La nueva Ley de Costas amplía las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce el peligro por la existencia de los efectos del cambio climático. Además, las enmiendas del PP a la Ley prevén que el Estado asuma parte de las obras para protegerse del agua. Es decir, se hace una Ley mala y, encima, si pasa algo, lo pagamos todos. Vaya caradura!!
"ELPAÍS : Los cambios introducidos por el PP, en el Gobierno, a la nueva Ley de Costas siguen apostando por prorrogar las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce la existencia de una “amenaza por la invasión del mar o de las arenas” entre las que se incluyen “los efectos del cambio climático”.
Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente, calcula que hay unas 10.000 construcciones en dominio público en nuestro país. Sin embargo, apuesta por salvar de la demolición a unas 2.000, que debían derribarse en 2018, para evitar la mala imagen de España en el exterior. Organizaciones conservacionistas y juristas consultados coinciden en que, lejos de acabar con la inseguridad jurídica, se están fijando los mimbres para una avalancha de pleitos.
Las enmiendas del PP a la actual ley costera, vigente desde 1988, buscan adaptar la normativa a los efectos del cambio climático. Lejos de prevenirlo, tienen como punto de partida hechos consumados o graves amenazas. En ellas, concretamente en la 176, se establece que los “derechos de ocupación” de las construcciones que invaden dominio público se van a mantener “siempre que el mar no les alcance o exista un riesgo cierto de que lo haga”. Si se considera que la zona está en “riesgo de regresión grave”, algo que declarará una orden ministerial, el Estado podrá asumir parte de las obras de defensa para protegerlas o imponer contribuciones. Se trata de que “los concesionarios que están en el dominio público en riesgo se beneficien de las actuaciones de protección de la Administración (...) es una colaboración financiera con los particulares beneficiados”, reconoce una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. “Las ocupaciones se pueden mantener siempre que no exista riesgo de que el mar les alcance”, añade.
La reforma, denominada Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, apuesta por conceder permisos para negocios cada cinco años e ir revisándolos. Se contempla también la posibilidad de resolver las autorizaciones “unilateralmente” y “sin derecho a indemnización” cuando se establezca “cierto peligro” de que el mar les alcance.
Una delegación de la Eurocámara visitó España en marzo para investigar 76 quejas recibidas sobre la tramitación de esta ley. En esos encuentros —que mantuvieron con representantes del Gobierno, damnificados y asociaciones no gubernamentales— se interesaron por la situación de los extranjeros afectados, pero también por la vulneración de directivas medioambientales, como la de riesgo de inundaciones.
“Se trata el cambio climático de una forma frívola, si lo tomaran en serio optarían por retranquear la línea de costa y no perpetuar las instalaciones”, contempla Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG WWF. La organización ve “imposible” certificar lo que ocurrirá en los próximos cinco años y mucho menos “frenar el avance del mar” con obras de defensa. “No se está previniendo nada”, añade José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF.
Greenpeace acusa al PP de “falta de rigor”. “No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, ni la isla de Formentera, ni las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley”, subrayaron ayer. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar u ocurran catástrofes, como que el agua alcance viviendas. “Se choca con el más elemental principio de precaución”, advierten.
De momento no hay una memoria económica que analice el coste de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir sus efectos. “Estos tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre”, aconsejan en Greenpeace.
Medio Ambiente precisa que las medidas tienen todavía que concretarse en un reglamento que desarrolle la ley y presume de que su propuesta es “más ambiciosa y proteccionista del dominio público” que cualquiera de las presentadas por cualquier grupo parlamentario en el Congreso o en el Senado. El Gobierno garantiza que se utilizarán “criterios científicos” para determinar esos tramos en riesgo y “no discrecionalidad de la Administración”.
caso a caso", dice un exdirector de Costas
“Para empezar se considera propietarios a las personas que ocupan dominios públicos”, subraya el socialista Hugo Morán, secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. El diputado critica que se conceda un título de propiedad a un plazo que llega a los 75 años y al mismo tiempo el PP pretenda reservarse el derecho de suprimirlo sin exponerse a reclamaciones judiciales. “Todo esto va a dar lugar a un derecho indemnizatorio, es una irresponsabilidad con los afectados que alcanza un grado supino”, añade.
“Se va a macizar la costa al amparo de las infracciones urbanísticas”, aporta José Fernández, director de Costas en la etapa en la que Cristina Narbona (PSOE) fue ministra de Medio Ambiente. “El cambio climático no se puede dejar para ir viéndolo caso por caso, o dejas la costa como está o amplías la protección, no se puede reducir de ninguna manera”, aporta.
Los grupos parlamentarios presentan hoy sus enmiendas a la Ley de Costas en el Senado.
* EL País - Juana Viúdez - 10.4.13
Foto: Edificios en la costa de Moaña (Pontevedra), uno de los dos últimos núcleos que los populares proponen amnistiar. / Lalo R. Villar
Amnistían casas en la playa a sabiendas de la amenaza del mar
Cuando la Iglesia registra a su nombre los edificios que han levantado los vecinos
Varios ayuntamientos en Navarra denuncian que la Iglesia ha registrado como de su propiedad bienes construidos con dinero o colaboración pública. Son casos evidentes de especulación urbanística al confundir el Patrimonio público con el privado.
"ELDIARIO* : Los consistorios reunidos en la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro vuelven a hacer un llamamiento a las entidades locales para reclamar al Arzobispado de Pamplona los bienes que este lleva inscribiendo a su nombre desde el año 1998, en lo que miembros de la plataforma consideran un "auténtico expolio" de patrimonio público".
En el origen de este conflicto que enfrenta al Arzobispado con algunos ayuntamientos y que se repite en todo el estado, está la percepción sobre la propiedad de muchos bienes sin inmatricular (primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad) que, hasta su registro por parte de la Iglesia, los pueblos consideraban como comunes.
Uno de los ayuntamientos que conforman la comisión integrada en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro es el del Valle de Baztan, regido por Garbiñe Elizegi. Considera que desde siempre, "el dinero que se ha invertido en la construcción y arreglo de las casas parroquiales o las iglesias del valle ha sido de los pueblos, bien a través de las aportaciones de los vecinos o del trabajo en auzolan".
Este auzolan, como se conoce en Navarra al trabajo comunitario llevado a cabo por los vecinos y vecinas, es el que está detrás de la limpieza de bosques municipales o la recogida de leña, pero también de la restauración de las casas de las hacedoras, el mantenimiento de cementerios o la construcción de muchas ermitas navarras. Eso, sumado a las aportaciones públicas a través de subvenciones, como por ejemplo, los 321.345 euros concedidos por el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de la ermita de San Martín en Izagaondoa, o a la documentación histórica sobre la titularidad de los bienes, lleva a muchos consistorios y poblaciones a considerar parte de estos propiedad municipal.
Y eso aunque nunca los hubiesen inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que los lugares de culto como ermitas o iglesias no podían ser registrados por nadie hasta 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria. Por otro lado, en el caso de fincas, bosques o viviendas porque, según Pascual Larumbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, "hubo una cierta desidia o inercia sociocultural. La casa del cura era como la casa del maestro, que seguro que en muchos sitios sigue sin inmatricular. Todo el mundo sabe que es una casa mantenida por el pueblo".
Sin embargo, fue el Arzobispado de Pamplona quién registró todos ellos a partir de 1998, gracias a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que rige que la Iglesia Católica, a la que atribuye la misma potestad que a las administraciones públicas, "cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan". Para ello, y de forma unilateral, solo tiene que emitir ella misma, a través de los diocesanos, a los que equipara así a funcionarios públicos, un certificado de propiedad para registrarlos, a pesar de carecer de otros documentos que prueben su titularidad. El coste de este procedimiento ha sido hasta ahora de entre 25 y 30 euros. Los términos de esta reforma de la Ley Hipotecaria vinieron precedidos, según Larumbe, de un "evidente pre acuerdo del Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal".
Según esto, y contrariamente a la opinión del ayuntamiento, la Iglesia se considera propietaria, solo en el valle del Baztan de doce parroquias, ocho ermitas, una basílica, dos fincas y un arbolado que registró a su nombre hasta 2007. En toda Navarra se han producido más de mil registros o inmatriculaciones de bienes de este tipo, Unas inmatriculaciones con las que según Elizegi, la Iglesia "se está apropiando indebidamente de patrimonio público", cosa que, además, ha hecho "a escondidas".
"Que lo decida un juez"
Ante esto, los ayuntamientos se han dirigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio Arzobispado para reclamar la anulación de estas inmatriculaciones y el registro de los bienes a nombre de los municipios. Eso hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Otsagabia al que el Arzobispado recibió con un "que lo decida un juez".
Sin embargo, una reclamación por vía judicial puede suponer para un pequeño consistorio más de 5.000 euros, como los que ha tenido que afrontar el pueblo de Garisoain, de apenas una treintena de vecinos, para recuperar la ermita del Pilar. La Audiencia Provincial de Navarra acaba de fallar en contra de la primera sentencia que atribuía la propiedad al Concejo, pero van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante lo que consideran "un litigio entre la cúpula de la Iglesia y sus feligreses", según Javier Ilzarbe, hasta ahora presidente del Concejo.
El próximo 9 de abril, todos estos consistorios estarán presentes en la asamblea que, a instancia de la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, se ha organizado con el objetivo de acordar "una estrategia común". Una asamblea en la que quede claro, una vez más, según Larumbe, que "lo importante es el corporativismo municipal, que haya una voz unánime sobre que no estamos atacando a nadie sino tratando de recuperar lo que nos han robado. Y eso es competencia directa de los ayuntamientos".
"Muskilda es nuestra"
También en Navarra, el Patronato de Muskilda y la Villa de Otsagabia están a punto de presentar la demanda judicial por la que reclaman la propiedad municipal de esta ermita que el Arzobispado de Pamplona inscribió a su nombre. Este caso no está dentro de aquellos reclamados por la plataforma, por su especial idiosincrasia, pero también se inscribe en la política de inmatriculaciones que el Arzobispado lleva desde 1998.
