LEVANTE* : La Fiscalía de Castelló ha puesto en su punto de mira las supuestas construcciones levantadas en superficie protegida de la Marjaleria de la capital de la Plana denunciadas por Gecen. Así, ha abierto diligencias penales contra 30 edificaciones de la marjal, según consta en el escrito remitido al grupo ecologista. El proceso acaba de arrancar y, según fuentes de Gecen, en las próximas semanas se ampliará el número de casas a investigar. El colectivo ecologista ha presentado al ministerio fiscal denuncias contra un total de 700 edificaciones. También pide que se actúe contra la Generalitat y el ayuntamiento por una presunta dejación de funciones, aunque por ahora ambas administraciones están excluidas de la causa.
El fiscal ha abierto una investigación penal por un "presunto delito contra la ordenación en el territorio". Atiende la petición de la asociación ecologista, que quiere "impedir el incumplimiento de la legislación urbanística, de la ordenación del territorio y medioambiental en la Marjaleria de Castelló".
La entidad conservacionista ha remitido a la fiscalía más de 700 expedientes de infracciones urbanísticos que el propio ayuntamiento inició entre 2006 y 2012 contra viviendas de la Marjaleria por ocupar suelo no urbanizable. Gecen afirma que el consistorio ha eludido ejecutar dichas sanciones -un centenar de las mismas incluían órdenes de demolición-, de ahí que haya acudido a la fiscalía. "Nuestra denuncia va dirigida contra quién resulte ser el promotor o constructor de las obras y contra aquellos que ostentan responsabilidades en competencias urbanísticas tanto en el ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras", adujeron las mismas fuentes.
"Los expedientes de demolición caducan, se archivan, no se ejecutan. Las sanciones son ridículas, pendientes, caducadas o archivadas", añadieron. A juicio de Gecen, "esto no es fruto del azar o de no saber llevar un expediente, sino que responde a una presunta intencionalidad". "No solo existen responsabilidades a nivel urbanístico por parte de los propietarios privados, también de técnicos y políticos del ayuntamiento y conselleria de Urbanismo", remarcaron desde Gecen.
Mulet colaborará con la Justicia
El concejal de Urbanismo y portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, afirmó en un escueto comunicado que "somos respetuosos con la justicia y colaboraremos en todo lo que nos solicite la fiscalía". Mulet ha negado en ocasiones anteriores las acusaciones de Gecen y ha asegurado que el ayuntamiento ha procedido siempre conforme a la legalidad en la Marjaleria.
Y parece que la investigación no se limitará a 30 viviendas. La asociación tiene constancia de que la fiscalía abrirá en próximas fechas nuevas remesas de diligencias contra más construcciones presuntamente ilegales cuyo número se desconoce en estos momentos.
Cabe recordar que la Generalitat aprobó en 2006 un plan especial en la Marjaleria a fin de regularizar en torno a 2.500 viviendas que se habían erigido en las décadas anteriores en este humedal sin autorización y de dotar, además, al lugar de infraestructuras básicas. La zona suma 785,18 hectáreas, de las que 144,21 corresponden a suelo urbano y 268,21 a urbanizable, mientras 272,76 hectáreas están protegidas.
Y según Gecen, unas 700 casas permanecen en suelo no urbanizable de la Marjaleria.
* Levante - J.MESTRE - 24.1.13
Foto: Panorámica de las decenas de viviendas levantadas en la zona de la Marjaleria de Castelló con los apartamentos al fondo del municipio de Benicàssim. LEVANTE-EMV
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EUROPAPRESS/Murcia* : El exalcalde de Librilla, José Martínez García, imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en este municipio descubierto en 2008, en el marco de la 'Operación Biblioteca', deberá declarar de nuevo.
La declaración, a puerta cerrada, tendrá lugar en el juzgado de Instrucción nº6 de Murcia, que investiga los hechos, ubicado en la Ciudad de la Justicia. La 'Operación Biblioteca' condujo en 2008 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.
Asimismo, el juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.
El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.
En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.
Mientras, en una segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.
* Europa Pres - 21.1.13
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La juez del juzgado de instrucción nº1 de Santa Cruz ha llamado a declarar como imputado al concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento, el nacionalista Dámaso Arteaga, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra por parte del Consistorio de la Casa Siliuto hace nueve años, en febrero de 2003.
La magistrada Nuria Navarro también ha llamado a declarar en calidad de imputados a los otros ocho miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo en el momento en que se produjo la operación, entre ellos un fallecido, el exconcejal de CC Antonio Covas, que murió solo dos meses después de que la Gerencia diera el visto bueno a la adquisición del inmueble, situado en el barrio de El Toscal.
Además de Arteaga y el fallecido Covas, aparecen acusados en el caso Siliuto Norberto Plasencia, concejal en 2003 de Urbanismo; Manuel Parejo, también edil y miembro del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo; y los otros concejales que representaban a sus partidos en el Consejo: Basilio Franco (en ese momento edil de CC y ahora inspector de la Policía Nacional), Juan Antonio Rodríguez (CC), María José Gutiérrez (PP), José Luis Martín (PSOE) y David Saenz (CCN).
El pasado mes de julio, la fiscal jefe de la provincia, Carmen Almendral, presentó una denuncia contra los nueve miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación al entender que aprobaron la compra de la Casa Siliuto a sus propietarios por 188.000 euros más de su valor real, en febrero de 2003.
Según la fiscal, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación. Fue el precio que pusieron los dueños de la vivienda, Francisco Siliuto y Carmen Rosa Alonso Siliuto. Y pagó esa cantidad pese a que los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros, según Almendral. Pero hubo otra valoración más, la encargada a la empresa Tinsa, la misma que hizo una de las valoraciones de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros.
Ninguna de las cantidades se corresponde con la que la Fiscalía considera como el valor real. Según un informe pericial encargado por Carmen Almendral, el inmueble vale 475.000 euros y, además, eran los propietarios los que debían haber pagado los 11.000 euros de plusvalía. Según este informe, el Consistorio pagó 188.000 euros más de lo razonable con cargo a las arcas públicas.
La Casa Siliuto, construida a principios del siglo pasado y actualmente en estado de abandono aún cuando está protegida con la máxima catalogación (Bien de Interés Cultural), fue adquirida por el Consistorio para albergar la Casa de la Juventud, un uso que se mantiene en el Plan Especial de El Toscal que redacta la Concejalía de Urbanismo.
Dámaso Arteaga se enteró ayer por la opinión de tenerife de la imputación y del día y la hora a la que ha sido citado por la juez para declarar: el 5 de marzo a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 1. "Esto es sorprendente, tanto como que este proceso se haya abierto nueve años después de la compra del inmueble", señaló ayer.
Arteaga recordó que el precio de la compra se hizo en base a los informes de los técnicos municipales, que está "muy tranquilo" por su papel en el proceso y que respeta y acata el procedimiento judicial y todas las decisiones que adopte la juez Nuria Navarro. "Colaboraré para aclarar mi papel en este asunto. No tengo ningún temor porque se hizo lo que aconsejaban los técnicos", concluyó el concejal de Obras y Servicios.
* La Opinión Tenerife - DANIEL MILLET - 18.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, casa Siliuto - laopinión.es
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DIAGONAL* : Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) han presentado la mañana del jueves en Madrid 748.040 firmas a favor de la dación en pago retroactiva de las viviendas hipotecadas, la regulación del alquiler social y la moratoria de los desahucios por impago de la vivienda. Son las tres medidas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han presentado esta mañana en el registro del Congreso de los Diputados después de nueve meses de campaña.
Según ha comunicado la PAH, este recuento marca “una inflexión. Nuestra ILP llega en un momento en el que el número de desahucios y ejecuciones no deja de incrementarse cada trimestre”. Por este motivo, tras el encuentro de 40 plataformas de todo el territorio que se celebró a mediados de enero en Barcelona, las PAH han convocado movilizaciones para el 16 de febrero por el derecho a la vivienda y por la tramitación sin cambios de la ILP.
“Si a pesar de todo lo anterior, el gobierno comete la arrogancia de rechazar las medidas que proponemos, tendremos la suficiente legitimidad para subir el tono de nuestras acciones y protestas”, han asegurado las PAH en un comunicado conjunto. Según las Plataformas, la entrega de la ILP agota “todas las vías que el actual sistema ofrece para modificar una ley” ensayadas por el movimiento: las intermediaciones con bancos, servicios sociales, partidos políticos, ayuntamientos y juzgados que las plataformas, y desde mayo de 2011 el 15M, llevan poniendo en marcha desde hace cuatro años.
Las firmas no incluyen las recogidas por las demás organizaciones que participan en la campaña (las entidades del Tercer Sector, CC OO, UGT y federaciones de asociaciones vecinales), con lo cual la cifra última rondará el millón de signaturas recogidas dado que en septiembre CC OO ya llevaba más de 100.000 firmas reportadas. Según han declarado a DIAGONAL fuentes de la PAH, la entrega definitiva del conjunto de firmas se producirá el 14 de febrero.
