La ayuda del gobierno a la creación del llamado 'Banco malo' para la gestión del inmenso patrimonio inmobiliario en manos de los bancos privados, logrado por métodos fraudulentos o irregulares en la mayoría de las ocasiones, supone el mayor rescate bancario hasta la fecha y otra estafa monumental a los ciudadanos.
"ADRIÀ ALEMANY* : Con la reforma financiera anunciada por el ministro de Guindos (la quinta desde que estalló la crisis, y la tercera desde que gobiernan los populares) se obliga a las entidades financieras perceptoras de ayudas públicas a deshacerse de los inmuebles adjudicados en cartera. Para ello se crearán sociedades gestoras (el banco malo), participadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que comprarán los activos tóxicos que se acumulan en los balances bancarios para venderlos en un plazo máximo de 15 años.
Con ello se pretende sanear las cuentas de las entidades financieras de la indigestión inmobiliaria. De esta manera el FROB, que podrá endeudarse hasta un tope de 120.000 millones de euros, financiará la compra de estos activos tóxicos, mayormente inmuebles que actúan como garantía de créditos ligados a promotor, según el propio ministro de Economía. El Gobierno ha asegurado que dichos activos se comprarán a un precio razonable y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que la reforma “se ha diseñado para que no cueste un euro al erario público”.
Sin embargo, esta nueva “reestructuración” se presenta ante nosotros como el mayor rescate bancario hasta la fecha y otra gran estafa a la ciudadanía. Al respecto varias consideraciones:
1) ¿Quién nos asegura que las parcelas, suelos, promociones sin acabar y urbanizaciones fantasma que absorberá el banco malo se comprarán a un precio razonable? ¿Qué se entiende por “precio razonable”?
Si la intención del banco malo es comprar activos para luego venderlos, el precio al que se compren y luego se vendan estos activos será clave para determinar el coste final para el contribuyente. Una de las hipótesis que se barajan es que los inmuebles sean transferidos al banco malo por su valor contable menos las provisiones ya realizadas sobre el activo que poseen en cartera (un colchón que los bancos están obligados a reservar para compensar la bajada de precios de los inmuebles). ¿Pero descontar la provisión realizada sobre el precio contable de los activos será suficiente para ajustarnos a su valor actual de mercado? Suponiendo que fuera así, que no lo es, y que, tal y como asegura el ministro De Guindos “los activos tóxicos de los bancos ya estuvieran suficientemente provisionados, con lo que el precio de compra podría ser reducido”, ¿por qué estos activos no encuentran salida en el mercado privado? ¿Por qué se transfieren entonces al banco malo? ¿Por qué nadie los quiere? ¿Por qué los tiene que comprar el Estado?
La mayoría de expertos señalan que la depreciación real de los activos es ostensiblemente mayor a la provisionada en los registros contables de los bancos, sobre todo en lo referente al suelo. ¿Cuánto vale realmente un patatal no edificable que se compró a precios desorbitados? Con toda seguridad estaremos comprando inmuebles a precios inflados. Y eso, el señor De Guindos lo sabe. Por este motivo la vida útil del banco malo se ha establecido en 15 años. El Ejecutivo supone que transcurrido este plazo, la economía se habrá recuperado, el mercado inmobiliario reflotado y los precios de los inmuebles volverán al alza. De esta manera, la apuesta del Gobierno del PP es la apuesta por una nueva burbuja inmobiliaria. Con este planteamiento inicial, pase lo que pase, la ciudadanía pierde. Si los precios vuelven a los niveles de burbuja, el banco malo no aflorará pérdidas, pero volveremos a sufrir en nuestras carnes las consecuencias de un modelo especulativo que nos ha conducido a la situación actual.
Sin embargo ésta última hipótesis es más que dudosa. Con una ingente cantidad de stock de vivienda e inmuebles por absorber, una tasa de crecimiento poblacional que se prevé negativa en los próximos años, un elevado endeudamiento familiar y una tasa de paro estructural crónica, parece difícil regresar a los años de burbuja y reactivar el mercado inmobiliario a partir de la demanda interna. Consciente de ello, el Gobierno intenta atraer inversores extranjeros (de ahí los esfuerzos del ejecutivo en promocionar el mercado inmobiliario español en países como Rusia o China). Es también en esta clave que debemos interpretar la propuesta de modificación legislativa en el mercado del alquiler, donde, entre otros elementos, se introduce una exención fiscal para las empresas que adquieran activos inmobiliarios.
Así que pase lo que pase, seremos los contribuyentes los que acabaremos pagando la factura de un rescate bancario sin precedentes. Si el banco malo se liquida sin pérdidas, querrá decir que hay burbuja. Si se liquida con pérdidas, será la ciudadanía la que tendrá que afrontarlas, lo que inmediatamente se traducirá en una nueva oleada de recortes. Así que una de dos: o tendremos burbuja o tendremos recortes.
Sin embargo, no podremos saber el resultado hasta que el banco malo no se liquide. Es decir dentro de 15 años. Mientras tanto, la ingeniería contable se encargará de disfrazar las cifras, como ha hecho hasta la fecha con los balances bancarios.
2) Los costes inmediatos para los ciudadanos de la dación en pago a la banca
Sea lo que fuere lo que pase en el futuro, la realidad es que a día de hoy se comprarán activos a la banca a precios sobrevalorados. Se trata de una especie de dación en pago a la banca. Sanearemos sus cuentas a costa de los contribuyentes. Los mismos mercados financieros señalan en esta dirección. Después de la comparecencia del ministro de Economía para explicar la reforma, las cotizaciones bursátiles de las entidades bancarias subían como la espuma al tiempo que el rating de la deuda pública se desplomaba y la prima de riesgo volvía a encaramarse. Lo cual implica que esta medida ya está suponiendo costes para los ciudadanos, puesto que habremos de pagar más intereses por la deuda pública que emita el Estado.
Por otro lado conseguir financiación y destinar recursos para tapar el agujero de los bancos, comprando activos a precio sobrevalorado, impide canalizar los recursos hacia otros sectores de la economía. Es lo que los economistas denominan el coste de oportunidad. Si destinamos los recursos que traemos del futuro (endeudándonos todavía más) para unas cosas, los dejamos de utilizar para otras.
Los intereses del préstamo que pedirá el FROB irán a cargo del presupuesto público y se traducirán en más recortes sociales hoy, si no se quiere incrementar el déficit público.
Si el FROB se endeuda, nos endeudamos todos, puesto que es el Estado quien avala al FROB, que es un instrumento público. Aunque De Guindos ha reiterado su voluntad de que el banco malo esté participado por capital privado, en un primer momento su único accionista será el FROB, es decir, los ciudadanos. El FROB se endeudará para financiar la compra de los activos “tóxicos”. Una deuda que, no nos olvidemos, generará nuevos intereses. Si el Gobierno continúa obcecado con la política del déficit cero, y dado que se niega a incrementar los ingresos por la vía de hacer pagar a los que más tienen, no tendrá otro remedio que continuar recortando las partidas sociales para poder pagar los intereses sin desequilibrar el presupuesto.
Así, toda esta operación no tendrá coste alguno para el contribuyente sólo si el precio por el que el banco malo vende los activos a un tercero es superior o igual al precio por el que los compró más los intereses acumulados que ha debido de hacer frente el FROB para financiar la compra de los activos tóxicos. Y esto, como ya se ha dicho, sólo es posible con una nueva burbuja inmobiliaria.
4) En cuarto lugar, la reforma financiera pone de manifiesto que el talón de Aquiles del sistema no son las viviendas ejecutadas a familias insolventes, como algunos políticos y expertos pretendían hacernos creer, sino la exposición al riesgo de los créditos concedidos a promotores y constructores. Así lo manifiesta el propio ministro cuando literalmente declara que los activos que serán traspasados al banco malo son sobre todo “créditos problemáticos ligados a promotor, que son los más tóxicos”
Por último, el señor de Guindos también ha hecho referencia a la intención de que estas sociedades gestoras estén participadas por capital privado. Se creará entonces una especie de consorcio público-privado. En este caso, ¿quién se quedará con los activos buenos, y quién los malos? ¿No será una nueva puerta que nos lleve a otro escenario donde se socializarán las pérdidas y se privatizaran los beneficios?
Pero, ¿y si creamos un Banco Bueno y optamos por garantizar el derecho a una vivienda?
Sin embargo existe otra manera de gestionar la situación actual. Si como estamos comprobando reforma tras reforma, la mercantilización de la vivienda explica gran parte de la crisis económica y financiera en la que estamos sumidos actualmente, ¿por qué no exigir que los bancos malos se conviertan en un banco bueno y convertimos las viviendas en manos de las entidades en un parque público de alquiler social? ¿Por qué no aprovechamos para recuperar suelo público y protegerlo? Obviamente deberíamos controlar que el precio que pagamos por las viviendas y el suelo recuperado se hace a un precio real y ajustado al valor actual. No es una tarea fácil, pero es un reto necesario y apasionante. Es cierto que estamos en un momento crítico. Pero también es cierto que nos encontramos ante una oportunidad histórica que no se volverá a presentar en mucho tiempo. No la dejemos escapar.
* ADRIÀ ALEMANY. Miembro de la PAH y coautor de "Vidas hipotecadas"
* Diagonal - Opinión - 7.12.12
Foto: Madrid, banco de España - turismo
Banco malo versus banco bueno: De la estafa organizada a la oportunidad histórica
La desprotección de la costa ya es legal
Lo que llevábamos tiempo anunciando se ha producido finalmente: el gobierno 'popular' y su partido han aprobado definitivamente la nueva Ley de Costas, la mayor agresión a la Ordenación Territorial producida en la historia de este país. Los esfuerzos denodados que algunos hemos hecho, junto a asociaciones y pequeños partidos verdes, no han surtido efecto y, finalmente, este crimen premeditado contra el litoral ha entrado en vigor. Así se escribe la historia, lamentablemente.
"DIAGONAL* : La nueva Ley de Costas se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría del PP. La norma cuenta con la oposición de la mayoría de los partidos políticos y la totalidad de los grupos ecologistas. La Ley de Costas reduce de 100 a 20 la franja de protección de la costa y va a amnistía a más de 150.000 construcciones levantadas en dominio público marítimo terrestre.
