ELDIARIO* : Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.
Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de "asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales.
Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.
Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una "alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa". "Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración".
El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.
En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, "el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal", dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, "sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro".
La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido 'sobresueldos' a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen "un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo".
Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.
El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Gurtel' y ha abierto una pieza separada para investigar el 'caso Bárcenas'. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.
* El Diario - Carlos Fonseca - 11.3.13
Foto: Bárcenas - eltiempodehoy
El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP
Santiago.- Investigan los fichajes que hizo Conde Roa para urbanismo
LAVOZDEGALICIA* : La declaración del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP) ante la jueza que instruye la operación Pokémon y su secuela, la Manga, promete ser igual de larga que el registro que realizaron los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la casa del que hasta once meses fue regidor de la ciudad, cuando tuvo que dimitir al destaparse que había defraudado a Hacienda. Duró cuatro horas, que bien podría necesitar la magistrada para el interrogatorio de Conde Roa, ya que tocará varios extremos. Desde sus relaciones con Aquagest, Vendex y con otra de las empresas investigadas, GRS Arc Local, a la presunta corrupción urbanística. Concretamente, el exalcalde compostelano será preguntado por el convenio que se empeñó en aprobar para la urbanización de la denominada Finca do Espiño, que la oposición tildó de pelotazo urbanístico y que la propia dirección gallega del PP forzó a rechazar al sucesor de Conde Roa, Ángel Currás.
Pero no es solo este convenio urbanístico el que preocupa a la jueza de Lugo que instruye el caso. Según fuentes judiciales, Pilar de Lara también está investigando los fichajes de altos cargos que se realizaron en el Concello de Santiago durante la breve época en la que Gerardo Conde Roa tuvo el bastón de mando. Especialmente, el de uno de los responsables de la planificación urbanística municipal. Las pesquisas pretenden esclarecer si en estos nombramientos influyeron presiones del sector privado, interesado en contar con altos cargos afines en Raxoi.
Precisamente, el eje de todas las presuntas tramas de corrupción investigadas en Santiago son las relaciones excesivamente cordiales que a juicio de la magistrada existían entre algunos miembros de la corporación municipal y empresas privadas con contratos públicos.
¿Más imputaciones?
El nuevo giro hacia la presunta corrupción urbanística que ha tomado la investigación de los casos Pokémon y Manga ha vuelto a avivar los temores en el Concello de Santiago a que se produzcan nuevas imputaciones. Un miedo que es aún mayor, por motivos obvios, en el área de Urbanismo, que dirige María Pardo, una de las dos concejalas de la máxima confianza del alcalde, Ángel Currás, quien tiene en esta edila, que es además la portavoz municipal del PP, y en Reyes Leis, responsable de Economía, a sus dos mayores colaboradoras.
La de Conde Roa no será la única declaración de mañana en Lugo. Después de él volverá a responder a la jueza Albino Vázquez, que dimitió como concejal de Seguridad tras su detención y la imposición de 15.000 euros de fianza. No se descartan otros testimonios.
* La Voz de Galicia - X. MELCHOR / M. CHEDA - 3.3.13
Foto: El proyecto urbanístico para la Finca do Espiño incluye la rehabilitación del palacete modernista. Á. BALLESTEROS
El despilfarro de la Ley de Costas
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : La reforma de la Ley de Costas, que en la actualidad está en trámite en el Senado, no solo desprotege una parte significativa del litoral y abre la puerta a su privatización. Supone además un despilfarro de dinero. Si la reforma entra en vigor, se tirarán por la borda buena parte los 180 millones de euros empleados para deslindar la costa, según denuncia Ecologistas en Acción.
A lo largo de los últimos veinticinco años, las administraciones públicas desarrollaron largos y complicados trámites para delimitar las franjas de costa que son públicas. Se establecieron Dominios Públicos Marítimos Terrestres (DPMT) en la primera línea del litoral, seguidos de zonas de servidumbre de diferente longitud. Para fijar estas áreas de protección, es decir, para efectuar los trámites de deslinde, fueron necesarios estudios sobre el terreno, fotografías aéreas, informes técnicos y, en muchas ocasiones, procesos judiciales y pago de compensaciones.
Ecologistas en Acción calcula, en base a datos oficiales de inversión y estimaciones propias, que esos deslindes costaron cerca de 180 millones. Una cantidad que será desperdiciada, en buena medida, si la reforma de la Ley de Costas pasa los trámites de aprobación en el Senado como ya lo hizo en el Congreso de los Diputados.
La reforma incluye arbitrariedades y vaguedades que abren la puerta a la anulación de deslindes. Excluye, por ejemplo, determinados núcleos de población del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Una exclusión que es grave en si misma, pero que además, se reclame la misma excepción en otros puntos del litoral, con los consiguientes procesos judiciales y administrativos. La reforma presentada permite además la desafección de zonas que quedan al interior de los paseos marítimos, poniendo en riesgo la protección actual de las zonas de servidumbre frente a la especulación urbanística
Estas y otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad jurídica con la nueva reforma, en caso de ser aprobada. Y llevarán a anular el trabajo realizado por profesionales de la administración pública para proteger el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados, precisamente por el carácter ambiguo de la reforma. Pero, en todo caso, supondrá un gasto de tiempo y de dinero poco coherente con la supuesta política de austeridad a toda costa promovida por el Gobierno.
Nota: Los cálculos han sido realizados en base a datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y de los Presupuestos Generales del Estado.
La Disposición adicional tercera de la reforma, que trata sobre el deslinde en determinados paseos marítimos, reza así: La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
* Ecologistas En Acción - 7.3.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace2006
Las Palmas.- El Supremo admite el recurso de los vecinos y reabre el caso del Canódromo
LAPROVINCIA* : El caso del Canódromo ha vuelto a la vida en el Tribunal Supremo (TS). La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de casación que la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta) interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se defendía la legalidad del Plan Especial del Canódromo.
La comunidad vecinal de Schamann, que comenzó la disputa contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace ya diez años al creer que la decisión de construir 120 viviendas en dos torres saturaba un barrio ya de por sí atestado de inmuebles y con pocos espacios públicos, ha resucitado de esta forma un asunto que en mayo del año pasado parecía completamente cerrado.
En aquel mes, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, atendiendo a un fallo del Tribunal Supremo fechado el 16 de diciembre de 2011, revisaba su decisión inicial de estimar la demanda de Avecalta en la que se impugnaba el acuerdo del Ayuntamiento de finales de 2003, por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación del Canódromo y los planes generales de ordenación de 2000 y 2005.
En su revisión, el TSJC dio un giro de 180 grados y le otorgó la razón a la Corporación, desestimando los argumentos de los vecinos y desbloqueando la construcción de las torres, paralizada desde 2008.
A los vecinos solo les quedaba una opción para seguir plantando batalla al plan urbanístico que transformó 13.000 metros cuadrados del parque del Canódromo en suelo residencial, a saber: un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo que debía basarse, según la sentencia del TSJC de 2012, en "normas de Derecho estatal o europeo".
Los vecinos han hecho posible lo que parecía imposible al conseguir que se reabra completamente el debate judicial sobre la construcción de las torres. Hasta tal punto parecía cerrado el caso tras el fallo del TSJC que, el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, -a su vez responsable de Urbanismo entre los años 1999 y 2003 y uno de los impulsores del Plan Especial del Canódromo- afirmó al enterarse del fallo judicial que servía para "poner las cosas en su sitio" y permitía "acabar con tanto daño que se ha hecho a la ciudad y a tantas personas".
Las reacciones a aquella sentencia llegaron hasta Madrid, donde el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue regidor de la ciudad durante la tramitación de este plan urbanístico, aseguró que se habían "puesto las cosas en su sitio y a algunos en su lugar". Asimismo, sostuvo que la decisión judicial era el "fin a una etapa de mentiras, de falsedades, creadas precisamente para dañar a quien entonces era alcalde, José Manuel Soria".
El auto del Tribunal Supremo, que abre de nuevo el debate jurídico, está fechado el pasado 7 de febrero de 2013 y tiene como ponente al magistrado Mariano de Oro-Pulido y López.
En su resolución, el Alto Tribunal admite íntegramente a trámite los seis motivos de impugnación planteados contra la sentencia del TSJC y que conducen, según su argumentación, a que se haya podido vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos y que se les haya creado una situación de indefensión con el nuevo fallo judicial.
* La Provincia - B. Valcarce / M. Reyes - 8.3.13
Foto: Las torres del Canódromo se alzan en una esquina del parque ubicado en el barrio de Schamann. | yaiza socorro
La Xunta perdona la demolición del asilo ilegal promovido por Baltar
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ELPAÍS/Ourense* : El edificio se inició sin licencia, en suelo no urbanizable y con el doble de la altura máxima permitida.
