La historia de corrupción urbanística en Marbella continúa, ahora toca juzgar el 'caso Goldfinger' que viene de finales de los noventa con la recalificación de una parcela perteneciente al conocido actor escocés S.Connery, tras una serie de convenios irregulares en la época más salvaje del GIL con el ladrillo. La justicia solo actuó a partir de 2007 y ya veremos cómo y cuándo acaba esta trama de corrupción con Roca y el exalcalde Muñoz como principales acusados.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 156 años de prisión para los 16 acusados del conocido como caso Goldfinger, que investiga la recalificación urbanística de la parcela de la casa de Sean Connery en Marbella y un supuesto fraude fiscal en la venta de las 72 viviendas que se construyeron después en este suelo. El exalcalde Julián Muñoz se enfrenta en este procedimiento a una petición de pena de cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, considerado inductor de los mismos delitos y autor de otro de cohecho pasivo (recibir sobornos), se expone a ocho años de prisión.
El escrito provisional del ministerio público acusa también, entre otros, a cinco exconcejales del GIL, a un empresario, a dos abogados, a otros tantos empleados de banca y a tres asesores fiscales.
El caso Goldfinger arrancó en 2007 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que incluía varios convenios con supuestas irregularidades de la época más salvaje del GIL con el ladrillo. En este procedimiento hay tres acuerdos urbanísticos que están en entredicho. Inicialmente se investigaba también un supuesto blanqueo de capitales, aunque el juez instructor, cuando ordenó continuar la causa contra estas 16 personas, hizo una pieza separada sobre este delito a la espera de los datos de una comisión rogatoria enviada a Uruguay.
La acusación, por tanto, distingue dos vertientes: las supuestas irregularidades urbanísticas y “los mecanismos” presuntamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de los apartamentos y derivar dinero hacia el extranjero. Las sociedades implicadas son Malibú S.A., que era propiedad del matrimonio Connery y estaba representada por los dos abogados acusados, del despacho Díaz-Bastién de Marbella; y By The Sea, en manos también de los dos letrados. Uno de ellos se enfrenta a 34 años de prisión y otro, a 26 años. Sus peticiones de pena se sustentan principalmente en supuestos delitos contra la Hacienda Pública.
Según Anticorrupción, fueron Roca y estos abogados, junto al empresario acusado, quienes urdieron “la trama” para “beneficiar a los dueños de ambas entidades”. Uno de los convenios se firmó con Malibú S.A. y los otros dos, con By The Sea, que había adquirido la finca colindante a la de los Connery y que después se hizo también con el suelo del actor y de su mujer Micheline. El fiscal tacha esta sociedad de “opaca”.
La nueva configuración urbanística, con los solares agrupados, supuso “un notable” incremento de edificabilidad y, donde apenas se permitía la construcción de media docena de viviendas, se autorizaron finalmente 72 apartamentos. Los convenios, además, incluirían menos aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento de los que en realidad le correspondían y se habría realizado una tasación “a la baja” de su valor. Todo esto habría derivado en un supuesto perjuicio para las arcas municipales de 2,77 millones de euros.
Los acuerdos con Malibú y By The Sea fueron rubricados por Julián Muñoz (actualmente está en prisión y pendiente de las sentencias del caso Malaya y Saqueo II) y las licencias al proyecto básico y de ejecución se concedieron en sendas comisiones de gobierno en mayo de 2002 y en abril de 2003. En ellas, participaron los exconcejales acusados.
La fiscalía también cree que Roca, encarcelado desde su detención por el caso Malaya en marzo de 2006, iba a recibir como “contrapartida” a los supuestos favores prestados dos apartamentos del complejo Malibú, aunque su arresto “truncó” que pudiera disponer de las casas. Según el escrito de Anticorrupción, también habría existido una falsedad documental, con los dos empleados de banca implicados, para que Roca no figurara como beneficiario de los apartamentos.
Fue la sociedad By The Sea la que se encargó de la venta de las viviendas, un producto de lujo ubicado entre la Milla de Oro y Puerto Banús. La construcción del complejo se inició en 2002 y concluyó en 2005 y el precio de escritura de 69 de las viviendas (tres se las quedó la sociedad promotora) se elevó a 126,6 millones. Anticorrupción estima que la explotación de la promoción habría deparado más de 53 millones. Dada la enorme carga fiscal por estos “elevados ingresos”, los acusados vinculados a By The Sea idearon “un mecanismo defraudatorio” para evadir el pago de impuestos y “colocar” el dinero fuera del país. Por ejemplo, la sociedad habría declarado pérdidas “ficticias” relacionadas a la compra de Malibú S. A.
007 aguarda en silencio en Bahamas
Sean Connery y su mujer Micheline, retirados en Bahamas, fueron imputados en el caso Goldfinger en mayo de 2010. La pareja puso en venta su chalé de Marbella (Casa Malibú) a finales de la década de los 90, cuando decidieron abandonar la Costa del Sol huyendo del ladrillo del GIL, y ahí se encuentra el origen de los convenios por los que ahora acusa la fiscalía. Desde que se descubrió un posible nexo de los Connery con estos hechos supuestamente delictivos, el juez instructor ha intentado sin éxito tomarles declaración para saber si tenían conocimiento de lo que había pasado.
El magistrado, visto el resultado, fijó el pasado mayo un plazo de seis meses y advirtió de que si no hay respuesta a la comisión rogatoria enviada a Bahamas, tendrá que decidir si opta por dictar sendas órdenes internacionales de búsqueda y detención contra ellos. Se ha formado una pieza separada y el asunto ha continuado su trámite judicial al margen del actor y de su esposa. Para el instructor, existen indicios de la participación de los Connery, aunque también estima que "el control" lo tenían los dos abogados imputados en la causa. Por eso quiere escuchar su versión. Sin embargo, todo han sido "impedimentos" y no hay respuesta a los requerimientos judiciales.
Después de intentar otras vías que no dieron resultado, la primera comisión rogatoria se remitió a Bahamas en marzo de 2011 y a lo largo de este año se han hecho dos recordatorios a petición del juez, en marzo y en mayo. Si no hay cambios, el magistrado tendrá que decidir en noviembre si procede o no ordenar la búsqueda y captura de los Connery.
* El País - ESPERANZA CODINA Málaga 9 AGO 2013
Foto: Muñoz y Roca, en el juicio por el 'caso Saqueo II'. / CHEMA MOYA ((EFE))
Marbella.- La fiscalía pide 156 años para los 16 acusados por el caso de Sean Connery
El aeropuerto de Ciudad Real, a subasta por 100 millones tras costar... 1.000
El despilfarro en infraestructuras de transporte que ha habido en los últimos años, tiene uno de los ejemplos más sangrantes en los nuevos aeropuertos que se construido inútilmente, bajo condiciones de pura especulación político-financiera. El de Ciudad Real es paradigmático al respecto, mientras los responsables políticos y la Caja que lo financió continúan sin asumir sus responsabilidades ante el fracaso. La justicia, como siempre, calla ante esto, cómplice también de que nadie pague penalmente por estos graves delitos públicos.
"ELCONFIDENCIAL* : Más de 1.000 millones de euros de gasto para obtener un retorno de (como mucho) 100 millones. Todo un negociazo. Así es como se presentan las últimas cenizas del faraónico aeropuerto de Ciudad Real, que acaba de entrar en liquidación para salvar parte de la deuda y decir adiós cuanto antes a uno de los mayores representantes de la España del despilfarro público. Así lo ha ordenado el juez encargado de vigilar los movimientos de la infraestructura desde que entrase en concurso de acreedores hace tres años. El magistrado ha ordenado a la administración concursal que haga una relación de bienes a fin de vender la masa activa de la infraestructura.
Todo se haría mediante una subasta en la que el precio de partida serían 100 millones de euros, una cifra cercana a la que se manejó en los rumores de venta de hace tres años. En caso de no encontrar comprador, se llevaría a cabo una subasta privada que, en caso de ser igualmente infructífera, daría paso a una subasta judicial.
100 millones para paliar una deuda de 529
Aunque el aeropuerto se vendiese, la cifra obtenida no sería, en ningún caso, suficiente para solventar los alarmantes niveles de deuda que viene soportando. En el primer informe concursal, los administradores establecieron una deuda de 319 millones de euros, adquirida con los múltiples acreedores de la infraestructura y con las entidades bancarias que concedieron préstamos para la solvencia del proyecto.
Sin embargo, en febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) sentenció que el justiprecio establecido en las expropiaciones de los terrenos circundantes al aeropuerto -cuando el Gobierno de C-LM modificó la ley para permitir la recalificación del suelo rústico en industrial- era muy inferior al que se había aplicado. Así, el TSJCM sumó 210 millones de euros a una deuda que actualmente es de 529 millones, cinco veces por encima del precio de partida para la venta de las instalaciones. Una venta que, además, ni siquiera aseguraría el mantenimiento de la licencia de vuelo.
Los administradores concursales, los primeros en cobrar
Si se llegase a vender el aeropuerto, los administradores concursales encargados de gestionarlo durante los tres últimos años serían los primeros en cobrar sus sueldos, estimados en cerca de dos millones de euros por cabeza.
Tras ellos, los 71 trabajadores despedidos en el último ERE. Los últimos en la lista de cobros serían los proveedores del aeropuerto, algunos de los cuales fueron, precisamente, los que iniciaron el proceso que desembocó en el concurso de acreedores.
Se intentaría, de este modo, dar carpetazo a una infraestructura que no solo ha tenido gran parte de culpa del hundimiento de Caja Castilla-La Mancha (con hasta un 68,28% de las acciones), sino que, además, ha concedido indemnizaciones millonarias a algunos de sus directivos y ha hecho uso de las empresas de los propios accionistas para construir el aeropuerto.
* El Confidencial - Carlos Otto - 7.8.13
Foto: Ciudad Real, aeropuerto terminal - EFE
El 43% de la costa mediterránea ya es cemento
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Greenpeace ha presentado su informe anual 'Destrucción a toda Costa 2013' en el que analiza la situación de los primeros 500 metros de costa municipio por municipio. La situación es de máxima gravedad, ya que, además, la nueva Ley de Costas aprobada por el gobierno 'popular' aumenta el desastre urbanístico actual al permitir la privatización del litoral y reducir la franja de dominio público.
"INFOLIBRE* : Cerca de un cuarto del litoral español está urbanizado, cifra que aumenta hasta el 43% por ciento en el mediterráneo según el estudio 'Destrucción a toda costa' elaborado por Greenpeace. Pilar Marcos, responsable de la campaña, ha vaticinado que "si continuara el nivel de construcción, en 2030, el Mediterráneo estaría cubierto al 100 por cien". La organización ecologista ha presentado este jueves el informe en el que analiza la destrucción de los primeros 500 metros de costa en cerca de medio millar de municipios, lo que supone el 0,55% de la superficie del país.
Impacto de la nueva Ley de Costas
Desde la organización instan a los municipios a declararse insumisos en la aplicación de la nueva Ley de Costas. El informe ya advirtió en ediciones anteriores de que el litoral español ha perdido el terreno equivalente a ocho campos de fútbol al día en las últimas dos décadas, pero en esta ocasión aumenta el nivel de alerta por la nueva ley que, a su juicio, aumentará la desprotección del litoral y facilitará su privatización.