También se amnistían construcciones y explotaciones en dominio público de la costa que el PP justifica que sigan a pie de playa porque dice son puestos de trabajo. La reducción de la protección de la costa convierte además al dominio público en zona urbanizable y permitirá levantar nuevos edificios.
Desde Ecologistas en Acción y Greenpeace se denuncia que esta Ley de Costas abre un proceso de privatización y despilfarra más de 180 millones que se han invertido en procesos judiciales para deslindar la costa. Además señalan que la ley se ha sacado adelante sin contar con los técnicos ambientales ni la sociedad y se ha legislado en contra del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático que según todos los estudios prevé la subida del nivel del mar. También quedan sin protección importantes espacios naturales como salinas y dunas.
La nueva ley amnistía cientos de edificios construidos antes de 1988 y aumenta las concesiones de explotación en dominio público de 30 años a 75.
Dos activistas de Greenpeace escalaron ayer por la mañana por la fachada del Congreso y mostraron pancartas con la frase: “El PP vende nuestra costa”. La organización ecologista planea llevar una queja contra esta ley ante la Comisión Europea, por su parte el PSOE ha anunciado que estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
* Diagonal - JONATHAN MACÍAS MARTÍN - 9.5.13
Foto: Vista de la costa de la provincia de Castellón.- DAVID FERNÁNDEZ
La liberación de viviendas vacías coge el testigo de la ILP antidesahucios
Tras la negación definitiva del gobierno y su partido de aceptar la ILP antidesahucios, que contaba con el aval de millón y medio de firmas ciudadanas, la PAH se plantea otra actividad social indispensable, como es la 'liberación' de viviendas vacías, generalmente propiedad adquirida por cajas y bancos, en donde este país vuelve a tener un lamentable récord negativo.
"DIAGONAL* : La Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios se quedó atascada en la mesa de Economía del Congreso el 18 de abril, el mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicaba su censo de viviendas vacías. Mientras trascendía a la opinión pública que el número estimado de casas sin habitantes alcanzó en 2011 los 3,4 millones, el texto defendido en solitario por el Partido Popular llegaba al Senado sin incluir ninguna de las tres medidas defendidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social".
“Nos quedan las dos líneas de trabajo de desobediencia que ya hemos empezado: el Stop Desahucios por un lado, y por otro lado insistir en lo que no hemos conseguido por la vía legislativa: liberar los bloques y las viviendas vacías”, explica Pau Llonch, miembro de la PAH en Sabadell, una localidad que cuenta por sí sola con tres bloques enteros y varios pisos ocupados.
La campaña de recuperación de viviendas vacías, iniciada con el nombre paródico de “Obra Social la PAH”, va cobrando protagonismo y poco a poco se cuela en la agenda mediática y política. Catalunya (ocho bloques) y Andalucía (14, localizados en Sevilla y Málaga) encabezan esta campaña por la que personas en peligro de desahucio, o ya desahuciadas, entran a vivir en pisos o bloques enteros, por lo general fincas que con la crisis han pasado a formar parte del balance de invendidos de cajas y bancos.
Un encuentro de las distintas plataformas celebrado en enero ya fijó la recuperación y liberación de espacios como el siguiente objetivo del movimiento. Según explica Llonch, el grupo que coordina la campaña en Catalunya ya está trabajando en un dossier formativo sobre las “cuestiones técnicas, legales, organizativas y de comunicación” que se han mostrado más útiles en los bloques pioneros de la Obra Social.
Tras un encierro en la Consejería andaluza de Vivienda, los habitantes de uno de los bloques ocupados de Sevilla, la llamada corrala Utopía, conseguían reunirse el 16 de abril con la secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer. El Gobierno autonómico acababa de aprobar la expropiación temporal de las viviendas con procesos de ejecución hipotecaria pendiente y el registro de viviendas vacías, con sanción incluida.
Según una portavoz de la intercomisión de vivienda del 15M, el decreto abre la vía a que a las entidades, Ibercaja en el caso de la Utopía, “les salga más a cuenta conceder el alquiler social para las familias que han entrado a habitarlas que pagar la multa por tenerlas vacías”. Teniendo en cuenta la mayor de las sanciones previstas en el decreto (9.000 euros por piso vacío), Ibercaja tendría que pagar 324.000 euros anuales en sanciones por mantener vacío este inmueble.
Esta posibilidad se mantiene abierta a través de una mesa de negociación entre la Utopía, Ibercaja, la Junta, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo andaluz. No obstante, no existe ningún proceso de negociación entre el conjunto de las corralas y la consejería. Además, Meyer excluyó la posibilidad de expropiar estos bloques vacíos, ya que el Decreto sólo abre la posibilidad de la expropiación para los pisos habitados por personas con contrato hipotecario.
En Catalunya, las negociaciones con las entidades ya han arrancado el realojo de 14 familias por cinco años en otro edificio en Sabadell con un alquiler social de 150 euros. Dos bloques más en Sabadell y Terrassa tienen pendiente la firma del alquiler social. “Estamos haciendo un poco de para-Estado”, dice Llonch medio en broma. La entrada en escena del SAREB (el banco malo'), que solicitó el desalojo cautelar de uno de los bloques de la PAH en Sabadell, ha abierto otra vía para el conflicto y supuso por unos días una carga adicional para sus habitantes, que ya se encuentran en situación límite. [Actualización: la mañana del jueves el juzgado número 4 de Sabadell ha fallado en contra de la denuncia del SAREB en una setencia definida por la PAH como "histórica".
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 9.5.13
Foto: Una de las corralas ocupadas en Sevilla. En toda Andalucía son 14 los inmuebles mantenidos como ocupaciones colectivas. / HAZEINA RODRIGUEZ
La Comunidad de Madrid fraccionó 3 millones en contratos a Gürtel para evitar concursos
El uso de contratos de obras fraccionados es una práctica antigua para desviar la legalidad vigente, pero su abuso e irregularidad debe ser considerado claramente delito, sobre todo si ese fraccionamiento no está debidamente justificado ni se aportan pruebas que permitan fiscalizar dicha actividad. Estamos, sin duda, ante una contratación ilegal, efectuada a dedo, para favorecer a determinados amiguetes políticos a cambio de beneficios ilícitos. Así es la trama del llamado caso Gürtel.
"ELDIARIO* : La Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público, según un informe remitido al juez del caso Gürtel que detecta varias irregularidades en la contratación pública. El informe, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, analiza la legalidad de 686 contrataciones de actos institucionales de la Comunidad de Madrid por importe de 6.484.080 euros relacionadas con empresas de la trama Gürtel, la mayoría en los cuatro años citados".
De ellas, 657 son contratos menores por un total de 5.335.808 euros y 6 expedientes de contratación por 1.148.271 euros.
En el caso de los contratos menores, explica que se tramitaron 657 facturas, y que en ellas "de forma habitual el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad".
"En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento, ascendiendo el importe total de dichos actos a 3.160.549 euros", añade el informe de 136 páginas, y luego concluye que esta cifra supone el 69 % del importe total de los contratos menores, descontando los pagos de los que no se ha facilitado factura.
Por consejerías, destaca que dos de ellas, la de Cultura, Deportes y Turismo y la de Presidencia, registran el 53 % del importe de todos los contratos menores supuestamente fraccionados.
Indica que 418 de las facturas aportadas por la comunidad no desglosan los servicios prestados, otras 56 tienen un concepto genérico y sólo en 96 (el 17%) "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta".
"El que en las facturas figuren cantidades a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas, ni su coste unitario", indica el informe, no sólo supone una vulneración de la legalidad, sino que además "imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado".
En ocasiones, la emisión de la factura por parte de la Comunidad de Madrid es "muy posterior" a la celebración del acto y en uno de los casos la factura es anterior al mismo, lo que responde, según el informe, a "la voluntad de ir cambiando de forma intencionada las fechas, los importes o los conceptos de las facturas, con el fin de que el órgano gestor preste su conformidad".
También se da el caso de "actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que figuran como destinatarios de los servicios, o incluso órganos gestores que no inician el expediente de contratación, sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".
El informe destaca en sus conclusiones servicios por 108.087 euros adjudicados por el ente público Radiotelevisión Madrid a la agencia de viajes Pasadena, que la red Gürtel supuestamente usaba para dar contraprestaciones a políticos a cambio de adjudicaciones públicas.
Este dinero se remonta a años anteriores a los analizados en la generalidad del informe y corresponde a gastos relativos a la caravana del PP en las elecciones generales y municipales de 1996, 1999, 2003 y 2004.
Otras empresas relacionadas con la trama figuran como adjudicatarias de los seis expedientes de contratación analizados por 1,1 millones de euros (dos mediante negociado sin publicidad y cuatro mediante concurso).
En el caso de los dos negociados, concedidos por 94.000 euros, el informe indica que en ambos las tres empresas que concurrieron eran del mismo grupo (todas ellas vinculadas con Gürtel) y que por lo tanto se vulneraron las normas de contratación pública.
En cuanto a los concursos, destaca que sólo uno de los cuatro cumplió la legalidad, y que en los otros hubo duplicidad de servicios pagados, así como coste y número de actos que no se ajustaban a ellos.
Uno de los concursos sirvió, según el escrito, "como una especie de cuenta corriente" en donde arbitrariamente se incluyeron servicios prestados por la empresa adjudicataria.
* El Diario - EFE - 8.5.13
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - turismo
Vender y construir en los montes públicos
Continúa la devastación territorial llevada a cabo por este gobierno, con el ministro Arias Cañete a la cabeza. Ahora le toca el turno a la nueva Ley de Montes que va a suponer una nueva agresión el Medio Ambiente y a la ordenación sostenible, bajo unas condiciones retrógradas, como es la posibilidad de construir en montes quemados antes de los 30 años de la ley actual. La nueva especulación urbanística está en marcha.
