El urbanismo vigués ha sido desde hace años muy conflictivo. Ahora la justicia anula una actuación municipal, cuando en primera instancia había opinado lo contrario. De nuevo hay que poner en cuarentena ciertas decisiones judiciales que parecen no entenderse bien por la mayoría de ciudadanos.
"LAVOZ* : La misma semana en la que el Tribunal Supremo certificaba la vigencia del Plan Xeral de Vigo se conocía un fallo del TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) que declaraba nulo el plan especial de O Calvario, concretamente el ámbito A-4-09 correspondiente a gran parte de la manzana delimitada por las calles San Roque, Reiseñor y Alcalde Gregorio Espino. La decisión judicial paraliza la tramitación de este polígono, que ya estaba en marcha, y obliga a la Gerencia de Urbanismo a dar marcha atrás en el proceso.
De esta forma ha tenido que anular la liquidación provisional de la primera cuota de urbanización (casi 3 millones de euros) y devolver a los afectados el dinero ya entregado.
En este caso concreto la decisión de los jueces ha consistido en aceptar la reclamación de una propietaria que consideraba que su propiedad debía tener la consideración de finca urbana, por lo que solicitaba quedar fuera del área de reparto. En la sentencia inicial el juez no le dio la razón, pero si en la segunda, ante el TSXG, que aceptó como inapelable el dato de que el otro juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo, el 2, le había dado la razón al demandante en un caso similar.
Consecuencias
De entrada el fallo implica la anulación del ámbito denominado A-4-09 del Plan Xeral del 2008 (PERI IV-04 en la denominación anterior), con una superficie de 6.400 metros cuadrados, de los que 1.200 corresponden a viario. Delimitado por las calles mencionadas, en esta amplia manzana situada entre Urzaiz y el ambulatorio de A Doblada se podrían construir unas 180 viviendas cuando el proyecto llegue a su fin, sin que exista reserva para viviendas de protección.
Curiosamente, la demanda interpuesta para lograr la anulación del ámbito fue rechazada en primera instancia. Aducía el propietario que su parcela debía quedar fuera de este polígono ya que tenía carácter urbano consolidado en su integridad. Tras este fallo, su abogado, Carlos Coladas, presentó un recurso ante el TSXG dando cuenta que el otro juzgado vigués de lo contencioso-administrativo, el número 2, dictó una sentencia en sentido contrario. Este hecho fue planteado ante el Tribunal Superior y le dio la razón, anulando así el proyecto de equidistribución, el proyecto de urbanización y todas las operaciones jurídicas complementarias así como, por vía indirecta, el Plan Xeral del 2008 en todo lo que atañe a este ámbito.
Ante este fallo la Gerencia de Urbanismo decidió anular, y dar marcha atrás, al cobro de las cuotas de urbanización que le correspondían a los propietarios. El proceso se había iniciado hace diez meses y pretendía ingresar casi 3 millones de euros para la urbanización de esta amplia parcela. Por ello decidió paralizar los requerimientos a los propietarios para el pago de cada cuota y, por supuesto, devolver aquellas que ya hubiera sido ingresadas.
A día de hoy este fallo es el más negativo para la tramitación del Plan Xeral vigués desde su aprobación en 2008, hace cinco años, en el que la mayoría de las sentencias han sido favorables al Concello.
* La Voz de Vigo - JUANMA FUENTES - 7.7.13
Foto: El perímetro está casi construido en su totalidad. ÓSCAR VÁZQUEZ
Vigo.- El Tribunal Superior anula un ámbito de 200 pisos en O Calvario
Huesca-Pirineos: 0,6 pasajeros diarios en un aeropuerto que costó 40 millones
Seguimos con el despilfarro público en infraestructuras. En el campo de los aeropuertos hay que destacar a Aragón, una Comunidad con pocos habitantes pero con unas expectativas de vuelo claramente fuera de sentido. En las tres provincias ha habido derroches monumentales, como el aeropuerto de Huesca-Pirineos donde la sombra del exministro de Fomento, Álvarez Cascos, fue alargada en su construcción injustificada, como se está viendo hoy día.
"ELDIARIO* : En Huesca, un aeropuerto que estaba dedicado al aprendizaje de pilotos pasó a ser de "interés general", y ahora no tiene prácticamente actividad. Aragón, la cuarta Comunidad Autónoma por extensión (47.700 km2), pero una de las menos pobladas (1,3 millones de habitantes) ha tenido históricamente un discreto papel en el campo de la aviación comercial, no así en el campo militar, con la inmensa base aérea de Zaragoza. En la actualidad tiene tres aeropuertos.
Zaragoza
Algunos –cada vez menos- siguen llamando “Sanjurjo”, al aeropuerto de la capital de Aragón, y es que ese es el nombre que tuvo el lugar durante años en homenaje al general golpista. El campo de vuelo tiene dos pistas inmensas, capaces de admitir cualquier aeronave. En su momento, la principal, de 3.700 metros de largo y 60 de ancho, llegó a formar parte de la red de emergencias para el aterrizaje de trasbordadores espaciales de la NASA como el Columbia o el Challenger. Nunca lo necesitaron, pero estas naves podían haber aterrizado en España en caso de necesidad.
Aunque su origen se remonta a los años 30, en plena Guerra Civil española, Zaragoza tomó importancia en el mapa aéreo tras la forma de los acuerdos España-EEUU del 53, por la que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos pudieron hacer uso de las instalaciones aragonesas desde 1958 a 1994 (en realidad, buena parte de éstas fueron construidas por la USAF). Zaragoza, fue junto a Torrejón y Morón, una de las tres estratégicas bases norteamericanas en España durante la guerra fría. Hoy es de uso exclusivo del Ejército del Aire, que tiene basados allí los cazabombarderos F-18 del Ala 15 y los aviones de transporte Hercules del Ala 31.
El desarrollo de la aviación comercial empezó en los años 60, pero siempre fue bastante discreta, a pesar de que Zaragoza es una de las ciudades más pobladas de España, concretamente, la quinta, con más de 700.000 habitantes. Para consolidarse como capital, su ayuntamiento se postuló para celebrar La Exposición Internacional de 2008, el último gran evento internacional de ese estilo organizado en España, ya en plena crisis. Ese fue el argumento que justifico la necesidad de construir una nueva terminal en el aeropuerto: “recibir a los numerosos visitantes internacionales de la Expo”. Inicialmente las obras se presupuestaron en 10 millones de euros, pero esta cifra se vino abajo incluso antes de empezar las obras: el consejo de administración de Aena acabó aprobando una partida inicial de 28 millones de euros para levantar la nueva terminal.
El edificio, diseñado a medias por el grupo de ingeniería Sener y el despacho de arquitectura de Luis Vidal y asociados, tenía una clara intención de recrear la terminal T4 de Barajas con su gran cubierta ondulada y grandes fachadas de cristal. Esta edificación de 16.000 m2, cuadruplicaba a la anterior, compuesta de un antiguo edificio de los años 50, que hasta 2008 le daba un aire ‘retro’ a la terminal aérea, a la que se le había adosado una zona mucho más moderna y funcional hasta llegar a los 4.000m2, un espacio más que suficiente para atender la necesidad de pasaje en Zaragoza. Hoy esa terminal está cerrada a cal y canto sin uso alguno ni visos de ser utilizada a medio plazo.
A su lado está la flamante nueva terminal, diseñada para soportar más de un millón de viajeros al año, con 14 mostradores de facturación, seis puertas de embarque ampliables a ocho con pequeñas modificaciones. Finalmente, desde el año 2005 y hasta la apertura de la terminal, el 21 de febrero de 2008, se realizaron actuaciones por un importe de 56,6 millones de euros.
En 2007, con la antigua terminal, 512.000 pasajeros salieron y llegaron a Zaragoza, mientras que en el año de la exposición, lo hicieron 595.000, bajando a 528.000 al año siguiente.
El número de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza cayó en picado en 2012, cuando perdió casi 200.000 usuarios, y no logra remontar el vuelo en lo que llevamos de 2013. Tras un descenso de más del 25% de los viajeros en un solo año, la tendencia negativa ha continuado durante el primer trimestre y la terminal de pasajeros ya acumula 15 meses consecutivos de caídas. Solo en estos tres meses se han reducido casi un 17% con respecto al mismo periodo del año pasado, que ya habían registrado peores datos que en 2011.
Este año Zaragoza sigue perdiendo pasaje. Si la tendencia del primer semestre se consolida, esto supondría perder más de 80.000 viajeros durante el 2013, lo que significaría bajar por primera vez, en los últimos años, de los 500.000 pasajeros anuales, algo que no ocurría desde 2006, e incluiría al aeropuerto de la capital de Aragón en el nutrido “grupo III” de Aena, al que se está aplicando un plan de reducción de gastos y limitación horaria.
Otra historia es la carga aérea. En los últimos ejercicios, el aeropuerto ha venido consolidando una línea de crecimiento en el sector de las mercancías transportadas por avión en aparatos específicos. Gracias a la importación de perecederos y la exportación de productos textiles, la terminal de mercancías aragonesa es la tercera de España tras Barajas y El Prat, ganando la partida a Vitoria-Foronda.
Huesca-Pirineos
Muchos aviadores especializados en vuelo sin motor, tienen recuerdos entrañables de su aprendizaje en Huesca. Monflorite es un lugar privilegiado para volar en veleros: sus condiciones meteorológicas, los vientos y el entorno hicieron de el un aeródromo de referencia en toda Europa para aprender a volar desde los años 30. La intensa actividad deportiva en ese lugar solo fue interrumpida durante la guerra civil. Desde los años 40 a los 70 fue escuela dependiente del Ministerio del Aire y a partir de entonces dependió del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones durante 20 años, para acabar pasando a una sociedad estatal del sector: Senasa.
La sorpresa llegó con la Orden de 20 de octubre de 2000 por la que el aeródromo de Huesca-Pirineos pasó a calificarse como “aeropuerto de interés general”, bajo control de Aena. Por entonces, Francisco Alvarez Cascos ya daba sus primeros compases como Ministro de Fomento, con excelentes contactos y compromisos en la provincia. Bajo su mandato no solo se arrancó el compromiso de construir un aeropuerto en Huesca, sino que también el Ave llegó hasta esa ciudad de 50.000 habitantes.