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 24.1.13
Foto: Reprsentantes de las PAH, momentos antes de comenzar la rueda de prensa frente al Congreso / PAH MADRID
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LAOPINIÓN/Málaga* : El juicio contra Mayte Zaldívar, Isabel Pantoja y Julián Muñoz por blanqueo de capitales llega a su recta final. Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción ha expuesto ante la sala su informe final. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas para los tres principales acusados en el caso. Para Muñoz, al que acusa de blanqueo y de cohecho pasivo, solicita siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones; para Pantoja, pide tres años y medio de prisión y multa de 3,7 millones por delito de blanqueo; y para Zaldívar, acusaba del mismo delito, solicita la misma pena, rebajando la multa a 2,6 millones.
Asimismo, la representante del ministerio público también ha mantenido la acusación para el hermano de Zaldívar, para el exempleado de un banco suizo, Fernando de Salinas, y el director de una sucursal bancaria, Benjamín Martínez, aunque elimina el carácter continuado del delito por el que se les acusaba a estos dos últimos. Además, ha añadido un delito de blanqueo de capitales para el empresario José Miguel Villarroya, retirando la acusación que había para los tres hijos de éste.
La representante del ministerio público ha comenzado su informe final ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, analizando la prueba practicada en el juicio, que se inició el pasado 28 de junio con las cuestiones previas planteadas por las partes. Posteriormente, el 1 de octubre, comenzaron las sesiones con un nuevo trámite de alegaciones previas, tras examinar una documentación, y el día 2 de dicho mes, se iniciaron las declaraciones de los acusados y, luego, de los testigos y los peritos.
* La Opinión Málaga - JAS/EP - 21.1.13
Foto: Marbella, pantoja-muñoz-zaldivar (archivo)- EFE
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ELECONOMISTA/Ávila* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila que aprobó la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de "Las Dehesillas", en la localidad de Cebreros. La decisión supone la paralización del proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de 3.500 viviendas y un campo de golf, entre otros equipamientos.
La sentencia declara también la nulidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila adoptado en junio de 2009, por el que se aprobaban las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros, sólo y únicamente en cuanto a la clasificación como suelo urbanizable no delimitado de "Las Dehesillas", manteniéndose la clasificación de suelo rústico.
El TSJCyL ha estimado así el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 38 propietarios de terrenos afectados por esta actuación urbanística y reconoce que se produce "desviación de poder", por cuanto que se pretende la clasificación de este suelo como suelo urbanizable delimitado, pero como la normativa urbanística no lo permite, lo que se hace es clasificar como suelo urbanizable no delimitado, con la previsión de que se lleve a cabo una Modificación de las Normas Urbanísticas y así considerar "automáticamente este suelo como suelo urbanizable delimitado".
El Tribunal estima también que se está produciendo un fraude de ley, tanto en las Normas, por cuanto que clasifica un suelo urbanizable no delimitado cuando el Ayuntamiento está previendo la inmediata urbanización de este suelo.
* El Economista - Agencias - 22.1.13
Foto: Cebreros (Ávila), las Dehesillas - diariodeavila
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ECOTICIAS* : WWF ha denunciado ante la UE la modificación de la Ley de Costas, que se encuentra ahora en trámite parlamentario. La organización ha presentado una queja ante la Comisión Europea porque considera que esta reforma vulnera la normativa europea. De hecho, WWF argumenta que supondría un impacto profundo en nuestro litoral, aumentaría su desprotección y fomentaría la inseguridad jurídica.
WWF ha presentado una queja ante la UE porque considera que la modificación de la ley de costas, aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, va en contra de los pilares básicos defendidos por la UE en materia de medio ambiente. De hecho, la organización denuncia que la reforma de la Ley de Costas podría vulnerar las siguientes Directivas europeas.
· Riesgo de Inundaciones
(Directiva 2007/60/CE)
La modificación incumpliría la legislación relativa al riesgo de inundaciones. WWF insiste en su queja en que la reforma conllevaría la ocupación de zonas susceptibles de inundarse. De hecho, omite lo que se refleja en el Atlas de Áreas Inundables (1) encargado por el propio MAGRAMA. Además, ignora las previsiones realizadas por los expertos sobre los impactos del cambio climático en los próximos 75 años (período ampliado a las concesiones a particulares e industrias en la costa), sobre los bienes e infraestructuras situadas en el litoral. Esto podría dar lugar a daños en “personas y bienes” de los que se derivarían responsabilidades legales para sus promotores.
· Calidad de las aguas
(Directiva 2000/60/CE)
Para WWF, también incumpliría la obligación de garantizar la buena calidad de sus aguas. No en vano, la reforma de la ley fomenta la desprotección de la franja costera, poniendo en riesgo importantes ecosistemas litorales, como salinas, dunas y marismas. Todo ello a pesar de que estos espacios impiden la regresión de playas y aseguran un buen estado de los recursos pesqueros, etc. Asimismo, no se han evaluado las consecuencias que sobre este aspecto tendría también el fomento del urbanismo en la costa y de los usos industriales.
· Tratamiento de aguas residuales urbanas
(Directiva 91/271/CEE)
WWF destaca que tampoco ha respetado lo que refleja la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La organización pide al gobierno que no se plantee generar más residuos. De hecho, sigue sin resolver los problemas que ya existen en esta materia por la insuficiencia de sistemas de depuración. La estacionalidad de la población en la costa y el urbanismo excesivo han supuesto que las infraestructuras estén mal dimensionadas y no sean útiles, especialmente en verano.
· Participación pública y acceso a información
(Directiva 2003/4/CE)
Por último, WWF recuerda que no se ha permitido a las ONG acceder a la cartografía ni a los criterios usados por el Gobierno para la exclusión de los diez núcleos urbanos y Formentera del Dominio Público.
Desde que se presentó, WWF ha alertado de que su aprobación supondría un varapalo para la riqueza de nuestro litoral y fomentaría la inseguridad jurídica. De hecho, el proyecto favorece los intereses privados en detrimento de un bien público y del interés general, reduce la servidumbre de protección y amplía el plazo de concesiones.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: “Fomentar la ocupación del litoral es una temeridad que con seguridad dará lugar en el futuro a responsabilidades”. Y añade: “La reforma va en contra de la legislación europea y es de tal calado que resulta urgente que la Comisión Europea y el Parlamento europeo se pronuncien sobre ella antes de su aprobación en el Parlamento español”.
* Ecoticias - 18.1.13
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
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LAOPINIÓN/Tenerife* : 35 de los 88 municipios del Archipiélago se vieron envueltos en casos de corrupción urbanística entre 2006 y 2010, la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. Esta cifra representa casi un 40% de los ayuntamientos de las Islas, lo que supone algo más del cuádruple de la media española, situada en un 8,3%. Se trata, por tanto, de la segunda comunidad autónoma que porcentualmente estuvo más afectada por la corrupción, solo superada por Murcia que septuplica la media. Los habitantes de todas las localidades afectadas suponen más de la mitad de la población española (26,3 millones).
Esta evaluación del impacto de la corrupción urbanística, que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías, Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna (ULL), titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.
Dentro del estudio se reflejan datos como que España solo representa el 10% del PIB europeo y a pesar de ello, desde el año 2000 se han construido en el país el 30% de las viviendas de toda la Unión Europea. La mayoría de esos nuevos hogares han sido financiados con dinero que procedía del exterior, por lo que la crisis inmobiliaria española se relaciona estrechamente a la crisis financiera.
Desconocimiento
El estudio también hace referencia al enorme iceberg que supone la corrupción urbanística en España, del que solo se conoce la punta. "Sabemos dónde está, pues hemos localizado su punta, pero se desconoce la dimensión real de ese trozo de hielo flotante que se encuentra mayoritariamente hundido e invisible para el que navega en la superficie de ese mar", explican los autores de la investigación.
"Parece que una gran parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió con la telaraña de la corrupción política y urbanística", señala la investigación. "Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la moneda única". Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información extraída de la prensa, blogs y comunicados dado que según aclaran "España no dispone de ninguna estadística oficial que recoja información de este tipo".
El estudio también distingue cinco tipos de municipios en función del sector económico: industrial, urbano, turístico, agrario y mixto. Los autores observaron una destacable actividad inmobiliaria en las capitales provinciales y sus municipios periféricos (21,7%), ya turístico (13,3%), mientras que el resto corresponden a localidades agrarias (42,3%) o industriales (7,7%) que han optado por cambiar de modelo de desarrollo económico, pasando al inmobiliario-urbanístico. Lo que concluye que, en definitiva, la corrupción urbanística afecta, como es lógico, principalmente a aquellos municipios donde se asienta la economía inmobiliaria.
Los posibles motivos que encuentran los autores para que los poderes económicos y políticos trampeen la ley en la planificación urbanística están, por un lado la necesidad económica para elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para urbanizarla. El 88% de los casos están relacionados con la transformación del suelo rústico en urbanizable, saltándose la ley y produciendo impactos medioambientales.
En cuanto a cuestiones políticas distinguen entre las administraciones locales y los partidos políticos predispuestas al soborno. La mayoría de los casos se descubrieron por la clasificación del suelo, la transmisión irregular, materia de legislación medioambiental y el fraude fiscal.