"DIAGONAL* : El pasado mes de marzo el Ministerio de Arias Cañete presentó el primer borrador de la Ley de Montes estatal que abre la puerta a la recalificación de los montes públicos que se hayan quemado si las comunidades autónomas consideran que hay un “interés general prevalente”. Varios grupos ecologistas ya han advertido que este cambio podría provocar que los incendios sirvan para recalificar y urbanizar el suelo de los montes, alentando, además, a que se produzcan más incendios intencionados. El texto de la Ley de Montes actual, la Ley 43/2003, señala que, tras un incendio, está prohibido recalificar los terrenos de los montes quemados durante un periodo de 30 años.
Días después de este anuncio de Medio Ambiente se llevaron a cabo varias reuniones entre Begoña Nieto, directora general de Medio Rural, y grupos ecologistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Ecologistas en Acción, Greenpeace y Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), para tratar de llegar a un acuerdo sobre el primer borrador de la reforma de la actual Ley de Montes y en concreto sobre este punto que autorizará la recalificación del suelo quemado.
Grupos ecologistas denuncian que hasta el momento ninguna ley califica qué es “un interés prevalente” y que esto podría rebajar la protección de los montes en las comunidades autónomas y dar pie para que éstas conviertan los montes en pelotazos urbanísticos bajo el pretexto del desarrollo y los puestos de trabajo.
Según ha declarado a este periódico Theo Oberhuber, responsable de Parques y portavoz de Ecologistas en Acción: “Estamos acostumbrados a que los gobiernos de las comunidades autónomas consideren prevalentes usos de cualquier tipo. Cuando necesitan construir una carretera, se expropian los terrenos y se hace un cambio de uso; lo mismo podrán hacer si se aprueba esa reforma de la Ley de Montes”. Lo que se refleja de forma clara en el borrador de la nueva ley es que “con carácter excepcional las comunidades podrán acordar el cambio de uso forestal”, dice el documento.
Para el sector maderero
Por su parte, Greenpeace considera que esta ley obedece a la demanda de algunos sectores como la industria importadora de madera. Según Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de esta organización: “Esta ley se hace a petición de algunos sectores que han estado demandando un cambio. Como los cazadores, el sector maderero y deplantaciones forestales”, apunta.
Pero eso no es todo. Cañete pretende hacer extensible la venta de Montes Públicos que quiere llevar a cabo su compañera de partido Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción coinciden en que es posible, además, que al llegar al trámite parlamentario esta ley incluya algún artículo que permita la venta de montes sin dar tiempo a las organizaciones a reaccionar. En este aspecto, Soto señala: “Se podría enmendar la ley y, además, ésa podría ser la idea, porque no hemos conseguido que la directora general de Medio Rural nos diga que está en contra de la venta de montes públicos”.
El PP aprueba la nueva Ley de Costas
El Senado dio el visto bueno el 24 de abril a la nueva Ley de Costas propuesta por el PP. El texto amnistía miles de construcciones ilegales construidas en dominio público marítimo-terrestre, entre ellas el Hotel El Algarrobico. Entregará a sus concesionarios en propiedad espacios públicos como salinas y otras explotaciones públicas, al ampliar a 75 años más el derecho de explotación, según denuncia Greenpeace , que recuerda que uno de los más beneficiados va a ser Abel Matutes, que cuenta con grandes intereses urbanísticos en Cádiz e Ibiza. Además, la reforma de la anterior Ley de Costas incumple la figura de protección europea de Red Natura 2000 y abre la puerta a nuevos proyectos especulativos al rebajar la protección del dominio público de nuestras costas de 100 a 25 metros. Científicos, grupos ambientales y la mayoría de la oposición coinciden en que esta Ley de Costas abre la puerta a la especulación y el ladrillo, sin, además, contemplar la subida del nivel del mar.
* Diagonal - JONATHAN MACÍAS MARÍN - 9.5.13
Foto: El borrador de la nueva Ley de Montes contempla la contrucción en los montes públicos quemados.- JAVIER GALÁN
Los donantes del 'caso Bárcenas' recibieron 12.000 millones en contratos de gobiernos del PP
Ya empiezan a salir a la luz los numerosos contratos adjudicados irregularmente en obras públicas. Y, como se ve, hay una conjunción de intereses a tres bandas: las grandes empresas constructoras corruptas, los bancos y cajas que financiaron 'ilegalmente' dichas obras, y los políticos interesados que se aprovecharon de esta trama mafiosa, ya fuera personalmente o a través de su partido. El resultado ha sido una estafa monumental a los ciudadanos y una catástrofe urbanística para el país.
"20MINUTOS* : Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política. Así consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que se detalla la existencia de '19 donantes identificados', entre los que se encuentran los nueve imputados por el juez Ruz.
De ellos, 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral. En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF aprecia "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que suele coincidir con el de "mayor volumen de contratación".
Además de los anteriores, la UDEF identifica como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa), Pablo Crespo (Special Events) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
OHL, a la cabeza de contratos
El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio.
El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones. FCC Construcción, sociedad presidida por José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que se atribuyen entregas al PP por valor de 165.000 euros. Según el informe de la UDEF, las administraciones 'populares' le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones 'populares', lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.
Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares'. Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros.
Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos 'populares'. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros.
El Grupo Empresarial Sando, por su parte, recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones. El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).
Donaciones fraccionadas
El informe de la UDEF apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma "persistente" en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.
Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales "en ingresos en la cuenta de donativos anónimos" del PP "dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior".
La intención, según la Policía, era conseguir que fuera "imposible" verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación. "Se transformaban en ingresos diluidos", indica a este respecto la UDEF.
En el marco de esta pieza separada del 'caso Gürtel', el juez Ruz ha llamado a declarar como imputados a Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.
* 20 Minutos - EP - 07.05.2013
Foto: Bárcenas 'peineta' - tiempodehoy
El reto de salir de Madrid a pie
La movilidad sostenible continúa siendo una asignatura pendiente tanto en Madrid como en otras grandes ciudades españolas. Pero el problema es más acentuado en la capital debido a las barreras de infraestructuras que se han instalado salvajemente. Por ejemplo, en la actualidad es imposible salir de Madrid, en bicicleta o andando, por vías verdes alternativas, algo que en Europa se valora cada vez más.
"ELPAÍS* : ¿Qué pinta un rebaño de ovejas en medio del campo de golf municipal de Majadahonda? ¿Y unos excursionistas escoltados por la Guardia Civil en fila por el arcén de la M-30 a la altura de Puerta de Hierro? Realmente nada si estas infraestructuras, como tantas otras en cualquier lugar de la región madrileña, no hubieran interrumpido el trazado de las vías pecuarias, un sistema de rutas ancestrales utilizadas por los ganaderos en la trashumancia y que ahora podrían usar los madrileños como zonas recreativas y de ocio.
Ambas escenas forman parte del anecdotario de un grupo de ecologistas en su empeño por recuperar caminos que permitan salir de Madrid dejando el coche aparcado, y sin jugarse la vida por las carreteras. “Los casos de Majadahonda y de la M-30 ya están solucionados, pero por lo general es muy complicado salir de Madrid sin tropezarte con autopistas, vías de tren, edificaciones o fincas privadas que te cortan el paso”, advierte Juan García Vicente, uno de los promotores de la idea y miembro de Ecologistas en Acción. Su pretensión es institucionalizar rutas con el respaldo de la administración pública, que se conozcan y por las que pueda transitar cualquier persona. “Por supuesto, si te empeñas puedes encontrar otras vías de escape, pero con dificultades y que solo conocen los que las usan”, advierte.
De momento, han logrado consolidar dos recorridos: La Senda Real (GR-124), 48 kilómetros desde la Estación de Príncipe Pío a Manzanares El Real, y la Senda de las Merinas, de 53,7 kilómetros, inaugurada en la primavera de 2003, que parte de la Casa de Campo hacia San Lorenzo de El Escorial. En el trazado de esta última subsisten todavía 13 cruces con carreteras que incumplen la Ley de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid denomina a este recorrido Corredor Casa de Campo-Sierra de Guadarrama y lo amplía a 60 kilómetros conectándolo con el corredor de la Cañada Real Leonesa Oriental.
Junto a ellas, los ecologistas han diseñado un tercer itinerario circular de 19 kilómetros de longitud, ideado para acceder también desde la Casa de Campo a los municipios de Alcorcón y Leganés y regresar al punto de partida por Carabanchel Alto y Aluche. El camino de Santiago, que conecta con la Senda Real (GR-124) en Valdelatas, es otro de los itinerarios que permiten dejar atrás la ciudad a pie.
Es el principio. De la próxima tacada esperan ampliar la Senda Real hacia el sur con el objetivo de unir Madrid con Aranjuez. Un itinerario que se puede realizar en la actualidad partiendo de Madrid Río para continuar por el Parque Lineal del Manzanares y, a la altura de Getafe, en la pedanía de Perales del Río, tomar un camino rural hasta Aranjuez. “Pero con problemas, como, por ejemplo, una gravera que interrumpe el Cordel de los Manchegos entre San Martín de la Vega y Titulcia”, explican los ecologistas.
En la región existen 4.200 kilómetros de vías pecuarias —cañadas de 75 metros de ancho; cordeles, de 37,5; veredas, de 20; y coladas, de menos de 20— que, según datos oficiales, cubren unas 15.000 hectáreas. Una cifra “con trampa”, matiza Hilario Villalvilla, geógrafo especialista en vías pecuarias. “Habría que restarle los 1.600 kilómetros que se calcula están ocupados”, aclara. El cómputo oficial incluye lugares como la Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Santa Engracia o Alonso Martínez, entre otros, que jurídicamente continúan ostentando la calificación de vías pecuarias. En el resto de España la situación es similar. De los 125.000 kilómetros de vías pecuarias que existían quedan unos 85.000. Con un agravante, señala Villalvilla: “El 76% de lo que queda presenta diversos grados de ocupación”.
Como ocurre en el este de Madrid. Grandes infraestructuras como la M-50, la M-45 o las líneas del tren de alta velocidad, que impiden prácticamente el paso. Hacia el sureste, el camino natural discurre por la Cañada Real Riojana o Galiana (400 kilómetros de La Rioja a Ciudad Real). A su paso por territorio madrileño se ha transformado en una calle repleta casas y chabolas, en los términos municipales de Coslada, Rivas (tres kilómetros) y, en su mayor parte (unos 13 kilómetros) por los distritos de Vicálvaro y Puente de Vallecas.