Mantener el ritmo de construcción actual en la costa mediterránea junto con la desprotección promulgada por la nueva Ley de Costas provocará el colapso total del litoral en un plazo de 124 años.
Mala gestión
La organización apunta a la burbuja inmobiliaria como responsable de malas prácticas como la construcción de urbanizaciones difusas responsables del 53% de las superficies artificiales. Igualmente, durante la presentación del informe Greenpeace ha cifrado en 140 millones de euros el coste público derivado la gestión incorrecta.
Según el estudio la tasa de destrucción de suelo natural en estos 500 metros fue de dos hectáreas diarias entre 1987 y 2005 aunque la proporción varía sustancialmente entre comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las que tienen una mayor franja de la costa ocupada, con un 51, 44 y 36% respectivamente. En el lado contrario, Asturias (9%), Cantabria (14%) y Pasís Vasco (15%) mantienen la ocupación más baja.
En la misma línea, el record de velocidad en la destrucción de suelo costero lo ostentan Castellón, Valencia y Almería. Marcos ha querido llamar la atención precisamente sobre el ritmo de los permisos. "Con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes”, ha lamentado.
Los municipios más destruidos
Calp (Alicante), Calvià (Mallorca) y Chiclana de la Frontera (Cádiz) encabezan la clasificación de las localidades en que la destrucción ha sido mayor de acuerdo con el aumento de la superficie artificial en los primeros 500 metros de costa entre otros indicadores.
El informe subraya además que un gran volumen de construcción aumenta exponencialmente el riesgo de exposición a inundaciones o torrentes debido a que es la franja más cercana a la costa la que sirve de barrera de protección.
* Infolibre - LEIRE ALBINARRATE - 8.8.13
Foto: Vera (Almería), nueva urbanización - greenpeace
Territorio y ciudad para después de la crisis
Pese al desastre ocurrido en el país, son muchos los que piensan en volver al urbanismo salvaje de los últimos años. Interesante artículo sobre la difícil situación actual por estos catedráticos de economía.
"MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO* : Desde hace años, el modelo territorial español viene girando hacia una ciudad cada vez más dispersa. El gran protagonista de la reciente fase expansiva de la economía española ha sido el sector de la construcción, debido a la conjunción de tres factores: nuestra integración en la zona euro, que ha permitido disponer de financiación abundante y barata; las políticas de liberalización del suelo, que han puesto en el mercado ingentes cantidades de suelo, y la extrema descentralización de las decisiones de planeamiento urbanístico, que han hecho del suelo y de la vivienda un simple subyacente sobre el que se ha construido una inmensa burbuja inmobiliaria y financiera.
En el periodo 1997-2007, la contribución directa de la construcción al crecimiento económico ha sido superior a un 20%. Un 53% del aumento de la inversión se debió a la construcción, que pasó del 12% al 15,5% del PIB. De los más de seis millones de nuevos empleos creados, el 23% lo fue en la construcción. Y a ello hay que añadir los efectos arrastre, que elevaron el peso de la construcción y de los sectores ligados a ella hasta algo más de un tercio del valor añadido bruto (VAB). La vivienda, en particular, ha desempeñado un papel fundamental, aumentando su participación en el PIB del 5% tradicional al 7,5%.
Los efectos de este proceso sobre el territorio han sido devastadores. Según el proyecto Corine Land Cover, entre 1987 y 2006 ha tenido lugar un consumo de suelo de 307.065 hectáreas, elevándose la superficie artificial de España a 1.017.400 hectáreas, un 2,01% del total del territorio nacional, cifras que otros organismos elevan casi al doble. Y los efectos económicos están a la vista: una economía arrastrada en su totalidad por el colapso de la construcción y del sistema financiero; un sistema regulatorio que ha puesto al descubierto sus ineficiencias, al haber creado incentivos perversos para hacer de la ciudad dispersa el combustible necesario del desastre, y un sistema político inerme ante la corrupción que ha propiciado este festín inmobiliario.
Después de seis largos años de crisis, el subsector residencial no ha alcanzado aún su suelo. El número de viviendas nuevas pendientes de venta está en torno a 800.000, pese a que solo se construyen unas 40.000 anuales, menos de un 5% de las que se promovían en la fase expansiva. Los actuales excedentes de viviendas están localizados en amplias zonas del litoral y en urbanizaciones próximas a las ciudades, lo que limita las posibles salidas. La caída de precios de la vivienda nueva ha sido del 36%, y se estima que aún podrían caer un 20% más. Y persisten las restricciones financieras, por el alto endeudamiento de las familias españolas y por la propia situación de las entidades financieras, embarcadas en una política de desapalancamiento y liquidación de sus grandes stocks de viviendas.
Pese a lo ocurrido, son muchos los que, bien con la finalidad de reducir las altas tasas de paro existentes, bien para detener la caída de los precios de la vivienda por su efecto riqueza, están pensando todavía en volver al urbanismo de los últimos años, con ligeras variantes, como la reconversión de parques comerciales no rentables en nuevos complejos residenciales, la rezonificación de espacios obsoletos o la construcción de nuevas infraestructuras que hagan comercializables los activos improductivos existentes. Sin embargo, parece claro que las soluciones no pueden venir de estas medidas, sino de políticas muy distintas.
En un reciente informe de la Comisión Europea sobre las ciudades del mañana, Retos, visiones y caminos a seguir (1911), se señalan las causas de la creciente dispersión de las ciudades europeas y la amenaza que ello representa para un desarrollo territorial sostenible: hace más caros servicios esenciales como la enseñanza primaria y secundaria; exige incesantemente nuevas infraestructuras y mayor consumo energético; produce una sobreexplotación de los recursos naturales y una expansión creciente de las superficies artificiales; genera segregación espacial y exclusión social para quienes no tienen posibilidades de salvar la distancia que los separa de los centros suministradores de servicios, y contribuye al declive económico de los centros urbanos históricos, con el consiguiente despilfarro de recursos y creciente fragmentación entre lugar de residencia y lugar de trabajo.
Debido a todo ello, el consenso científico sobre las ventajas de la ciudad compacta se ha hecho prácticamente unánime, y en España, como en buena parte del mundo, se vuelve la mirada a la ciudad existente con dos visiones distintas, no necesariamente opuestas entre sí: como un ámbito para crear nuevos empleos y relanzar la construcción en un campo insuficientemente explotado, la rehabilitación, y como una oportunidad para cambiar la mentalidad sobre el urbanismo y para crear un nuevo marco legal que contemple los procesos de intervención de forma coordinada.
En la primera de estas visiones pueden inscribirse las propuestas de la patronal CEOE y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que han pedido recientemente un plan general de rehabilitación. Una actuación sobre 250.000 viviendas al año podría crear 135.000 empleos directos y reducir en casi 70 millones de toneladas las emisiones de CO2. Esta fue antes la orientación de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Y esta parece ser también la del anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, aprobado por el Gobierno en abril de este mismo año.
Pero ello no es suficiente. De la actual crisis inmobiliaria deberían sacarse algunas conclusiones para formular propuestas de mayor calado con el objetivo de poner fin a un modelo territorial y urbanístico que se viene mostrando extraordinariamente nocivo para la economía española en los últimos 50 años. Entre otras, las siguientes: el urbanismo de difusión, al servicio de la creación de productos urbanos como simples valores de cambio, debería dar paso a un urbanismo de carácter integrado, en el que las acciones urbanísticas se combinen con las de desarrollo económico y social en el marco de una política de cohesión territorial; esto no debería ser incompatible con intentar recuperar el nivel histórico de actividad del subsector residencial de la construcción, mediante un plan general de rehabilitación de la ciudad compacta que diera respuesta a los excesos de años pasados; las actuales competencias territoriales de las administraciones públicas deberían revisarse para evitar que continúen produciéndose desequilibrios territoriales, económicos y fiscales; debería incentivarse una reestructuración empresarial con medidas tales como certificaciones de calidad, o exigencia de requisitos mínimos de entrada, para tener un empresariado más profesional y menos vulnerable al ciclo económico, y, en todo caso, las políticas que se arbitren deberían tener un sesgo redistributivo a favor de los españoles que más han sufrido en esta crisis inmobiliaria y financiera.
* Manuel Martín Rodríguez y José Luis García Delgado son catedráticos de Economía Aplicada, en nombre del Círculo Cívico de Opinión.
* El País - Opinión - 4.8.13
Foto: Maravillas Delgado
Sareb vuelve a caer en el modelo que las cajas siguieron en la burbuja inmobiliaria
Al llamado banco malo, Sareb, habría que llamarlo más bien banco corrupto, ya que vuelve a caer en prácticas pasadas que condujeron a la burbuja inmobiliaria, de tan lamentable recuerdo en la crisis/estafa que padece el país. Lo primero que destaca en este banco atípico es su opacidad, ya que no se sabe nada de cómo actúa y en beneficio de quién, aunque imaginamos que de los de siempre, del poder financiero internacional.
"ELCONFIDENCIAL* : La primera gran venta institucional de viviendas realizada por el banco malo (Sareb), la 'operación bull' cerrada el martes por 100 millones de euros, ha generado muchos aplausos, pero también críticas porque tiene mucho más riesgo del que parece. En realidad, Sareb no cobra la venta de esos activos, sino que se asocia con el comprador -el fondo HIG Capital- para aparcarlos en un vehículo en el que mantiene el 49% de la propiedad y del riesgo. Será cuando ese vehículo venda a terceros las 939 viviendas cuando Sareb conseguirá el beneficio esperado... o tendrá que asumir la pérdida correspondiente. Este modelo es muy similar al utilizado por la banca española, en especial las cajas de ahorros, durante el boom del ladrillo, cuando creaban vehículos con promotores inmobiliarios locales en los que participaban al 49% para que no consolidara en sus cuentas.
Estas participaciones fueron una de las fuentes principales de pérdidas cuando estalló la burbuja; de hecho, Sareb ha recibido muchas de ellas de las entidades rescatadas.
Es innegable que es la primera gran operación inmobiliaria de vivienda de segunda residencia en la costa (con algunos activos también de Madrid) que se realiza en España desde el inicio de la crisis, que la subasta ha atraído a numerosos fondos internacionales y que el precio, a decir de varios expertos consultados, es bastante alto (aunque habría que conocer la calidad de estos activos, cosa que Sareb no ha detallado). Todo elementos positivos para reabrir el maltrecho mercado inmobiliario español.
Pero la fórmula escogida no convence a mucha gente en el mercado: se trata del primer FAB (Fondo de Activos Bancarios), una especie de fondo de titulización con ventajas fiscales que va remunerando a los inversores en función de los ingresos que se vayan obteniendo por el alquiler y la venta de estos inmuebles. En este vehículo, el fondo HIG tendrá un 51% del capital y el FROB, el 49%. ¿Por qué se hace así? Según fuentes del mercado, porque los inversores no se atreven todavía a entrar directamente en el mercado español y prefieren ir acompañados por el banco malo para reducir su riesgo. "Saben que el Gobierno no se puede permitir que salga mal el banco malo", afirma una de estas fuentes.