Aena acabó invirtiendo unos 40 millones de euros para la construcción de una nueva Terminal (edificio, plataformas y otros servicios) junto a un nuevo Campo de Vuelos a los que se les calculó a una previsión de demanda inicial de unos 160.000 pasajeros/año “atraídos por la nieve”. El aeropuerto, bautizado como Huesca-Pirineos, aunque las estaciones de esquí están a unos 100 kilómetros de distancia, nunca tuvo vuelos regulares, aunque si charters puntuales durante cuatro meses al año.
El primer ejercicio en el que estuvo operativo sumó solo 1.386 pasajeros y el año de mayor afluencia fue 2009 con 6.200, muchos de ellos transportados por Pyrenair, un intermediario que alquilaba aviones a terceros para transportar esquiadores al pirineo Aragonés. Esta empresa operaba con generosos patrocinios del gobierno de Aragón en forma de “convenios de promoción turística”. Así, entre 2007 y 2010 Pyrenair recibió 2,7 millones de euros y según las estadísticas transportó un total de 19.000 pasajeros, lo que supuso un coste de unos 144 euros de dinero del contribuyente por cada pasajero transportado desde y hacia Huesca.
A principios del año 2011 se suspendieron todas las operaciones comerciales y una escuela catalana de pilotos profesionales que había apostado por Huesca para formar aviadores chinos quebró, con lo que el aeropuerto quedó prácticamente sin vida. Prueba de ello es que durante los cinco primeros meses de este 2013 las estadísticas de Aena revelan que pasaron por la terminal 93 viajeros, lo que supone una media de 0,62 pasajeros al día, que en su gran mayoría son pilotos privados y acompañantes del Real aeroclub de Zaragoza, dando un pequeño paseo aéreo para tomar un café en Huesca y regresar. A pesar de todas estas perspectivas y de perder cada año más de 4 millones de euros, Huesca sigue abierto e integrado en la red de aeropuertos españoles. Por cierto, a menos de 100 kilómetros de allí y aun sabiendo como funcionó la experiencia oscense, la Generalitat de Catalunya construyó el aeropuerto de Alguaire, que se tratará en un futuro capitulo.
Teruel
Ahora parecen haberlo olvidado, pero las autoridades de Teruel fantasearon con la posibilidad de tener un aeropuerto en la provincia para poder volar a Madrid, aprovechando la existencia de un aeródromo de la guerra civil en Caudé, un pueblito de 300 habitantes en una de las zonas con menos densidad de población de España. Allí, el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento turolense empezaron a mover tierras, invirtiendo nueve millones de euros. Posteriormente se construyó una pista de vuelo de casi tres kilómetros junto a las correspondientes calles de rodadura y plataforma, en los que se han invertido 40 millones más.
Antes de caer en la tentación de encargar a un arquitecto una flamante terminal, la crisis ya había caído sobre el sector y cualquier intento de edificar estaciones aéreas se frustró, no así el intento por darle una nueva vida a las instalaciones, convirtiéndolas en un gran aparcamiento para aviones en desuso con dos futuros muy diferentes: ser conservados mientras se espera un vendedor, que la compañía que lo ha aparcado vuelva a necesitarlo, o bien ser desmontados, desguazados y reciclados, aprovechando todas sus piezas.
La empresa Tarmac Aerosave, perteneciente al consorcio EADS consiguió la concesión para operar el aeropuerto a principios de 2011. Actualmente el aeropuerto sigue sin actividad y la última noticia que ha generado es que “es idóneo para vuelos espaciales”, un titular salido del estudio de unos ingenieros adscritos a una universidad francesa. Curiosamente muchos medios de gran audiencia elevaron esa noticia a gran éxito, cuando era simplemente una conclusión de un trabajo universitario.
* El Diario - Javier Ortega Figueiral - 29.6.13
Foto: Aeropuerto de Huesca
Valencia .- La justicia pone coto al urbanismo desenfrenado
Parece que urbanismo salvaje está tocando fondo en la Comunidad valenciana, gracias a una serie de sentencias judiciales que, aunque tarde, están llegando a detener megaurbanizaciones ilegales en todas sus provincias. No obstante hay que reconocer que la justicia ha actuado demasiado tarde y mal en la mayoría de ocasiones, y que no pone sobre la mesa la cuestión del desaforado urbanismo, sino que lo está haciendo por cuestiones meramente formales, a veces anecdóticas.
"ELPAÍS* : Los tribunales han puesto freno al desarrollo urbanístico desaforado. Durante los últimos meses se han sucedido una decena de sentencias que han anulado proyectos urbanísticos (Rabassa, Porxinos, Benicàssim Golf, Marina d’Or Golf, Fonts de l’Algar y dos planes generales de ordenación urbana, el de Castellón y el de Benissa) por diversos motivos. La mayoría de las sentencias detectan irregularidades en la tramitación de los proyectos, falta de documentación y, especialmente, no hay garantías de los recursos hídricos. Las plataformas y colectivos que durante la última década han luchado contra el urbanismo salvaje, que promotores y ayuntamientos alentaban, celebran que estas sentencias les otorguen la razón.
“No es fortuito, ha habido un cambio en la jurisprudencia que confirma un cambio de sensibilidad de los jueces”, asegura Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y uno de los fundadores de la PIC (Plataforma de Iniciativas Ciudadanas) que se creó precisamente para evitar que prosperara el Plan Rabassa de Alicante. Distinta es la opinión de los responsables de la consejería de Territorio que destacan que todos los autos judiciales cuestionan “aspectos formales, pero no entran en el fondo de la cuestión”. Sin embargo, todos estos autos judiciales dejan en dique seco estas iniciativas y vienen a confirmar que la época de la aprobación desmedida de programas urbanísticos ya es historia, y que la crisis económica también ha servido de freno al ladrillo.
Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, una plataforma ciudadana que acaba de cumplir su décimo aniversario y que aglutina a 27.000 afectados de toda la Comunidad Valenciana, estima que esta concatenación de sentencias obedece a que hay una “concienciación general de que el urbanismo desaforado no es viable”. Climent también comparte el argumento de Alcaraz de que los jueces “son personas que han visto la reacción ciudadana, y se han tomado muy en serio todas estas denuncias”. El representante de Abusos Urbanísticos No critica la “soberbia” con la que actuaron políticos y promotores durante la última década aprobando y concediendo licencias de obras a destajo.
El representante de esta asociación contra el urbanismo desbordado recuerda que uno de los motivos por los que se han anulado gran parte de los proyectos urbanísticos en tramitación es porque antes el informe sobre los recursos hídricos se tenía solo que solicitar, pero con la reforma de la Ley de Agua, aprobada en 2005, ese informe pasó a ser obligatorio y, además, debía ser favorable. Y este argumento ha servido a los jueces para tumbar algunos PAI como el de Rabassa, con 13.500 viviendas en Alicante que no tenían garantizada el agua, o Porxinos, con 2.600 viviendas y una ciudad deportiva para el Valencia. En este proyecto la sentencia incide precisamente en que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de agua resultaba “preceptivo y vinculante”, pero en Porxinos dicho informe no figuraba, solo había uno del año 2005, y era desfavorable. El TSJ agrega, citando al Supremo, que informes sustitutivos del de la Confederación Hidrográfica elaborados por entidades “colaboradoras” de la Administración no son válidos. Y remata el entierro del proyecto urbanístico de Porxinos señalando que la tramitación por parte de la Consejería de Territorio vulneró, además, el procedimiento administrativo establecido.
José María Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que se fundó precisamente por su oposición al Plan Rabassa, atribuye estas sentencias al “esfuerzo de mucha gente que durante años ha denunciado estos desmanes urbanísticos”. Perea considera que ese “clamor social” queda recogido en las sentencias. El Plan Rabassa acumula cuatro varapalos judiciales por irregularidades en la tramitación, falta de informes y de recursos hídricos, entre otras muchas cuestiones.
Las personas consultadas también inciden en que la crisis económica ha tenido un papel determinante. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional provocó que la mayoría de estos proyectos urbanísticos “económicamente estuvieran muertos”, según apunta Gerardo Roger, arquitecto urbanista y uno de los mentores de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) en la Comunidad Valenciana. Roger estima que un 80% de los PAI que iniciaron su tramitación no se aprobarán porque no son viables, ya que hay una gran cantidad de suelo urbanizable, que “pronto dejará de serlo, y muchas viviendas vacías en el mercado inmobiliario”. Para el experto, en los próximos meses habrá proyectos que se reprogramarán “a la baja” para adaptarse a la demanda del mercado. Para Manuel Alcaraz las últimas sentencias relacionadas con el urbanismo confirman que “empresarios y políticos” durante unos años consideraron que en materia urbanística “valía todo”. Las personas consultadas también coinciden en que los varapalos judiciales al ladrillo confirman que la lucha que durante años, y de manera sosegada y discreta, han mantenido los colectivos ciudadanos, y muchos particulares, al final ha surtido efecto. “Sin esa red social, que costó de aflorar, y luchó contra políticos y empresarios no se hubiera podido frenar a los piratas especuladores del suelo urbanizable”, concluye Alcaraz.
Sin embargo, Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras, recuerda que todas estas sentencias “no entran en el fondo de la cuestión, y anulan cuestiones formales”, relacionadas con la falta de publicidad, la legitimidad de algunos informes o la falta de documentación. “Sería deseable que hubieran entrado en el fondo de la cuestión, para disponer de jurisprudencia y poder actuar en el futuro”, asegura el responsable de la Administración del PP. Giner recuerda que en algunas de estas sentencias hay “votos discrepantes” de algunos magistrados, y lamenta que todos estos autos generen cierta “inseguridad” jurídica, ya que hay disparidad de criterios, y en ningún momento se cuestiona el modelo urbanístico. “Desde la Generalitat queremos hacer las cosas bien, y pedimos seguridad jurídica, porque si la legislación urbanística dice una cosa y los tribunales otra distinta, los políticos no sabemos a qué atenernos”, reflexiona el director general de la consejería.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 6.7.13
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabassa - vplaza
Vecinos de Alcorcón acampan en los terrenos de Eurovegas para rechazar el macrocasino
El megacomplejo de casinos 'Eurovegas', que tiene previsto su construcción en terrenos de Alcorcón (Madrid), parece que no termina de arrancar por diferentes motivos, todos negativos. Así los propios vecinos y plataformas ciudadanas creadas para detener este inmenso pelotazo urbanístico, se siguen manifestando periódicamente, como han hecho el pasado fin de semana.