“Se puede avanzar por el viario convertido en urbano, pero en Pinto te tropiezas con la autovía de Andalucía (A-4). Habría que hacer un bucle, pasar la carretera por arriba y atravesar el pueblo. Muy complicado”, apunta Villalbilla. El geógrafo describe como “asalto” la desafectación de 14,4 kilómetros de esta Cañada, que ha decidido llevar a cabo el Gobierno Regional madrileño para legalizar las edificaciones que han ido invadiendo la vía desde los años sesenta, pero sin trasladar el espacio público detraído a otro lugar.
“Es la primera vez que ocurre algo así con una cañada intracomunitaria, que conectaba el norte y el sur de Castilla y llegaba hasta Cabañeros”, afirma Villalvilla. El camino, ya cercenado sin solución, sufre también cortes de varias carreteras, entre ellas las autovías A-2 y la A-3, pérdida de terreno por el crecimiento de núcleos urbanos como Coslada y San Fernando de Henares, además de otras ocupaciones ilegales.
Las rutas de salida de la Senda Real y de las Merinas se han diseñado “aprovechando tramos de cañadas, veredas y cordeles”, describe García Vicente. La Senda Real (GR-124) tiene su origen en un antiguo camino que unía el Real Alcázar de Madrid con el Palacio de El Pardo. Se interna, tras atravesar el Puente de los Franceses, bordeando la M-30, por un camino flanqueado por plátanos, algunos con 200 años. Se plantaron a comienzos del siglo XIX. En 2008 el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, en el que participaba el Ayuntamiento, invirtió 2,5 millones en acondicionar los 2,6 kilómetros iniciales que discurren entre el Puente de los Franceses y el eje de Puerta de Hierro.
El camino, al alcanzar la calle Arroyo Fresno, donde confluye en este punto con el anillo verde ciclista, se desdibuja y el usuario corre el riesgo de despistarse. “Ojo, hay que atravesar la pasarela pintada de azul y atravesar la M-30”, previene el ecologista. A partir de ahí aparecen pintadas grafiteras que sustituyen, de una forma un tanto chapucera, a una señalización más digna. Les ha costado años. “Muchos, creo que empezamos en 1997”, rememora García Vicente. Detrás de la iniciativa estaba ayudar a un amigo que se recuperaba de las secuelas de un grave accidente de esquí. “La Dehesa de la Villa se le quedó pequeña para andar y nos dimos cuenta de que era imposible seguir mucho más allá”, explica.
El largo periplo se recuerda encadenado, alicates en mano cortando verjas metálicas, discutiendo con guardas, interponiendo denuncias, y sobre todo, dándose de bruces con la incomprensión de políticos que “a fuerza de dar la lata se ha transformado, a veces, en comprensión”. Como cuando consiguieron, mediante un acuerdo con el Ministerio de Fomento y Patrimonio Nacional, detraer al Club Puerta de Hierro un camino de cuatro metros durante unos dos kilómetros para la Senda Real. O la pasarela por la que se supera el antes insalvable eje de Puerto Hierro, sobre Sinesio Delgado. “La miro y no me lo creo”, se asombra todavía.
La Comunidad de Madrid propone, además, otros dos itinerarios: el corredor de la Pedriza a Santiago de Compostela, que tiene su inicio, ya abandonada la ciudad, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en las inmediaciones del anillo verde ciclista, y el corredor El Pardo-Montejo de la Sierra que parte del mismo lugar. “El potencial es enorme, pero hay que ponerse con ello, porque en muchas zonas solo sobreviven tramos y la única opción es coger el coche y alejarse 15 o 20 kilómetros de la ciudad”, sostiene Villalbilla. Una situación difícil de entender dada la alta protección de la que gozan. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, por lo tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables. De titularidad de las comunidades autónomas, que se rigen por la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y sus desarrollos autonómicos.
Pilar Vega, profesora del departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense, explica que el abandono de la actividad agrícola y ganadera en los años cincuenta y sesenta propició la ocupación actual. Los desarrollos urbanísticos “mal ejecutados” dieron la puntilla. Las ocupaciones interrumpen los caminos tradicionales, impiden acceder al entorno, al espacio natural, pero también ir de un municipio a otro. “Lo que había se podía haber aprovechado, incluso como corredores ecológicos”.
Vega hace un llamamiento a la Administración Pública para que aumente las inspecciones y vele por la continuidad de los caminos públicos. “Hasta la fecha, si los ciudadanos no protestan, la infracción se queda ahí”.
Prevenir antes que curar
Existen armas legislativas para proteger y conservar los caminos públicos de tal forma que no se puedan usurpar, o en caso de que ocurra, poder demostrar que son bienes de dominio público. Hilario Villalvilla, geógrafo y experto en vías pecuarias, ofrece una guía de las posibles opciones:
Inventario: Los ayuntamientos son responsables de elaborar una lista de caminos de titularidad pública que discurren por sus municipios.
Deslinde: Una vez catalogados, es necesario establecer la separación con las propiedades colindantes.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: Se ha demostrado que es un método infalible para establecer quién tiene la posesión del terreno.
Catastro inmobiliario: Una vez que ayuntamiento tenga aprobado el inventario debe inscribirlo en el catastro. De esta forma se establece que el viario pertenece al término municipal.
Instrumentos de planeamiento: Deben aparecer en los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos similares con algún tipo de calificación que los proteja, como suelo urbanizable, de protección o sistema general, además de incorporar su normativa reguladora.
Ordenanzas municipales: Deberían abarcar la planificación, construcción, conservación, financiación, explotación, protección y derechos de uso y edificación de los propietarios colindantes.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 4.5.13
Foto: Tramo de la Senda Real (GR-124) que discurre por debajo del nudo de la M-40 en la zona del Tejar de Somontes. / SAMUEL SÁNCHEZ
El 'plan C' contra los desahucios
Tras no haber obtenido respuesta favorable del partido gobernante tanto en el Congreso como en el Senado, a pesar del millón y medio de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa, la PAH (Plataforma Afectados Hipotecas) ha optado por una nueva vía como es la ocupación de las viviendas vacías acumuladas 'irregularmente' por los bancos en todo el país. Es el llamado 'Plan C'.
"PÚBLICO* : Parece que este año la primavera está llegando más tarde. El frío de los últimos días no es el único indicio; en Sabadell, municipio vecino a Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró en la calle "la primavera verde" (reivindicando el color de los carteles que simbolizan la lucha antidesahucios) el día 13 de abril. Convocadas las cerca de 250 personas que luchan en este colectivo para una comida popular, lo que se hizo en realidad fue tirar abajo las puertas de un bloque de 40 viviendas nuevas que dormía vacío desde hace cuatro años".
"Fue una fiesta increíble, bailábamos de alegría" cuentan Nabila y Rafik, la primera pareja en entrar a vivir, con sus tres hijas, en la finca liberada.
El bloque de la calle Sant Ferran es propiedad de Caixa Penedès- Banc Mare Nostrum (BMN) y nunca ha estado habitado porque a sus promotores les fue imposible vender los pisos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Como este inmueble, cientos. Y como la ocupación que ha llevado a cabo la PAH Sabadell, ocho ya en Cataluña (dos en Terrassa, tres en Sabadell, uno en Cerdanyola, otro en Rubí y uno en Salt). Es tan sólo el inicio de una campaña que las más de 130 plataformas antidesahucios del Estado español han lanzado de manera conjunta con el nombre de "Obra Social la PAH", en irónica alusión a las entidades que los bancos dedican a proyectos comunitarios.
"Es vergonzoso que sean las cajas y los bancos el agente social que más bienes inmuebles acumulan mientras se quitan la responsabilidad en este drama y se niegan a ceder viviendas a la administración" declara en un comunicado el colectivo de Sabadell. El propio Ayuntamiento se ha comprometido a no criticar públicamente las ocupaciones de la PAH, desbordado por la incapacidad de dar respuesta a las decenas de familias que cada semana se quedan en la calle. Ante la negativa de los bancos de cederle a la Administración parte de su patrimonio edilicio, los servicios sociales no hallan solución para el creciente número de afectados que acuden a sus oficinas. Por eso, según asegura Emma Giné, una de las impulsoras de la PAH Sabadell, cada semana se acercan a la asamblea de la plataforma entre diez y veinte casos nuevos, derivados directamente por los trabajadores sociales.
En el bloque de la calle Sant Ferran se han instalado, de momento, las cuatro familias que, una vez agotadas todas las vías legales y administrativas, no han podido evitar ser expulsadas de sus casas. "En los próximos días, irán incorporándose más personas, siempre de acuerdo a la urgencia de cada caso y a lo que se decida entre todos en la asamblea" explica Emma.
En vez de dormir en la calle, Felipe, su esposa y sus tres hijos tienen ahora la oportunidad de rehacer su vida en un hogar que no sólo está en perfectas condiciones sino que hasta dispone de lavavajillas y secadora, electrodomésticos con telarañas que jamás habían sido utilizados. El edificio no cuenta aún con electricidad pero "si hay algo que no nos faltan son paletas" dicen, entre apenados y contentos, los nuevos inquilinos, muchos de ellos antiguos empleados de la construcción y hoy parados de larga data. Felipe, por ejemplo, en los últimos dos años sólo ha podido trabajar tres meses. Como su mujer tampoco encontraba empleo, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca y solicitaron un alquiler social al banco, topándose con las paradoja de que se les exigía un sueldo de mil euros para acceder a este tipo de ayudas. Toda la familia abandonó entonces el piso y ocupó un bajo que de inmediato la policía (por orden del banco propietario) dio dos días para desalojar. Felipe, desesperado, fue en busca de ideas a la biblioteca municipal y mirando internet encontró información sobre el movimiento de las PAH. Esa misma tarde ya estaba participando en la asamblea y al día siguiente, acompañado por algunos de los activistas, fue al juzgado y consiguió que le dieran un mes de plazo para encontrar otro sitio donde alojarse. "La verdad es que no echo de menos mi casa. Aquí, como no tenemos tele, hacemos tertulia todas las noches con los demás compañeros y nos la pasamos muy bien" cuenta Felipe, en su nueva residencia.