Sin embargo, la alcaldesa de Otsagabia es rotunda, "Muskilda es nuestra", afirma Marisa Sáez. Considera que este caso es diferente al de la mayor parte de las inmatriculaciones reclamadas por la plataforma, porque "la ermita se rige por un patronato desde hace 600 años. La Iglesia se ha querido meter en Muskilda desde hace tiempo, pero hay sentencias hasta de 1600 que dicen que la ermita es del pueblo que la construyó y la mantuvo en auzolan". La ermita se levanta en terreno municipal y las llaves las tiene la hacedora o ermitaña. El consistorio paga anualmente a un párroco por el culto.
Ante el litigio se muestra optimista, porque considera que tienen "muchas pruebas" de la propiedad municipal de Muskilda. Pruebas que ocupan más de mil folios y que espera que sean las necesarias para que los tribunales les den la razón frente al Arzobispado en un caso "que es muy sangrante y que le duele en el alma a todo el pueblo".
* El Diario - Jara Calvo - 30.3.13
Foto: Protestas frente al Arzobispado de Pamplona / EFE
La Junta de Castilla y León debería retirar el proyecto de Ordenación del Territorio
El autor, catedrático de Geografía de la U.Salamanca, reclama que la Ordenación del Territorio de Castilla y León que promueve su Gobierno sea revisada en profundidad y con cambios sustanciales a los previstos inicialmente.
"VALENTÍN CABERO* : El informe del CES ha venido como lluvia de primavera a deshacer y limpiar las múltiples sombras y errores contenidos en el anteproyecto de Ordenación del Territorio presentado ante las Cortes por la Junta de Castilla y León a finales de 2012. Las observaciones y conclusiones del CES no pueden ser más demoledoras y coinciden en gran medida con las formuladas en su momento por nosotros o con el documento presentado el pasado 20 de marzo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León por el foro Comarcas Si, Distritos NO".
También comparten en sordina esta crítica muchos alcaldes y representantes del PP. Tamaño dislate y despropósito, no sólo de lenguaje, sino también de espíritu y de contenido merece el rechazo cada día más unánime y generalizado.
Ahora, el PSOE, que había firmado un pacto de mínimos acerca de éste y otros problemas regionales, descubre las incoherencias del proyecto y las trampas que encierra. La propia ausencia de la palabra comarca ha dolido a más de un diputado regional, aunque varios representantes del PP, bien parapetados entre el poder de las Diputaciones y el de la Junta, digan que falta tradición comarcal en la región o que sigue primando la identidad provincial. Así nos va en nuestra región. El presidente de la Junta de Castilla y León debería mirar más atentamente a su alrededor y saber cómo abordar con inteligencia y con mirada diagonal problemas de tanta envergadura como la ordenación territorial. Sus colaboradores y delegados territoriales se han expresado con torpeza en sus intervenciones de propaganda pública, porque sencillamente el modelo es inexplicable, confuso y de interpretación territorial imposible. Salta a la vista que algunos políticos bien cercanos a la Presidencia se han pasado de imprudentes e insolentes y, muestran en este tema como en otros muchos, una desconsideración manifiesta hacia la región y hacia sus habitantes.
Precisamente ni las personas que deben ser “el epicentro de la ordenación” ni el propio territorio con su diversidad ambiental y sus desequilibrios internos están presentes en el anteproyecto de la Junta, se subraya en las observaciones del CES. No es, por tanto, “un modelo de ordenación del territorio que venga a resolver problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y de despoblación”. Los argumentos generales y particulares, expuestos detalladamente y con criterios bien razonados en largo informe del CES, son análogos a los que desde el mundo rural y desde los municipios o entidades locales menores ha presentado el foro Comarcas Si, Distritos NO .
Además de lo dicho, las reflexiones del CES son de profundo calado y penetran de lleno en la filosofía política del anteproyecto y en sus principios y conceptos, todos ellos subordinados a un solo mandamiento, “la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera”, olvidando los objetivos fundamentales de la ordenación del territorio: la solidaridad, la equidad y el bienestar de los ciudadanos. No solamente se ponen en cuestión las figuras propuestas como unidades básicas de ordenación por su confusa definición y concepción, sino también porque el anteproyecto no contempla la rica realidad que nos rodea, ni mucho menos la delimitación de espacios intermedios, “marcando límites ajenos a los provinciales actualmente existentes”. En la delimitación y propuesta de comarcalización de 1985 si se contemplaba. Se critica, asimismo, la ausencia de un mapa de de referencia previamente consensuado y delimitado, pues se elimina de este modo la posibilidad de un debate abierto y objetivo sobre bases territoriales reales.
Tanto el CES como el foro Comarcas Si, Distritos No, coinciden en una valoración negativa de la resurrección de las Diputaciones, de la falta de criterios geográficos para la fusión de los municipios, de la seria amenaza a la privatización de los servicios a través de los consorcios, etc, Un problema grave de carácter territorial y geográfico es indudablemente señalar como umbral demográfico de ordenación entre lo rural y lo urbano a los 20.000 habitantes, pues prima una política de ordenación predominantemente de escala urbana, menospreciando núcleos urbanos de tamaño menor de gran significado histórico y geográfico en la región, que hasta el momento han sido considerados decisivos en la articulación y cohesión territorial como cabeceras de comarca. o de un área funcional.
La confusión permanente entre ordenación del territorio y gestión administrativa llama poderosamente la atención al CES, y plantea verdaderas dudas y contradicciones acerca de la adecuación con la legislación vigente, y sobre todo nos revela que el modelo propuesto por la Junta no garantiza los derechos básicos de nuestra ciudadanía ni mucho menos la cohesión social, en particular a las personas que viven en aquellos territorios más desvalidos y despoblados.
En su reflexión final, el Consejo opina por unanimidad que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León debería, por prudencia, paralizarse, pues una buena parte del articulado se verá directamente afectada por la reforma de la Administración Local prevista por el Gobierno del Estado ( Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). En definitiva, un informe bien vertebrado y con observaciones rigurosamente analizadas que recomiendan a la Junta de Castilla y León una propuesta más próxima a los ciudadanos y más comprometida con la compleja y difícil realidad geográfica de la región. ¿A qué espera el señor presidente para retirarlo?
* El Diario - 4.4.13
Foto: El río Duero, uno de los símbolos de Castilla y León.- eldiario
Seis piezas separadas investigan la actividad de Gürtel en Valencia
"ELPAÍS* : El llamado caso de los trajes fue solo la punta del iceberg de la abundante actividad de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, según atestiguan los miles de folios que integran las seis piezas separadas de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Gürtel puso a prueba el sistema judicial español, y ha revelado disfunciones cuando las causas, como en este caso, tienen aforados en más de un territorio, lo que fuerza la división de la investigación en distintos órganos jurisdiccionales.
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron juzgados solo por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta (22 prendas el primero y 16 el segundo) por un montante total de 23.000 euros. Quedó excluido del juicio por jurado el resto de negocios de la trama en Valencia, que finalmente han llegado al Tribunal Superior valenciano.
La primera de las piezas separadas indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte de ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones por parte del Gobierno valenciano. Según los indicios que obran en la causa, las empresas pagaron actos electorales del PP de las campañas electorales municipal y autonómica de 2007, en la que Camps logró la mayoría absoluta, y de las generales de 2008, en las que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy perdió contra su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. En esta pieza está imputada la cúpula del PP en Valencia de la época, incluido Costa, y también el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.
Formalmente, esta pieza esta subdivida en otras dos: una por las elecciones de 2007, en la que se atribuyen de forma indiciaria delitos electorales (el nombre técnico de la financiación ilegal); y la otra por los comicios de 2008, que se sigue por falsificación en documento mercantil pero que el magistrado instructor ya ha adelantado que puede terminar reconvertido igualmente en delito electortal.
El tribunal mantiene abierta otra pieza por el supuesto fraude con motivo de la cobertura televisiva por parte de Canal 9 de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Según la prolija investigación judicial, la trama utilizó a una empresa constructora leonesa sin experiencia en el sector audiovisual, Teconsa, como pantalla para adjudicarse el contrato en connivencia con el exdirector de la televisión autonómica, Pedro García que, como Camps, era íntimo amigo de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la red. De los más de seis millones de euros destinados a la cobertura televisiva, la trama se habría embolsado más de la mitad, tras subcontratar por tres millones los trabajos. El sobrecoste habría sido distribuido en comisiones entre los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, Pérez y el director de Canal 9.
La pieza separada más avanzada, en la que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha dado ya por concluida la instrucción, versa sobre el mayor negocio que la red hizo en el territorio. Se trata de las adjudicaciones, por cinco millones de euros, del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur desde 2005 a 2009. Anticorrupción considera que las cinco ediciones fueron amañadas, y que Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se llevó año tras año los concursos a pesar de no reunir los requisitos para presentarse (en la primera edición), realizar las ofertas más caras (en casi todos los casos) y presentar numerosas facturas duplicadas o con precios hinchados para justificar los gastos.
El amaño, según la fiscalía y la acusación popular de los socialistas valencianos, contó con la colaboración de numerosos cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo. A la cabeza, quien fue consejera de Turismo y después presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aún diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, a pesar de que Anticorrupción solicita 11 años de prisión para ella. Entre los acusados figura otra consejera de Camps, Angélica Such, para quien fiscalía pide inhabilitación, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, para quien ha solicitado otros 11 años de cárcel.
El fin de la instrucción fue recurrida por varios de los imputados, y el procedimiento se encuentra ahora pendiente de que se resuelvan.
La actividad de Gürtel se extendió por casi toda la Generalitat y sus empresas públicas, como demuestra otra de las piezas separadas, en la que figuran más de 70 contratos por cuantías menores. La mayoría fueron adjudicados a dedo por menos de 12.000 euros, según la fiscalía, para esquivar los procedimientos de contratación más exigentes de las Administraciones. Aunque los hechos son similares, aparentemente, a los que se investigan en las adjudicaciones de Fitur, el complejo discurrir procesal de la causa ha hecho que se instruyan de forma separada.
