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Es evidente la política 'popular' de legalizar todas las actuaciones urbanísticas que se han hecho durante años ilegalmente en el país, creando un claro perjuicio y un precedente grave para todos lo que sí han cumplido con las normativas existentes. Con esto se pretende dar por cerradas situaciones de irregularidad manifiesta y echar tierra encima de las leyes que, se supone, sirven para ordenar un territorio. Y además, como en este caso de Tenerife, se ejecuta con toda la cara del mundo y sin dar siquiera unas mínimas excusas.
"ELDÍA* : El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma (PP), anuncia que su departamento trabaja para legalizar la situación de diez urbanizaciones de la ciudad que en la actualidad continúan sin ser recibidas por el consistorio. El edil popular espera terminar con la situación irregular de promociones urbanísticas que, en algunos casos, "tienen más de treinta años de antigüedad". "Tenemos por delante una labor bastante importante para dejar todas las urbanizaciones perfectamente legalizadas", apunta Ledesma. "Por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz han pasado muchos gobiernos y muchos concejales de Urbanismo, de todo signo, que no han sido capaces de concluir la legalización de estas urbanizaciones", lamenta.
La mayoría de los casos pendientes de legalización se encuentran en la zona de El Durazno.
Una de las primeras cuya situación se espera legalizar es la urbanización de Jardines de Quintana, "que ya cuenta con todos los informes técnicos favorables".
El hecho de que la urbanización no haya sido recibida por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz provoca situaciones como que los vecinos se tengan que encargar del cuidado de los jardines de la calle o que el consistorio no pueda actuar en el mantenimiento de las calles.
Respecto a la polémica con la redactora del Plan Especial del Casco, María Luisa Cerrillos, Sebastián Ledesma la da por zanjada y señala que "ya le hemos remitido las alegaciones de la Cotmac y de Patrimonio para que adapte el documento y podamos cerrarlo en próximas fechas".
"Consideramos que este plan es muy importante para el casco histórico y nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la redactora contratada por el ayuntamiento", sentencia Ledesma.
"Un ayuntamiento no debe vender cortados"
Ledesma defiende el plan del gobierno CC-PP de privatizar la gestión de los servicios que quedan en manos públicas en el Lago Martiánez: "Un ayuntamiento no está para vender cortados o vender entradas. Nuestro objetivo es sacar a concesión administrativa la explotación del Lago, externalizar su gestión, pero sin privatizar el Lago, que seguirá siendo público". Para hacer viable este concurso, el consistorio negocia prorrogar la concesión de Costas que afecta al recinto y que expira en 2018. "El servicio de restaurantes, cafeterías y bares del Lago ya se externalizó hace años, y ahora lo que pretendemos es externalizar el resto", señaló.
* El Día - Raúl Sánchez - 23.6.13
Foto: Puerto de la Cruz (Tenerife) - canarias
Puerto de la Cruz.- El consistorio pretende legalizar la situación de diez urbanizaciones
Galicia.- Fomento clausuró 47 estaciones de tren en los últimos diez años
"ELPAÍS* : En los últimos diez años Galicia ha perdido 47 estaciones de tren, el 38% de las existentes en 2003, sin contar las de Feve. Entonces las vías de la comunidad estaban salpicadas por 124 estaciones o apeaderos, pero su falta de uso o la construcción del AVE han ido cerrándolas. Entre 2003 y 2008 los trenes dejaron de parar en 17 estaciones, cuatro de ellas en el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo, cinco entre Santiago y Ourense y otras ocho repartidas por la provincia de Lugo. Desde hace cinco años y hasta la reestructuración de trenes de este mes se cerraron otras nueve estaciones, todas ellas entre A Coruña y Vigo por la entrada en servicio de diversos tramos del AVE del Eje Atlántico.
Con la reducción de servicios regionales iniciada el pasado domingo —de la que aún ayer, cinco días después, Renfe seguía corrigiendo la información divulgada—, esta semana los trenes han dejado sin ninguna parada 10 estaciones (Franza, Vedra-Ribadulla, Bandeira, Ponte Taboada, A Escravitude, Louredo-Valos, Begonte, Pobra de Brollón, Pumares y Covas). Y aún se cerrarán más antes de que termine el mes. El tren regional Ourense-Puebla de Sanabria, que no llegará a julio, es el único que para en diez estaciones del este de la provincia que también quedarán sin servicio (Taboadela, Paderne, Ponte Ambía, Baños de Molgas, Vilar de Barrio, A Alberguería-Prado, Laza, Castelo do Val, Vilariño de Conso-A Capela y A Mezquita). A estas habrá que sumar la supresión, cuando termine el curso escolar, de Pontevedra-Universidad, según admite Renfe. En total, este mes echan el cierre 21 estaciones o apeaderos por su escaso uso.
La Xunta garantiza que en todas las poblaciones con estaciones cerradas hay al menos un autobús al día como transporte alternativo. De hecho, Renfe ha mantenido alguna parada que inicialmente iba a suprimir porque esa estación carecía de otros medios de transporte. A esta situación se llega por la supresión de decenas de servicios regionales en todas las líneas menos entre A Coruña y Vigo, donde en todo caso también se cierran dos apeaderos y se reducen las paradas de algunos trenes. En el resto de líneas los servicios eliminados se han paliado en parte, entre las grandes ciudades, con los nuevos trenes a Madrid, pero sin paradas intermedias, por lo que varias decenas más de estaciones ven reducida su oferta.
Pero estas no serán las últimas estaciones que se cierren en Galicia. En menos de un año estará terminado todo el AVE A Coruña-Vigo con un trazado alejado en su mayoría de las vías y estaciones actuales. A la espera de lo que pueda pasar con las paradas con menos usuarios en las que sí coinciden las vías viejas y las nuevas, al menos cinco estaciones actuales (Padrón, Pontecesures, Catoira, Portela y Cesantes) quedarán alejadas del AVE, lo que amenaza su futuro a cambio de reducir notablemente el tiempo de desplazamiento entre las principales poblaciones. En el lado contrario, Fomento tiene previsto reabrir la estación de Chapela con un nuevo edificio y construir una nueva denominada Padrón-Barbanza, aunque de esta última nada se sabe desde hace meses.
* El País - DAVID REINERO - 7.6.13
Foto: Viajeros entre Vigo y Ourense, afectada por los recortes. / NACHO GÓMEZ
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El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?
Algo que se ha estado demandando, desde antes del inicio de la crisis inmobiliaria, ha sido la rehabilitación urbana. Habría que decir que en otra fase, porque ya en los últimos setenta y ochenta se rehabilitaron bastantes núcleos históricos con programas específicos. La diferencia es que ahora la nueva ley pretende fomentarla operada por el mercado privado. Algo que, sin duda, se hará con criterios económicos más que arquitectónicos o urbanísticos, con lo que esta iniciativa puede desvirtuar completamente sus necesarios fines.
"IBÁN DÍAZ PARRA* : El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad. La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista.
En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.
El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.
La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.
En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands , que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.
* Rebelión - Opinión - 16.06.13
Foto: Vigo, antigua estación - urbanity
Bilbao.- Fomento gastó 50 millones en hacer un túnel que lleva tres años cerrado
En otras noticias se ha criticado ya el despilfarro monumental en infraestructuras de transporte, pero continúan saliendo a la luz más casos, como este del túnel ferroviario del puerto de Bilbao. Parece que debido a un mal diseño del proyecto, esta nueva línea fue rápidamente protestada por los vecinos de la zona. Y ahora, una vez más, un gran puerto se queda sin salida efectiva por tren, dejándolo en manos de las limitadas carreteras. Algo demencial.
"ELDIARIO* : En Euskadi también se tira el dinero en infraestructuras inacabadas. Desde hace tres años existe un túnel de cuatro kilómetros cerrado y sin ningún uso, pese a que ha costado casi 48 millones de euros. Es el que iba a ser nuevo acceso ferroviario directo al Puerto de Bilbao, el llamado túnel del Serantes, que se construyó entre 2005 y 2010. Pero sus dos bocas de entrada y salida están tapiadas, cuando solo faltaba por instalar las vías y la catenaria. En este caso la oposición vecinal y social ha evitado su puesta en marcha.
El túnel del Serantes se construyó para dar una salida al tráfico de mercancías del Puerto del Bilbao, constreñido por las malas comunicaciones por vía férrea. El 90% de las mercancías tiene que salir por carretera y el 10% restante circula por la línea de pasajeros de Renfe entre Bilbao y Santurtzi, por lo que el transporte se hace fundamentalmente por la noche. El túnel del Serantes iba a evitar el paso por esta línea, aunque seguiría utilizando el otro trayecto de cercanías que va de Bilbao a Muskiz. El proyecto suscitó críticas porque transportaba el problema a los municipios de Ortuella y Trapagaran.
Era un problema que ya se sabía pero que las instituciones (la obra ha sido sufragada por el Gobierno central) confiaban en que fuera temporal, ya se corregiría con otro proyecto: la llamada Variante Sur Ferroviaria, una inversión calculada en 600 millones de euros, que desviaría el trazado fuera los núcleos urbanos aprovechando las líneas de los antiguos ferrocarriles mineros de la zona. En la década pasada eran años de bonanza y se confiaba en la ejecución de este magno proyecto.
Pese a las incertidumbres las obras se empezaron a acometer en junio de 2005 y la presión vecinal y social de la zona afectada creció, incluso con la presentación de demandas en los tribunales contra la obra. Finalmente la presión hacia el PSE, acrecentada porque se producía en uno de sus feudos de poder, la Margen Izquierda en Vizcaya, obligó al entonces Gobierno de Zapatero a renunciar a su puesta en marcha, pese a que las obras se habían acabado ya a mediados de 2010.
