Ya empiezan a salir a la luz los numerosos contratos adjudicados irregularmente en obras públicas. Y, como se ve, hay una conjunción de intereses a tres bandas: las grandes empresas constructoras corruptas, los bancos y cajas que financiaron 'ilegalmente' dichas obras, y los políticos interesados que se aprovecharon de esta trama mafiosa, ya fuera personalmente o a través de su partido. El resultado ha sido una estafa monumental a los ciudadanos y una catástrofe urbanística para el país.
"20MINUTOS* : Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política. Así consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que se detalla la existencia de '19 donantes identificados', entre los que se encuentran los nueve imputados por el juez Ruz.
De ellos, 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral. En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF aprecia "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que suele coincidir con el de "mayor volumen de contratación".
Además de los anteriores, la UDEF identifica como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa), Pablo Crespo (Special Events) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
OHL, a la cabeza de contratos
El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio.
El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones. FCC Construcción, sociedad presidida por José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que se atribuyen entregas al PP por valor de 165.000 euros. Según el informe de la UDEF, las administraciones 'populares' le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones 'populares', lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.
Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares'. Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros.
Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos 'populares'. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros.
El Grupo Empresarial Sando, por su parte, recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones. El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).
Donaciones fraccionadas
El informe de la UDEF apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma "persistente" en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.
Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales "en ingresos en la cuenta de donativos anónimos" del PP "dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior".
La intención, según la Policía, era conseguir que fuera "imposible" verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación. "Se transformaban en ingresos diluidos", indica a este respecto la UDEF.
En el marco de esta pieza separada del 'caso Gürtel', el juez Ruz ha llamado a declarar como imputados a Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.
* 20 Minutos - EP - 07.05.2013
Foto: Bárcenas 'peineta' - tiempodehoy
Los donantes del 'caso Bárcenas' recibieron 12.000 millones en contratos de gobiernos del PP
El reto de salir de Madrid a pie
La movilidad sostenible continúa siendo una asignatura pendiente tanto en Madrid como en otras grandes ciudades españolas. Pero el problema es más acentuado en la capital debido a las barreras de infraestructuras que se han instalado salvajemente. Por ejemplo, en la actualidad es imposible salir de Madrid, en bicicleta o andando, por vías verdes alternativas, algo que en Europa se valora cada vez más.
"ELPAÍS* : ¿Qué pinta un rebaño de ovejas en medio del campo de golf municipal de Majadahonda? ¿Y unos excursionistas escoltados por la Guardia Civil en fila por el arcén de la M-30 a la altura de Puerta de Hierro? Realmente nada si estas infraestructuras, como tantas otras en cualquier lugar de la región madrileña, no hubieran interrumpido el trazado de las vías pecuarias, un sistema de rutas ancestrales utilizadas por los ganaderos en la trashumancia y que ahora podrían usar los madrileños como zonas recreativas y de ocio.
Ambas escenas forman parte del anecdotario de un grupo de ecologistas en su empeño por recuperar caminos que permitan salir de Madrid dejando el coche aparcado, y sin jugarse la vida por las carreteras. “Los casos de Majadahonda y de la M-30 ya están solucionados, pero por lo general es muy complicado salir de Madrid sin tropezarte con autopistas, vías de tren, edificaciones o fincas privadas que te cortan el paso”, advierte Juan García Vicente, uno de los promotores de la idea y miembro de Ecologistas en Acción. Su pretensión es institucionalizar rutas con el respaldo de la administración pública, que se conozcan y por las que pueda transitar cualquier persona. “Por supuesto, si te empeñas puedes encontrar otras vías de escape, pero con dificultades y que solo conocen los que las usan”, advierte.
De momento, han logrado consolidar dos recorridos: La Senda Real (GR-124), 48 kilómetros desde la Estación de Príncipe Pío a Manzanares El Real, y la Senda de las Merinas, de 53,7 kilómetros, inaugurada en la primavera de 2003, que parte de la Casa de Campo hacia San Lorenzo de El Escorial. En el trazado de esta última subsisten todavía 13 cruces con carreteras que incumplen la Ley de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid denomina a este recorrido Corredor Casa de Campo-Sierra de Guadarrama y lo amplía a 60 kilómetros conectándolo con el corredor de la Cañada Real Leonesa Oriental.
Junto a ellas, los ecologistas han diseñado un tercer itinerario circular de 19 kilómetros de longitud, ideado para acceder también desde la Casa de Campo a los municipios de Alcorcón y Leganés y regresar al punto de partida por Carabanchel Alto y Aluche. El camino de Santiago, que conecta con la Senda Real (GR-124) en Valdelatas, es otro de los itinerarios que permiten dejar atrás la ciudad a pie.
Es el principio. De la próxima tacada esperan ampliar la Senda Real hacia el sur con el objetivo de unir Madrid con Aranjuez. Un itinerario que se puede realizar en la actualidad partiendo de Madrid Río para continuar por el Parque Lineal del Manzanares y, a la altura de Getafe, en la pedanía de Perales del Río, tomar un camino rural hasta Aranjuez. “Pero con problemas, como, por ejemplo, una gravera que interrumpe el Cordel de los Manchegos entre San Martín de la Vega y Titulcia”, explican los ecologistas.
En la región existen 4.200 kilómetros de vías pecuarias —cañadas de 75 metros de ancho; cordeles, de 37,5; veredas, de 20; y coladas, de menos de 20— que, según datos oficiales, cubren unas 15.000 hectáreas. Una cifra “con trampa”, matiza Hilario Villalvilla, geógrafo especialista en vías pecuarias. “Habría que restarle los 1.600 kilómetros que se calcula están ocupados”, aclara. El cómputo oficial incluye lugares como la Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Santa Engracia o Alonso Martínez, entre otros, que jurídicamente continúan ostentando la calificación de vías pecuarias. En el resto de España la situación es similar. De los 125.000 kilómetros de vías pecuarias que existían quedan unos 85.000. Con un agravante, señala Villalvilla: “El 76% de lo que queda presenta diversos grados de ocupación”.
Como ocurre en el este de Madrid. Grandes infraestructuras como la M-50, la M-45 o las líneas del tren de alta velocidad, que impiden prácticamente el paso. Hacia el sureste, el camino natural discurre por la Cañada Real Riojana o Galiana (400 kilómetros de La Rioja a Ciudad Real). A su paso por territorio madrileño se ha transformado en una calle repleta casas y chabolas, en los términos municipales de Coslada, Rivas (tres kilómetros) y, en su mayor parte (unos 13 kilómetros) por los distritos de Vicálvaro y Puente de Vallecas.
“Se puede avanzar por el viario convertido en urbano, pero en Pinto te tropiezas con la autovía de Andalucía (A-4). Habría que hacer un bucle, pasar la carretera por arriba y atravesar el pueblo. Muy complicado”, apunta Villalbilla. El geógrafo describe como “asalto” la desafectación de 14,4 kilómetros de esta Cañada, que ha decidido llevar a cabo el Gobierno Regional madrileño para legalizar las edificaciones que han ido invadiendo la vía desde los años sesenta, pero sin trasladar el espacio público detraído a otro lugar.
“Es la primera vez que ocurre algo así con una cañada intracomunitaria, que conectaba el norte y el sur de Castilla y llegaba hasta Cabañeros”, afirma Villalvilla. El camino, ya cercenado sin solución, sufre también cortes de varias carreteras, entre ellas las autovías A-2 y la A-3, pérdida de terreno por el crecimiento de núcleos urbanos como Coslada y San Fernando de Henares, además de otras ocupaciones ilegales.
Las rutas de salida de la Senda Real y de las Merinas se han diseñado “aprovechando tramos de cañadas, veredas y cordeles”, describe García Vicente. La Senda Real (GR-124) tiene su origen en un antiguo camino que unía el Real Alcázar de Madrid con el Palacio de El Pardo. Se interna, tras atravesar el Puente de los Franceses, bordeando la M-30, por un camino flanqueado por plátanos, algunos con 200 años. Se plantaron a comienzos del siglo XIX. En 2008 el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, en el que participaba el Ayuntamiento, invirtió 2,5 millones en acondicionar los 2,6 kilómetros iniciales que discurren entre el Puente de los Franceses y el eje de Puerta de Hierro.
El camino, al alcanzar la calle Arroyo Fresno, donde confluye en este punto con el anillo verde ciclista, se desdibuja y el usuario corre el riesgo de despistarse. “Ojo, hay que atravesar la pasarela pintada de azul y atravesar la M-30”, previene el ecologista. A partir de ahí aparecen pintadas grafiteras que sustituyen, de una forma un tanto chapucera, a una señalización más digna. Les ha costado años. “Muchos, creo que empezamos en 1997”, rememora García Vicente. Detrás de la iniciativa estaba ayudar a un amigo que se recuperaba de las secuelas de un grave accidente de esquí. “La Dehesa de la Villa se le quedó pequeña para andar y nos dimos cuenta de que era imposible seguir mucho más allá”, explica.
El largo periplo se recuerda encadenado, alicates en mano cortando verjas metálicas, discutiendo con guardas, interponiendo denuncias, y sobre todo, dándose de bruces con la incomprensión de políticos que “a fuerza de dar la lata se ha transformado, a veces, en comprensión”. Como cuando consiguieron, mediante un acuerdo con el Ministerio de Fomento y Patrimonio Nacional, detraer al Club Puerta de Hierro un camino de cuatro metros durante unos dos kilómetros para la Senda Real. O la pasarela por la que se supera el antes insalvable eje de Puerto Hierro, sobre Sinesio Delgado. “La miro y no me lo creo”, se asombra todavía.
La Comunidad de Madrid propone, además, otros dos itinerarios: el corredor de la Pedriza a Santiago de Compostela, que tiene su inicio, ya abandonada la ciudad, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en las inmediaciones del anillo verde ciclista, y el corredor El Pardo-Montejo de la Sierra que parte del mismo lugar. “El potencial es enorme, pero hay que ponerse con ello, porque en muchas zonas solo sobreviven tramos y la única opción es coger el coche y alejarse 15 o 20 kilómetros de la ciudad”, sostiene Villalbilla. Una situación difícil de entender dada la alta protección de la que gozan. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, por lo tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables. De titularidad de las comunidades autónomas, que se rigen por la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y sus desarrollos autonómicos.