La última de las piezas investiga los supuestos delitos fiscales que la trama habría cometido con motivo de la contratación con la Generalitat y el PP valenciano. Al contrario que en el resto de piezas, en esta sólo están imputados los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Pérez, así como varios de los trabajadores de su entramado empresarial.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 21.3.13
Foto: Francisco Camps y Mariano Rajoy, entre otros, en un mitin del PP en Paterna en mayo de 2007. Sentado a la izquierda, Álvaro Pérez, El Bigotes. / CARLES FRANCESC
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Madrid.- Inundaciones en la sede municipal de Urbanismo
Lo que faltaba por ver, ahora en la sede de Urbanismo de Madrid: inundaciones!! después que el edificio no tenga licencia municipal y no cumpla tampoco la normativa de seguridad. Ahí se nota la nula importancia que da el ayuntamiento de A.Botella a esta actividad esencial en toda ciudad."ELPAÍS* : La sede del área de Urbanismo del Ayto de Madrid, ubicada en el edificio Apot, en Campo de las Naciones, se ha inundado debido a la rotura de una caldera de agua ubicada en la sexta planta. Tras filtrarse por los suelos térmicos, ha dañado la parte de central de los pisos 2, 3 y 4.
La avería se ha producido durante el fin de semana, pero no se ha detectado hasta la primera hora de la mañana de hoy, cuando los empleados del Ayuntamiento han comenzado a acceder a sus puestos. Los bomberos se han desplazado al inmueble, en el número 21 de la calle Ribera del Sena, donde ya han encontrado el edificio desalojado. El consistorio ha ordenado volver a sus domicilios al millar de empleados que trabajan allí hasta que se arregle la avería.
Los servicios técnicos se encuentran en estos momentos evaluando los daños e investigando la causa de la avería. Los servicios de mantenimiento han iniciado los trabajos de reparación de los considerables desperfectos causados después de la gran cantidad de agua que ha estado filtrándose de una planta a otra durante todo el fin de semana. Los responsables del edificio y la gerencia de Urbanismo se han reunido esta mañana para buscar soluciones al incidente.
El Gobierno de Ana Botella lleva meses intentando vender el edificio Apot, que pertenece a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora del Madrid Arena.
El pasado mes de noviembre, 482 empleados de la sede de Urbanismo, ubicada en este inmueble, denunciaron que el edificio carece de licencia y que no cumple las prescripciones de seguridad de los informes técnicos. A mediados de diciembre, y tras obtener una licencia de funcionamiento provisional, el área de Paz González se mudó al edificio.
* El País - F. JAVIER BARROSO - 8 ABR 2013
Foto: Aspecto de un escritorio.- elpais
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El PP rebaja la zona de protección de la costa de 100 a 20 metros
"ELPAÍS* : El PP ha abierto un poco más el coladero de los pecados urbanísticos del litoral y avanza en la privatización de la costa española. Una enmienda a la nueva Ley de Costas reduce en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades autónomas".
Para entrar en este nuevo saco de regularización, las viviendas deben cumplir uno de estos requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.
En el Ministerio de Medio Ambiente explican que este cambio responde a las reclamaciones de Canarias y Galicia, y pretende resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano, pero cumplían con alguno de los requisitos que se establecen en la enmienda. En estos casos, la servidumbre de protección pasará de 100 metros a 20 metros. “Esto quiere decir que en los 80 metros de diferencia, desde la perspectiva de la Ley de Costas, no habrá prohibición para edificar”, explican fuentes de Medio Ambiente, aunque aseguran que no se podrá hacer obra nueva, ni aumentar la edificabilidad.
Los ayuntamientos beneficiarios deberán solicitarlo en el plazo de tres meses desde la aprobación de la norma y el trámite terminará en dos años. Si Medio Ambiente no ha respondido a los 18 meses, se entenderá que su informe es favorable.
“Es un coladero, legaliza todos los incumplimientos”, considera Fernando Palao, exsecretario de Estado con el PSOE y redactor de la Ley de Costas vigente desde 1988. Palao cree que solo quedarán fuera de esta criba las zonas en las que haya alguna casa solitaria. “El problema es cómo se va a aplicar todo eso”, se cuestiona.
La servidumbre de protección de 20 metros era una circunstancia excepcional hasta ahora. Para el abogado José Ortega, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas el mayor problema para desproteger estas zonas se generará cuando llegue a la hora de calcular la superficie consolidada de esas áreas. “No se delimita sobre qué superficie se va a calcular”, subraya.
La propuesta del PP forma parte de las 184 enmiendas a la reforma, bautizada Proyecto de Ley de Protección y uso sostenible del litoral, que se debatirán este mes en el Senado. En el barrio Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), confían en que el cambio al menos les permita ganar tiempo. En este núcleo tienen 21 órdenes de demolición y hay otras 30 viviendas que también podrían recibirla por invadir suelo de dominio público. “La enmienda no se refiere a núcleos con riesgo de demolición. Se trata de núcleos que existen legalmente desde antes de 1988, se encuentran fuera de dominio público y tienen dueños”, precisan en Medio Ambiente.
María Rosa de Haro, senadora del PP por La Palma, aseguró el viernes durante un debate en el Parlamento canario, que esta enmienda, la 182, flexibiliza la servidumbre pública para aquellas zonas que demuestran que cuentan con servicios urbanos. Durante la mesa redonda aportaron las cifras de este problema en las islas: 1.872 casas en dominio público distribuidas en 72 núcleos.
La nueva ley, polémica porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas repartidas en diez núcleos, también incorporará previsiblemente dos nuevos barrios amnistiados: Moaña (Pontevedra), con unos 200 afectados, y Xilxes (Castellón). Ese municipio, con 96 viviendas pendientes de consolidar, se había contemplado en el borrador, pero terminó cayendo de la lista.
Entre las modificaciones, el PP también ha incluido una serie de medidas que contemplan los efectos del cambio climático. Entre ellas está la posibilidad de extinguir el derecho de ocupación de propiedades en riesgo de ser alcanzadas por el mar mediante la declaración de situación de “regresión grave”. Esta condición la determinaría una Orden Ministerial y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. También se fija la obligación de los adjudicatarios de cumplir con los requerimientos para adaptarse a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros aspectos del cambio climático y que los propietarios de terrenos “amenazados por la invasión del mar o las arenas de las playas”, puedan construir obras de defensa.
La playa se reabre a fiestas y otros eventos
Entre los planes del partido del Gobierno para el litoral español se encuentra la posibilidad de celebrar eventos en las playas amparándose en su “interés turístico”. Una de las enmiendas de los populares a la reforma de la Ley de Costas vigente, que data de 1988, prevé que se autoricen estas celebraciones en los tramos urbanos. La modificación no especifica qué tipo de actos tendrán cabida en las playas, algo que previsiblemente desarrollará un reglamento. Sí incide en que se deberá garantizar la “inmediata y completa restauración del tramo ocupado, una vez finalizada la ocupación”.
La celebración de las tradicionales barbacoas en las playas de Cádiz con motivo del Trofeo Carranza ha sido fuente de conflicto entre el ayuntamiento de esa ciudad y la demarcación de Costas. Las analíticas de las arenas hechas en 2006, por ejemplo, convencieron al responsable de que esta fiesta masiva no volviera a celebrarse al año siguiente en las mismas condiciones.
“Las ocupaciones de la playa que se permitan (servicios como restauración, actividades náuticas, etcétera) deberán siempre respetar el uso común de las playas por cualquier ciudadano”, explica una portavoz del ministerio de Medio Ambiente. Esta misma fuente mantiene que, “en ninguna playa de la costa española, que forma parte del dominio público, es posible el uso privado”, tal y como se concibe en la costa italiana. “No hay ninguna privatización de playas o tramos de playas”, aseguran. Entre las actividades citadas por el ministerio se incluyen los chiringuitos, restaurantes, ocupaciones para actividades náuticas...
* El País - Juana Viúdez - 8 ABR 2013
Foto: Vista aérea de las poblaciones de Nules, Moncofar y Xilxes (esta última, incluida por los populares entre los núcleos que quieren salvar con la nueva Ley de Costas) / CARLES FRANCESC
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Málaga.- La 'rapiña' de las zonas verdes
Un 'error' de bulto en el Plan General va a permitir a empresas inmobiliarias unas indemnizaciones millonarias en espacios poco útiles. Mientras, las zonas verdes escasean en una ciudad atrofiada urbanísticamente.
"MÁLAGAHOY* : El propio Ayuntamiento de Málaga, que ahora recurre al Tribunal Supremo para evitar pagar 34 millones de euros por una zona verde, comprada en 2007 por 3,6 millones, fue el que abrió la vía que posibilita que empresas vinculadas al sector inmobiliario le reclamen cantidades millonarias por espacios de escasa o nula utilidad. Varios expertos urbanísticos destacaron que el modo en que se elaboró el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 fijó los cimientos para que los dueños de este tipo de parcelas, consideradas suelo urbano, puedan obtener plusvalías millonarias al exigir su adquisición a la Administración local".
El propio Ayuntamiento de Málaga, que ahora recurre al Tribunal Supremo para evitar pagar 34 millones de euros por una zona verde, comprada en 2007 por 3,6 millones, fue el que abrió la vía que posibilita que empresas vinculadas al sector inmobiliario le reclamen cantidades millonarias por espacios de escasa o nula utilidad. Varios expertos urbanísticos consultados por este periódico destacaron que el modo en que se elaboró el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 fijó los cimientos para que los dueños de este tipo de parcelas, consideradas suelo urbano, puedan obtener plusvalías millonarias al exigir su adquisición a la Administración local.
Legalmente, el Consistorio estaba obligado a expropiar estos sistemas locales en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del planeamiento. Ello, de haberse cumplido, hubiese permitido a Urbanismo hacerse con estos suelos conforme a los valores previos al boom inmobiliario. Sin embargo, la incapacidad del equipo de gobierno del PP para actuar en este sentido posibilitó que ciertas empresas, "conocedoras de cómo funciona el derecho urbanístico", aprovechasen el incremento de los precios para hacerse con estos suelos a un precio muy inferior al que luego demandaron al Ayuntamiento.
"Me consta que hay empresas que han comprado siendo conscientes de la situación jurídica", explicó uno de los expertos consultados, que justificó esta situación en que los citados terrenos no estaban vinculados a unidades de ejecución o sistemas de actuación, lo que hubiese permitido adquirirlos mediante compensaciones con derechos edificatorios. "El plan del 97 se hizo mal", apostilló.