Ahora la obra del túnel del Serantes está como un monumento, sin uso ni futuro en bastantes años o quizá nunca. Está supeditada a que se acometa la Variante Sur Ferroviaria pero gastarse 600 millones no pasa por la cabeza de ningún responsable del Gobierno central. “No bajamos la guardia”, ha afirmado José Ángel Seijo, uno de los portavoces del movimiento vecinal contrario al proyecto. Oskar Martínez, alcalde de Ortuella (el municipio por cuyo centro urbano iban a pasar las mercancías con el túnel del Serantes), ha asegurado que hay un compromiso de no abrirlo hasta que se acometa la Variante Sur ferroviaria pero reconoce que es un “sinsentido” mantener paralizado el túnel del Serantes. Son 50 millones tirados a la basura. El Ministerio de Fomento no ha atendido los requerimientos de El Diario Norte para explicar el futuro del túnel del Serantes.
Un proyecto impulsado por Alvarez Cascos
El túnel del Serantes (su denominación es porque horada el monte Serantes) tiene un recorrido de cuatro kilómetros, de los que 3,6 son soterrados y otros 400 discurren en un falso túnel. Su génesis se remonta a dos décadas atrás y de hecho en varias ocasiones se anunció que estaría en funcionamiento hacia el año 2000. Fue el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Casos, quien dio el impulso definitivo en 2000, al comprobar que era inviable que el tráfico pesado del Puerto de Bilbao discurriese en un 90% por carretera. Las obras, con varios retrasos más sobre lo previsto, se iniciaron en junio de 2005.
Su puesta en marcha ha sido una histórica reivindicación de los responsables del Puerto de Bilbao, sobre todo desde que en 1992 se aceleró la ampliación del Puerto de Bilbao, que en 20 años se ha ampliado en cerca de 200 hectáreas de superficie. El Puerto ha insistido en los graves problemas que supone la falta de una conexión directa con la meseta, hasta el punto de considerar que, sin resolver esta cuestión, las obras de ampliación podrían perder todo su sentido.
* El Diario - Alberto Uriona - 21.6.13
Foto: Bilbao, túnel de Serantes - eldiario
Sevilla.- La Fiscalía investiga las infracciones urbanísticas de Cobre las Cruces
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En la provincia de Sevilla está la mayor mina a cielo abierto de Europa, que no solo es preocupante por su contaminación medioambiental, sino que, además, ha incumplido la normativa urbanística levantando once elementos arquitectónicos, tres naves, y 'una serie de balsas' que no figuraban en el proyecto constructivo del complejo.
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de Sevilla ha incoado diligencias en torno a las infracciones urbanísticas detectadas en el complejo de la compañía minera Cobre las Cruces, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras. Mientras el Ayuntamiento de Gerena, gobernado por Margarita Gutiérrez (PSOE), ha impuesto una sanción de 206.966 euros a la empresa a cuenta de estas 23 infracciones urbanísticas, el Ministerio Público se ha hecho eco del asunto a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, según han confirmado fuentes judiciales.
El decreto de Alcaldía que contiene la resolución definitiva del expediente de infracción urbanística promovido por el Ayuntamiento de Gerena, da cuenta de un informe emitido en septiembre de 2012 por el arquitecto municipal, que en dicho documento avisaba, merced a una inspección en el complejo minero de Cobre las Cruces, de once elementos arquitectónicos, tres naves, y "una serie de balsas" que no figuraban en el proyecto constructivo del complejo. El mismo documento señalaba la existencia de otros seis elementos con una superficie construida superior a la plasmada en el proyecto constructivo. En el caso concreto de las naves, además, se trataba de obras "no legalizables" en el momento de su edificación.
Balsas sin licencia
En ese sentido, este decreto de Alcaldía expone la pertinente instrucción del mencionado expediente de infracción urbanística, dando cuenta de que la mina reclamó la "nulidad" de las actuaciones alegando aspectos como la supuesta "prescripción de las infracciones" o un posible caso de "indefensión". Pero finalmente, este mencionado decreto de Alcaldía considera "acreditado" que Cobre las Cruces "edificó sin licencia cinco balsas" e "instaló sin licencia" elementos como cuatro salas eléctricas, una planta de tratamiento de lodos, un tanque de agua o una nave de "protección contra incendios", instalando además otras dependencias "incumpliendo las determinaciones de la licencia concedida".
Igualmente, se considera acreditado que la mina edificó una gran nave de almacenamiento y otras dos menores para depositar "productos peligrosos" en una zona "no apta para este tipo de edificaciones" y, por tanto, "no legalizables en el momento de su construcción". Todos estos hechos, así, suman un total de 23 infracciones urbanísticas que se traducen en sanciones por un montante global de 206.966 euros en esta resolución definitiva del expediente de infracción urbanística. La resolución, no obstante, es susceptible de recurso por la vía Contencioso Administrativa, toda vez que las diligencias de la Fiscalía giran precisamente en torno a las edificaciones "no legalizables".
* Diario de Sevilla - EP - 17.6.13
Foto: Gerena (Sevilla), mina Cobre las Cruces - 20minutos
Dos nuevas ocupaciones de bloques vacíos en Badalona y Torrevieja
Frente a la política especuladora del gobierno, al no aprobar la ILP sobre desahucios y vivienda social, con casi 1,5 millones de firmas, la PAH (Plataforma Afectados Hipoteca) sigue con su apoyo a la ocupación de viviendas o edificios vacíos pertenecientes a bancos usureros. Hay ya bastantes ejemplos en todo el país y aquí se añaden nuevos casos de los últimos días.
"DIAGONAL* : Dos nuevos bloques vacíos propiedad de la banca han sido recuperados por familias desahuciadas, con proceso de ejecución de la hipoteca o sin posibilidad de pagar el alquiler. En Badalona (Barcelona) la PAH local ha entrado la mañana del jueves en un inmueble propiedad del BBVA, mientras que en Torrevieja (Alicante) la plataforma ha anunciado también la mañana del jueves la recuperación de un inmueble vacío propiedad de Sabadell CAM".
El bloque de Badalona permanecía sin uso desde hace cuatro años. La acción, por la que serán alojados cinco hogares desahuciados o con un proceso de ejecución hipotecaria , se ha producido, según informa La Directa, tras un pasacalles convocado públicamente por la PAH y que ha partido desde la Oficina de Vivienda del municipio barcelonés hasta el bloque.
La PAH explicado en un comunicado que la situación del acceso a la vivienda en esta localidad barcelonesa es “insostenible”, y que el consistorio dirigido por Xavier García-Albiol no está dando ningún tipo de respuesta a esta situación. “Estas cinco familias quieren un alquiler social, bien en estas viviendas o en otras. Lo que no quieren es continuar viviendo en condiciones inhumanas. Ellas no son responsables de esta crisis (es una estafa) y queremos vivir con dignidad”, ha precisado la plataforma.
Estas dos nuevas acciones suponen nuevos ejemplos de la campaña denominada “Obra Social La PAH”, un nombre con el que la plataforma engloba sus ocupaciones de viviendas que las entidades bancarias o la Sareb (la entidad gestora de los activos invendibles de la banca conocida como “banco malo”) mantienen vacías. En su último encuentro estatal celebrado en Valencia el pasado fin de semana, donde han estado presentes más de 60 plataformas, las PAH han decidido impulsar esta campaña tras el rechazo en solitario por parte del PP a las medidas incluídas en la ILP antidesahucios que llegó al Congreso en febrero. “Para detener la emergencia habitacional es urgente disponer de un verdadero parque público de vivienda, que podríamos tener mañana mismo si el Gobierno movilizara pisos del SAREB y otros bancos”, insiste la PAH.
El edificio recuperado en la localidad alicantina de Torrevieja está destinado a alojar a familias en riesgo de exclusión social. "En estos momentos hay cuatro familias y la semana que viene se realojarán varias más. Son familias que no podían pagar el alquiler, algunas estaban viviendo en coches", explica Desiree Montero, miembro del colectivo.
El edificio ocupado, en la calle Caballero de Rodas, es actualmente propiedad de Sabadell CAM, marca de la financiera en la Comunidad Valenciana y Murcia desde que Sabadell absorbiera la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Según explica Montero, el edificio, que cuenta con doce viviendas, dos de ellas inhabitables por sus numerosos desperfectos, estuvo vacío durante seis años.
Desde PAH Torrevieja ya se ha mandado un escrito a Sabadell CAM explicando que la intención de las familias que ocupan el edificio es pagar un alquiler social conforme a sus ingresos, pìdiendo un número de cuenta para poder hacer el pago del alquiler. También se han puesto en contacto con el concejal de Bienestar Social, Tomás Ricardo Ballester, y con el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón. Desde el Sabadell ya ha llegado una propuesta de contacto para negociar.
La ocupación del edificio de Caballero de Rodas comenzó hace mes y medio con el apoyo de las PAH de Almoradí, Guardamar, Mar Menor (San Javier) y Orihuela.Desde entonces, las familias que ahora lo habitan han estado haciendo arreglos y limpiando los numerosos escombros. "Cuando fuimos al edificio no había ni cerraduras -explica Desiree-, eran todo cables cortados, escombros, puertas reventadas. Estaba totalmente abandonado".
Ésta es la primera experiencia de este tipo en el Pais Valencià. "De momento las familias se van a ir reubicando ahí, y si nos llegan más demandas de familias que necesiten una vivienda veremos qué hacer según salga esta primera experiencia", afirma Desiree.