En cambio, la versión oficial de Sareb asegura que esta fórmula le permite beneficiarse también del 49% del upside; es decir, espera que estas viviendas puedan venderse más caras en los próximos años y de esta forma se apuntará la mitad de esa subida de precio. Esta fórmula, llamada equity partnerships, funcionó muy bien al banco malo de EEUU (Resolution Trust Corporation). Pero entonces, ¿por qué vende ahora y no espera hasta entonces para aprovechar el 100% de dicha subida? La respuesta es que Sareb está obligada a vender desde ya para ir reduciendo su ingente deuda y cumplir con sus planes de negocio. Ante esta tesitura, prefiere hacerlo con esta fórmula y maximizar el beneficio.
El problema es que, si no se cumplen las expectativas y el mercado, en vez de recuperar, sigue cayendo, lo que maximizará serán las pérdidas al tener que asumir el 49% de las mismas. "Es exactamente la misma filosofía de la banca durante la burbuja", explica otro experto. "Entonces, aparte de financiar a los promotores, participaban con ellos mediante joint ventures y así maximizaban el beneficio. Cuando se hundió el mercado, perdieron tanto por el préstamo como por la participación". "Después de la operación bull, todo el mundo va a querer hacerlo igual, mediante un FAB, con lo que Sareb no va a poder desprenderse realmente de los activos", vaticina el primer experto.
Plan de negocio a cuatro años
Según las fuentes consultadas, el plan de negocio del FAB se extiende durante menos de cuatro años, en los que intentará obtener una rentabilidad de entre el 15% y el 20%, que es lo que exige este tipo de fondos a sus inversiones. Para ello, el FAB tendrá aproximadamente un 70% de equity (capital) y un 30% de deuda, aunque no han trascendido las condiciones de la misma. Esto permite un cierto apalancamiento, que eleva la rentabilidad de la inversión una vez descontados los intereses del préstamo. Asimismo, cuenta con una línea revolving de hasta el 10% del volumen total para acometer inversiones y reparaciones en los inmuebles, que no consumirán capital.
La estructura del vehículo es muy compleja y contempla una cascada de pagos entre Sareb y HIG, de forma que vayan obteniendo la rentabilidad de una manera equilibrada. Del mismo modo, la asunción de pérdidas será equilibrada si la cosa sale mal, es decir, no hay ningúntipo de garantía ni EPA (esquema de protección de activos) para el fondo, ni siquiera de las primeras pérdidas. Según las fuentes, con el precio de venta de 100 millones, el gestor de estos activos (la inmobiliaria Monthisa, de la familia Montoro) va a tener que esforzarse mucho para lograr el objetivo fijado de rentabilidad.
Sorpresa por la derrota de Lone Star
En el mercado ha causado mucha sorpresa que el ganador no haya sido Lone Star, el gran favorito de la puja. Como reveló El Confidencial en mayo, este fondo norteamericano fue el que seleccionó junto a Sareb los activos que iban a integrar este paquete en una negociación bilateral. Sin embargo, la presidenta del banco malo, Belén Romana, dio marcha atrás y puso en marcha una subasta competitiva que es la que se resolvió el martes con HIG como ganador.
Según las fuentes consultadas, gracias a la subasta Sareb ha conseguido una ganancia potencial mucho mayor que la que habría obtenido con la venta directa a Lone Star. La clave de la victoria de HIG ha sido la estructura planteada , muy diferente de la propuesta por Lone Star en la suya.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 8.8.13
Foto: bloques viviendas - elconfidencial
Los diez puntos más aberrantes del litoral español
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Greenpeace acaba de hacer público su informe anual ‘Destrucción a toda costa 2013' donde analiza por municipios la situación en todo el litoral del país. A pesar de la crisis/estafa inmobiliaria, otro año más se vuelven a ver los mismos problemas de exceso de edificación en los primeros metros costeros, sobre todo en las zonas donde ha abundado el urbanismo salvaje. A continuación se muestran los peores ejemplos elegidos este año.
*PÚBLICO* : Como si una grúa gigante hubiera engullido el litoral sin saciarse. Este es el panorama visible en gran parte de las playas españolas después de casi dos décadas de burbuja inmobiliaria. Para hacerse una idea: entre 1987 y 2005, la costa ha perdido una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día, tal y como evidencian las imágenes recogidas durante este tiempo por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dentro del proyecto europeo Corine Land Cover y que Greenpeace recoge en su último informe 'Destrucción a toda costa 2013'.
Por primera vez, la ONG ecologista analiza los primeros 500 metros de costa municipio a municipio. "La urbanización a escala municipal es una de las claves más importantes para analizar lo que ha pasado y puede pasar en un futuro inmediato" señala el estudio, sobre todo desde que la nueva Ley de Costas "otorga a los ayuntamientos una nueva herramienta para urbanizar, o no, su litoral".
El documento muestra por lo general un horizonte lleno de ladrillo que sólo ha venido a menos a raíz del parón provocado por la crisis económica. Pero existen municipios que tiene el dudoso honor de encabezar la lista de los que más han destruido su litoral a base de cemento.
La Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas Canarias son las autonomías que han destruido su costa más rápidamente durante los últimos 18 años. Málaga, Alicante, Barcelona y Valencia, se revelan como las provincias con más costa urbanizada.
De una lista de las 25 peores localidades, el top 10 -ordenado alfabéticamente, no por la mayor o menos destrucción- lo conforman Calpe (Alicante), Calviá (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia).
El top 10 de la destrucción de costa
CALPE
Con edificaciones verticales de gran altura, asemejándose a Benidorm como continuación de su núcleo urbano. Supone un fuerte impacto paisajístico. Tiene grandes urbanizaciones dispersas, con ocupación de salinas, marismas y zonas de gran valor ecológico. Las construcciones de las zonas ambientales de gran valor afectan a áreas de interés arqueológico. Todo construido con un gran desorden urbano. El 70% de su primera franja está ocupada y el incremento anual de la superficie es de casi un 0,5% anual. Todos estos impactos son muy recientes.
CALVIÁ
Tercer municipio del Estado en cuanto a superficie artificial ocupada en la franja de los 500 metros, con 1.150 hectáreas. Aunque tuvo en algún momento políticas de contención de la demanda con el derribo de algunos hoteles, el impacto ambiental y la ocupación siguen siendo muy importantes. El 63% de su primera franja está ocupada. Es la segunda ciudad de Mallorca y casi la mitad de la población es extranjera. Es el municipio turístico de mayor importancia de la isla, y el cuarto municipio de España en número de pernoctaciones.
CHICLANA DE LA FRONTERA
Pasa de 80.000 a 300.000 habitantes en verano. Destaca el gran número de segundas residencias, muchas de ellas ilegales. Entre 2003 y 2006 se enfrentó a 15 supuestas ilegalidades urbanísticas e incluso el TSJA anuló la aprobación definitiva de su PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). De hecho, en 2007 Chiclana superaba a Marbella en el número de viviendas ilegales: 40.000. Su superficie artificial crece casi al 2% anual y la mitad de su franja costera ya está urbanizada en la actualidad.
CUBELLES
Su costa es una de las que presenta mayor presión del litoral catalán. Además, su grado de ocupación es superior al 75% y su incremento anual de la superficie artificial es del 1,6%. Sus playas están totalmente transformadas con espigones que intentan mantener la arena de las playas y un paseo marítimo que se extiende durante kilómetros y confina la arena en una pequeña franja. Son playas fuertemente erosionadas que se ven fragmentadas por una vía de tren paralela a la costa.
OLIVA
Casi la mitad de su franja de los primeros 500 metros está ya ocupada. No en vano, es el municipio que más ha aumentado su superficie artificial desde 1987 y ha multiplicado casi por siete el número de ocupaciones en la primera línea. No obstante, y a pesar de estos datos, ha sido indultado en la nueva Ley de Costas.
ORPESA
Uno de los mejores ejemplos de la burbuja inmobiliaria. Su construcción ha sido imparable, como muestra el hecho de que posee uno de los porcentajes más elevados de incremento anual de superficie artificial, casi un 2%. Marina D'Or, la mega urbanización construida en su totalidad en zona de servidumbre de protección, pertenece a este municipio. En 2020 tendría el 92% de sus primeros 500 metros de costa ya construidos de seguir con la tendencia actual.
SANT JOSEP DE SA TALAIA
Este entorno paradisiaco está acosado por grandes urbanizaciones, separadas unas de otras. Los accesos cancelados y hoteles en primera línea hacen que se haya privatizado de manera no formal el acceso público a la costa. La nueva Ley de Costas da vía libre a que se privaticen una gran parte de sus salinas. Todo esto, a pesar de que parte de la costa de Sant Josep está protegida bajo la Red Natura 2000.
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
El 41% de su costa ya está urbanizada. En Maspalomas se encuentra el primer destino mundial en la oferta de apartamentos y bungalows. Considerado el municipio turístico más importante de España por la extensa zona turística urbanizada de su costa (las tradicionales playas de San Agustín, playa del Inglés, Maspalomas y la más reciente de Meloneras). Es uno de los municipios con un tipo de turismo más depredador, lo que ha incluido a esta localidad en diferentes programas de reestructuración del turismo.
VERA
A pesar de ser una de las zonas de mayor riesgo de inundación, más de tres cuartas partes de sus 500 metros de litoral están ya urbanizados. Su superficie urbanizada se ha multiplicado por tres. Cada año, su superficie artificial aumenta un 2,7%, una de las tasas de crecimiento mayores de toda España. De continuar en estos parámetros, para 2020, ocuparía vez y media la superficie actual disponible.
ZIERBENA
Actualmente, el 61% de su franja de los primeros 500 metros está urbanizada, y durante los años de locura urbanística su superficie artificial aumentó un 1,17% por año. Las marismas y zonas de importante valor natural han sido sustituidas por la refinería de Petronor y actividades logísticas. Esta gran planta, propiedad de Repsol, fue amnistiada por el Gobierno socialista, lo que permitió que se invadiese la costa. Su deterioro no se ha frenado ya que dragados y nuevos planes urbanísticos siguen destruyendo la playa de La Arena.
Entre 1987 y 2005, la tasa diaria de construcción en los primeros 500 metros de costa fue de más de dos hectáreas diarias, pasando de 58.000 hectáreas a casi 72.000 en tan sólo 18 años.
En palabras de María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace "los datos de nuestro informe muestran una costa inundada de ladrillo. Sirven para reflexionar sobre lo que ha sucedido y decidir qué tipo de gestión del litoral queremos en el futuro."
* Público - BLANCA CAMBRONERO - 8.8.13
Foto: Calpe (Alicante), urbanismo caótico - greenpeace
Madrid.- Los recortes y la burocracia dejan sin rehabilitar 186.000 viviendas
La Comunidad de Madrid, presidida entonces por E.Aguirre (PP), aprobó en mayo de 2009 un plan de rehabilitación para un periodo de cuatro años con un presupuesto de 350 millones de euros; pero no se gastado ni un solo euro, mientras casi 200.000 viviendas y familias se han quedado sin esas ayudas indispensables. Algo inadmisible ya que, como aquí se ha dicho en numerosas ocasiones, la rehabilitación debe suponer el mayor interés de un gobierno en estos tiempos de exceso de vivienda nueva. Es necesario cambiar los planteamientos en cuestión urbanística y exigírselo a las administraciones.
