20MINUTOS* : El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público. Se ha aprobado un plan de "racionalización" de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, con el objetivo de generar un ahorro progresivo que alcanzará en 2015 un total de 51 millones de euros anuales en costes directos. Este plan, que se implantará en varias fases, define los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público (OSP), con el propósito de ofrecer una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera.
El Gobierno ha establecido un plazo de seis meses para la aplicación de este plan, de forma que antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá los trayectos sujetos a obligación de servicio público, que se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento ha adoptado el criterio de declarar como obligación de servicio público las líneas con un aprovechamiento superior al 15%, si bien algunas en las que el ratio se sitúe entre el 10% y el 15% también podrán ser declarados como OSP.
Trayectos en autobús
La iniciativa busca el aprovechamiento de sinergias, de forma que los trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a los usuarios, mientras que en otros trayectos podrán sustituirse por transporte en autobús. Junto a ello, se mejorarán los horarios y se usarán trenes más pequeños.
Fomento recuerda que actualmente hay servicios ferroviarios que muestran "importantes ineficiencias", toda vez que el 51,7% de los trenes cubren servicios que sólo utiliza el 16% de los viajeros, con un aprovechamiento inferior al 15%. En estos servicios se dan casos en los que el Estado aporta hasta 371 euros por billete, mientras que el coste para el viajero es de 11 euros.
Las CC AA podrán asumir líneas
Por otro lado, si alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de algún servicio ferroviario de viajeros sobre los trayectos no declarados como de obligación de servicio público, podrá formalizar un contrato con Renfe y asumir los costes de explotación de esa línea.
Renfe Operadora seguirá prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones, los Avant. Antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente mantener como de servicio público.
Además, Renfe continuará prestando desde el 1 de enero de 2013 los servicios ferroviarios de viajeros sobre la red de ancho métrico que en la actualidad presta FEVE, en virtud de la integración de ambas sociedades en esa fecha.
* 20 Minutos - EFE - 28.12.12
Foto: Tren de media distancia en Cataluña. (EP)
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DIAGONAL/Cuenca* : La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permite el cierre del acceso a la Reserva Natural de las Hoces del río Cabriel, ubicada en la provincia de Cuenca, entre las localidades de Minglanilla e Iniesta. El argumento del cierre es que no se ha renovado el convenio con la propietaria de la finca que da acceso a esta reserva natural por razones económicas. Los terrenos son privados y la dueña argumenta que el camino de entrada a las Hoces del Cabriel es privado y lo ha cerrado. Además, la propietaria ha creado un coto de caza, con la bendición de Castilla-La Mancha, y ya ha llevado a cabo dos monterías.
Pero éste no es el único problema de la reserva natural de las Hoces del Cabriel. Se encuentra cerrado también el Centro de Interpretación Mirasol ubicado en la entrada de la reserva aunque la adjudicación de la gestión a la empresa pública Tragsa no caduca hasta 2015.
Derecho de paso público
El único acceso a la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel es un camino de tres kilómetros de longitud que fue acondicionado con fondos públicos por la Junta de Castilla-La Mancha. El primer tramo, de unos 500 m2 atraviesa un terreno de cultivo, el resto discurre paralelo al río Cabriel, desde el Centro de Visitantes Mirasol hasta la Sierra de los Cuchillos, dentro de la reserva.
Antes de la creación de la figura de protección del parque, el tránsito por ese camino sí estaba permitido, por lo que desde la Junta aseguran que se está tratando de recuperar el camino público. Gran parte del total de las 1.662 hectáreas protegidas y, en especial la zona de mayor valor ecológico situada junto al margen derecho del río Cabriel (a lo largo de 12 km) pertenecen a una empresa inmobiliaria con sede en Madrid llamada Caspima S.L. cuya administradora es Matilde de Castro Lomas que construyó en estos terrenos rústicos un centro de turismo rural acompañado de varias cabañas. Además, De Castro cuenta con una empresa turismo que realiza actividades en la reserva natural, entre ellas paintball.
En el municipio de Minglanilla y en la zona recuerdan cómo la familia De Castro se hizo con grandes extensiones de terreno en la zona: “Fue el padre de Matilde de Castro, el arquitecto Emiliano de Castro Bonel, quien adquirió los terrenos durante el Franquismo gracias a sus influencias. Al parecer los terrenos pertenecían a militantes republicanos...”, dice a DIAGONAL un activista ambiental integrante de una organización ecologista de la zona que prefiere no identificarse.
El negocio de la caza
Además, según las mismas fuentes, la Junta ha permitido la creación de un coto de caza a la propietaria de los terrenos. “Sospechamos que las vinculaciones políticas han permitido aprobar el coto y el cierre de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel", explica el activista ambiental. Por su parte, la Junta se justifica diciendo que prevé la restricción de la caza en la zona de máxima protección (zona de las hoces del río y las formaciones rocosas conocidas como Cuchillos), la limitación de la caza menor para evitar el descenso de presas para las águilas existentes en la reserva y enfocar la caza en ese coto casi exclusivamente a la cabra montés.