Pilar Vega, profesora del departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense, explica que el abandono de la actividad agrícola y ganadera en los años cincuenta y sesenta propició la ocupación actual. Los desarrollos urbanísticos “mal ejecutados” dieron la puntilla. Las ocupaciones interrumpen los caminos tradicionales, impiden acceder al entorno, al espacio natural, pero también ir de un municipio a otro. “Lo que había se podía haber aprovechado, incluso como corredores ecológicos”.
Vega hace un llamamiento a la Administración Pública para que aumente las inspecciones y vele por la continuidad de los caminos públicos. “Hasta la fecha, si los ciudadanos no protestan, la infracción se queda ahí”.
Prevenir antes que curar
Existen armas legislativas para proteger y conservar los caminos públicos de tal forma que no se puedan usurpar, o en caso de que ocurra, poder demostrar que son bienes de dominio público. Hilario Villalvilla, geógrafo y experto en vías pecuarias, ofrece una guía de las posibles opciones:
Inventario: Los ayuntamientos son responsables de elaborar una lista de caminos de titularidad pública que discurren por sus municipios.
Deslinde: Una vez catalogados, es necesario establecer la separación con las propiedades colindantes.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: Se ha demostrado que es un método infalible para establecer quién tiene la posesión del terreno.
Catastro inmobiliario: Una vez que ayuntamiento tenga aprobado el inventario debe inscribirlo en el catastro. De esta forma se establece que el viario pertenece al término municipal.
Instrumentos de planeamiento: Deben aparecer en los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos similares con algún tipo de calificación que los proteja, como suelo urbanizable, de protección o sistema general, además de incorporar su normativa reguladora.
Ordenanzas municipales: Deberían abarcar la planificación, construcción, conservación, financiación, explotación, protección y derechos de uso y edificación de los propietarios colindantes.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 4.5.13
Foto: Tramo de la Senda Real (GR-124) que discurre por debajo del nudo de la M-40 en la zona del Tejar de Somontes. / SAMUEL SÁNCHEZ
El 'plan C' contra los desahucios
Tras no haber obtenido respuesta favorable del partido gobernante tanto en el Congreso como en el Senado, a pesar del millón y medio de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa, la PAH (Plataforma Afectados Hipotecas) ha optado por una nueva vía como es la ocupación de las viviendas vacías acumuladas 'irregularmente' por los bancos en todo el país. Es el llamado 'Plan C'.
"PÚBLICO* : Parece que este año la primavera está llegando más tarde. El frío de los últimos días no es el único indicio; en Sabadell, municipio vecino a Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró en la calle "la primavera verde" (reivindicando el color de los carteles que simbolizan la lucha antidesahucios) el día 13 de abril. Convocadas las cerca de 250 personas que luchan en este colectivo para una comida popular, lo que se hizo en realidad fue tirar abajo las puertas de un bloque de 40 viviendas nuevas que dormía vacío desde hace cuatro años".
"Fue una fiesta increíble, bailábamos de alegría" cuentan Nabila y Rafik, la primera pareja en entrar a vivir, con sus tres hijas, en la finca liberada.
El bloque de la calle Sant Ferran es propiedad de Caixa Penedès- Banc Mare Nostrum (BMN) y nunca ha estado habitado porque a sus promotores les fue imposible vender los pisos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Como este inmueble, cientos. Y como la ocupación que ha llevado a cabo la PAH Sabadell, ocho ya en Cataluña (dos en Terrassa, tres en Sabadell, uno en Cerdanyola, otro en Rubí y uno en Salt). Es tan sólo el inicio de una campaña que las más de 130 plataformas antidesahucios del Estado español han lanzado de manera conjunta con el nombre de "Obra Social la PAH", en irónica alusión a las entidades que los bancos dedican a proyectos comunitarios.
"Es vergonzoso que sean las cajas y los bancos el agente social que más bienes inmuebles acumulan mientras se quitan la responsabilidad en este drama y se niegan a ceder viviendas a la administración" declara en un comunicado el colectivo de Sabadell. El propio Ayuntamiento se ha comprometido a no criticar públicamente las ocupaciones de la PAH, desbordado por la incapacidad de dar respuesta a las decenas de familias que cada semana se quedan en la calle. Ante la negativa de los bancos de cederle a la Administración parte de su patrimonio edilicio, los servicios sociales no hallan solución para el creciente número de afectados que acuden a sus oficinas. Por eso, según asegura Emma Giné, una de las impulsoras de la PAH Sabadell, cada semana se acercan a la asamblea de la plataforma entre diez y veinte casos nuevos, derivados directamente por los trabajadores sociales.
En el bloque de la calle Sant Ferran se han instalado, de momento, las cuatro familias que, una vez agotadas todas las vías legales y administrativas, no han podido evitar ser expulsadas de sus casas. "En los próximos días, irán incorporándose más personas, siempre de acuerdo a la urgencia de cada caso y a lo que se decida entre todos en la asamblea" explica Emma.
En vez de dormir en la calle, Felipe, su esposa y sus tres hijos tienen ahora la oportunidad de rehacer su vida en un hogar que no sólo está en perfectas condiciones sino que hasta dispone de lavavajillas y secadora, electrodomésticos con telarañas que jamás habían sido utilizados. El edificio no cuenta aún con electricidad pero "si hay algo que no nos faltan son paletas" dicen, entre apenados y contentos, los nuevos inquilinos, muchos de ellos antiguos empleados de la construcción y hoy parados de larga data. Felipe, por ejemplo, en los últimos dos años sólo ha podido trabajar tres meses. Como su mujer tampoco encontraba empleo, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca y solicitaron un alquiler social al banco, topándose con las paradoja de que se les exigía un sueldo de mil euros para acceder a este tipo de ayudas. Toda la familia abandonó entonces el piso y ocupó un bajo que de inmediato la policía (por orden del banco propietario) dio dos días para desalojar. Felipe, desesperado, fue en busca de ideas a la biblioteca municipal y mirando internet encontró información sobre el movimiento de las PAH. Esa misma tarde ya estaba participando en la asamblea y al día siguiente, acompañado por algunos de los activistas, fue al juzgado y consiguió que le dieran un mes de plazo para encontrar otro sitio donde alojarse. "La verdad es que no echo de menos mi casa. Aquí, como no tenemos tele, hacemos tertulia todas las noches con los demás compañeros y nos la pasamos muy bien" cuenta Felipe, en su nueva residencia.
Si hay algo en lo que coinciden todos los participantes de la PAH de Sabadell es en la importancia del apoyo mutuo. Pese a que no se conocían desde antes, lo que los une ahora es tan fuerte que se sienten parte de una gran familia. Además del trabajo colectivo en la asamblea, una vez por semana se reúnen en lo que llaman "la comisión de soporte", un espacio pensado para que los afectados por el drama de los desahucios puedan desahogarse y compartir sus experiencias. "La primera vez que fui entré llorando y salí riendo, ¡no hay mejor psicólogo que este!" confiesa Miguel, otro habitante de una de las 40 viviendas ocupadas.
Emma Giné, activista de la PAH, también hace hincapié en la transformación que viven las familias al involucrarse en la lucha colectiva. "Llegan avergonzados y con un gran sentimiento de culpa por creer que han fracasado en su proyecto de vida- explica- y a los pocos días se dan cuenta de que, al igual que tantos otros, han sido víctimas de un fraude generalizado". El perfil de los usuarios es mayormente el de personas que nunca antes habían militado en un movimiento social y que, sin embargo, ahora se manejan de forma natural con las dinámicas asamblearias y la acción solidaria. "Enseguida toman conciencia de que aquí no vienes a resolver tu caso, sino el tuyo y el de todos los demás" concluye Emma.
Pero el respaldo no proviene sólo desde dentro de la PAH. Ni bien ocupado, muchos vecinos de Sabadell se acercaron al bloque de viviendas con comida, ropa y muebles. Así lo testifica Nabila, una mujer marroquí, madre de tres niños pequeños que, junto a su marido, habitan en el inmueble luego de haber perdido su casa. Ambos se muestran muy agradecidos y Rafik, que viene de declarar en el juzgado como imputado en la ocupación del 13 de abril, apunta que hasta el Ayuntamiento y los jueces le han manifestado su apoyo. De hecho, los funcionarios les han permitido empadronarse allí para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y los magistrados han resuelto, en vez de hacer un desalojo cautelar del edificio, abrir un proceso para estudiar con más tiempo la denuncia del banco.
El plan de acción de la PAH es iniciar una negociación con Caixa Penedés para conseguir que las personas que habitan los bloques ocupados (este es ya el tercero en Sabadell) puedan constituirse jurídicamente como una comunidad de vecinos y pagar así, al banco, un monto acorde al de un alquiler social.
La campaña de ocupación de viviendas vacías es la vía que las PAH de todo el Estado han decidido llevar adelante tras ver tumbada por el Partido Popular la ILP que, con el respaldo de 1,4 millones de firmas, reclamaba la dación en pago de los pisos hipotecados, la paralización de los desalojos y la instauración de un alquiler social. "No nos dejan más opción que desobedecer el absurdo" asegura el colectivo antidesahucios de Sabadell.
* Público - FLOR RAGUCCI - 5.5.13
Foto: Viviendas vacías ocupadas por la PAH en Sabadell.- IVÁN BARRIOS
Cuatro de los últimos siete alcaldes de Orihuela están imputados o condenados
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Orihuela (Alicante) pudiera parecer una caso excepcional en cuanto a ilegalidades urbanísticas, pero es solo una población más de las muchas en las que reina la corrupción 'popular' de la zona alicantina- murciana. Toda clase de administraciones están implicadas por especular urbanísticamente allí, desde las locales a las provinciales o, incluso, autonómicas. La permisividad judicial ha sido excesiva, aunque ahora salgan a la luz algunos ejemplos descarados.
"ELPAÍS* : Orihuela, localidad del sur de la provincia de Alicante donde nació el poeta Miguel Hernández, ha sido el escenario durante los últimos años de diversos escándalos de corrupción política. Hasta el extremo de que cuatro de los siete alcaldes que han gobernado en la ciudad desde la instauración de la democracia, en 1979, están imputados o han sido condenados. La última sentencia ha condenado a José Manuel Medina, del PP, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con un expediente urbanístico".