El asilo ilegal financiado por Baltar con fondos públicos para la empresa de uno de sus alcaldes se va de rositas. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ha archivado el expediente de reposición de la legalidad urbanística que ordenó al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (600 habitantes) la ejecución inmediata del derribo de la inacabada residencia de ancianos que perturba el montañoso paisaje del Macizo Central. El negocio, planificado en el año 2000 en pleno culmen de la burbuja inmobiliaria, era redondo: Baltar pagó la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde cedió terrenos municipales gratis y la empresa de otro exalcalde baltarista se quedaría con la gestión del asilo. Pero nunca fue rematado. El proyecto se presupuestó en más de 1,3 millones de euros, aunque solo se ejecutaron 662.000 a través de subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense. El esqueleto del geriátrico lleva más de un lustro esperando una artimaña legal que permita rematar la edificación en medio de la aldea de Celeiros (70 vecinos) para cederlo gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la poderosa familia Candal, que acaba de recuperar la alcaldía del ayuntamiento ourensano de Vilamartín de Valdeorras a través de una moción de censura.
El subdirector de la APLU ordenó el archivo del expediente que certificó la ilegalidad y ordenó la demolición. El rosario de incumplimientos legales descrito por la agencia urbanística que ahora hace la vista gorda es interminable: la construcción se levanta en terreno rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997 (que solo permite obrar en suelo urbano consolidado en municipios sin plan de urbanismo), se inició sin autorización administrativa, duplica la altura máxima permitida (siete metros), no incluye la obligatoria previsión de aparcamientos, nunca se aprobó un expediente de delimitación del terreno y, además, excede la ocupación máxima de la parcela. La agencia urbanística concluyó que las obras no eran legalizables, por lo que ordenó el derribo en una resolución de octubre de 2010.
El plazo máximo para ejecutar la demolición era de tres meses. Dos años después el edificio no ha sido derribado. La mole continúa impertérrita en medio de la montaña ourensana. A pesar de ello, la Xunta archiva el caso y deja en manos del alcalde, Francisco Rodríguez (PP), el obligado cumplimiento de la ley. El documento recuerda al regidor que “debe adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística en el ejercicio de sus competencias”. Además, el Ayuntamiento de Chandrexa pagó multas coercitivas de 1.000 euros impuestas por la directora de la agencia por no materializar el derribo.
El mismo alcalde al que ahora se encarga la tarea de cumplir la ley, presentó varias alegaciones contra las resoluciones de la APLU. Unas resoluciones que, tras la visita de una inspectora, dictaminaron que el diseño del centro geriátrico “no se adapta al ambiente en que está situado” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto natural”. El regidor llegó a cambiar la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados, pero la certificación del Catastro señala que tiene 3.371 metros. Todas las alegaciones fueron desestimadas por la misma agencia que ahora da carpetazo al caso.
Dos clanes políticos muy unidos
Una vez finalizado, el asilo ilegal de Chandrexa de Queixa iba a ser gestionado por la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial creado en 1975 por Manuel Candal, exalcalde del PP en Vilamartín de Valdeorras. Nunca pudo ver el proyecto finalizado. Falleció en 2009 en medio de un proceso judicial que le encausó por un presunto delito de prevaricación. La relación entre la familia Baltar y la familia Candal es muy estrecha. Un busto de Baltar padre colocado en un pedestal de dos metros de altura preside la entrada a la sede de la empresa de los Candal. La placa colocada bajo el busto honra al “benefactor” cacique ourensano. Además uno de los puentes que atraviesa el río Sil a su paso por la localidad fue bautizado con el nombre del exbarón. Los Candal, como los Baltar, también se perpetúan en las instituciones a través de sucesiones dinásticas. Candal padre fue el fervoroso alcalde baltarista de Vilamartín durante 36 años. Su hija, María Jesusa, ha ocupado esa alcaldía en dos ocasiones, aunque nunca fue elegida en las urnas. Heredó el puesto en 2009 tras la muerte de su progenitor. En las últimas elecciones locales perdió el bastón de mando y el PSdeG accedió al gobierno siendo la lista más votada. Pero el pasado 20 de enero de 2013, Candal hija recobró el control del Ayuntamiento a través de una moción de censura amparada por Baltar y apoyada en los votos de dos ediles de Alianza Popular Galega (APG). Además, fue una de las regidoras que estuvo vitoreando a Baltar padre en la puerta del juzgado el día que prestó declaración ante el magistrado que investiga los enchufes masivos.
Ignacio Candal, el otro hijo del sempiterno alcalde valdeorrés, entró a trabajar en la Diputación ourensana como técnico superior en desarrollo local y fondos europeos tras superar una oposición en 2009. También forma parte de la dirección del conglomerado empresarial familiar que aún aspira a hacerse con la residencia ilegal pagada con fondos públicos.
* El País - PABLO TABOADA Ourense 6 MAR 2013
Foto: Aldea de Celeiros, con el asilo inacabado al fondo, dominada por el Macizo Central. / NACHO GÓMEZ
Por los suelos y en el aire
LNE/Gijón* : El Plan General de Ordenación (PGO) generó suelo urbanizable en la zona rural para construir más de 7.000 pisos. Veintiún promotores y algunas de las familias con más solera de Asturias tomaron el control de este terreno para garantizar su participación en el futuro crecimiento de la ciudad. Con la anulación del planeamiento urbanístico, las parcelas que adquirieron en tiempos de bonanza económica e inmobiliaria, llegando a pagar hasta 200 euros por metro en algunas zonas, queda en el aire. La nueva sentencia contra el PGO les pilla, además, en plenas negociaciones con los bancos, que poco a poco van tomando el control de algunas operaciones.
Quienes durante años clamaron por llevar la expansión de la ciudad más allá de la Ronda Sur se encuentran ahora en una encrucijada de la que algunas empresas no han conseguido salir. Según argumentaban a principios de 2000, las reservas de suelo urbanizable se quedando cortas ante la fuerte demanda de un mercado inmobiliario que entonces estaba en plena ebullición. Y el Plan General aprobado en 2005, así como el que lo sustituyó en 2011, atendieron ese planteamiento introduciendo grandes manchas edificables en la zona rural.
Pero el mercado de la vivienda acabó reventando. Los tribunales hicieron el resto. Y, hasta que el Ayuntamiento no enderece la situación, el urbanismo gijonés tiene ante sí un futuro incierto. A continuación se detalla la situación de las principales operaciones pendientes:
l Castiello de Bernueces. Es la operación más potente del Plan General de Ordenación y también la única que cuenta con aprobación definitiva por parte del Pleno municipal. La obtuvo antes de que se produjese la primera anulación judicial del PGO en verano de 2009. En su ámbito de actuación, de 948.664 metros cuadrados, tienen suelo Construcciones Prieto, San Bernardo, Durbelan, Esbelso, Moro, Interprovincial (familia Cosmen), Blima Deneb, La Lloseta de Deva, Promociones Cascos, Los Sauces, Rendueles López, Villa de Jovellanos, Rubiera y Varas, San Lorenzo y Quintas de Viesques.
Para poder desarrollar conjuntamente esta operación de casi 4.000 viviendas, la mayor de iniciativa privada prevista en el concejo, decidieron constituirse en una sociedad civil de la que también forman parte Covibarges, con sede en Madrid y propietario asturiano, o Reyal Urbis, ahora inmerso en el segundo concurso de acreedores más grande de España. La crisis también ha dejado por el camino a Arcisa, Fontela Gestión -vinculada al presidente de la patronal de la construcción, Serafín Abilio Martínez- o Construcciones Orcema.
La revisión del PGO anunciada por el gobierno municipal, en caso de que se altere la calificación del terreno o su edificabilidad, salpica por tanto a «medio sector» de la construcción asturiana. La sociedad de Bernueces -integrada también por la Fundación de Escuelas Cristianas y varios particulares- se ampara en la aprobación definitiva del plan parcial para hacer valer sus derechos patrimoniales sobre el suelo, que estiman en unos 70 millones de euros. Sólo en gastos de gestión llevan asumidos más de 7. El asunto ya está en manos de abogados, «por lo que pueda pasar».
l Cabueñes. Uno de los planes más polémicos del PGO. De hecho, ha pasado varias veces por los tribunales. El gobierno de Foro, que ahora lo mete en el saco de su revisión integral del PGO, le dio aprobación inicial al proyecto hace unos meses. La operación abarca una superficie de 254.000 metros cuadrados, donde la gallega Lomas-Barajas controla el 49,15 por ciento del suelo junto a Reyal-Urbis, cuya participación caerá muy posiblemente en manos de los bancos.
En Cabueñes están posicionados, además, Promociones Moro (a través también de Playa de Gijón), el Ayuntamiento y Beyos y Ponga. La filial de Cajastur para asuntos inmobiliarios desaparecerá en cuanto la entidad asturiana, como parte de Liberbank, transfiera sus activos tóxicos -solares, pisos y créditos con riesgo de impago- al «banco malo».