"ELDIARIO* : Vecinos de la ciudad de Alcorcón apoyados por las plataformas 'Detengamos Eurovegas' y 'Eurovegas No' de Madrid han decidido acampar este fin de semana en los terrenos de la Venta de la Rubia, lugar asignado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para albergar el complejo de juego y ocio de Las Vegas Sands. La jornada se ha iniciado a las 11:00 horas con una marcha reivindicativa a pie y en bicicleta en contra de la instalación de este proyecto desde las estaciones de Cercanías de San José de Valderas y Alcorcón que ha contado con "decenas de miles de personas", como ha señalado un integrante de la plataforma.
El objetivo de esta acampada es denunciar el proyecto que, según 'Detengamos Eurovegas' ha sido "negociado en secreto" entre la promotora del mismo y los dirigentes políticos, lo cual, en vista de los afectados es "una muestra triste de falta de diálogo".
Desde la plataforma aseguran que de llevarse a cabo el complejo afectará "de forma negativa" a la ciudad y creen que las consecuencias de su instalación "repercutirán negativamente en toda la economía y política española porque su desarrollo supondría uno de los ejemplos más perfectos de la subordinación del interés público".
El portavoz de 'Detengamos Eurovegas', Jesús Bartolomé, ha explicado que la tardanza de Las Vegas Sands en presentar el proyecto se deba probablemente a la financiación puesto que "sólo está comprometido un tercio de la inversión de la primera fase", cuya responsabilidad es de la empresa promotora.
"No se han concretado aún los inversores y la propia empresa no va tan bien cuando sus casinos en Estados Unidos están perdiendo dinero", ha señalado Bartolomé, quien tiene esperanza en que este proyecto no siga adelante.
El portavoz asegura que es probable que Eurovegas no acabe construyéndose en Alcorcón a pesar "de los cambios legislativos a medida" ya que ha señalado que "otros proyectos similares de ciudades de casino" finalmente no cuajaron.
Los convocantes de la acampada han citado a los que deseen asistir a la misma a las 21:00 horas junto a la parada de autobuses del Museo del Aire.
Tras pasar la noche "al raso" en los terrenos donde se levantará el complejo de casinos, tienen previsto una concentración mañana a las 12:00 horas en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento de Alcorcón, para manifestar nuevamente su oposición a la construcción de Eurovegas.
* El Diario - EFE - 6.7.13
Foto: Vecinos de Alcorcón acampan contra Eurovegas - eldiario
Sevilla.- 'Sandokán' ganó cuatro millones al comprar un solar que ya era suyo
Es ya suficientemente conocido el empresario constructor 'Sandokán', junto a su empresa Arenal 2000, por su imputación en la trama 'Malaya' de la Costa del Sol, la ilegalidad de sus naves en Córdoba, junto a su entrada en política, o aquí en la ciudad de Sevilla también. El tema de las recalificaciones irregulares, con cambios de identidad por el medio, son ya habituales en este mundo de la corrupción urbanística.
"LARAZÓN* : Fundar una segunda empresa y venderse a uno mismo un terreno de su propiedad. Eso fue lo que hizo en el año 1999 la cordobesa Arenal 2000 con la antigua fábrica de Uralita de Bellavista. En un día, Arenal 2000 fundó junto a la caja de ahorros Cajasur Arenal Sur 21 y revendió a esa nueva compañía la parcela que había comprado justo un año antes, obteniendo un beneficio de 4,2 millones de euros. Es decir, que la firma propiedad del empresario Rafael Gómez, «Sandokán» –implicado en la «Operación Malaya» de corrupción urbanística– hizo un negocio redondo: cobró y además mantuvo la propiedad del 50 por ciento de los terrenos.
En 2006, según reconocía en una respuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la primera entidad española intervenida por el Banco de España ya poseía el cien por cien del capital, una vez rebautizada la compañía como Prienesur.
Por los más de 238.000 metros cuadrados de superficie, la nueva promotora creada «ex profeso» pagó algo más de 36 millones de euros. Arenal 2000 la había comprado exactamente un año antes por 31,8 millones. A ello habría que sumar otros tres que de forma voluntaria –no se exigía en el convenio suscrito con Urbanismo–, aportó para «participar en el coste de las infraestructruras generales». Esos terrenos albergan actualmente la megalómana urbanización Jardines de Hércules, un complejo exponente del «boom» inmobiliario y cuya cuarta fase ha encallado.
Especulación
Pero antes de «Sandokán», el solar de la antigua factoría había pasado por varias manos. Tras el cierre, la propietaria original de los terrenos, Uralita Productos y Servicios SA, busca la recalificación que permita construir pisos. Propone a la Gerencia de Urbanismo modificar el PGOU y ofrece a cambio suelo y las instalaciones deportivas de la fábrica. Según detalla la Cámara de Cuentas en un informe de 2006, el Ayuntamiento sevillano solicita también que se compensen las nuevas dotaciones requeridas cediendo los terrenos que se califiquen de equipamiento.
Una semana después de ese primer contacto, el 15 de diciembre de 1998, Urbanismo, «informa favorablemente» sobre ella: «Entre otros motivos porque la reserva de suelo que se ofrece para uso dotacional (123.568 m²) es superior a los mínimos exigibles (96.390 m²)» establecidos en un 10%, según detalla el órgano auditor. Sólo un mes después, se cumple el primer trámite; la aprobación definitivamente se produce el 25 de noviembre de 1999.
Según justificó la Gerencia en su día, «los objetivos perseguidos con la modificación son, por un lado, mantener las instalaciones deportivas existentes, pero dándoles carácter público y, por otro, formalizar fachada (sic) a la nueva calle urbana tras haber perdido su naturaleza de carretera nacional». Pero lo cierto es que eso permitió a Uralita vender las parcelas por 16,2 millones –según consta en el registro de la propiedad, aunque no en el expediente administrativo fiscalizado, según destaca la propia Cámara–.
Era marzo de 1999 y se había cumplido el trámite previo a la recalificación. En diciembre, la nueva propietaria, Indes Desarrollo Inmobiliario, se deshace del suelo por prácticamente el doble: Arenal 2000 pagó 31,8 millones, 15,6 más que lo que había costado sólo nueve meses antes. La operación, según recalca el órgano auditor, se produce «nada más efectuarse la aprobación definitiva de la Modificación del Plan General».
* La Razón - Marta M. Reca - 2.7.13
Foto: Naves Arenal 2000 en Córdoba- arenal2000
Málaga.- Urbanismo tumba el proyecto privado para los Baños del Carmen que defiende el alcalde
Si ya existe un problema urbanístico grave en el ayuntamiento de Málaga, solo faltaba que discreparan la gerencia y el propio alcalde (PP) sobre asuntos tan emblemáticos como este de los antiguos Baños del Carmen y el diseño del paseo marítimo. Los propios vecinos y otras asociaciones reivindicarán de nuevo el 20 de Julio su recuperación y el rescate de las concesiones realizadas.
"SUR* : Una vez más, y no es la primera en los últimos meses, el alcalde dice una cosa y la Gerencia Municipal de Urbanismo lo contrario. Si hace un par de semanas los técnicos de este departamento tumbaban el proyecto anunciado por Francisco de la Torre para acabar con el hedor de la desembocadura del Guadalmedina, donde finalmente se mantendrá una lámina de agua, ahora hacen lo propio con la propuesta presentada por los concesionarios de los Baños delCarmen para regenerar la zona, una idea que fue bendecida y alabada repetidamente por el regidor.
Según pudo conocer este periódico, estos privados se encuentran muy contrariados tras conocer un informe de Urbanismo que echa por tierra el proyecto presentado y elaborado por el estudio del arquitecto Salvador Moreno Peralta, una actuación que la concesionaria está dispuesta a asumir si se le permite construir un hotel cuatro estrellas en una parcela cercana y un aparcamiento de 150 plazas. Los técnicos municipales argumentan que el diseño no se ajusta a lo contemplado en el Plan General.
* Sur - Jesús Hinojosa - 5.7.13
Foto: Imagen de los Baños del Carmen. / Carlos Moret
Pompeya, amenazada por la ruina y la Unesco
Como se ve no solo es en España donde hay graves problemas con la protección del Patrimonio histórico artístico, sino también en muchos otros países entre los que se incluye la propia Italia, considerada como modelo en la protección del Patrimonio por la gran cantidad de monumentos existentes. Y las famosas ruinas romanas de Pompeya son el mejor ejemplo de esto, ya que no se han cumplido los planes especiales previstos.
"ELCONFIDENCIAL* : La Unesco advierte a Italia: tiene dos años para ponerse al día con la conservación de las Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y la Torre Annunziate, catalogadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tras varios estudios sobre el estado del yacimiento y los sucesivos deterioros que han sufrido las ruinas romanas, la institución comunicó este fin de semana a la delegación italiana que si no se llevan a cabo “progresos sustanciales” antes de 2015 el Comité podría cambiar a Pompeya a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
Italia tiene hasta el 31 de diciembre de este año para explicar al organismo las medidas que va tomar para proteger el patrimonio de Pompeya. El 1 de febrero de 2014 la Unesco enviará otra misión de inspección a la zona, como ya hizo en 2010.
El último informe de investigación del organismo de la ONU ha observado grandes problemas de conservación en el sitio arqueológico, declarado Patrimonio Mundial desde 1997. Las últimas revisiones, que tuvieron lugar el pasado mes de enero, apreciaron un "considerable progreso" en "algunas" de las propuestas de preservación ya en la inspección del año 2010. Aun así aún quedaban "muchos problemas que resolver".
