas, como la dificultad de construcción subterránea por el agua (Gamonal se levanta sobre el desaparecido Río Pico y entre el Arlanzón y el Río Vena), la profesora Bernal explica lo ocurrido en Gamonal como la reacción natural a “una actuación municipal innecesaria, que pretende transformar la mejor y principal calle, el eje vertebrador de toda la ciudad”.
Por si fuera poco, en este conflicto aparece en escena uno de los monstruos favoritos de Burgos, el promotor inmobiliario (Río Vena) y empresario de medios (Promecal) Antonio Miguel Méndez Pozo. El millonario dueño del Diario de Burgos y también presidente de la Cámara de Comercio, uno de los poderes fácticos regionales, aparece entre medias una vez más, como viene ocurriendo a lo largo de los últimos 40 años, desde que comenzó a despuntar como empresario del ladrillo junto a prebostes burgaleses de finales del Régimen, como relata José María Chomón en el libro “El Jefe”.
Esta vez ha bastado con que la firma de ingeniería, arquitectura y urbanismo MBG, gestionada por un hijo de Méndez Pozo, fuera responsable del diseño del proyecto (por el que ha cobrado 240.000 euros) para que su nombre y su pasado carcelario (condenado a tres años de prisión por el Caso Construcción de Burgos) salga de nuevo a la palestra, a pesar de que la obra -presupuestada en 8 millones de euros- corre a cuenta de las constructoras burgalesas Arranz Acinas y Copsa. “Es fácil enganchar a Michel por su pasado”, lamenta una persona de confianza de su equipo directivo.
El clima de tensión ha convertido la sede del Diario de Burgos en cita obligada de las movilizaciones. “No se puede ser tan parcial en una ciudad tan pequeña”, subraya un indignado de Gamonal, agraviado por la línea editorial del periódico sobre este tema. “Este caso demuestra que el poder real está concentrado en muy pocas manos. Hay que evitar que sean siempre los mismos actores los que toman las decisiones que nos afectan a todos”. Y en Burgos, con una población de 180.000 habitantes, el barrio rebelde representa un 35% de la población y vota PP como primera fuerza política desde 2011.
Promesa electoral
El bulevar de la discordia pretende remodelar, a su paso por Gamonal, un tramo de la infinita Calle Vitoria (levantada sobre la antigua nacional Madrid-Irún), el eje que atraviesa toda la ciudad y une el centro con su satélite. Como si de la reforma del aborto se tratara, el alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle (1969), pretende llevar a cabo su promesa electoral al pie de la letra, independientemente del número de voces críticas existente. Para la profesora Bernal, “esto es resultado del hartazgo generalizado. La gente está harta de tanta prepotencia y cansada de hacer las cosas por las buenas”.
Israel Hernando es uno de los vecinos que ha salido a la calle estos días. Forma parte de Bulevar Ahora No, movimiento vecinal que recogió el testigo de otra plataforma anterior que se disolvió días antes de que se iniciaran las movilizaciones. “¿Te imaginas que en Madrid cortan la Gran Vía para hacerla peatonal, sin consensuar con nadie? Gamonal necesita otras cosas antes, como ayudar a su gente”. Y a continuación cita de memoria la lista de recortes sociales (sanidad, guarderías, alumbrado, seguridad vial…) que ha sufrido el barrio durante el periodo de crisis para demostrar que sobran los motivos.
“La lucha de Gamonal es una lucha social. La ciudadanía rechaza la forma en que se gestiona el dinero público”. Es la opinión de Mónica Ibáñez, profesora de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. “Hay un claro desencanto popular. Un barrio obrero, azotado por el paro, ve todo esto como un insulto y reacciona. No hace falta que haya algo orquestado. Las cosas pueden formarse por inercia, pero es cierto que nunca nos vale con la realidad y necesitamos trascender. El bulevar es la representación de algo que se considera innecesario, pero la cuestión no es el bulevar en sí mismo”.