Del comportamiento presuntamente especulativo con el que ciertas empresas decidieron comprar sistemas locales para áreas verdes también tenían conocimiento en la Gerencia de Urbanismo. Muestra de ello es que en el Consejo de Administración de este ente, en abril de 2008, el entonces jefe de Planeamiento y Gestión Urbanística, en el marco de un debate sobre la decisión de crear zonas de tanteo y retracto para evitar lo ocurrido ahora, llegó a admitir que los sistemas locales que estaban pendientes de ser adquiridos "estaban en peligro de ser objeto de una actuación de rapiña, de ser comprados e inmediatamente pedir muchísimo más al Ayuntamiento". Justamente lo ocurrido con el terreno del Colegio El Monte.
Precisamente, este experto está aún a la espera de conocer la decisión del TSJA sobre el contencioso que mantiene con el Ayuntamiento por una expropiación de suelo en Monte Sancha, también zona verde. Mientras el Consistorio tasa la parcela en 900.000 euros y la Comisión Provincial de Valoraciones lo hace en 3,5 millones, el propietario eleva su petición a 22 millones.
El redactor del Plan General de 1997, Damián Quero, justifica el por qué estos sistemas locales no pudieron vincularse a unidades de ejecución. "Estaban incluidos en suelo urbano y era muy complicado desgajarlos, porque eran como piezas aisladas rodeadas de zona verde", explicó. Quero sí señaló que la mayor parte de los sistemas locales se obtuvieron mediante acuerdos con los propietarios, si bien en algunos casos no fue posible este acercamiento. Lo que sí admitió es que si desde el Ayuntamiento se hubiese actuado "antes del boom" probablemente los precios hubiesen sido inferiores. En el nuevo planeamiento, que también lleva su firma, el sistema se modifica, y se vincula la posibilidad de compensar con aprovechamientos la expropiación de sistemas locales.
Más contundente en sus afirmaciones fue Antonio Vargas, decano del Colegio de Arquitectos, quien apunta directamente a "un problema de ineficiente gestión por parte de la maquinaria de la Administración". "La gran maldad del asunto es que se trataba de comprar una zona verde para hacer una zona verde y eso políticamente no renta", añadió, al tiempo que apostilló que si el Ayuntamiento "hubiese hecho los deberes desde 1997 y hubiese obtenido esos suelos por la expropiación, ahora no nos encontraríamos con esta demanda de 34 millones".
¿Por qué entonces el Ayuntamiento no se anticipó al problema? Según la respuesta aportada por el jefe de Planeamiento en 2008, porque "no había tenido fondos suficientes para expropiar todo lo que estaba previsto en el PGOU". Una línea que meses antes, en noviembre de 2007, ya había apuntado el alcalde, Francisco de la Torre, que en otro consejo aludió a la existencia de una serie de prioridades y que "los recursos para expropiación eran los que se disponían". Incluso, en esa sesión, tras destacar la obtención de sistemas generales en el litoral y Churriana, entre otros, llegó a relacionar la incapacidad municipal para hacerse con el resto de suelos con que la Junta de Andalucía "no daba prácticamente ningún recurso presupuestario".
Más reciente en el tiempo, en mayo de 2009, en otro consejo donde se abordó la situación de las expropiaciones de los suelos verdes del entorno del Monte Gibralfaro, el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, aseguró que se estaban destinando del orden de "ocho o diez millones de euros" anuales a la adquisición de estos sistemas locales. "No había habido ni dejadez, ni mala gestión, ni mala política, ni ningún desinterés en la obtención de estos sistemas locales porque lógicamente había que llevar a cabo otras actuaciones en la ciudad", añadió.
* Málaga Hoy - SEBASTIÁN SÁNCHEZ - 4.4.13
Foto: Vista del Monte Gibralfaro, en torno al cual se localizan muchos de estos sistemas locales.- malagahoy
El Supremo condena a la Iglesia por especulación urbanística
La Iglesia también se aprovechó de la época de los grandes pelotazos urbanísticos, en contra de su propia doctrina cristiana de austeridad. En este caso, se trata del Arzobispado de Valencia que vendió a una constructora de viviendas los terrenos que le donó un fiel para hacer un templo.
"PÚBLICO* : San Jerónimo Hermosilla, santo riojano de la iglesia católica, se quedó sin templo en la provincia de Valencia por la especulación urbanística del Arzobispado de la provincia. El Tribunal Supremo ha condenado ahora a esta institución a devolver las donaciones que le hizo un parroquiano de Gandía, José Pascual R.F, que incluían dos solares para elevar una iglesia en honor al referido Jerónimo Hermosilla, un dominico nacido en Santo Domingo de la Calzada que fue decapitado en Vietman en el siglo XIX. Tras la muerte del fiel, la institución eclesiástica no cumplió los deseos del donante y optó por vender el terrenos a una constructora para edificar viviendas".
La Sala Civil del Supremo ha desestimado el recurso del Arzobispado de Valencia contra la sentencia que le condenó a devolver a la familia del donante todo el dinero obtenido con la compraventa de los terrenos, más los 345.402 euros que el mismo fiel les dió en efectivo en limosnas a lo largo de su vida, y otros bienes, acciones y derechos recibidos tras su muerte en cuantía de 120.000 euros. Todo ello con los intereses legales de las cantidades en metálico que deben ser reintegradas, desde la fecha de la donación, si derivan de áquella, y desde la fecha del fallecimiento del testador, las relativas a los bienes heredados.
El 13 septiembre 1993, José Pascual, que no tenía hijos ni otros herederos forzosos, otorgó testamento abierto en el que instituyó como único y universal heredero de sus bienes al Arzobispado de Valencia, si bien determinando el destino de dichos bienes a la construcción de un futuro complejo parroquial dedicado a San Jerónimo Hermosilla.
En concordancia, el 28 septiembre del mismo año, ambas partes convinieron en documento privado, un contrato o compromiso de donación de dos solares, referenciados ya en el testamento, en favor de la Archidiócesis de Valencia, así como la donación de una cantidad de dinero, que se reconoce ya entregada; todo ello, con idéntico destino en orden a la construcción del templo y sus anejos para actividades pastorales.
El 22 octubre de 1993, José Pascual otorgó escritura pública de donación de la parcela de terreno, integrada por los anteriores solares, en favor del Arzobispado de Valencia. La donación es calificada de pura y simple, si bien respecto de la petición de excepciones fiscales se expresa que la finca donada se destinaría a la construcción de un templo.
José Pascual falleció el 3 febrero 1996, procediéndose posteriormente por el Arzobispado de Valencia a la venta de dicha parcela a una constructora de viviendas.
La deriva especuladora del Arzobispado les ha salido por la culata en este caso. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Valencia que declaró nulas las donaciones y la institución de heredero realizadas a favor del Arzobispado, por el incumplimiento de la condición de la construcción del templo de San Jerónimo Hermosilla, condenando al Arzobispado a devolver tanto el dinero obtenido por la venta de la finca donada como el dinero metálico recibido del donante.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, resuelve la cuestión de si eran aplicables al caso las exigencias formales del artículo 633 del Código Civil (escritura pública) para la validez de la donación cuando en ésta se había establecido una carga que no había sido instrumentada claramente en dicha escritura.
Se declaró probado en la instancia que, tanto en el testamento abierto como en los documentos de compromiso de venta de solares celebrados con anterioridad a la escritura pública de donación, se establecía que el destino de los bienes debía ser la construcción de un complejo parroquial, si bien en la escritura pública no se había recogido esta carga, salvo en la parte relativa a la petición de excepciones fiscales, en las que se señalaba el destino.
El Arzobispado pretendió en su recurso que se declarase que esta condición, al no estar en la escritura pública, era ineficaz, con lo que eran válidas las donaciones.
La sentencia recuerda la doctrina de la Sala sobre la exigencia de especial forma para la donación de un bien inmueble, que se aplica fundamentalmente en los supuestos en los que existe una escritura pública de compraventa que resulta ser simulación de una donación, considerando en estos casos que la forma de escritura pública de la compraventa no convalida la donación.
El ponente señala que esta doctrina tenía una limitación que se puntualizó en la reciente sentencia de la Sala de 16 de enero de 2013, en la que se decía que “dicha interpretación puede resultar no determinante en aquellos supuestos en donde la causa donandi, como causa digna de tutela, venga integrada en otros hechos esenciales que diferencien la causa de pedir hacia otros ámbitos de aplicación del Derecho, particularmente del Derecho de sucesiones”.
Este supuesto se produce en el recurso de casación resuelto, en el que la causa donandi resultaba del testamento del donante, causalizando todos los contratos celebrados posteriormente.
Se valora también que en la parte de la escritura pública de donación relativa a la solicitud de excepciones fiscales, se contempla el destino de la donación, hecho que, en una labor de interpretación, determina la voluntad real del donante.
* Público - ANDRÉS MUÑIZ - 5.4.13
Foto: Valencia, arzobispado - sobrevalencia
La Rehabilitación Sostenible como alternativa a Eurovegas
Los políticos que desgobiernan el urbanismo de la Comunidad de Madrid hablan de unas cifras imposibles de cumplir en el caso de Eurovegas, además del lamentable impacto social que puede sobrevenir y la competencia desleal con otras zonas del Territorio que, con toda la razón, reclamarán lo mismo en el pelotazo oficial.
"ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA* : ¿Qué pasaría si todas las ventajas (legislativas, fiscales y financieras etc) que se ofrecen a Eurovegas se redirigieran a la Rehabilitación Sostenible de todo nuestro patrimonio edificado, incluido el turístico? Con esta opción alternativa podríamos abarcar muchos frentes: sin necesidad de dinero exterior, recuperaríamos para una actividad duradera un sector clave para la economía española; tecnológicamente fomentaríamos y exportaríamos investigación en edificación y energías renovables, mejoraría el turismo hacia la calidad y reduciríamos nuestra dependencia energética".
Conseguir de nuestros 20 millones de edificios un mejor funcionamiento energético, accesibilidad y habitabilidad redundaría en beneficio para sus usuarios que verían reducida su factura energética y mejorar su bienestar.
En definitiva, seguiríamos aprovechando el sol, nuestra característica peculiar, aquella en la que somos únicos y sobresalientes en Europa.