Al igual que ocurre en Castiello, las entidades financieras tendrán, a corto plazo, voz y voto en la operación. La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes -como se conoce en la parroquia a la urbanización de 600 pisos que el PGO proyecta entre el hospital y el Parque Científico Tecnológico- solicita al Ayuntamiento que elimine la operación.
l Granda. Detrás del proyecto de hacer 1.200 viviendas a orillas de la senda fluvial, en el entorno inmediato del enlace de la Autovía Minera, se encuentra Covibarges. En Castiello tiene una participación de apenas el 3 por ciento. En el caso de Granda, sin embargo, la empresa del asturiano Armando Rodríguez Vallina lidera la operación.
Lo que ahora queda en el aire es la ordenación urbanística de 337.000 metros cuadrados de terreno, del que también son propietarios Rubiera y Varas, Promociones Rendueles, Dursa, el Grupo Maya y Duro Felguera. La inversión por compra de suelo en el plan parcial de Granda, al que Foro también ha dado su aprobación inicial, supera «con creces» los 50 millones de euros.
Al igual que ocurre con otros urbanizables, los actuales dueños del suelo se preparan para plantar batalla a cualquier revisión del PGO que lesione sus intereses. No sólo hablan de derechos edificatorios o patrimoniales. Están en juego también -según advierte el sector- las negociaciones con los bancos para ampliar créditos o entregar las parcelas como dación en pago.
l Porceyo. Este plan parcial apenas ha despertado interés en el sector de la construcción. Hasta el punto de que hay quien lo da directamente por parado. La ficha del PGO lo divide en cuatro núcleos, que suman 184.000 de suelo edificable para 1.200 viviendas. A día de hoy, sólo los vecinos de la parroquia mencionan esta operación cuando se habla del PGO.
l Alto del Infanzón. Nunca generó grandes polémicas, porque la mayor parte del ámbito de actuación de este plan parcial no cambió de manos. Los dueños originales de las parcelas participan en la promoción de los casi 500 chalés que les permite construir el PGO que ahora se anula. Aunque, al frente de la operación, se sitúa Promociones Cascos y la familia Figaredo.
De los 616.569 metros cuadrados recalificados en el Alto del Infanzón, coronando la parroquia de Somió, son para uso residencial -de baja densidad- apenas 74.000. El resto del terreno se destinará a servicios, viales y zonas verdes. El proyecto de urbanización ya ha superado su tramitación inicial y ahora está pendiente del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
Expertos en urbanismo aseguran que, actualmente, este plan parcial es el más viable a nivel económico y urbanístico. Los propietarios del suelo esperaban culminar las gestiones administrativas en este primer semestre del año. Aunque, con la anulación del PGO, desconocen qué piensa hacer el Ayuntamiento.
* LNE - Miriam SUÁREZ - 7.3.13
Foto: Vista de la ciudad desde los terrenos donde está previsto desarrollar el plan del Infanzón.- lne
El pinchazo de la burbuja hospitalaria
ELPAÍS* : Centros proyectados en época de bonanza languidecen a medio construir o cerrados.
Solo hay que subir a una pequeña loma a las afueras del nuevo barrio residencial de Santa María de Benquerencia, a cinco minutos del centro de Toledo, para asombrarse ante las proporciones del que iba a ser “el mayor hospital de Europa”. Dependiendo de la perspectiva, el conjunto, de 360.000 metros cuadrados repartidos en 10 edificios, empequeñece hasta la magnificencia del Alcázar que corona el casco histórico. “Le puedo decir exactamente cuánto tiempo llevan las obras paradas, 13 meses, los mismos que lleva mi hija en el paro”, se lamenta Luis Gómez, de 64 años, junto a la valla metálica que protege la gigantesca carcasa de cemento que es ahora el hospital. La hija de Gómez, administrativa de 27 años, fue una del medio millar de trabajadores que se quedó en la calle después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidiera paralizar las obras y rescindir los contratos a las constructoras a finales de 2011. María Dolores de Cospedal, recién llegada a la presidencia, anunciaba a la prensa que “no hay dinero” para sacar adelante el proyecto tal y como estaba concebido. Para entonces ya se habían gastado 140 millones y se había ejecutado el 30% de la obra, iniciada cinco años antes.
El megahospital de Toledo destaca por sus cifras abrumadoras —36 quirófanos, 800 habitaciones, 200 salas de consulta...—, pero lo cierto es que muchos municipios lucen solares o esqueletos de hormigón sin obreros donde se prometieron flamantes hospitales. También hay edificios terminados que no se inauguran porque ponerlos en marcha asfixiaría aún más las maltrechas arcas regionales. El problema es que ni así salen baratos: el hospital de Collado Villalba, en Madrid, cuesta 900.000 euros por cada mes que permanece cerrado. Pese a que no funciona, el Gobierno regional está obligado a pagar el canon a Capio, la empresa que lo ha construido y lo gestionará durante 30 años.
Las promesas electorales de nuevos hospitales en regiones de toda España se convirtieron en una constante en el periodo que Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, llama “la década prodigiosa de crecimiento económico reciente”, hasta el año 2008. Una época, añade, en la que “podemos identificar arquetipos de mal gobierno a la hora de abordar inversiones poco meditadas y temerarias, localismo en el desarrollo de centros y carteras de servicio y abandono de referentes técnicos en la planificación de oferta”. Llegó la crisis, y la burbuja hospitalaria, como las demás, también pinchó. Aquellas promesas son las losas que ahora asfixian muchos presupuestos regionales. Los mismos que no dejan de recortarse en sanidad, la partida hasta hace muy poco intocable, que ha perdido 6.700 millones desde 2010. Menos personal, más listas de espera, cierre de urgencias rurales, material de peor calidad...
Muchos expertos se preguntan si eran necesarios todos los hospitales que se proyectaron en esa época. El servicio de salud valenciano sigue funcionando —bien, según sus responsables— pese a que los hospitales de Llíria y Gandia están acabados pero precintados y los de Torrent, Vall d’Uixó, Peñíscola, Ontinyent y Benidorm no pasaron de su condición de proyectos.
“Sin duda, los intereses cortoplacistas —electorales— han jugado un papel muy importante”, señala Oliva, que no circunscribe su reflexión a Valencia, sino a toda España. “Sobre hasta qué punto muchas de estas inversiones estaban o no justificadas, es muy difícil saberlo sin disponer de la información adecuada. Y, por desgracia, en el último periodo económico expansivo, la propaganda tomó la delantera a la información, especialmente cerca de elecciones, en lo que respecta a la actividad de muchos ministerios y consejerías”, añade.
Ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre irrumpió en la campaña de 2003 con una osada promesa: construir nada menos que siete hospitales en una legislatura. Uno de ellos era en realidad el traslado del Puerta de Hierro, situado en un edificio obsoleto a las afueras de la capital, a un nuevo emplazamiento en Majadahonda. Los otros seis eran completamente nuevos, es decir, iban a atender a población que hasta entonces se desplazaba a otros barrios o municipios para ir al especialista. Los contratos de concesión de obra pública —modelo inglés: las empresas construyen y proveen los servicios no sanitarios y la construcción no computa como deuda para el déficit— se adjudicaron en 2005. No estuvieron listos para la siguiente campaña electoral, pero Aguirre, en un insólito maratón inaugurador, consiguió abrirlos todos con apenas un mes de diferencia en 2008. Justo a tiempo para esquivar la crisis.
¿Eran necesarios? ¿Se diseñaron de acuerdo a algún plan? Si lo hubo, no llegó a la opinión pública. Solo cinco años después de inaugurarlos, Madrid acaba de presentar un plan de ahorro que incluye la privatización total de la gestión de esos seis hospitales y que viene a asumir que sobran dos centros de la capital, el Carlos III y La Princesa. El primero se quiere transformar en un centro de media y larga estancia. El segundo iba a ser, hasta que las protestas de la marea blanca hicieron recular al Gobierno regional, un centro especializado en mayores de 75 años. Es decir, hacen falta recursos sanitarios para una población envejecida.
“En el caso de Madrid, lo que está claro es que no hubo una planificación seria”, afirma Félix Lobo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III. “No hay un solo documento en el que se sustente una operación de tantos hospitales a la vez. He pedido el plan de infraestructuras sanitarias a la Consejería y no he conseguido nada. Un alto cargo me ha reconocido que no existe. No puedo saber si eran necesarios o no, nadie puede saberlo. Y solo eso ya es gravísimo. ¿Dónde está la planificación sanitaria?”, se pregunta. “Podría muy bien ocurrir que alguno no fuera necesario. De hecho, parece que ya se está notando un exceso de capacidad, con hospitales tradicionales con plantas vacías y menos actividad”, añade.
Aguirre consiguió sacar adelante el primer paquete de hospitales. En su segunda campaña electoral prometió cuatro más, estos de gestión enteramente privada. Móstoles y Torrejón de Ardoz ya están en funcionamiento. El de Carabanchel se desestimó y fue sustituido por un acuerdo para que el hospital militar Gómez Ulla atendiera a los vecinos de la zona. El cuarto, el de Collado Villalba, es el perfecto ejemplo del pinchazo de la burbuja. Aguirre llegó a declarar la obra de “interés general” para acelerar los trámites urbanísticos. Ahora, ya construido, se mantiene cerrado al menos hasta diciembre.