"ELPAÍS* : Cuando el dinero se acaba, se acaba también con efecto retroactivo: no solo no se pueden financiar nuevos proyectos, sino que tampoco se pueden pagar aquellos que estaban ya comprometidos. En el caso de la Comunidad de Madrid, y más en concreto en lo que atañe a las ayudas para rehabilitación de viviendas, los apuros económicos del Gobierno han convertido en papel mojado el plan aprobado para el cuatrienio 2009-2012, periodo en el que deberían haberse rehabilitado 186.000 viviendas y no se arreglado ni una de ellas.
Pero, además, el Ejecutivo regional ha dejado sin efecto las ayudas aprobadas en 2001 para subvencionar la rehabilitación de pisos antiguos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas; los vecinos debían poner parte del dinero, y la Comunidad y el Gobierno pondrían el resto. Pues bien, 12 años después, la Comunidad no solo no ha puesto ni tan siquiera la mitad de lo que se comprometió, sino que ahora ha decidido que el resto no lo va a poner, dejando así a los vecinos plantados.
La rehabilitación de viviendas “ya no es una prioridad política sino una absoluta necesidad”, aseguró el viceconsejero regional de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Carabante (PP), el pasado abril en la Asamblea. Según dijo, el 55% de las viviendas de la región tienen más de 30 años, y el 20% tiene más de medio siglo. Además, añadió Carabante, la rehabilitación supone un 35% de la actividad del sector de la construcción en la región (10 puntos más que la media española), y genera 15.000 empleos al año.
El Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre (PP), aprobó en mayo de 2009 un plan de rehabilitación para un periodo de cuatro años con un presupuesto de 350 millones de euros. Debían beneficiarse 186.000 familias, que recibirían hasta 27.000 euros por piso; además, 35.000 propietarios podrían contar con hasta 50.000 euros para favorecer así la instalación de 1.750 ascensores. Según recalca el diputado regional socialista Antonio Fernández Gordillo, el Ejecutivo autonómico se gastó 2,4 millones de euros en publicitar el plan.
Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha rehabilitado ni una sola vivienda. De los 350 millones presupuestados, no se ha dispuesto ni un céntimo. El Ejecutivo autonómico apunta que en el periodo 2009-12 ha gestionado y tramitado (pagado) ayudas a la rehabilitación por valor de 133,7 millones… Pero de planes anteriores. Ninguna de las ayudas corresponde al plan de rehabilitación de 2009 a 2012, para el que no se ha convocado absolutamente nada.
Desde la aprobación del plan de 2009-12 ya han transcurrido cuatro años. Es posible que la burocracia administrativa dilate las ayudas, de forma que sea necesario más tiempo para completar el programa de rehabilitación. Prueba de ello es lo ocurrido en la Colonia de San Agustín, en Villa de Vallecas, donde se aprobó un plan similar en abril de 2001 y aún no se han tramitado las ayudas. La Comunidad, “sin un duro”, como dijo Aguirre en julio de 2011, ha cortado por lo sano y ha anulado el dinero que aún debe de ese programa de rehabilitación. Es decir: deja pasar mucho tiempo antes de pagar, y cuando ha pasado ya mucho tiempo decide no pagar. "No hay liquidez", es la justificación del Gobierno regional.
“La sorpresa es que la Comunidad no sólo ha tardado más de 11 años en calificar las actuaciones y en tramitar las supuestas subvenciones, sino que ahora los afectados se encuentran con que reciben órdenes de archivo de esas solicitudes de subvención en virtud de una norma muy posterior al plan, concretamente a aplicando la Ley 4/2012”, critica Fernández Gordillo, para el que “es una injusticia que los vecinos tengan que pagar la incapacidad en la gestión de la Comunidad”.
El plan de inversiones regionales de Puente de Vallecas aprobado en 2000 para el siguiente cuatrienio afectaba a las colonias Sandi, Eugenia, Los Álamos, Fontarrón y San Agustín. En esta última, declarada zona de rehabilitación en abril de 2001, debían arreglarse 2.005 viviendas y 98 edificios. La inversión sería de 10,3 millones, aportados por la Comunidad (2,1), el Gobierno (2,6) y los propios vecinos. Desde entonces, la Comunidad ha puesto solo un millón de euros; el Gobierno ha proporcionado 2,2 millones. Se han rehabilitado 39 edificios y 773 viviendas.
“Se trata de pisos de más de 50 años de antigüedad, para cuya rehabilitación se aprobó un plan en 2001 en cuya financiación colaboraba en un 50% la Administración Central. Los vecinos de la colonia San Agustín confiaron en la Comunidad y anticiparon la financiación para la rehabilitación aun tratándose de personas con escasos recursos, que tuvieron que pedir créditos”, denuncia el parlamentario del PSM.
“Injusto pero legal”
Aguirre aprobó en julio de 2012 una modificación de los presupuestos para ese año (1.045 millones menos) que anuló el plan de rehabilitación en la colonia de San Agustín. El millón de euros en ayudas pendiente nunca llegará a los vecinos. “Es injusto, pero es legal”, expresó Carabante, para reseñar a continuación que las ayudas del Estado se mantendrían. El 22 de julio la ministra de Fomento, Ana Pastor, se reunió con los consejeros autonómicos de Vivienda, que le preguntaron cuándo les llegará la partida de la Administración Central. En la Comunidad la esperan para septiembre.
Cuando la oposición le afeó el retraso de 12 años en la tramitación de las subvenciones, el PP lo achacó a la “falta de coordinación política” durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, argumentando que la táctica del PSOE fue “asfixiar Madrid” para buscar réditos políticos. El propio Carabante afirmó que, frente a esa “interesada descoordinación”, “afortunadamente todo va a ser más sencillo ahora que el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid son del PP”. Ahora ya no hay ayudas que coordinar, porque el propio PP las ha eliminado. Además, el plan de la colonia de San Agustín se aprobó en 2000, cuando el PP controlaba con mayoría absoluta las tres Administraciones. Siguió haciéndolo durante los siguientes cuatro años, sin que ello sirviera de nada a los vecinos.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / JOSÉ MARCOS - 5.8.13
Foto: Madrid, Palacio de Sueca abandonado - elpais
Doce políticos baleares a la sombra
Quizás puedan parecer muchos, pero la realidad es que son bastante pocos y con sentencias débiles en relación con las atrocidades urbanísticas y el saqueo realizado en las islas. La expresidenta del parlamento balear y de UM, MA.Munar, es el caso más significativo, pero tal vez sea por pertenecer a un pequeño partido, porque ya se ha visto el caso del 'popular' expresidente de la Comunidad, J.Matas, que apenas ha sido condenado por la justicia teniendo acusaciones igual de graves.
"ELPAÍS* : Doce políticos del Partido Popular (PP) y Unió Mallorquina (UM) pasan un verano a la sombra, aunque sin mar ni piscinas. Cargan con el peso de la ley y cumplen penas en las cárceles de Mallorca e Ibiza por sus delitos de corrupción. Reiteradas sentencias demuestran y castigan sus negocios sucios en la cara oculta del poder. Entre los reos recientes, hay exprimeras figuras y autoridades: una expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, tres exconsejeros de Gobierno y un exdiputado.
La última en entrar fue este lunes la exgerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antonia Ordinas.
En Baleares SA, apodo de la política de las islas por el sistema de complicidades de clanes de tipo mafioso, según la Fiscalía Anticorrupción, se cobraban comisiones ilegales del 40%, se exigían sobornos de cuatro millones en UM y se daban sueldos públicos de 12.000 euros a militantes para pagar favores y a cambio de no hacer nada. La tasa penal por estos últimos pagos se ha elevado a tres años de cárcel. Ya hay cuatro condenas y doctrina del Supremo.
En una sola consejería balear del PP está probado que se saquearon seis millones de euros. Para no recordar aquellos casos de corrupción, el Gobierno balear ha descolgado de su galería de honores el retrato del expresidente (y exministro) Jaume Matas, condenado por el Tribunal Supremo por tráfico de influencias a nueve meses, rebajando al máximo los delitos y los seis años a los que fue condenado inicialmente. Matas tiene una larga carrera pendiente. En diciembre se someterá a un jurado popular por un supuesto cohecho: un supuesto empleo ficticio con sueldo real para su esposa.
La Audiencia de Palma ha ordenado en los últimos días el ingreso en la cárcel de cuatro exaltos cargos de UM, la minoría bisagra que durante dos décadas decidió y controló las mayorías de gobierno en Baleares y Mallorca, ya fuera con la derecha o la izquierda (PSOE y PSM). Los casos sentenciados corresponden a etapas de gobierno de derechas, pero también progresistas. Ningún político de izquierda está preso.
Entre los reos, dos exprimeras figuras: los expresidentes de UM Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, y un exconsejero de Turismo, Xisco Buils. También entró en prisión un cargo intermedio de Turismo, Antoni Rebassa. Entre rejas, con tres años de reclusión, está el exsecretario general y diputado del partido Tomeu Vicens que, agotada su paciencia, confesó tramas, cobros y delitos e implicó en otras causas a los dos exlíderes, con un horizonte aún complicado.
Por riesgo de fuga —como en el caso de Munar, expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlamento, con dos condenas recurridas—, la Audiencia ordenó el encarcelamiento en Ibiza del exconsejero del Gobierno de Matas (2003-2007), José Juan Cardona, el exalto cargo público del PP (y un auténtico peso pesado) con mayor condena: 16 años. Los jueces situaron a Cardona como jefe de una asociación ilícita en el llamado caso Scala, un asunto marcado por la caja de Cola-Cao con 240.000 euros sucios que entregó la gerente de un consorcio económico público, Antònia Ordinas. Condenada a tres años y ocho meses, por su actuación como arrepentida, Ordinas entró este lunes en la cárcel de Palma.
"Yo soy culpable. Me he equivocado y pagaré", manifestó al entrar en la cárcel de Palma Kurt Viaene, político del Gobierno de Matas del PP. Está condenado a cinco años y medio de reclusión, una pena reducida por colaborar con la Justicia. Viaene, belga, fue director general de Industria con el consejero de Comercio José Juan Cardona, con quien, dijo, se repartió cuantiosas comisiones por contratos y asesorías fingidas. Tras Viaene entrará en el centro penitenciario el exsobrino político de Jaume Matas, el exconcejal del PP de Lloseta Felipe Ferré —otro arrepentido que ha cantado—, con una pena de tres años y tres meses por negocios corruptos con la Administración.
En la cárcel de Palma cohabitan desde hace tiempo un núcleo de tres condenados del PP en el caso Andratx, paradigma de la corrupción ligada el urbanismo desaforado, un práctica destapada en 2006 y ratificada en decenas de condenas por los tribunales. El exalcalde de Andratx, el exguardia civil Eugenio Hidalgo, acumuló penas que suman cuatro años de máximo cumplimiento y ya tiene permisos.