* Diagonal - TER GARCÍA Y DIEGO SANZ PARATCHA - 20.6.13
Foto: Desahucio detenido en mayo de 2012 en Barcelona / ALBERT GARCÍA
Barcelona.- Un constructor ratifica que pagó comisiones en el ‘Caso Adigsa’
La empresa pública 'Adigsa', de la Generalitat catalana, sigue en el punto de mira por las comisiones recibidas para la adjudicación de obras públicas de viviendas. Algunos constructores empiezan a tirar de la manta, pero hasta ahora no parece existir ningún responsable político de CIU en este asunto ilegal de 2005.
"ELPAÍS* : El constructor Antonio Salguero, un empresario “arrepentido” que destapó la presunta trama de comisiones ilegales en torno a la empresa pública Adigsa, se ratificó ayer en sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Salguero reiteró lo que ya había revelado ante la fiscalía: que pagó 108.000 euros en comisiones al intermediario Josep Maria Penín por obras de reforma en viviendas de protección oficial de Adigsa.
La causa judicial arrancó en 2005. La fiscalía presentó una querella tras la alusión en el Parlament del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, al cobro de comisiones —el célebre “ustedes tienen un problema que se llama 3%”— durante los gobiernos de Convergència i Unió. Tras superar mil vicisitudes, el caso está ahora en manos del TSJC por la condición de aforado de uno de los imputados, el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó. Hace un mes, Falcó se desmarcó de la trama y alegó que sus funciones eran políticas.
Por indicación de Penín, precisó Salguero, pagó comisiones de hasta el 20% por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa, empresa de la Generalitat. La mordida, siempre según su versión, no se quedaba solo en manos del intermediario, que llegó a amenazarle con no adjudicarle ni pagarle más proyectos si no abonaba ese dinero.
El propio Penín también debía dar explicaciones ayer, pero se acogió a su derecho a no declarar y se ratificó en la versión de 2006. Entonces, el intermediario admitió irregularidades en la adjudicación de las obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano, pero exculpó al actual consejero de Empresa, Felip Puig, de quien es pariente lejano.
* El País - AGENCIAS / JESÚS GARCÍA - 18.6.13
Foto: Cartel contra desahucios empresa Generalitat 'Adigsa' (archivo) - prouespeculacio
Alicante.- Olor a corrupción en los vertederos de la Vega Baja
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Ya se ha hablado frecuentemente de la corrupción en la comarca alicantina de la Vega Baja y la vecina zona murciana, bien por el caso 'Brugal' de las basuras, o por otras numerosas ilegalidades urbanísticas. Detrás del asunto de los irregulares vertederos está el conocido empresario 'popular' E.Ortiz, cuya actividad parece que está a salvo de la politizada justicia.
"DIAGONAL* : “Esto huele mal, y no sólo por las basuras”, dice José Antonio Juan, de la asociación Albatera No al Vertedero, en relación a la implicación del empresario Enrique Ortiz, adjudicatario del futuro macrovertedero en esta localidad del sur de Alicante, en el caso Brugal. A pesar de la imputación de Ortiz en el caso que investiga la trama de corrupción político-empresarial ligada a la adjudicación de los servicios de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, la UTE Cespa-Ortiz ha recibido la adjudicación para la construcción en Albatera de un macrovertedero de 180.000 metros cuadrados que durante 20 años recibirá las basuras de los 27 municipios de la comarca.
El proceso, según denuncian los vecinos, está plagado de irregularidades. La primera decisión del Consorcio que se encarga de la aplicación del plan zonal de basuras fue colocar el vertedero en Torremendo (pedanía de Orihuela), también a través de la UTE Cespa-Ortiz, pero tras la denuncia de los vecinos fue anulada en 2010 por un tribunal, ya que Albatera acumulaba más puntos. “La comisión técnica adjudicó unos puntos a Albatera que no le correspondían, como por tener las opciones de compra sobre los terrenos, cuando no los tenía, o por una campaña de concienciación que nunca se hizo”, afirma Juan. Varios técnicos y políticos responsables de la aplicación del plan zonal están imputados en el sumario del caso Brugal.
“No lo queremos en Albatera, pero tampoco en Torremendo o en cualquier otro sitio”, dice Juan, ya que estas zonas se han declarado aptas “no porque el terreno sea mejor, sino porque son los únicos lugares en los que se cumple la distancia mínima a un núcleo urbano”. Los vecinos denuncian que la instalación del macrovertedero acarreará consecuencias desastrosas para el medio ambiente, ya que se situará junto a la microrreserva de la Rambla Salada, una zona de gran riqueza medioambiental, y sobre los canales del Taibilla, que abastecen de agua a toda la provincia, en un lugar de alta sismicidad. También se situará a escasos metros de una zona calificada como Lugar de Interés Comunitario y de Especial Protección de Aves.
El contrato definitivo entre el Consorcio y la empresa se firmaba este 10 de junio, ante lo que Albatera No al Vertedero, que ha movilizado al pueblo contra este proyecto, planea no sólo recurrir a la vía contencioso-administrativa, sino tratar de personarse por la vía penal en el caso Brugal para que se investigue “esta adjudicación como una parte más de la trama de corrupción”.
Las movilizaciones se han extendido a las localidades de Cox y Granja de Rocamora, donde se pretende situar una de las dos plantas de transferencia que se encargarán de recibir parte de las basuras para derivarlas al macrovertedero. Organizadas por la plataforma Granja-Cox No al Vertedero de Tránsito, las protestas se han multiplicado y en los últimos días los propietarios de las parcelas de la zona afectada se han comprometido a no vender sus terrenos para este fin.
El 7 de junio, poco antes de la firma del contrato, tanto las plataformas antivertedero de las tres localidades como los alcaldes presentaron cinco recursos ante los juzgados de Alicante solicitando que se impugne la adjudicación y se investiguen posibles irregularidades.
El desastre de Proambiente
Los temores de los vecinos de Albatera no son infundados si se tienen en cuenta las nefastas consecuencias del macrovertedero que desde hace 20 años ha desarrollado su actividad a sólo unos kilómetros, y que se extiende por terrenos de La Murada (pedanía de Orihuela, en Alicante) y Abanilla (Murcia). Ángel Fenoll, cuya empresa familiar Proambiente lo gestiona, es uno de los principales imputados en el Brugal, junto con varios exalcaldes y concejales del PP de Orihuela, entre otros; y varias de las irregularidades de este vertedero se encuentran en los tribunales de Orihuela y Cieza (Murcia).
En agosto de 2012, después de que los vecinos de La Murada permanecieran acampados 20 días a las puertas del vertedero de Proambiente, el Ayuntamiento de Orihuela ordenaba el cierre cautelar de las instalaciones principales y le abría siete expedientes a la empresa al constatar que no disponía de licencia para actuar en esta localidad. Los vecinos hablan de enterramientos desde 1992, e iniciaron las denuncias en 1994. Fenoll “siguió comprando terrenos y se metió en Murcia, donde en 1998 consiguió permisos para el tratamiento de residuos urbanos no peligrosos (RSU)”, explica Vicente Pérez, presidente de la plataforma VertiVega, de La Murada.
Por su parte, la Consejería de Presidencia de Murcia ordenó en octubre de 2011 el cierre por 30 años del vertedero tras una denuncia de Ecologistas en Acción contra la empresa por haber ocupado y destruido 44 hectáreas de un paraje de la sierra de Abanilla de la Red Natura 2000, y tras haber descubierto un enterramiento ilegal de 117.900 toneladas de residuos sin tratar. Aun así, en 2012 la empresa era pillada in fraganti vertiendo otras 400 toneladas. En los últimos meses, tanto la Consejería de Presidencia de la región como una jueza de Cieza han obligado a Proambiente a asumir la restauración del territorio destruido, y le imponen una fianza de 3,3 millones y dos millones de euros respectivamente para garantizar la rehabilitación, aunque la juez reconoce en el auto que “en muchos casos la destrucción es de carácter irreversible”. A pesar de todo ello, la misma Consejería de Presidencia está tramitando actualmente la posible reapertura y ampliación del vaso 3 del vertedero para los próximos siete años.
Rubén Vives, de Ecologistas en Acción de Murcia, que habla de “destrucción irreparable de hábitat, fauna y contaminación del suelo”, afirma que “ha habido dejadez de funciones de la Administración regional en los últimos 15 años, probablemente corrupción y han fallado todos los mecanismos de control”. El grupo ecologista ha denunciado también al alcalde de Abanilla.
Residuos peligrosos
“Aquí ha entrado mucho RSU, pero también mucho residuo peligroso”, dice Vicente Pérez, quien añade que “el tema está en el filón que suponen las basuras y la regulación que empezó a venir para poder beneficiar a ese empresario. Venían camiones desde Cantabria, La Rioja o Cataluña. También de Alemania, Francia, Inglaterra, etc”.
Desde VertiVega denuncian que los vasos del vertedero no se hallaban debidamente impermeabilizados ni disponían de conducciones para los lixiviados (líquidos procedentes de la descomposición de las basuras), que deben ser almacenados y tratados, por lo que éstos se han filtrado en el subsuelo y rezuman a centenares de metros del vertedero en forma de charcos o riachuelos pestilentes. Unos análisis encargados por esta plataforma a unos laboratorios muestran niveles de contaminación alarmantes, con cantidades elevadísimas de amonio y nitratos. “La ladera de la sierra es una zona de máxima permeabilidad. Hay millones de toneladas de basura que presionan y generan lixiviados, que están reventando por todas partes”, afirma Demetrio Poveda, de la misma plataforma.