Gestión
La delegación de la Unesco invita al gobierno italiano a agilizar los trámites para mejorar la gestión de su patrimonio. Las instituciones italianas se han comprometido a presentar el plan de gestión en la fecha consignada por el organismo, que comprende una extensión de la zona de protección, para ampliar el área más allá del sitio arqueológico concreto.
El informe de la delegación de la Unesco añade una modificación a la propuesta en la zona de Herculanum, para que incluyan también otro espacio donde tuvieron lugar excavaciones en los años 90, entre el núcleo de protección y la llamada Villa de los Papiros. Esta parte administrativa corre a cargo del Estado italiano.
Restauración y conservación
En este punto yace el principal problema. Italia no ha puesto apenas en marcha el plan de desarrollo del proyecto que apoyo a Pompeya de la Comisión Europea. 105 millones de euros que tenían como objetivo restaurar el deterioro causado por los fuertes temporales en 2011, que agravaron aún más la situación del sitio ya dañado el año anterior también por las tormentas que causaron indirectamente el derrumbe de la Domus de los Gladiadores. Desde que se aprobó el plan en marzo de 2012, se deberían haber iniciado 39 proyectos individuales. Solo se han puesto dos en curso. La Unesco reclama en su informe un seguimiento externo de las intervenciones sobre el terreno y la aceleración de las medidas de conservación de forma urgente.
La delegación de la Unesco identificó que “los deterioros causados estos últimos años persisten” y exige medidas correctoras: “La falta de vigilancia y de técnicos que aseguren la gestión, la supervisión y conservación del sitio es siempre un problema”. Además, la delegación estima que proyecto europeo caducará con varias de las medidas en curso. Aunque se consigan resultados, la Unesco ya considera que no se cumplirán los objetivos propuestos.
Pompeya afronta una serie de problemas de conservación desde hace varios años. Al continuo deterioro de las ruinas se añade la dejadez del Gobierno italiano. El gran desastre sucedió en 2010, cuando se derrumbó la Domus de los Gladiadores, el edificio en el que se entrenaban los atletas en la antigua Pompeya. La construcción, que se encuentra en la calle de la Abundancia, una de las vías principales de la ciudad, fue cerrada al público para poder llevar a cabo las investigaciones y los análisis pertinentes, que atribuyeron los daños posteriormente a las filtraciones de agua. Para añadir otro toque de ruina, en diciembre de 2011 se cayó un muro en el patio de la Casa del Moralista.
Las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, así como numerosas villas de las comarcas circundantes, fueron sepultadas tras la erupción del volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79. Se empezaron a desenterrar sus ruinas de forma progresiva desde mediados del siglo XVIII. Un lugar de gran valor histórico convertido también en un importante foco de turistas del país. Y que ahora corre riesgo de ver reducido su valor como punto turístico por la falta de conservación.
El cambio de categoría no implica un castigo político. Incluso estar "en peligro" ha servido a otros lugares del mundo para recibir más fondos económicos. Pero para Italia, el país que más lugares Patrimonio Cultural alberga, es una cuestión de prestigio. El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nápoles considera que es como "un suicidio colectivo", según ha declarado en la prensa italiana: "El patrimonio artístico de una nación es como la educación y la sanidad: tenemos que decidir si merece nuestra atención o no".
Andrea Carandini, arqueólogo prestigio en Italia y ex presidente del Consejo Superior de Bienes Culturales de ese país, ha asegurado también en diferentes medios del país que el plan de restructuración “se está cumpliendo poco o mal” y que tan sólo tendrían que “ponerlo en funcionamiento”. El arqueólogo ha puesto de manifiesto una serie de dificultades globales que impiden el arranque del gran proyecto, como el exceso de burocracia, la carencia de personal o el exceso de “corporativismo de los sindicatos”.
Los recortes en Patrimonio
El actual ministro de Cultura italiano Massimo Bray, en el cargo desde el pasado mes de abril tras las elecciones de febrero, ha reconocido en una entrevista al diario Corriere de la Sera que hacen falta profesionales para la protección del patrimonio italiano: “Los recursos para emergencias en Pompeya, como pueden ser los hundimientos, se recortaron en más de un 58 % en los pasados cinco años. El ministerio en términos globales se ha reducido en un tercio comprando con el presupuesto de 2008”.
La cartera de cultura italiana cuenta con 90 millones de euros para este año, mientras que le harían falta unos 500 para proteger de forma adecuada sus 49 espacios incluidos en la lista Patrimonio Mundial. El ministro precisó además que las últimas oposiciones para puestos en Patrimonio en Italia se celebraron en 2008, en las que se ofrecían 400 puestos para 139.000 candidatos. La cuestión difícil de entender es que Italia ha tenido a su disponibilidad una fuerte financiación europea que no ha sido aprovechada.
El político del Partido Democrático ha especificado que a partir de ahora Pompeya será “una prioridad”, según decidió en la última reunión mantenida con el primer ministro Enrico Letta.
Y si no, siempre quedará el mecenazgo. El pasado mes de enero el magnate italiano Pietro Salini mostró su voluntad de donar 20 millones de euros para la recuperación del sitio arqueológico de Pompeya. Massimo Bray ya ha dicho que se reunirá lo antes posible con el empresario para gestionar un acuerdo. “Todas las donaciones son más que bienvenidas”, ha comentado el ministro. Y corren prisa, debería añadir. Les queda poco tiempo si no quieren que las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano queden sepultadas de nuevo. Y ya no será por las erupciones del Vesubio.
* El Confidencial - Verónica Ramírez - 4.7.13
Foto: Derrumbe de la 'Casa de los Gladiadores', en Pompeya, en el año 2010. (EFE)
El alcalde de Barbadás vota los cambios urbanísticos que benefician a su familia
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La provincia de Ourense se ha caracterizado por un sin fin de núcleos urbanos con grave corrupción urbanística, incluyendo la capital y la propia Diputación. Ahora se suma el municipio de Barbadás donde el alcalde se salta todas las normas y beneficia con su voto un 'pelotazo' a su propia familia. Más de lo mismo, mientras la justicia sigue sin actuar de oficio.
"ELPAÍS* : Los acusaron de propiciar un pelotazo urbanístico, de incurrir en una supuesta prevaricación, de haber buscado solo un objetivo, el de “su propio enriquecimiento y el de sus familiares y amigos” con su gestión política al frente del gobierno municipal, pero el alcalde y el teniente de alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto y Manuel García, aguantaron impertérritos el chaparrón en el pleno de ayer, solo acertaron a defenderse de los ataques tildándolos de “demagogia” y votaron favorablemente la modificación provisional de un área de reparto, la AR-10, que ve aumentada su edificabilidad y en la que ambos, junto con otros exconcejales constructores de su grupo, tienen propiedades.
De nada sirvió la advertencia de la portavoz del PSOE, Victoria Mourenza, de que ambos deberían abandonar la sala en la votación. La secretaria municipal eximió al alcalde de responsabilidad considerando que es una empresa a nombre de su mujer y de su hija —y no al suyo— la dueña de los terrenos que ven aumentada la edificabilidad y descartó igualmente que se ausentase el teniente de alcalde —con los terrenos a su nombre— valorando en este caso que “no existe beneficio directo para él”. La secretaria entiende que sería “distinto” si el número dos del Ayuntamiento “fuese el propietario mayoritario o exclusivo” de los terrenos de esa área de reparto. El teniente de alcalde es la segunda persona con mayor volumen de terreno, según precisó la oposición, con 3.071 metros cuadrados.
Con los dos votos de los dirigentes del PP se aprobó la modificación, que el PSOE ha anunciado que impugnará, que supone para los dueños de parcelas la supresión de la construcción de dos viales de acceso a la N-540, el aumento de la edificabilidad en 2.100 metros cuadrados, la reducción de reservados para zonas verdes y, según precisó el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, y no negó el alcalde, un beneficio de económico añadido al desarrollo urbanístico previsto de tres millones de euros. “Todo se hizo por el cauce reglamentario. No sé dónde ven ustedes el pelotazo”, concluyó el alcalde.
* El País - CRISTINA HUETE - 1.7.13
Foto: Barbadás (Ourense) - farodevigo
El fiscal del Supremo pide el envío a prisión de Matas por “malgobernar”
Está claro, clarísimo, el asunto del 'malgobierno' de Matas en Baleares, pero la lentitud judicial hace que, a estas alturas, todavía esté en la calle disfrutando de sus bienes de dudosa procedencia, cuando el expresidente balear debería estar hace ya tiempo a la 'sombra', junto a sus colaboradores, por la corrupción urbanística, entre otras cosas acaecidas en las islas durante su mandato de hace años.
"INFOLIBRE* : El fiscal Fernando Sequeros ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena de 6 años de cárcel impuesta al expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas por delitos de corrupción porque "los gobernantes que malgobiernen y aquellos que se valen de sus funciones para lucrarse en sus intereses privados" merecen "una sanción".
Así lo ha expuesto durante la vista pública que ha acogido este martes la Sala de lo Penal del alto tribunal para revisar los recursos interpuestos por Matas y por el articulista Antonio Alemany contra la sentencia dictada el pasado marzo por la Audiencia de Palma que condenaba a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación, y al periodista a tres años y nueve meses en el primer juicio del caso Palma Arena.
El representante del Ministerio Público ha defendido que la sentencia fue "correcta" y que el acusado se valió de la "confianza depositada en las urnas" para favorecer a sociedades de su confianza como eran las de Alemany.
"Todo fue un artificio, un ropaje formal para que esa persona pudiera satisfacer sus necesidades como periodista valiéndose de medios que le resultaban económicos desde las amistades que tenía", ha aseverado el fiscal, que ha acusado a ambos procesados de "utilizar" a la Administración pública "por encima de los fines que la Constitución prevé y del interés general". "Aquí se hizo todo lo contrario", ha zanjado.
La gravedad de los hechos.
La acusación ejercida desde el Gobierno balear también ha solicitado confirmar la condena impuesta a Matas y Alemany porque las pruebas en su contra fueron "lícitas y válidamente obtenidas", en referencia al "examen minucioso" de las declaraciones de los coimputados Joan Martorell y Miguel Romero de la Cerda, los testigos y la "abundante" prueba documental. "Proceden de un análisis lógico y razonable".