* La Opinión Tenerife - J.GONZÁLEZ - 17.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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SUR/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz; al exgerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, y a 19 personas más, entre ellas exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios, por la operación urbanística en la finca 'El Pinillo', en Marbella, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
Así, en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Entre los acusados, además de Muñoz y Roca, está el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y también el exinterventor Juan Antonio Castro, así como seis exconcejales marbellíes.
También hay acusados tres administradores de empresas y supuestos testaferros de Roca -dos de ellos abogados-, que han sido juzgados en el caso 'Malaya'; la hija de Jesús Gil y empresarios que fueron interviniendo en la operación urbanística. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que además de prisión solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones par alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales, al que ha tenido acceso Europa Press, una pena de 15 años de cárcel.
En lo que respecta al exalcalde marbellí, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación sostiene que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella «los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros», en el caso de Muñoz «desde su posición de alcalde accidental y persona de confianza del regidor para firmar decretos, convenios y escrituras públicas indiscriminadamente».
Se precisa que en el caso de Roca este control se hacía «desde la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y su condición de máximo artífice de la revisión del planeamiento del municipio hasta el mes de marzo de 2006». Su posición, señala el fiscal, le permitía «negociar los términos y aspectos relevantes de convenios urbanísticos y destino del patrimonio del suelo municipal, con margen para negociar con empresarios «en beneficio de éstos o de sí mismo».
Promoción inmobiliaria
Concretamente, en 'El Pinillo' se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, dice el fiscal, estuvo «lejos de promover la utilidad pública».
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, «de común acuerdo con Roca», y con la participación del entonces secretario municipal, «tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no solo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria».
* Sur - EP - 20.1.13
Foto: Marbella, Muñoz y Roca - elmundo
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LAOPINIÓN/Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de A Coruña que anuló las licencias para la construcción de cuatro edificios plurifamiliares con 24 viviendas en la denominada urbanización La Soleada, en Meirás. El TSXG ha ratificado también la anulación de otras tres licencias concedidas entre marzo y abril de 2005 por el Gobierno local de Sada, presidido por Ramón Rodríguez Ares, para la construcción, en total, de 130 viviendas que, finalmente, no llegaron a ejecutarse porque fueron paralizadas cautelarmente.
El Alto Tribunal ha dado nuevamente la razón al BNG y la Xunta, que en 2005 presentaron sendos recursos contra la resolución de la Junta de Gobierno local de Sada del 14 de julio que desestimaba su reclamación contra la concesión de los permisos a cuatro promotoras para construir edificaciones plurifamiliares en suelo de núcleo rural, clasificado en los proyectos como suelo urbano, con una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados por metro cuadrado (a excepción de la de Meirás, de 0,35).
El juzgado de lo Contencioso sí atendió su demanda, y anuló las licencias al considerar que infringían la ley de suelo y la normativa urbanística de Sada. El ahora edil de Obras, Emilio Gómez (PDSP) dirigía por entonces la Concejalía de Urbanismo. En todos casos, los permisos fueron informados favorablemente por el arquitecto municipal Enrique Roel, ahora en Arteixo.
El TSXG ratifica ahora el fallo y desestima el recurso de dos de las cuatro promotoras. En concreto, Ánfora Azul, que obtuvo licencia para ejecutar los cuatro edificios plurifamiliares en Os Tornos, Meirás; y Promociones Urbanísticas Osedo, a la que le fue concedido permiso para dos edificios con un total de 42 viviendas , aparcamientos y trasteros en el lugar de O Tarabelo. Esta urbanización fue paralizada cautelarmente y solo llegó a ejecutarse el sótano.
Las otras dos promotoras desistieron del recurso. La primera, Residencial Portosada, con permiso para ejecutar tres edificios con un total de 77 viviendas en O Tarabelo y que tras el primer fallo presentó inmediatamente una reclamación millonaria que los jueces han desestimado, solo aceptando resarcirla por el coste de la tramitación de los proyectos. La segunda, de Manuel Osorio, para dos bloques de once viviendas en Samoedo. El otorgamiento de este tipo de licencias en suelo de núcleo rural por el Gobierno que encabezaba Ramón Rodríguez Ares fue una de las principales causas de que la Xunta suspendiese el normativa urbanística de Sada en 2005. El Alto Tribunal ratifica ahora la legalidad de los permisos, que en el caso de la urbanización de Meirás conlleva el derribo de lo construido.
* La Opinión A Coruña - 18.1.13
Foto: Urbanización La Soleada, en Meirás. / juan varela
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ELPAÍS/Barcelona* : Jordi Soriano, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sabadell, es el hombre que mueve los hilos del caso Mercurio. El juez levantó ayer en parte el secreto del sumario, lo que ha sacado a la luz más detalles sobre la trama corrupta en la que permanece imputado el alcalde, el socialista Manuel Bustos. Las conversaciones entre los implicados revelan que diversos empresarios pagaron elevadas sumas de dinero a Soriano a cambio de que este ejerciera su influencia en el Consistorio para obtener la adjudicación de obras públicas.
En su auto, el juez Ramón González detalla que Soriano era el “principal responsable y beneficiario” de la trama y que percibió, presuntamente, comisiones en cinco operaciones urbanísticas relacionadas con el Consistorio: las obras de ampliación del cementerio local, las de la Fira de Sabadell y las del centro cívico de Can Llong, además de una recalificación de terrenos y unas licencias para fincas agrícolas.
Los pinchazos telefónicos atestiguan la trascendencia que los implicados dan a la reforma del cementerio. Sabadell cedió la gestión a la empresa Torra con el compromiso de que esta ejecutara trabajos por 8,7 millones. Las obras fueron encargadas a Constrensnius. Rafael Rojas, que según el juez está ligado a esas dos empresas, habla con otro empresario “en teoría rival” sobre lo que se cuece en el Consistorio, según un informe de los Mossos d’Esquadra al que ha tenido acceso este diario: “En licitaciones públicas, a ver, te pueden dar algo, pero te comes un colín, Mikel. Está todo amañado, ya no saben qué obras se van a dar aquí y todo, o sea que es una vergüenza”.
El juez, por su parte, también detalla algunos de los pasajes más significativos tras dos años de escuchas telefónicas. José Ríos, propietario de Excavallès e imputado en la causa, está descontento. Afirma haber pagado más de 300.000 euros a Soriano. Pero la supuesta intermediación del exconcejal no da frutos. Y Ríos amenaza con tirar de la manta. “Me han ofrecido muchas oportunidades de cosas por hablar del tiet y de ti, y jamás he entrado al trapo”, dice en un mensaje de texto enviado al móvil de Soriano. El tiet es el imputado Melquíades Garrido, constructor, presidente del gremio local y tío del alcalde.
En ese mismo mensaje, enviado el 14 de octubre de 2010, Ríos lanza una amenaza velada a Soriano: “Recuerda a quien tú sabes que las municipales llegan pronto y un escándalo antes de que lleguen no sería lo mejor (...) Me echan como a un perro porque no entro en lo del 3%”, protesta el empresario. Según la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios abonaban a la trama mordidas de hasta 120.000 euros por acceder con ventajas a una adjudicación público. Ese dinero iba, supuestamente, a un “fondo perdido” que se repartían algunos de los cargos políticos implicados en el caso. Una vez finalizada la obra, el constructor debía añadir otro 3% de comisión ilegal sobre el importe de adjudicación, según la fiscalía.
La causa se mantiene bajo secreto en lo que atañe a Bustos y al resto de políticos implicados. Por ahora se desconoce si los cargos públicos se lucraron con el dinero recaudado por Soriano, o si éste actuaba por su cuenta. Según la denuncia del empresario que reveló la trama, Nicolás Giner, Soriano se quedaba parte del dinero, pero repartía el resto entre los políticos.
Los cerca de 2.000 folios del sumario que se han dado a conocer narran, precisamente, la génesis del caso. Giner era un simple recadero que hacía llegar el dinero de los empresarios a Soriano, quien logró embolsarse casi 800.000 euros en comisiones en solo dos años. Arrepentido, en febrero de 2010 Giner contó lo que sabía a los Mossos d’Esquadra, que iniciaron la investigación. El pinchazo de los teléfonos de Soriano y tres empresarios dio los primeros frutos.
El 22 de marzo de 2010, Rojas recibe una llamada de otro de los empresarios investigados, José Manuel González: “Me intersa mucho el hijo de puta del Soriano (...), necesitamos firmar ya, dependemos de esto”, dice en alusión, según el juez, a las obras del cementerio. El citado informe policial añade que el exconcejal del PP “informaba a Rojas de los movimientos que hacía en Urbanismo”. En una de esas llamadas, Soriano le informa sobre el asunto: “Hemos hablado con el tío de que nos estamos jugando mucho en mayo. Que él se juega mucho, que si el nebot vuelve a salir, tiene continuidad; si no, no. Y que, en definitiva, hemos de hacer un frente común con el nebot, él y yo, para que las cosas vayan por donde tiene que ir”, afirma en alusión a las elecciones municipales que se saldaron con la reelección de Bustos.