Enterramientos ilegales
Pero las irregularidades van más allá. “El vertedero se convirtió en un monstruo. Con la falta de espacio que tenían, empezaron a verter miles de toneladas de basura sin tratar fuera del perímetro de la industria a hoyos cedidos por propietarios de fincas, que han plantado cítricos encima”, explica Pérez. VertiVega denunció la existencia de 11 fincas con enterramientos ilegales que incluyen residuos tóxicos o peligrosos, como material hospitalario y pilas, según ha podido comprobar DIAGONAL. La empresa alega que lo vertido es “compost”. El caso se encuentra abierto en los juzgados de Orihuela.
Los vecinos temen la contaminación irreversible de las tierras y las aguas, y denuncian que el pueblo sufre insoportables olores “a gases”. En la vecina Abanilla, el médico Ezequiel Alonso realizó un estudio particular que muestra que la localidad ha pasado de tener la menor incidencia de cáncer en la región de Murcia antes del vertedero a ser en la que más ha crecido porcentualmente este tipo de enfermedad. Sin embargo, las administraciones de ambas comunidades no han realizado estudios de salud a pesar de las peticiones.
Tanto VertiVega como Albatera No al Vertedero, que colaboran en su lucha contra estas instalaciones, defienden un nuevo modelo de gestión de residuos no basado en los macrovertederos. “El modelo de vertedero está caduco. Hay países que están reciclando al 60%, cuando aquí se recicla entre el 7% y el 12% en el mejor de los casos”, afirma José Antonio Juan, cuya asociación pide la modificación del plan zonal de residuos “para que pueda tratarse adecuadamente las basuras”. Según Vicente Pérez, “hay que cambiar la metodología de recogida, tratamiento y gestión de residuos, y la metodología es la separación escrupulosa desde el origen. Para ello hay que lograr una concienciación ciudadana, pero eso debe ir unido a una garantía de que la empresa que va a tratar los residuos los va a gestionar como procede”.
Fenoll: El “hijo de la basura” que tiró de la manta
T. Muñoz
El origen del caso Brugal (acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante) hay que buscarlo en una grabación que entregó Ángel Fenoll a la justicia en marzo de 2006. En ella, un concejal confesaba un soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, por parte de la empresa Urbaser, competidora de Fenoll. El empresario, que empezó recogiendo chatarra y creó un emporio tras conseguir la contrata de basuras de Orihuela Costa, se jactaba entonces de su costumbre de registrar todos sus tratos y sobornos a políticos en su despacho. Grabaciones que acabaron, al menos parte de ellas, en manos de la justicia, cuando el denunciante, Ángel Fenoll, se convirtió en imputado. Condenado por tenencia ilícita de armas, por comprar votos por correo para el PP y por falsificación de facturas, presume de vivir en su propio vertedero, donde tiene además un zoo privado con más de 200 animales salvajes. Colocó en sus empresas a familiares de altos cargos --entre ellos, a Carmen Zaplana, hermana de Eduardo Zaplana--, y además posee una licencia de TDT comarcal.
Ortiz: La “polla insaciable” de las contratas públicas
T. Muñoz
“Soy la polla insaciable”, confesaba Enrique Ortiz, principal acusado de la operación Brugal e imputado en la trama Gürtel, a otro empresario en una de las grabaciones que la policía le venía realizando desde 2008. Se refería el empresario a su voracidad por conseguir contratas de las administraciones públicas. Carreteras, hospitales, limpieza de edificios públicos, líneas de tranvía, etc. A Enrique Ortiz no hay concurso público que se le resista. Ortiz empezó como promotor y constructor, pero sus vínculos con el poder político local le llevaron a diversificar su holding empresarial, que hoy cuenta con una veintena de empresas. El sumario de Brugal, que cuenta con más de 40.000 folios, se ha dividido en tres piezas: la relacionada con la adjudicación de las basuras y dos planes urbanísticos bajo sospecha. Su intermediario, Rafael Gregory, fue cazado en una conversación con el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que aseguraba que le “guardaría” dos pisos de lujo a cambio de la concesión de la gestión de la basura de la provincia.
* Diagonal - GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ - 17.6.13
Foto: Albatera (Alicante), no al vertedero - diagonal
Grandes constructoras ingresaron directamente dinero en las cuentas que Bárcenas mantenía abiertas en Suiza
Está claro de donde provenía la enorme cantidad de dinero que el extesorero del PP tenía en Suiza. La adjudicación directa de obras a grandes constructoras, y las comisiones cobradas por ello, son el origen de esta enorme corrupción urbanística del partido del gobierno, por más que sus dirigentes pretendan desviar la atención, y la justicia, politizada y débil como siempre, no logre sancionar con sentencias definitivas estos casos de la mayor gravedad para el país.
"VOZPÓPULI* : Bárcenas volverá a prestar declaración en la Audiencia Nacional el próximo día 27, de no ser admitida por el juez su solicitud de aplazamiento, y en el PP hay temor a que abra la gran caja de los truenos con su estrategia exculpatoria. Que el extesorero continúa fuera de control no es ninguna novedad y que su situación judicial se agrava por momentos tampoco, a medida que las comisiones rogatorias enviadas a Suiza bombean nuevas sorpresas. Esta diabólica secuencia hace que en el PP se haya instalado la tesis de que el extesorero terminará tirando de la manta o, de forma más precisa, justificando las voluminosas cuentas halladas en Suiza a partir de la propia gestión que tenía encomendada como responsable de las finanzas del partido. Desastre total que descansaría en la sospecha de que Bárcenas mezcló la contabilidad de Génova con la suya personal.
Fuentes empresariales confirman que algunas de las principales compañías constructoras no se anduvieron con rodeos geográficos y acudieron a la ventanilla que Bárcenas había abierto directamente en Suiza. “Era la manera más discreta de actuar”, reconocen. En la documentación manejada por el extesorero que está en manos del juez Pablo Ruz se cita entre las firmas que fueron generosas en sus donativos a Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC y a Constructora Hispánica, ésta última muy vinculada a Francisco Álvarez Cascos. Pero hubo otras, tanto o más conocidas que éstas.
Es improbable que estas empresas reconozcan sus ofrendas al extesorero y mucho menos que admitan que tuvieron como contrapartida la concesión de grandes obras públicas durante los tiempos, más de una década, en la que el propio Álvarez Cascos y José María Aznar pilotaron el partido y tuvieron responsabilidades de Gobierno. Pero es siempre posible, se asegura en medios del PP, que la botella la descorche Bárcenas si ve que él, su mujer, o ambos a la vez, se adentran en un callejón judicial de difícil salida y, en una situación de desamparo como la que el expresidente del Gobierno habría querido denunciar para los enterados en su reciente reaparición: sería tanto como “invitar al baile a los que participaron con él en la fiesta”, se repite con insistencia en las filas del partido.
Las pesquisas judiciales y de la propia Agencia Tributaria se centran en las cuentas que el extesorero tenía abiertas en Lombard Odier y en el Dresdner Bank, con nombres tan exóticos como Tesedul, Novis, Obispado o Ranke. Los dineros de Bárcenas danzaron en ellas durante década y media y en la actual dirección del PP causa alarma cómo algunos de los antiguos responsables del partido de aquella época se encogen de hombros al asegurar que, en todo caso, la gestión de estos fondos y los posibles sobresueldos que salieron de ellos serían delitos prescritos. “Algunos creíamos que se trataba de una defensa psicológica, pero nos hemos convencido de que forma ya parte de una partitura estratégica”, aseguran alarmados.
Para un alto dirigente de Génova, “lo que pasó en aquellos años es indefendible” y ahora nadie puede exigirles ni al Gobierno ni al partido “que vigilen la agenda de los jueces”. Ensayadas todas las vías posibles para controlar al extesorero y una vez comprobada la inutilidad de estos intentos, vuelve a tomar densidad en las filas del PP aquella frase pronunciada por María Dolores de Cospedal cuando estalló el escándalo: “Que cada palo aguante su vela”. “Nadie tiene la culpa”, añaden otras fuentes del PP, “de que el juez Ruz haya centrado su investigación en todo el periodo de mando de Aznar. Si éste cree que se le está haciendo un juicio popular a su recorrido como presidente, se equivoca. Nadie tiene la culpa de que toda la suciedad que sale proceda de su etapa”.
Las pesquisas judiciales y de la propia Agencia Tributaria se centran en las cuentas que el extesorero tenía abiertas en Lombard Odier y en el Dresdner Bank, con nombres tan exóticos como Tesedul, Novis, Obispado o Ranke. Los dineros de Bárcenas danzaron en ellas durante década y media y en la actual dirección del PP causa alarma cómo algunos de los antiguos responsables del partido de aquella época se encogen de hombros al asegurar que, en todo caso, la gestión de estos fondos y los posibles sobresueldos que salieron de ellos serían delitos prescritos. “Algunos creíamos que se trataba de una defensa psicológica, pero nos hemos convencido de que forma ya parte de una partitura estratégica”, aseguran alarmados.
Para un alto dirigente de Génova, “lo que pasó en aquellos años es indefendible” y ahora nadie puede exigirles ni al Gobierno ni al partido “que vigilen la agenda de los jueces”. Ensayadas todas las vías posibles para controlar al extesorero y una vez comprobada la inutilidad de estos intentos, vuelve a tomar densidad en las filas del PP aquella frase pronunciada por María Dolores de Cospedal cuando estalló el escándalo: “Que cada palo aguante su vela”. “Nadie tiene la culpa”, añaden otras fuentes del PP, “de que el juez Ruz haya centrado su investigación en todo el periodo de mando de Aznar. Si éste cree que se le está haciendo un juicio popular a su recorrido como presidente, se equivoca. Nadie tiene la culpa de que toda la suciedad que sale proceda de su etapa”.