Medina anunció este jueves que recurrirá ante la Audiencia de Alicante esta sentencia “injusta”.
Pero no es el único caso. Luis Fernando Cartagena, también del PP, fue condenado, y llegó a entrar en prisión, por quedarse con 49.000 euros de la donación de unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Y la que fuera alcaldesa entre 2007 y 2011 y actual líder de la oposición, Mónica Lorente, del PP, está siendo investigada por partida doble por los juzgados. La exregidora está imputada en el caso Brugal con relación a la adjudicación de la contrata de basuras, y está encausada en otro caso por adjudicar el contrato de una obra en una plaza después de inaugurarla. Y Francisco García Ortuño, que fue el primer alcalde democrático por la UCD y luego fue concejal del PSOE, está imputado también en la rama oriolana del Brugal.
Pero las sospechas no acaban ahí. Cuatro de los 11 concejales que tiene en la actualidad el PP en Orihuela están siendo investigados por la justicia, y uno de ellos tiene una sentencia firme por agresión.
La última condena que implica a un político oriolano es la de José Manuel Medina. El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde popular. La juez considera probado que Medina, que fue alcalde durante 13 años, cometió un delito de prevaricación en relación con un expediente urbanístico. La inacción del exregidor en el procedimiento causó una merma patrimonial al Ayuntamiento de Orihuela de unos dos millones de euros, que debieron reclamarse por vía judicial a un agente urbanizador.
El fiscal pedía para Medina, que fue alcalde hasta 2007, una inhabilitación de ocho años por un delito de prevaricación en comisión por omisión. El Ayuntamiento dirigido por Medina solicitó en 2004 a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas 4.220,50 metros cuadrados —o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros— que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad. El cambio en el precio pactado anteriormente se debió a una corrección de las mediciones del suelo del proyecto de reparcelación. La junta de gobierno local aprobó en mayo de 2004 iniciar los trámites para exigir al agente urbanizador el terreno que faltaba o una indemnización por su valor, y el propio Medina firmó después un decreto en ese sentido. La empresa no respondió al decreto, por lo que el exalcalde dictó otro en el que emplazaba de nuevo al agente urbanizador a resarcir al Consistorio en el plazo de 15 días.
En caso contrario, el Ayuntamiento advertía de que ejercería acciones legales. Sin embargo, Medina no acudió a los tribunales. La sentencia destaca que “no inició acciones legales ni realizó actividad alguna para restablecer el equilibrio patrimonial del Ayuntamiento”. La juez apunta que, como alcalde, Medina “pudo haber convocado al pleno para discutir” las posibles acciones legales o pedido informes sobre el caso, pero no lo hizo. Durante el procedimiento, Medina alegó que había consultado “de manera verbal” a varios expertos, que le habrían dicho que no era posible ejercer acciones legales en ese asunto. La Fiscalía Anticorrupción abrió 15 causas contra el exregidor, de las que 12 fueron archivadas.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 2.5.13
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Málaga.- Los números quebrados de Urbanismo
Las deudas urbanísticas se le empiezan a acumular al ayuntamiento malagueño, las recientes sentencias judiciales contra expropiaciones en terrenos urbanos y las demandas que hay en marcha, vienen a demostrar los intereses especulativos que existen en el actual municipio popular.
"MÁLAGAHOY* : No hay previsión económica en la Gerencia de Urbanismo que no haya saltado por los aires en los últimos años. La espada de Damocles en forma de demandas económicas millonarias se cierne sobre la sede que ocupa este organismo en la zona de El Bulto. El ente, referente histórico de las mayores inversiones acometidas en la ciudad en décadas pasadas, se asoma ahora encorsetado ante la existencia de pleitos judiciales que hacen tambalear sus previsiones económicas, con fallos parciales que le obligan a abonar unos 54 millones de euros (a los que sumar exigencias en la vía judicial por, como poco, otros casi 90 millones) y la incapacidad de sacar lustre a los convenios que antaño se firmaban como la gallina de los huevos de oro.
Aunque formalmente se camufla la preocupación entre los responsables municipales, la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) ocupa y mucho en la Casona del Parque. El fallo judicial, recurrido ya mediante un procedimiento de casación ante el Tribunal Supremo, obliga al Consistorio a abonar a un propietario privado algo más de 34 millones de euros (a los que sumar los intereses acumulados) por la expropiación de un terreno destinado a zona verde que fue adquirido en 2007 por 3,6 millones. La empresa que lo compró, Parque Málaga, vio la oportunidad de hacer negocio.
El hecho, publicado por este periódico el pasado miércoles, constata la incapacidad municipal de obtener los poco más de 20.000 metros cuadrados de esta parcela, localizada a espaldas del Colegio El Monte, en el plazo legalmente fijado para ello. Algo que hubiese permitido que la indemnización a abonar hubiese sido muy inferior a la finalmente fijada por el Alto Tribunal andaluz.
El principal interrogante se sitúa ahora en si lo ocurrido con este sistema local servirá de precedente para otras reclamaciones de compensaciones millonarias aún pendientes de fallo judicial. Sirva como referente que sólo en tres de las demandas de expropiación (algunas fuentes hablan de que aún están por fallar unos 15 casos más) realizadas por privados, con suelos situadas en las cercanías del Monte Gibralfaro, a la Gerencia de Urbanismo, se reclaman al ente municipal del orden de 70 millones de euros, cuantía muy alejada del valor que otorgaba a esos suelos el propio Ayuntamiento.
No es éste el único escenario en el que se juegan los dineros municipales. Muestra de ello es que sigue activa la doble reclamación que el Grupo Baensa hace al Consistorio por impedirle desarrollar un proyecto residencial junto al mercado de El Carmen y por no haber satisfecho los denominados gastos impropios en el plan de los antiguos cines Astoria y Victoria. Ambas iniciativas suman demandas valoradas en 30 millones.
La particularidad del caso es que la primera de ellas, estimada en 20 millones, tiene de momento un primer aval judicial. Así lo dictaminó un juzgado de la capital, que apoyó la tesis de la empresa, que responsabilizaba al Ayuntamiento por no haber podido ejecutar una promoción de 230 viviendas en este espacio. ¿Por qué? Según Baensa, porque el Consistorio incumplió el compromisode trasladar el mercado de El Carmen a finales de 2007, paso que no formalizó hasta octubre de 2011.
En el caso del Astoria, la firma privada presentó semanas atrás una reclamación judicial, valorada en unos 10 millones de euros en compensación por los gastos derivados de los proyectos, trámites, licencias y demás costes vinculados a la idea original de ejecutar pisos de lujo en la parcela, desechada por el equipo de gobierno en su intención de destinar la pastilla a uso cultural. Frente al planteamiento de la promotora, Urbanismo apenas reconoce una indemnización de 300.000 euros y ello después de que el propio regidor admitiese públicamente, el día en que firmó la compra del inmueble, la intención de la Corporación de abonar a la empresa entre cinco y seis millones.
El rocambolesco caso del Astoria incrementa su presencia tras conocer que el alcalde acepta como única vía para dar uso a esta parcela, que supuso el desembolso de unos 20 millones de dinero público, el requerir la colaboración de un socio privado que demuela la edificación actual para levantar una nueva de la que sólo tendrá uso público una superficie de 1.200 metros cuadrados, que se destinarán a la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso. El resto del continente se entregará a la empresa explotadora para que instale usos, previsiblemente comerciales, con los que recuperar la inversión que realice. Es decir, el Ayuntamiento dispondrá en este inmueble del mismo espacio que se comprometió a cederle Baensa en su proyecto residencial, con la clara diferencia de que por medio se han gastado 20 millones de euros.
La quiebra de los números de Urbanismo se agranda con la sangría de los convenios urbanísticos rubricados al albur del nuevo plan general, vigente desde agosto de 2011. Los acuerdos proyectados sobre los antiguos suelos de Repsol y sobre la parcela de La Térmica pasaron de ilusionar con la previsión de ingreso de 140 millones de euros a ser un dinero invisible en las arcas municipales. Si en la parcela que albergó los depósitos de Repsol el Consistorio se tuvo que contenar con recibir apenas 12 millones en metálico de los 82 millones pactados, recibiendo la cuantía restante en especie, es decir, en aprovechamientos para edificar en ese mismo sector, en los últimos suelos del litoral de poniente los hechos apuntan en la misma dirección.
Casi cinco años después de que los responsables municipales sellasen con su firma el pacto de La Térmica con Nueva Marina Real Estate, filial de Endesa, en la Casona del Parque se sigue sin ver un solo euro de lo apalabrado. Y ello a pesar de que al menos 40,6 millones de los 58 consignados tendrían que estar desde hace casi dos años en la caja fuerte. La incapacidad de la empresa a afrontar sus obligaciones ha derivado estos días en una senda de traba continua, al punto de haberse declarado en concurso voluntario de acreedores. El monopoly urbanístico de Málaga capital, sensiblemente estancado por la crisis, se ve agravado en lo que al Ayuntamiento atañe. Los números se quiebran en la Gerencia de Urbanismo.
* Málaga Hoy - S. SÁNCHEZ - 7.4.13
Foto: Málaga, ayuntamiento - andaluciacar.com
Un juzgado amenaza con multar al alcalde de Oia si no tira un hotel de lujo
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El caso de Oia (Pontevedra) es un ejemplo más del incumplimiento de las leyes urbanísticas por parte de todo tipo de administraciones. Si a la dificultad habitual de que la justicia dicte una sentencia rápida y justa en estos asuntos, se suman las numerosas trampas 'legales' que utilizan ayuntamientos y autonomías para evitar los derribos sentenciados, tenemos casos lamentables como este, donde se tarda más de 4 años en su ejecución práctica.
"ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Pontevedra ha concluido que cuatro años son más que suficientes para ejecutar una sentencia firme de derribo y en un auto manda al Ayuntamiento de Oia que eche abajo de una vez el hotel Talaso Atlántico, construido con licencia nula y profusión de fondos públicos en suelo rústico en la zona de Mougás, junto a la costa. La jueza da de plazo al Ayuntamiento hasta final de año y avisa específicamente al alcalde, Alejandro Rodríguez, de que si no se pone a trabajar le impondrá multas sucesivas de 1.500 euros o más".