Los movimientos de tierras han sido un negocio muy lucrativo en Sabadell y también están bajo la lupa de los investigadores. Según el informe policial, Ríos pide a su madre que hable con Bustos: “Dile: Soriano me ha sacado más de 20 millones de pesetas, mi hijo lo tiene todo grabado y lo puede demostrar. Te podríamos haber montado un escándalo y nos hemos callado”. Las intenciones de Ríos llegaron a oidos de bustos, que el 3 de junio de 2010 organizó un encuentro con tres personas de su confianza, incluido el jefe de la policía local. Según el empresario, fue víctima de una “encerrona”. Bustos afirma, en cambio, que solo quiso conocer las acusaciones para impulsar una investigación interna.
El caso es que el dueño de Excavallès no es el único empresario que, en conversación telefónica, admite haber realizado pagos ilegales para obtener trato de favor del consistorio. Así lo hace González: “¿Y tú soltaste pasta?”, le pregunta su interlocutora. “Joder si solté, viviría muy tranquilo con la pasta que solté (...) Vamos a ver si, de una puta vez, este señor [Soriano] se sienta con quien se tiene que sentar y le dice: basta ya de tonterías, yo como de aquí, con lo cual estos señores tienen que hacer la obra”.
El 27 de noviembre, los Mossos registraron el consistorio y otras dependencias. Por ahora hay unas 40 personas imputadas en la causa. En su auto, el juez levanta el secreto de sumario sobre la trama de los empresarios, pero recuerda que “resta abundante documentación por examinar” sobre la participación de los políticos. Entre otras, la del alcalde, que ayer pidió volver a declarar ante el juez para aclarar puntos de su anterior comparecencia y “dejar clara” su inocencia y la de otros cargos municipales imputados. “Desde el principio manifesté mi intención de colaborar al máximo con la justicia”, dijo. Bustos está imputado por malversación de fondos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 19 ENE 2013
Foto: Sabadell (Barcelona), ayuntamiento - noticias.es
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ELPAÍS* : El campo de golf que Esperanza Aguirre estrenó hace cinco años en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en pleno corazón del barrio de Chamberí, no es legal. No cumple con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos. Así lo entiende el Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación que la Comunidad interpuso a la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló con los mismos argumentos.
“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (...) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (...) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, reza a fecha 12 de diciembre de 2012 el texto de la sala quinta de la sección tercera del Supremo, que no admite más recursos y da la razón, como hizo el TSJM, a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, primera en cuestionar que el campo fuera bien de interés general.
“La Comunidad declaró el proyecto bien de interés general para superar el filtro de las licencias, porque no cumplían con los requisitos del Ayuntamiento... Y ni por esas. ¿Y ahora qué? ¿Van a derribarlo y rehacer el parque que había? No les queda más salida”, plantea el abogado José Antonio Jiménez, vecino “de toda la vida” del barrio. “Se refiere más a la forma que al fondo, no significa que haya que derruir las instalaciones”, descartan en el Gobierno regional y en el Canal, donde destacan que en este tiempo el recinto ha tenido 7,5 millones de usuarios (12.000 al mes). Las obras costaron 50 millones de euros.
Las redes, germen de la polémica
La polémica ha perseguido desde sus orígenes al complejo deportivo —dedicado en su mayor parte al golf, también cuenta con pistas de pádel y canchas de fútbol—, que ocupa la mitad de las 12 hectáreas de la superficie del depósito del Canal. La obra fue criticada por vecinos que esperaban que, donde estaba el parque Santander, se construyera un remozado parque público. “El espacio actual dobla la superficie que había”, defiende el Canal. El Ejecutivo autonómico, que obtuvo la primera licencia de obras el 18 de marzo de 2003, optó por incluir un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial. A los lados, unas torres metálicas de 30 metros de altura se suceden sujetando unas redes que evitan que las pelotas de golf salgan de la infraestructura.
Cinco meses antes de la inauguración, el 16 de octubre de 2006, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una “nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de licencia. Aunque no mostraba inconveniente en suprimir un helipuerto que había entonces, en modificar el trazado de la zona verde e incrementar el número de pistas en superficie, exigía la tramitación del plan especial y un informe de evaluación ambiental para conceder la licencia de construcción de tres pabellones y sustentar las redes, cuestionando “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral”. El Colegio de Arquitectos fue más allá y consideró “inadmisible” el campo de golf “en una zona necesitada de espacios verdes y al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público”.
El Consejo de Gobierno salió al paso el 18 de enero de 2007 declarando de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas en su superficie. La Comunidad pensó que así resolvía el problema, que arrastra desde entonces. Voces autorizadas del Gobierno madrileño plantean dos soluciones al entuerto legal. El plan A pasa por justificar la motivación específica de las redes y las plataformas de tiro. El plan B consiste en que el Ayuntamiento haga una modificación puntual del plan general, para lo que depende del visto bueno del Palacio de Cibeles. “Lo que está claro es que eso no se puede tirar, porque la sentencia solo afecta a unas partes muy concretas. Hacerlo sería una locura”, zanjan desde la Comunidad.
* El País - JOSÉ MARCOS Madrid 21 ENE 2013
Foto: El campo de golf desde un depósito del Canal de Isabel II. / RICARDO GUTIÉRREZ
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DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) lamenta «la alarmante escalada de desprotección territorial» durante 2012 a través de «la modificación masiva de leyes para favorecer la especulación indiscriminada, y también a la carta de intereses bien concretos» por parte del Govern balear.
En su análisis de 2012, el GEN destaca las campañas efectuadas, a veces en combinación con otras entidades, contra la modificación de la Ley de Costas, la Ley del Turismo o contra la Ley de medidas urgentes por la ordenación urbanística sostenible. Con el nombre ´Prou, salvem Ibiza´, el grupo puso en marcha una campaña de denuncia por «la nueva oleada de destrucción a la que se ve destinada la isla de Ibiza, incluidos los espacios naturales más valiosos y supuestamente más protegidos». Precisamente por ello, el GEN otorgó en 2012 el premio Formigó al conseller balear de Medio Ambiente, Gabriel Company.
Los ecologistas también recuerdan sus iniciativas para reclamar la paralización del permiso para que la discoteca DC-10, en la zona periférica del Parque Natural de ses Salines, pueda aumentar su aforo a 1.800 personas, contra la siembra de la planta invasora carpobrotus en Cala Salada, contras las excursiones marítimas que combinan música a gran volumen y alcohol en los espacios naturales más importantes, como es Vedrà y es Vedranell, entre otras actuaciones.
En el ámbito educativo, el año pasado el GEN organizó jornadas divulgativas sobre los incendios forestales y presentó la exposición Ses Feixes en Santa Eulària, entre otras acciones. De cara a 2013, el grupo ecologista continuará con la campaña ´Prou, salvem Ibiza´ y organizará más actividades educativas, entre las que destaca el proyecto ´La nostra mar, un tresor oblidat´ para sensibilizar sobre la importancia de la posidonia.
* Diario de Ibiza - 14.1.13
Foto: Ibiza, bahía - turismo
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ELPAÍS* : El Plan General de Ordenación Urbana de 1988 planeó la creación de una veintena de nuevos barrios o sectores urbanizables en Valencia. Unos cuantos llegaron a buen puerto como es el caso de los nuevos sectores de Orriols, Campanar o la Avenida de Francia, y otros tuvieron peor suerte.
En el paquete de los fallidos o rezagados aparecen los de Benimaclet Este, el primero en promoverse, en el año 1992, con más de 1.300 viviendas proyectadas y que sigue atascado, el de Patraix, el PAI del Grau, conocido por su delta verde, o el de Sociópolis, en La Torre, surgido a costa de la huerta y empleado como modelo de barrio de vivienda pública. El plan de Malilla, con sus otras 2.000 viviendas proyectadas al lado de la nueva Fe o el sector urbanizable de Quatre Carreres, que cierra la ciudad por el este, acumulan grandes retrasos.
Este último sector no gana para retrasos. Su tramitación ha sido larga. El Ayuntamiento de Valencia adjudicó en el año 2000 a la mercantil Iniciativas Valencianas la urbanización de la primera de las dos unidades de ejecución del sector de Quatre Carreres, con una superficie de 14 hectáreas y unas 1.700 nuevas viviendas. Dos años después se cedió esta condición a Urbanizadora Quatre Carreres, una sociedad por la división inmobiliaria de la Caja de Castilla-La Mancha.
La reparcelación de la primera unidad de ejecución, donde va emplazada la Ciudad del Rugby, salió adelante en 2005. La segunda unidad de ejecución fue reparcelada en 2007 y se la adjudicó también la Urbanizadora Quatre Carreres. Entonces estalló la burbuja inmobiliaria, luego llegó la recesión y lo paró casi todo.
La urbanización no se ha competado, quedan calles por acabar, y de los edificios que aparecen en los planos, han salido adelante un par de promociones pero el resto están paradas.