* Voz Pópuli - Federico Castaño - 19.6.13
Foto: Bárcenas - tiempodehoy
El TS condena al alcalde de Cantoria y ordena derribar 4 casas vendidas a ingleses
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Otra vez la provincia plagada de corrupción urbanística de Almería, ahora es el caso de Cantoria donde el alcalde 'popular' permitió unas viviendas ilegales, contrarias a la normativa. Se supone que los compradores ingleses actuaron de buena fe, por lo que ahora, tras el derribo, deberán ser recompensados. La 'marca España' continúa su cuesta abajo.
"LAVOZ* : El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de 2 años de prisión y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde de Cantoria (PP), Pedro Llamas, por faltar a la verdad en un escrito “con sello oficial” del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica en relación a una promoción de cuatro viviendas construidas sobre suelo no urbanizable. Llamas ha sido condenado, asimismo, por no denunciar estas edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística sino que, al contrario, según remarca el Supremo, “concedió autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas viviendas”.
El Alto Tribunal desestima su sentencia el recurso de casación interpuesto por la defensa del alcalde contra el fallo de la Audiencia Provincial, que le impuso penas de 24 meses de cárcel, y un año y seis meses de inhabilitación.
La Sección Segunda, que absolvió al regidor del delito de prevaricación por el que también estaba procesado, tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos, por los que fue condenado el promotor de las cuatro viviendas en un finca de su propiedad de carácter forestal, se remontan al año 2003 aunque se extienden en el tiempo hasta 2007. Llamas deberá abonar, asimismo, una multa de cinco meses a razón de diez euros al día.
No se ajustó a la legalidad
La sala de lo Penal del TS rechaza que, tal y como sostuvo la defensa, Llamas se “ajustase a la realidad” al decir a la Fiscalía de Medio Ambiente, a través de informe a la Policía Autonómica, que “no expidió ningún tipo de licencia o de certificación en relación a la contratación de cualquier tipo de suministro” y que, por tanto, “hubiera faltado a la verdad si lo hubiera afirmado, ya que, en realidad, lo que expidió fueron autorizaciones”.
Así, sostiene que cuando la Fiscalía pidió información acerca de si se había otorgado alguna licencia, “es evidente que estaba requiriendo datos acerca de si, en relación con las obras ilegales, se había otorgado algún permiso o autorización”. “El silencio del alcalde supuso falta a la verdad en un documento público y, por tanto, conllevó la ofensa al bien jurídico tutelado”, concluye.
En concreto, las citadas autorizaciones se concedieron en abril y septiembre de 2004, en marzo de 2005 y en mayo de 2006 y en su escrito, Llamas trasladó que “de los archivos obrantes en la Secretaría del Ayuntamiento, no se había otorgado certificado alguno con el objeto de contratación de cualquier tipo de suministros”.
El Supremo recuerda que se le solicitó la suspensión cautelar de la obra y que, “sin embargo, se abstuvo de toda actuación, excepto la de autorizar el suministro de luz y agua, e incluso llegó a comunicar a la Delegación Provincial de la Junta desconocer la realidad de los hechos denunciados pese a la advertencia o comunicación de la Secretaría del Ayuntamiento de la situación existente”.
Por último, el Supremo respalda al tribunal de la Sección Segunda en las razones que da y que, según dice, “militan a favor del carácter no urbanizable de los terrenos” sobre las que se levantaron las viviendas.
También deberá indemnizar a los ciudadanos británicos a los que vendió las viviendas unifamiliares y reponer la legalidad urbanística infringida con la demolición de la edificación ilegal.
* La Voz Almería - EP - 15.6.13
Foto: Cantoria (Almería), protesta ingleses (archivo) - ideal.es
La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década
Un estudio realizado por la Universidad de La Laguna (Tenerife) da esta cifra escalofriante que, sin embargo, da la impresión de quedarse algo corta después de haber visto otras informaciones al respecto. Lo que es indudable es que en la gran mayoría de autonomías la corrupción urbanística de la clase político financiera ha conseguido transformar a peor el paisaje territorial, con grave perjuicio, además, para las arcas públicas.
"ELPAÍS* : No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13 años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.
Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que seguir investigando.
Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000 y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.
El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año 2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006). Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100 agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.
El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un 63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de 2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.
Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals, voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007, complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565 municipios”.
En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.
“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos Ballena Blanca y Malaya.
Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su despacho exclusivamente a letradas.
El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se acreditaron 176 periodistas.
Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio, solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados y casi año y medio de duración?
La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.
La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.
Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos, una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los macroprocesos.
Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.
Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88% de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo (el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.
* El País - LUIS GÓMEZ - 17.6.13
Foto: Mapa de la corrupción - elpais
Salamanca.- La sombra de 'Gürtel' también planea sobre el Parque Empresarial de Las Malotas
Entre los propietarios de los terrenos se encuentran la empresa y el constructor que levantó 'El Algarrobico' y al que se ha relacionado con la rama madrileña de este entramado de corrupción política. Así que los tentáculos de la trama 'Gürtel' se siguen extendiendo, mientras la justicia parece que no es capaz de descabezar ni enjuiciar a esta poderosa mafia urbanística.
"TRIBUNA* : Las actividades de los empresarios implicados en el proyecto de urbanización de Las Malotas, en el que pese a la repulsa general en la ciudad parece estar empeñado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, no dejan de deparar sorpresas. Hace unos días TRIBUNA publicaba las vinculaciones de algunos de estos propietarios de los terrenos con una de las tramas urbanísticas de corrupción más destacadas de la última década, como es el denominado ‘Caso Malaya’.
La empresa Área Logística Oeste S.L. se encuentra directamente relacionada a través de su entramado de sociedades con nombres que figuraron en el sumario, alguno de los cuales prestó declaración incluso en el procedimiento judicial. También publicaba este diario que entre los dueños de una buena porción de los terrenos se encontraba Pedro Díaz, el presidente de Gruposa, editora del periódico La Gaceta Regional de Salamanca, en este caso a través de otra empresa denominada Los Llanos de Valdelobos S.L.
Pues bien, dentro del entramado societario de Área Logística Oeste S.L., aparece una empresa denominada Azata Patrimonio S.L., propiedad de José Domingo Rodríguez Losada. Este afamado constructor lo es, en gran parte, por haber desarrollado su labor e ingente patrimonio al abrigo del boom urbanístico en la localidad malagüeña de Marbella, epicentro de la operación Malaya.
Pero Rodríguez Losada es mucho más conocido por otras cuestiones relacionadas siempre con el ámbito urbanístico, en otros puntos del país. Así, AZATA del Sol, otra de sus empresas, fue la promotora del macrohotel denominado El Algarrobico, que durante la última década ha sido fruto de una agria polémica urbanística y social en España, en el ámbito de la discusión de la Ley de Costas y de la invasión del litoral español por la burbuja inmobiliaria.
Finalmente, el hotel levantado en la playa de Carboneras, en pleno Cabo de Gata, cuya demolición fue solicitada por movimientos ecologistas y sociales durante más de una década, y que en algunos trámites judiciales llegó a ser ‘indultado’ parcialmente, será demolido.
Con antecedentes como este, no es de extrañar que los tentáculos de Rodríguez Losada se hayan extendido por otros puntos de la geografía española. Entre ellos, y especialmente en los últimos años de la década pasada, en el conocido como ‘cinturón madrileño de la Gürtel’, integrado por los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo, Arganda y Valdemoro, entre otros.
Su proyecto estrella en Boadilla del Monte, cuyo alcalde Arturo González Panero es uno de los primeros imputados en la rama madrileña del caso Gürtel y tuvo que dimitir de su cargo e ingresar en prisión, fue la urbanización de lujo denominada inicialmente ‘La Alcazaba de Boadilla’, que también levanto la repulsa social de diversos movimientos en el municipio al afectar su construcción al bosque mediterráneo que da precisamente nombre al municipio. La celeridad en su tramitación municipal y el aprovechamiento de algunos cambios normativos aplicados por el ayuntamiento madrileño que bordeaban la legalidad, alentaron la promoción de una urbanización de ‘altos vuelos’ y 219 chalets de lujo.
Curiosamente, el desarrollo del sector en el que se encontraba esta promoción fue promovido por el Ayuntamiento de Boadilla a través del mismo mecanismo urbanístico que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, pretende hacer también efectivo en Las Malotas.
Por la documentación que en estos momentos sigue analizando TRIBUNA también se desprende que no es este el único vínculo existente entre los propietarios de Las Malotas y el entramado Gürtel, cuyo sumario aún sigue abierto, y así lo irá revelando este diario próximamente.
El SUEGRO DE UNA PROMESA 'FUGAZ' DEL PP
Se da la circunstancia de que José Domingo Rodríguez Losada fue en su día suegro de una de las grandes promesas del PP de aquellos años, Juan José Güemes, que se casó en primeras nupcias con la hija del constructor. En el segundo intento, Güemes formalizó matrimonio con la también diputada popular Andrea Fabra, hija del ínclito Carlos Fabra y conocida por su expresión grabada por las cámaras en el congreso “¡Que se jodan!”, en pleno anuncio de Rajoy de nuevos recortes a los desempleados por parte del Gobierno.
Juan José Güemes, que llegó a ser consejero del gobierno de Esperanza Aguirre en varias ocasiones y secretario general de Turismo pese a su juventud, pasó a la empresa privada en 2010, aduciendo ‘motivos personales’ y abandonó la política activa.