Hasta ocho años de cárcel carga el exdirector del Territorio del Gobierno Matas, Jaume Massot, exjefe de Urbanismo de Andratx, de quien se pregonaba que "era el que más sabía de las islas". Un funcionario de la órbita de Massot e Hidalgo, el celador de obras Jaume Gibert, suma cinco años por reiteración de condenas, aun siendo uno de los primeros arrepentidos que ayudó a la Fiscalía Anticorrupción a desnudar los líos y negocios raros del Ayuntamiento.
Personaje al margen es Javier Rodrigo de Santos, que fue número dos del Ayuntamiento de Palma y gerente de la campaña electoral de Jaume Matas. De Santos cumple pena de cinco años por abusos sexuales, tras ser condenado a dos años por malversar fondos con la tarjeta bancaria de la empresa pública de infraestructuras de Palma. De Santos, con cinco hijos, activista católico integrista, tiene permisos de salida.
* El País - ANDREU MANRESA - 6.8.13
Foto: Palma, expresidenta del Consell, Munar, en el juzgado - diariodemallorca
El TSJA suspende un proyecto para hacer 3.000 viviendas en Churriana (Málaga)
El urbanismo malagueño sigue su camino 'desarrollista' apurando las pocas zonas libres que quedan en la ciudad. Ahora es en el barrio de Churriana, junto al aeropuerto y Torremolinos, donde el ayuntamiento pretende realizar un Plan para 3.000 viviendas, nada menos, sin tener garantizado el suministro de agua. La decisión judicial de su suspensión solo entra en este apartado, sin tener en cuenta, además, la gravedad del colapso urbanístico que se produciría en una zona de alta densidad poblacional y problemas de acceso.
"LAOPINIÓN* : Una de las mayores promociones de viviendas previstas en la ciudad ha sido paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que argumenta que no está justificado el suministro de agua para las 3.000 viviendas y el campo de golf que se quieren construir en Churriana, en concreto en la zona conocida como Rojas-Santa Tecla, en la frontera con Torremolinos.
La sentencia, que fue adelantada por la Cadena Ser, argumenta que el plan urbanístico para esta zona no cuenta con el informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente que acredite que se dispone de suficientes recursos hídricos para abastecer este crecimiento y que considera preceptivo para su aprobación.
La sentencia falla a favor de una demanda interpuesta por unos particulares contra este proyecto, aceptando que la tramitación urbanística de este desarrollo no cumple con los informes exigidos por la legislación. La resolución del TSJA insiste en que es insuficiente el informe de la Agencia Andaluza del Agua, realizado en 2010 para la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga donde se contempla este proyecto. Por ello, suspende la tramitación del plan urbanístico de Rojas-Santa Tecla hasta que no se disponga de toda la documentación.
Urbanismo pedirá el informe. El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, restó importancia al impacto que puede tener la sentencia del TSJA en el desarrollo de este proyecto y aseguró que han solicitado una aclaración al tribunal para saber quién tiene que realizar el informe que reclaman. «Cuando tengamos la respuesta oficial, se solicitará sin problema», insistió Pomares, quien descarta que esto suponga un especial retraso en el proyecto.
«Esperamos resolver esto en pocos meses», apuntó el edil, quien señaló que recibieron la sentencia en marzo y están a la espera de que, en breve, reciban la respuesta a la aclaración solicitada para iniciar la resolución del conflicto.
Más crítico se mostró el portavoz del grupo municipal de IU, Eduardo Zorrilla, quien apuntó que esta sentencia «insiste en que no hay informes que acrediten que hay suficientes recursos hídricos para asumir este desarrollo urbanístico».
Zorrilla recalcó que su grupo municipal siempre se ha opuesto a este proyecto, que afirma que sigue el modelo de la burbuja inmobiliaria, con la prevista construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf «y eso no es sostenible». «El Ayuntamiento no puede seguir apoyando proyectos con la misma filosofía de la burbuja inmobiliaria y tiene que empezar a cambiar de criterio», aseguró el portavoz de IU.
El proyecto actúa en una superficie de 1,48 millones de metros cuadrados con 284.670 metros cuadrados edificables.
* La Opinión Málaga - Miguel Ferrary 07.08.2013
Foto: Imagen de la parcela donde se desarrollará el proyecto de Rojas-Santa Tecla. La Opinión
Madrid.- Proceso exprés para legalizar en cinco meses los 22 ámbitos urbanos anulados por el TS
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la Revisión Parcial del Plan General (PGOU) de 1985 y la modificación del Plan General de 1997, que corregía 'defectos' urbanísticos apuntados por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que 'tumbaba' 22 desarrollos urbanísticos de la capital. Lo peligroso y preocupante de este tema, que afecta a 10.000 familias, es que se ha hecho en apenas 5 meses y sin contar con la participación de todos los implicados, a pesar de la información sesgada del PP madrileño en el poder. Algo muy grave para una revisión urbanística tan importante.
"MADRIDIARIO* : El 28 de septiembrre de 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que anulaba definitivamente los planeamientos urbanísticos de 22 desarrollos de la ciudad como Campamento, Arroyo del Fresno, Los Ahijones, Los Berrocales, Valdecarros o Valdebebas por considerar que no se había justificado la desclasificación de terrenos calificados en el Plan General de 1997 como suelo no urbanizable de especial protección. Además, según el tribunal, cuando entre 2007 y 2008 se intentó subsanar esta deficiencia no se hizo de acuerdo a la Ley del Suelo ya que la documentación requerida tan solo fue aprobada por el Pleno municipal y el Consejo de Gobierno de la Comunidad cuando debería haber seguido un trámite parecido al de su aprobación con períodos de información pública y con informes de todos los organismos implicados.
En consecuencia, el Supremo mantuvo la anulación del planeamiento, si bien ratificó la que se había dictado en 2003 que, atendiendo a los recursos presentados, había eximido de la anulación a Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de los Gamos y Camino de los Caleros.
La sentencia supuso un mazazo para el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, los responsables municipales consideran que, en la actualidad, es el principal problema al que se enfrenta la Corporación ya que la inseguridad jurídica creada provocó que se paralizara la urbanización de muchos de los ámbitos previstos y se ralentizara la construcción de viviendas. No obstante, hubo zonas como Valdebebas, donde ya estaban en construcción miles de pisos, que no pudieron interrumpir el proceso. De hecho, a partir de marzo, varias cooperativas comenzarán a entregar 4.500 viviendas que no podrán ser ocupadas ya que los responsables de Urbanismo no pueden concederles la licencia de habitabilidad ya que cometerían un delito de prevaricación.
Ante esta situación, el Ayuntamiento comenzó el mismo mes de octubre un plan de trabajo que pretende, por primera vez en la historia del urbanismo madrileño, hacer una revisión de un Plan General en tan solo cinco meses cuando lo normal es que se tarden dos años. Así en diciembre, Ana Botella tuvo una reunión con todos los representantes de los distintos departamentos de la Administración regional y central implicados y hace tres semanas convocó a todos los subsecretarios ministeriales. Este martes, el Ayuntamiento se reunió con los gestores de las cooperativas que se ven afectadas, especialmente las de Valdebebas a quienes contaron el proceso exprés que se abrirá la próxima semana y que concluirá el 2 de agosto con la aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) de la revisión del Plan General realizada de acuerdo a la ley.
Para ello, el pasado mes de diciembre la Comunidad de Madrid tuvo que aprobar, dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, una norma en la que se fija que en los ámbitos afectados por la sentencia, el urbanismo debía tener como referencia el Plan General de 1985. Según fuentes del Área de Urbanismo, este requisito era imprescindible ya que, al anularse la parte del Plan General de 1997 referida a estos ámbitos y haber dejado el mismo plan sin validez el de 1985, no se contaba con ninguna herramienta para hacer la revisión.
El calendario que se ha fijado el Ayuntamiento es una carrera contra reloj que empieza la próxima semana con la aprobación del avance de la revisión parcial del Plan General de 1985 referido a los 22 ámbitos. Inmediatamente, se abrirá un período de información pública que durará 30 días, tras lo cual se recogerán las alegaciones y, en abril, se aprobará formalmente el avance en el Pleno. Durante el mes siguiente les tocará a las administraciones y empresas de servicios presentarán sus informes en el segundo período de información pública.
Según Urbanismo, ya se han tenido reuniones con los 39 departamentos administrativos y empresas —desde AENA a Iberdrola, pasando por Adif, Carreteras, Patrimonio, Defensa, Red Eléctrica o la Confederación Hidrográfica del Tajo— que tienen que realizar los informes. Con todos ellos se ha acordado que presentarán su informe en ese mes, de forma que el 18 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Madrid apruebe definitivamente la revisión y se remita al Consejo de Gobierno de la Comunidad para que el 31 de julio pueda ser aprobado en la Asamblea de Madrid y sea publicada en el Bocam el 2 de agosto.
Esta revisión incluirá los ámbitos ya con el grado de aprobación urbanística que tienen en la actualidad, lo que supondrá el reconocimiento automático de los planes parciales bajo los que se han desarrollado, lo que evitará tener que aprobar posteriormente nuevos trámites.
La intención del Ayuntamiento de Madrid, que ha creado un equipo de trabajo dedicado en exclusiva a este tema y que trabaja incluso fines de semana, es tener preparada las licencias de primera ocupación de las viviendas ya terminadas para minimizar así el tiempo de espera para habitar sus casas.
* Madridiario - 2.8.13
Foto: Madrid, barrio Valdebebas - elmundo
Arias Cañete abre la puerta a construcciones públicas en los montes quemados por incendios
Si alguien se creía que el ministro Cañete se iba a dar por satisfecho con la negativa y privatizadora Ley de Costas, estaba totalmente equivocado, ahora ataca de nuevo con la reforma de la Ley de Montes, en la que pretende nada menos que autorizar la construcción en terrenos quemados, antes de los 30 años preceptivos. Sí, le pone la coletilla de que sea de 'interes general', pero cuantas veces hemos visto a las administraciones utilizar este término para hacer ilegalmente lo que les viene en gana. Es decir, mucho cuidado con esta medida retrógrada.
"EUROPAPRESS* : El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho que en la reforma de la Ley de Montes que se está diseñando "nadie pretende que en un monte quemado se puedan hacer urbanizaciones, edificaciones o un golf", pero ha abierto la posibilidad de que sí se puedan dar otras posibles utilizaciones de interés general, antes de que se cumplan los 30 años sin uso que contempla la ley.
El ministro ha explicado que la prohibición de utilización de un terreno durante ese periodo de tiempo es "una especie de sanción para disuadir a aquellos que pudieran tener la idea de quemar un monte para luego hacer otros aprovechamientos que produjeran beneficio económico". A su juicio, "está bien" que no se pueda aprovechar, del resultado de un incendio, aquel que tenga intereses económicos privados". Sin embargo, ha añadido que se están valorando "otro tipo de posibles utilizaciones" de interés general y social declarados por ley, como por ejemplo un hospital o un centro penitenciario "o cualquier obra de interés social". "Tendremos que reflexionar y estamos discutiendo este tema con las organizaciones ecologistas, que no son muy partidarias y con todos los afectados", ha afirmado, al tiempo que ha aventurado que esta es una ley que "va a tener mucho diálogo" y espera que "mucho consenso".