Capio, la adjudicataria de este último centro, asegura que se halla cerrado por razones ajenas a ella. Los 900.000 euros mensuales que recibe del gobierno madrileño los obtiene como compensación por mantener “el hospital y sus equipamientos en perfectas condiciones en previsión de una próxima apertura”. El dinero que percibe, asegura la compañía, “representa un esfuerzo económico” para ella “ya que está por debajo de la cifra de explotación del centro si estuviera abierto”, lo que representa “el mayor interés de la empresa”.
“El crecimiento de hospitales no es homogéneo por comunidades”, afirma Salvador Peiró, del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), un organismo que depende de la Generalitat valenciana. “Se concentra en Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía, aunque en esta última son los llamados hospitales de alta resolución, que prácticamente no tienen camas”. En su opinión, el incremento del gasto sanitario fue “extremadamente clientelar”, en ocasiones se asoció a estrategias urbanísticas —“generar un área de desarrollo urbanístico explica algunas decisiones de por qué se han hecho y dónde se han colocado los hospitales nuevos”— y llevó al “despilfarro”.
Hay ejemplos de hospitales con las obras paradas o acabados y sin abrir en muchas regiones. El nuevo centro hospitalario de Vigo, el área sanitaria más saturada de Galicia, está paralizado desde el verano. La estructura principal ya está construida, pero la Xunta lleva meses buscando financiación. El nuevo hospital de Cáceres se anunció por primera vez en 2002, se licitó en 2006 y aún está a medio construir y con las obras paradas desde abril. El Gobierno actual, del PP, “ante la falta de ingresos, y con la losa del déficit heredado” ha apostado por la colaboración público-privada como “la única fórmula posible en el actual escenario”, señala una portavoz. El hospital de Salamanca lleva en barbecho desde mediados de 2011, pero según la Junta de Castilla y León no se debe a problemas de financiación sino a la necesidad de desviar un colector en la parcela. Lo cierto es que estaba previsto inaugurarlo en 2014 y ya se ha retrasado hasta 2017.
Castilla-La Mancha se ha propuesto sacar adelante en esta legislatura el hospital de Toledo, pero no lo hará siguiendo el “desproporcionado” plan funcional del anterior Gobierno (del PSOE), explica una portavoz. No ofrece detalles sobre cómo será el nuevo proyecto, pero una versión del plan encargado por Cospedal a la consultora Mensor habla de acabar solo por fuera algunos edificios y dejar sin ocupar sectores que suman más de 400 camas. La portavoz señala que la última versión puede ser diferente y que la empresa no cobrará los más de 60.000 euros que ha costado el plan funcional (adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad) hasta que entregue el definitivo. La oposición socialista denuncia que el centro tenía la financiación comprometida y que Cospedal paralizó la obra por razones políticas.
El hospital de Toledo sigue adelante, anuncia repetidamente el consejero de Sanidad castellanomanchego, José Ignacio Echániz, pero otros dos centros con obras en punto muerto, en Guadalajara y Cuenca, tendrán que esperar. “El nuevo Gobierno se encontró con la crisis y con deudas y estos dos proyectos no se reanudarán hasta conseguir financiación”, señala la portavoz. Andalucía, que no puede recurrir a la herencia recibida, también tiene proyectos paralizados. La consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE), confirmó hace unas semanas que los edificios previstos pero cuyas obras no hayan comenzado quedan aplazados hasta que mejore la situación presupuestaria. Los proyectos de hospitales en Cádiz, Málaga o la ciudad sanitaria de Jaén quedan así en suspenso. Otros, como el Clínico de Granada, están prácticamente terminados pero falta dinero para equiparlos. En Euskadi, el proyecto del hospital de Eibar, con las obras adjudicadas, no se iniciará en 2013 por falta de presupuesto.
A José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, no le gusta hablar de burbuja hospitalaria porque “no se produce una de las características especulativas de las burbujas: comprar para vender”. Él define la situación de otra manera: “Aquí se da esencialmente una alianza entre constructoras, políticos regionales y políticos locales, con el silencio más o menos cómplice de los demás agentes, que no se atreven a levantar la voz. ¿Quién puede decir que no hace falta un hospital en un sitio concreto, y no correr el riesgo de ser corrido a gorrazos por los vecinos y comerciantes interesados?”.
* El País - ELENA G. SEVILLANO - 5.3.13
Foto: Toledo, nuevo hospital paralizado - aerofoto
Segovia.- Se debe regularizar la situación urbanística de El Llano Amarillo
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* se ha dirigido al Presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia para solicitar que, siguiendo las indicaciones contenidas en la Ley de Montes de Castilla y León, clasifique al paraje conocido como El Llano Amarillo bajo la figura de “Suelo Rústico con Protección Natural”. La Ley de Montes, en vigor desde 2009, dispone que los terrenos pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública de la región (como es el caso del Llano Amarillo) sean clasificados bajo esa figura en los planes urbanísticos.
“El Llano Amarillo” es un espacio abierto situado en el límite norte de los Montes de Valsaín, en el término Municipal de San Ildefonso (Segovia). Este enclave se encuentra en las cercanías del antiguo campamento de las Milicias Universitarias de El Robledo, razón por la que fue utilizado para realizar prácticas y ejercicios militares entre 1942 y 1972.
El espacio, catalogado como Monte de Utilidad Pública (MUP) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), forma parte de Montes de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Así mismo está incluido dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León, lindando con el área crítica SG-3.
Ya en el año 2002, la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León elaboró un informe (fechado el 25 de junio) en el que se alertaba de que la zona “podría tener un papel importante como área de caza y campeo” del águila imperial, “además de constituir el territorio de cría y alimentación de muchas otras especies menores”. En el citado informe también se alertaba de que la instalación de un polígono industrial no sólo era “poco compatible con el uso recreativo y de esparcimiento de la zona”, sino que “destruiría definitivamente la capacidad de dicho hábitat para cumplir sus funciones como lugar de cría y alimentación de especies protegidas”.
Un estudio realizado recientemente por el biólogo Miguel Ángel Hernández confirma que el espacio posee un elevado valor ecológico, jugando un papel fundamental para algunas especies de aves entre ellas, el Águila Imperial Ibérica y el Milano Real, ambas declaradas en peligro de extinción. Se ha constatado que El Llano acoge una abundante población de conejo silvestre, que es la presa principal del águila imperial ibérica. Esta población prospera debido a una conjunción de circunstancias singulares: el carácter abierto del terreno, la ausencia de carga ganadera y la ausencia de caza. De esta forma, el espacio juega un importante papel en la conservación del águila imperial, al ser refugio y espacio de dispersión de las poblaciones de su presa esencial.
El Ayuntamiento del Real Sitio amenaza la conservación del lugar
En el año 1981 la mayor parte del Llano Amarillo fue clasificada como “urbanizable”, a pesar de encontrarse a varios kilómetros del casco urbano. Sin embargo, desde entonces la zona ha permanecido inalterada. Al elaborar el nuevo Plan General de Urbanismo (PGOU), el Ayuntamiento del Real Sitio decidió catalogar los terrenos como suelo industrial (Sector Urbanizable Industrial SUR-2). Eso a pesar de que la Ley de Montes de Castilla y León indica con claridad que los terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública (como es el caso del Llano Amarillo) deben ser calificados como “Suelo rústico con Protección Natural”. Previamente, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la propia la Consejería de Medio Ambiente habían emitido informes desfavorables a la propuesta urbanizadora. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, propietario y gestor de los terrenos, también informó desfavorablemente la pretensión del Ayuntamiento.
No obstante, la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), en sesión de 26 de julio de 2011, dio luz verde al PGOU de La Granja, acordando dejar en suspenso la aprobación definitiva de la clasificación del sector del Llano Amarillo, requiriendo que, o bien los terrenos sean clasificados como suelo rústico con protección natural o, alternativamente, que el Ayuntamiento los adquiera y promueva su desafectación. La CTU asignó a los terrenos, de forma provisional, el régimen de suelo rústico común.
Esta extraña decisión motivó que Ecologistas en Acción de Segovia impugnara el PGOU, al considerar que los poderes públicos no sólo no habían cumplido con el imperativo legal sino que, de hecho, con esa decisión estaban facilitando que el municipio esquivara el mandato de la Ley de Montes.
Una catalogación innecesaria y destructiva
Aparte de la importancia de salvaguardar la integridad de los Montes de Utilidad Pública, desde Ecologistas en Acción de Segovia se destaca que en el entorno de Segovia hay ya una gran cantidad de suelo catalogado como industrial que no está siendo ocupado. De hecho, los polígonos industriales semivacíos, muchos en estado de semiabandono, se han convertido en una imagen recurrente en el paisaje provincial. Creemos que, en este contexto, sería ilógico crear un nuevo enclave industrial, de incierto futuro, sacrificando un espacio de alto valor ecológico, paisajístico y recreativo (la parcela colinda con el área recreativa de El Robledo, muy frecuentada por segovianos y visitantes).