* La Tribuna Salamanca - 17.6.13
Foto: Salamanca, futuro parque empresarial Las Malotas - salamanca24horas
Roquetas.- Gabriel Amat, 'el hermano mayor' de Arenas, investigado por presunta corrupción urbanística
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El alcalde Roquetas de Mar (Almería) y presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, lleva largo tiempo en la picota de la corrupción urbanística, ya que participa en varias empresas inmobiliarias de la zona, y muchas decisiones municipales o provinciales le han favorecido de una forma u otra. Aún así, gracias a sus apoyos, ha conseguido librarse hasta el momento de una acción judicial seria.
"ELCONFIDENCIAL* : Javier Arenas define a Gabriel Amat como su “hermano mayor”. Es el indiscutible hombre fuerte y de absoluta confianza de Arenas en Almería, la provincia por la que el expresidente del PP andaluz se ha presentado dos veces como número 1 al asalto (frustrado) a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Amat, presidente del PP de Almería, presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Roquetas de Mar desde hace 17 años, sufre ya el cerco de la Justicia.
La Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Financieros del Cuerpo Nacional de Policía ha pedido que se investigue a Amat tras la denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT) por “presuntamente beneficiarse él y sus familiares directos y socios de las decisiones adoptadas en materia urbanística en este municipio del Poniente almeriense”. Una parte de lo denunciado por AMAyT ya lo investiga el Juzgado número 1 de Roquetas de Mar (Almería). La Fiscalía del TSJA ha remitido la denuncia de esta asociación al juzgado de Roquetas “para ver si lo investiga todo o no”, según confirmaron a El Confidencial fuentes de la propia Fiscalía.
El clan Amat, como así lo denomina el escrito presentado por este colectivo, está compuesto por más de 108 sociedades familiares y relacionadas entre sí con más de 315 órganos sociales distintos. El alcalde de Roquetas de Mar, que gana 70.000 euros anuales, “se habría beneficiado de las decisiones municipales adoptadas por el ayuntamiento durante su pasado y actual mandato como alcalde y sobre todo su familia”, según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, en la que se pide a la Fiscalía si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, firmó el pasado 28 de enero un escrito en el que ordenaba el traslado de la denuncia a la Unidad de la Policía Judicial adscrita a esta Fiscalía para que elaborara un amplio informe sobre los hechos y las personas intervinientes. El decreto también comunicó a Gabriel Amat (Albuñol, Granada, 1944) el inicio de las diligencias de investigación penal. El Ministerio Fiscal aún debe determinar la participación en los hechos de personas aforadas que decidan si la competencia corresponde a la Fiscalía Superior de Andalucía o a la propia Fiscalía de Almería.
Presuntamente, Amat no habría actuado en solitario. En primer lugar, la asociación remarca una “actividad supuestamente delictiva y con continuidad en el tiempo” en coordinación con José María González Fernández, el concejal de Urbanismo, ya imputado por la Fiscalía almeriense. “Los casos de corrupción que se han dado y están dando en ese municipio apuntan, directamente y en principio, a las dos personas anteriormente indicadas como los máximos responsables, pero no únicos, de la corrupción urbanística en Roquetas de Mar”, como indica AMAyT.
Negocios inmobiliarios
La excelente cosecha de los años del boom del ladrillo ofreció beneficios para Amat. El alcalde de Roquetas de Mar participa en el negocio del sector inmobiliario a través de sociedades al frente de las cuales se encuentran tanto él como sus familiares más directos o socios del primer edil. Según la asociación denunciante, en la mayoría de las operaciones que podrían beneficiar a alguna de estas empresas se ausentaba de los plenos municipales dejando en el concejal González la aprobación de los actos, “aunque, todo hay que decirlo, no en todos los casos se ausentó el alcalde”. En Roquetas de Mar altos cargos del PP almeriense disfrutan de propiedades inmobiliarias.
A pesar de que Amat en su declaración de incompatibilidades reduce el objeto de las sociedades en las que participa a expresamente las actividades de la agricultura y a la venta (concesionario de vehículos) de las marcas Audi y Volkswagen, el presidente de la Diputación Provincial de Almería mantiene acciones en las sociedades Complejos Apocalipsis, con el 100% de las acciones, Industrias Químicas del Beiro, con el 25% del accionariado y Vallparis, con el 10% de participación accionarial.
En esta presunta falsedad en su declaración de incompatibilidades como cargo público, destaca cómo sociedades controladas por Amat como Complejos Apocalipsis, el objeto social se circunscribe a la construcción de cubiertas y a la promoción inmobiliaria. Además, la sociedad Industrias Químicas del Beiro también se dedica a la promoción inmobiliaria. En esta misma sociedad aparece el propio Gabriel Amat como consejero delegado. ¿E Inmuebles del Poniente? Igualmente, el objeto social es el de la promoción inmobiliaria, construcción de edificios residenciales y contratista. En esta sociedad el presidente del PP de Almería es administrador único desde septiembre de 1994.
AMAyT, la asociación denunciante, nació en enero de 2013 para “trasladar a la Fiscalía todos y cada uno de los casos de corrupción de los que tengamos conocimiento. Casos en que los ciudadanos conocedores y víctimas de ellos no se atreven o no pueden denunciar por miedo a represalias. Ese es nuestro primer objetivo y principal función”.
Acosado por las deudas
“En Almería no se mueve una mosca sin que don Gabriel dé su aprobación. Tiene el poder absoluto del partido tras haber liquidado a su principal adversario, Juan Enciso [exalcalde de El Ejido] en 2008, destapándole la extrañamente paralizada Operación Poniente”, relata el periodista Pepe Fernández, exdirector de Onda Cero Andalucía, en un post de su blog titulado "Las claves de la Operación Tres Reyes en Almería".
Enciso y Amat, máquinas de ganar elecciones y arrancar votos, se acabaron peleando. Arenas perdió la confianza en el ex primer edil de El Ejido y decidió concentrar todo su apoyo en su “hermano mayor”. A principios de la década de los noventa el hoy alcalde de Roquetas de Mar era un empresario que ejecutaba obras agrícolas para Tierras de Almería, vinculada a Javier de la Rosa, cuyas inversiones supusieron la parte más relevante del agujero de más de 100.000 millones de pesetas en la Banca Garriga Nogués, según publicó El País en diciembre de 1992.
Es la misma época en la que Arenas llegó a la dirección del PP andaluz para sustituir a Gabino Puche, por aquel entonces presidente de los populares sureños. Cuando Amat llega a la política está acosado por las deudas. En apenas un año logra cancelar todos los préstamos que había solicitado, según aseguran a El Confidencial distintas fuentes próximas al PP de Almería.
* El Confidencial - Agustín Rivera - 17.6.13
Foto: Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat alcalde y presidente Diputación - teleprensa.net
El AVE a Alicante llega cargado de incógnitas
El nuevo AVE a Alicante llega con todos los indicios de otro despilfarro y fracaso más en las nuevas líneas, además, se ha realizado con deshechos de hace 20 años. Pero el principal problema es su falta de conexión, por inexistencia, con líneas de cercanías para todo el posible turismo de la comarca. Es decir, a pesar de las palabras grandilocuentes habituales de políticos y empresarios, se siguen planificando mal, muy mal, las infraestructuras.
"ELPAÍS* : El tren Alsthom que hizo el primer trayecto del AVE Madrid Alicante se fabricó en 1992 y se reformó en 2009. Un detalle que no impidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmar que la nueva línea de alta velocidad es el “fruto de las ambiciones comunes y superación de dificultades”. El presidente valenciano, Alberto Fabra, lo presentó como “la punta de lanza de la recuperación económica”. Pero el tren de alta velocidad llega cargado (además de años) de incógnitas, y con más preguntas que respuestas. ¿Qué impacto real tendrá sobre el turismo? ¿Qué efecto económico? ¿Cuándo se hará el trayecto en menos de dos horas? ¿Qué conexiones directas tendrán los turistas para ir a Benidorm, Torrevieja o Santa Pola?
Las consecuencias de la puesta en marcha de los 165 kilómetros de vías entre Albacete y Madrid, con una inversión de 1.920 millones de euros, lo que supone 11,6 millones por cada kilómetro, se conocerán con el paso del tiempo. Los empresarios se muestran contentos pero cautos. Alicante llega tarde a la red de ciudades conectadas al AVE y la clientela turística mayoritaria, tal y como dijo el presidente de los hoteleros de Benidorm, Antoni Mayor, viene en coche en el caso del turista nacional, y en avión, si son extranjeros. La presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles, Cristina Rodes, admitió que “los tiempos no son ideales, pero si se recortan 50 minutos se potenciará al cliente nacional”. En la misma línea, José Enrique Garrigós, presidente de la Cámara de Comercio, insistió en que en cuatro meses “debemos de trabajar para que llegue más rápido”, y pidió que el tiempo de viaje fuera de 1,50 horas. Un estudio, encargado por la Generalitat, cifra en 70 millones de euros anuales y más de 700 empleos el impacto que el AVE tendrá en la provincia, cuyos trenes aumentará en un 40% el número de pasajeros.
Cuando se inauguró la línea en Valencia también se plantearon objetivos ambiciosos que luego toparon con la realidad. Se cifró en 3,6 millones los viajeros previstos, pero en su primer año apenas llegó al 1,9 millones y al año siguiente bajó a los 1,7 millones. Los estudios oficiales pronosticaron que el AVE Valencia-Madrid crearía 136.000 nuevos empleos. Pero el único dato cierto es el incremento del paro. Y en Requena bajan 50 viajeros al día, cuando se presumía que el tren iba a ser el motor económico de la comarca.