La letrada ha añadido que el trabajo objeto del contrato no se realizó y ha recalcado que la "gravedad" de los hechos probados justifica la pena impuesta "habida cuenta de que hablamos del presidente del Gobierno". "Cada céntimo de euro debe responder a un interés público y estar plenamente justificado", ha añadido.
"Incoherencias y falta de lógica" de la Audiencia
En su turno, tanto la defensa del exministro 'popular' como la del periodista de opinión han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que la sentencia condenatoria vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una absoluta "falta de lógica y racionalidad" en la valoración de la prueba de cargo, no motivó suficientemente sus responsabilidades e impuso además un castigo desproporcionado.
"Es una sentencia de ida y vuelta, se dice una cosa y la contraria, se dice blanco y se dice negro, unas páginas consideran acreditada una cosa y otras páginas consideran acreditada otra", ha afirmado la abogada de Matas, para exponer las múltiples "incoherencias" de la resolución de la Audiencia de Palma.
A juicio de la abogada Pilar Gómez Pavón, el tribunal parece que pensaba "en una Administración pública casi feudal" donde el presidente impone "lo que quiere hacer". Ha cuestionado así los delitos de falsedad documental, de prevaricación y de malversación por los que el expresidente balear fue condenado y ha indicado que el contrato con Alemany cumplía las condiciones y persiguió un "interés público".
El abogado defensor de Alemany, Javier Fernández, también ha apuntado que la cantidad cobrada por su representado estaba "justificada" y que la propia sentencia reconoció que las declaraciones de los coimputados tenían "escasa fiabilidad", en alusión a las palabras incriminatorias del exdirector general de Comunicación Joan Martorell y el dueño de la agencia Nimbus Miguel Romero, quienes fueron condenados a poco más de un año de cárcel.
El letrado ha defendido que el articulista realizó los trabajos por los que fue condenado y si no han sido localizados ha sido porque la "búsqueda no fue suficiente". "Tal vez no lo fue de manera intencionada", ha remachado, para negar que Alemany ocultara su identidad en el contrato. "Como administrador aparecía su sobrino porque él iba a ser sometido a una operación a corazón abierta y le dijo: ponte tú porque si a mí me pasa algo, cuidas de tu tía", ha concluido.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, y formado por Jorge Barreiro, José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena revisará la sentencia que condenó al exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar por delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado.
La Audiencia de Palma consideró probado que los acusados que se sentaron en el banquillo pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.
* Infolibre - 2.7.13
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters (archivo)
La destrucción del patrimonio histórico en la Comunidad de Madrid
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La Comunidad de Madrid, fiel a su política de acabar con todo lo público para hacer suculentos negocios privados, aprobó hace poco la nueva ley de Patrimonio Histórico, otra nefasta norma que nos retrotrae a los peores tiempos de la dictadura cuando las cosas se hacían por la cara, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Ahora, sin duda, esta interesada destrucción patrimonial la pagarán las generaciones futuras.
"JAVIER N.NEGRO* : Hoy no narraré ningún acontecimiento ni episodio histórico, déjenme saltarme en cierta medida el guión para realzar un debate de no poco enjundia, necesario, ligado a la Historia y las Ciencias Humanas en general. Me centraré en la Comunidad de Madrid y su ciudad, aunque lo que aquí leerán, es extrapolable a todos los rincones del estado español. El PP de la Comunidad de Madrid ha sacado adelante, gracias a su mayoría absoluta, la nueva ley de Patrimonio Histórico, la cual, entre otras aplicaciones, suprime la necesidad de la realización de un informe arqueológico preventivo en los proyectos de construcción, lo cual, actualmente favorece la construcción de complejos como Eurovegas y siguientes “pelotazos urbanísticos”. Éste es, el modelo económico que excita a las cúpulas del Partido Popular y otros partidos políticos.
Claro ejemplo de dicha situación la encontramos en el espacio y entorno geográficos sobre los que se va a posar el complejo de Eurovegas, en caso de que apareciese cualquier resquicio arqueológico, estos podrían ser borrados con total impunidad. Cabe recordar, que próximo al enclave, se halla un yacimiento paleolítico entorno al arroyo de Butarque, además se debe tener en cuenta que dicha zona está dentro del terrotorio que fue poblado por los Carpetanos. Por ende, la probabilidad de hallar indicios con tan sólo tirar de “piqueta” es más que evidente.
Otro paradigma, sin lugar a dudas lo vemos en Vicálvaro, concretamente en el barrio de los Ahijones donde el ayuntamiento de Madrid va a construir 15.400 pisos. Recientemente han aparecido sobre los solares un elevado número de tumbas visigodas, no obstante, los intentos por museizar la zona han caído en saco roto, y tan sólo se ha dado permiso para encontrar el poblado en un perímetro de dos kilómetros. Todo ello, tras los trabajos de urgencia se verá sepultado por millares de viviendas.
Los dos casos expuestos con anterioridad aún son evitables, algo que no ocurrirá con el ya desgajado poblado carpetano de la Gavia. Un promontorio sobre el que en 1992 se instalarón las vías para el Ave Madrid-Sevilla (Véase la imagen de la presente entrada Fig.1 ). Para más noticias de dicha índole os aconsejo que le echéis un ojo a esta entrada del blog Parque Lineal.
Vemos como el resultado de tales políticas es nefasto, pues el legado arqueológico se evapora por siempre de la memoria, tan cerca, pero tan lejos, bajo kilos de hormigón, sin ni tan siquiera haber sido expuestos a una excavación arqueológica de urgencia. Orgullosos de ello se hallan aquellos que promueven la marca España y para lo único que utilizan la Historia es para sesgarla y servirla a su gusto.
En realidad, se torna sencillo evitar tales atrocidades, lo único que hay que hacer es cambiar la política económica. Se dilucida que el PP prefiere el modelo de casinos, mafias y ladrillo por doquier, sin embargo, les propongo un viraje en sus intenciones de fomentar empleo y generar riqueza. Vean, Ana Botella e Ignacio González, con el alto grado de licenciados en carreras de Ciencias Humanas, sería más acorde a su formación preservar el patrimonio histórico que posee la Comunidad y ciudad de Madrid, gracias a ello se podrá fomentar la investigación y con ello; abrir centros de interpretación, museos, parques temáticos con una fórmula ecológica e histórica, recreaciones de la vida y costumbres del pasado y un amplio abanico de actividades entorno a la Historia que envuelve el territorio. En referencia a la ciudad de Madrid, la riqueza de su casco antiguo es incomensurable y debería ser aprovechada en clave de rutas, visitas, recreaciones en clave de literatura, historia y música entre otras artes.
Dicho modelo productivo, generará comercios, --muchos ligados a la artesanía-- que giren entorno al patrimonio. Seguramente, el beneficio económico, que lo habrá, no sea de forma tan inmediata, no obstante, el beneficio social es impagable. El paro juvenil caerá, los licenciados en carreras de humanidades trabajarán por lo que han estudiado, el emprendedor aparecerá en clave de comerciante, artesano e incluso regentando una venta “Quijotesca” si me permiten la expresión. Todo ello, fomentando el pensamiento y el juicio crítico, algo que choca con el modelo de social sobre la que se alimenta el PP; personas sin capacidad de análisis, trabajando en la precariedad y evadiendo sus problemas de forma temporal tirando dados sobre una ruleta.
* Diagonal - Opinión - 2.7.13
Foto: Cerro de la Gavia.- celtiberia.net
El alcalde de Granada, imputado por prevaricación urbanística
Granada es otra ciudad que ha estado desde hace tiempo en la picota urbanística, ahora se acusa a su alcalde por favorecer a determinados amiguetes promotores, algo en lo que han salido perjudicados, evidentemente, todos los ciudadanos granaínos.
"ELDIARIO* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Granada ha llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), investigado por supuestamente favorecer a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' por aceptar la cesión de solares al Ayuntamiento a cambio de perdonarles la deuda que mantenían con este precisamente por no construir el mencionado proyecto del Palacio.
La información la adelantaba en su edición de este martes el diario Ideal de Granada.
En concreto, el magistrado Basilio García interrogará a Torres Hurtado el próximo 22 de julio, a las 9.00 de la mañana, acerca de su actuación en el acuerdo que canceló la deuda de alrededor de 8,2 millones de euros de dos promotores con el Ayuntamiento de Granada al no realizarse la obra del Palacio de Hielo en la zona del Cerrillo Maracena, por lo que estos nunca habían llegado a ceder al municipio los aprovechamientos correspondientes en el convenio urbanístico.
En 2011, el alcalde aceptó dos parcelas de dicho convenio a cambio de perdonar la deuda, aunque los activos de ambos empresarios ya estaban embargados gracias a una sentencia judicial, algo que el PSOE denunció por considerar que "lesionaba los intereses" del Ayuntamiento y que el juez instructor intenta aclarar, de momento imputando al regidor, a los dos promotores y a los responsables de la Caja Rural de Granada, también parte del convenio.
Robo de terrenos al Estado
El 'caso Palacio de Hielo', estrechamente relacionado con esta investigación, sentará en el banquillo el próximo mes de octubre precisamente a los mismos promotores imputados junto al alcalde, aunque no a este ni a ningún representante de la Caja Rural, y al ex concejal de Urbanismo de Granada, Luis García Royo (PP), que formó parte del equipo de gobierno de Torres Hurtado en el mandato 2003-2007.
El ex concejal García Royo y varios funcionarios del Ayuntamiento de Granada, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, están acusados de ponerse de acuerdo con las promotoras (JJ Consulting SL y Promociones Arcomarex) así como la Caja Rural, para, en 2005, al trazar el convenio urbanístico para la construcción del Palacio, incluir como si fuesen terrenos municipales parcelas de la zona que en realidad, pertenecían al Estado, en concreto al Ministerio de Fomento y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Fue el propio Estado quién denunció los hechos, abriendo una investigación que ya había salpicado al alcalde Torres Hurtado y a la actual edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ya que uno de los imputados –que ahora también acompañará a declarar al regidor en este nueva investigación–, el promotor José Julián Romero, los acusó de ser los responsables últimos del convenio del Palacio.