El Grupo Municipal Socialista de Valencia llevará al pleno municipal de final de mes el futuro de este sector y solicitará a la Concejalía de Urbanismo un informe técnico urgente “que garantice el interés público y evite pérdidas a las arcas municipales”, anuncia el concejal socialista Vicent Sarrià.
“En el PAI de Quatre Carreres se han incumplido numerosos convenios firmados por el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Valencia”, sostiene Sarrià. Según el edil, se han abandonado las obras de urbanización, la sociedad urbanizadora está en un proceso concursal desde principios de 2011 y la presencia —a través de su filial inmobiliaria— de la Caja Castilla-La Mancha, entidad intervenida, “añade más incertidumbre sobre la viabilidad del sector”.
Pero lo que más preocupa a los socialistas es quién paga la Ciudad del Rugby, un parque deportivo que el Consistorio modificó y del que no se ha hecho cargo el agente urbanizador, como estaba previsto, si no que se ha cargado al Plan E del Gobierno. “Los 5,3 millones de euros que ha costado no se podrán repercutir a los propietarios del sector, causando una pérdida económica a las arcas municipales”, apunta el edil socialista.
La decisión del gobierno de Rita Barberá de cargar 12.000 metros cuadrados de urbanización del parque deportivo a otro PAI vecino, el de General Urrutia y Hermanos Maristas, le han supuesto al Consistorio dos nuevos varapalos judiciales. Por la primera sentencia, explican los socialistas, se ha tenido que indemnizar con 300.000 euros a los propietarios afectados, pero no se sabe si el segundo fallo será más gravoso para las arcas municipales.
Sarrià exige en la moción de su grupo que se compruebe si la adjudicación de la urbanización ha caducado y, si es así, se busque una salida que garantice la edificación de las viviendas —hay un porcentaje de protegidas— el final de la Ciudad del Rugby y el Ayuntamiento recupere los más de 5 millones de euros que cuesta.
En el sector había otras infraestructuras públicas que han pasado a mejor vida. Es el caso de la nueva Escuela Oficial de Idiomas, que tras un retraso importante, fue descartada por la Consejería de Cultura por falta de presupuesto. “No es una prioridad”, dijo en septiembre del año pasado la consejera María José Catalá, pese a la corta oferta de plazas para estudiar idiomas de la capital.
Presupuestada en siete millones de euros, la escuela añadía plazas para 10.500 nuevos alumnos. El cartel que anuncia la construcción del centro, en la calle del actor Antonio Ferrandis, sigue clavado en la parcela con signos de deterioro.
Y otro proyecto fallido, la Torre de la Música que anunciaron el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Esta prevista sobre una parcela municipal de 70.000 metros cuadrados, en pleno PAI de Quatre Carreres. El Consistorio se la cedía en concesión a la Berklee College of Music de Boston para que erigiera la torre.
En enero de 2012, cuatro años después de anunciarse, se descartó su construcción. La impresionante mole de 100 metros de altura y 27 plantas, que iba a costar 95 millones de euros, se anuló por los problemas económicos. Diseñado por Antón García Abril, la gigantesca torre pretendía acoger a 1.000 alumnos y servir de residencia para 250 personas. La Berklee tiene su sede en el Palau de les Arts.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 12 ENE 2013
Foto: El cartel que anuncia la descartada Escuela Oficial de Idiomas sigue en la misma parcela. / TANIA CASTRO
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FERNANDO PRIETO* : ¿A quién debemos creer sobre la costa, a Montoro o a Cañete? ¿Al ministerio de Hacienda o al de Agricultura?
Graves y profundas contradicciones entre el proyecto de ley presentado por el Ministro de Agricultura, Arias Cañete y el documento del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro sobre la política de costas.
Existen dos documentos recientes sobre la política de costas absolutamente contradictorios, uno el proyecto de ley presentado por el MAGRAMA[i] aprobado el consejo de ministros de octubre Proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 (PUSLI) y actualmente en el Parlamento y otro el informe sobre Evaluación de la Política de Costas[ii] elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La AEVAL se dedica a hacer evaluaciones de políticas públicas, es decir informar al gobierno y a la sociedad de cuales han sido los resultados de la aplicación de una política con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, etc. Es un organismo público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Es la primera de las establecidas por dicha Ley, de acuerdo con un nuevo modelo de gestión pública en línea con los principios de gobernanza de la Unión Europea: responsabilidad, eficiencia, participación, apertura y coherencia.
Es decir se trata de una Agencia Estatal, igual que la de meteorología, con su correspondiente presidente y altos cargos. Esta Agencia es la que va a ser responsable de la ley de transparencia. En todos los países civilizados existe una importante tradición de evaluación de políticas que posteriormente son incorporadas a la agenda pública.
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) realizó en 2009 una evaluación de la gestión y funcionamiento de las Confederaciones Hidrográficas en la perspectiva de su adecuación a la Directiva Marco de Agua (DMA). Partiendo de esta evaluación en la que se puso de manifiesto “… la importancia del nuevo concepto de Demarcación Hidrográfica que incluye las aguas transicionales y costeras resaltando la conveniencia de una buena coordinación entre las administraciones responsables de los dominios públicos hidrológicos y marítimos terrestres, respectivamente”, el Consejo de Ministros, en su reunión del 23 de abril de 2010, acordó incluir dentro del Plan de Trabajo de la AEVAL para ese año, la evaluación de “la gestión y funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la protección del dominio público marítimo, en la perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM)”.
Al mismo tiempo, se recoge la necesidad de “conocer el grado de progreso alcanzado en España en los trabajos previos a la implantación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina así como las actuaciones a desarrollar para adaptar las Demarcaciones de Costas a los requerimientos de esta Directiva”.[iii]
Esta evaluación se ha publicado [iv] en el año 2012, es decir durante el priodo de tramitación de borrador del anteproyecto y del propio proyecto de ley. El borrador lo tuvieron varios meses los asesores de montoso antes de decidir su publicación o no, que finalmente se produjo en junio de 2012.
La evaluación de la política de costas analiza la evolución de esta política de desde 1988, fecha en que se aprobó la ley, y a partir de un exhaustivo estudio estadístico, de gastos, presupuestos, indicadores, entrevistas con los funcionarios, estudio comparativo de las políticas de otras países, estudio en algunos municipios concretos, entrevistas con actuales y antiguos responsables de la política, y del contraste con los agentes implicados (hoteleros, constructores, ecologistas), para hacer un diagnostico de la política de costas. El informe expone una serie de conclusiones y recomendaciones sobre lo que debe ser una política de costas alineada con las experiencias de otros países de nuestro entorno y con la legislación ya existente y prevista.
Las principales diferencias importantes entre los dos documentos son lo siguientes:
1. el informe de la AEVAL comienza considerando la enorme presión que existe sobre este ecosistema y considera que estamos cerca de una situación de no retorno por el aumento de la urbanización en la costa y la contaminación. Es decir se deben de reducir esas presiones por ser un recurso estratégico para el turismo y otros sectores económicos claves. Bien el PUSLI lo que hace es permitir este incremento de la presión.
2. El informe de la AEVAL indica que la Constitución de 1978 reconoce la calificación de dominio público marítimo-terrestre, a partir del artículo 132.2 que resulta incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el mismo. Podría abordarse desde el Estado la definición de unos criterios mínimos con el objetivo de implementar una normativa básica de protección del litoral sobre la base del artículo 149.1.23º de la Constitución. Por el contrario el PUSLI, por permitir desigualdad entre unos y otros municipios al privatizar terrenos comunes en contra del artículo 132.2 de la Constitución.
3. El informe de AEVAL incluye referencia al cambio climático que va a ser determinante en cualquier tipo de política de costas. el Banco Mundialacaba de hacer una referencia explícita a este proceso explicandoque con los compromiso actuales de reducción de emisiones, al final de siglo habrá cuatro grados más, y los niveles de concentración de CO2llegarían a 800 partes por millón (cuando el objetivo de Naciones Unidas era no superar los 450), con sequías e inundaciones mas frecuentes, es decir va a afectarnos a todos los países y todas las políticas, menos a la costa españolas, (¡!) .En el Proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 (PUSLI) no se hace una sola mención, mientras se permite construir e a 20 metros del litoral, con todo el aumento de riesgo que se deriva de ello, tanto sobre personas como sobre propiedades. Es llamativo que mientras tanto, el MAGRAMA financia estudios junto a CEPAL para la evaluación de impactos del cambio climático en zonas costeras de los países de América Latina y el Caribe, para evaluar impactos, vulnerabilidad de las costas, la evaluación de los impactos derivados y la integración de todos los factores en la evaluación de los riesgos plantear medidas de adaptación y realizar un análisis económico de las mismas.
4. Hacer referencia a la gestión integrada de zonas costeras, Recomendación 2002/413/CE, de 30 de mayo de 2002, relativa a la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa, recogido en al recomendación del parlamento europeo para que las políticas tiendan hacia este marco conceptual, esto implica la planificación en relación a los ecosistemas, reducir la construcción en las primeras líneas de playa, dejar zonas naturales como salinas o dunas sin construir, etc. esto es totalmente opuesto al anteproyecto de ley de costas presentado en el parlamento. Algunas ideas en este sentido son por ejemplo: Trabajar en sintonía con los procesos naturales, aplicar una planificación participativa para suscitar el consenso, conseguir el apoyo y la participación de todas las instancias administrativas competentes o adoptar decisiones que no hipotequen el futuro. Por supuesto ninguna de estas ideas ha sido seguida por el proyecto de ley del MAGRAMA.