Eurovegas no tiene más de 30.000 puestos de trabajo en todo su complejo mundial, por lo que son poco creíbles las cifras de creación de empleo que promete. Sin embargo, la rehabilitación sostenible puede generar, sin necesidad de esperar la dudosa venida de jugadores a nuestro país, más de 150.000 empleos locales directos y más de 200.000 en energías renovables según el Observatorio de la Sostenibilidad en España y el informe de CONAMA 12, y sólo en la Comunidad de Madrid más de 29.000, según su propio Plan de Rehabilitación. Con este potencial de creación de empleo, ¿qué no se podría lograr reduciendo el IBI un 95% a los inmuebles rehabilitados, y reduciendo en la misma proporción el IAE, tal como se dice se ha prometido a Las Vegas Sands? ¿Qué sucedería si se redujera en estas obras hasta un 95% el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; si se hiciera para los edificios rehabilitados como se da a Eurovegas una bonificación anual del 9% en las inversiones por compra de materiales, y una bonificación del 95% en el impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos a los inmuebles rehabilitados, todas ellas prebendas adoptadas para la empresa de juego? ¿Por qué a una empresa extranjera sí, y no a una actividad por la que claman empresarios, profesionales, usuarios y hasta la propia administración?
Algunas de las prebendas solicitadas por Eurovegas no son admisibles en ningún otro sector económico: ¿estaríamos dispuestos a admitir en las empresas de construcción la exención de cuotas a las Seguridad Social de los trabajadores por dos años, y una reducción del 50% en los siguientes tres años? ¿Y si se suprimiera el IVA en transacciones, productos y servicios relacionados con la rehabilitación sostenible, como se pretende hacer creando una “zona franca” en el complejo de Eurovegas?
La inversión necesaria para rehabilitar diez millones de edificios es cifrada en 10.000 millones de euros anuales, que serían aportados por entidades financieras, empresas de servicios energéticos, ahorro de las familias por empresas energéticas y por el Estado, según el informe “Una visión-país para el sector de la edificación en España”. Esta inversión se vería enormemente aligerada con las facilidades que se ofrecen a Eurovegas. Recordemos, por otra parte, que la inversión de Adelson es de 6.000 millones de euros, de los que el 65% habrán de ser aportados por los bancos
Las políticas europeas y todo documento científico advierten de los riesgos ambientales en materia de ampliación de suelo artificial (proyecto Corine Land-Cover). Los problemas no se solucionarán “creando” nuevas emplazamientos aún en la hipótesis de que fueran excelentes, sino actuando sobre lo ya existente. Frente al modelo de creación vertical que sugiere Eurovegas de construir nuevas torres de 10 o 12 plantas para ocio de unos hipotéticos visitantes, se propone un modelo horizontal y compartido para todos de rehabilitación sostenible de nuestros propios edificios. El potencial español en este campo es único, en la producción de energía que tienen los propios edificios, en turismo de calidad, en exportación de investigación y tecnología. Eurovegas está produciendo además un gran rechazo social, que puede seguirse a través de los medios de comunicación, cuando las grietas de nuestra convivencia menos lo aconsejan. El efecto sería el contrario con un modelo de negocio como la rehabilitación sostenible, que reparte bienestar para todos, recupera un sector de empleo abundante en España y nos permite afrontar las crisis con nuestros propios medios y recursos, que los tenemos y en abundancia.
*María Jesús González Díaz, arquitecta, y Emilio Luque, profesor de Medio Ambiente y Sociedad (UNED); miembros del Comité Científico de ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura.
* ASA - Abril 2013
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
El Supremo da la razón a los dueños de las huertas de la Isla de Plasencia
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El gobierno local de Plasencia (Cáceres) calcula que se enfrenta a un gasto de unos 40 millones por antiguas expropiaciones mal realizadas frente al Parque de la Isla.
"ELPERIÓDICO* : Es la peor noticia para las arcas municipales en veinte años. El ayuntamiento la esperaba, pero no oculta su preocupación y supondrá ahora un importante quebradero de cabeza para el concejal de Hacienda porque las dos primeras sentencias del Tribunal Supremo sobre los recursos de los propietarios de las huertas de la Isla dan la razón a estos y elevan por cuatro y por cinco el precio que les debe pagar el ayuntamiento por la antigua expropiación".
Más de 6 millones de euros, más intereses, tendrá que pagar por dos de ellas y hay más recursos pendientes de sentencia.
El alcalde ya ha dicho en más de una ocasión que las huertas podrían suponer un coste de 40 millones de euros al ayuntamiento, imposible de pagar con un presupuesto de 25.
En 2006, la exalcaldesa Elia Blanco no llegó a un acuerdo con los propietarios sobre el valor de las huertas y recurrió al Tribujal del Justiprecio para que fijara su valor. Este las tasó en 2008 en poco más de 9 millones de euros. Los propietarios recurrieron y, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les dio la razón y los valoró en más de 28 millones.
El gobierno de Blanco decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora vuelve a dar la razón a los propietarios y fija valores muy superiores a los que dio el Tribunal del Justiprecio.
Así, una huerta de 4.660 metros cuadrados que el justiprecio valoró en 1.118.361 euros, el Supremo la tasa en 5.428.694,96 euros, casi cinco veces más, con lo que el ayuntamiento tendrá que pagar la diferencia porque ya pagó el justiprecio, más los intereses.
En el caso de la segunda huerta ya con sentencia del Supremo, tiene 2.065 metros cuadrados y el justiprecio la valoró en 495.600 euros, pero el alto tribunal la tasa en 2.405.716,74, con lo que el ayuntamiento deberá pagar 1.910.716. Entre las dos, suman un coste de 6.221.049 euros, siempre más intereses.
El ayuntamiento, que espera una nueva sentencia el martes y otra el 9 de julio, se mostró ayer preocupado. Para el alcalde, las sentencias en contra son "fruto de las malas gestiones del anterior gobierno y de su edil de Urbanismo, Victoria Domíjnguez y, sobre todo, de la incapacidad negociadora de la señora Blanco".
A partir de ahora, se crearán comisiones técnicas para valorar cómo hacer frente a las sentencias y el ayuntamiento tendrá un plazo para notificar al tribunal la solución que adopte.
* El Periódico Extremadura - RAQUEL RODRIGUEZ 06/04/2013
Foto: Algunas de las huertas situadas frente al parque de La Isla.- TONI GUDIEL
Los escraches de la PAH recorren el país
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está incrementando su actividad últimamente con los llamados 'escraches' a políticos ya que, a pesar de tener cerca de un millón y medio de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y el final de las ejecuciones hipotecarias, parece que la clase política-financiera se niega a su aprobación.
"PÚBLICO* : El movimiento contra los desahucios tiene claro que, si quiere que la ILP por la dación en pago, el alquiler social y el final de las ejecuciones hipotecarias no acabe en el fondo de un cajón del Congreso de los Diputados - a pesar de contar con casi un millón y medio de firmas que la avalan-, tiene que continuar con su campaña de información a los diputados que votarán en contra de la iniciativa".
Por eso, este viernes, los escraches de la PAH a diputados del PP se han sucedido en tres ciudades del país: Bilbao, Valencia y Lleida. Mientras, en Madrid, los activistas se preparan para practicar otra acción a las 18.00 horas de esta tarde en la plaza de Manuel Becerra.
Miembros de la plataforma Stop Desahucios Bizkaia se han concentrado ante la sede del PP de Bilbao con la habitual cartelería que simula los botones rojo y verde con los que se votan las normas en el Congreso. Entre gritos de "sí se puede. No se quiere" los activistas ha ascendido hasta la planta en la que está ubicada la sede, donde han hecho entrega de un documento en el que reiteraban sus prácticas pacíficas. "Jamás hemos ejercido la violencia", decía el documento que ha que ha sido recogido por un empleado de seguridad. También les invitaban a asistir a las asambleas para comprobar "el drama" de las familias desahuciadas.
La portavoz del colectivo, Marta Uriarte, ha anunciado que el próximo escrache será este jueves en el Parlamento vasco en Vitoria y, además, ha advertido de que estas protestas no sólo se van a centrar en el PP, sino que también tienen "otros objetivos como el dirigente de un importante banco en Euskadi que está desahuciando y que dijo que no iba a seguir desahuciando", en relación al presidente de Kutxabank, Mario Fernández.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha llevado su protesta al barrio valenciano del diputado 'popular' en el Congreso Ignacio Gil-Lázaro, con un escrache informativo apoyado por cerca de medio centenar de personas.
La marcha se ha dirigido a la calle Mestre Racional y, aunque desde la plataforma se ha dicho que desconocían el domicilio del diputado, se ha detenido ante una vivienda de esta calle. Allí han leído un manifiesto para reclamar el apoyo a la ILP y exigir a Gil-Lázaro que se salte la disciplina de voto de su formación en el congreso y apoye ILP.
"Nos tememos, salvo que haya un giro de última hora, que las medidas de la ILP van a quedar tumbadas por el PP". Por eso, "vamos a seguir movilizándonos", han advertido desde la plataforma. "Que cada vez que Gil-Lázaro vaya a por el pan o a la tienda, vea el botón verde de sí se puede", han dicho. Así, con la ayuda de un megáfono, portavoces de la plataforma han hecho saber a los vecinos del barrio que allí vive el diputado del PP que tienen en sus manos "la responsabilidad de cambiar" la ley hipotecaria española.
Lleida: si el diputado no va a las asambleas...
Medio centenar de personas han participado en el escrache frente al domicilio del diputado del PP por Lleida, José Ignacio Llorens.
Según ha informado el portavoz de la PAH en Lleida, Eduard Baches, esta acción se realizado porque Llorens es el único de los cuatro diputados leridanos que no ha respondido a su invitación a participar en las asambleas que celebra la plataforma antes de que se celebre la votación sobre la ILP. Los diputados leridanos en el Congreso que sí han respondido a la invitación de la PAH son Conxita Tarruella y Mar Solsona (CiU) y Teresa Cunillera (PSC).
"Llorens ha sido el único que ni se ha molestado en contestar al menos a nuestra petición, por lo que hemos decidido realizar esta acción ante su casa, donde hemos celebrado una pequeña asamblea en la que 10 personas ha explicado su caso personal y hemos cantando Imagine de John Lennon como muestra de nuestra voluntad pacífica y de transparencia democrática", ha explicado Baches.