Acusaciones del promotor
De hecho, el acuerdo de compensación de la deuda de los 8,2 millones a cambio de parcelas se produjo tras una de las primeras declaraciones en prensa de Romero acusando a Nieto y Torres Hurtado de haber mantenido la validez del convenio por el que se lo embargaba más allá de las municipales de 2007, cuando García Royo fue sustituido al frente de la concejalía de Urbanismo.
Aunque el acuerdo de 2011 templó los ánimos, Romero volvió a acusar ante los micrófonos a Torres Hurtado de estar implicado en el 'Palacio de Hielo' en vísperas de las autonómicas de 2012, poco después de que Fiscalía pidiese juicio oral.
El Estado ha conseguido la anulación de al menos dos convenios urbanísticos similares más entre 2010 y 2011, en este caso en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Se trata de las parcelas conocidas como Azucarera San Isidro y Villa Pineda, la primera fruto de un convenio de 2004 que firmó García Royo y la segunda de otro de 2007 ya con Nieto como edil. Actualmente también está en los tribunales el Plan Parcial PPT-17, que el Ministerio de Fomento denunció en 2012 que contabiliza como municipales casi 4000 metros cuadrados de propiedad estatal.
* El Diario - Miguel Gómez - 2.7.13
Foto: Torres Hurtado, investigado por favorecer supuestamente a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' / EFE
Valencia.- El juez de Gürtel imputa a cuatro cargos más por amañar contratos
Continúa el goteo de notables políticos valencianos imputados en la trama corrupta 'Gürtel'. Ahora se trata de ex altos cargos de la Generalitat de Camps que fraccionaban ilegalmente contratos de obras a fin concederlos a dedo y sin competencia a empresas de la trama. Habrá que ver hasta dónde llega la justicia, y si lo hace con rapidez, ante tantas pruebas inculpatorias.
"ELPAÍS* : El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat. Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta.
El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.
Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.
El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.
El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.
El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.
Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.
El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 2.7.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo
El fiscal atribuye a exedil Murcia papel destacado en corrupción urbanística
Nada nuevo al respecto de lo que ya se sabía desde hace años, que el ayuntamiento murciano había favorecido a determinados constructores amiguetes al redactar el nuevo Plan General municipal. Habrá que esperar si esta acusación de corrupción urbanística sigue adelante con rapidez y, realmente, se tira de la manta en una ciudad (y región) donde abundan esta clase de delitos.
"EFE* : El exedil de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, tuvo un papel destacado en la adopción de un modelo supuestamente corrupto implantado para reformar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que favorecía a constructoras, según el informe del fiscal Anticorrupción notificado hoy a los imputados. El documento responsabiliza también a altos cargos de la Gerencia de Urbanismo y al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara -todos ellos igualmente imputados-, aunque con respecto a este último, del PP, indica que todavía no se ha realizado una investigación de su patrimonio.
El fiscal, Juan Pablo Lozano, indica que la documentación incautada en los registros del conocido como caso Umbra señala que el entonces concejal "recibió importantes presentes, cuyo valor se estima en no menos de 85.000 euros, como seis relojes de alta gama".
Estos regalos, junto con obras de arte que le entregaron, entre otros, el ingeniero y también imputado Renato del Noce, levantan las sospechas de la fiscalía, "al tener en cuenta que se produjeron en fechas cercanas a la aprobación de un plan parcial".
Asimismo, se afirma que en el domicilio del exconcejal fueron halladas 30 obras de arte, "cuyo origen se investiga y cuyo valor se estima que supera los 30.000 euros, además de otras dos pinturas supuestamente regaladas y que tienen el mismo valor".
Hay "importantes descuadres en sus gastos diarios que permiten inferir que disponía de dinero en metálico de origen desconocido", asegura el informe, en el que se dice que Berberena "mintió" al declarar como imputado.
Añade, además, que "es difícil que no vislumbrara los sorprendentes cambios del PGOU ni conociera o intuyera las espurias actuaciones de sus inmediatamente subordinados".
Para reforzar sus sospechas sobre este imputado se recogen varias fotos incautadas a Del Noce, en el que se le ve junto al exjefe de Planeamiento el ayuntamiento y también imputado Joaquín Peñalver y al empresario Ramón Salvador Águeda, dueño del Grupo RS y de distintas empresas, en el yate de lujo de este último atracado en el puerto alicantino de Denia en septiembre de 2004.
En una foto se ve a Ramón Salvador Águeda, que suscribió con el ayuntamiento de Murcia un convenio urbanístico en febrero de 2006, jugando una partida de dominó con Peñalver y Del Noce, y en otra, a Berberena y a su esposa con Del Noce "en el que presumiblemente es el chalet" del exedil en Santomera (Murcia).
Esta documentación "permite de modo indiciario acreditar que la cúpula de la Gerencia de Urbanismo -los que realmente justificaban técnicamente las operaciones normativas y decisiones administrativas- tenía intereses personales con los representantes técnicos de algunas de las promotoras o con las propias promotoras que presentaban proyectos urbanísticos".
Para el fiscal tiene también responsabilidad el alcalde, "como máximo responsable de la adopción de algunas decisiones que se tachan de delictivas por no responder al interés general".
* El Confidencial - EFE - 1.7.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
La Comunidad de Madrid elabora un mapa de viviendas ilegales para perseguir su construcción
Ante noticias como esta, no se sabe si es mejor reir o llorar. ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid, última responsable del urbanismo en sus límites, no tenga a estas alturas un mapa de las construcciones ilegales? ¿Qué ha estado haciendo hasta este momento? ¿No va a dimitir nadie por tener la caradura e ineptitud de que no exista dicho mapa? ¿Y todos los políticos responsables de esta situación que han pasado en los últimos años? Aparte del delito municipal de que existan esas construcciones ilegales, también hay un delito gravísimo en la propia Comunidad.
"20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid va a elaborar el primer mapa de viviendas ilegales de la región. El inventario permitirá someter a "control" el urbanismo salvaje que, según los expertos y los grupos ecologistas, han venido permitiendo tanto el ejecutivo autonómico como los ayuntamientos. El trabajo ha sido adjudicado a la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental por un importe de 45.496,00 euros, la oferta económica más ventajosa. Esta deberá elaborar una base de datos con una ficha técnica por cada construcción levantada en suelo no urbanizable y suelo urbanizable que no haya sido dividido en sectores. Estas fichas detallarán la situación de los inmuebles, el número de plantas, el terreno que ocupan y el uso que le dan sus propietarios.
La localización se realizará mediante fotografías aéreas e imágenes por satélite de los 179 municipios de Madrid tomadas durante los últimos años y hasta 2011. Ello permitirá saber el intervalo de tiempo en el que las edificaciones fueron construidas y si sus propietarios las modificaron a posteriori. Las que se hicieron despúes de 2011 que, en principio, fuera, aunque la base de datos podrá actualizarse a posteriori.
El aspecto cronológico es especialmente importante, dado que las infracciones y delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años de cometerse, según la ley autonómica del suelo. Sin embargo, cada añadido, modificación o ampliación supone una irregularidad nueva.
La elaboración del mapa comenzará de inmediato, de forma que esté listo el próximo mes de diciembre. Una vez que la Consejería de Medio Ambiente lo tenga, contará con un instrumento con el que presionar a los ayuntamientos para hacer cumplir la ley, ya que la disciplina urbanística depende de las administraciones locales.
La adjudicataria también contará con la información proporcionada por las direcciones generales de Medio Ambiente, Evaluación Ambiental y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, además de con los informes y trabajos de campo del Cuerpo de Agentes Forestales.
Más medios
Hoy, Madrid tiene miles de viviendas ilegales repartidas por toda la región, siendo las zonas más afectadas la Vega del Tajuña (Chinchón, Morata, San Martín de la Vega), la del Jarama (El Molar, El Vellón, Talamanca) y el curso medio del río Guadarrama (Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos). Espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste o los cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama se han visto invadidos debido a la pasividad administrativa, como informó 20minutos.
Para los geógrafos de la web especializada Pensando el Territorio, cartografiar e inventariar las urbanizaciones ilegales es "indispensable". Sin embargo, critican que esta iniciativa se tome, por segunda vez en la historia reciente de Madrid, en época de crisis: "Denota claramente un fin recaudatorio, pues el objetivo es legalizar los asentamientos y cobrar impuestos para la Administración".
La última vez que se realizó este catálogo de urbanizaciones ilegales, apuntan, fue en 1985, cuando el entonces presidente regional Joaquín Leguina (PSOE) instó por ley a los ayuntamientos a regularizar 137 colonias ilegales. La mayoría quedaron en el limbo.
Los agentes forestales creen que la medida llega tarde y que adolece de fallos, como no contemplar la problemática social —marginalidad, ausencia de escolarización, drogas en algunos casos—. "Aplaudimos la iniciativa, pero tanto la Justicia como nosotros necesitamos más medios. Denunciamos el 90% de las infracciones durante el primer año de comisión, pero los expedientes y denuncias van muy lentos", describe Juan Manuel Antón, portavoz de UGT en el cuerpo.
Ecologistas en Acción alerta, además, de que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles —conocida como 'ley Virus'— ideada por Esperanza Aguirre y aprobada por su sucesor, Ignacio González, es un obstáculo más para la conservación del territorio, ya que permitirá construir chalés de una planta en fincas de 60.000 metros cuadrados o más.
"Todo el mundo lo hace"
Eugene Morha, de 58 años, sabe que vive en una casa ilegal: "Claro, igual que mis vecinos". Su chalé está en Valdecorzas, una urbanización irregular que comenzó a formarse hace 30 años y que hoy se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste, en el municipio de Arganda. Hasta ahora, el Ayuntamiento se ha negado a proporcionarles los servicios básicos de agua, alcantarillado, luz o transporte. Para fregar usan agua de pozo; para la luz, paneles solares o generadores.
"Construimos la casa porque todo el mundo lo hace y no pasa nada. Ahora vivimos aquí todo el año. Estamos empadronados y pagamos una cuota de 20 euros al mes a la asociación de vecinos. Tengo una sentencia judicial que me dice que no puedo acabar la fachada, pero tampoco tengo que tirarla", detalla. Como ella, otras 200 personas viven en este emplazamiento.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 28.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en S.Martín de la Vega - A.C.