Villena corre el riesgo de acabar igual que Requena. La estación de Villena, que ha costado más de 11 millones de euros, está ubicada en medio de la nada y con unas pésimas comunicaciones por carretera. Y en Alicante está por resolver el conflicto entre la capital y los municipios turísticos que exigen que las líneas de autobús regulares tengan parada en la nueva estación.
La puesta de largo del AVE desde Madrid a Alicante este lunes fue descafeinada y destapó dos realidades: la oficial y la indignada. Dentro de la estación un elenco de políticos y empresarios con traje y corbata escucharon y aplaudieron los discursos oficiales. Fuera, medio millar de personas se hacían oír: republicanos, afectados de Bankia, de Afinsa, profesionales de la educación, Stop Desahucios, gente en defensa de los discapacitados, de la sanidad, asociaciones vecinales, en definitiva, un popurrí de toda la indignación social.
Hacía tiempo que no se veía un dispositivo policial semejante: hasta 20 furgonetas de la Policía. Nadie sin acreditación de un medio o con billete de viaje podía acceder, había diez policías en cada puerta. Decenas de personas con banderas republicanas se agolparon en las puertas de la estación fuertemente vigiladas. El ruido de los gritos y las bocinas se colaron en el acto. Durante el discurso del Príncipe sonaron tres petardos.
Al final del acto inaugural se vivieron momentos de tensión. Un coche oficial intentó salir del aparcamiento de la estación para encontrarse con una muralla de personas que sujetaba una pancarta pacíficamente. La policía, sin cargar, comenzó a empujar a la gente, lo que desató momentos de nerviosismo. Entre la confusión del barullo, varios manifestantes lanzaron grava proveniente de un jardín cercano que cayó sobre el coche oficial y un agente policial se lanzó solo a dispersar a la gente hasta el punto de quedarse solo y verse rodeado de manifestantes, que han contestado la agresión golpeando al policía, al que han llegado a romper las gafas. “A él se le rompió la porra de tanto dar”, señalaban varios jóvenes que se acercaban a la prensa a enseñar vídeos de lo ocurrido.
El primer trayecto oficial estuvo exento de alharacas. El príncipe Felipe, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dos de sus ministros, Pastor y Margallo, y una reducida representación de dirigentes de Renfe y Adif. En Albacete paró el tren unos minutos para que subiera María Dolores de Cospedal, y en Villena se sumó a la comitiva, Alberto Fabra, presidente valenciano.
El AVE en cifras
En 1999 se programa el AVE a Alicante, en 2001 se incluyó en la red de la alta velocidad. El gobierno de Zapatero anunció su inauguración para finales de 2012, pero llegó el PP y se retrasó a junio de 2013.
Se ha inaugurado el tramo de Alicante-Albacete, de 165 kilómetros de longitud, que ha supuesto una inversión de 1.920 millones de euros, de los que 231,8 millones han sido cofinanciados por la UE. Cada kilómetro costó 11,6 millones de euros.
El precio general del billete en turista es de 64,9 euros y el Bono AVE de diez viajes fija el precio en 42,2 euros sin necesidad de anticipar la compra. El máximo descuento que se podrá obtener es el de un 70% sacando el billete con mucha antelación y cuando salgan ofertas especiales, lo que deja el precio en 19,45 euros. Como oferta especial de lanzamiento, entre los días 18 y 25 de junio, todos los billetes de clase turista se comercializarán con un 50% de descuento (32,45 euros por trayecto).
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ / RUBEN ESQUITINO - 17.6.13
Foto: Alicante, estación AVE - informacion
Barcelona.- El fiscal concluye que el partido de Mas cobró 6,6 millones en comisiones ilegales
El caso del expolio económico del Palau de la Música sigue dando que hablar y, parece que ya se empieza a dar por hecho la responsabilidad político-económica del partido CDC, aunque ahí siga en el poder como si tal cosa. El famoso 4% del que se está hablando por comisiones en obras, ya de por sí delictivo, sin duda debe ser más alto, como ha pasado en otras ocasiones en Catalunya.
"PÚBLICO* : El fiscal Anticorrupción de Barcelona ha concluido que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del president de la Generalitat, Artur Mas, se financió irregularmente y que presuntamente cobró en total 6,6 millones de euros en "comisiones ilícitas". Se trataría de unas comisiones satisfechas por la constructora Ferrovial a cambio de varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.
En el escrito, de 36 folios, remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona solicita el fin de la instrucción y la apertura de la fase intermedia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled concluye que Ferrovial pagaba un 4% en comisiones de las obras que le adjudicaban, que se repartía entre CDC (2,5%) y los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull. Concretamente, según el fiscal, las comisiones que "se hicieron llegar a la órbita de CDC" ascienden a 6.607.605,58 euros.
Un portavoz de Ferrovial dijo que la constructora se limitó a hacer pagos de patrocinios de actos que tuvieron lugar en el Palau de la Música.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que la trama de sociedades ilícitas gestadas en torno al Palau de la Música de Catalunya pagó a personas "con ascendencia política" para influir en los organismos que adjudicaron obras públicas de envergadura Entre 1999 y 2009. En concreto, el fiscal cree comprobado que, a través de los dos principales imputados en el caso Palau, Ferrovial pagó comisiones que ascendieron a 6,6 millones de euros al partido presidido por Artur Mas a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o una línea de metro en Barcelona.
El escrito detalla los delitos presuntamente cometidos hasta 2009 por el que fue presidente del patronato del Palau, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste, Gema Montull, directora financiera de las entidades, todos ellos acusados de falsedad documental y desvío de fondos públicos de la institución en beneficio propio. El fiscal dice que, junto con el desvío de dinero para enriquecimiento propio, existió una trama de comisiones ilícitas para influir en la toma de decisiones de adjudicación de obra pública.
"La empresa privada FERROVIAL-AGROMAN efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública por parte de los organismos competentes de la Generalitat de Catalunya u organismos públicos locales regidos por responsables de la formación política Convergència Democràtica de Catalunya", señala el escrito.
El fiscal dice que los pagos por parte de Ferrovial los realizaron los imputados Pedro Buenaventura Cebrián, director territorial en Catalunya hasta 2000 y luego director general de la división de construcción de la compañía hasta 2006, y Juan Eliazaga Corrales, director de relaciones institucionales de la firma. "Dichos imputados, sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de la entidad, y siempre sin conocimiento del cuerpo de accionistas, como mínimo a partir de 1999-2000, dispusieron todo lo necesario para que cuantiosos fondos de Ferrovial (..) se aplicaran a la financiación de CDC, formación tradicionalmente en el poder autonómico y local catalán", señala el escrito de Anticorrupción. Con esos pagos pretendían "establecer una relación privilegiada con la misma en beneficio mutuo pero en perjuicio de la debida imparcialidad de los poderes públicos".
Tres mecanismos
Para hacer llegar las comisiones a CDC la trama utilizó tres mecanismos: entregas en efectivo al tesorero del partido, que según el fiscal ascendieron a 3,7 millones entre 2000 y 2008; facturación "mendaz" de las empresas de impresión y buzoneo Altraforma, Hispart, Publiciutat, New Letter y Letter Graphic, y a través de convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas (directamente vinculada a CDC en el aspecto orgánico y financiero). Con todo, el fiscal considera a CDC como partícipe a título lucrativo para que pueda defenderse de la petición de decomiso de fondos que se formule en el escrito de conclusiones provisionales, y también a la Fundación CAT-DEM.
Según el Ministerio Fiscal, en este "mecanismo ilícito" participaron los extesoreros de CDC Carles Torrent (fallecido en 2005), Daniel Osàcar y el exdiputado de CDC Jaume Camps, y constata que altos responsables del partido debieron necesariamente intervenir, aunque no han podido ser debidamente identificados.
Expolio al Palau de 18 millones
En su escrito, el fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, cifra en 18 millones de euros el "expolio patrimonial" que cometieron Millet y Montull en el Palau de la Música en su beneficio personal o a otras finalidades desconocidas nunca relacionadas con la institución. Concretamente, Millet se apropió de 7 millones de euros de la Fundación y de la Asociación del Palau, 1,3 millones se los quedó Montull, y de los 9,6 millones restantes "han desaparecido sin dejar rastro alguno", y para cometer el delito contaron con la colaboración de la exdirectora financiera Gemma Montull y con el conocimiento y asentimiento de Rosa Garicano.
Parte del dinero se utilizó en obras "suntuarias" en viviendas particulares de Millet, Montull y Gemma Montull mediante facturación mendaz entre 2005 y 2009, a bodas de las hijas de Millet y viajes exóticos a Tailandia, Polinesia, Kenya, Dubai, Maldivas y México, entre otros.
En el escrito también se incluye que Millet pagó a terceros sin ninguna relación con finalidades del Palau como al presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, a quien entregó 75.000 euros (que el propio Colom ya ha pactado que devolverá) y 13.000 euros a Esteve Escuer, militante de CDC en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).
* Público - Agencias - 14.6.13
Foto: Artur Mas y Oriol Pujol, en una reunión de la direción de CDC.-EFE
El Gobierno permitirá el turismo en los parques nacionales
En principio que un parque nacional admita una actividad 'controlada' como el turismo no debería causar temor, pero la nueva ley que se anuncia permite llegar un poco más allá, hasta convertir esos espacios protegidos en una especie de parques temáticos de la naturaleza, con actividades problemáticas para el bien a proteger. La filosofía que está detrás parece ser, una vez más, la rentabilidad económica pura y dura.