Si hay algo en lo que coinciden todos los participantes de la PAH de Sabadell es en la importancia del apoyo mutuo. Pese a que no se conocían desde antes, lo que los une ahora es tan fuerte que se sienten parte de una gran familia. Además del trabajo colectivo en la asamblea, una vez por semana se reúnen en lo que llaman "la comisión de soporte", un espacio pensado para que los afectados por el drama de los desahucios puedan desahogarse y compartir sus experiencias. "La primera vez que fui entré llorando y salí riendo, ¡no hay mejor psicólogo que este!" confiesa Miguel, otro habitante de una de las 40 viviendas ocupadas.
Emma Giné, activista de la PAH, también hace hincapié en la transformación que viven las familias al involucrarse en la lucha colectiva. "Llegan avergonzados y con un gran sentimiento de culpa por creer que han fracasado en su proyecto de vida- explica- y a los pocos días se dan cuenta de que, al igual que tantos otros, han sido víctimas de un fraude generalizado". El perfil de los usuarios es mayormente el de personas que nunca antes habían militado en un movimiento social y que, sin embargo, ahora se manejan de forma natural con las dinámicas asamblearias y la acción solidaria. "Enseguida toman conciencia de que aquí no vienes a resolver tu caso, sino el tuyo y el de todos los demás" concluye Emma.
Pero el respaldo no proviene sólo desde dentro de la PAH. Ni bien ocupado, muchos vecinos de Sabadell se acercaron al bloque de viviendas con comida, ropa y muebles. Así lo testifica Nabila, una mujer marroquí, madre de tres niños pequeños que, junto a su marido, habitan en el inmueble luego de haber perdido su casa. Ambos se muestran muy agradecidos y Rafik, que viene de declarar en el juzgado como imputado en la ocupación del 13 de abril, apunta que hasta el Ayuntamiento y los jueces le han manifestado su apoyo. De hecho, los funcionarios les han permitido empadronarse allí para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y los magistrados han resuelto, en vez de hacer un desalojo cautelar del edificio, abrir un proceso para estudiar con más tiempo la denuncia del banco.
El plan de acción de la PAH es iniciar una negociación con Caixa Penedés para conseguir que las personas que habitan los bloques ocupados (este es ya el tercero en Sabadell) puedan constituirse jurídicamente como una comunidad de vecinos y pagar así, al banco, un monto acorde al de un alquiler social.
La campaña de ocupación de viviendas vacías es la vía que las PAH de todo el Estado han decidido llevar adelante tras ver tumbada por el Partido Popular la ILP que, con el respaldo de 1,4 millones de firmas, reclamaba la dación en pago de los pisos hipotecados, la paralización de los desalojos y la instauración de un alquiler social. "No nos dejan más opción que desobedecer el absurdo" asegura el colectivo antidesahucios de Sabadell.
* Público - FLOR RAGUCCI - 5.5.13
Foto: Viviendas vacías ocupadas por la PAH en Sabadell.- IVÁN BARRIOS
Cuatro de los últimos siete alcaldes de Orihuela están imputados o condenados
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Orihuela (Alicante) pudiera parecer una caso excepcional en cuanto a ilegalidades urbanísticas, pero es solo una población más de las muchas en las que reina la corrupción 'popular' de la zona alicantina- murciana. Toda clase de administraciones están implicadas por especular urbanísticamente allí, desde las locales a las provinciales o, incluso, autonómicas. La permisividad judicial ha sido excesiva, aunque ahora salgan a la luz algunos ejemplos descarados.
"ELPAÍS* : Orihuela, localidad del sur de la provincia de Alicante donde nació el poeta Miguel Hernández, ha sido el escenario durante los últimos años de diversos escándalos de corrupción política. Hasta el extremo de que cuatro de los siete alcaldes que han gobernado en la ciudad desde la instauración de la democracia, en 1979, están imputados o han sido condenados. La última sentencia ha condenado a José Manuel Medina, del PP, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con un expediente urbanístico".
Medina anunció este jueves que recurrirá ante la Audiencia de Alicante esta sentencia “injusta”.
Pero no es el único caso. Luis Fernando Cartagena, también del PP, fue condenado, y llegó a entrar en prisión, por quedarse con 49.000 euros de la donación de unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Y la que fuera alcaldesa entre 2007 y 2011 y actual líder de la oposición, Mónica Lorente, del PP, está siendo investigada por partida doble por los juzgados. La exregidora está imputada en el caso Brugal con relación a la adjudicación de la contrata de basuras, y está encausada en otro caso por adjudicar el contrato de una obra en una plaza después de inaugurarla. Y Francisco García Ortuño, que fue el primer alcalde democrático por la UCD y luego fue concejal del PSOE, está imputado también en la rama oriolana del Brugal.
Pero las sospechas no acaban ahí. Cuatro de los 11 concejales que tiene en la actualidad el PP en Orihuela están siendo investigados por la justicia, y uno de ellos tiene una sentencia firme por agresión.
La última condena que implica a un político oriolano es la de José Manuel Medina. El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde popular. La juez considera probado que Medina, que fue alcalde durante 13 años, cometió un delito de prevaricación en relación con un expediente urbanístico. La inacción del exregidor en el procedimiento causó una merma patrimonial al Ayuntamiento de Orihuela de unos dos millones de euros, que debieron reclamarse por vía judicial a un agente urbanizador.
El fiscal pedía para Medina, que fue alcalde hasta 2007, una inhabilitación de ocho años por un delito de prevaricación en comisión por omisión. El Ayuntamiento dirigido por Medina solicitó en 2004 a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas 4.220,50 metros cuadrados —o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros— que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad. El cambio en el precio pactado anteriormente se debió a una corrección de las mediciones del suelo del proyecto de reparcelación. La junta de gobierno local aprobó en mayo de 2004 iniciar los trámites para exigir al agente urbanizador el terreno que faltaba o una indemnización por su valor, y el propio Medina firmó después un decreto en ese sentido. La empresa no respondió al decreto, por lo que el exalcalde dictó otro en el que emplazaba de nuevo al agente urbanizador a resarcir al Consistorio en el plazo de 15 días.
En caso contrario, el Ayuntamiento advertía de que ejercería acciones legales. Sin embargo, Medina no acudió a los tribunales. La sentencia destaca que “no inició acciones legales ni realizó actividad alguna para restablecer el equilibrio patrimonial del Ayuntamiento”. La juez apunta que, como alcalde, Medina “pudo haber convocado al pleno para discutir” las posibles acciones legales o pedido informes sobre el caso, pero no lo hizo. Durante el procedimiento, Medina alegó que había consultado “de manera verbal” a varios expertos, que le habrían dicho que no era posible ejercer acciones legales en ese asunto. La Fiscalía Anticorrupción abrió 15 causas contra el exregidor, de las que 12 fueron archivadas.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 2.5.13
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Málaga.- Los números quebrados de Urbanismo
Las deudas urbanísticas se le empiezan a acumular al ayuntamiento malagueño, las recientes sentencias judiciales contra expropiaciones en terrenos urbanos y las demandas que hay en marcha, vienen a demostrar los intereses especulativos que existen en el actual municipio popular.
"MÁLAGAHOY* : No hay previsión económica en la Gerencia de Urbanismo que no haya saltado por los aires en los últimos años. La espada de Damocles en forma de demandas económicas millonarias se cierne sobre la sede que ocupa este organismo en la zona de El Bulto. El ente, referente histórico de las mayores inversiones acometidas en la ciudad en décadas pasadas, se asoma ahora encorsetado ante la existencia de pleitos judiciales que hacen tambalear sus previsiones económicas, con fallos parciales que le obligan a abonar unos 54 millones de euros (a los que sumar exigencias en la vía judicial por, como poco, otros casi 90 millones) y la incapacidad de sacar lustre a los convenios que antaño se firmaban como la gallina de los huevos de oro.
Aunque formalmente se camufla la preocupación entre los responsables municipales, la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) ocupa y mucho en la Casona del Parque. El fallo judicial, recurrido ya mediante un procedimiento de casación ante el Tribunal Supremo, obliga al Consistorio a abonar a un propietario privado algo más de 34 millones de euros (a los que sumar los intereses acumulados) por la expropiación de un terreno destinado a zona verde que fue adquirido en 2007 por 3,6 millones. La empresa que lo compró, Parque Málaga, vio la oportunidad de hacer negocio.
El hecho, publicado por este periódico el pasado miércoles, constata la incapacidad municipal de obtener los poco más de 20.000 metros cuadrados de esta parcela, localizada a espaldas del Colegio El Monte, en el plazo legalmente fijado para ello. Algo que hubiese permitido que la indemnización a abonar hubiese sido muy inferior a la finalmente fijada por el Alto Tribunal andaluz.
El principal interrogante se sitúa ahora en si lo ocurrido con este sistema local servirá de precedente para otras reclamaciones de compensaciones millonarias aún pendientes de fallo judicial. Sirva como referente que sólo en tres de las demandas de expropiación (algunas fuentes hablan de que aún están por fallar unos 15 casos más) realizadas por privados, con suelos situadas en las cercanías del Monte Gibralfaro, a la Gerencia de Urbanismo, se reclaman al ente municipal del orden de 70 millones de euros, cuantía muy alejada del valor que otorgaba a esos suelos el propio Ayuntamiento.
No es éste el único escenario en el que se juegan los dineros municipales. Muestra de ello es que sigue activa la doble reclamación que el Grupo Baensa hace al Consistorio por impedirle desarrollar un proyecto residencial junto al mercado de El Carmen y por no haber satisfecho los denominados gastos impropios en el plan de los antiguos cines Astoria y Victoria. Ambas iniciativas suman demandas valoradas en 30 millones.
La particularidad del caso es que la primera de ellas, estimada en 20 millones, tiene de momento un primer aval judicial. Así lo dictaminó un juzgado de la capital, que apoyó la tesis de la empresa, que responsabilizaba al Ayuntamiento por no haber podido ejecutar una promoción de 230 viviendas en este espacio. ¿Por qué? Según Baensa, porque el Consistorio incumplió el compromisode trasladar el mercado de El Carmen a finales de 2007, paso que no formalizó hasta octubre de 2011.