Promesa electoral
El bulevar de la discordia pretende remodelar, a su paso por Gamonal, un tramo de la infinita Calle Vitoria (levantada sobre la antigua nacional Madrid-Irún), el eje que atraviesa toda la ciudad y une el centro con su satélite. Como si de la reforma del aborto se tratara, el alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle (1969), pretende llevar a cabo su promesa electoral al pie de la letra, independientemente del número de voces críticas existente. Para la profesora Bernal, “esto es resultado del hartazgo generalizado. La gente está harta de tanta prepotencia y cansada de hacer las cosas por las buenas”.
Israel Hernando es uno de los vecinos que ha salido a la calle estos días. Forma parte de Bulevar Ahora No, movimiento vecinal que recogió el testigo de otra plataforma anterior que se disolvió días antes de que se iniciaran las movilizaciones. “¿Te imaginas que en Madrid cortan la Gran Vía para hacerla peatonal, sin consensuar con nadie? Gamonal necesita otras cosas antes, como ayudar a su gente”. Y a continuación cita de memoria la lista de recortes sociales (sanidad, guarderías, alumbrado, seguridad vial…) que ha sufrido el barrio durante el periodo de crisis para demostrar que sobran los motivos.
“La lucha de Gamonal es una lucha social. La ciudadanía rechaza la forma en que se gestiona el dinero público”. Es la opinión de Mónica Ibáñez, profesora de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. “Hay un claro desencanto popular. Un barrio obrero, azotado por el paro, ve todo esto como un insulto y reacciona. No hace falta que haya algo orquestado. Las cosas pueden formarse por inercia, pero es cierto que nunca nos vale con la realidad y necesitamos trascender. El bulevar es la representación de algo que se considera innecesario, pero la cuestión no es el bulevar en sí mismo”.
El pasado de Gamonal puede ayudar a entender el presente incendiario. No hace mucho, en el año 2005, el entonces alcalde popular, el exministro Juan Carlos Aparicio, renunció a los planes municipales de construir un parking en el barrio ante la oposición violenta de los vecinos. Ahora como entonces los problemas de circulación y aparcamiento son característicos, hasta el punto de que en algunas perpendiculares a la Calle Vitoria los coches en doble fila se aparcan sin freno de mano echado para poder ser desplazados. Pese a todo, el Ayuntamiento vuelve a disponer y los vecinos, a rechazar.
Esta particular idiosincrasia de Gamonal tiene raíces históricas. Hasta 1955 fue un municipio independiente. Ese año, Burgos incorporó bajo su perímetro a la remota aldea fechada en 935, cuando sólo era un asentamiento de campesinos ubicado en el radio de influencia del Castillo de Burgos, según explica Luis Castro, profesor del IES Félix Rodríguez de la Fuente en el trabajo “Apuntes para la historia de Gamonal de Río Pico”. El desarrollo de aquel enclave, cruce de caminos jacobeos y entorno propicio para la planta del gamón, corrió en paralelo al de Burgos hasta la mitad del SXIX.
* El Confidencial - Carlos Hernanz - 14.1.14
Foto: Burgos, asamblea vecinos Gamonal - elconfidencial
El Consejo de Europa alerta sobre la corrupción en España y la politización de la Justicia
A propósito de casos vergonzosos de urbanismo salvaje como el del Algarrobico, viene el Consejo de Europa, a estas alturas, a señalar la preocupación existente por la corrupción en este país. Un poco tarde parece este rasgarse las vestiduras en Europa cuando ya se llevan más de 10 años de escándalo tras escándalo. Eso sí, pone el dedo en la llaga al advertir la implicación delictiva de diputados y altos mandos judiciales (CGPJ) en que se haya llegado a esta lamentable situación. Pero tampoco el Consejo Europeo sanciona ni exige nada urgentemente a España, simplemente lo denuncia y 'solicita' cambios. Poco riesgo tiene esa recomendación de cambio. Demasiado poco exigente.