En este sentido, el portavoz de la PAH ha criticado a quienes están "criminalizando" los escraches que realizan afectados por desahucios. "Nuestro objetivo es que conozca este drama humano que está afectando a tanta gente y que escuche, antes de votar la ILP, lo que están pasando los ciudadanos de su circunscripción", ha concluido Baches.
* PÚblico - 5.4.13
Foto: Activistas de la PAH de Valencia durante es escrache al diputado del PP Gil-Lázaro.- REUTERS
El Gobierno privatiza las ayudas del nuevo Plan de Vivienda
Esto ya es lo que faltaba por ver en este Gobierno absolutamente desnortado y vendido a la acción especulativa financiera, tanto de dentro como de fuera del país. Ahora pretende privatizar la financiación pública para las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Es decir: es el fin del Urbanismo, considerado como actividad pública para el beneficio de todos los ciudadanos de un territorio, según dice la propia Constitución.
"PÚBLICO* : El Gobierno ha anunciado este viernes un programa de medidas para el sector inmobiliario con una inversión cercana a los 2.500 millones, de los que 1.500 millones irán destinados a facilitar el acceso a la vivienda y otros 627 millones a la rehabilitación y la eficiencia energética".
Medidas que los sindicatos han tachado de oportunistas, ya que, según su interpretación, el Ejecutivo aprovecha la crisis "para recortar, mercantilizar y liberalizar las ayudas abriendo la posibilidad de financiación privada para las actuaciones de rehabilitación y regeneración y renovación urbana".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas 2013-2016 y, fundamentalmente, el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana tendrán un efecto dinamizador en la economía y el empleo. Su puesta en marcha generará, según el cálculo del Gobierno, 32.000 empleos gracias a las ayudas directas, lo que unido al efecto multiplicador elevará la creación de trabajo hasta los 105.000 empleos. De hecho, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo directos y por cada 1.000 euros de ayuda directa se genera una inversión de 3.300 euros.
Sin embargo, UGT considera que estas medidas "no servirán para potenciar esta actividad ni para generar empleo si no se realizan las inversiones adecuadas" y las inicitvas del Gobierno son "insuficientes". El sindicato critica que se supriman las ayudas para la adquisición de vivienda y para la construcción de hogares protegidos para venta, y que al mismo tiempo se abra la puerta a que empresas privadas participen en la gestión y financiación del plan.
Se llega a dar prioridad a las actuaciones con aportación del sector empresarial, indica UGT en un comunicado, y "en ciertos casos se posibilita la privatización encubierta de infraestructuras y servicios públicos".
El objetivo de este paquete de medidas es garantizar la flexibilidad a una vivienda "digna y adecuada" para paliar la situación de los colectivos más vulnerables, mejorar el estado de conservación y la calidad de los pisos y la reconversión de un sector como el de la construcción, ha señalado la titular de Fomento.
Todo ello en un contexto marcado por un parque de 26 millones de viviendas (15 millones de ellas con más de 30 años y 6 millones con 50 años de antigüedad) y un mercado del alquiler que representa tan solo el 17%, muy por debajo del 83% de la vivienda en propiedad.
El nuevo plan de vivienda facilitará el acceso al alquiler para personas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (indicador público de rentas múltiples) con un alquiler mensual igual o inferior a los 600 euros y unas ayudas de hasta el 40% de la renta con un límite de 1.200 euros/año por vivienda.
Este plan beneficiará a 133.000 personas, preferentemente aquellas que han sido desahuciadas. Asimismo, se incluirán ayudas de subsidiación para la compra de vivienda gracias al pago de parte de los intereses a las personas que tienen una hipoteca.
UGT recuerda que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 destinados a Vivienda ya habían anticipado la desaparición de las ayudas a la compra, y que desde 2011 (444 millones de euros) las partidas presupuestarias de Vivienda han disminuido un 36,7 %.
Aunque ven "coherente" la reducción con la crisis, también señalan que un plan cuatrimestral "debería realizar inversiones a medio plazo que garanticen el derecho a un hogar", especialmente en materia de rehabilitación y regeneración.
* Público - 5.4.13
Foto: Consejo Ministros, con la responsable de Fomento, A.Pastor - agencias
El ‘pelotazo’ del Bernabéu, bajo la lupa
La Comisión Europea investiga la ampliación del estadio del Real Madrid, un controvertido proyecto que ha sido posible gracias a una modificación del Plan General de Urbanismo, aprobada en noviembre de 2011, y que también ha sido denunciada por Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"ELPAÍS* : Lo que para el anterior alcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fue una operación perfectamente legal que supuso “un beneficio para la ciudad”, para la Comisión Europea puede constituir un pelotazo urbanístico, o lo que es lo mismo, una ayuda ilegal del Ayuntamiento al Real Madrid, que podría superar los 200 millones".
Fuentes comunitarias han confirmado que los servicios de Competencia han recibido y están examinando dos operaciones cerradas entre ambas instituciones en julio y en diciembre de 2011. “Estamos analizando la información disponible. La Comisión no ha decidido aún si abrirá una investigación formal”, dijo el portavoz de Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia. “Hemos recibido otras quejas por parte de otras entidades o particulares sobre distintos clubes en distintos Estados miembros”, añadió.
El supuesto pelotazo del Real Madrid ya se conocía desde hace tiempo, pero Bruselas confirmó ayer su interés en el tema después de que el diario británico The Independent lo hiciera público en su edición de hoy.
La Comisión abrió en su día una investigación formal sobre la venta de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que posibilitó la construcción de las cuatro torres de la Castellana. La cerró en 2004, al no hallar indicios de delito. Pero no solo el club español centra el interés de Bruselas: también estudia posibles ayudas ilegales a equipos de otros países, aunque por ahora sólo ha abierto una investigación formal al PSV Eindhoven y otros cuatro equipos holandeses, que recibieron presuntamente ayudas ilegales de las autoridades de su país entre 2010 y 2011 por valor de hasta 60 millones de euros.
En el Ayuntamiento se malician que las “quejas” sobre el Real Madrid podrían provenir de otros equipos, principalmente ingleses, toda vez que la investigación podría extenderse en breve a clubes como el Manchester y el Chelsea. Sin embargo, declinaron proporcionar información alguna sobre el tema, alegando que se trata de una investigación de la Comisión.
En noviembre de 2011, mes y medio antes de convertirse en ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón dio luz verde a una operación urbanística que permitirá al Real Madrid cubrir el estadio Santiago Bernabéu; construir un centro comercial y hotelero en la fachada que da al paseo de la Castellana; y hacer un aparcamiento subterráneo de 600 plazas.
El centro comercial ocupará 12.250 metros cuadrados de edificabilidad. Cubrir el estadio aumentará además la superficie edificable en otros 14.073 metros cuadrados. Pese a que la cubierta no tiene aprovechamiento comercial, sí computa como superficie edificable dentro de la operación.
Para compensar este aumento de superficie a su favor, el club se comprometió a tirar abajo y convertir en parque el centro comercial de la Esquina del Bernabéu, un inmueble de 6.858 metros cuadrados edificado en la fachada del estadio que da a las calles de Concha Espina y de Padre Damián.
Ahora bien, la Esquina del Bernabéu tiene la mitad de superficie edificable que el nuevo centro comercial de la Castellana. No basta para cuadrar la operación.
Así que el club tuvo que ceder, además, cuatro parcelas en la calle de Mercedes Arteaga, (Carabanchel), con una superficie de 5.577 metros cuadrados y que estaban destinadas a levantar chalets pareados. El Ayuntamiento dedicará esos terrenos a parque y equipamientos del barrio de Opañel.
En resumen: Nuevo centro comercial = 12.250 metros cuadrados. Esquina del Bernabéu + cuatro parcelas de Carabanchel = 12.435 metros cuadrados. La operación ya cuadraba. Además, el club hubo de abonar 6,6 millones de euros en metálico.
La operación cuadraba, sí. Pero en cuanto a superficie, no en cuanto al valor de los terrenos. Porque el suelo de la Esquina del Bernabéu no vale lo mismo que la mitad del futuro centro comercial aunque la superficie sea igual.
Y, sobre todo, porque las parcelas del distrito de Carabanchel no pueden equipararse económicamente a la otra mitad del nuevo centro comercial, aunque su superficie también coincida. ¿Cuánto valen esos solares? 4,4 millones; es decir, 790 euros por metro cuadrado, muy lejos del precio de mercado del suelo de Castellana.
El Ayuntamiento era consciente de este desequilibrio económico, lo que en el argot de una charla de bar sería un pelotazo. De hecho, nunca lo negó. Su explicación fue que el club no iba a ganar ni un euro en la operación porque tendría que invertir cerca de 200 millones en la construcción del nuevo centro comercial. Pero claro, una vez construido, los beneficios de su explotación irían directamente a sus arcas. El Ayuntamiento no vería ni un euro.
Correcto. Pero, según el Ayuntamiento, se crearían casi 3.000 empleos directos o indirectos (2.300 en la obra y 600 después). Además, el nuevo estadio atraerá turistas y aportará ingresos vía impuestos. Y no sólo eso: además, constituye “una apuesta por el Real Madrid”, y “favorece a esa marca”, lo que “beneficia a toda la ciudad”, según el Ayuntamiento.
Una parcela vale su peso en oro
Las parcelas de la calle de Mercedes Arteaga, en Carabanchel, con las que el Madrid pagó en noviembre de 2011 una parte de la operación urbanística del Santiago Bernabéu eran hasta julio de ese año propiedad del Ayuntamiento. De hecho, se puede decir que al club le salió casi gratis el supuesto pelotazo, lo que también está investigando Bruselas.
En julio de 2011, el Ayuntamiento saldó una vieja deuda con el Real Madrid. La entonces edil de Urbanismo, Pilar Martínez (ahora directora general de Vivienda del Gobierno), aprovechó que el club quería negociar la reforma de su estadio para forzarle a cerrar antes los flecos de operaciones anteriores.