En el caso del Astoria, la firma privada presentó semanas atrás una reclamación judicial, valorada en unos 10 millones de euros en compensación por los gastos derivados de los proyectos, trámites, licencias y demás costes vinculados a la idea original de ejecutar pisos de lujo en la parcela, desechada por el equipo de gobierno en su intención de destinar la pastilla a uso cultural. Frente al planteamiento de la promotora, Urbanismo apenas reconoce una indemnización de 300.000 euros y ello después de que el propio regidor admitiese públicamente, el día en que firmó la compra del inmueble, la intención de la Corporación de abonar a la empresa entre cinco y seis millones.
El rocambolesco caso del Astoria incrementa su presencia tras conocer que el alcalde acepta como única vía para dar uso a esta parcela, que supuso el desembolso de unos 20 millones de dinero público, el requerir la colaboración de un socio privado que demuela la edificación actual para levantar una nueva de la que sólo tendrá uso público una superficie de 1.200 metros cuadrados, que se destinarán a la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso. El resto del continente se entregará a la empresa explotadora para que instale usos, previsiblemente comerciales, con los que recuperar la inversión que realice. Es decir, el Ayuntamiento dispondrá en este inmueble del mismo espacio que se comprometió a cederle Baensa en su proyecto residencial, con la clara diferencia de que por medio se han gastado 20 millones de euros.
La quiebra de los números de Urbanismo se agranda con la sangría de los convenios urbanísticos rubricados al albur del nuevo plan general, vigente desde agosto de 2011. Los acuerdos proyectados sobre los antiguos suelos de Repsol y sobre la parcela de La Térmica pasaron de ilusionar con la previsión de ingreso de 140 millones de euros a ser un dinero invisible en las arcas municipales. Si en la parcela que albergó los depósitos de Repsol el Consistorio se tuvo que contenar con recibir apenas 12 millones en metálico de los 82 millones pactados, recibiendo la cuantía restante en especie, es decir, en aprovechamientos para edificar en ese mismo sector, en los últimos suelos del litoral de poniente los hechos apuntan en la misma dirección.
Casi cinco años después de que los responsables municipales sellasen con su firma el pacto de La Térmica con Nueva Marina Real Estate, filial de Endesa, en la Casona del Parque se sigue sin ver un solo euro de lo apalabrado. Y ello a pesar de que al menos 40,6 millones de los 58 consignados tendrían que estar desde hace casi dos años en la caja fuerte. La incapacidad de la empresa a afrontar sus obligaciones ha derivado estos días en una senda de traba continua, al punto de haberse declarado en concurso voluntario de acreedores. El monopoly urbanístico de Málaga capital, sensiblemente estancado por la crisis, se ve agravado en lo que al Ayuntamiento atañe. Los números se quiebran en la Gerencia de Urbanismo.
* Málaga Hoy - S. SÁNCHEZ - 7.4.13
Foto: Málaga, ayuntamiento - andaluciacar.com
Un juzgado amenaza con multar al alcalde de Oia si no tira un hotel de lujo
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El caso de Oia (Pontevedra) es un ejemplo más del incumplimiento de las leyes urbanísticas por parte de todo tipo de administraciones. Si a la dificultad habitual de que la justicia dicte una sentencia rápida y justa en estos asuntos, se suman las numerosas trampas 'legales' que utilizan ayuntamientos y autonomías para evitar los derribos sentenciados, tenemos casos lamentables como este, donde se tarda más de 4 años en su ejecución práctica.
"ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Pontevedra ha concluido que cuatro años son más que suficientes para ejecutar una sentencia firme de derribo y en un auto manda al Ayuntamiento de Oia que eche abajo de una vez el hotel Talaso Atlántico, construido con licencia nula y profusión de fondos públicos en suelo rústico en la zona de Mougás, junto a la costa. La jueza da de plazo al Ayuntamiento hasta final de año y avisa específicamente al alcalde, Alejandro Rodríguez, de que si no se pone a trabajar le impondrá multas sucesivas de 1.500 euros o más".
El auto no es firme y la empresa asegura que lo ha recurrido.
“Se requiere a la Alcaldía de Oia para que en el plazo máximo de un año desde la fecha de notificación de este auto complete, o asegure que se completa, el derribo de las obras con apercibimiento personal a su alcalde de que, en caso contrario, a partir del 30 de diciembre de 2013 este juzgado comenzará a imponerle multas coercitivas de 1.500 euros o en cuantía superior hasta que complete las obras de ejecución de la demolición”, termina la resolución, con fecha de diciembre, que echa por tierra los pretextos tanto del Gobierno municipal como de la empresa para evitar el derribo. El aviso al alcalde aparece subrayado.
Entre las excusas que esgrimía la empresa figuraba la ley de vivienda que la Xunta aprobó el año pasado. Entre los artículos más polémicos de aquel texto sobresale una disposición adicional que suspendió el derribo de los edificios construidos con licencias declaradas nulas hasta entonces; antes de tirar el edificio debe ahora determinarse si el dueño tiene derecho a una indemnización en un procedimiento aparte. Pero como la norma solo se refiere a viviendas, el Talaso no se puede beneficiar de esa excepción, según razona la jueza: “Solo resulta aplicable a los ‘titulares de viviendas’. Y difícilmente se puede calificar como tal el complejo balneario a derribar en este caso”.
El auto desecha los otros argumentos de la empresa con bastante sencillez. Primero dice que la sentencia firme de 2009, aunque no mande expresamente al Ayuntamiento tirar el edificio “en modo alguno impide que se ejecute” y que no hace falta que ningún otro procedimiento lo precise. Admite que una obra hecha con una licencia que después se anula suele dar pie a que se reclame una indemnización a la administración, pero que esto no puede condicionar que la demolición se lleve a cabo. “Para que puede hablarse de daño real y efectivo evaluable económicamente debe haber tenido lugar el derribo”. El Ayuntamiento advertía en el pleito que no tiene dinero para hacer frente al pago de la indemnización, llegado el caso. El juzgado dice que no cabe hablar sobre futuros hipotéticos. “La indemnización en cuestión no se ha fijado y tampoco ha existido, por el momento, una declaración de responsabilidad patrimonial a cargo del Concello de Oia por su concesión de una licencia finalmente anulada”.
La jueza alega que solo si quedase acreditado que las obras se pueden legalizar cabría detener el derribo, algo que según el informe pericial solo sería posible tras varios trámites, con permiso expreso de la Xunta y con derribos parciales que incluirían en todo caso “la zona residencial del complejo”, por lo que en esas condiciones solo queda “sin dudas, el derribo de las obras”. El auto, que no es firme, daba un plazo de 15 días para ser recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza, algo que la empresa ha hecho, según asegura un portavoz. Los problemas legales del Talaso Atlántico no se limitan a la ilegalidad de su construcción. El permiso del Gobierno central también está en el alero, según acreditó el pasado febrero la jefa de Costas de Pontevedra, que alertó entonces de que el edificio corría peligro de que se declarase caducada la concesión con la que opera. A ello hay que sumarle la investigación por sus vertidos, que según una denuncia de 2011 superan con mucho los niveles legales de toxicidad.
Subvenciones a granel
La última ayuda de la Xunta de la que se tiene constancia la recibió el Talaso el año pasado. Fueron 12.112 euros para “incrementar la capacidad innovadora de las pymes”. Una cantidad inferior a los aproximadamente 4,5 millones de euros que recibió durante su construcción.
A los 3,8 millones que sumaron sendas contribuciones del Igape y de la Consellería de Cultura y Turismo se le añadieron otros 740.000 euros como compensación por los perjuicios derivados del hundimiento del Prestige. La empresa temía grandes pérdidas por el posible descenso del número de turistas recelosos del chapapote.
Aunque la sentencia firme de derribo data de 2009, la Administración remolonea y la empresa pleitea con ahínco bajo la dirección de Urbagalex, un bufete especializado en derecho urbanístico propiedad de la firma Martínez Barros & Narbón Abogados. Son apoderados Ricardo Martínez Barros y José Luis Narbón: el primero defendió en los ochenta a contrabandistas como Marcial Dorado. El segundo asesoró a la Consellería de Medio Ambiente de Agustín Hernández en una ley.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 30.4.13
Foto: Hotral Talaso Atlántico / LALO R. VILLAR
Las trampas urbanas de América Latina
"DIARIOHOY* : Vivir en una ciudad en pleno siglo XXI es algo que en varios países en todo el mundo supone cierta garantía de confort y seguridad. Pero tal vez muchos latinoamericanos deberían pensar mejor esa idea. Las ciudades de América Latina se han vuelto lugares expuestos a una creciente lista de problemas y riesgos por la falta de planificación, su crecimiento caótico y el impacto del cambio climático, advierten expertos. El asunto suele saltar a la vista con emergencias como las inundaciones en Argentina o deslaves en Brasil este año, pero los especialistas dicen que casi todas las urbes de la región carecen de planes de expansión y mitigación de desastres".
Estudios recientes señalan que esta situación, ademas de afectar la seguridad y calidad de vida de los habitantes de esas ciudades, está comenzando a perjudicar las economías de sus países.
“Un gran problema que tiene la región es sin dudas el crecimiento demográfico y el alto grado de urbanización”, sostuvo Horacio Terraza, un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un siglo sin urbanismo
Con 82% de su población viviendo en ciudades, América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, apenas detrás de Norteamérica.
Pero ese crecimiento de las ciudades latinoamericanas ocurrió sin orden, ganándole espacios a áreas rurales, a veces en tierras expuestas a inundaciones o deslizamientos convertidas en favelas o barrios humildes.
“Latinoamérica hace 100 años que no hace urbanismo, que no piensa sus ciudades a futuro ni las planifica”, afirmó Terraza, coordinador de la Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID, en diálogo con BBC Mundo.
Agregó que las áreas urbanas en la región crecieron con baja densidad (poca gente viviendo en mayores superficies) lo que encareció la provisión de servicios como agua, saneamiento o recolección de residuos.