Al mismo tiempo, ha insistido en que cree que es mejor imponer la obligación de regenerar una superficie de monte equivalente y que es "mejor para la sociedad" que una comunidad autónoma quiera construir una obra de interés general, regenerando, además, un número de hectáreas igual al quemado, en vez de dejar un monte quemado durante 25 o 30 años sin actuaciones de regeneración inmediatas. "Vamos a dialogar, a buscar puntos de encuentro en los que todo el mundo se encuentre tranquilo, porque no va a haber especulación, ni se va a favorecer ningún tipo de práctica que pueda conducir a una pérdida de superficie forestal en un país como el nuestro", ha asegurado. Arias Cañete ha añadido también que aún no se sabe si se va a poder vender montes públicos o no porque en el borrador de la nueva Ley de Montes no está aún establecido ya que se está debatiendo. Prohibida la caza en parques nacionales Por otro lado, respecto a la futura Ley de Parques Nacionales, ha garantizado que el Gobierno no pretende abrir la caza. "En parques nacionales, en principio, la caza no está autorizada y la regla general es la prohibición total", ha aseverado, aunque ha añadido que "una cosa radicalmente distinta" será el control de poblaciones en estos enclaves.
"Una cosa es la caza comercial y otra el control de poblaciones que hay que realizar necesariamente. Ese es un tema que no tiene interés comercial de las batidas o monterías que se organizan en este país en zonas de carácter privado", ha afirmado el ministro que ha insistido en que no se está pensando en autorizar la caza "indiscriminadamente en parques nacionales, ni mucho menos". Respecto a la posibilidad de que ese control de poblaciones se realice en forma de subasta, ha agregado que no cree que esa sea la situación porque el control se puede hacer "de muchas maneras" —como por ejemplo por los propios propietarios en los lugares donde aún hay enclaves privados como en Monfragüe— pero, en todo caso, de lo que se trata es de garantizar la sanidad animal y los censos necesarios para la sostenibilidad". Sobre la iniciativa de la Comunidad de Madrid para autorizar la caza de cabra montesa con arco, el ministro desconfía de que se puedan cazar muchos especímenes con arco porque "entraña una enorme dificultad aproximarse a distancia de arco a una cabra montesa, ni Guillermo Tell tiene esa facultad". "No creo que sea una actividad cinegética letal", ha afirmado. Patrimonio estatal en venta Por otro lado, respecto a la finca estatal La Almoraima, en Cádiz, ha confirmado que está "en venta" debido a la reducción que el Gobierno está acometiendo en la administración pública de "toda clase de compañías mercantiles que no son necesarias porque no tienen una utilidad inmediata". Por tanto, Arias Cañete opina que no tiene sentido que las gestione el Estado, que no es un propietario de fincas de aprovechamientos de alcornoque ni de explotaciones cinegéticas. "El Gobierno no se dedica a eso; (La Almoraima) no es necesaria para los activos que necesita el Gobierno y si aparece alguien que tiene un interés en su adquisición y se compromete a mantener su actividad similar a la actual, evidentemente el Gobierno no se opondrá", ha apuntado. En todo caso, ha confirmado que "en este momento no hay comprador" y que el Ejecutivo "tampoco está en una carrera por la venta" porque ha asegurado que "no se va a malvender el patrimonio". Respecto a la finca, ha explicado que se trata de un enclave con unas características excepcionales y, por lo tanto, hay que pedir un "precio acorde con las mismas, sin ninguna prisa por enajenarla, sino buscando un comprador que no solo pague un precio que merece un bien de esta naturaleza, porque no hay otra igual". "No hay muchas explotaciones similares en la Unión Europea donde uno pueda desarrollar la actividad cinegética con condiciones de climatología, cerca de dos aeropuertos, el de Jerez y el de Gibraltar, con buenas comunicaciones por carretera. Por lo tanto, no hay ninguna urgencia y además buscamos un comprador que garantice una continuidad en la conservación de la misma con el mismo rigor o más que ha hecho el Gobierno de la Nación", ha concluido.
* 20 Minutos - EP - 3.8.13
Foto: Incendio en Andratx 2013 - EFE
El Supremo obliga al TSJ a revisar la operación de Tabacalera en Valencia
Un tema gravísimo para la política municipal valenciana de la 'popular' Rita B. Todo viene de 2005 cuando el ayuntamiento se apropió del complejo de Tabacalera, para ello realizó una recalificación urbanística 'ad hoc', desprotegiendo gran parte de las construcciones ya edificadas, que más tarde fueron derribadas para construir nuevos bloques de viviendas. Es decir, un pelotazo urbanístico más. A pesar de múltiples protestas ciudadanas y de asociaciones, los tribunales valencianos lo permitieron y se derribó todo. Pero ahora llega el Supremo y anula la operación cuando ya está todo perdido. Una máquina bien engrasada, como se ve.
"ELPAÍS* : La operación de Tabacalera, una de las iniciativas urbanísticas más polémicas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está en el alero. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que avaló el derribo de varias naves del antiguo complejo industrial para construir pisos y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a revisar la actuación municipal. Los magistrados valencianos deberán dictar un nuevo fallo que tenga en cuenta nuevas pruebas relacionadas con la protección de Tabacalera y el proyecto aprobado por el Ayuntamiento que presentó el colectivo Salvem Tabacalera y no fueron admitidas en el proceso.
El Consistorio aprobó a finales de 2005 una reordenación urbanística de calado para convertirse en dueño de Tabacalera. Tras aprobar una recalificación que excluyó de la protección como conjunto histórico a parte de los edificios de la antigua fábrica, el Consistorio dirigido por Barberá firmó en octubre de 2006 con la inmobiliaria Guadalmedina un convenio de permuta que dejó en manos de la empresa suelo residencial para construir 400 viviendas (más aparcamientos) en dos puntos privilegiados de la ciudad.
La empresa del grupo Ballester, que había comprado Tabacalera a Altadis, logró que el Consistorio derribara naves laterales y traseras del conjunto para levantar 320 viviendas y le entregara un edificio municipal en la plaza de América, con vistas al Jardín del Turia, para demolerlo y construir otro centenar de pisos. A cambio, el Ayuntamiento se quedó con Tabacalera y una compensación de 14,3 millones de euros que no alcanzó ni de lejos para cubrir los más de 50 millones de euros que costó la rehabilitación del gran conjunto modernista de principios del siglo XX y su conversión en centro administrativo.
La oposición al PP denunció la operación por la destrucción de parte del conjunto y por considerar que la permuta estaba desequilibrada y suponía una ruina para las arcas locales. El grupo socialista incluso llevó el caso a la fiscalía al entender que pudo cometerse una supuesta prevaricación con la permuta, que dejó al grupo Ballester beneficios multimillonarios que la oposición estimó en más de 150 millones de euros. La fiscalía no vio trato de favor a la inmobiliaria Guadalmedina.
El plan de Barberá se impuso con la bendición de la Generalitat entre las denuncias de “pelotazo” de la oposición, y las protestas de arquitectos, academias de bellas artes e incluso del Ministerio de Cultura, que pretendía que el conjunto de Tabacalera se declarara Bien de Interés Cultural. La alcaldesa desechó las críticas y las atribuyó a “rabietas de la oposición”.
Las máquinas entraron en Tabacalera a finales de 2007 y destruyeron las naves laterales, que el Ayuntamiento alegaba que no eran parte del conjunto original, y Guadalmedina recibió permiso para construir las viviendas.
El TSJ valenciano también avaló la recalificación urbanística y rechazó en 2010 el recurso de Salvem Tabacalera sin entrar a analizar la permuta con Guadalmedina porque argumentó que debió recurrirse en un procedimiento aparte. Tampoco admitió una serie de pruebas con las que el colectivo pretendía demostrar que la desprotección de las naves era ilegal y que los pisos de Guadalmedina, dos torres el doble de altas, destrozaban el conjunto histórico.
El Supremo, sin valorar la actuación municipal, enmienda la plana al TSJ y ordena repetir parte del proceso para que se analicen pruebas sobre la protección patrimonial y la permuta.
Salvem Tabacalera anunció este lunes que insistirá en la reconstrucción de la fábrica, y PSPV y EU se felicitaron por el fallo. El vicealcalde, Alfonso Grau, restó importancia al asunto y consideró que el Supremo anula el fallo del TSJ por cuestiones “exclusivamente formales” sin prejuzgar la legalidad de la operación.
* El País - SARA VELERT Valencia 29 JUL 2013
Foto: Imagen virtual de Tabacalera tras los derribos y con las torres de viviendas.- elpais
La quiebra de Madridec deja otro agujero de 400 millones al Ayuntamiento
El despilfarro del anterior alcalde de Madrid, Gallardón, todavía sigue dejando sus huellas en forma de deudas para el ayuntamiento. Ahora, la empresa municipal Madridec arrastra más cadáveres por el camino, como por ejemplo el edificio llamado 'Caja Mágica', el esqueleto del Centro Acuático o la operación de Mercamadrid. Deudas y más deudas inasumibles por la citada empresa municipal y que terminarán recayendo, como siempre, sobre los hombros de los propios madrileños.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid aprobó la disolución de la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que se llevará a cabo el 31 de diciembre y transferirá un agujero de 400 millones de euros a las arcas municipales. La sociedad mercantil está en quiebra técnica debido al excesivo endeudamiento al que fue sometida por el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), y a la mala gestión de los administradores que colocó al frente. El Ayuntamiento se quedará ahora con la deuda, las facturas impagadas, el esqueleto a medio construir del futuro centro acuático y cuatro edificios obsoletos del recinto ferial de la Casa de Campo que requieren de una reforma millonaria para ser de alguna utilidad.
Los activos rentables pasarán a la nueva empresa municipal Madrid Destino, que se quedará también la parcela en la que Gallardón quería construir el centro de convenciones de Castellana y que, con esta operación, parece abocada a venderse sin edificar.
¿Cómo se ha llegado a esto? El Gobierno municipal de Ana Botella (PP) ha admitido que la gestión anterior de la empresa “no puede calificarse positivamente”. Los actuales administradores la consideran “política” en vez de “estrictamente profesional”. El acuerdo de liquidación dice que su viabilidad “se ha visto comprometida por el importante esfuerzo inversor en infraestructuras”. Pero ese esfuerzo se limita a tres inversiones ruinosas y a una operación de ingeniería financiera.
Tres pesos muertos. La Caja Mágica, inaugurada por Gallardón en 2009, costó 294 millones, más del doble de lo previsto. Ahora, el Ayuntamiento admite que su explotación es ruinosa: “No logra alcanzar la cuota de mercado que le correspondería, se encuentra en un lugar inconveniente y su mantenimiento es carísimo”.
El centro acuático es un esqueleto paralizado a la espera de saber si Madrid logra los Juegos Olímpicos, y arrastra una hipoteca de 50 millones; la parcela del centro de convenciones en la Castellana es un agujero que ya ha costado más de 100 millones y que el Ayuntamiento busca vender para que se convierta en centro comercial o aparcamiento.