* Ecologistas En Acción - Segovia - 28.2.13
Foto: San Ildefonso (Segovia), Llano Amarillo - EA
La PAH ve “inadmisible” que haya viviendas públicas vacías
ELPAÍS/Madrid* : "Hay un incumplimiento sistemático por parte de la Comunidad de su obligación de proveer el derecho a la vivienda a los ciudadanos, ya que tiene transferidas esas competencias". En estos términos ha hablado Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta mañana en la Asamblea de Madrid, adonde ha acudido a informar sobre la situación de los desahuciados en la comunidad ante la Comisión de Asuntos Sociales.
Mayoral ha dicho que el Gobierno regional se burla de ellos cuando dice que pondrá viviendas públicas a disposición de los desahuciados, ya que por ley "ya hay un cupo de especial necesidad en el Instituto de la Vivienda de Madrid que debería haberse cumplido y que está sistemáticamente incumpliendo". El abogado ha explicado que la Comunidad tiene la "obligación de poner vivienda pública para las personas sin alternativa cuando se produce un desahucio", cosa que, según él, no está haciendo mientras hay "miles de viviendas públicas que están siento tapiadas" en la región.
Antes de comparecer, en los pasillos de la Asamblea, el asesor de la plataforma ha explicado que "no es admisible que siga habiendo en Madrid un parque público de viviendas vacías y abandonadas y no se hayan tomado medidas por parte de la Comunidad para impedir que una entidad en la que ha tenido una amplia participación como Bankia, ejecute desalojos forzosos sin alternativa y las condenas a deudas perpetuas". Ha acusado además a las administraciones de no suministrar datos acerca del número de desahucios, de los que ha dicho que, en la capital, se producen unos 50 lanzamientos cada día.
Asimismo, ha considerado "inadmisible que en los juzgados de Madrid queden las personas en situación de indefensión y no estén siendo informadas de la justicia gratuita para poder defenderse en estos procedimientos" y que las medidas adoptadas para afrontar la situación son insuficientes y que "lo único que se está haciendo es poner miles de millones de euros al servicio de las entidades financieras". Mayoral ha recordado que se está tramitando una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, a la que se ha referido como un "acuerdo de mínimos". "Este es un primer paso y no aceptaremos rebajas en esos contenidos ajustados".
No es la primera vez que un portavoz de la plataforma interviene en un parlamento. Hace un mes su portavoz, Ada Colau, acudió al Congreso de los Diputados para defender esa propuesta de mínimos que exige a los representantes de la Cámara un debate sobre la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social. Antes, el grupo popular, que tiene mayoría, advirtió que no apoyarían la discusión de la iniciativa legislativa popular. La intervención de Colau tuvo mucha repercusión ya que, entre otras cosas, tachó de criminal al secretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.
* El País - AGENCIAS / EL PAÍS Madrid 5 MAR 2013
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org
La corte inmobiliaria de Barbadás
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ELPAÍS/Ourense* : José Manuel Freire Couto, el alcalde baltarista de Barbadás que ha acumulado con su mujer un patrimonio en fincas e inmuebles cercano al millón de euros, ha convertido A Valenzá, el núcleo urbano del municipio colindante con la capital ourensana, en la apoteosis del ladrillo. En apenas tres décadas ese rural abandonado, zona de expansión natural de la ciudad, se fue llenando de vida atraída por la oferta, a precios asequibles, de un sinfín de viviendas que proliferaron al mismo tiempo que la creación de empleos municipales, copados por personas vinculadas al PP, y las mayorías arrolladoras del regidor.
Hasta 2011, en las sucesivas corporaciones que presidió, Freire se parapetó en una corte de promotores con los que llenó sus listas electorales. Buena parte de sus concejales de confianza diseñaron el urbanismo vertical de A Valenzá al mismo tiempo que hacían negocio. Ahora, con el boom de la construcción parado incluso en A Valenzá y con el baltarismo de capa caída, Freire está bajo sospecha. Su considerable patrimonio y su vinculación al administrador de la inmobiliaria Mahía-Maexpa, Ramón López Casal, a quien un juez de Valladolid ha impuesto una fianza millonaria tras imputarlo por los presuntos delitos de corrupción urbanística y cohecho, lo ponen bajo los focos.
La obsesión edificadora de los promotores privados que se asentaron en A Valenzá, muchos ocupando los escaños del ayuntamiento, aniquiló la iniciativa pública en esta localidad de Barbadás: ni una sola vivienda social, ni la cesión del 10% de edificabilidad en algunas de las áreas de reparto, ni instituto, ni polideportivo, ni servicios sanitarios. Solo una sucesión de edificios y torres para acoger a 15.000 personas (tiene 10.000 en este momento) apelotonadas en un núcleo por el que no existe más salida a la carretera nacional que una rotonda construida por el centro comercial Carrefour tras obtener licencias de Ourense y Barbadás.
Freire y sus concejales promotores se vieron obligados a incluir en el plan de ordenación municipal un vial de salida. El Ministerio de Fomento y la Xunta condicionaron a la construcción de esta infraestructura la aprobación del planeamiento. La corporación municipal lo dibujó en los planos y el plan fue bendecido en 2002. Pero después desapareció del plano para siempre. Ni rastro de la gran obra. Mahía-Maexpa edificó sin sobresaltos un gran número de viviendas en esa área de reparto.
El vial no fue lo único que se esfumó del planeamiento. Las modificaciones que el grupo de gobierno realizó sin pasar por pleno incluyeron también la supresión de un parque. No había espacio entre tanto ladrillo. Rodeado de promotores en su actividad pública, Freire acabó abrazando la misma causa. El regidor no solo creó sus propias inmobiliarias sino que intimó con el administrador general de Mahía, Ramón López Casal, que también hizo negocio en el boom edificador de A Valenzá (edificó más de 300 viviendas) y al que Freire asegura que le compró propiedades. “Algunas se las pagué y otras se las estoy pagando”, precisó en el pleno extraordinario que convocó la semana pasada, acosado por las sospechas, para intentar despejar dudas sobre su enriquecimiento y en el que acabó reconociendo que había defraudado el IRPF a Hacienda durante cinco años.
Su amigo López Casal está siendo investigado judicialmente por supuestos cobros en dinero negro y también por supuestos indicios de fraude contra la Hacienda Pública. López Casal y Freire Couto, este a través de su hija, comparten sede inmobiliaria en el mismo inmueble de la localidad portuguesa de Matosinhos.
La corte de promotores inmobiliarios de la que se rodeó el alcalde de Barbadás en sus encadenados y arrolladores mandatos constituye, en realidad, el mapa del baltarismo al que asoma, incluso, el máximo oponente interno de este sector del PP en la provincia, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Los concejales-constructores de Freire forman parte de un entramado de empresas que acaban en una ligazón directa con el Club Deportivo Ourense, la ruinosa empresa deportiva que el primero de los Baltar se empeñó en adquirir y por la que está siendo investigado por Hacienda.
José Ramón Fernández Iglesias, concejal de Obras durante casi dos décadas con Freire (abandonó en 2007 la actividad política) está considerado uno de los principales pilares de la construcción en A Valenzá. Mientras tomaba decisiones políticas sobre el desarrollo urbanístico de esa localidad tenía registradas empresas que edificaron buena parte del núcleo urbano. A través de Cofervi, Fernández participó en la construcción del colegio privado Luis Vives en el que figura como accionista. Cofervi está participada por Promociones Avenida de Santiago de la que es administrador Adolfo Domínguez Suárez. El exconcejal de Obras y exmiembro de la comisión de gobierno de Barbadás José Ramón Fernández, compartía este socio con el también exconcejal y exmiembro de la misma comisión de gobierno Antonio Currás, dueño de varias constructoras.
Fernández ha estado vinculado a 17 empresas. Entre otras, Inversiones Deportivas Auria creada en 2007. La sociedad está presidida por el exdelegado provincial de Agricultura, Agustín Prado Verdeal (principal acreeor del Club Deportivo Ourense) y ocupan cargos en ella, además del exedil de confianza de Freire y de otro de sus concejales promotores, Felipe Rodríguez Vide, destacados cargos, o excargos, del PP como Joaquín Muñoz, Juan Carlos Fasero (exconcejal en Arnoia durante los mandatos del actual delegado de la Xunta en Ourense y ahora director de la SGAE Noroeste) o Fidel Martínez, hermano y socio del superdelegado. Buena parte de los consejeros de Inversiones Deportivas Auria lo son o han sido también del Club Deportivo Ourense. Como José Ramón Fernández, el exconcejal de Obras que diseñó mano a mano con Freire Couto el boom del ladrillo de A Valenzá que ahora se resquebraja y da paso a la pandemia de los desahucios.