Cataluña.- Se vende pueblo para pagar deudas
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Del despilfarro municipal de hace pocos años se ha pasado a la crisis generalizada por falta de ingresos y tener que mantener unas estructuras propias claramente desproporcionadas (como ocurre también con diputaciones y autonomías). La solución que están dando muchos ayuntamientos es muy peligrosa ya que consiste en malvender un patrimonio público de importancia, atendiendo solamente a la pura y dura especulación urbanística.
"ELPAÍS* : La crisis ha multiplicado las tiendas de empeño y compraventa de oro para que las familias encuentren un alivio económico a sus joyas. A las administraciones les pasa algo similar. La Generalitat se ha desprendido de empresas públicas —en un proceso polémico como el de Aguas Ter Llobregat— y ha vendido varios edificios, incluidas las sedes de algún departamento. Los ayuntamientos tampoco son ajenos a este proceso y cada vez trascienden más casos de venta de parte de su patrimonio para sanear sus cuentas. “Ahora todo el mundo tiene activos en venta”, destaca Montserrat Rodríguez, regidora de Urbanismo de Mataró (Maresme) y presidenta de la promotora municipal PUMSA.
En palabras del alcalde Joan Mora (CiU), “el futuro de la ciudad está hipotecado” por esa sociedad, que ha sacado a concurso inmuebles y aparcamientos valorados en 70 millones de euros. El objetivo es rebajar la deuda de la empresa, que alcanzó los 150 millones y que hasta ahora solo se ha podido rebajar un tercio.
“La única manera de generar recursos es vender sus activos”, explica la regidora de Urbanismo. Los planes municipales, sin embargo, no salieron como se esperaban: el concurso se cerró sin ofertas y el Ayuntamiento ha ideado un plan alternativo de venta de plazas de aparcamiento a los vecinos.
“Hay una competencia muy grande. Acabamos sin ofertas, pero pusimos Mataró en el mapa y ahora ya hay empresas a nivel nacional que están mirando los activos para hacer una oferta”, matiza Rodríguez, que destaca las ventajas del municipio frente a otros: “Tenemos activos delante del mar”. Pero recalca: “Nosotros no ponemos en venta ningún equipamiento público, no le quitamos nada a la ciudadanía”. El caso de Mataró es el paradigma de los municipios que acumularon patrimonio en la época de las vacas gordas y la crisis los ha acabado convirtiendo en una losa para las arcas municipales.
Caso distinto es el de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), que cerró a finales de año la venta de 20 parcelas por 2,9 millones de euros. “Una oportunidad”, según el alcalde, Jordi Cordón, (CiU), criticado por la oposición municipal, que lamentó la venta de los terrenos para construir una gran superficie residencial. “Se han vendido porque en ese núcleo no se iba a desarrollar ninguna actividad”, explica Cordón. Con ese dinero se financiará una residencia geriátrica municipal, resalta el alcalde, quien puntualiza que la venta de patrimonio “es siempre el último recurso”.
Tarragona es la única capital de provincia que ha vendido activos municipales para lograr liquidez. “La venda de patrimonio es una manera típica de financiar inversiones. Estamos intentando poner en valor bienes patrimoniales y solares en uso industrial para lograr inversiones más útiles”, explica Pablo Pérez (PSC), primer teniente de alcalde y encargado de Servicios Centrales, Economía, y Hacienda de Tarragona. La ciudad ha sacado a la venta varios solares y un edificio en pleno centro urbano, justo encima del Teatro Metropol. Prevén obtener siete millones de euros, que destinarán a compensar las cuentas. Pérez destaca que, en ningún caso, el Ayuntamiento se ha planteado vender patrimonio municipal emblemático. “No hay nada que sea de un interés cultural especial”, destaca.
Cordón, de Torroella de Montgrí, agrega que vender edificios de interés local “sería inadmisible”, aunque hay municipios que sí han recurrido a algunas joyas locales, como Vic (Osona). El Ayuntamiento vendió en 2011 la Casa Comella, calificada como bien de dominio público antes de la transacción, por 1,1 millones al grupo Bon Preu. La empresa se quedó con la entrada principal, el piso noble y el jardín. El Ayuntamiento tiene previsto vender ahora otro inmueble histórico, la Casa Moreta, para obtener 4,4 millones hasta 2015. Ningún responsable municipal ha querido detallar la operación. El Ayuntamiento cuenta con el 70% del inmueble, y está iniciando los trámites para venderlo. Igual que hizo con Casa Comella, modificará el uso para que deje de ser un bien de dominio público y calificarlo de bien de interés patrimonial, paso imprescindible para desprenderse de una de las joyas del centro de Vic. Todo, para que las cuentas cuadren.
* El País - MAIOL ROGER - 1.7.13
Foto: Mataró - turismo
Almería.- La lenta agonía del Toblerone durará hasta el mes de agosto
El gran silo de mineral de 30 metros de alto y 200 de largo, construido en el año 1972 y conocido popularmente como 'Toblerone' en Almería tiene los días contados. La plataforma ciudadana 'Salvemos el Toblerone' consiguió retrasar su derribo, encaramándose al edificio y haciendo público su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento. Un asunto conflictivo en el que, junto a intereses especulativos municipales, se mezclan otros de su posible valor patrimonial.
"ELALMERÍA* : Fue una victoria simbólica, como tantas otras que suelen emprender los colectivos más concienciados de Almería, pero una victoria al fin y al cabo. Apenas 18 personas consiguieron paralizar las obras de derribo del Toblerone durante poco más de dos horas. Después fueron convencidos para que depusieran su actitud, se les tomó nota de su identidad y fueron citados en Comisaría. Las tareas de derribo continuaron y, al menos según indicó el alcalde de la capital almeriense, "tardarán ocho diez o quince días, poco más".
No obstante, por la tarde se precisó más la fecha, ya que la empresa encargada de llevar a cabo la demolición anunció que esperará hasta el mes de agosto para evitar que el polvo que se pueda levantar afecte a las actividades del colegio Rafael Alberti situado en el solar de al lado. Eso es lo que le queda a un símbolo de la capital almeriense que parece haber resucitado después de casi 17 años sin que nadie se ocupara de él. Las licencias están concedidas, aprobadas y la Delegación de Cultura no tiene registrada petición alguna para que una catalogación de urgencia conllevara la orden de paralización cautelar de las obras. La suerte de la chocolatina de chapa llena aún de mineral de hierro, está legalmente echada.
Desde poco antes de las 8:00 horas de ayer, los colectivos agrupados en la plataforma Salvemos el Toblerone, pusieron en práctica la decisión que la tarde anterior habían adoptado. Consiguieron juntar a 18, los suficientes para que en sus camisetas se pudiera leer SOS Toblerone. Durante más de dos horas fueron lo efectivos que querían ser. Consiguieron paralizar los trabajos de demolición que una empresa navarra realiza desde hace dos días y que han echado abajo la estructura de las oficinas del inmueble. Vigilados por patrullas de la Policía Local y Nacional, se colocaron en la repisa que separa la zona metálica de la de hormigón del edificio. Cada vez que se trasladaban a una zona, las máquinas aprovechaban para entrar en acción hasta que regresaban al lugar que impedían su trabajo. Ese juego del gato y el ratón se prolongó durante dos horas hasta que la policía decidió que era suficiente; fue entonces cuando se les conminó a bajar del lugar so pena de ser desalojados y detenidos; si lo hacían por su cuenta, una identificación daba por zanjado el asunto, aunque tuvieron que acudir a dependencias policiales a lo largo de la tarde de ayer para prestar declaración.
Fue entonces cuando se dirigieron a la Puerta Purchena donde mantuvieron un encuentro con la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que trasladaron su intención de paralizar la obra; esta les prometió interesarse por el mismo a través de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sonia Ferrer.
De manera casi simultánea, el alcalde de la capital almeriense, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador aseguraba que el desmantelamiento del Toblerone, tiene "todos los papeles en regla desde hace ya tiempo", de forma que la actuación para eliminarlo del paisaje urbano será una cuestión de días. El primer edil, mostró su extrañeza por el revuelo armado en torno a unas obras que están "aprobadas en un plan especial desde hace mucho tiempo que desaparecería. Yo no sé a que viene este maremoto. Está aprobado, dicho, consensuado". Sobre la falta de consulta y algunas protestas vecinales, Rodríguez garantizó que "intentan que haya la menor polvareda posible, habrá que regar el mineral que haya allí. Una infraestructura de esa envergadura siempre trae algo de molestias, es algo inevitable".
Por su parte , la delegada de Cultura en Almería, Isabel Arévalo, señaló a Diario de Almería que su departamento no tiene hasta el momento registrada "ninguna petición para la catalogación del inmueble como Bien de Interés Cultural; cuando se realizó el inventario, no se propuso mediante ninguna demanda y en la redacción del PGOU tampoco figura como tal, por lo tanto no se encuentra bajo el entorno de protección que puede dar la Junta". Arévalo recordó como se reunió con integrantes de la Plataforma "el pasado mes de marzo, donde me trasladaron sus inquietudes; desde ese momento no he sabido nada más de ellos, por lo que no nos consta ningún tipo de modificación sobre el estatus de dicho edificio".
La responsable en materia de Cultura aseguró que no se trata ningún edificio singular, por lo que no podemos obligar a los propietarios a protegerlo, como por ejemplo sí que hacemos con el Cortijo del Fraile, donde sancionamos si se producen daños; en este caso, legalmente es imposible por lo que es competencia exclusivamente municipal".
La suerte del Toblerone parece echada. No será en quince días, sino que habrá esperar hasta el mes de agosto para evitar molestias a los alumnos del Rafael Alberti. Es lo que le ha salvado de una muerte inmediata e indolora. Quienes lo defienden incluso con más ahínco, saben que es cuestión de poco tiempo.
* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA - 2.7.13
Foto: Edificio 'Toblerone' - wikimapaia
El TSJA anula la tramitación que permitió la edificación del Nevada en Armilla
El centro comercial Nevada construido en Armilla (Granada) vuelve a estar de actualidad tras otra sentencia condenatoria del tribunal andaluz. El caso de este edificio, cuya tramitación se consideró ilegal –condenando a penas de cárcel al empresario T.Olivo, amigo de JA.Roca e imputado también en el 'caso Malaya', y los ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate–, es un ejemplo de irregularidad urbanística continua.