"PÚBLICO* : La navegación o el sobrevuelo sin motor pueden conventirse en actividades autorizadas en los parques nacionales, según se contempla en el anteproyecto de la nueva ley que prepara el Gobierno. El borrador, que analiza hoy el Consejo Asesor de Medio ambiente donde participan las organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales y agrarias, contempla por ejempo que se permita "excepcionalmente" la navegación en el interior del parque con fines turísticos o recreativos siempre que la actividad contribuya "de forma notable" al desarrollo socieconómico del entorno y sea "completamente compatible" con la conservación de los valores y sistemas naturales, según el texto.
Aunque entre las actividades incompatibles figura el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, el texto incorpora una excepción siempre que se obtenga una autorización expresa o por causa de fuerza mayor. Además, una disposición adicional del borrador señala que "serán objeto de estudio" las actividades "tradicionales" de vuelos de aeronaves no impulsadas a motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Será el plan rector de uso y gestión del parque el que determinará las cotas, periodos y zonas donde tal actividad no resulte incompatible con la conservación de los recursos.
La nueva Ley de Parques Nacionales mantiene como actividades prohibidas la caza, la pesca deportiva, recreativa y comercial, la tala con fines comerciales o la edificación. No obstante, el texto contempla que se puedan realizar acciones de control de poblaciones (en las que se eliminan a conciencia un número determinado de ejemplares) al entender que esta actividad es "necesaria para la gestión". Contempla asimismo acciones para ordenar las masas forestales y para erradicar especies exóticas de restauración de hábitats.
Las agrupaciones ecologistas, que se reunieron el martes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, se han mostrado en cambio escépticas y han pedido que se retire una enmienda instroducida en el Senado que podría abrir la puerta a actividades de caza al permitir los usos "tradicionales" de la zona.
Excepciones a la norma
Asimismo, el borrador manifiesta que será incompatibles los aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos, las vías de comunicación y las redes energéticas, "salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas" por razones de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria. En este contexto, subraya que los planes de cuenca asegurarán los recursos hídricos adecuados "en cantidad y calidad".
Respecto al suelo, el proyecto de Ley establece que el terreno que pueda ser declarado Parque Nacional "no podrá ser susceptible" de urbanización ni edificación y que, en todo caso, estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, sin aprovechamientos de carácter agrícola, forestal o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.
En este sentido, el texto añade que un Parque Nacional no podrá contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas al uso deportivo, industrial o de ocio. En el caso de que se encuentren elementos artificiales en el espacio que se proponga como Parque Nacional estos deberán guardar vinculación histórica y cultural y estar "integrados en el medio natural, salvo casos debidamente justificados".
Hace pocos meses que el Gobierno, sin embargo, aprobó un proyecto para la producción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Todos los parques nacionales en España:
-Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
-Archipiélago de Cabrera
-Cabañeros
-Cadera de Taburiente
-Doñana
-Garajonay
-Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
-Monfragüe
-Ordesa y Monte Perdido
-Picos de Europa
-Sierra Nevada
-Sierra de Guadarrama (Aprobado hoy)
-Tablas de Daimiel
-Teide
* Público - EP - 13.6.13
Foto: Humedales del parque nacional de Doñana. EFE
Banderas Negras Andalucía 2013
El informe anual que realiza Ecologistas en Acción sobre 'Banderas y Puntos Negros' es muy importante para saber realmente la situación de la costa en el país. Aquí se presenta, sin detallar excesivamente, el correspondiente a Andalucía 2013.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* viene prestando una especial atención a la conservación del litoral y a sus ecosistemas. Por ello en 1999 se comenzó la elaboración anual del informe Banderas Negras, que de forma periódica analiza la situación de los diferentes tramos del litoral detectando las actuaciones humanas que están provocando su deterioro o destrucción. Por decimoquinta vez consecutiva presenta esta campaña, que viene a denunciar públicamente a aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida ambiental del litoral y que en esta edición concede un total de 80 Banderas Negras y 96 Puntos Negros.
Con este distintivo, Ecologistas en Acción quiere hacer ver la otra realidad del litoral andaluz y criticar el modelo de desarrollismo y la pérdida de biodiversidad de nuestras costas.
Tras este examen podemos decir que en mucho de los casos no se han subsanado los problemas que presentaba la costa andaluza en ediciones anteriores.
El litoral sufre agresiones desde distintos flancos. Por un lado tenemos el urbanismo, entendido desde los gobernantes como una moneda de cambio, que se ha ido comiendo poco a poco nuestros recursos naturales y paisajes costeros. La desplanificación urbanística nos muestra zonas como la provincia de Málaga como claro ejemplo de irracionalidad y que cada vez más se reitera en otras provincias andaluzas.
Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la nueva Ley de Costas que consagra definitivamente la privatización real de zonas de dominio público, en beneficio de ocupaciones eternas por construcciones residenciales y chiringuitos, con mayor invasión y privatización del espacio público, cada vez más ocupado también por sombrillas y hamacas de instalaciones hosteleras que delimitan y privatizan de hecho espacios públicos. La ampliación de la concesión en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.
Puertos deportivos y amarres invaden las desembocaduras de buena parte de ríos y caños, destacando los casos de Punta Umbría y la desembocadura del Ríos Piedras, donde la orilla y la lámina de agua se va privatizando a gran velocidad. Como hemos señalado en años anteriores, es triste que sea la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) la que impulsa y propicia esta privatización práctica de la lámina de agua y de suelos marinos ubicados muchas veces en Espacios supuestamente protegidos por la propia Junta de Andalucía.
La reforma de la Ley de Costas de 1988 aprobada por el Congreso de los Diputados rompe definitivamente el valor de la costa como bien público, crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos que despilfarrará los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, posibilitando otro proceso de burbuja inmobiliaria en la costa, desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística, permitiendo fiestas privadas, colocación de publicidad, instalaciones de chiringuitos por 4 años. Y para mayor agresión, todo este cúmulo de despropósitos se reviste de “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral”, con graves repercusiones en nuestro litoral.
Asimismo, la instalación de chiringuitos en las playas es una máxima que su cumple en toda la costa andaluza y vemos como cada día invaden el espacio de dominio público con hamacas y sombrillas quitando el espacio a los ciudadanos.
Además de la presión urbanística, nuestro litoral también tiene la asignatura pendiente de los vertidos, nos encontramos que Andalucía aún incumple la normativa y en son algunas localidades las todavía vierten sus aguas sin depurar al mar, como Nerja, Tarifa u otras localidades.
Haciendo un recorrido por el litoral andaluz, en la costa de Huelva cabe destacar la presencia de instalaciones que invaden y privatizan el espacio público, siendo esto un fiel reflejo de la cesión de competencias a la Junta de Andalucía para la gestión del dominio público. Otro problema es la depuración de las aguas, que a pesar de ocultar la información se sabe el nulo funcionamiento de depuradoras como la de Matalascañas.
Cádiz al igual que en las citadas provincias andaluzas tiene zonas que son un ejemplo claro del modelo insostenible de crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación y destrucción de zonas de alto interés ecológico y paisajístico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda residencia o proyectos urbanísticos como el de Valdevaqueros que es otro golpe brutal contra la sostenibilidad de nuestro litoral.
Otro gran problema de la bahía gaditana es el “Bunkering”, gasolineras flotantes fondeadas en la Bahía. El trasiego de hidrocarburos se hace de un barco a otro para evitar el pago de impuestos, se estima que se traspasan 5 millones de toneladas de combustible al año.
Málaga es quizás donde nos encontramos el paisaje más desolador, como ya se denunciaba en anteriores ediciones, el entorno se halla prácticamente urbanizado en la totalidad; ocupando las urbanizaciones, chalets y restaurantes casi toda la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo y Terrestre, que cuenta con 100 metros de anchura, a partir de la línea de costa; constatándose que en muchos puntos la propiedad privada invade totalmente esta zona pública, llegando a tener que construir espigones para defensa contra la acción del mar, donde legalizan construcciones ilegales en los nuevos PGOUs en connivencia de los grandes partidos políticos.
La provincia de Granada, sigue un tanto de lo mismo, el abandono que sufre el litoral granadino en cuanto a limpieza, conservación, respeto al medio ambiente y urbanismo desastroso.
Otro dato a destacar es la falta de observancia de la legislación ambiental por parte de las autoridades responsables en zonas de especial protección.
La provincia de Almería, sigue estando afectada por obras de impacto como la urbanización en zonas Lugar de Interés comunitario (LIC), el destrozo de playas vírgenes, sigue en pie la aberración urbanística del Hotel Algarrobico en pleno Parque Natural, o los proyectos de ampliaciones de puerto que van a afectar reservas marinas de alto valor ecológico, y que un año más, siguen siendo la constante en este tramo del litoral andaluz.
De manera positiva cabe destacar, que en esta parte de la costa andaluza la crisis económica ha dado unos años de respiro. Pero no ha posibilitado que haya motivo para que el número de banderas negras disminuya.
Desde Ecologistas en Acción denunciamos una vez más que las Administraciones Públicas y los gobernantes políticos, lejos de cumplir con la Constitución en diversas materias y con su deber para con el pueblo, se pasean de la mano de especuladores, corruptos e intereses privados y financieros, que buscan únicamente su beneficio personal. Y todo, a costa de la conservación del medio ambiente y del incumplimiento sistemático de las Leyes, que son modificadas al antojo de cada cual y en función del interés económico, obviando intencionadamente el social.
* Ecologistas en Acción - 7.6.13
Foto: Algeciras, contaminación bahía - diagonal