5. Recomienda al gobierno de que se adopten medidas, proyectos y programas, para cumplir el protocolo del Mediterráneo, vigente desde marzo del 2011, cuando todavía no se ha tomado ninguna medida para su cumplimiento. Así demanda una estrategia nacional de la costa, desgranada en planes y programas. En el PUSLI se olvidan estos temas y se propone una gran privatización del litoral, tanto amnistiando algunos municipios como privatizando salinas, dunas y reduciendo a 20 metros las zonas de construcción en muchas zonas de España.
6. El informe de AEVAL considera como obligatoria, como no podía ser menos, el cumplimiento de la directiva marco de aguas y la directiva marina Ley 42/2010 de protección del medio marino, ambas traspuestas al derecho español y que obligan a la planificación conjunta de las aguas de estuarios, mejorar la calidad del agua, el PUSLI ni siquiera comenta la existencia de estas directivas de obligado cumplimiento ni explicita como va resolver los compromisos que se derivan de ellas en el ámbito costero.
7. Esta política va en contra de las realizadas desde 1988. En una parte importante de este periodo, entre 1996 y 2004, estas políticas fueron asumidas por el partido popular, y técnicos muy cualificados y expertos de ese partido pelearon por el cumplimiento de la ley de costas en las diferentes demarcaciones. Sin embargo ahora el PUSLI propone cargárselo. En algunos temas, como el deslinde supone volver a iniciarlo en muchas zonas con el despilfarro de tiempo y dinero consecuente.
8. La preocupación por el aumento del urbanismo observado en los últimos años hace que el informe de la AEVAL se refiera como el mayor problema que tienen ahora las costas, hablando incluso de un punto de no retorno si siguen las tendencias actuales.
9. Sobre el deslinde, el informe de la AEVAL recomienda acabarlo cuanto antes y “Para una superior protección del DPMT, podría valorarse hacer uso de la posibilidad prevista en la LC de ampliar la anchura de la zsp a 200 m, en especial, en aquellas franjas del litoral que carecen de este tipo de protección al no contar con planes de ordenación del litoral o del territorio aprobados por las CCAA. Debería de ultimarse la recuperación posesoria de DPMT, distinguiendo claramente estos supuestos de aquellos a los que resulta de aplicación el régimen transitorio de la Ley de Costas. Tanto la recomendación relativa a la finalización del deslinde, como la de la ampliación de la zona de servidumbre de protección y la recuperación posesoria, no constituyen más que la recomendación de implementar tres de las medidas para aguas costeras y de transición previstas en la Orden de 2008 que aprueba la instrucción de planificación hidrológica y que, hasta la fecha, no se han llevado a cabo.
10. El informe de AEVAL se refiere ala importancia de los bienes comunes, su importancia y especificad, definidos según el artículo 132.2 de la Constitución. Bien, con la reforma PUSLI se enajenan parte de estos bienes dejando construirse hasta 20 m en algunas zonas y se amnistían 11 núcleos que corresponden a 10 municipios, también se devuelven las salinas a los anteriores propietarios con lo cual, disminuye el el DPMT. Es decir que va en contra del informe de AEVAL que recomendaba fortalecerlo y de la propia constitución.
11. En el informe de AEVAL se sugiere el modelo de Asturias, que ha recibido varios premios europeos y ha sido puesto como ejemplo por la Comisión Europea como ejemplo de políticas de costas y de planificación integrada entre la ribera del mar y la franja interior de la misma y con numerosos premios europeo de planeamiento urbanístico bien realizada para extender a todo el país. Hay que recordar que los planes litorales de esta CCAA contemplan la protección hasta los 500 metros de costa. Se propone extender este modelo al Mediterráneo. Bien en el PUSLI se propone todo lo contrario, es decir incrementar la construcción hasta los 20 m con un modelo de municipio con playa urbana que reduce a 20 m la franja de protección. Además de las otras excepciones ya reseñadas en el punto anterior.
12. Los dos informes coinciden en que una vez acabado el deslinde se registren las propiedades. En cualquier caso hay que considerar el carácter dinámico de las riberas del mar, con sus propias tasas de erosión y acreción. “La incorporación del deslinde al Catastro se configura como una imperiosa necesidad para crear un sistema público de acceso informático a tan relevante información y cumplir con la obligación establecida en la normativa catastral. La incorporación de esta información es no sólo necesaria y garantía de seguridad jurídica, sino obligatoria”. Por otra parte, es evidente que aunque una zona este determinada como privada, en caso de que la dinámica del mar la invada, será muy probablemente el mar el que acabe llevándose la razón. La costa española está deslindada en el 95% por 100 de su longitud y desde el año 2004 se han deslindado 3.830 kilómetros de litoral que se suman a los 4.659 deslindados desde 1988 hasta 2003. Provincias como Alicante todavía tienen deslindado solo un 67%. El iniciar otra vez todo el deslinde sería costosísimo y generaría una gran inseguridad jurídica.
13. El informe AEVAL respecto al efecto 2018 recomienda soluciones en la medida de lo posible consensuada con los interesados, sin detrimento del carácter público de los bienes en juego. EL PUSLI propone directamente aumentar a 75 años las concesiones con lo cual se compromete muy seriamente el carácter público de los bienes en juego.
14. El Informe de AEVAL hace referencia a los traspasos de las competencias ya realizados a Andalucía y Cataluña en el año 2011, este tema se olvida totalmente en el PUSLI. Es decir se olvida la gobernanza del litoral con CCAA. Parece que habrá que desarrollar la colaboración con las que ya tiene transferidas competencias y con el resto. ¿Se piensa seguir con el proceso de trasferencias a todas o se da ya por concluido?
15. Llama la atención que el programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que se estableció para la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico, o sometidos a presión urbanística, colindantes con el Dominio Público Marítimo-Terrestre, de forma que quede garantizada la conservación y protección del mismo. Desde el año 2005 el Ministerio ha destinado más de 75 millones de euros a este programa, y que se valora muy positivamente en la evaluación de la AEVAL, El PUSLI olvida totalmente y se propone justo lo contrario, es decir pasar el Dominio Público Marítimo terrestre a los propietarios, reduciendo el espacio común en beneficio de los propietarios privados.
16. El informe de AEVAL hace referencia al plan de turismo 2020 y a otras estrategias e instrumentos de planificación del turismo y para ello propone conservar al máximo el principal recurso. En el PUSLI ni siquiera se cita la palabra turismo, apoyando de una forma evidente y única al sector constructor, a las industrias que tienen propiedades en el DPMT y al de acuicultura, olvidando todos los demás, y especialmente el turismo que supone el 12% del PIB.
17. En el informe de AEVAL se recomienda la planificación en relación la biodiversidad y al plan estratégico de patrimonio natural 2011-2017. Esta palabra no sale ni una vez en el PUSLI, ni por supuesto se toman medidas para su mantenimiento.
18. Respecto a la delimitación del DPMT en el informe de AEVAl se reconoce su lentitud y que en muchas ocasiones ha habido falta de criterios geomorfológicos y ecológicos en la definición, pero se apuesta por acabarlo cuanto antes y por revisar todos los problemas que haya podido haber, sobre todo para no abrir la “caja de truenos jurídica” que supondría el revisar todos los casos, una vez ya finalizado el 9% de los 8.000 km y que la inmensa mayoría de los juicios han sido ganados por el Estado. En El PUSLI se propone una reducción.
19. el informe de AEVAL recomienda “debiera aprovecharse para asentar definitivamente un esquema de coordinación entre la administración hidráulica con la del litoral y la marina”. Este aspecto de coordinación institucional y entre políticas esencial para cualquier política de costas tampoco se pone de manifiesto en el PUSLI.
20. El tema de los puertos esencial en la costa también es comentado en el informe de AEVAL constatando “la ausencia de coordinación que parece advertirse entre la política portuaria y la de costas: a) por un lado, las modificaciones normativas operadas a instancias del Ministerio de Fomento con incidencia directa en costas y sin intervención del MARM y b) las observaciones formuladas por Puertos del Estado respecto al protocolo del mediterráneo”. Esto se propone solucionar. También recomienda que el “Dominio Público Portuario formara parte de las líneas de acción de la política de costas bajo un enfoque medioambiental”. En el proyecto de ley PUSLI ni siquiera se comenta la existencia de los puertos y la política portuaria.