En cuanto a la operación financiera: Gallardón transmitió el usufructo de sus acciones en Mercamadrid a Madridec por 188 millones; usó el dinero para proseguir su ambicioso programa de inversiones cuando la deuda ya se había disparado. Madridec se hipotecó, y ahora no puede pagar.
Más deuda municipal. Madridec adeuda 304 millones, y solo este año debe amortizar 52 millones; su previsión de ingresos es muy inferior, 15 millones, y cerrará el ejercicio con pérdidas, que en 2012 fueron de 24 millones. La sociedad está en quiebra técnica, y se disolverá el 31 de diciembre.
El Ayuntamiento asumirá la deuda pendiente, 283 millones, tras descontar los ingresos de última hora por la venta de edificios. Esa deuda, sumada a la de la Empresa de la Vivienda y al segundo rescate del Gobierno para facturas pendientes, elevará su endeudamiento en 844 millones.
Además, el Ayuntamiento perderá 53,3 millones que Madridec le debía por facturas impagadas de las que hubo de hacerse cargo.
Edificios a medio hacer. El Ayuntamiento asumirá también el centro acuático, pese a que supuestamente la nueva empresa municipal Madrid Destino debería gestionar todas las instalaciones deportivas heredadas de Madridec. ¿Por qué? Porque está sin terminar y las obras costarán 55 millones. El Ayuntamiento asume, además, cuatro pabellones de la Casa de Campo, pese que Madrid Destino debería gestionar también todas las instalaciones para congresos heredadas de Madridec. ¿Por qué? Porque estos edificios se han quedado “muy anticuados” debido a “la falta de inversión”, según reconoce el propio Ayuntamiento, sin mencionar sus gravísimos fallos de seguridad. La reforma ascenderá a 11 millones. En total, 66 millones, a los que se suman 750.000 euros más al año por mantenimiento y suministros.
Las joyas de la corona. Madridec calculaba perder 16,5 millones en 2014. Tras su disolución, el Ayuntamiento absorberá 11,3 millones de euros de esas pérdidas. Madrid Destino, la nueva empresa municipal que heredará el negocio y patrimonio de Madridec limpio de polvo y paja, podrá obtener en cambio unos ingresos adicionales de 4,1 millones gracias a ese legado. Pero, sobre todo, se quedará con las joyas de la corona de la empresa disuelta: la Caja Mágica (sin hipoteca); el Palacio Municipal de Congresos (valorado en 70 millones y su principal fuente de ingresos); y la gestión del Madrid Arena. Además, obtendrá la parcela del centro de convenciones, que podría vender por entre 80 y 162 millones.
Deudas y contratos. Se quedará también los eventos contratados a partir de 2014, que suman 14,5 millones (el principal es el Open de Tenis, dos millones anuales hasta 2017); los derechos de cobro pendientes, que ascienden a 26,7 millones (hay algunos de muy dudoso pago, como la deuda de 600.000 euros del equipo de automovilismo HRT por el alquiler de la Caja Mágica); y una deuda de Hacienda por las devoluciones del IVA de 4,6 millones.
¿Y los empleados? Parte (16) irá al Ayuntamiento, y el grueso (56) a Madrid Destino, entre ellos los seis directivos, que cobran 405.000 euros (el que más, el consejero delegado, con 92.000, casi como la alcaldesa) y se sumarán a los de la nueva empresa.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 30 JUL 2013
Foto: La parcela del centro de convenciones y las cuatro torres. / ÁLVARO GARCÍA
Valencia.- “Arrasaron la huerta para ampliar el puerto, y no han hecho nada en 14 años”
A pesar de la corrupción existente en todas las administraciones de la Comunidad Valenciana, siempre ha habido colectivos ciudadanos dispuestos a enfrentarse a ella, sobre todo en otras épocas. Aquí se habla de un ejemplo bastante claro de ello, con grave perjuicio para la ciudadanía y que, sin embargo sigue sin encontrar culpables, a pesar de la reciente sentencia judicial, 14 años más tarde.
"REBELIÓN* : A Carmen González le gusta definirse simplemente como una vecina. Agricultora y exvecina de la huerta de La Punta, en Valencia, vivió en primera línea –como presidenta de la asociación vecinal- los episodios de lucha social que sostuvieron hace más de una década sus habitantes contra el proyecto de construcción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ratifica (14 años después) la nulidad del plan urbanístico que amparaba la ZAL. La zona de almacenamiento de mercaderías del puerto no se ha construido, a pesar de que el proyecto se “vendiera” como de máximo interés general por la Autoridad Portuaria, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Pero se arrasaron 73 hectáreas de huerta fértil y 135 familias perdieron sus casas. Sobre todo, se perdió un estilo de vida alternativo al de la gran área metropolitana.
A finales de los 90, la Generalitat Valenciana aprobó el Plan Especial para que el Puerto de Valencia contara con la ZAL. Una reciente sentencia del TSJ ratifica la nulidad del plan y resuelve que ha de tramitarse nuevamente. ¿Supone esto un triunfo de los vecinos 14 años después?
Pensamos que la sentencia tiene un valor moral muy importante, ya que nos da la razón tras 15 años de lucha. Pero no es realmente la sentencia que queríamos. No sólo pretendíamos una sentencia que dijera que el procedimiento seguido fue ilegal, sino que además declarara la huerta de La Punta zona protegida, se nos devolvieran las tierras y se nos permitiera volver a construir nuestras casas. Eso hubiera sido lo justo, que no se pueda desarrollar la ZAL en un futuro. Lo que dice la sentencia es que se tramite de nuevo el proyecto urbanístico. Pero es cierto que con la sentencia obtenemos una victoria moral. Podemos mirar a la cara a todos los que nos llamaban “locos” y nos decían que luchábamos por dinero.
La zona adyacente al Puerto de Valencia donde se pretendía ubicar la ZAL continúa siendo, tras el paso de los años, un inmenso erial. Y eso que la iniciativa se vendió como estratégica e imprescindible para el desarrollo portuario.
Todo fue una gran mentira. Se nos expropió por razones de interés general y por el procedimiento de urgencia porque, supuestamente, el Puerto de Valencia debería estar en condiciones de competir con el de Barcelona y Algeciras. Pero existía la alternativa de llevar la ZAL a Puerto de Sagunto. De hecho, un estudio de viabilidad de 1993 avalaba esta opción. Realmente, la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia es un proyecto especulativo. Mira su ubicación. Junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el club náutico, la dársena, la zona de atraque de cruceros, el puerto natural de l’Albufera y la Devesa del Saler. ¿Pretendían allí emplazar un polígono industrial como la ZAL?
¿Qué impacto ha tenido el proyecto sobre la huerta de La Punta?
Se arrasaron 73 hectáreas de una de las mejores huertas de Europa, que contaba con la declaración de Zona de Especial Protección Agrícola. Se derribaron 200 alquerías, casas y barracas; 135 familias resultaron afectadas. Si miras por ejemplo el “plan verde” de la ciudad de Valencia, que finalmente nunca se aprobó, los expertos calificaron la huerta periférica de Valencia (y, en concreto, La Punta) de zona que merecería una especial protección por su valor para la humanidad. No sólo hablamos de barracas mixtas de marjal y alquerías, también de “cebers”, del sistema tradicional de riegos y de toda una forma de vida que sobrevivía gracias a los agricultores.
¿Y sobre los vecinos desalojados de sus casas?
Todavía hoy sentimos los efectos. Nos desahuciaron de nuestras vidas y perdimos nuestras raíces. Un desarraigo absoluto. En mi caso, hace cinco años que vivo en una zona castellanohablante y de interior, donde me cuesta mucho conocer a la gente y adaptarme. Además, los vecinos de La Punta tuvimos que hipotecarnos para acceder a una nueva vivienda con las compensaciones nimias que nos dieron por las expropiaciones. Que, en algunos casos, ni siquiera han terminado de cobrarse.
¿Cómo se vivía en la huerta de La Punta?
Todo el mundo se conocía y respetaba, aunque hubiera roces en la convivencia como en todas partes. Trabajábamos mucho “a tornallom”, es decir, hoy trabajo yo en tu tierra para ayudarte y tú trabajas en la mía el día que me haga falta. Todos colaborábamos con todos según las necesidades de cada vecino. Era como una especie de obligación moral. En realidad, todo se basaba en relaciones de pura confianza. Si yo trabajaba por la tarde, una vecina me recogía a los críos del autobús y se los quedaba en casa hasta que yo volvía de la ciudad. Los niños podían ir tranquilamente por los caminos de huerta. Andando o en bicicleta. Además, la mujer de La Punta era “ama”. Me explico. En muchos casos era la propietaria de la tierra, agricultora y la encargada de vender las mercancías. Tampoco tenían ningún problema a la hora de hablar de relaciones sexuales.
-¿Consideras que subyace un modelo de ciudad a la construcción de la ZAL?
-Sí, el de grandes espacios y obras faraónicas, donde la gente no tiene ningún sentido de pertenencia. Donde la gente no se conoce y las zonas como la huerta directamente no existen. Por eso en los últimos tiempos, gente joven de barrios tradicionales de Valencia como Russafa, Benimaclet o Natzaret intentan recuperar el tejido de los pueblos y los valores que siempre han estado presentes en la ciudad mediterránea. Pero a los gobiernos acomplejados que tenemos no les gusta nuestra identidad. Prefieren una ciudad americanizada, con grandes eventos, sin raíces ni significado.
-¿Cómo recuerdas la resistencia vecinal de hace más de una década a las expropiaciones y los desalojos?
-Fue una lucha en solitario. Hubo mucha gente que decía que nos apoyaba, pero con la boca pequeña y sólo en momentos muy concretos. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia se desmarcó y, de hecho, no formamos parte de la misma. Lo cierto es que, cuando se produjeron los desalojos estuvimos prácticamente solos. Con la única excepción de personas muy concretas de las asociaciones de vecinos y, sobre todo, de jóvenes del movimiento Okupa. Estos jóvenes estuvieron en La Punta okupando, luchando, trabajando y viviendo con nosotros. Como unos vecinos más. A ellos, todo nuestro agradecimiento.
-Os enfrentasteis contra un gran enemigo: la Autoridad Porturaria de Valencia (uno de los poderes fácticos de la ciudad), la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento.
-En efecto, luchamos contra el gobierno valenciano (primero contra el PSOE de Joan Lerma y después contra el PP de Camps), el consistorio y el puerto (que depende del Ministerio de Fomento). Pienso que si hubiera justicia, ahora que se ha declarado ilegal el proyecto, la fiscalía debería inculpar de oficio a los máximos responsables. Y estos tendrían que pagar por daño moral respondiendo con su patrimonio personal.
-Denunciasteis en su día todo tipo de maniobras mafiosas con el fin de desahuciaros.