El auto no es firme y la empresa asegura que lo ha recurrido.
“Se requiere a la Alcaldía de Oia para que en el plazo máximo de un año desde la fecha de notificación de este auto complete, o asegure que se completa, el derribo de las obras con apercibimiento personal a su alcalde de que, en caso contrario, a partir del 30 de diciembre de 2013 este juzgado comenzará a imponerle multas coercitivas de 1.500 euros o en cuantía superior hasta que complete las obras de ejecución de la demolición”, termina la resolución, con fecha de diciembre, que echa por tierra los pretextos tanto del Gobierno municipal como de la empresa para evitar el derribo. El aviso al alcalde aparece subrayado.
Entre las excusas que esgrimía la empresa figuraba la ley de vivienda que la Xunta aprobó el año pasado. Entre los artículos más polémicos de aquel texto sobresale una disposición adicional que suspendió el derribo de los edificios construidos con licencias declaradas nulas hasta entonces; antes de tirar el edificio debe ahora determinarse si el dueño tiene derecho a una indemnización en un procedimiento aparte. Pero como la norma solo se refiere a viviendas, el Talaso no se puede beneficiar de esa excepción, según razona la jueza: “Solo resulta aplicable a los ‘titulares de viviendas’. Y difícilmente se puede calificar como tal el complejo balneario a derribar en este caso”.
El auto desecha los otros argumentos de la empresa con bastante sencillez. Primero dice que la sentencia firme de 2009, aunque no mande expresamente al Ayuntamiento tirar el edificio “en modo alguno impide que se ejecute” y que no hace falta que ningún otro procedimiento lo precise. Admite que una obra hecha con una licencia que después se anula suele dar pie a que se reclame una indemnización a la administración, pero que esto no puede condicionar que la demolición se lleve a cabo. “Para que puede hablarse de daño real y efectivo evaluable económicamente debe haber tenido lugar el derribo”. El Ayuntamiento advertía en el pleito que no tiene dinero para hacer frente al pago de la indemnización, llegado el caso. El juzgado dice que no cabe hablar sobre futuros hipotéticos. “La indemnización en cuestión no se ha fijado y tampoco ha existido, por el momento, una declaración de responsabilidad patrimonial a cargo del Concello de Oia por su concesión de una licencia finalmente anulada”.
La jueza alega que solo si quedase acreditado que las obras se pueden legalizar cabría detener el derribo, algo que según el informe pericial solo sería posible tras varios trámites, con permiso expreso de la Xunta y con derribos parciales que incluirían en todo caso “la zona residencial del complejo”, por lo que en esas condiciones solo queda “sin dudas, el derribo de las obras”. El auto, que no es firme, daba un plazo de 15 días para ser recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza, algo que la empresa ha hecho, según asegura un portavoz. Los problemas legales del Talaso Atlántico no se limitan a la ilegalidad de su construcción. El permiso del Gobierno central también está en el alero, según acreditó el pasado febrero la jefa de Costas de Pontevedra, que alertó entonces de que el edificio corría peligro de que se declarase caducada la concesión con la que opera. A ello hay que sumarle la investigación por sus vertidos, que según una denuncia de 2011 superan con mucho los niveles legales de toxicidad.
Subvenciones a granel
La última ayuda de la Xunta de la que se tiene constancia la recibió el Talaso el año pasado. Fueron 12.112 euros para “incrementar la capacidad innovadora de las pymes”. Una cantidad inferior a los aproximadamente 4,5 millones de euros que recibió durante su construcción.
A los 3,8 millones que sumaron sendas contribuciones del Igape y de la Consellería de Cultura y Turismo se le añadieron otros 740.000 euros como compensación por los perjuicios derivados del hundimiento del Prestige. La empresa temía grandes pérdidas por el posible descenso del número de turistas recelosos del chapapote.
Aunque la sentencia firme de derribo data de 2009, la Administración remolonea y la empresa pleitea con ahínco bajo la dirección de Urbagalex, un bufete especializado en derecho urbanístico propiedad de la firma Martínez Barros & Narbón Abogados. Son apoderados Ricardo Martínez Barros y José Luis Narbón: el primero defendió en los ochenta a contrabandistas como Marcial Dorado. El segundo asesoró a la Consellería de Medio Ambiente de Agustín Hernández en una ley.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 30.4.13
Foto: Hotral Talaso Atlántico / LALO R. VILLAR
Las trampas urbanas de América Latina
"DIARIOHOY* : Vivir en una ciudad en pleno siglo XXI es algo que en varios países en todo el mundo supone cierta garantía de confort y seguridad. Pero tal vez muchos latinoamericanos deberían pensar mejor esa idea. Las ciudades de América Latina se han vuelto lugares expuestos a una creciente lista de problemas y riesgos por la falta de planificación, su crecimiento caótico y el impacto del cambio climático, advierten expertos. El asunto suele saltar a la vista con emergencias como las inundaciones en Argentina o deslaves en Brasil este año, pero los especialistas dicen que casi todas las urbes de la región carecen de planes de expansión y mitigación de desastres".
Estudios recientes señalan que esta situación, ademas de afectar la seguridad y calidad de vida de los habitantes de esas ciudades, está comenzando a perjudicar las economías de sus países.
“Un gran problema que tiene la región es sin dudas el crecimiento demográfico y el alto grado de urbanización”, sostuvo Horacio Terraza, un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un siglo sin urbanismo
Con 82% de su población viviendo en ciudades, América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, apenas detrás de Norteamérica.
Pero ese crecimiento de las ciudades latinoamericanas ocurrió sin orden, ganándole espacios a áreas rurales, a veces en tierras expuestas a inundaciones o deslizamientos convertidas en favelas o barrios humildes.
“Latinoamérica hace 100 años que no hace urbanismo, que no piensa sus ciudades a futuro ni las planifica”, afirmó Terraza, coordinador de la Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID, en diálogo con BBC Mundo.
Agregó que las áreas urbanas en la región crecieron con baja densidad (poca gente viviendo en mayores superficies) lo que encareció la provisión de servicios como agua, saneamiento o recolección de residuos.
A ese reto urbanístico y ambiental se sumó la falta de identificación de áreas expuestas a riesgos por un aumento general de lluvias o precipitaciones más intensas en períodos cortos, un fenómeno del cambio climático que, por ejemplo, obligaría a cambiar drenajes.
“Muy pocos diseños de infraestructura hoy están teniendo en cuenta cuáles son los problemas que trae el cambio climático”, observó Terraza y añadió que en la región también faltan planes de gestión de riesgos.
Consecuencias
Los estragos urbanos causados por lluvias y tempestades están lejos de ser una novedad en América Latina, pero se han reiterado pese a la fuerte expansión económica que tuvo la región en los últimos años.
En Brasil, la mayor economía latinoamericana, al menos 24 personas murieron en marzo en la zona serrana de Río de Janeiro, sobre todo en un suburbio de Petrópolis, por deslaves causados por fuertes lluvias que duplicaron el promedio del mes.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reclamó más firmeza contra la construcción de casas precarias.
En 2011 hubo en la misma región cerca de un millar de muertos por deslaves y un año antes un temporal cobró más de 100 vidas, llegó a inundar barrios de la ciudad de Río y dañó favelas.
Rafael Soares Gonçalves, un experto en estudios urbanos y socio ambientales de la Pontificia Universidad Católica de Río (PUC-Rio), dijo que en la ciudad siempre hubo inundaciones y derrumbes pero tal vez “la manera de ocupar la ciudad esté empeorando la situación”.
Sin embargo, advirtió que “se puede usar la cuestión del riesgo para sacar mucha más gente (de sus barrios) de lo que sea necesario”, mientras la ocupación urbana al oeste de Río parece estar repitiendo viejos errores.
En Argentina, un registro inusual de precipitaciones a comienzos de abril causó inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata, donde al menos 57 personas murieron.
Pablo Romanazzi, experto en hidrología en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), atribuyó la tragedia al crecimiento descontrolado de la ciudad.
“Acá no se tuvo en cuenta el desagüe, nunca se planifica y se urbaniza irresponsablemente”, declaró a radio Mitre.
“Estamos urbanizando las praderas de inundación natural que tiene el arroyo y estas son las consecuencias”.
De Buenos Aires a Bogotá
La falta de planes de ordenamiento territorial es un problema común en las urbes de la región, sostuvo Andrés Cadena, que dirige un estudio del Instituto Global McKinsey sobre ciudades sostenibles y desarrollo económico en América Latina.
“No hay ninguna que lo haya pensado estructuralmente”, señaló Cadena a BBC Mundo.
Indicó que la ausencia de estrategias de mitigación de riesgos se nota en casos como las inundaciones en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad colombiana de Barranquilla, que sufrió el problema el año pasado.
Pero agregó que hay otros ejemplos de planificación e infraestructura deficientes que impactan en la población, como el bajo nivel de tratamiento de aguas en Bogotá, que plantea desafíos sanitarios.
¿Qué hacer?
Un estudio de McKinsey concluyó en 2011 que los problemas en infraestructura, transporte y servicios de las ciudades de la región se ha vuelto inconveniente para la productividad.
Por ejemplo, señaló que la producción de grandes urbes como Sao Paulo, Buenos Aires o Santiago creció de 1998 a 2008 menos que la media de las economías de sus países, y anticipó que esta tendencia seguirá.
McKinsey calculó que sería necesaria una inversión de US$3 billones en 15 años para responder a las necesidades urbanas latinoamericanas en vivienda, agua, saneamiento, gas y energía.
Las proyecciones indican que la población latinoamericana activa seguirá en aumento hasta 2040, lo que plantea un desafío creciente a la capacidad de respuesta de las urbes donde esa gente vivirá.
Por lo pronto, la estrategia de organismos como el BID es apostar a un mejor desarrollo de ciudades emergentes, de entre 100 mil y dos millones de habitantes, frente a la dificultad de enmendar errores ya consumados.
“Ya no podés ir para atrás, levantar barrios enteros”, explicó Terraza. “Lo que sí podés mejorar es tratar de pensar cuáles van a ser los impactos futuros, en qué van a variar, y proveer infraestructura”.