A ese reto urbanístico y ambiental se sumó la falta de identificación de áreas expuestas a riesgos por un aumento general de lluvias o precipitaciones más intensas en períodos cortos, un fenómeno del cambio climático que, por ejemplo, obligaría a cambiar drenajes.
“Muy pocos diseños de infraestructura hoy están teniendo en cuenta cuáles son los problemas que trae el cambio climático”, observó Terraza y añadió que en la región también faltan planes de gestión de riesgos.
Consecuencias
Los estragos urbanos causados por lluvias y tempestades están lejos de ser una novedad en América Latina, pero se han reiterado pese a la fuerte expansión económica que tuvo la región en los últimos años.
En Brasil, la mayor economía latinoamericana, al menos 24 personas murieron en marzo en la zona serrana de Río de Janeiro, sobre todo en un suburbio de Petrópolis, por deslaves causados por fuertes lluvias que duplicaron el promedio del mes.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reclamó más firmeza contra la construcción de casas precarias.
En 2011 hubo en la misma región cerca de un millar de muertos por deslaves y un año antes un temporal cobró más de 100 vidas, llegó a inundar barrios de la ciudad de Río y dañó favelas.
Rafael Soares Gonçalves, un experto en estudios urbanos y socio ambientales de la Pontificia Universidad Católica de Río (PUC-Rio), dijo que en la ciudad siempre hubo inundaciones y derrumbes pero tal vez “la manera de ocupar la ciudad esté empeorando la situación”.
Sin embargo, advirtió que “se puede usar la cuestión del riesgo para sacar mucha más gente (de sus barrios) de lo que sea necesario”, mientras la ocupación urbana al oeste de Río parece estar repitiendo viejos errores.
En Argentina, un registro inusual de precipitaciones a comienzos de abril causó inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata, donde al menos 57 personas murieron.
Pablo Romanazzi, experto en hidrología en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), atribuyó la tragedia al crecimiento descontrolado de la ciudad.
“Acá no se tuvo en cuenta el desagüe, nunca se planifica y se urbaniza irresponsablemente”, declaró a radio Mitre.
“Estamos urbanizando las praderas de inundación natural que tiene el arroyo y estas son las consecuencias”.
De Buenos Aires a Bogotá
La falta de planes de ordenamiento territorial es un problema común en las urbes de la región, sostuvo Andrés Cadena, que dirige un estudio del Instituto Global McKinsey sobre ciudades sostenibles y desarrollo económico en América Latina.
“No hay ninguna que lo haya pensado estructuralmente”, señaló Cadena a BBC Mundo.
Indicó que la ausencia de estrategias de mitigación de riesgos se nota en casos como las inundaciones en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad colombiana de Barranquilla, que sufrió el problema el año pasado.
Pero agregó que hay otros ejemplos de planificación e infraestructura deficientes que impactan en la población, como el bajo nivel de tratamiento de aguas en Bogotá, que plantea desafíos sanitarios.
¿Qué hacer?
Un estudio de McKinsey concluyó en 2011 que los problemas en infraestructura, transporte y servicios de las ciudades de la región se ha vuelto inconveniente para la productividad.
Por ejemplo, señaló que la producción de grandes urbes como Sao Paulo, Buenos Aires o Santiago creció de 1998 a 2008 menos que la media de las economías de sus países, y anticipó que esta tendencia seguirá.
McKinsey calculó que sería necesaria una inversión de US$3 billones en 15 años para responder a las necesidades urbanas latinoamericanas en vivienda, agua, saneamiento, gas y energía.
Las proyecciones indican que la población latinoamericana activa seguirá en aumento hasta 2040, lo que plantea un desafío creciente a la capacidad de respuesta de las urbes donde esa gente vivirá.
Por lo pronto, la estrategia de organismos como el BID es apostar a un mejor desarrollo de ciudades emergentes, de entre 100 mil y dos millones de habitantes, frente a la dificultad de enmendar errores ya consumados.
“Ya no podés ir para atrás, levantar barrios enteros”, explicó Terraza. “Lo que sí podés mejorar es tratar de pensar cuáles van a ser los impactos futuros, en qué van a variar, y proveer infraestructura”.
* Diario Hoy Perú - Gerardo Lissardy - 1.5.13
Foto: Latinoamérica, inundaciones - hoy
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Madrid.- El Club de Campo amplió su vida hasta 2034 sin permiso del Ayuntamiento
Lamentable, una vez más, como administra el urbanismo el ayuntamiento de Madrid. Resulta que el Club de Campo es una empresa municipal muy peculiar, ya que actúa por libre saltándose toda la normativa, algo que va contra el interés de los ciudadanos madrileños que ven como el propio ayuntamiento actúa ilegalmente. Luego, eso sí, pedirán responsabilidad ejemplar a los demás.
"ELPAÍS* : El Club de Campo Villa de Madrid es una empresa municipal que funciona como si no lo fuera, gestionando unos terrenos públicos para beneficio exclusivo de sus socios. La lista de irregularidades cometidas en los últimos años es larga, pero quizá la más ilustrativa de cómo algunos miembros del Ayuntamiento lo han administrado como su cortijo particular sea la que afecta a la naturaleza misma de la empresa".
Según el acuerdo del Pleno municipal adoptado en 1991, el club debía volver a manos del Ayuntamiento en 2025. Sus instalaciones revertirían entonces en la ciudad, y podrían ser usadas por todos los madrileños. Sin embargo, apenas unos meses antes de las elecciones municipales de 2003, el club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034, sin contar para ello con el refrendo del Pleno municipal, al que correspondía legalmente la decisión.
El Club de Campo ocupa 195 hectáreas (el 12%) de la Casa de Campo, un monte de la realeza que fue cedido a la ciudad el 1 de mayor de 1931, apenas dos semanas después de la proclamación de la II República. Los terrenos fueron entregados al Ayuntamiento “para uso y solaz de los madrileños”. Pero la Guerra Civil lo cambió todo: sobre las trincheras se construyó un campo de golf; y el régimen franquista cedió el uso y disfrute de ese pedazo de la Casa de Campo a una institución privada, la Real Sociedad Hípica Española.
Esa concesión, realizada en 1941, concluía en 1954, pero se prorrogó 30 años más, hasta enero de 1984. Ya en democracia, y con un alcalde socialista, Enrique Tierno Galván, el Ayuntamiento recuperó los terrenos.
Por entonces, el club era escenario de actos de la alta sociedad, y 7.000 de sus 20.000 socios eran militares. La cuota inicial ascendía a 3.000 euros (por 30.000 se podía comprar un piso de 100 metros). Un alto directivo del club afirmó que, a partir de entonces, “se haría lo que los rojos del Ayuntamiento quisieran”. Tierno Galván replicó: “Lo que los rojos quieren es siempre razonable”.
Lo que los “rojos” consideraron finalmente “razonable” fue constituir una empresa de mayoría municipal que se encargara de gestionar esas instalaciones. Calculaban que, cobrando 120 euros al año a sus 20.000 abonados, podrían mantener el club y abrirlo además al resto de madrileños. El socio ideal para esa empresa parecía ser la Real Sociedad de Hípica, que aportaría las instalaciones construidas con su dinero sobre terreno público durante el franquismo; ese capital se consideraría amortizado al final de la concesión, en 1993. Y así se hizo finalmente, no sin ciertas vicisitudes.
El Ayuntamiento se quedó con el 51% del capital del club, y la Real Sociedad de Hípica con el 49% restante. La decisión fue refrendada por el Pleno municipal; la empresa fue inscrita en el registro mercantil el 14 de febrero de 1985, con duración hasta el 31 de marzo de 1993. Su objeto social era “la explotación como servicio público” del club “para solaz y esparcimiento de los ciudadanos”.
El 30 de enero de 1991, dos años antes de la fecha en la que expiraba la concesión, el Pleno municipal (con mayoría del PP y UCD) amplió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Pese a que para entonces se debería haber dado por amortizada ya la participación de la Sociedad de Hípica, se la mantuvo en el accionariado con un 24,5%. El otro 24,5% pasó a manos de Patrimonio del Estado.
La concesión podría rescatarse o ponerse en manos de una empresa privada
En el inventario municipal de zonas verdes, el Club de Campo figura en la actualidad como instalaciones y terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid precisamente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, en 2003, apenas unos meses antes de que José María Álvarez del Manzano (PP) tuviera que abandonar la alcaldía tras 12 años al frente de la ciudad, el Club de Campo decidió por su cuenta y riesgo, y sin el refrendo obligado del Ayuntamiento, postergar su vigencia hasta 2034. Es decir, mantener esos terrenos públicos para uso exclusivo de sus socios durante nueve años más.
Lo hizo mediante una junta general extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2003, en la que además aprobó varios cambios en sus estatutos que tampoco contaron con el refrendo del Pleno municipal. Se arrogó, por ejemplo, el derecho a construir y explotar nuevas instalaciones sobre terrenos de propiedad municipal o autonómica. Todo ello, con la firma de Álvarez del Manzano, y de los concejales Mercedes de la Merced e Ignacio del Río (PP), entre otros. Pero a espaldas del Pleno, en el que estaban representados todos los grupos políticos, y que era el único con potestad para ampliar la concesión en caso de considerarlo conveniente para los intereses de la ciudad.
El Gobierno municipal actual, presidido por Ana Botella (PP), ha dejado en manos de sus servicios jurídicos la subsanación de este “error”, pero ha recalcado en cualquier caso que la concesión llevada a cabo en 1991 sí es legal, por lo que el club sigue teniendo cobertura jurídica hasta 2025.
La semana pasada, el presidente del club y concejal del distrito de Latina, José Manuel Berzal (PP), insistió sin embargo ante el Pleno en que la vigencia de la empresa se extiende hasta 2034, y se mostró “muy orgulloso” de cómo se había gestionado la institución.