-Podría ponerte muchos ejemplos. Un día llegaron unos “señores” a mi casa, donde se hallaban mis dos hijas, y les amenazaron. Intentaron entrar muchas veces. También recuerdo que, en medio de las luchas y después de una manifestación, un importante empresario nos amenazó con la pistola en el cinto. En otra manifestación, estando en el servicio de orden nos embistió un automóvil (era gente del puerto de Valencia). Historias así hay muchísimas. En la casa de otra vecina, “Reme”, durante una comida familiar entró un grupo de gente con escopetas recortadas para amenazarlos. Todo está denunciado…
-Por último, ¿Qué balance haces transcurridos los años?
-La Punta se perdió por los errores garrafales que cometió determinada gente con responsabilidad. No se puede dejar a los vecinos a solas únicamente porque no nos vinculáramos directamente a los partidos políticos. Pero, como te decía, tampoco nos apoyaron los movimientos sociales. Ni los sindicatos agrícolas. Del PSOE, prefiero no hablar. No hicieron nada por nosotros. EUPV-IU poco podía hacer porque, durante un tiempo, no tenían representación en el Ayuntamiento ni en la Generalitat. Cuando la tuvieron, es cierto que nos facilitaron información desde dentro del consistorio.
* Rebelión - Enric Llopis - 1.8.13
Foto: Valencia, terrenos expropiación puerto - levante
Urbanismo en Marbella: de nuevo el tufo a corrupción
Aunque ahora se hable menos de ello, debido en gran parte a la crisis del sector de la construcción, el urbanismo en la Costa del Sol continúa siendo politizado y corrupto. En Marbella se acusa más esta condición por el poso que han dejado las ilegalidades urbanísticas cometidas durante décadas y, quizás, por un mayor flujo monetario como centro todavía de ciertas actividades internacionales.
"CRISTINA FALKENBERG* : Marbella ha sido una ciudad profundamente corrupta, y Marbella sigue siendo corrupta: y es un hecho que la Alcaldesa no se hace con la corrupción que hay en esta ciudad. Marbella es corrupta porque muchas personas en Marbella son corruptas, la cosa no tiene más misterio: y esas personas tienen nombres y apellidos y ocupan —o no— posiciones concretas en las Administraciones públicas. De los Juzgados de Marbella ya hablaremos. Ahora vamos con la Administración y en particular, con el Ayuntamiento.
Cuando se ahoga a los ciudadanos a impuestos, requisitos, papeles y trabas para a cambio ofrecerles unas Administraciones abusivas, ineficientes o corruptas, la propuesta la verdad es que no es demasiado atractiva. Eso es sin embargo hoy parte de la Marca España, no cabe duda: y la costa malagueña no es una excepción, al contrario, tiene toda una tradición bien arraigada.
Hace un año, este ciudadano denunció una serie de obras completamente ilegales. Tras mucho insistir y una considerable demora, recibió como solución “que el inspector no podía ver ninguna obra”: ya, es que hace meses que las terminaron…
Al poco tiempo el inspector de urbanismo que había para la zona fue sustituido.
Todo sigue igual
¿Han mejorado las cosas? Es dudoso. Se hacen obras ilegales con un atrevimiento que resulta inquietante; se hace caso omiso de las órdenes de demolición, sin que nada ocurra; y los expedientes sancionadores parecen no acabar de instruirse nunca.
Reunido este ciudadano con un técnico del Ayuntamiento, le comentó un caso, de nuevo, de unas obras ilegales. Enterado el técnico de la clase de obras y de su ubicación en un conjunto protegidísimo, aparte de afirmar y reafirmar la flagrante ilegalidad de las mismas, el empleado municipal animó a este ciudadano a dar traslado de los hechos a su Ayuntamiento.
Hecho así y en formato de consulta —como se acordó con el técnico— pues los ciudadanos no somos héroes, bastante es que nos toca hacer lo que incumbe a otros empero no ejecutan, por toda respuesta se recibió que “previamente se debía liquidar la tasa correspondiente a las consultas de urbanismo”.
Ya. Ya… ya sabemos demasiado bien lo que esto quiere decir “en marbellí”. Quiere decir exactamente que “nosotros no pensamos hacer nada”. Igual que el año pasado.
Con lo clarísimo que se le expusieron los hechos y la normativa vigente, incluidos planos y fotografías y números exactos de las licencias inválidas solicitadas sólo para aparentar, procedía que el Ayuntamiento, que tiene muchíiiiisimos empleados, hubiese actuado inmediatamente de oficio. No lo ha hecho… porque no ha querido: y eso me temo que tiene un nombre.
No sé para qué se gastan tantísimos recursos en hacer un PGOU de imposible cumplimiento en tantos puntos, si luego se aplica “según, cómo, cuándo y con quién” en aquello cuya aplicación no ofrece duda alguna.
¿A dónde nos creemos que vamos así? ¿De nuevo a la “era Gil”?
Es un hecho que la Alcaldesa de Marbella, Doña Ángeles Muñoz, no se hace con la ciudad y la corrupción es un clamor respecto de ciertas instancias, sin que haya visos de ningún plan para atajarla.
Incumbe sin embargo al Concejal de Urbanismo, Don Pablo Moro, de manera muy directa, el poner orden en su departamento y que el PGOU que tantísimo dinero costó hacer, se cumpla por todos. Es hora de que Marbella vaya dejando atrás sus años oscuros, que sólo causaron daño a esta ciudad y que vayamos pensando en que si se desea seguir siendo un destino de lujo hay que ofrecer excelencia y ello implica, de entrada, que las cosas básicas funcionen como deben.
* Periodista Digital - Opinión - 25.7.13
Foto: Marbella es España (archivo) - nosevende.org
La ecuación de la corrupción
España es un país bastante peculiar, pues la llamada 'corrupción' ha tenido, desde hace siglos, ejemplos muy característicos en las altas esferas y en personajes populares como los 'pícaros', que han ocupado la memoria oscura de este país. Lo característico de hoy día es que la corrupción se ha generalizado y forman parte de ella todas las capas y estratos sociales, aunque evidentemente la que más destaque sea la relativa al poder político o económico, por su volumen público y a que, teóricamente, este país es una 'democracia', es decir, de todos.
"ANTÓN COSTAS* : Los casos de corrupción están a la orden del día y producen gran alarma social. Pero ¿podemos decir que España es un país corrupto?. Veamos, ¿cuándo un país es corrupto? Cuando existe lo que los anglosajones llaman petty corruption. Es decir, corrupción generalizada a pequeña escala, consistente en tener que pagar gratificaciones para el desarrollo de las actividades cotidianas, como hacer un trámite administrativo, acceder a un servicio público, como elegir escuela o ser atendido por los servicios de salud.
En este sentido, España no es un país corrupto. No sale mal parada en los rankings que miden este tipo de corrupción. Más bien se acerca a los países nórdicos.
¿No tenemos, entonces, que preocuparnos por la corrupción? Sí, porque aunque no haya una “cultura de corrupción”, como a veces se dice, que afecte al conjunto de la sociedad, si existe una grand corruption que se ha enquistado en algunas actividades públicas. Las causas de la corrupción tienen mucho que ver con el funcionamiento de esas actividades. Si las identificamos, seremos más capaces de erradicar la corrupción.
Son de tres tipos. La primera tiene que ver con el urbanismo y afecta especialmente a alcaldes y responsables de planes urbanísticos. La segunda se relaciona con la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. La tercera, con el uso de subvenciones y ayudas públicas a ciertas actividades, como los expedientes de regulación de empleo (ERE) o las “primas” a las energías renovables.
¿Qué es lo que ha permitido conocer esa corrupción sistémica? No ha sido la actividad preventiva de los organismos encargados de auditar y controlar esos procesos. Esto ha fallado. Han sido, por un lado, los medios de comunicación; y, por otro, la actividad investigadora de los tribunales de justicia y otras instituciones como la Agencia Tributaria.
El conocimiento de las actividades que generan esa grand corruption y de las instituciones más efectivas en identificarlas, nos permite formular lo que podríamos llamar la ecuación de la corrupción española: C = DA + S + Cc - (T + D)
En primer lugar, la ecuación nos dice que cuanta más discrecionalidad administrativa (DA) en la aprobación de planes y licencias urbanísticas, mayor será la corrupción.
En segundo lugar, cuanto mayor sea el volumen de subvenciones públicas a actividades privadas (S), mayor será la corrupción. La “prima” es una garantía pública de rentabilidad privada que pesa durante años y años sobre el presupuesto público. Además, incentiva actividades que están más próximas al negocio financiero que al proyecto industrial. En el caso de los ERE, la subvención da lugar a la aparición de buscadores de rentas, y a que las empresas destruyan empleo en lugar de desarrollar fórmulas para conservarlo.
El tercer factor es la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. Lo podemos llamar capitalismo concesional (Cc). Si analizamos los nombres de las grandes donaciones a los partidos veremos que están relacionados con estas actividades. La corrupción en este caso no solo consiste en donaciones o pago de comisiones, sino en contratos que hacen que el beneficio vaya al operador privado, mientras que el riesgo de pérdidas se lo queda el sector público. Los ejemplos son numerosos.
La primera conclusión de nuestra ecuación podría formularse diciendo que en España se ha desarrollado un tipo de capitalismo concesional y subvencionado que es proclive a la corrupción. Si queremos disminuir la corrupción hay que acabar con este tipo de capitalismo rentista y depredador.
La segunda conclusión surge del análisis de los dos factores de la ecuación que disminuyen la corrupción. El primero es la transparencia (T), entendida como el derecho ciudadano a conocer, y la obligación de las Administraciones a responder, con responsabilidad penal si no lo hacen. Este es un elemento poderoso de higiene pública. El segundo es la democracia (D).
Hay tres elementos de la democracia que son esenciales para erradicar la corrupción. El primero es que en las elecciones los ciudadanos penalicen a los políticos y partidos corruptos. El segundo es una prensa libre, capaz de denunciar la corrupción. El tercero, unas instituciones judiciales independientes que investiguen y penalicen la corrupción. Nos podemos sentir relativamente satisfechos, porque esos tres elementos están funcionando.
Pero no hay que bajar la guardia en los dos focos principales de la corrupción: el planeamiento urbanístico y el capitalismo concesional y subvencionado.
La ausencia de incompatibilidad entre ser alcalde o concejal de urbanismo y la dedicación a estas actividades es como poner al zorro al cuidado de las gallinas. Sorprende que un ministro tenga que salir del Consejo de Ministros cuando se tratan cuestiones que le implican a él o a sus familiares y no haya nada similar en los Ayuntamientos. Alguna restricción hay que introducir en este terreno.
El capitalismo concesional y subvencionado ha operado hasta ahora en la obra pública, los servicios domiciliarios y algunas actividades como las renovables. Pero está comenzando a penetrar en un nuevo campo: la sanidad. Hay que ir con cuidado, porque es susceptible de generar la misma corrupción.
No trato de demonizar la colaboración público-privada en la gestión de servicios de la sanidad pública. Pero las empresas que quieran operar en esas actividades han de funcionar con el mismo criterio de transparencia, riesgo y ventura con el que lo hacen los empresarios que arriesgan su patrimonio en las actividades de mercado. Ese es el buen capitalismo.
* El País - Opinión - 28.7.13
Foto: Corrupción - terra.es