Para Ecologistas en Acción de Cuenca, con este cierre queda claro que la creación de este parque tuvo claros fines políticos. “La Junta Rectora de esta reserva, no se ha reunido desde hace diez años, desconocemos quién es su director y no hay participación de las organizaciones que figura en el Decreto por el cual se crea la Reserva.
El interés de protección es nulo”.
‘Rentabilizar’ la naturaleza
Para Ecologistas en Acción es grave que “los espacios naturales se consideren un gasto a recortar en lugar de una inversión de futuro. La crisis está sirviendo como coartada para profundizar en el deterioro ambiental, como se puede observar con algunas de las acciones aprobadas o en trámite por el Gobierno de Castilla La-Mancha, tales como ofrecer privilegios a los cotos intensivos de caza. Además,-explican desde la organización ecologista- la Junta de Castilla-La Mancha permite el uso de una especie en peligro de extinción en la región y de interés prioritario en la UE, como es el águila perdicera como ave de cetrería o la descatalogación de Refugios de Fauna con la finalidad sacar a subasta la caza en estos terrenos públicos que, precisamente, se encuentran protegidos”, explican desde el grupo ecologista.
El Cabriel, sirve de frontera natural entre las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, donde se ubica el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. El río Cabriel se encuentra catalogado como uno de los más limpios de Europa, en el que anidan especies como el águila real, águila perdicera o el búho real y donde se encuentran también nutrias. Además, la reserva posee una importante comunidad de cabras montesas.
En 1995 fue aprobado, mediante Decreto, la conservación de las Hoces del Río Cabriel con la creación de la Reserva Natural, máxima figura de protección que puede otorgar un Gobierno regional, con la finalidad de divulgar los valores naturales que alberga este espacio natural. Entonces el expresidente manchego, José Bono, se enfrentó al exministro de Fomento Borrell, para que el tramo de la autovía A-3 que une Madrid con Valencia, no pasara por las Hoces del Río Cabriel, en concreto por el paraje conocido como Los Cuchillos. El proyecto quedó paralizado, hasta finales de 1996 con el nombramiento del nuevo ministro Arias Salgado, tras la victoria del PP en las generales, se firmó un acuerdo para desviar el trazado fuera de la recién creada reserva, pasando sobre el embalse de Contreras , por donde se construyó finalmente.
* Diagonal - MATEO ASCASO - 28.12.12
Foto: HOCES DEL CABRIEL. El parque natural del río Cabriel está cerrado desde agosto. / ANTONIO MARÍN SEGOVIA
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ELPAÍS/Ferrol* : No se llegaron a poner ni los cimientos pero el proyecto para urbanizar A Saíña, una esquina privilegiada del arenal de A Frouxeira, ejemplifica muy bien los desmanes urbanísticos del boom del ladrillo incluso en parajes protegidos con la complicidad de las Administraciones Públicas. Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol ha ratificado la paralización de una urbanización de chalés adosados que la promotora Construcciones Rías Gallegas, SA, quería levantar en el lugar de A Saíña, un promontorio en primera línea de playa sobre los restos de un castro catalogado y en terrenos de la Red Natura (LIC Costa Ártabra).
La Demarcación de Costas dio su plácet, como también lo hizo la Dirección Xeral de Patrimonio que autorizó una construcción sobre un castro inventariado porque los técnicos lo situaron, por error, en el medio del mar. Adega acusa a la Xunta y al Gobierno central de “complicidad con el infractor” y dice que todavía no se explica cómo las dos Administraciones informaron favorablemente un proyecto “claramente ilegal”. “El perímetro de protección (del castro) se calculó con unas coordenadas erróneas que situaban la urbanización justo en el límite del monumento”, explican. “¿Casualidad o trampa?”, se pregunta Carlos Outeiro, de Adega Trasancos. “Cualquier persona con acceso a internet podía ver que la Xunta dio por buena una localización errónea”, resumen.
Las insistentes denuncias del colectivo ecologista y de un grupo de vecinos que vigilaron con lupa cada movimiento de las excavadoras y amagaron con ponerse delante de las palas, acabaron por parar la obra en 2009. La constructora reclamó en la vía judicial y un juez de Ferrol acaba de dar por buena la paralización. Para explicar este rocambolesco proyecto hay que retroceder hasta agosto del 2003, con el primer informe favorable del arquitecto municipal de Valdoviño. En marzo del 2005, el Ayuntamiento aprobó en junta de Gobierno la recalificación de unos terrenos en A Saíña (Unidad de Actuación 2). “Bien pronto”, cuentan desde Adega, un promotor se apresuró a pedir licencia para 17 adosados. Era la primera fase de una promoción que pretendía edificar hasta 69 viviendas unifamiliares a menos de 100 metros del litoral en suelo rústico de especial protección natural y patrimonial.
A Frouxeira, una de las playas más populares de Galicia, es un espacio protegido por cinco figuras ambientales (Red Natura, LIC, ZEPA, ZEPVN y Ramsar) que preservan un paraje único del litoral coruñés con una laguna costera y un ecosistema tan rico como sensible. “No tenía ni pies ni cabeza”, recuerda Outeiro, “la zona tenía todas las protecciones habidas y por haber y aún querían construir. Nos esforzamos mucho en detenerlo porque significaba que cualquier parte del patrimonio estaba en venta al mejor postor”.