"REPÚBLICA* : Un informe emitido este miércoles por el Consejo de Europa alerta de la preocupación que existe en este organismo por la "proliferación de escándalos de corrupción" que "debilitan la credibilidad de las instituciones españolas". El informe ha sido elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y, al hilo de los casos de corrupción, se detiene especialmente en el ámbito judicial, donde asegura que sus expertos han recibido quejas del "riesgo de politización" que existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por "el modo de elección que permite a los partidos políticos repartir los puestos del CGPJ entre sus candidatos".
Ante esta situación, recomienda que se analice el marco legislativo que rige el CGPJ y "sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano". El informe también pide incluir "criterios objetivos" y "reglas de evaluación" para nominar a altos funcionarios judiciales.
En este sentido, pide que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Supremo y los presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia sean nominados “sin dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia del proceso”.
En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, el informe solicita revisar el método de selección, ya que, a pesar de todas las garantías, la “percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante”. Así, pide que se realicen esfuerzos para que la Fiscalía “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asegura que, salvo casos aislados, “no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”.
El informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia que entró en vigor hace un mes, la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción y el papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales latinoamericanas. También se da cuenta del “papel clave” que desempeñan jueces y abogados individuales en la lucha contra la corrupción y les pide que “se mantengan alerta ante el riesgo de perder su imparcialidad e integridad”.
Pero, sobre todo, los expertos del Greco lamentan que España estuviera en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo y el año pasado se situara en el puesto número 30. Sin citar los escándalos, el informe constata que España “ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”. Recuerda además que la crisis económica “ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos”, lo que ha hecho que “la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima”.
Entre las recomendaciones que hace el texto, destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria, que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos e intereses financieros, y la introducción de reglas sobre la relación con los grupos de presión.
El informe es el cuarto que realiza el Greco sobre España y tiene como objetivo analizar el cumplimiento de los estándares del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción. En concreto, se evalúa la “Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales”.
Para la elaboración del informe, el Greco (organismo del Consejo de Europa al que pertenecen sus 47 estados miembros más EEUU y Bielorrusia) envió un cuestionario a las autoridades españolas y un grupo de expertos realizó una visita a España entre el 10 y el 14 de junio de 2013. La delegación estaba compuesta por Yves Marie Doublet, director adjunto de la Asamblea Nacional francesa; James Hamilton, ex fiscal general de Irlanda; Hans Nelen, catedrático de Criminología en la Universidad de Maastricht (Holanda); y Djuro Sessa, juez del Tribunal Supremo croata. Durante su visita, mantuvieron encuentros con jueces, fiscales, parlamentarios del Congreso y el Senado, representantes del Ministerio de Justicia, ONG, académicos y periodistas.
Las autoridades españolas deberán presentar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.
* La República - EFE - 15.1.14
Foto: Bruselas, inetrior Consejo de Europa - EFE
Estado y Junta consideran 'cosa juzgada' que la licencia del Algarrobico vulnera la ley
Ya no se sabe si reír o llorar por el caso del famoso hotel ilegal de El Algarrobico. Han pasado 10 años (diez) desde que el ayuntamiento de Carboneras (Almería) concediera la licencia para su construcción y, gracias a la acción ciudadana, se consiguió su paralización, cuando ya se levantaba como un buque varado en medio de una playa vacía y protegida. Una historia rocambolesca ha permitido que todavía no se haya derribado por la acción de la débil justicia y de una Junta de Andalucía que también lo consintió inicialmente. Ahora veremos cómo y cuándo se termina de resolver este caso emblemático de la corrupción urbanística que ha asolado este país en los últimos 15 años. Una vergüenza que demuestra el poco valor que en España se ha dado a todo lo concerniente al urbanismo salvaje y al medio ambiente. En esto también somos diferentes al resto de Europa.
"EUROPAPRESS* : Abogacía del Estado y Junta de Andalucía piden que se confirme "íntegramente" la sentencia que ordena revisar la licencia para el hotel de El Algarrobico. En la vista oral que se celebra en audiencia pública ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambas partes han remarcado que el permiso municipal aprobado en 2003 es "contraria" a las normativas sectoriales en materia de Costas y medioambiental.