Entrega de documentos al fiscal
“¡No me comparen!” con el alcalde de Arroyo de la Encomienda, clamó airado Freire en el pleno de la semana pasada cuando PSOE y BNG le espetaron los datos de un reportaje publicado en la revista Interviú en el que se exponía el paralelismo entre el papel de Mahía en ese municipio vallisoletano y en el de Barbadás. Arroyo de la Encomienda es, como A Valenzá respecto a Ourensee, colindante y zona de expansión de Valladolid en donde, igual que en la localidad ourensana, Mahía se asentó y llevó a cabo (en el mismo periodo de tiempo que en el municipio ourensano) importantes urbanizaciones. Como Freire, el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, comparte sede empresarial en Matosinhos con López Casal, el dueño de Mahía.
El malestar del regidor ourensano lo produjo el hecho de que tanto Méndez Freijo como López Casal están imputados por un juez de Valladolid por los supuestos delitos de corrupción urbanística y cohecho en relación con esas actuaciones inmobiliarias. A Freire solo lo ha investigado hasta el momento la Agencia Tributaria, a la que ocultó ingresos por 208.000 euros entre 2007 y 2010 —“un pequeño desequilibrio”, en sus palabras— pero el portavoz del BNG en Barbadás, Xosé Manuel Fírvida, entregará esta semana al fiscal un abultado dossier con supuestas ilegalidades en la gestión del planeamiento urbanístico. “No es una denuncia”, explica el nacionalista, sino la entrega de documentación oficial que “un anónimo dejó en mi buzón”. Fírvida acude con la documentación a la fiscalía porque sostiene que no quiere “ser partícipe" con su "silencio” de posibles delitos.
* El País - CRISTINA HUETE Ourense 4 MAR 2013
Foto: Panorámica de edificios construidos en la localidad de A Valenzá (Barbadás) limítrofe con Ourense / NACHO GÓMEZ
«Si el ruso va a necesitar una licencia, tendrá que aflojar»
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ELPERIÓDICO/Girona* : La operación Clotilde ha puesto al descubierto un oscuro entramado en Lloret de Mar, en el que pueden estar involucrados varios concejales y funcionarios. Además del presunto trato de favor que el exalcalde y diputado en el Parlament Xavier Crespo (CiU) dio a la mafia rusa a cambio de dinero, viajes a Rusia y otros regalos, el informe elaborado por la Guardia Civil incluido en las diligencias judiciales, a las que ha tenido acceso este diario, revela otras irregularidades que, según los investigadores, han convertido a una parte del ayuntamiento en «una maquinaria de corrupción».
El informe, de unas 140 páginas, explica con detalle las conversaciones telefónicas intervenidas a los imputados en el caso, entre ellos el propio Crespo y el hasta hace poco teniente de alcalde Josep Valls, que fue regidor de Urbanismo en la pasada legislatura. De ellas se deduce el trato de favor que el consistorio dio al empresario ruso Andrei Petrov -vinculado por la investigación con la mafia rusa- durante el mandato de Crespo a la construcción de un centro comercial en la antigua plaza de toros y al proyecto de otra zona comercial en la finca donde estaba ubicado el hotel Blanca Aurora.
Las escuchas también han destapado el supuesto cobro de dinero por parte de funcionarios y de la secretaria del actual alcalde, Romà Codina (CiU), a cambio de concertar citas con él. En una conversación del 11 de octubre del 2011, la secretaria de Petrov, Jessica Holguin, explica a un amigo llamado Gonzalo que para llegar al alcalde «tiene que pasar por dos personas»: una trabajadora del ayuntamiento que se llama Inmaculada, que haría llegar una carta de invitación «a la secretaria personal del alcalde [Mònica Danes], y esta a su vez modificaría su agenda para que acudiera a la cena».
«LAS COSAS VAN ASÍ» / El informe de la Guardia Civil revela que por esa gestión se cobraba entre 35.000 y 40.000 euros, «que serían repartidos entre esas dos personas [las secretarias]». Gonzalo se muestra interesado en este asunto, ya que afirma que tiene un cliente ruso muy rico «que necesita que le ayuden». No obstante, pone pegas porque considera que la cifra es muy elevada y porque tampoco hay garantías de que el encuentro se salde con éxito, a lo que Holguin le replica de forma tajante: «Si el ruso va a necesitar que le aprueben o que le den alguna licencia de obras, tendrá que aflojar, ya que en Lloret las cosas van así».
En otra conversación con una amiga, Holguin, que está imputada pero bajo protección judicial, explica que su jefe «ha podido conseguir una penetración política en el consistorio al más alto nivel» a cambio de pagos irregulares.
La Guardia Civil también sostiene que el concejal de Comercio en el último mandato de Crespo, Víctor Llasera, se reunió con Petrov para que en el centro comercial de la plaza de toros se instalara un Carrefour, «realizando tareas de intermediación con los responsables de la cadena a cambio de una comisión y, además, de que la esposa de Crespo, Guadalupe Oliva, médico de profesión, ejerciese como responsable de salud del centro comercial».
En una charla entre la arquitecta y asesora de Petrov, Pilar Gimeno, y el actual concejal de Urbanismo de Lloret, Jordi Martínez, este reconoce que se habían producido «diversas irregularidades» en el convenio de la plaza de toros. En otras conversaciones de Gimeno con Petrov, el supuesto mafioso ruso afirma que en España todo el mundo tiene un precio y es susceptible de ser sobornado. Petrov se muestra indignado con el ayuntamiento y pregunta a Gimeno «si tiene que besarlos» y «si hay un precio», a lo que la arquitecta le responde que tiene que hacer «todo lo que pida el cliente». En otro pinchazo, Gimeno reconoce que las obras del proyecto Blanca Aurora se estaban realizando sin un aval que ascendía a más de 300.000 euros.
Los investigadores detallan, asimismo, una reunión de Crespo, Petrov y Valls en el restaurante Botafumeiro de Barcelona el 16 de septiembre del 2010. Y añaden: «Aunque en un primer momento se habían citado en un restaurante de Lloret, decidieron a última hora cambiar de lugar, supuestamente para que no les detectaran juntos».
* El Periódico - J. G. ALBALAT / BARCELONA / FERRAN COSCULLUELA / GIRONA - 1.3.13
Foto: CITA EN EL BOTAFUMEIRO 3 Xavier Crespo conversa por el móvil mientras Josep Valls habla con uno de los camareros del restaurante Botafumeiro de Barcelona, el 16 de septiembre del 2010, tras comer con Petrov. EL PERIÓDICO
Agua, del derecho al negocio
PÚBLICO* : La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación.
Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.
Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.
"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.
Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.
En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.
"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.
Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.
Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.
Un valor de mercado
El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.
Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.
Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".
Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.
Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.
Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.
* Público - LUCÍA VILLA Madrid 03/03/2013
Foto: CandeledaVistaDelPueblo - wikipedia.org
Los Ayuntamientos se aferran de nuevo al urbanismo para reactivar la economía
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ELPAÍS/Andalucía* : Los alcaldes de varias ciudades promueven grandes proyectos y cambios en los usos del suelo para tapar los números rojos y obtener ingresos.
Recalificación. Modificación puntual del PGOU. Macroproyecto urbanístico. Iniciativa privada millonaria. Estos cuatro conceptos, como otros muchos que vertebraban los discursos políticos en los años de bonanza, quedaron enterrados cuando estalló la burbuja. Ni los alcaldes querían usarlos ni, aunque quisieran, había razón para hacerlo. Y de repente, con las cifras del desempleo desatadas y las cuentas de las Administraciones en números rojos, varios Ayuntamientos han sorprendido en las últimas semanas con el anuncio de operaciones urbanísticas que recuerdan mucho a las de hace una década.
Ya lo hizo en verano Tarifa, con el anuncio de un complejo hotelero y viviendas en el paraje de Valdevaqueros. Más recientes son los planes del Ayuntamiento de Córdoba, que tiene sobre la mesa un proyecto de ocio y deportivo promovido por el grupo Tremón con una inversión privada de 141 millones de euros. La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha aprobado cambios en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de aparcamientos rotatorios en el casco histórico y cambiar la calificación de varias parcelas para que puedan tener uso residencial o comercial. En Jaén, con una población de 117.000 habitantes, el gobierno municipal ha proyectado la construcción de 10.000 viviendas, la mayoría de promoción pública.
Los más optimistas creen que estas iniciativas obedecen a una muy incipiente recuperación de la actividad empresarial. Pero la mayoría ve síntomas de que algunos alcaldes vuelven a aferrarse a la construcción como locomotora económica. El concejal de Urbanismo de Jaén, Javier Márquez (PP), defiende que operaciones como las que ha planteado pueden abrir una vía para salir de la crisis. El edil asegura que no se está promoviendo ningún “crecimiento alocado”, sino viviendas “en función de una demanda real y efectiva”, informa Ginés Donaire. “Las viviendas no son una inversión, sino una necesidad”, asegura. La oposición municipal, sin embargo, advierte de que en el registro municipal de viviendas apenas hay inscritas 2.000 personas, frente a las 10.000 casas que plantea el gobierno local.