El empresario colocó un cartel de obra y empezó a remover la tierra en 2006 cavando grandes zanjas aún visibles hasta que las denuncias que Adega interpuso en el Seprona, el Ayuntamiento y la Xunta por partida doble —direcciones generales de Urbanismo y Conservación da Natureza— le obligaron a detenerse. Rías Gallegas, SA, una empresa domiciliada en Oroso, no cejó en su empeño de edificar en la zona e hizo varios amagos de seguir adelante hasta que, en 2009, el Gobierno local de Valdoviño, acatando las instrucciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), anuló en pleno la primera licencia que otra corporación le había concedido al promotor cinco años antes. La justicia ha dado la razón al municipio pero el fallo todavía puede recurrirse.
* El País - LORENA BUSTABAD Ferrol 27 DIC 2012
Foto: Terrenos en los que Construcciones Rías Gallegas planeaba levantar hasta 69 adosados - elpais
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EFE* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña ha pedido ahora a la Generalitat datos sobre los focos fijos de emisión de contaminantes para averiguar la incidencia de la industria en el nivel de polución atmosférica del área metropolitana de Barcelona. Según fuentes judiciales, el Fiscal de delitos medioambientales, Antoni Pelegrín, ha enviado un oficio a la Generalitat para requerirle datos sobre el nivel de emisión de contaminantes de la industria, en el marco de la investigación que abrió el año pasado sobre la contaminación de Barcelona. Pelegrín abrió diligencias de investigación sobre los niveles de polución, que en un principio se centraron en los contaminantes generados por el tráfico, siguiendo las directrices de una prueba piloto que durante un año llevó a cabo la Fiscalía de Madrid para analizar la calidad del aire en la capital española.
Tras recabar datos sobre los niveles de contaminación provocados por los vehículos, el fiscal de Medio Ambiente centra ahora su investigación en la polución procedente de focos fijos, por lo que ha pedido a la Generalitat que le facilite datos sobre la emisión de contaminantes de las industrias de Barcelona y sus alrededores durante los años 2011 y 2012. Con esos datos, que las empresas están obligadas a facilitar a la administración, el ministerio público pretende determinar en qué proporción son responsables de la polución de la atmósfera las industrias, principalmente las térmicas y cementeras, que son las que más gases generan. Los datos sobre emisiones de la industria permitirán al fiscal completar el mapa de contaminación de Barcelona y su área metropolitana que inició en abril de 2011, dado que ya dispone del resultado de las mediciones efectuadas por las estaciones de la Generalitat sobre los niveles de dióxido de nitrógeno y de óxido de nitrógeno en el aire.
De acuerdo con los últimos balances de la Generalitat, la contaminación provocada por dióxido de nitrógeno está por encima de los límites máximos marcados por la Unión Europea (UE), pero no así los niveles medios de partículas en suspensión en el aire (PM10), que son los más peligrosos para la salud. Cuando disponga de los datos sobre emisiones de la industria, Pelegrín, que también ha incorporado informes epidemiológicos a las diligencias preprocesales que tiene abiertas, encargará un informe pericial sobre la evolución de la contaminación entre los años 2011 y 2012 en Barcelona.
Posteriormente, han añadido las mismas fuentes, técnicos de medio ambiente de la Fiscalía elaborarán un dictamen para determinar el nivel de cumplimiento en Cataluña de las directivas europeas en materia de calidad del aire, de cara a exigir posibles responsabilidades a las administraciones responsables.
La investigación sobre los focos fijos de contaminación atmosférica resulta clave para la Fiscalía, dado que, a diferencia del tráfico rodado, permite determinar con claridad el origen de las emisiones y, de esa forma, facilitar su control y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de la normativa. Además de analizar la contaminación a la luz de las directivas europeas, la Fiscalía trata de aclarar el nivel de cumplimiento de las 73 medidas para reducir la polución incluidas en un decreto que el gobierno catalán aprobó en julio de 2007.
Una de esas medidas aprobadas por el gobierno tripartito era la reducción de la velocidad máxima hasta los 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, una limitación que el gobierno de CiU eliminó a los pocos meses de asumir el poder.
* El País - EFE - 26.12.12
Foto: Un manto de aire contaminado cubre la ciudad de Barcelona. / JOAN SÀNCHEZ
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LAOPINIÓN/Tenerife* : El área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso multas a lo largo de 2011 por un valor de 109.001 euros aunque no cobró ni una sola sanción, y en 2010 también se perdieron unos 80.000 euros en este concepto. Los propios técnicos reconocen que la capacidad de recaudación de la Gerencia de Urbanismo hasta ahora ha sido prácticamente nula sobre todo por la dejadez de anteriores equipos de Gobierno y porque no se contaba con el mecanismo necesario para proceder al cobro. Estos esperan que la situación ahora mejore con el convenio firmado entre el Ayuntamiento de la capital y el Consorcio de Tributos.