Así, el letrado de la Abogacía del Estado ha indicado que la sala "no tiene más remedio" que declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo por el que se aprobó la licencia ya que concurren los requisitos para considerar que la mercantil adquirió derechos contra el ordenamiento jurídico.
Al igual que el letrado de la Junta, ha hecho hincapié en que la vulneración de la Ley de Costas "es cosa juzgada" al existir tres sentencias en firme del Tribunal Supremo (TS) que sostienen que la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en la franja costera en la que se levanta el establecimiento de 20 plantas y 411 habitaciones es de 100 metros y, por tanto, la construcción la invade de forma parcial.
Han remarcado, asimismo, que estas resoluciones "tienen potencia para influir en el sentido de fallo" que vaya a dictar la sala y avalan "totalmente el razonamiento del juez" de Almería que dictó la resolución de septiembre de 2008 por la que se apuntó la nulidad de la licencia.
En el mismo sentido se ha pronunciado el letrado de la Junta, quien ha subrayado que se está "ventilando" si el citado permiso de obras "incumple" en materia de Costas y ambiental, y en este último caso, ha recordado que se trata de un "debate estéril" ya que, por sentencia de junio de 2012, está publicada en BOJA la calificación del suelo sobre el que se asienta el hotel como "espacio protegido no urbanizable".
Si bien ninguna de las dos administraciones, ni estatal ni autonómica, han hecho alusión a la demolición de lo edificado en el paraje enclavado en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sí la ha interesado subsidiariamente el abogado de las asociaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, quien ha recordado que en los recursos que dieron lugar a la sentencia ahora en litigio se solicitaba que se condenase al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia concedida en enero de 2003, se paralizasen las obras --como así ocurrió en 2006-- y se iniciase el expediente para "la demolición de lo construido y la restablecimiento de la legalidad urbanística por ser las obras ilegales e ilegalizables".
Domínguez, quien ha sido el último en exponer las alegaciones ante el tribunal, ha advertido de que el alcalde carbonero, Salvador Hernández (Gicar), ya ha trasladado su intención "públicamente" de "hacerlo aunque declarando la validez de la licencia" por lo que de que ha reclamado al tribunal que vaya "más lejos" y no acote el fallo a obligar a la revisión de oficio del acuerdo de comisión de gobierno por el que se autorizaba la edificación del hotel de Azata del Sol, .
En la audiencia pública, que ha contado con la asistencia de simpatizantes de Greenpeace que vestían camisetas con el logo del colectivo conservacionista y que ha quedado vista para sentencia después de poco menos de dos horas y media, el Ayuntamiento y la mercantil Azata también han coincidido, en este caso, para cuestionar la competencia del magistrado que dictó la sentencia en discusión, Jesús Rivera, para pronunciarse sobre la normativa urbanística que "amparó" la concesión de la licencia, que correspondería al TSJA según han dicho, y defender su actuación como "irreprochable".
"20 AÑOS DE CONFORMIDAD DE JUNTA"
También han coincidido en arremeter contra la Junta, que, según ha destacado el letrado del Consistorio, "ha estado más de 20 años prestando conformidad a las normas de planeamiento urbanístico relativas al hotel sin ningún tipo de impugnación ni deslegitimización de las Normas Subsidiarias o del Plan Parcial del Sector ST-1" del paraje del Algarrobico sobre el que se levanta el hotel".
En esta línea, ha expuesto que no procedería obligar a revisar el permiso de obras concedido a Azata ya que ni esta ni ninguna de las herramientas urbanísticas que precedieron a su aprobación "fueron impugnadas en tiempo y forma" y, por tanto, serían "firmes". Ha remarcado el abogado municipal que "cumplía los requisitos reglados" por ley y "no había motivo alguno para no concederla" al tiempo que ha argüido que si el tribunal ordena su revisión sería "contraria a los principios de equidad y buena fe en función del principio de seguridad jurídica".