Esta en concreto se refiere a los convenios que permitieron convertir la antigua ciudad deportiva en las cuatro torres de la Castellana. Entonces, el Ayuntamiento, regido por José María Álvarez del Manzano (PP), cometió un error inexplicable en el intercambio de terrenos. Entregó al club una parcela de uso deportivo de carácter básico; es decir, de titularidad pública. Por definición, no podía pasar a manos privadas. Tardó 13 años en reparar esa equivocación, y ese retraso le costó muy caro.
En julio de 2011, compensó al fin al club por haberle entregado una parcela equivocada. Pero ese solar, que en su momento valía 488.000 euros, se había encarecido hasta los 22,7 millones.
Y eso es lo que le costó al Ayuntamiento el error. No lo pagó en metálico, sino con la entrega de otros terrenos. Entre ellos, las parcelas de la calle de Mercedes Arteaga. Le dio además otro solar en Valdebebas (3.000 metros cuadrados para oficinas u hotel) y una superficie de 3.600 metros cuadrados que en realidad es una franja de tres metros de ancho alrededor del Santiago Bernabéu en la que ya están construidos los pilares de la tercera grada y las torres de evacuación. Antes, el club solo tenía derecho a usar ese terreno; así, pasaba además a ser de su propiedad.
Esta última cesión está sujeta a una investigación judicial.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / LUIS DONCEL Madrid / Bruselas 3 ABR 2013
Foto: Recreación elaborada por el Real Madrid de la imagen del futuro estadio del paseo de la Castellana. / REAL MADRID
Castellón.- El sueño fallido de Alberto Fabra
El exalcalde de Castellón, ahora presidente de la Generalitat valenciana, anunció en 2003 el megaproyecto de expansión de la ciudad con el fallido PAI Mestrets y todavía continúa la lucha vecinal.
"ELPAÍS* : “Castellón no se puede permitir el modo de vida que han elegido, sus casas van a ser derribadas”. Cristóbal recuerda de memoria la frase que el ahora presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pronunció en una de las primeras reuniones con los vecinos afectados por el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad, de casi un millón de metros cuadrados para 6.295 viviendas (la mitad de VPO) en una zona de masets tradicionales".
El programa incluía terrenos anexos en otros puntos de la ciudad para construir el centro de convenciones de Santiago Calatrava, la sede de la VIU de Frank Gehry, la ronda oeste y la ciudad deportiva, pero cargando a medio centenar de vecinos con el coste de las dotaciones.
La frase que cita Cristóbal la corroboran media decena de vecinos más. Son una parte de quienes decidieron emprender una batalla legal contra el PAI que continúa a día de hoy. Residen en la zona oeste de la ciudad, cerca del campus universitario, y en las paredes todavía se leen pintadas de aquellos años de lucha.
Fabra era, en aquella reunión, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón. Con él nació este gran plan que se anunció antes de las elecciones municipales de 2003 y que integró la mayor parte de sus compromisos en los comicios siguientes. El PAI despertó una oposición vecinal nunca vista hasta entonces: no hubo pleno en cinco años al que no acudieran los propietarios afectados.
Mestrets era el gran sueño de Alberto Fabra para Castellón, pero diez años después, la justicia y la crisis han bloqueado este desarrollo urbanístico. El Consell ha descartado levantar el rectorado de la VIU y el centro de Calatrava auspiciados en la época en la que nacieron la mayor parte de los proyectos faraónicos de la Generalitat. La ronda se ha construido al desvincularse del plan. Y el PGOU, anulado, deja también sin soporte al PAI.
El portavoz del equipo de gobierno y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, sostiene que cuando la economía mejore y las empresas puedan afrontarlo, Mestrets seguirá adelante. Pero las expectativas se han topado con la realidad. El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), agente urbanizador, acaba de suspender durante dos años, prorrogables a otros dos, la construcción de la mayor parte de las viviendas. El proyecto, cuya previsión era desarrollarse en pocos meses, se ha eternizado y su viabilidad es discutible.
El proyecto requería del desalojo y derribo de medio centenar de viviendas levantadas algunas a principios del siglo XX en zona no urbanizable, pero contando con los servicios y pagando contribución urbana. El 80% optó en su día por el acuerdo. “Se pactaron indemnizaciones por las casas, pero no se han cumplido y no se ha cobrado”, explica José Antonio Felip, presidente de la asociación de vecinos Mestrets-Poble Sec. “Entonces decían que se iba a hacer muy rápido y la gente pactó por no quedarse sin nada”, apunta. Fue el inicio de la degradación de la zona: algunas casas fueron okupadas y otras derribadas. “No te puedes ir porque pierdes la casa, ahora hay más okupas que residentes”, dice Clemente Agost, uno del 20% de vecinos restantes que apostó por la vía legal.
José Antonio Felip explica que la gente se marchó porque desde el Ayuntamiento, con Alberto Fabra a la cabeza, insistían en que las obras eran inminentes. “A mí me falló la salud y tomé la decisión de marcharme. Ahora no puedo volver a mi casa”, dice Ángela Salax, portavoz de los afectados por el PAI. No es la única que habla de la angustia vivida en aquellos años. Todos los afectados pasaron por tratamiento psicológico y se acuñó el síndrome Mestrets.
“Entonces, que te tocara un PAI así en tu finca era como que si te tocara la lotería, el problema aquí es que afectaba a la vivienda”, sostiene el abogado urbanista Vicente García Nebot. Para él, el que se cargara a los vecinos con el coste de las dotaciones de otros puntos de la ciudad no fue más que “una estrategia para obligar a vender” la finca a las constructoras. “Fue lo que hizo la mayor parte”, recuerda.
La oposición en el Ayuntamiento de Castellón insiste en que este proyecto debe adecuarse a la realidad y replantearse de nuevo. Hasta que llegue ese día, los vecinos que resisten en sus casas respiran algo más tranquilos: “El año pasado hice obras en mi casa, antes no me atrevía por si te la tiraban después”.
10 años de lucha
El anuncio. En 2003 se anunció el proyecto estrella para la ciudad de Castellón, que incluía más de 6.000 viviendas y obras como el centro de convenciones de Santiago Calatrava y el rectorado de la VIU de Frank Gehry, a costa de derribar medio centenar de casas.
Los vecinos. Unas 30 familias pactaron indemnizaciones por abandonar sus viviendas. Otras 20 protestaron durante cinco años en todos los plenos hasta que fueron a los tribunales. Los primeros no han cobrado todavía, los segundos siguen luchando para evitar el PAI.
El fallo. En 2008 el Tribunal Superior de Justicia anuló el PAI por vulnerar el principio de distribución y cargas urbanísticas. En septiembre de 2012 el Supremo ordenó devolver el caso al tribunal por no contar con las alegaciones de una parte de los vecinos.
* El País - LORENA ORTEGA - 1.4.13
Foto: Vecinos afectados por el PAI Mestrets de Castellón contemplan los terrenos que iban a ser urbanizados. / ÀNGEL SÁNCHEZ
“La Ley de Costas se ha hecho con hermetismo para beneficiar determinados intereses”
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La nueva Ley de Costas aprobada es un auténtico despropósito en cuanto a mayor protección, se privatizan muchos espacios públicos para favorecer intereses privados, no se ha contado con especialistas y organizaciones implicadas... y todo hace pensar que detrás está la oscura mano de la Corrupción. Así la afirma también Greenpeace.
"INFOLIBRE* : La organización ecologista Greenpeace lo tiene claro. Detrás de Ley de Costas, aprobada el pasado febrero en el Congreso con el único apoyo del PP, hay unos "intereses privados" encaminados a favorecer a determinadas personas ligadas al partido que sustenta al Gobierno. Al menos, eso es lo que sostienen en el polémico informe en el que vinculan al ministro Miguel Arias Cañete y a exdirigintes del PP como Abel Matutes o Gabriel Cañellas con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas".
La portavoz de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, sostiene en una entrevista a infoLibre que la nueva legislación favorece a los que han "especulado con el suelo" y obvia el cuidado del ecosistema costero.
En su informe denuncian que la Ley de Costas se ha hecho a medida para beneficiar a determinados políticos ligados al PP. ¿En qué basan esta acusación?
El caso más clamoroso, y el que nos puso en alerta, es el de la salinas. En una conferencia, el exministro de Exteriores, Albel Matutes dijo sobre la Ley de Costas que era un desarrollo sobre el que había trabajado "mucho". Este señor es vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE y dueño del Grupo Matutes, que tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de salinas en Ibiza. La ley propone ahora sin justificación su devolución a manos privadas, pues el proyecto de reforma incluye un nuevo apartado en la disposición transitoria primera que dice que las salinas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre. Esto es sólo una muestra de que la ley se ha hecho para beneficiar determinados intereses y del hermetismo con el que se ha llevado a cabo.
¿A qué se refiere con ese hermetismo?
Los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (patronal, sindicatos y organizaciones ecologistas) sólo vimos el borrador el mismo día que la reforma se presentó en el Consejo de Ministros, el pasado julio. Después sí se abrió un periodo de participación pública en una fecha un poco rara, pues coincidió con el mes de agosto. Y eso después de que lo demandáramos todos menos la CEOE, que celebró al dedillo el borrador. Eso hace pensar que quizá ellos [los empresarios] sí pudieron participar en su elaboración. Después, lo único que recibimos es un acuse de recibo de nuestras alegaciones y no supimos nada más hasta que por un chivatazo nos enteramos de que la ley iba a ir de nuevo al Consejo de Ministros. Tampoco se ha consultado a la comunidad científica.
De su investigación, ¿quiénes se deduce entonces que son los principales beneficiados?
Están todos en el informe: Villar Mir (ministro de Hacienda entre 1975 y 1976), familiares del titular de Agricultura Miguel Arias Cañete, el propio Abel Matutes, Gabriel Cañellas... aunque suponemos que hay más de los que hemos podido llegar a descubrir. La ley de 1988 necesitaba una vuelta, pero que sirviera para troteger más el medio ambiente y lo que hace la nueva no es precisamente eso. Además, está está elaborada con tantas sombras que es difícil saber cómo va a quedar finalmente.
¿Sostienen que esta nueva legislación –aprobada el pasado febrero en el Congreso– no ha sido hecha teniendo en cuenta el interés general?