* Diario Hoy Perú - Gerardo Lissardy - 1.5.13
Foto: Latinoamérica, inundaciones - hoy
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Madrid.- El Club de Campo amplió su vida hasta 2034 sin permiso del Ayuntamiento
Lamentable, una vez más, como administra el urbanismo el ayuntamiento de Madrid. Resulta que el Club de Campo es una empresa municipal muy peculiar, ya que actúa por libre saltándose toda la normativa, algo que va contra el interés de los ciudadanos madrileños que ven como el propio ayuntamiento actúa ilegalmente. Luego, eso sí, pedirán responsabilidad ejemplar a los demás.
"ELPAÍS* : El Club de Campo Villa de Madrid es una empresa municipal que funciona como si no lo fuera, gestionando unos terrenos públicos para beneficio exclusivo de sus socios. La lista de irregularidades cometidas en los últimos años es larga, pero quizá la más ilustrativa de cómo algunos miembros del Ayuntamiento lo han administrado como su cortijo particular sea la que afecta a la naturaleza misma de la empresa".
Según el acuerdo del Pleno municipal adoptado en 1991, el club debía volver a manos del Ayuntamiento en 2025. Sus instalaciones revertirían entonces en la ciudad, y podrían ser usadas por todos los madrileños. Sin embargo, apenas unos meses antes de las elecciones municipales de 2003, el club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034, sin contar para ello con el refrendo del Pleno municipal, al que correspondía legalmente la decisión.
El Club de Campo ocupa 195 hectáreas (el 12%) de la Casa de Campo, un monte de la realeza que fue cedido a la ciudad el 1 de mayor de 1931, apenas dos semanas después de la proclamación de la II República. Los terrenos fueron entregados al Ayuntamiento “para uso y solaz de los madrileños”. Pero la Guerra Civil lo cambió todo: sobre las trincheras se construyó un campo de golf; y el régimen franquista cedió el uso y disfrute de ese pedazo de la Casa de Campo a una institución privada, la Real Sociedad Hípica Española.
Esa concesión, realizada en 1941, concluía en 1954, pero se prorrogó 30 años más, hasta enero de 1984. Ya en democracia, y con un alcalde socialista, Enrique Tierno Galván, el Ayuntamiento recuperó los terrenos.
Por entonces, el club era escenario de actos de la alta sociedad, y 7.000 de sus 20.000 socios eran militares. La cuota inicial ascendía a 3.000 euros (por 30.000 se podía comprar un piso de 100 metros). Un alto directivo del club afirmó que, a partir de entonces, “se haría lo que los rojos del Ayuntamiento quisieran”. Tierno Galván replicó: “Lo que los rojos quieren es siempre razonable”.
Lo que los “rojos” consideraron finalmente “razonable” fue constituir una empresa de mayoría municipal que se encargara de gestionar esas instalaciones. Calculaban que, cobrando 120 euros al año a sus 20.000 abonados, podrían mantener el club y abrirlo además al resto de madrileños. El socio ideal para esa empresa parecía ser la Real Sociedad de Hípica, que aportaría las instalaciones construidas con su dinero sobre terreno público durante el franquismo; ese capital se consideraría amortizado al final de la concesión, en 1993. Y así se hizo finalmente, no sin ciertas vicisitudes.
El Ayuntamiento se quedó con el 51% del capital del club, y la Real Sociedad de Hípica con el 49% restante. La decisión fue refrendada por el Pleno municipal; la empresa fue inscrita en el registro mercantil el 14 de febrero de 1985, con duración hasta el 31 de marzo de 1993. Su objeto social era “la explotación como servicio público” del club “para solaz y esparcimiento de los ciudadanos”.
El 30 de enero de 1991, dos años antes de la fecha en la que expiraba la concesión, el Pleno municipal (con mayoría del PP y UCD) amplió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Pese a que para entonces se debería haber dado por amortizada ya la participación de la Sociedad de Hípica, se la mantuvo en el accionariado con un 24,5%. El otro 24,5% pasó a manos de Patrimonio del Estado.
La concesión podría rescatarse o ponerse en manos de una empresa privada
En el inventario municipal de zonas verdes, el Club de Campo figura en la actualidad como instalaciones y terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid precisamente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, en 2003, apenas unos meses antes de que José María Álvarez del Manzano (PP) tuviera que abandonar la alcaldía tras 12 años al frente de la ciudad, el Club de Campo decidió por su cuenta y riesgo, y sin el refrendo obligado del Ayuntamiento, postergar su vigencia hasta 2034. Es decir, mantener esos terrenos públicos para uso exclusivo de sus socios durante nueve años más.
Lo hizo mediante una junta general extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2003, en la que además aprobó varios cambios en sus estatutos que tampoco contaron con el refrendo del Pleno municipal. Se arrogó, por ejemplo, el derecho a construir y explotar nuevas instalaciones sobre terrenos de propiedad municipal o autonómica. Todo ello, con la firma de Álvarez del Manzano, y de los concejales Mercedes de la Merced e Ignacio del Río (PP), entre otros. Pero a espaldas del Pleno, en el que estaban representados todos los grupos políticos, y que era el único con potestad para ampliar la concesión en caso de considerarlo conveniente para los intereses de la ciudad.
El Gobierno municipal actual, presidido por Ana Botella (PP), ha dejado en manos de sus servicios jurídicos la subsanación de este “error”, pero ha recalcado en cualquier caso que la concesión llevada a cabo en 1991 sí es legal, por lo que el club sigue teniendo cobertura jurídica hasta 2025.
La semana pasada, el presidente del club y concejal del distrito de Latina, José Manuel Berzal (PP), insistió sin embargo ante el Pleno en que la vigencia de la empresa se extiende hasta 2034, y se mostró “muy orgulloso” de cómo se había gestionado la institución.
Entre las muchas irregularidades desveladas en las últimas semanas por EL PAÍS, se cuentan: sus edificios (piscina, gimnasio, etcétera) carecen de licencia de funcionamiento, pero el Ayuntamiento permite pese a ello que siga abierto. El club olvidó pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la tasa de basuras hasta este año. Y también hasta este año, ha regalado tarjetas VIP de acceso gratuito a familiares de políticos, miembros de la jet-set, periodistas y hasta al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Pese al carácter mayoritariamente público y municipal de la institución, los socios del club disfrutan a precio simbólico de unos servicios que para el resto de ciudadanos tienen un coste prohibitivo. El Ayuntamiento se niega a convertirlo en un polideportivo municipal más, o a sacar a concurso su gestión para que lo regente una empresa privada a cambio de un canon. Berzal afirmó la semana pasada, cuando UPyD le conminó a ello, que sería el PP quién decidiría por su cuenta qué hacer.
Dinero público para uso privado
El Club de Campo tiene un presupuesto de 18,6 millones. Sus ingresos provienen de las cuotas de los socios y de la venta de entradas; no recibe dinero del Ayuntamiento.
Sin embargo, desde que en 1985, recién constituido, el Gobierno municipal invirtiera 600.000 euros para pistas de tenis y pádel, y hoyos de golf, muchas de sus instalaciones se han hecho con dinero público.
En 2006, por ejemplo, recibió dos millones de euros en subvenciones de capital del Ayuntamiento de Madrid. Entre 2007 y 2009, obtuvo 1,5 millones de dinero público.
Los socios pagan 2.000 euros de inscripción y 700 al año. Pueden usar el club a precio simbólico, mientras que al resto de madrileños la entrada les cuesta 40 euros, y usar la piscina, otros 36.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 29.4.13
Foto: Instalaciones deportivas del Club de Campo Villa de Madrid, junto al río Manzanares. / CLUB DE CAMPO
El Supremo cierra cualquier opción de evitar el derribo de 32 viviendas en Alcanar
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Unos 10 años más tarde de la concesión municipal de la licencia para la construcción de estas viviendas ilegales en Alcanar (Tarragona) parece que la justicia da por terminado el asunto de su derribo obligatorio. A pesar de las numerosas trabas que tanto la Generalitat como el propio ayuntamiento han puesto para evitar este derribo, la lentísima resolución judicial ha llegado por fin. Ya veremos si se ejecuta.
"EFE* : El Tribunal Supremo ha cerrado al Ayuntamiento de Alcanar cualquier opción de eludir el derribo de las 32 viviendas de Turov en la urbanización de Serramar mediante una modificación urbanística. El consistorio y la Generalitat de Cataluña lo intentaron en 2006 con la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que ahora la máxima instancia judicial ha invalidado.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la Generalitat presentó en 2009 contra la invalidación del PERI tras agotar todas las vías legales para intentar frenar el derribo de las 32 viviendas y considera que el ayuntamiento y la administración catalana han ejercido lo que se conoce como "desviación de poder".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ernesto Piezas Morato, argumenta que "la administración pública no ejercita sus potestades de planeamiento con el fin de satisfacer el interés público, sino con la única finalidad real de legalizar una situación contraria a derecho, al margen de cualquier consideración sobre los intereses generales a los que esta potestad debe servir".
El juez va más allá y considera que tanto la Generalitat como el ayuntamiento eran conscientes de que la licencia de Turov sería declarada, con toda probabilidad, ilegal: "La Administración era perfectamente conocedora de la pendencia de este procedimiento cuyas resultas se pretendían enervar mediante una ordenación contenida del PERI", y no sólo eso, sino que el magistrado ya apunta que con la modificación urbanística lo que se pretendía era "consolidar una irracionalidad urbanística que incrementaba la densidad de viviendas un 255,5 %, y aparte no respetaba las distancias".
De hecho, fue la propia Dirección General de Urbanismo quien ya en 2004 requirió al ayuntamiento la revisión de oficio "de las licencias controvertidas" de estas obras y ese mismo año detuvo la puesta en marcha de una segunda fase.
El 6 de noviembre de 2006 (casualmente el mismo día que el contencioso de Tarragona declaraba la licencia ilegal) la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro aprobaba este PERI y argumentaba que "con la redacción de este plan se quiere regularizar la situación de los apartamentos ya construidos en la parcela afectada".
Piezas Morato expone en la sentencia que "la administración autonómica, cuando menos, debió expresar las razones por las que se aprobaba un planeamiento urbanístico que legalizaba 'ex post facto' edificaciones litigiosas", y añade que "tal forma de proceder habría requerido una motivación esmerada y rigurosa que, sin embargo, no se ha aportado".