El partido político Sí se puede, a través de sus concejales en la Corporación local chicharrera, Pedro Arcila y Asunción Frías, ha denunciado esta situación, porque no entiende que el Ayuntamiento no reclame las sanciones urbanísticas que él mismo pone, lo que provoca que estas se cometan sin pudor alguno en el municipio ya que no existe el miedo a que el Consistorio finalmente cobre las multas. Además, Sí se puede indica que este no es solo un problema de anteriores mandatos, porque en 2011 ya estaba dirigiendo la Corporación el actual equipo de Gobierno, formado por CC y PSC.
La mayoría de las infracciones urbanísticas cometidas en Santa Cruz cuyas multas no han sido recaudadas por el Ayuntamiento chicharrero se refieren a construcciones o a diferentes obras que se realizan sin permiso, que incumplen el Plan General o el propio proyecto aprobado, aunque también hay algunas relacionadas con el ruido y con actividades sin licencia.
Sí se puede explica que en el presupuesto de 2010 se previeron ingresos por sanciones urbanísticas por un importe de 80.000 euros y en el documento sobre el estado de liquidación del presupuesto se comprobó que no se había cobrado un solo euro por este concepto. Asimismo, en las cuentas de 2011 se previeron ingresos por 50.000 euros que tampoco se reclamaron, aunque en realidad los derechos reconocidos ascendían a 109.001 euros, es decir, que Urbanismo puso multas por dicho valor que nunca se cobraron.
En los presupuestos de 2012 se han previsto unos ingresos de 102.571 euros por sanciones urbanísticas aunque todavía se desconoce la cantidad que se ha recaudado este año porque el estado de liquidación de las cuentas no ha sido aprobado. "En los presupuestos de 2013 se incluyen 50.000 euros en este concepto, lo que indica que este año 2012 se ha estado también muy lejos de lo previsto", declara el concejal de Sí se puede Pedro Arcila.
Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo aseguran que es ahora cuando se está empezando a trabajar en este sentido porque antes no se ha hecho prácticamente nada, debido a lo cual el Ayuntamiento ha perdido "muchísimo dinero". De todas formas, los responsables de Disciplina Urbanística comentan que se debería dotar a esta área de más medios humanos y materiales, porque ahora apenas dan abasto con todos los expedientes y denuncias que se están tramitando en la actualidad. Y es que esta área solo cuenta con cuatro técnicos.
* La Opinión Tenerife - ELOÍSA REVERÓN - 15.12.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
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ELPAÍS/Baleares* : Nueva condena -a pena de cinco años de cárcel- por un episodio probado de corrupción en la época del Gobierno balear del presidente Jaume Matas (2003-2007), del Partido Popular. El exdirector gerente de la empresa pública regional de tecnologías Bitel, Damián Vidal, ha sido condenado por la Audiencia de Palma a una pena de cinco años de cárcel, como autor del delito de malversación de medio millón de euros de caudales público, fraude a la Administración y cohecho.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que en 2008 abrió la causa –con la detención de Vidal-, tras una denuncia del anterior Gobierno balear del PSOE, pidió para el reo hasta 12 años de reclusión carcelaria e inhabilitación, más una indemnización de 569.000 euros y una multa de 141.274 euros. Horrach acusó a Vidal de los mismos delitos por los que ha sido condenado.
Damián Vidal es profesor en la Universidad de la islas Baleares (UIB), especialista en ingeniería y seguridad de programas y sistemas. Ha sido condenado tras probarse que cargó gastos privados a las cuentas público, se dio sobresueldos, usó la tarjeta para gastos injustificables, cobró comisiones y efectuó adjudicaciones a sus propios socios que reconocieron los hechos.
El condenado se defendió asegurando que su cargo era privado –no público- que es un enfermo bipolar obsesivo, afectado de un complejo de inferioridad ante la familia de su ex mujer y, por ello, quiso ser capaz de diseñar un submarino, estudiar más carreras universitarios y traducir códices medievales, para ostentar la herencia propiedad del castillo medieval de su familia, en Santueri, Felanitx, Mallorca.
Matas puso al frente de Bitel –en cuyo capital participó Telefónica- a Damián Vidal tras haber actuado como perito de la defensa de su parte en un caso judicial de espionaje electrónico a los correos de un cargo del PSOE desde el ordenador de Presidencia. Por este caso se juzgó y absolvió, por falta de intencionalidad, a dos asistentes de Matas que no se sentó en el banquillo –era ministro- al ser amparado por la cúpula de la Fiscalía general contra el criterio de los fiscales en Palma.
Antes del juicio Damián Vidal descartó un pacto posible pacto de conformidad con la Fiscalía, de colaboración con la justicia para rebajar hasta cuatro años y medio la posible condena. Después negoció otra rebaja por retorno de fondos distraídos que tampoco cuajó. El presidente de la Sala que firma la sentencia, Eduardo Calderón, abandona el tribunal y pasa a un juzgado ordinario, saturado de trabajo, como otros cuatro magistrados que salieron de la Audiencia para ocupar empleos de rango inferior.
* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 21 DIC 2012
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
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LNE/Asturias* : La crisis económica ha chocado de lleno contra los intereses urbanísticos en la ciudad y en los últimos dos años apenas se han dado pequeños pasos en el desarrollo de los convenios y los planes plasmados en el plan urbano de Avilés, aprobado en 2006. Entonces, sus impulsores lo calificaron de un proyecto «trascendente» para la villa y aseguraron que lograría garantizar el empleo y abaratar el precio de la vivienda. Nada más lejos de la realidad. En algunos casos, los promotores están dejando pasar los meses a la espera de tiempos mejores, que se prevén lejanos, como en el solar de la antigua residencia de Ingenieros; en otros, ya avisan de que proyectos como el de Gaxín, una de las mayores bolsas de suelo de la ciudad que incluye la construcción de más de 3.000 viviendas, son inviables.
El documento urbanístico no solo se centraba en el capítulo inmobiliario. En sus previsiones también estaba el suelo industrial de zonas como la de Retumés, donde no se han cumplido las previsiones. Así, el gobierno local confiaba en que en 2011 ya se estuvieran vendiendo parcelas, en cambio aún no hay ni siquiera proyecto definitivo; el plan está encallado por dificultades técnicas y económicas. En lo que se refiere al parque inmobiliario, el plan urbano preveía 17.680 viviendas: 9.000 de ellas en nuevo suelo urbanizable, el resto, el suelo ya calificado anteriormente.
Además, hay sobre la mesa catorce convenios, aunque apenas han progresado en los últimos años. Por el momento, sólo dos están finalizados: el de García Fernández (con la construcción de las viviendas y el parque de Luz Rodríguez Casanova) y el de la manzana de los Álvarez. Sin embargo, éste último está siendo víctima de la recesión económica y sus promotores se están viendo obligados a ofertar los pisos de lujo a precios de ganga.
Respecto a los Chaplin, uno de los dos promotores implicados, Construcciones Cigoña, ya comenzó a edificar uno de los bloques tras años de retrasos administrativos; el otro, ha solicitado una nueva prórroga de un año en su licencia de construcción. La previsión es que la próxima primavera comiencen las obras de la nueva calle Esther Carreño, que unirá Francisco Orejas Sierra con Juan Ochoa.
La empresa Dursa, por su parte, ya concluyó el primer edificio de su promoción en la confluencia de la calle Pruneda y el barrio del Nodo. La promotora está terminando de urbanizar uno de los tramos de la avenida de Alemania, uno de los requisito necesarios que le impuso el Ayuntamiento de Avilés para obtener la licencia de primera ocupación.
Uno de los convenios que ha cambiado de manos ha sido el de Cristalería. Costa Norte ha subrogado los derechos del proyecto a Novacaixagalicia. En el nuevo acuerdo, se modifican los plazos de ejecución previstos inicialmente a cambio de ceder ya una parcela al Ayuntamiento de Avilés para construir el centro social de Jardín de Cantos antes de culminar con todos los plazos urbanísticos. Así, el grupo inmobiliario tendrá un periodo de doce meses para presentar un proyecto de ejecución y, a continuación, otros dos meses para constituir la junta de compensación. Luego se abrirá otro plazo de seis meses para que presente el proyecto de compensación y urbanización. Una vez que el Ayuntamiento lo apruebe definitivamente, contará con un periodo de un año para iniciar las obras.
La Alcaldía aprueba el plan de actuación de Gaxín, inviable para sus dueños
Los retrasos es la tónica dominante de la mayoría de convenios urbanísticos. Ahí está el de La Lleda, que incluye 642 viviendas y que aún fue aprobado definitivamente el pasado viernes. Sin desarrollar están también el de La Llamosa, el Alto Vidriero y la Azucarera de Villalegre. A punto de llegar a su fin está el acuerdo entre el Ayuntamiento y Tropsa-Norton. Quedaba pendiente la construcción del Museo de la Historia Urbana de Avilés, cuyas obras están a punto de concluir tras años de demora.
Respecto al ambicioso proyecto de Gaxín, su desarrollo tiene visos de quedarse en el aire, por lo menos a corto y medio plazo. Hace unos días, los dueños mayoritarios del terreno desvelaron que descartaban seguir adelante con la operación, dadas las condiciones del mercado. Un portavoz del grupo Anjoca, aseguró: «No hay promotores que quieran hacer ahí nada, sería condenarte al suicidio. Seguimos siendo propietarios de los terrenos, pero hoy el suelo ya no vale absolutamente nada». El anuncio fue el desenlace de una crónica repleta desencuentros y retrasos. Sirva de ejemplo el proyecto de actuación, que los promotores presentaron en 2009 y que el gobierno acaba de aprobar, por decreto de Alcaldía. Según ha podido saber este periódico, los interesados aún no lo saben.
El plan urbanístico de Gaxín fue una de las grandes apuestas del Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el año 2006. El 60 por ciento de las 3.300 viviendas previstas iban a ser de protección oficial, y por eso el área residencial recibió la calificación de desarrollo prioritario. El interés por esta operación, en un momento de auge inmobiliario, hizo que los promotores llegaran a pagar 78 euros por metro cuadrado. Ya entonces, hace ahora siete años, el titular de Urbanismo, José Alfredo Iñarrea, advirtió de que era un precio muy elevado teniendo además en cuenta que las cargas de urbanización de la zona, dada la orografía y situación, conllevaba unos costes muy altos.