El objetivo que aseguran perseguir los alcaldes con estas operaciones es doble: sanear las arcas municipales y revitalizar la actividad económica y, con ella, la creación de empleo. Pero, en esa estrategia ¿hay peligro de que se esté abonando otra vez el terreno para hacer del urbanismo la mejor fuente de ingresos de los Ayuntamientos? Esa debería ser, según el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, la línea roja. “El urbanismo puede ser un mecanismo de desarrollo, pero no de financiación municipal”, advierte.
Fustegueras, redactor de varios de los PGOU aprobados en los últimos años en Andalucía, entre ellos los de Sevilla y Marbella, admite cambios en los planes generales cuando son para mejorar la ordenación vigente. “Ese es el requisito legal y hay que justificarlo de forma expresa”, señala. Bajo esta premisa Jaén podría construir tantas viviendas como considerara necesario dentro de los topes máximos que marca el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) —el 40% del suelo urbanizable y el 30% de la población—. Y Jerez, que ha optado por regalar suelo para nuevas actividades económicas, no corre en principio peligro de volver a desordenar lo ordenado si los terrenos que ofrece ya estaban pensados para actividades económicas e industriales.
Más crítico es Fustegueras con cambios de los PGOU que, aunque se presentan como “puntuales”, implican modificaciones sustanciales del modelo de ciudad. Esto es lo que ocurre, opina el arquitecto, con algunas de las últimas decisiones del Ayuntamiento de Sevilla, como el cambio de calificación de varias parcelas para darles uso comercial o el fin del veto a los aparcamientos en el casco histórico. “Eso sí que es una modificación estructural y una afección al modelo de ciudad. La única justificación es que, como se ha eliminado el Plan Centro entran más coches y faltan aparcamientos, pero eso no es una justificación válida, es una decisión que se tomó sabiendo que el plan era como era”, advierte.
Los dos grupos de la oposición al gobierno de Juan Ignacio Zoido rechazan estos cambios con argumentos similares a los que arguye Fustegueras. El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, habla de “una gran intervención” que bajo la fórmula de modificación puntual esconde “toda una subversión del PGOU”. “Vuelve un modelo de ciudad y de economía sustentado en el urbanismo. Y este modelo es uno de los grandes orígenes de la crisis que padecemos”, advierte Torrijos.
Al dirigente de IU le molesta especialmente que los alcaldes defiendan estos planes urbanísticos “con la gran excusa del empleo”. “Usan algo tan sensible como el desempleo para plantear grandes operaciones urbanísticas. Y como nosotros nos oponemos parece que no queremos que se cree empleo. Pero es que no todo vale”, lamenta Torrijos, convencido de que lo que busca el gobierno municipal de Sevilla es sobre todo abrir la puerta a futuras operaciones de especulación urbanística.
El portavoz del PSOE y exconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Espadas, cree que, antes de llegar a los cambios concretos que están proponiendo algunos municipios, hay un problema de fondo: para algunos sectores, la planificación urbanística es un incómodo corsé que impide la libertad de movimientos. “A muchos no les gusta tener que sujetarse a nada que dificulte la posibilidad de decidir lo que más te convenga en cada momento”, afirma Espadas. “Esto es verdad”, apunta el socialista. “La planificación puede ir contra la libertad de mercado. Pero por eso la defendemos los que creemos que el territorio no se puede manosear a gusto de quien tenga más dinero”.
En el caso de Sevilla, Espadas sostiene que el PGOU, aprobado en 2006, sigue siendo válido. El problema, advierte, es que el responsable de desarrollarlo (el gobierno municipal) no sabe hacerlo. “El plan es impecable desde el punto de vista conceptual y teórico”, asegura. “Pero hay que tener capacidad para buscar inversiones que puedan desarrollarse en aquellos lugares donde tú has decidido que tiene que haber una inversión determinada”. “Se pueden hacer modificaciones puntuales, pero tienen que responder a una lógica. Y aquí las modificaciones que se han hecho es porque ha aparecido un señor con una cartera a decir lo que necesita”, señala.
No opina lo mismo el presidente de la Asociación Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Miguel Rus, que defiende una dosis de lo que tras los años del boom se demonizó como el urbanismo a la carta. En su opinión, los planes generales deben tener cierta “flexibilidad” para adaptar los suelos a los usos que se demanden en cada momento. Rus, que preside también la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), teme que mientras los bancos mantengan cerrada la financiación al sector de la construcción, sobre todo al de viviendas, no habrá una recuperación real, aunque apoya que se vayan haciendo cambios en el planeamiento “para que inversiones interesantes se puedan hacer realidad”.
Rus muestra “cierto optimismo”. “Hace uno o dos años los empresarios no escuchábamos la posibilidad de proyectos. Ahora, sí. Hay ideas y se hacen modificaciones para hacerlas viables”, afirma el empresario, que, con todo, cree que el sector de la construcción “no va a volver a ser lo que era”. “Ni debe serlo”, advierte. “Todos nos volvimos un poco locos proponiendo todo tipo de proyectos, algunos de ellos inviables”.
Más de 10.000 viviendas en Jaén
El Ayuntamiento de Jaén ha proyectado la construcción de más de 10.000 viviendas, la mayoría de promoción pública, como apuesta para reactivar el sector de la construcción y la actividad económica. Lo ha admitido el alcalde, el popular José Enrique Fernández de Moya, que habla de “línea estratégica” del gobierno municipal, aunque desde la oposición se cuestiona la oferta “sobredimensionada” toda vez que el registro de demandantes de viviendas apenas supera las 2.000 personas y que en la ciudad existen miles de viviendas privadas vacías.
La actuación más controvertida es el anuncio para construir 5.000 viviendas en los terrenos vacíos del parque empresarial Nuevo Jaén, un polígono fantasma abierto hace una década y que es un desierto industrial. La intención del Consistorio es cambiar el uso del suelo de industrial a residencial, reservando un 15% para viviendas unifamiliares y construyendo una gran zona verde de 140.000 metros cuadrados. El alcalde justificó esta operación, que contará con la colaboración de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), como un respiro para el Ayuntamiento pues al hacer un cambio de uso, “se duplica el valor de los terrenos”. Pero la oposición ha criticado que se levante un gueto residencial a más de cinco kilómetros del casco urbano.
La segunda gran operación es el acuerdo alcanzado con los propietarios de unos suelos para construir otros 5.000 pisos (de los que 3.000 corresponderán al Ayuntamiento a través de la Sociedad Municipal de la Vivienda) en la zona norte de la ciudad. La inversión prevista es de 35 millones en tres fases y 15 años. En el primer lustro, la sociedad de la vivienda edificará 1.000 pisos y se encargará del 100% de las obras de urbanización. En este caso, el Ayuntamiento ha criticado la falta de colaboración de EPSA. Además de crear una bolsa de suelo importante con la que reactivar el sector de la construcción, el gobierno local del PP cree que estos proyectos evitarán la especulación al liderar el Ayuntamiento la gestión de suelo urbano y urbanizable.
A esas dos operaciones hay que sumar otras 2.300 viviendas programadas en otros suelos esparcidos por la ciudad. Por eso, desde la oposición se critica una oferta inmobiliaria tan elevada: “No se puede saturar de viviendas Jaén”, ha señalado el concejal socialista Antonio Guinea de Toro.
* El País - REYES RINCÓN - 2.3.13
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba
Un alcalde se sentará en el banquillo por urbanizar un refugio del águila imperial
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ELPAÍS/Ávila* : La juez Sira María Amor, titular del juzgado nº2 de Ávila, ha decidido sentar en el banquillo a José Martín Llorente, el alcalde del PP que dio el visto bueno a una macrourbanización de 7.500 viviendas en un pinar de Villanueva de Gómez, un pequeño pueblo con 144 habitantes censados en el que se ha detectado presencia del águila imperial, una especie amenazada. La instructora ha encontrado “indicios” contra el ahora exregidor por prevaricación urbanística. Dos promotores del proyecto y el técnico que lo elaboró también irán a juicio por delitos contra la ordenación del territorio.
Han pasado seis años desde que las excavadoras comenzaron a trabajar en esta obra, que incluía tres campos de golf, un hotel de 200 plazas y un picadero cubierto y cuadras. Las obras se pararon y la licencia fue anulada. Una juez decidió, por vía civil, que el destrozo se restituyera. A día de hoy, esa sentencia sigue sin ejecutar. El actual alcalde del pueblo, Emilio Martín de Juan (PSOE) ya ha avanzado que no disponen de dinero para recuperar la zona, en la que se talaron 10.000 pinos y se construyeron más de 25 kilómetros de viales.
Tras el escrito con el que la juez Amor envió el caso a juicio, de 18 de febrero, es el turno de que los implicados presenten sus alegaciones, y de que el fiscal y las ONG conservacionistas personadas en el caso preparen sus acusaciones.