"No se puede estar cambiando a una cosa u otra porque las Normas Subsidiarias en las que se basó están aprobadas por la Junta", ha apuntillado. Ha indicado que "no se puede achacar" al Ayuntamiento que incumpliese la normativa medioambiental ya que el Algarrobico era "área urbanizable" en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994 como "así lo reconoció y ratificó la Junta" al aprobar las citadas normas, lo que no obstante entra en contradicción con lo dicho en firme en junio de 2012 por el Alto Tribunal andaluz, que considera que era "espacio protegido no urbanizable".
Por su parte, el abogado de Azata ha realizado un extenso alegato para justificar la "legalidad de la licencia", en el que ha reiterado, pese a la jurisprudencia en torno al caso, que "es absolutamente incierto" que el Plan Parcial del sector ST-1 "tuviese que estar sometido a la Ley de Costas" en lo que califica de "error incompresible" del magistrado Rivera. Ha remarcado además que cuando la sociedad adquirió los terrenos en 1999 a otras dos mercantiles, los vendedores, entre ellos "la Junta", dijeron que el suelo "no estaba sujeto a ninguna limitación que resultara del parque natural".
"Con esa información en la compra había la firme creencia de que la ampliación del espacio protegido no afectaba al sector ST-1 y además en la documentación informativa de la Junta se establecía que ese suelo correspondía a zona D2 o áreas urbanizables".
AZATA, "VÍCTIMA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS"
En este punto, y tras entrar en consideraciones acerca una "supuesta extralimitación" del juez de Almería y acerca de la demora o incumplimiento presunto de plazos por parte del ministerio para ejecutar el deslinde en la franja litoral de El Algarrobico y de los recurrentes para impugnar la licencia, el letrado de la promotora ha lamentado que la "víctima" de "todas estas irregularidades" haya sido "una sociedad inversora que no ha ido a Almería a buscar problemas y que está sufriendo las gravísimas consecuencias de tanta irracionalidad".
"Se ha acusado como un defecto el no haberse revisado el plan parcial de acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley de Costas --ya derogada-- cuando lo cierto es que esa revisión directa la deberían haber hecho Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Nadie actuó y se dejó a Azata en una situación de extrema debilidad", ha apuntillado.
Por último, tanto el abogado de Azata, que ha sostenido que "los vicios" de la sentencia obligan a su revocación, como el del Ayuntamiento, han cuestionado al magistrado Jesús Rivera por señalar en septiembre de 2008 que la "licencia es nula" cuando "era materia ajena" a su competencia y han rechazado "radicalmente" lo que estiman como "descalificaciones" ya que reprochó a Junta y Ayuntamiento "una burda maniobra para orillar" la declaración de suelo protegido no urbanizable del suelo.
Cronología del Algarrobico (El País)
3 de marzo de 2003. Carboneras (Almería) concede la licencia de obra.
30 de abril de 2005. Ecologistas solicitan al fiscal que investigue.
17 de noviembre de 2005. El BOE publica que la zona de deslinde de costa que afecta al hotel es de 100 metros.
2 de diciembre de 2005. Costas inicia la expropiación del hotel.
22 de febrero de 2006. Un juez paraliza de forma cautelar la obra del complejo hotelero porque podría vulnerar la ley de Costas.
30 de marzo de 2006. Obras Públicas impugna ante el juzgado la licencia municipal para construir el hotel.
10 de mayo de 2006. La Junta anuncia que ejercerá su derecho de retracto y comprará las parcelas.
5 de septiembre de 2008. Un juzgado la licencia de obras.
4 de noviembre de 2010. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima el recurso de súplica del Ayuntamiento de Carboneras contra la decisión de prohibir cualquier actuación urbanística en el sector
27 de marzo de 2012 El Tribunal Supremo dictamina que el hotel vulnera la Ley de Costas al invadir parcialmente la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.
5 de julio de 2012. El Gobierno central y la Junta recuperan el consenso para demoler el hotel.
8 de enero de 2014. El TSJA rechaza los recursos de la constructora del hotel y confirma que la propiedad del suelo en el que se asienta es de la Junta.
* Europa Press - 14.1.14
Foto: El Algarrobico, hotel ilegal - turismo