El ayuntamiento, que ya hace semanas que ha iniciado los trámites de derribo, insta a los vecinos a acelerar su personación en la causa para intentar abrir otra vía, aunque ya ha avanzado que presentarán recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Tenemos abierta la vía del recurso de queja en el TSJC en contra de la sentencia del contencioso administrativo de Tarragona por el que pensamos que deben motivar la obligación de derribar, y que habría alternativas. Otra vía es que los vecinos se personasen en el procedimiento y se abriera una nueva vía", argumenta el concejal de Urbanismo del Consistorio, Manel Martí.
Martí reconoce que a pesar de que esperaban el pronunciamiento del Supremo," la sentencia es dura. Cada vez el margen de maniobra es más estrecho y nos vemos cada vez más abocados al derribo".
* El Economista - EFE - 29.4.13
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas a derribar - ACN
Madrid.- Uno de cada tres pisos municipales de alquiler social o protegidos está vacío
Resulta inadmisible que el Ayuntamiento de Madrid (y la gran mayoría de ayuntamientos del país) tenga casas vacías sin utilizar, mientras muchas familias viven un auténtico drama por el paro y la incapacidad para pagar su hipoteca o un alquiler en aceptables condiciones sociales.
"ELPAÍS* : La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) fue creada en 1981 por el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a aquellos que tuvieran grandes dificultades para acceder a un piso. En la actualidad, hay 13.000 familias en lista de espera. Según un informe confidencial encargado a la consultora PricewaterhouseCoopers, la EMVS tiene 6.152 inmuebles en alquiler, pero casi uno de cada cuatro carece de inquilino; más de un millar están listos para entrar a vivir, pero vacíos. Tiene además 2.450 pisos protegidos en venta, de los que 1.185 están acabados y vacíos.
» La vivienda protegida sigue siendo mucho más barata. La alcaldesa, Ana Botella (PP), decidió en octubre acabar con la construcción de vivienda protegida porque, en su opinión, ya no era necesaria. Adujo dos motivos: que la vivienda protegida está ya el mismo precio que la libre; y que hay pisos vacíos suficientes como para atender a la demanda. Ambas razones se contradicen con los datos del Ministerio de Fomento. El precio medio de la vivienda libre en Madrid en el primer trimestre era 1.959 euros por metro cuadrado (un 28% menos que hace cuatro años). El precio medio de la protegida, 1.379 (un 13% más que hace cuatro años). Es decir, pese a la convergencia de precios tras el estallido de la burbuja, la vivienda protegida sigue siendo mucho más barata.
» Madrid tiene menos casas vacías que el resto de urbes. Respecto al número de viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística indicó hace dos semanas que en la capital había 1.530.957 viviendas en 2011 (el dato más actualizado), de las que un 10% estaban vacías (cuatro puntos menos que la media nacional, y por debajo de Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza). El propio Ayuntamiento ha admitido que los madrileños tienen dificultades para acceder a un piso debido al alto precio tras años de brutal encarecimiento, y que en gran parte se debe a la política oficial de vivienda de los tres últimos lustros.
» El 23% de pisos municipales en alquiler no tiene inquilino. A 1 de enero de 2013, la EMVS tenía 6.152 inmuebles para alquilar, de los que 5.778 estaban ya terminados y 374 se acabarán este año. El valor de esos inmuebles asciende a 333 millones de euros. En 2012, la empresa ingresó 13,5 millones por el arrendamiento de estos pisos. La tasa de morosidad asciende al 13%. La media nacional de morosidad hipotecaria es del 3,8%; no existe una estadística fiable de morosidad en alquileres.
La ocupación media es del 77%, pero varía mucho según su tipología. En las de arrendamiento libre, la ocupación es del 75%; es decir, 402 de los 1.608 pisos disponibles están vacíos. En la vivienda protegida, la ocupación es del 85%; es decir, 554 de los 3.595 pisos disponibles están vacíos. En la vivienda protegida con opción de compra, la ocupación es del 54%; es decir, 436 de los 949 pisos disponibles están vacíos.
Sobre un total de 6.152 viviendas en alquiler, la EMVS mantiene así 1.392 sin inquilino; de ellas, al menos 1.018 están vacías pese a estar listas para entrar a vivir.
» Más de un millar de viviendas protegidas sin vender. A 1 de enero de 2013, la EMVS tenía 2.450 inmuebles a la venta, de los que 1.185 estaban ya terminados y 1.265 en construcción. Son 2.159 viviendas, 217 locales y 74 plazas de garaje. El año pasado, la empresa ingresó 105 millones por la venta de inmuebles, un 42% menos que antes del pinchazo de la burbuja (2008); el número de viviendas colocadas al año cayó un 11% durante ese periodo.
La práctica totalidad de esas 2.159 viviendas son protegidas. El 43% (929) son pisos de precio tasado o de protección pública básica (se pueden vender a familias que ingresen menos de 3.000 euros mensuales). El 40% (873) son pisos de protección pública de precio limitado (hasta 4.000 euros de ingresos mensuales). El 16% (337) son viviendas protegidas de régimen especial (hasta 1.330 euros de ingresos mensuales). Del resto, 10 son viviendas son de integración social (realojos chabolistas, menores tutelados, mujeres maltratada); y otras tantas son libres.
» Vender con un descuento de hasta el 24% del valor. En caso de colocar todas sus viviendas a la venta, la EMVS ingresaría entre 162 y 173 millones de euros; el precio medio sería de entre 73.000 y 79.000 euros por inmueble. Eso supone un descuento de entre el 18% y el 24% de su valor contable. Según sus cálculos, podría colocar todas las viviendas para 2017. Hasta entonces, tal y como anunció la alcaldesa, no se iniciarían nuevas promociones. Pero no porque no sean necesarias, sino por “la falta de visibilidad respecto a la estrategia futura de la compañía y a la incertidumbre respecto de la posibilidad de obtener financiación”.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 30.4.13
Foto: Promoción de alquiler de la EMVS. / AYUNTAMIENTO DE MADRID
Los arquitectos montan en cólera contra el Gobierno por la Ley de Servicios Profesionales
Lo que faltaba para arruinar una profesión como la de arquitecto, antaño considerada ejemplar y objeto de envidia. Hoy es ninguneada por 'tirios y troyanos', incluyendo aquí a las distintas administraciones que, como se ve con esta fatídica Ley, prácticamente lleva a la profesión a un callejón sin salida. Si ya existe un altísimo paro entre los arquitectos, descontando a los que huyeron al extranjero, ahora puede ser la 'puntilla' profesional, con la pérdida, además, de los valores y estudios que la carrera de Arquitectura añade a la sociedad, muy diferente a la de otras profesiones que ahora pretenden ser igualadas por medio de una Ley absurda.
"ELCONFIDENCIAL* : Un 'powerpoint' fechado en diciembre de 2012 desató la ira de los arquitectos de toda España. Ese documento contenía las líneas generales de la futura Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad. En él, entre otros muchos aspectos, se contemplaba la posibilidad de que los ingenieros con competencias en edificación pudiesen proyectar y dirigir obras de viviendas o edificios públicos como escuelas, hospitales, museos... competencias todas ellas reservadas hasta ahora a los arquitectos, según la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que data de 1999".
El pasado viernes, el Consejo de Ministros anunciaba que el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales estará listo antes del verano y eliminará los “obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales”, entre las que figuran los arquitectos.
“Ahora es cuando se inicia el proceso de redacción de la ley. Y si el contenido se ajusta al borrador estaremos echando por tierra lo que tanto tiempo y consenso nos ha costado conseguir y que quedó plasmado en la LOE hace casi quince años”, explica a El Confidencial José Antonio Granero, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). “La LOE ya recoge perfectamente las diferencias que existen entre un ingeniero y un arquitecto y entre un ingeniero técnico y un arquitecto técnico. No pueden tumbar en unos meses el trabajo de 18 años. Una modificación en este sentido sería un auténtico disparate”, sentencia Granero.
En dicho borrador se recoge, por ejemplo, que en “la dirección de ejecución de obra, con independencia de quién haya sido el proyectista y del tipo de edificación, se podrá realizar por arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico”. Hasta ahora, y según la LOE, era una función reservada exclusivamente a los arquitectos técnicos.
El Ministerio de Economía lo justifica al considerar que “no se considera necesario establecer una reserva exclusiva en función de quién haya realizado el proyecto. Si un profesional es competente para dirigir la ejecución de la obra de un determinado proyecto, lo debe ser con independencia de si lo ha firmado un arquitecto o un ingeniero".
Oposición frontal en las redes sociales: #NoalaSLP
Este borrador y el temor a que la Ley de Servicios Profesionales vea en un par de meses la luz bajo estos términos han incendiado las redes sociales y numerosos blogs del sector. Bajo el hashtag #NoalaSLP, cientos de arquitectos han mostrado su malestar.
“Arquitectos e ingenieros tenemos una formación diferente y por tanto tenemos una función diferente dentro del proceso de edificación. Así funcionábamos, trabajando en equipo, y así debemos seguir, más allá de que haya o no una ley que así lo permita”, comenta en su blog Almudena Gancedo, arquitecto técnico de Valencia.
“Si lo trasladamos al gremio de la Sanidad parece que todo el mundo lo tiene claro, no es lo mismo un médico, una enfermera, un veterinario… y trasladado esto a la Arquitectura debería ser igualmente entendible”. “No debemos caer en la tentación de plantearnos una operación donde la única persona que nos opere sea indistintamente médico o enfermera o anestesista o cirujano o hasta veterinario porque hay una ley que permite que haya libre competencia”, añade.
De la misma manera que sucedió con informáticos y telecos tras el pinchazo de las puntocom, los arquitectos también se han visto muy perjudicados por el estallido de la burbuja inmobiliaria en España.
El desempleo entre estos profesionales ha aumentado de manera vertiginosa, los salarios se han reducido fuertemente, al tiempo que proliferan las situaciones irregulares en la contratación, según denuncia desde hace meses el Sindicatos de Arquitectos (SARQ).