Entre las muchas irregularidades desveladas en las últimas semanas por EL PAÍS, se cuentan: sus edificios (piscina, gimnasio, etcétera) carecen de licencia de funcionamiento, pero el Ayuntamiento permite pese a ello que siga abierto. El club olvidó pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la tasa de basuras hasta este año. Y también hasta este año, ha regalado tarjetas VIP de acceso gratuito a familiares de políticos, miembros de la jet-set, periodistas y hasta al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Pese al carácter mayoritariamente público y municipal de la institución, los socios del club disfrutan a precio simbólico de unos servicios que para el resto de ciudadanos tienen un coste prohibitivo. El Ayuntamiento se niega a convertirlo en un polideportivo municipal más, o a sacar a concurso su gestión para que lo regente una empresa privada a cambio de un canon. Berzal afirmó la semana pasada, cuando UPyD le conminó a ello, que sería el PP quién decidiría por su cuenta qué hacer.
Dinero público para uso privado
El Club de Campo tiene un presupuesto de 18,6 millones. Sus ingresos provienen de las cuotas de los socios y de la venta de entradas; no recibe dinero del Ayuntamiento.
Sin embargo, desde que en 1985, recién constituido, el Gobierno municipal invirtiera 600.000 euros para pistas de tenis y pádel, y hoyos de golf, muchas de sus instalaciones se han hecho con dinero público.
En 2006, por ejemplo, recibió dos millones de euros en subvenciones de capital del Ayuntamiento de Madrid. Entre 2007 y 2009, obtuvo 1,5 millones de dinero público.
Los socios pagan 2.000 euros de inscripción y 700 al año. Pueden usar el club a precio simbólico, mientras que al resto de madrileños la entrada les cuesta 40 euros, y usar la piscina, otros 36.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 29.4.13
Foto: Instalaciones deportivas del Club de Campo Villa de Madrid, junto al río Manzanares. / CLUB DE CAMPO
El Supremo cierra cualquier opción de evitar el derribo de 32 viviendas en Alcanar
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Unos 10 años más tarde de la concesión municipal de la licencia para la construcción de estas viviendas ilegales en Alcanar (Tarragona) parece que la justicia da por terminado el asunto de su derribo obligatorio. A pesar de las numerosas trabas que tanto la Generalitat como el propio ayuntamiento han puesto para evitar este derribo, la lentísima resolución judicial ha llegado por fin. Ya veremos si se ejecuta.
"EFE* : El Tribunal Supremo ha cerrado al Ayuntamiento de Alcanar cualquier opción de eludir el derribo de las 32 viviendas de Turov en la urbanización de Serramar mediante una modificación urbanística. El consistorio y la Generalitat de Cataluña lo intentaron en 2006 con la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que ahora la máxima instancia judicial ha invalidado.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la Generalitat presentó en 2009 contra la invalidación del PERI tras agotar todas las vías legales para intentar frenar el derribo de las 32 viviendas y considera que el ayuntamiento y la administración catalana han ejercido lo que se conoce como "desviación de poder".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ernesto Piezas Morato, argumenta que "la administración pública no ejercita sus potestades de planeamiento con el fin de satisfacer el interés público, sino con la única finalidad real de legalizar una situación contraria a derecho, al margen de cualquier consideración sobre los intereses generales a los que esta potestad debe servir".
El juez va más allá y considera que tanto la Generalitat como el ayuntamiento eran conscientes de que la licencia de Turov sería declarada, con toda probabilidad, ilegal: "La Administración era perfectamente conocedora de la pendencia de este procedimiento cuyas resultas se pretendían enervar mediante una ordenación contenida del PERI", y no sólo eso, sino que el magistrado ya apunta que con la modificación urbanística lo que se pretendía era "consolidar una irracionalidad urbanística que incrementaba la densidad de viviendas un 255,5 %, y aparte no respetaba las distancias".
De hecho, fue la propia Dirección General de Urbanismo quien ya en 2004 requirió al ayuntamiento la revisión de oficio "de las licencias controvertidas" de estas obras y ese mismo año detuvo la puesta en marcha de una segunda fase.
El 6 de noviembre de 2006 (casualmente el mismo día que el contencioso de Tarragona declaraba la licencia ilegal) la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro aprobaba este PERI y argumentaba que "con la redacción de este plan se quiere regularizar la situación de los apartamentos ya construidos en la parcela afectada".
Piezas Morato expone en la sentencia que "la administración autonómica, cuando menos, debió expresar las razones por las que se aprobaba un planeamiento urbanístico que legalizaba 'ex post facto' edificaciones litigiosas", y añade que "tal forma de proceder habría requerido una motivación esmerada y rigurosa que, sin embargo, no se ha aportado".
El ayuntamiento, que ya hace semanas que ha iniciado los trámites de derribo, insta a los vecinos a acelerar su personación en la causa para intentar abrir otra vía, aunque ya ha avanzado que presentarán recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Tenemos abierta la vía del recurso de queja en el TSJC en contra de la sentencia del contencioso administrativo de Tarragona por el que pensamos que deben motivar la obligación de derribar, y que habría alternativas. Otra vía es que los vecinos se personasen en el procedimiento y se abriera una nueva vía", argumenta el concejal de Urbanismo del Consistorio, Manel Martí.
Martí reconoce que a pesar de que esperaban el pronunciamiento del Supremo," la sentencia es dura. Cada vez el margen de maniobra es más estrecho y nos vemos cada vez más abocados al derribo".
* El Economista - EFE - 29.4.13
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas a derribar - ACN
Madrid.- Uno de cada tres pisos municipales de alquiler social o protegidos está vacío
Resulta inadmisible que el Ayuntamiento de Madrid (y la gran mayoría de ayuntamientos del país) tenga casas vacías sin utilizar, mientras muchas familias viven un auténtico drama por el paro y la incapacidad para pagar su hipoteca o un alquiler en aceptables condiciones sociales.
"ELPAÍS* : La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) fue creada en 1981 por el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a aquellos que tuvieran grandes dificultades para acceder a un piso. En la actualidad, hay 13.000 familias en lista de espera. Según un informe confidencial encargado a la consultora PricewaterhouseCoopers, la EMVS tiene 6.152 inmuebles en alquiler, pero casi uno de cada cuatro carece de inquilino; más de un millar están listos para entrar a vivir, pero vacíos. Tiene además 2.450 pisos protegidos en venta, de los que 1.185 están acabados y vacíos.
» La vivienda protegida sigue siendo mucho más barata. La alcaldesa, Ana Botella (PP), decidió en octubre acabar con la construcción de vivienda protegida porque, en su opinión, ya no era necesaria. Adujo dos motivos: que la vivienda protegida está ya el mismo precio que la libre; y que hay pisos vacíos suficientes como para atender a la demanda. Ambas razones se contradicen con los datos del Ministerio de Fomento. El precio medio de la vivienda libre en Madrid en el primer trimestre era 1.959 euros por metro cuadrado (un 28% menos que hace cuatro años). El precio medio de la protegida, 1.379 (un 13% más que hace cuatro años). Es decir, pese a la convergencia de precios tras el estallido de la burbuja, la vivienda protegida sigue siendo mucho más barata.
» Madrid tiene menos casas vacías que el resto de urbes. Respecto al número de viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística indicó hace dos semanas que en la capital había 1.530.957 viviendas en 2011 (el dato más actualizado), de las que un 10% estaban vacías (cuatro puntos menos que la media nacional, y por debajo de Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza). El propio Ayuntamiento ha admitido que los madrileños tienen dificultades para acceder a un piso debido al alto precio tras años de brutal encarecimiento, y que en gran parte se debe a la política oficial de vivienda de los tres últimos lustros.
» El 23% de pisos municipales en alquiler no tiene inquilino. A 1 de enero de 2013, la EMVS tenía 6.152 inmuebles para alquilar, de los que 5.778 estaban ya terminados y 374 se acabarán este año. El valor de esos inmuebles asciende a 333 millones de euros. En 2012, la empresa ingresó 13,5 millones por el arrendamiento de estos pisos. La tasa de morosidad asciende al 13%. La media nacional de morosidad hipotecaria es del 3,8%; no existe una estadística fiable de morosidad en alquileres.
La ocupación media es del 77%, pero varía mucho según su tipología. En las de arrendamiento libre, la ocupación es del 75%; es decir, 402 de los 1.608 pisos disponibles están vacíos. En la vivienda protegida, la ocupación es del 85%; es decir, 554 de los 3.595 pisos disponibles están vacíos. En la vivienda protegida con opción de compra, la ocupación es del 54%; es decir, 436 de los 949 pisos disponibles están vacíos.
Sobre un total de 6.152 viviendas en alquiler, la EMVS mantiene así 1.392 sin inquilino; de ellas, al menos 1.018 están vacías pese a estar listas para entrar a vivir.
» Más de un millar de viviendas protegidas sin vender. A 1 de enero de 2013, la EMVS tenía 2.450 inmuebles a la venta, de los que 1.185 estaban ya terminados y 1.265 en construcción. Son 2.159 viviendas, 217 locales y 74 plazas de garaje. El año pasado, la empresa ingresó 105 millones por la venta de inmuebles, un 42% menos que antes del pinchazo de la burbuja (2008); el número de viviendas colocadas al año cayó un 11% durante ese periodo.
La práctica totalidad de esas 2.159 viviendas son protegidas. El 43% (929) son pisos de precio tasado o de protección pública básica (se pueden vender a familias que ingresen menos de 3.000 euros mensuales). El 40% (873) son pisos de protección pública de precio limitado (hasta 4.000 euros de ingresos mensuales). El 16% (337) son viviendas protegidas de régimen especial (hasta 1.330 euros de ingresos mensuales). Del resto, 10 son viviendas son de integración social (realojos chabolistas, menores tutelados, mujeres maltratada); y otras tantas son libres.
» Vender con un descuento de hasta el 24% del valor. En caso de colocar todas sus viviendas a la venta, la EMVS ingresaría entre 162 y 173 millones de euros; el precio medio sería de entre 73.000 y 79.000 euros por inmueble. Eso supone un descuento de entre el 18% y el 24% de su valor contable. Según sus cálculos, podría colocar todas las viviendas para 2017. Hasta entonces, tal y como anunció la alcaldesa, no se iniciarían nuevas promociones. Pero no porque no sean necesarias, sino por “la falta de visibilidad respecto a la estrategia futura de la compañía y a la incertidumbre respecto de la posibilidad de obtener financiación”.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 30.4.13
Foto: Promoción de alquiler de la EMVS. / AYUNTAMIENTO DE MADRID