"IDEAL* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Granada, ha desestimado el recurso de General de Galerías Comerciales SA, promotora del Parque Comercial Nevada, contra la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo que condicionó la aprobación del PGOU del municipio de Armilla. La sentencia desestima concretamente el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, del promotor Tomás Olivo, contra una resolución de 2008 de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez desestimó otro recurso sobre la aprobación definitiva en 2007 del Plan Urbanístico.
El recurrente suplicó a la Sala que anulara la referida resolución de la Consejería y que dejara "sin efecto" las que consideró "inexistentes deficiencias" de apartados referidos a "áreas de suelo de uso global comercial", declarando la aprobación definitiva del PGOU propuesto por el Ayuntamiento en el ámbito del Parque Nevada.
Este último pronunciamiento judicial, contra el que cabe recurso de casación, tumbaría de hecho la tramitación que permitió la construcción del complejo comercial, al quedar en la práctica invalidadas las normas que sirvieron para autorizar la edificación, según explica hoy el diario Ideal, que adelanta el fallo.
Para la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, la sentencia da la razón al recurso administrativo de la Junta.
Sánchez, que ha recordado que el promotor fue obligado por la vía penal a derribar parte del edificio, ha señalado a los periodistas que en todo este proceso siempre han buscado un acuerdo entre las partes para no retrasarlo.
La sentencia, fechada el pasado 13 de mayo, se produjo pocos días antes de que la promotora iniciara los trabajos de demolición de 4.046 metros cuadrados del edificio, en cumplimiento de la sentencia que por la vía penal que ordenó el derribo de parte de esa superficie.
La supuesta tramitación irregular de este centro comercial sentó en el banquillo de los acusados al exalcalde y un exedil de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, y al promotor del centro, Tomás Olivo, para quienes la Audiencia de Granada elevó de siete a meses a un año y tres meses las penas de prisión a las que fueron condenados por un Juzgado de lo Penal.
* Ideal - EFE - 27.6.13
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - granadahoy.com
Santa Cruz.- Tres imputados por el ´caso Parque Marítimo´
Siguen las irregularidades urbanísticas durante el periodo de M.Zerolo como alcalde Santa Cruz de Tenerife. Ahora el asunto gira en torno a unos empresarios próximos al alcalde que, según parece, se han beneficiado de concesiones a dedo para la explotación de numerosas actividades en la ciudad.
"LAOPINIÓN* : El Juzgado nº1 de Instrucción, de Santa Cruz de Tenerife, ha imputado este jueves a Pedro Doblado, actual secretario del Consejo de Administración; Víctor Reyes, jefe de servicio del Ayuntamiento y Eduardo Risueño, exgerente de Urbanismo por el 'caso Parque Marítimo', que comenzó en 2009. Los tres imputados tendrán que declarar el próximo septiembre y octubre, sobre la investigación que emprendió la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en el recinto chicharrero, a raíz de las denuncias interpuestas por el abogado Felipe Campos.
Campos cuantificó en un principio hasta 75 delitos en los que se podría haber incurrido, entre ellos, por ejemplo, que la empresa explotadora nunca pagara un canon al Ayuntamiento por las fiestas celebradas.
En una entrevista concedida a La Opinión en 2009, Campos explicó que "el meollo del asunto es que unos empresarios próximos a Miguel Zerolo, que recibieron una concesión para explotar las piscinas del Parque, y que han hecho desde entonces todo tipo de actividades –fiestas, terrazas, bodas, conciertos– sin autorización municipal, están recaudando verdaderas fortunas. Quien cobra es el empresario que tiene la licencia de explotación de las piscinas, que es Luis Gil y personas afines al poder municipal que están obteniendo cantidades inmensas de dinero sin control ninguno, sin pagar a los ciudadanos la parte que nos corresponde y desarrollando actividades muy lucrativas en las que se usaron incluso empresas clandestinas que no tienen ninguna relación con la concesionaria, que es la Autoridad Portuaria".
* La Opinión Tenerife - 27.6.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, parque marítimo - laprovincia.es
La estación perdida del AVE
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Un ejemplo más del sinsentido en la planificación del AVE. La nueva y lujosa estación de Villena (Alicante) está prácticamente abandonada, mal comunicada y sin un uso claro ya que, además, dista de la nueva de Alicante apenas 60 Km. De nuevo el despilfarro público en el AVE, cuando con la mejora de otro tipo de tren, mucho más barato, podía haber conseguido un mejor resultado para todos. Pero la política de infraestructuras tiene estos enormes agujeros.
"ELPAÍS* : La nueva estación del AVE de la localidad alicantina de Villena sobresale como un promontorio en medio de la nada. Alrededor solo hay bancales y tres caminos forestales por los que los viajeros se pierden antes de llegar a su destino. La terminal, que inauguraron el lunes pasado el Príncipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha requerido una inversión de 11,5 millones de euros, lo que supone 3,5 millones más de los que Adif destinó para la nueva estación del AVE en Alicante, también inaugurada la semana pasada y de la que dista 60 kilómetros.
La nueva infraestructura es bioclimática y dispone de más de 700 metros de andén, que permiten operar a trenes dobles. Cada día ocho convoyes de alta velocidad en cada sentido paran en la localidad alicantina. Durante la primera semana de funcionamiento una media de un centenar de personas diarias han subido o bajado del AVE Alicante-Madrid. El martes, que fue el primer día de viajes comerciales, 147 pasajeros usaron la parada de Villena, según datos de Renfe.
En el interior de la flamante estación no hay cafeterías, ni tiendas, aunque todo es de grandes dimensiones. Villena, población de 35.000 habitantes, corre el riesgo, si no se soluciona el problema de los accesos, de seguir los pasos de Requena-Utiel (Valencia), otra estación del AVE que languidece y que apenas usan 50 personas cada día.
Los pocos pasajeros que acuden a la terminal se quejan de lo mismo: la falta de servicios y las pésimas comunicaciones por carretera. “Esto es la estación perdida del AVE”, explica Ignacio Corbí, un joven vecino de Elda (a unos 25 kilómetros) que acompaña a su amiga Teresa Abrega a coger su primer tren AVE a Madrid, donde está estudiando. “Hemos salido perdiendo, el tiempo que ganas con la alta velocidad lo perdemos para encontrar esto”, asegura la estudiante, cuyo coche se cruzó por el camino con un rebaño de ovejas.
La moderna estación está ubicada a seis kilómetros de distancia del centro de Villena, y rodeada de una vasta extensión de terrenos áridos en los que se han plantado recientemente algunos olivos.
Para llegar a ella existen tres posibilidades: un camino rural que atraviesa la colonia Santa Eulalia por una vía pecuaria, el camino de San Juan, desde Villena; y, por último, la carretera de Pinoso, que se ha ampliado para que provisionalmente sea el acceso principal.
“Nosotros vinimos anteayer para saber dónde estaba”, asegura José Gómez, un vecino de Castalla (a unos 28 kilómetros) que acude a dejar a su nieta en el tren. “El problema es que está poco señalizado y los accesos son muy malos, es un verdadero desastre”, se queja. Otro matrimonio de Ibi (a unos 38 kilómetros de distancia) también tuvo problemas para encontrarla. “La estación de antes que estaba en el centro de Villena era mucho mejor, aquí no hay nada”, protesta Concha.
Ante este panorama, el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, de Los Verdes, que gobierna en coalición con el PSPV-PSOE y Villena Centro Democrático, intenta implicar a varias instituciones para solucionar el problema de los accesos.
Esquembre considera “vital para la supervivencia” de la estación “que se solucionen pronto” las deficiencias de los accesos viarios. El proyecto inicial contemplaba construir un ramal directo de la autovía en línea recta que se presupuestó en unos 15 millones de euros, pero con la actual coyuntura económica está opción es inviable. El alcalde se queja de que “Generalitat y Fomento se pasan la pelota sin concretar ni aprobar una solución provisional”.
El regidor es consciente de que si no se soluciona el problema de los accesos y la señalización la estación corre un serio peligro. No obstante, Esquembre considera que hay una “diferencia notable” entre Villena y el caso de Utiel-Requena. “El punto de partida es diferente. Nosotros ya tenemos 200.000 usuarios de grandes líneas cada año, y Villena siempre ha sido un nodo de comunicación importante. La estación del AVE puede convertirse en un polo dinámico de atracción de pasajeros de varias comarcas”, asegura. El alcalde amplía el radio de influencia de la estación a otras localidades a más de 50 kilómetros, como Alcoi, Elche; e incluso a Yecla y Jumilla, ya en Murcia.
El Consistorio de la localidad está negociando con el Ayuntamiento de Benidorm y con los hoteleros la posibilidad de habilitar un servicio de lanzadera directa, ya que Alicante, por ahora, se niega a que los servicios regulares de autobús paren en la estación del AVE. La alcaldesa, Sonia Castedo, solo deja operar los servicios discrecionales. Pero mientras todos estos planes se consolidan, la realidad y el inicio está siendo duro. El nuevo servicio de autobús a la estación de los pueblos limítrofes llega el miércoles por la mañana sin pasajeros, la parada de taxis está vacía y las tiendas están cerradas. Un único taxi ha realizado un servicio a la nueva estación durante la primera semana de funcionamiento. El alcalde de Villena no esconde su preocupación porque en la página web de Renfe se suprimen tres frecuencias diarias del AVE, aunque la compañía lo niega y lo atribuye a “ajustes” en la programación.
La licitación para la explotación de la cafetería quedó desierta, y el único local comprometido es uno alquilado por el Ayuntamiento de Villena para la promoción turística, pero aún no se ha inaugurado. Y en la puerta, unos hombres de negocios que llegan de Madrid con el nuevo AVE preguntan: “¿Dónde está el pueblo, por dónde hay que ir?”.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 24.6.13
Foto: Estación del AVE en la localidad alicantina de Villena, recién inaugurada / PEPE OLIVARES