Un caso diferente es el del área de La Magdalena. Fue uno de los principales logros del mandato pasado pero desde hace dos años no se ha dado licencia alguna de edificación. Los ochos permisos para otros tantos edificios de viviendas con algún tipo de protección se dieron en 2010 y sus obras ya están terminadas. La previsión es que las tornas cambien y vuelva el interés de los promotores gracias a los cambios que se pretenden realizar en las parcelas que aún quedan pendientes de vender y así hacerlas más atractivas.
Los nuevos edificios, que tienen cabida para unas 400 viviendas -un 93 por ciento con protección-, tendrán mayor altura (hasta siete pisos) y carecerán de patios interiores. Para ello, Sogepsa promoverá una modificación puntual del actual plan y lo presentará ante la Comisión de Urbanismo del Principado (Cuota) para su aprobación inicial; después saldrá a información pública. El Ayuntamiento ya ha hecho su trabajo y ha remitido a la sociedad mixta los informes necesarios para realizar esas mejoras.
La propuesta pasa porque los edificios con tipo cerrado de 25 metros de fondo y con patios interiores pasen a ser abiertos con 15 metros de fondo. Además, para completar la edificabilidad prevista en el desarrollo, se retirarán del plan las viviendas unifamiliares y se permitirá la construcción de dos edificios de seis alturas y otro más de cuatro alturas, jugando con los desniveles del terreno.
* LNE - T. CEMBRANOS / E. CAMPO - 24.12.12
Foto: Avilés (Asturias) - lne.es
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ELPAÍS/Madrid* : En su visita a Barcelona la primavera pasada, cuando la ciudad condal pujaba con Madrid por ser la elegida para albergar la versión europea de Las Vegas, Sheldon Adelson tumbó las aspiraciones de la Generalitat con una frase eterna. El magnate de los casinos y 14ª fortuna mundial miró la torre Agbar, de 145 metros de altura, y pronunció de forma lapidaria: “Eso no es un rascacielos”. Acostumbrado a los edificios infinitos erigidos en mitad del desierto de Mojave, con el Stratosphere rasgando el cielo con sus 350 metros —desde cuya punta los más valientes, o locos, pueden hacer puenting—, Adelson no quería límites para recrear el strip de Las Vegas. El Gobierno regional rompió esas y otras barreras introduciendo una serie de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley escoba, que la Asamblea de Madrid aprobará esta tarde.
“Las limitaciones establecidas por la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid relativas al régimen de alturas permitidas no serán de aplicación a las edificaciones del Centro Integrado de Desarrollo (CID)”, reza una de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular en el hemiciclo. No es la única modificación que afectaría a Eurovegas o sus posibles imitadores, a los que se busca aliviar las trabas burocráticas a través de la figura expresa de los CID.
La normativa final establece una bonificación por creación y mantenimiento de empleo “la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,1% por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo”. Es decir, una exención del 100% por cada 100.000 empleados: de funcionar a pleno rendimiento en 2025 según las previsiones de la empresa, supondrá una inversión de 16.900 millones de euros, la creación de 164.000 empleos directos y una aportación equivalente al 4,5% del PIB de Madrid. A cambio, desaparecen la bonificación del 9% anual por inversiones en edificios o material y la bonificación de 9.000 euros —también al año— por cada trabajador que integre la plantilla, que sí aparecían recogidas en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento.
En cualquier caso, la Comunidad también incluye una serie de cláusulas con las que guardarse las espaldas en caso de que el proyecto no salga según las previsiones. El pasado octubre el presidente madrileño, Ignacio González, y Adelson dieron una fecha para el comienzo de las obras: diciembre de 2013. Por si acaso, el Ejecutivo autonómico incluye ahora una normativa específica en caso de que no sea así. El Gobierno establece como “causas de caducidad de autorización" de los CID: "el incumplimiento de los plazos de inicio de la ejecución del CID previstos", salvo que se hubiera otorgado una prórroga; "la falta de culminación de las obras e infraestructuras de conexión del CID y de los elementos estructurantes de la urbanización transcurrido un plazo superior al doble del previsto en el programa de implantación": o "la no puesta en funcionamiento de al menos el 30% de las instalaciones que a estos efectos se señalen en el Proyecto de Alcance Regional y representen un mínimo del 25% de la inversión comprometida dentro de los plazos previstos".
* El País - JOSÉ MARCOS Madrid 26 DIC 2012
Foto: Eurovegas No, protesta (Madrid) (archivo) - elmundo
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DIARIODEMALLORCA* : La negra sombra del cemento y sus derivados vuelve a planear y a presionar sobre el territorio mallorquín ya lesionado en exceso. Diario de Mallorca ha desvelado esta semana cómo, desde las altas instancias del PP balear y más en concreto desde el Govern, se está estructurando un plan para liberalizar mayor cantidad de territorio y tolerar nuevas construcciones y demasiados usos en suelo rústico. Es un plan no reconocido por el partido de gobierno pero que, como ha quedado claro en las informaciones publicadas por este periódico, está documentado. El asunto ha llegado a provocar división y tensión en el seno del PP. A nivel institucional, también entre el Govern y el Consell.