21. En el informe de AEVAL se propone, fijándose en políticas de costas diseñadas en otros países:
o Determinar los criterios para la definición de capacidad de carga del territorio litoral y del concepto de huella ecológica de las actuaciones, así como establecer criterios básicos para determinar su cuantificación.
o Desarrollar mecanismos y técnicas de compensación interterritorial, utilizando el concepto de equidistribución de costes y beneficios ambientales entre los distintos territorios (intermunicipal, intercomarcal e interregional).
o Fomentar y estimular la preservación del territorio litoral: desarrollar la capacidad estatal de gestión e inversión dirigidas a las administraciones regionales y municipales, orientadas al fomento de las buenas prácticas en el territorio litoral. Por ejemplo, a través de la elaboración de códigos de buenas prácticas y establecimiento de premios.
o Incentivar la mejora del estándar proteccionista común contenido en la normativa básica estatal por parte de las CCAA. Tal sistema de incentivos podría estimular, a su vez, otro de las CCAA para con la CCLL que incorporaran en su planeamiento determinaciones orientadas a una superior protección y conservación de ecosistemas litorales (sistema de incentivos “en cascada”)
o Establecer los mecanismos necesarios para la resolución de los conflictos que puedan surgir e entre administraciones y entre éstas y la sociedad
En el PUSLI ni siquiera se citan estos instrumentos, si bien es cierto que se habla de eficiencia energética en las reformas o en las nuevas casas que se dejen hacer en el litoral (¡!!???)
22. El informe de AEVAL recomienda ampliar las escalas temporales en la planificación, mientras el informe PUSLI, en su primer borrador hablaba de una escala temporal de tan solo 10 años.
23. El informe AEVAL recomienda “que la asignación de inversiones respondiera en el futuro a criterios claros y pautados, priorizando los criterios ambientales y sostenibles en función de la particular problemática de la Demarcación con un mayor equidad en la asignación presupuestaria”. En este año las inversiones del MAGRAMA, es decir la verdadera política realizada, han caído de una forma muy pronunciada. Lo cual también supone una contradicción entre las recomendaciones de AEVAL del 2012 y las políticas realizadas por MAGRAMA en el mismo año.
24. Respecto las relaciones con las Comunidades autónomas: la AEVAL escribe “Las relaciones con las CCAA deberían articularse a través de convenios específicos, con abandono del convenio tipo y dotados de suficientes instrumentos que permitan la efectividad de sus estipulaciones y la adopción de medidas para el caso de incumplimiento. Esto convenios abordarían, entre otros aspectos, compromisos sobre plazos para la emisión de informes y colaboraciones concretas y pautadas en ámbito tales como la vigilancia del DPMT y zona de servidumbre de protección y cofinanciación de obras”. Se hace indispensable establecer procedimientos conjuntos de adopción de decisiones entre los distintos niveles de administración implicados en la gestión del litoral, reforzando la interlocución de las demarcaciones con los órganos competentes de las CCAA. La palabra CCAA apenas se utiliza en el PUSLI, quizás por una reivindacion estatalista de recuperación de competencias a pesar de que son esenciales en la gestión del ZSP y del propio DPMT.
25. Respecto a la participación de la sociedad civil, la transparencia y las relaciones con la comunidad científica la AEVAL sugiere: Deberían fomentarse las relaciones con las instituciones académicas y científicas que contribuyan un mejor conocimiento del litoral. Asimismo, debería promoverse una cultura de gestión basada en la transparencia informativa, posibilitando la accesibilidad de la actividad de las demarcaciones de costas.” En el PUSLI y durante su elaboración ni siquiera se han utilizado a la comunidad científica en el proceso de participación.
26. Sobre los autores, y, este tema es esencial, hay que reseñar que en el informe de AEVAL participaron mas de una docena de expertos reconocidos a escala nacional e internacional, catedráticos, con grupos de discusión de hoteleros, empresas constructoras, urbanistas, representantes de CEOE, sindicatos, ecologistas, etc. Este proceso no se ha producido en el PUSLI que se ha aprobado directamente y presentado en el Parlamento, no se conoce ni su autoria, ni quienes han sido los expertos que han asesorado al gobierno. Excepto el Sr. Matutes que ha reconocido que “ha trabajado mucho en la ley”[v], que tiene importantes intereses inmobiliarios e industriales en la costa, aunque se supone que el Sr. Cañellas también beneficiario[vi] del la privatización de las salinas de Ibiza y hoy públicas también puede haber tenido algo que ver.
Como comentario final, el informe de AEVAL, reconoce que la ley de costas ha sido insuficiente para la gestión adecuada del DPMT, que le deslinde se ha realizado con extraordinaria lentitud y en ocasiones con fallos clamoroso, pero que sin esta ley los impactos sobre el litoral serían mucho mayores. La Ley de Costas de 1988 constituye una garantía para la protección del DPMT, aunque insuficiente para avanzar en una GIZC, por ello debe aprovecharse la entrada en vigor del Protocolo GIZC del Mediterráneo ya es una oportunidad para avanzar en los aspectos normativos que requiere la gestión integrada. La ley de costas de 1988 precisaría de un refuerzo para su correcta aplicación con adecuados medios humanos y organizativos, pero la reforma del PUSLI va en una dirección totalmente contraria que provocará caos, incertidumbre, mayores impactos e insostenibilidad.
Como conclusión se propone que se devuelva el proyecto de ley y se inicie un verdadero proceso de consulta para mejorar la ley actual con el máximo de consenso y apoyo científico para que se haga una verdadera ley de costas con el máximo consenso, basada en la mejor ciencia disponible y con la máxima participación y consenso, posible para que dure por lo menos otros 25 años.
[i] http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/anteproyecto.aspx5 de octubre de 2012, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) dio luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio.
[ii] http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E28-Costas.pdf
[iii] Este encargo se enmarca, a su vez, en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), que explicita la necesidad de que algunas de sus políticas hayan de ser evaluadas por la Agencia anualmente, en concreto, en la política referida a la conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio, que busca minimizar los daños originados en los recursos naturales y potenciar el uso eficiente y sostenible de estos recursos, fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social.
[iv] http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E28-Costas.pdf
[v] Menos protección para la costa Los ecologistas denuncian que la nueva ley favorece la especulación urbanística, mientras que el Consell d’Eivissa defiende que da más seguridad a la propiedad C. Roig | Eivissa | 13/10/2012Ultima hora. http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/menos-proteccion-para-costa.html
[vi] MANRESA ANDREU Un dudoso privilegio para la última isla balear sin ladrillo. La familia Cañellas, beneficiada por la excepción de Formentera y en la costa de Ibiza
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/06/actualidad/1349520126_552041.html
GLOSARIO
AEVAL: Agencia de Evaluación de Políticas Públicas
CEPAL: Comisión Económica para América Latina
DMA: Directiva Marco de Agua
DMEM: Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
DPMT: Dominio Público Marítimo Terrestre
GIZC: Gestión Integrada de Zonas Costeras
MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
PUSLI: Proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988.
ZSP: Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre
GIZC: Gestión Integrada de Zonas Costeras
* Fernando Prieto es ecólogo. Participó en el proceso de aprobación de la ley de costas de 1988 y ha colaborado en la evaluación de esta ley para la AEVAL.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5525
* Rebelión - Opinión - 17.1.13
Foto: Costas - google
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LAOPINIÓN/Málaga* : El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y seis exediles del GIL han sido condenados cada uno a un año de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación urbanística contra la ordenación del territorio.
Por otra parte, el tribunal de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga absuelve al exalcalde de los delitos de malversación de caudales públicos y el subsidiario o alternativo de fraude. Durante el juicio, Muñoz se conformó con la petición de pena del fiscal respecto al delito de prevaricación pero respecto al delito de malversación se declaró inocente y aseguró que fue el fallecido Jesús Gil quien negoció la licencia de obra que le había llevado a sentarse en el banquillo de los acusados.
Muñoz y los exediles aprobaron por unanimidad en una comisión de gobierno de agosto de 1998 otorgar licencia al proyecto básico a la sociedad Moansa y, posteriormente, en enero de 1999, dieron luz verde al permiso de obra al proyecto de ejecución de la edificación.
Estas autorizaciones se hicieron sobre su adecuación al documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "contraviniendo a sabiendas el ordenamiento jurídico aplicable", según se explica en la sentencia.
Pero, además, estas obras afectaron a un vial público, para lo que se inició expediente de desafectación y posteriormente se permutó mediante un convenio con la empresa.
En los fundamentos de derecho, el Tribunal explica que en este procedimiento ha habido dos fases distintas, la primera, que fue objeto de acusación por el fiscal y se adhirieron las acusaciones y cada uno de los acusados se conformó.
Y un segundo grupo, que centró el objeto de la vista oral, el delito de malversación, y que la Sala considera que los hechos no son legalmente constitutivos de infracción penal.
En este sentido, el Tribunal mantiene que no se ha producido sustracción al servicio público, ni al patrimonio municipal, sino una permuta.
Durante el juicio, Julián Muñoz aseguró al tribunal que, para su "desgracia", firmaba todo "desde que Gil y el teniente alcalde de Marbella, Pedro Román, dejaron de hacerlo".
Muñoz subrayó que respecto a este tema nunca negoció nada, que fue un asunto que siempre llevó personalmente Jesús Gil y que él sólo firmó la permuta sin leerla.