Al fuerte incremento del desempleo se suma la fuerte reducción de salarios. Dos situaciones que con la nueva legislación sobre la mesa, podrían empeorar. No obstante, José Antonio Granero niega que las críticas a la nueva ley tengan que ver con la crisis. “Nuestra queja no tiene nada que ver con la coyuntura económica por la que está atravesando la profesión. Hablamos de defender la ‘Marca España’ en Europa, donde la arquitectura goza de una gran reputación”.
La cuenta atrás ha comenzado.
* El Confidencial - Elena Sanz - 1.5.13
Foto: Arquitecto, profesión - elconfidencial
Málaga.- El Foro para el Saneamiento exige un calendario de obras pendientes
Es inconcebible que una de las zonas privilegiadas para el turismo, como es la Costa del Sol, tenga una calidad pésima de sus aguas costeras, a pesar de las numerosas quejas efectuadas a las diferentes administraciones implicadas. Todo viene, claro, de un saneamiento urbano insuficiente, con vertidos continuos al mar, ofreciendo un problema sanitario y medioambiental importante. Hay municipios como Torremolinos que todavía no depuran correctamente sus aguas urbanas, vertiéndolas luego al mar, lo que hace imposible el baño muchos días al año, acrecentándose el problema en la época veraniega que es, lógicamente, cuando más se necesita.
"LAOPINIÓN* : Los miembros del Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol consideran intolerable que la provincia de Málaga ofrezca «playas de primera y agua de tercera», en referencia a la falta de depuración que tiene consecuencias en el estado del agua del mar".
El coordinador del foro, Salvador Vilches, señaló ayer que el calendario sigue corriendo hacia 2015, fecha límite impuesta por la Unión Europea para cumplir el vertido cero de aguas residuales al mar. Sin embargo, nada se sabe de las 47 actuaciones comprometidas por la Administración autonómica para la provincia de Málaga por importe de 390 millones de euros.
En su reunión de ayer, en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, el Foro de Saneamiento Integral volvió a reivindicar que se concreten las fechas de ejecución de los proyectos: «no es admisible que tengamos playas de primera división y aguas de tercera».
Vilches trasladó la absoluta incomprensión de los miembros de esta entidad a la «actitud dilatoria que mantienen los responsables de los departamentos de las administraciones andaluza y estatal en relación con los proyectos pendientes. Vivimos de la industria turística y no podemos permitir que las aguas del mar estén en las condiciones que están», insistió.
Igualmente, volvió a solicitar que se inviertan los 30 millones de euros recaudados por el Gobierno andaluz a través del canon de saneamiento. «El plazo es 2015, no es 2016, y si las inversiones llegan se podrán terminar en plazo», dijo Vilches, quien aseguró que los malagueños están hartos.
El Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, instituido en el año 2007, reúne a representantes de 36 asociaciones profesionales empresariales y turísticas de la Costa del Sol y las dos centrales sindicales.
En la sesión de ayer se acordó invitar a las delegaciones provinciales de las consejerías de Medio Ambiente y Turismo de la Junta de Andalucía para que se incorporen a la próxima reunión para solucionar una situación que, según los miembros, «pone en jaque el futuro turístico de la zona».
* La Opinión - 27.4.13
Foto: Archivo UPA
Benidorm deberá pagar 4,1 millones por unos terrenos que en 2006 valían 10 veces menos
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Otro escándalo más a añadir a la larga historia de especulación urbanística en la ciudad de los rascacielos costeros. Todo viene de una expropiación de terrenos hace más de diez años y ahora, por fin, sale la 'última' sentencia judicial.
"INFORMACIÓN* : Nuevo varapalo judicial a la angustiada economía del Ayuntamiento de Benidorm. Un auto del TSJ obliga a pagar en el plazo de un mes la friolera de 4,1 millones de euros al propietario de una parcela de 4.100 metros incluida en el futuro parque de Foietes. Es la culminación de una larga serie de litigios judiciales que han resultado ser un auténtico desatino para los intereses de las arcas municipales, toda vez que va a pagar por ese terreno diez veces más del valor que le otorgó el Jurado de Expropiación Provincial en 2006. Ahora, y según el auto, lo que el Consistorio debe abonar en 30 días es el valor en que ha sido tasado el suelo, y que asciende a 2,7 millones de euros, más los intereses de demora, 1,4. Total, 4,1.
Como hacer frente a tanto dinero en tan poco tiempo es casi imposible, la concejala de Hacienda, la socialista Natalia Guijarro, aseguró ayer que ya estudia "modificaciones presupuestarias" para presentar un plan de pagos que sea aceptado por el particular sin que el "actual plan de ajuste municipal se vea mermado". Lo contrario, constituiría un auténtico quebradero de cabeza para las cuentas municipales.
El asunto ocupa otro lugar estelar en la confusa historia urbanística de Benidorm. En 2001, la misma época en la que se fraguaron otros proyectos que tantos problemas han dado después, se iniciaron los trámites para expropiar los terrenos, contemplados como zona verde en el PGOU. En 2004, y según detalló ayer el edil de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, el pleno estableció una primera valoración de sólo 270.000 euros. El propietario no estuvo de acuerdo y el caso acabó en el Jurado de Expropiación Provincial, que en 2006 dictaminó un precio de 490.741 euros. Al particular ese nuevo precio tampoco le convenció y recurrió a los tribunales. Y ahí los problemas se agudizaron. El Ayuntamiento, cuyo edil de Urbanismo entonces era el popular Manuel Agüera, no se personó en el caso, con lo que "los intereses municipales no fueron defendidos", alegó Ivorra.
Pero aún hubo más. En marzo de 2009, el TSJ ya dictó una sentencia que daba la razón al propietario -que entonces ya reclamaba una cantidad muy superior- y que tampoco fue recurrida por el Ayuntamiento, sólo por el abogado del Estado "que no contaba con las herramientas necesarias para defender al Ayuntamiento" alegó Ivorra, quien en tono crítico subrayó que gracias al "esfuerzo del entonces alcalde Manuel Pérez Fenoll y de su concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate (ambos del PP) por no personarse en el procedimiento, la cuantía de la expropiación se ha multiplicado por diez". En cambio, el edil liberal se mostró convencido de que si los gobernantes populares hubieran presentado batalla judicial, la cantidad a pagar por el Ayuntamiento hubiera sido menor: similar a la de 2006 -490.000 euros- o incluso a la de 2004 -270.000-.
"Es lo que pasa cuando se hacen las cosas con tan poca seriedad como el PP" agregó por su parte Guijarro, quien defendió la gestión del PSOE en este asunto cuando llegó al poder: así, y tras un nuevo auto de ejecución del TSJ que en 2011 volvía a dar la razón al particular, los socialistas presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que sin embargo ha sido rechazado ahora, lo que convierte en firme la sentencia del TSJ, eleva la cuantía a pagar hasta los 4,1 millones y "agota toda la vía judicial". El TSJ se hace además eco de que al Ayuntamiento debía haber litigado cuando estaba a tiempo.
Hay otro elemento que aún hace más rocambolesca esta historia. Resulta que el propietario en cuestión cobró en 2011 casi 900.000 euros abonados por la Generalitat también en concepto de expropiación para realizar el parque de Foietes, a cargo del Plan Confianza. "Sin embargo -continuó Guijarro- el PP fue incapaz decirle al Consell que había un contencioso con la propiedad del suelo, a pesar de que la expropiación podría haberle salido gratis al Ayuntamiento debido a que era la Conselleria la que la pagaba".
Total que entre los 4,1 millones que ahora debe abonar Benidorm y los casi 900.000 euros de Valencia, el propietario de Foietes ingresará por el invento 5 millones.
Y el parque de Foietes aún sin realizar.
* Información - ARTURO RUIZ/R. PAGÉS - 26.4.13
Foto: Terrenos del futuro parque de Foietes - informacion
Vejer.- La playa de El Palmar: de botín urbanístico a activo tóxico
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El caso especial de El Palmar, con la joya de la playa kilométrica virgen, en el municipio gaditano de Vejer, lleva mucho tiempo en los medios, como consecuencia de los intentos por urbanizar la zona protegida por parte de diferentes empresarios y políticos. Hasta el día de hoy sigue intacta gracias a la intensa actividad de la Plataforma 'Salvar el Palmar'. Pero, ¿hasta cuándo?
"ELDIARIO* : De paraje idílico junto al mar a terreno de especulación inmobiliaria. Y de joya urbanística a activo tóxico a precio de saldo. La mitad de la parcela hotelera de la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz), en la que está autorizada la construcción de un complejo turístico, está incluida entre los activos que Bankia ha traspasado a la Sareb, el conocido popularmente como banco malo, y está ahora en condiciones de volver al mercado a un precio muy ventajoso, tal y como han confirmado fuentes de la Sareb".
Estas fuentes oficiales explicaron que aún no se ha estudiado cuál será el valor de traspaso de estos suelos en la costa gaditana pero sí señalaron que el precio de los terrenos urbanizables que han llegado al banco malo procedentes de entidades bancarias es alrededor de un 50% inferior al que estaban tasados en sus entidades de origen. Ese porcentaje marcará la devaluación de los activos cuando retornen al mercado. "La sociedad está abierta a escuchar ofertas por estos terrenos", anunciaron las mismas fuentes.
El Palmar Gran Resort
En El Palmar se contempla la construcción de un hotel de unas 270 habitaciones hoteleras a 400 metros de la playa, en una primera fase, con una inversión estimada de más de 50 millones de euros. El proyecto se denomina El Palmar Gran Resort. Se presentó en 2001 y cuenta con la aprobación de la Junta de Andalucía desde 2007, pero desde entonces está bloqueado como consecuencia de la crisis inmobiliaria y crediticia. La plataforma Salvar El Palmar, con más de 62.000 adhesiones en redes sociales, se opone a la construcción de un hotel en este paraje simbólico de la Costa de la Luz.
La propiedad de las 30 hectáreas reclasificadas como urbanizables junto al arroyo de Malcucaña, en el extremo de El Palmar que linda con el término municipal de Conil, ha sufrido un verdadero periplo entre promotoras y entidades bancarias en el último decenio. Tras la retirada del promotor original, Esteban Riera Marsá, en 2009, la parcela quedó dividida entre dos de sus acreedores: la promotora andaluza Grupo Tarje y CajaMadrid. A principios de 2011, CajaMadrid y otras seis cajas en dificultades se integraron en Bankia. A esta entidad única también llegó gran parte de sus activos inmobiliarios, entre ellos, el suelo de El Palmar.