El Ejecutivo autonómico pretende que el Consell modifique el actual Plan Territorial de Mallorca para que se pueda construir más de una vivienda en las parcelas de 7.000 metros y que las naves de explotación agrícola puedan diversificarse para otras actividades.
El órgano insular competente para la gestión del suelo ha recibido tal pretensión como poco menos que una aberración y se ha manifestado molesto por lo que considera una clara invasión de competencias. Esto, por lo menos, es lo que ha manifestado la presidenta del Consell, Maria Salom.
La presión es consistente. El conseller de Turismo, Carlos Delgado, está convencido de que la sociedad balear necesita sacudirse los "complejos" que pesan sobre lo que el considera excesiva protección del territorio hoy no urbanizable. Dice que reconvertir parte de este suelo es un camino idóneo para luchar contra la estacionalidad turística. A mayor diversificación de posibilidades constructoras y de usos del territorio, más posibilidades de captar nuevos turistas, viene a decir. No ha contemplado que la pérdida de valores ecológicos, de espacio natural y de paisaje en armonía puede ser también un factor determinante de rechazo de Mallorca como destino vacacional. La clientela europea, tanto real como potencial, parece decantarse por esta última posición antes que por la apuntada por el conseller. Se impone la cautela y la prevención porque cualquier alteración en forma de mayor presión sobre el paisaje mallorquín puede volverse irreversible, tanto por lo que respecta a la calidad de vida de los residentes como por la solvencia del mercado turístico, en cuanto a oferta local. Basta mirar cómo los competidores más directos de Balears cuidan con particular esmero sus bienes naturales.
La inquietud no se centra sólo sobre una presumible alteración del actual Plan Territorial de Mallorca en cuanto a suelo rústico. De modo paralelo, también se ha sabido que la patronal de la construcción aspira igualmente a su modificación para poder liberalizar suelo no urbanizable de Palma y poder iniciar de este modo la promoción de nuevas urbanizaciones. Aseguran que en este momento el número de pisos nuevos en venta en la ciudad no alcanza el millar y pretenden poder ofertar hasta 12.ooo más, al ritmo de 1.700 anuales, hasta 2019. Indican que las previsiones del INE aconsejan este planteamiento que, en todo caso, parece una posición interesada y parcial porque no contempla las viviendas de segunda mano, las casas cerradas y el efecto real o las alteraciones que produce la crisis económica sobre el movimiento demográfico.
A partir de una interpelación del PSM, el president Bauzá aseguraba el jueves en el Parlament que su Govern "no tiene la menor intención de incrementar la presión sobre el suelo rústico". Se manifestó predispuesto a comprometer tal afirmación por escrito ante notario, pero no concretó conceptos ni términos sobre el particular. Todas las posibilidades quedan abiertas pues. El Ejecutivo no sostiene un pronunciamiento unilateral. En cualquier caso, está claro que en este momento la apertura de nuevas vías constructoras en Mallorca debe analizarse con suma prudencia y sensatez.
* Diario de Mallorca - Editorial - 23.12.12
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
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ELPAÍS/Valencia* : Las empresas y fundaciones de la Generalitat Valenciana, actualmente en proceso de reconversión por parte del Gobierno del presidente Alberto Fabra, no solo registraron unas pérdidas de 845 millones de euros en 2011, contribuyendo a lastrar una situación de la Administración valenciana que ha exigido su rescate en 2012. También fueron el escenario de una buena parte de las irregularidades, o "incidencias", en la contratación que recoge el informe correspondiente a 2011 de la Sindicatura de Comptes, el organismo fiscalizador de cuentas valenciano. El informe, que se presentó el viernes, detecta incidencias de cierto relieve en prácticamente la mitad de los contratos que revisó el organismo auditor. Y dedica una atención especial, entre otros, a contratos efectuados por la Ciudad de la Luz, en Alicante y la Fundación Palau de les Arts, en Valencia, así como por la cadena autonómica Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
En el caso de la Fundación Palau de les Arts, que gestiona el edificio de la ópera, la pieza más emblemática del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otras irregularidades, la Sindicatura de Comptes señala que se contrató a alguno de los integrantes de su patronato o algún familiar sin las preceptivas autorizaciones. El Protectorado de Fundaciones debió conocer el caso para dar la autorización y aprobar la retribución, pero no lo hizo, según recoge el informe. Una reunión posterior del patronato de la Fundación Palau de les Arts, en junio de 2012, acordó iniciar los trámites para subsanar la incidencia, pero la irregularidad ha sido constatada por el organismo auditor.
El informe también indica que deben establecerse controles de la emisión de entradas gratuitas y entradas para patrocinadores “dado que actualmente la Fundación asume el IVA de todas las invitaciones independientemente de si se asiste o no”. La Sindicatura recuerda que compete a la Intendente del Palau de les Arts preparar, revisar y actualizar el programa plurianual de actividades, pero “no consta que dicho programa plurianual se haya aprobado por el patronato o la comisión ejecutiva, en quien está delegada dicha competencia”.