* La Opinión Málaga _ EFE - 17.1.13
Foto: Marbella, ayuntamiento - turismo
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ELPAÍS* : La ley de tasas judiciales encarece hasta diez veces los costes de los procesos judiciales.
El pasado año 2012 concluyó con varias noticias en torno a la paralización de proyectos urbanísticos que afectaban a medios naturales especialmente sensibles. El cabo Cope en Murcia, la sierra de Las Nieves (Málaga) y la laguna y humedal de Valdoviño (A Coruña) se salvaron del ladrillo gracias a sentencias judiciales tras las que había un trabajo previo de denuncias y recursos ante tribunales de justicia que emprendieron ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones ecologistas. Tras la aprobación de la ley de tasas judiciales, estos procedimientos se encarecerán notablemente y, según denuncian varias ONG, será imposible iniciar procesos contra proyectos que conlleven graves impactos ambientales. Y la cosa puede ir a peor con otras normativas en ciernes.
“Si recurriéramos hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, urbanización ilegal según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de 1.290 euros”. Ecologistas en Acción ejemplifica así el lastre que supone para la defensa de la protección ambiental la ley impulsada por Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia, y advierten de que su participación en casos tan populares como el hotel del Algarrobico sería imposible con esta normativa.
La cantidad sería menor (440 euros) en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), el plan parcial de la playa de Valdevaqueros (Cádiz) o los permisos a Repsol para prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Sin embargo, las asociaciones ecologistas y vecinales consideran que incluso estas cuantías menores también limitan el acceso a la justicia ambiental, más si se multiplican por la decena de casos que se abren al año y se tienen en cuenta los presupuestos reducidos de muchas de ellas. Los abogados que llevan estos casos hablan de replantearse muchos procedimientos o acudir a herramientas de financiación popular y colectiva, como el crowdfunding.
En la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ya han empezado a notar los efectos de la nueva normativa. Juan Carlos Atienza, director de Conservación, afirma que su asociación "es la que más procesos judiciales tiene abiertos [unos cincuenta] y más dinero invierte en tribunales [unos 50.000 euros al año] para defender el medio ambiente, y hemos calculado que el presupuesto anual asignado a los mismos se multiplicará por diez”. “Desde que se aprobó la ley hemos iniciado solo un caso y vamos a intentar seguir adelante con los que tenemos ya abiertos, teniendo en cuenta que la ley es retroactiva y afecta también a estos; pero lo que es seguro es que nos limitará mucho presentarnos a nuevos”.
Eduardo Salazar y Jaime Doreste son dos abogados ambientalistas que trabajan en casos como el de la Marina de Valdecañas, el soterramiento de la M-30 en Madrid o la instalación del almacén temporal de residuos en Villar de Cañas. Salazar confirma que van a "denunciar la ley ante el convenio internacional de Aarhus, ratificado por España en 2005, donde se dice que el acceso a la justicia tiene que ser real y efectivo y los procesos rápidos y poco onerosos o gratuitos”. La pretensión es que aquellas personas y colectivos que inicien un proceso en defensa del medio ambiente no paguen las tasas, y si es así, que “haya una condena internacional que obligue al Estado a revisar la ley”, concluye. El Convenio de Aarhus, llamado así por la ciudad danesa donde se firmó, es un tratado internacional de la ONU sobre acceso a la información y la justicia y participación pública en tomas de decisiones en materia ambiental.
No solo ecologistas, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios están en pie de guerra contra la discriminación que supone la ley de tasas. Jaime Doreste añade el envío masivo de cartas a la Defensora del Pueblo para reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad, y advierte de nuevas reformas por llegar de las que ya se han presentado borradores y pueden limitar aún más la personación popular no solo por la vía administrativa, sino también penal. “El anteproyecto de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita prevé que una persona o colectivo solo pueda usar este servicio tres veces al año, salvo que acredite que no hay abusos, algo que se antoja muy arbitrario”. Según Doreste, esto limitará también el trabajo de ONG y asociaciones con escasos recursos económicos. Pero hay más, ya que un documento elaborado por expertos sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal limita el ejercicio de la acción popular a partidos, sindicatos y asociaciones.
Desde el Ministerio de Justicia recuerdan que “el anteproyecto de ley de acceso a la justicia gratuita contempla que las asociaciones de interés público que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en defensa de su objeto social podrán beneficiarse de la justicia gratuita en los mismo términos en lo que recogía la ley en vigor”. Ruiz-Gallardón afirmó el viernes pasado, en la presentación del anteproyecto: “Se establece una presunción de abuso de derecho en aquellas personas que soliciten más de tres veces al año instancia de justicia gratuita salvo en lo penal. Eso no significa que no tengan derecho a acogerse; significa que a partir de la tercera serán sometidas a una investigación puesto que hay presunción de abuso de derecho”. Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la limitación de la acusación popular, el ministro confirmó en la misma comparecencia que el Consejo de Ministros encomendó a una comisión de expertos la elaboración de un nuevo código procesal penal, cuya propuesta “no ha sido trasladada aún al Gobierno”.
Casos de gran notoriedad, como el hundimiento y posterior contaminación del Prestige o la rotura de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar y su vertido sobre Doñana, han contado con la acusación popular. “Y todos los de envenenamiento de fauna o de las urbanizaciones ilegales de Navas del Marqués y Villanueva de Gómez en Ávila”, añade Juan Carlos Atienza. El representante de SEO/BirdLife aclara que “en medio ambiente y protección de la biodiversidad hay pocas personas que, como entidad jurídica, inicien un proceso judicial. Si te roban o te ponen una multa injusta recurres porque afecta a tu patrimonio personal, pero el medio ambiente es de todos y nadie va a poner tiempo y ahora dinero de su patrimonio para defender el de todos. Eso solo lo hacemos las ONG ecologistas u otros colectivos, como asociaciones de vecinos o plataformas creadas al efecto”.
* El País - JAVIER RICO 16 ENE 2013
Foto: Arenal y laguna protegida de A Frouxeira, en el ayuntamiento coruñés de Valdoviño. / XURXO LOBATO
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EUROPAPRESS/Almería* : La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), en el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios.
El juez instructor de la causa, que ha ordenado en un auto abrir juicio oral por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha resuelto imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.
El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares". Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística y quien en la actualidad no ejerce cargo público, el fiscal tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, de PSOE y PA, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no. Los exconcejales son Miguel M.R., Emilia J.P., Aniceto L.M., José Antonio R.M., Juan M.D., Josefa S.G., Pedro S.C. y José Juan S.
Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".
'MODUS OPERANDI'
El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".
En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".
En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías. Estas dieron lugar posteriormente a licencias de ocupación que contaron con informes favorables del técnico municipal y acusado Carlos Domingo B.F., quien también era el director de obra de estas promociones impulsadas por las constructoras 'Antonio de la Jacinta' y 'Chaviort'.
En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.
El fiscal remarca que, en este punto, el exalcalde contrató Carlos Domingo B.F., a quien, arquitecto, se le encargó que emitiera informes técnicos favorables, una labor a cargo del ayuntamiento que desarrolló al tiempo que, en el ejercicio de su profesión, dirigía obras de "numerosas edificaciones" en el municipio.
Tras cesar en octubre de 2005, Trabalón contrató a Francisco S.G., también arquitecto y acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, del que era "conocedor", con informes favorables para más de 150 viviendas promovidas por otros acusado, Tomás Z.S. y Jose Miguel D.N., administrradores de 'Zuydy SL'. El socio de Francisco S.G. en su estudio, José María G.R. también esta acusado en el proceso.
"SUBTERFUGIO"
El citado modo de actuar fue diseñado por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivio, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".
De este modo --añade-- los promotores era quienes adquirían el suelo no urbanizable y lo dotaban "a veces de forma incompleta, a veces de forma nula" para "llevar a cabo aparente transformación de la naturaleza del suelo vulnendo la normativa urbanística pues se hacía sin cobertura de ningún instrumento de planeamiento urbanístico, sin las necesarias licencias y no permitidas legalmente y sin cesiones de suelo y aprovechamiento urbanístico que establece la ley para los municipios".
Las tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencia administrativo".
El escrito recoge que la secretaria del Ayuntamiento, María Trinidad L.G., quien también está acusada como cooperadora necesaria en 30 presuntos delitos de prevaricación, expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde "no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias".
El fiscal también señala que, entre 2005 y 2006, Trabalón y Tijeras concedieron unas 18 licencias de segregación de fincas rústicas situadas en no urbanizable "con conocimiento de que eran auténticas parcelaciones urbanísticas y que ley las prohíbe" en este tipo de fincas.
En la causa también están procesados el cuñado el exregidor Juan José G.R., los empresarios Francisco y José Manuel N.T. como administradores de las constructoras 'La Vacazul y Grupo de Inversiones 'Solnor', así como Francisco Javier D.C. como administrador de 'New medina Villas', Faustino M.B., de 'Promociones Inmobiliarias Arboleas' y 'Welcome to Spanish Home' y José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., admnistradores y arquitecta de 'Colyar SLL'.
* Europa Press - 16.1.13
Foto: Zurgena (Almería), zona viviendas ilegales - ideal.es
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