Gonzalo Bartolomé, gestor del proyecto e implicado, espera que, “por fin”, se aclare todo. “Podremos rebatir todo lo que se ha dicho”, asegura. Bartolomé defiende que cumplieron con más requisitos de los exigidos y recuerda que el proyecto estuvo en exposición pública durante cuatro años. “No hubo ni una sola alegación”, defiende. El promotor asegura que el proyecto de sistemas generales, con el que se construyeron los viales y las rotondas que ahora deberían desaparecer, no necesitaba proyecto de impacto ambiental, tal y como el instructor señala. Su defensa ha pedido el sobreseimiento de los cargos. Uno de los argumentos que esgrime es que se han iniciado los trámites para legalizarlo.
“Con los grandes valores ambientales de la zona, nos parecería increíble que finalmente se legalizara”, critican en La Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). “Es cierto que se hizo urbanizable en los años ochenta, pero por aquel entonces, las condiciones ambientales eran muy distintas”, añaden.
El promotor defiende que el proyecto estaba secundado por los 27 alcaldes de La Moraña, que lo declararon de interés público.
“Queremos tramitarlo por la figura del Plan Especial, la idea es cumplir con la legalidad”, añade Bartolomé. La Junta de Castilla y León ya estudia su solicitud, según fuentes cercanas al caso. EL PAÍS ha intentado contactar sin éxito con el alcalde implicado para conocer su versión.
SEO BirdLife se lamenta de no haber intervenido antes en este caso. “Era un proyecto mastodóntico que se intentó tramitar como si fuese una licencia menor, se saltaron todos los procedimientos”, considera María Soledad Gallego, abogada de la asociación SEO BirdLife. Los ecologistas denuncian que separaron el proyecto principal de los campos de golf para burlar controles.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 3.3.13
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), urbanización sin concesión agua - U.Martín (El País)
Eurovegas, un juego que cambia leyes por dinero
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ALBERTO PRADILLA* : Como si nada hubiese ocurrido. Como si la burbuja inmobiliaria y la crisis, la cultura del pelotazo y sus consecuencias nunca hubiesen existido. Como si grandes obras públicas que prometían el maná del progreso no se hubiesen terminado convirtiendo en un agujero negro por donde se esfumaron los fondos públicos. Así reaccionan los responsables del PP en Madrid cuando se les pregunta sobre Eurovegas, el macroproyecto de casinos y hoteles que, si nada lo impide, colocará su primera piedra en Alcorcón a finales de año. Una mastodóntica iniciativa, a imagen y semejanza de Las Vegas, que está promovida por el magnate Sheldon Adelson. Los dirigentes de la derecha madrileña se han jugado todo a una carta y defienden el proyecto como un salvavidas para la maltrecha economía del Estado español. Por eso, están dispuestos a moldear cualquier normativa que incomode al acaudalado norteamericano. Una de las cuestiones más comentadas es saltarse la ley antitabaco para permitir fumar en el interior de las salas de juego. Solo un detalle. Como denuncian las plataformas que se oponen al proyecto, Eurovegas podría convertirse en un «islote fiscal» donde desaparecería cualquier control de Hacienda y que atraería todo tipo de negocios oscuros. Al PP le han salido detractores hasta entre sus tradicionales aliados: el obispo de Getafe llegó a alertar sobre la «podredumbre» de un local dedicado al juego.
El proyecto de una gran zona de casinos en el Estado español lleva dando vueltas durante cerca de siete años. Las Vegas Sands, que es como se llama la empresa de Adelson, ya funciona en la ciudad matriz, en Macao (China) y en Singapur. Se presenta como promotor de convenciones y, en el último punto de la lista de atractivos, ofrece el juego. Claro que hay que reconocer que no se conoce a los grandes complejos de la ciudad de Nevada por sus encuentros de física cuántica.
La propaganda corporativa promete beneficios infinitos: más de 260.000 empleos; 30.000 millones de euros en producción económica; 11 millones de nuevos turistas que, según los cálculos de la compañía, «gastarán un 150% más que la media sin incluir su gasto en juego». Suena al cuento de la lechera pero, al menos, al Gobierno de Ignacio González le ha convencido.
La información sobre Eurovegas se distribuye con cuentagotas desde que, en diciembre, se anunciase que se levantará en Alcorcón. Se conoce su ubicación, 750 hectáreas en el exterior de esta localidad de Madrid. Se sabe que habrán leyes especiales, como una rebaja del tipo impositivo sobre el juego, que pasará del 40% al 10%. Y poco más. En el Ayuntamiento indican que no tienen más datos que los que anunció el presidente de la Comunidad madrileña. En la empresa, que esperan a la licitación. Y en el gabinete de González, que cuentan con tener el concurso público legalizado para setiembre.
Ese es, precisamente, el primer regalo normativo del Gobierno de Madrid. Entonces aprobó los denominados «centros integrados de desarrollo», un planteamiento hecho a la medida de Adelson. Se trata, casualmente, de ofrecer ventajas fiscales a quienes promuevan megacomplejos como el de Eurovegas. Entre las exigencias del magnate están las exenciones fiscales, la modificación del Estatuto de los Trabajadores (para empleos más precarios), cambios en la Ley de Extranjería, libertad total de horarios y hasta permitir que los ludópatas puedan jugar. Toda una lista de condiciones que convierten a Adelson en un George Marshall que, a cambio de sus millones, ha logrado que las normativas se conviertan en algo hipotético.
Frente a la imagen idílica que proyectan González o David Pérez (PP), los opositores, unidos en torno a «Eurovegas no», enumeran una larga lista de contraindicaciones. Desde el impacto ambiental (parte de los terrenos corresponden a una zona no urbanizable) hasta el modelo productivo, pasando por la precariedad de los futuros empleos. «Eurovegas será una isla fiscal, basada en el blanqueo de capitales y en los negocios turbios», afirma Sol Sánchez, miembro de la plataforma, que denuncia la «opacidad» del megacomplejo. Ya han convocado diversas marchas y han interpuesto recursos, tanto por el impacto ambiental como por violar leyes de competencia o fiscales.
La respuesta del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón responden con soberbia. «A las manifestaciones van treinta, así que mucha oposición no hay», dicen. La estrategia comunicativa es la misma de siempre: Eurovegas es «progreso». ¿Quién iba a estar en contra del progreso? Sobre todo, con los altos índices de paro. «Esto es una empresa que cotiza en bolsa. Las críticas solo buscan hacer ruido. Tal y como estamos, no se comprende que no se apoye», repiten.
El número de empleos que generará es el argumento de peso que esgrimen tanto la empresa como el PP. En total, hablan de 260.000 puestos. Aunque esto tiene trampa. No quiere decir que todas estas personas vayan a desarrollar su labor al mismo tiempo sino que, tal y como reconocen en el Ayuntamiento, es la cifra que se calcula en todo el proceso, desde que se coloque la primera piedra hasta 2028. La situación de desesperación en un Estado desangrado por el paro se ha convertido en razón de peso.
De hecho, el Consistorio ha recibido más de 9.000 currículos desde que se hizo público el emplazamiento. ¿A dónde van todas esas solicitudes? En realidad, a un archivador que no garantiza nada. Se ha habilitado una bolsa de trabajo para los residentes y una dirección de correo electrónico para los foráneos. Si se licitan las obras, será la empresa constructora quien aporte los trabajadores. Y cuando las ruletas estén girando, será Adelson el que se seleccione los crupiers.
«Yo creo que será positivo, traerá trabajo», afirma Jesús Navarro, arquitecto de Alcorcón. No le preocupa el blanqueo de dinero; cree que se hace de todos modos. El argumento laboral pesa sobre cualquier otro. Incluso las sospechas de que el megacomplejo incrementará negocios como la prostitución o el tráfico de drogas. «¿Más drogas? No creo. Ya hay muchas», comentan en uno de los bares junto a la estación de cercanías. «La prostitución siempre ha existido», justifica Jesús de la Morena. La empresa, por su parte, elude las críticas y no realiza declaraciones. Sol Sánchez incide en su denuncia: «Esto es la marca España. Volvemos a los años 60. Nos encontramos ante un retroceso social, cultural y de derechos laborales».
Sionista y con demandas allá por donde pasa
El promotor de Eurovegas nació en Boston en 1933 y ahora está considerado como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Un magnate con una fortuna estimada en 24.000 millones de dólares y con vinculaciones con la derecha norteamericana y el sionismo que acumula también denuncias por malas prácticas por supuestas tramas de prostitución e inclumplimiento de la normativa laboral, impagos incluidos. Además, se le acusa de sobornar a empleados públicos de lugares como Singapur, donde dispone de un casino.
Durante las pasadas elecciones presidenciales en EEUU, Adelson fue uno de los principales donantes del Partido Republicano. También ha distribuido fondos a la organización Birthright Israel, lobby sionista que opera en Norteamérica. Su leyenda negra incluye redadas contra la prostitución en locales de China y Singapur. Incluso antiguos colaboradores le señalan como máximo responsable de algunas de estas tramas.
* Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130224/389573/es/Eurovegas-juego-que-cambia-leyes-dinero/
* Rebelión - Opinión - 25.2.13
Foto: EurovegasNo, protesta Febrero 2013 (Madrid) - publico