A principios de este año, la propiedad de estos terrenos aún dio un nuevo giro, cuando Bankia la depositó en el llamado banco malo, el cajón en el que han acabado los activos tóxicos de los bancos y las cajas que han recibido ayudas públicas con el objetivo de sanear sus balances. La Sareb, que hoy es la mayor inmobiliaria del país con alrededor de 100.000 activos en cartera, tiene un plazo de 15 años para aliviar estas propiedades inmobiliarias devaluados.
Los suelos hoteleros de El Palmar, uno de los enclaves privilegiados de la Costa de la Luz y en los que Riera Marsá preveía una inversión original de hasta 88 millones de euros, volverán de esta forma al mercado pero a precio de saldo, en el montón de propiedades en liquidación que están en manos de la Sareb.
El alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), informó de que Grupo Tarje, que ya tiene la mitad de la propiedad de la parcela de Malcucaña, es la empresa mejor posicionada para comprar el resto de estos suelos a la Sareb a precio de saldo. Al estar ya constituida la junta de compensación para la urbanización de los suelos, la promotora tiene derecho de tanteo sobre la parcela, según explicó el regidor. "El proyecto está muy vivo y hay empresas interesadas en invertir", subrayó Ortiz, a pesar de que los avances del proyecto en los últimos años han sido poco significativos.
El promotor sevillano Juan Muñoz Tamara, propietario de Tarje, ha preferido no atender a la petición de información de este medio sobre el futuro del proyecto hotelero de El Palmar. Muñoz Tamara también lidera la urbanización de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa.
La opacidad de la promotora se explica por la relevante oposición social que los hoteles de Malcucaña han generado en el país. La plataforma Salvar El Palmar, que nació a finales de 2009 y recogió apoyos de todas las regiones gracias a la fama de esta playa gaditana, no está dispuesta a que se urbanice la zona. Hoy suma más de 62.000 adhesiones en la red social Facebook y tiene capacidad de movilización, una cuestión que espanta a inversores y firmas hoteleras en un momento en el que ningún promotor está dispuesto a poner ladrillo sobre ladrillo en el país.
La opción de "comprar" El Palmar
El portavoz de la plataforma Salvar El Palmar, Antonio Nabu, ha apuntado el interés de este colectivo en los terrenos que han acabado en manos de la Sareb y no descarta la opción de tantear su adquisición a través de una recaudación entre las miles de personas que quieren proteger esta playa gaditana. "Nos reuniremos y lo estudiaremos", ha declarado Nabu.
La parcela, desde el punto de vista de la tramitación urbanística, está preparada para construir, tal y como admite la portavoz de Ecologistas en Acción-Andalucía, Lola Yllescas. Como última opción contra la urbanización, el colectivo ha presentado un recurso ante la Junta de Andalucía al entender que la Agencia Andaluza del Agua declaró en 2010 Malcucaña zona inundable y que esa decisión no es compatible con ninguna construcción. "Para nosotros, es un hecho sobrevenido. La propia Junta dice que las zonas inundables no son urbanizables. Durante este invierno la zona ha sido intransitable, no puede caminar ni una vaca del barro que hay", defendió Yllescas en una entrevista publicada por eldiario.es/andalucia hace una semana. Ahora, esta puntualización normativa y la crisis económica son los únicos obstáculos para el proyecto hotelero de la playa.
Cronología
2001: El origen del proyecto
El Ayuntamiento de Vejer, con el socialista Antonio Verdú como alcalde, y el promotor mallorquín Esteban Riera Marsá presentan un plan para construir un macrocomplejo hotelero en Malcucaña, en la playa de El Palmar. Se proyectan 1.300 plazas junto al mar con una inversión de 88 millones de euros.
2002 a 2007: Cinco años de burocracia
La previsión era solventar la gestión administrativa del plan en dos años pero ese plazo es pronto una utopía. Ambos chocan con una complejísima tramitación en la Junta de Andalucía. El documento urbanístico sufre modificaciones y retrasos burocráticos.
2007: La Junta aprueba el plan
El 1 de junio de 2007, la Junta de Andalucía aprueba el proyecto hotelero. La crisis del ladrillo está a punto de estallar y el promotor mallorquín encuentra enormes dificultades para acceder a financiación bancaria.
Mayo de 2009: Riera Marsá abandona
El promotor Esteban Riera Marsá anuncia que abandona el plan para construir hoteles en El Palmar. La sociedad que lidera el proyecto, Pinar Costa Atlántica, formada por un grupo de empresarios mallorquines con Riera Marsá al frente, se declara en concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus deudas.
2009: Nuevos promotores
A través de este concurso de acreedores, la promotora Chival Promociones Inmobiliarias, perteneciente al andaluz Grupo Tarje (filial de GTM) y liderada por el empresario Juan Leocadio Muñoz, y Caja Madrid, se hacen con el proyecto a finales de 2009. Tarje era una de las empresas asociadas a Riera Marsá.
2009-2011: Búsqueda de socios
Tarje busca una cadena hotelera que se encargue de la explotación del negocio. El proyecto sufre ahora una notable oposición social a través de la plataforma Salvar El Palmar, que capta adhesiones a través de las redes sociales y organiza varias manifestaciones.
2011: Nuevo alcalde
José Ortiz (PP), se hace con la Alcaldía y hereda el proyecto para seguir trabajando en su desarrollo, aunque la crisis mantiene la inversión paralizada. El alcalde asegura que hay empresas interesadas en el tramo costero pero no se formaliza ninguna adhesión.
* El Diario - Jorge Garret - 25.4.13
Foto: A la derecha, la torre de Castilnovo, que se sitúa a unos 500m de la parcela hotelera de El Palmar, en el término municipal de Vejer - Borja Benjumeda
Sevilla.- La justicia reinicia el ‘caso Boliden’ 15 años después de la catástrofe ecológica
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Parece propio de un país tercermundista, pero así es la realidad: el grave caso de la contaminación, por la empresa minera Boliden, del agua en el entorno del parque nacional de Doñana lleva camino de eternizarse por culpa de una justicia apática y poco preparada para los delitos medioambientales. Han pasado 15 largos años y se está, lamentablemente, como al principio.
"ELPAÍS* : Determinar el culpable de la rotura de la balsa en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), una catástrofe medioambiental que supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana, parece una tarea imposible. Esta semana se han cumplido 15 años del desastre ecológico, y la justicia fue incapaz de señalar culpables por la vía penal —este cauce se cerró con 21 técnicos imputados absueltos— pero tampoco ha resuelto aún la vía civil, en la que se dirime el abono de la abultada factura de la limpieza de residuos.
Porque el laberinto judicial ha regresado al inicio, al mismo juzgado que estudió en 2002 la petición de la Junta de Andalucía para que la empresa minera sueca Boliden pagara los 89 millones que costó la reparación de los graves daños ecológicos. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla instruirá el caso después de inhibirse al comienzo. Ha terminado por asumir la investigación después de que el Tribunal Supremo se lo ordenara hace un año. La lentitud de la justicia es patente en esta batalla, y el escenario abierto ahora augura al menos otros siete años hasta su resolución final, ya que es previsible que el caso vuelva al alto tribunal.
“El indeseable peregrinaje sufrido”. Así definió la Sala de Conflictos de Competencia del Supremo esta historia judicial antes de devolver el caso al juzgado sevillano. El pasado otoño la empresa matriz sueca recurrió ante el juez de primera instancia, Francisco Berjano, para que se inhibiera en favor del juzgado mercantil que instruía el concurso de acreedores de su filial española Boliden Apirsa SL. Ante esta maniobra judicial y tras pronunciarse en contra la fiscalía y la Junta, el juzgado ha desestimado la demanda de la firma minera. En un auto, el juzgado aclara que “el proceso se interpuso antes de que Boliden Apirsa, en liquidación, fuera declarada en concurso”.
La empresa sueca ha vuelto a recurrir la decisión judicial, esta vez ante el propio magistrado Berjano. Y este ha preguntado a los administradores concursales para que se pronuncien al respecto, así que en las próximas semanas este ratificará su asunción de competencia inicial. Es previsible que el magistrado asuma definitivamente el caso, dado que el auto contiene una extensa argumentación jurídica.
Y es que la paradoja es excepcional: la demanda de la Junta andaluza para el pago de la factura presentada en 2002 ni siquiera ha sido admitida a trámite, dado que hasta ahora no existía un juez competente. Es decir, ahora se abre la vía para que por fin el juez analice la causa y determine el justo pagador.
Mientras, dado que la Junta andaluza dirigió su demanda contra Boliden Apirsa y sus matrices sueca y holandesa, para así asegurarse que estas últimas paguen tras la liquidación de la filial española, el juez le ordenó que tradujera las ocho cajas de documentos del caso. La Junta se resiste de momento a traducir los 5.000 folios al inglés, una factura que estima en 234.000 euros y que pretende derivar a los tribunales.
En su última memoria anual, la compañía sueca indica que sus abogados en España no prevén “sufrir ningún daño económico como resultado del proceso legal, por lo que no ha hecho provisiones monetarias”.
El colmo del absurdo llegó después de que la empresa decidiera cerrar la mina tras el desastre. Mientras que la Junta iniciaba la petición del dinero empleado en la limpieza, la firma presentó un ERE para prejubilar a 275 extrabajadores que costó 58,6 millones. Dos terceras partes lo abonó la propia Junta gracias al fondo de los ERE.
Cronología del laberinto judicial
2002. Cuatro años tras el desastre ecológico de Aznalcóllar, se cierra en falso la vía penal y la Junta andaluza demanda a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza de residuos. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla se declara incompetente.
2003. La Audiencia de Sevilla respalda la inhibición del juez e insta a resolver el caso por la vía administrativa.
2007. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) apoya a Boliden y la Junta recurre al Tribunal Supremo.
2012. El Supremo ordena que el caso regrese al mismo juzgado sevillano de primera instancia que se inhibió una década antes.
2013. El juzgado asume la competencia e inicia la vía para determinar el pagador de la limpieza de lodos que afectaron a 4.634 hectáreas.
* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO - 27.4.13
Foto: Vista aérea de la fractura de la presa de la minera Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). / TAPA