Totalmente. Lo último que hace es cuidar el ecosistema costero y apreciar su valor como medio natural. Se ha pasado una de las principales líneas rojas, pues se amplía a 75 años la moratoria para casas construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre (las playas). Y además estos podrán venderlas, que antes estaba prohibido, e incluso hacer reformas. Es decir, los que han especulado con el suelo tienen el beneplácito de la Administración, van a ver consolidadas construcciones que son ilegales. También supone una privatización de la costa, pues se recorta la protección del litoral, que ahora era de 20 metros para dentro y se lleva hasta los 100. Así, de esta manera en muchos tramos de rías atlánticas se podrán ocupar sus márgenes. Esto beneficia a gente que tiene negocios en la costa como Juan Miguel Villar Mir u otros tantos con conexiones políticas.
El Gobierno, sin embargo, siempre ha sostenido que esta ley atraerá la inversión. Y es un argumento que puede calar fácilmente en especial si se tiene en cuenta el tiempo de crisis. ¿Cómo lo rebaten ustedes?
En 2007 se proyectaban tres millones de viviendas y ahora tenemos una de las tasas de paro más altas de la UE, estamos en el grupo de países que están al borde del rescate... pensar que ese tipo de desarrollo nos va a hacer ricos no es muy inteligente.
* InfoLibre - ELENA HERRERA - 2.4.13
Foto: Algarrobico ILEGAL pintado por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)
El Consejo de Europa critica a España por gastos municipales “irracionales”
Algo que aquí se sabe desde hace años, la tremenda corrupción en los municipios (y autonomías) que han procurado proyectos faraónicos despilfarradores, culpables en la mayoría de los casos de la inmensa deuda municipal (autonómica). Ahora ha llegado hasta el lento y burocrático Consejo Europeo.
"ELPAÍS* : El Consejo de Europa ha tomado nota de dos de los temas que más alteran a la opinión pública española: “El aumento de casos de corrupción política que están causando verdaderos estragos en la credibilidad de las instituciones, y la gestión de algunas regiones y gobiernos locales en relación con prácticas irracionales de gasto”. En esas prácticas incluyen “la construcción de faraónicos proyectos o el pago de enormes salarios a algunos políticos locales y regionales, entre otros dispendios”.
Lo mantiene el informe Democracia local y regional en España, cuyas conclusiones fueron publicadas por el organismo con sede en Estrasburgo el 21 de marzo. El texto completo, de 50 folios, hace un repaso exhaustivo a la organización municipal y lamenta la existencia de sueldos desmedidos de los cargos electos, por lo que recomienda su regulación y su limitación con un techo máximo.
Junto a la corrupción, el análisis del organismo europeo señala la crisis del sector inmobiliario como el origen de los males de las finanzas públicas. Muestra preocupación en especial por las circunstancias que han disparado la deuda acumulada por algunos Ayuntamientos, sobre todo con bancos y contratistas privados “en respuesta a las políticas expansivas presupuestarias relacionadas con el electoralismo, el endeudamiento excesivo y la burbuja de la vivienda”. Como último dato aporta los números rojos de finales de 2009 de la hacienda local española, 7.885 millones (hoy la deuda ha aumentado hasta los 8.252 millones de euros).
Al repasar la organización territorial en España, el estudio asegura además que “la ola de Estatutos ha demostrado ser poco exitosa”, sobre todo en relación con el de Cataluña. Tras mencionar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, considera que “solo una profunda revisión de la Constitución podría alterar la situación actual”.
Los autores, Marc Cools, presidente de la Unión de ciudades de Bélgica y Leen Verbeek, gobernador de la provincia holandesa de Flevolard, confeccionaron su informe a partir de dos visitas a España (Sevilla, Toledo y Madrid) celebradas en junio de 2012 y enero de 2013. Durante ellas hablaron con representantes del Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Ayuntamientos y asociaciones, que les trasladaron ejemplos concretos de esos proyectos faraónicos que los autores se guardaron de mencionar en el documento. Léase el archifamoso aeropuerto sin aviones de Castellón o la Cidade da Cultura gallega, un pozo que ya ha consumido 300 millones y que la Xunta de Galicia acaba de bloquear.
Al Consejo de Europa no se le escapa que el Gobierno de Mariano Rajoy está asumiendo un papel decisivo en la organización territorial con “tendencia a la recentralización”. Se trata de una política que, en su opinión, “no encuentra una fuerte resistencia de las autoridades” gracias a un mapa electoral dominado por el Partido Popular.
En cuanto a la reforma de los Ayuntamientos, valora positivamente que se establezcan criterios claros sobre quién debe asumir qué competencias. Sin embargo, apunta a que el asunto “podría provocar una reducción de la capacidad de las autoridades locales para adaptarse a las necesidades de la población”. Porque prohibir a los municipios que ejerzan competencias en servicios sociales podría “entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local”. Y lo que es peor, amenaza con crear “una distinción entre municipios ricos y pobres, estando los primeros más capacitados para asumir nuevas responsabilidades”, y los segundos limitados a seguir sobreviviendo. Solo ven una salida para que esto no suceda: que el Estado se rasque el bolsillo y financie “adecuadamente” las ciudades y pueblos y permita mejorar la autonomía fiscal de los municipios. Por ejemplo, reemplazando impuestos suspendidos como el Impuesto de Actividades Económicas por otros “que permitan un nivel similar de ingresos”.
* El País - MARÍA FERNÁNDEZ - 30.3.13
Foto: Consejo de Europa
La PAH ocupa en Salt (Girona) un bloque de viviendas de un banco rescatado
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La ocupación de edificios vacíos pertenecientes a entidades financieras rescatadas con dinero público, parece de sentido común, ya que estos bancos, además, continúan con los desahucios indiscriminados, algo prohibido ya por la UE.
"DIAGONAL* : El viernes 22 por la tarde, unas 200 personas convocadas por la PAH de Girona entraron y recuperaron el edificio de la calle Doctor Castany, 91-93 en el municipio gerundense de Salt, así como en las tierras de su entorno frente al Hospital de Santa Caterina. Desde la azotea y los balcones desplegaron pancartas y banderolas en defensa del derecho a la vivienda".
Una patrulla de mossos d' Esquadra hizo acto de presencia ante la finca, pero la policía municipal de Salt comunicó a la PAH que no había previsión de ninguna intervención policial esa noche. Poco después de las 21h sólo quedaban policías de paisano. Este bloque de pisos de reciente construcción es propiedad del Banco Mare Nostrum, resultado de la fusión de Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra.
Esta entidad recibió el pasado 12 de marzo una inyección de 730 millones de euros por parte del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB), que se suma a una aportación total estatal de 1.647 millones de euros, que equivalen al 75,86% de las acciones del banco. El ministro de Economía, Luis de Guindos, fue vocal del consejo de administración y presidente de la comisión de auditoría de esta entidad.
A pesar de ser rescatada con fondos públicos, y de propiedad estatal en su mayoría, la entidad financiera continúa desahuciando familias de sus casas y participando de procesos de especulación urbanística. Tras una primera noche tranquila, durante todo el fin de semana se prepararon actividades para visibilizar la acción y para acondicionar el espacio para las familias y la gente necesitada que ya se está instalando.
Apoyo de 21 entidades
La acción se enmarca dentro de la campaña de la Obra Social de la PAH, y cuenta también con el apoyo de Al Carrer! (Red de lucha por la transformación social), que ya han emitido un comunicado donde llaman a concentrarse delante del edificio para resistir cualquier intento de desalojo cautelar. Independientes por Salt , ICV-EUiA de Salt, CUP de Girona, Red de Lucha por los Derechos Sociales, Justicia y Paz, la Coordinadora de ONGs Solidarias y CGT también han mostrado su solidaridad con la acción, entre un total de 21 entidades.
Artículo publicado originalmente en la web de La Directa
* Rebelión - Diagonal/La Directa - 29.3.13
Foto: Ocupación PAH - lavanguardia
La Xunta paraliza la Cidade da Cultura, el sueño megalómano de Fraga
El proyecto faraónico de Fraga se queda sin acabar, después del despilfarro de 300 millones euros y de haber recibido unánimes críticas de toda la ciudadanía, que no acertaba a comprender semejante obra megalómana en un lugar tan apartado de Santiago de Compostela y sin una necesidad definida.
"INFOLIBRE* : El presidente de la Xunta, A.Núñez Feijóo, ha dado orden de paralizar las obras de la Cidade de Cultura, el multimillonario sueño faraónico de Manuel Fraga que ha costado al erario hasta la fecha casi 300 millones de euros. Con la medida, la Xunta se ahorrará 175 millones de euros, la inversión que era necesaria para levantar los dos edificios pendientes del complejo del Monte Gaiás, el Centro de Arte Internacional y el Teatro de la Música. Feijóo ejecuta así un acuerdo adoptado en la Cámara gallega.
Tras la reunión semanal de su Gobierno, el presidente gallego ha explicado que la Xunta contactará después de Semana Santa con las adjudicatarias –dos uniones temporales de empresas (UTE) constituidas por Acciona y Copasa y Acciona, Copasa y OHL, respectivamente– para ratificar una decisión "que ya conocían", puesto que implícitamente se ratificaba en el Plan Gaiás 2012-2018 y que ahora se "explicita" de forma definitiva.
En cuanto a las indemnizaciones que supondrá para la Administración autonómica parar de forma definitiva estos edificios y que, según los cálculos de los socialistas ascenderán a más de 18 millones de euros, Núñez Feijóo ha optado por el "silencio prudente" y ha rechazado concretar cifras para garantizar la "capacidad de negociación" de la Xunta. Será una cuantía "mínima", ha garantizado, en comparación con los 170 millones que significaría llevar adelante los edificios.
Tras concretar en 287 millones la inversión en el complejo hasta el momento, ha admitido que habló en la pasada jornada con el alcalde de Santiago, Ángel Currás, sobre este asunto, al que le ratificó su decisión, aunque ha asegurado no saber "qué hará el presidente de Galicia en 2017". "Estoy seguro de que esa pregunta se hará", ha añadido, convencido de que los gallegos y los santiagueses entienden que en este momento parar las obras es lo adecuado.
* InfoLibre - 27.3.13
Foto: Santiago de Compostela, estado final Cidade da Cultura (archivo) - elpais