En la Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos que la Generalitat Valenciana construyó en Alicante, que acumulan unas cuantiosas deudas, se formalizó en 2011 la novación de un contrato de colaboración con una productora “sin atender a los principios de publicidad y concurrencia”. A juicio de la Sindicatura de Comptes, se trata, en realidad de una subvención. Y dado que la Comisión Europea ha resuelto que cualquier incentivo concedido a productores cinematográficos con la condición de rodar en el complejo constituye “una ayuda estatal ilegal e incompatible”, el contrato resulta irregular. La Comisión Europea declaró en mayo pasado, en respuesta a una denuncia de otros estudios cinematográficos de propiedad privada por vulneración de la libre competencia, que “los 265 millones de euros de financiación pública concedidos por la Generalitat a la sociedad no se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario”.
La situación actual que enfrenta en los tribunales a la empresa pública Ciudad de la Luz y la concesionaria de la gestión del complejo, Aguamarga, ya se refleja en el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat. “No se ha contabilizado ningún gasto proveniente del contrato suscrito con la empresa Aguamarga en concepto de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientación o supervisión general al estimar Ciudad de la Luz que está resuelto”, explica el informe. “Los gastos registrados contablemente en 2010 por este concepto se elevaron a 1.843.473 euros”. Se reseña a continuación la evolución del litigio, en el que la Generalitat solicita la rescisión del contrato y una indemnización por daños y perjuicios de 1,2 millones de euros y Aguamarga, el pago de los cánones pendientes y, en caso de resolución contractual, una indemnización de 10,3 millones de euros.
En lo que se refiere a Ràdio Televisió Valenciana, la institución auditora explica que la empresa pública adquirió derechos sobre tres documentales dedicados a “la situación política de España en la década de los 80, 90 y 2000” por 177.500 euros más IVA cada uno. Hasta ahora, constata la Sindicatura, sólo se ha emitido uno de los documentales y, aunque Canal 9 alega que vendió derechos de emisión a una televisión por 20.000 euros más IVA y a dos canales autonómicos por 10.000 euros más IVA cada documental, y que la productora recompró también parte de los derechos de comercialización, apunta que no se ha justificado su compra ni “la necesidad ni la idoneidad de los precios propuestos por el proveedor”.
La compra de los documentales, de contenido ultra, adquiridos a la productora Triskel, ya en periodo de gobierno de Fabra (que sucedió a Francisco Camps a mediados de año) levantó mucha polémica. Triskel es una productora vinculada al que fuera director de antena de Canal 9, Fernando Lázaro Quintela, que fue fichado por el entonces director de RTVV, José López Jaraba, en septiembre de 2011, solo dos meses después de la compra de los mencionados espacios. El pago de más de 600.000 euros por unos documentales que en algún caso ya habían sido emitidos por la cadena Intereconomía, fue objeto de duras críticas de la oposición y de fuertes polémicas en las Cortes. RTVV prescindió de Quintela el pasado mes de agosto.
El informe de la Sindicatura de Comptes aporta un elemento comparativo muy interesante para calibrar la falta de justificación de los precios que pagó RTVV por los polémicos documentales. Si en un principio costaron 177.500 euros más IVA cada uno y después de la supuesta recompra de derechos y la venta a otros canales el coste se redujo a 92.000 euros más IVA cada uno, aún así superaban cualquier precio de mercado.
Al analizar los expedientes de adquisición de programas y productos para la emisión, la Sindicatura detalla en un cuadro una “muestra seleccionada” para la revisión de los contratos de las producciones propias adquiridas por Canal 9 durante el año 2011. Según ese cuadro, un espacio divulgativo de 30 minutos tenía un coste por programa de 9.116 euros. Una serie de ficción adaptada de 60 minutos costaba 91.012 euros por programa. Un magazine de 100 minutos salía por 82.500 euros cada programa. Un concurso-show de 50 minutos, por 63.454 euros cada emisión. Una serie de ficción de una hora de duración costaba 96.137 euros el espacio y otra serie de ficción de 45 minutos, 49.801 euros cada episodio.
Quiere eso decir que los responsables de Canal 9 compraron unos documentales, orientados a la descalificación de figuras como el juez Baltasar Garzón o el dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, por una cifra muy superior a la de cualquier producto televisivo similar y sólo equiparable al coste de una producción de ficción de 60 minutos de duración.
EU pide que se actúe contra Calatrava
Un polémico arquitecto. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, exigió ayer al Gobierno valenciano que actúe contra Santiago Calatrava tras desvelar el informe de la Sindicatura que el arquitecto reclama otros 700.000 euros por un mural con motivos taurinos en el Palau de les Arts. “A pesar de que hace años que finalizó sus trabajos, a falta de rematar L’Àgora, siguen apareciendo pufos como los 700.000 euros de unos murales taurinos o lo más de 2,5 millones de euros de indemnización a las constructoras del puente de L’Assut de l’Or por culpa del retraso en el proyecto”, afirmó el diputado de Esquerra Unida. “Ya está bien de que nuestros gobernantes rindan pleitesía a un personaje que no ha dejado pasar ni una sola oportunidad de sacarnos los cuartos”, dijo Blanco, que instó al Consell a exigir que sea el despacho del arquitecto domiciliado en Suiza quien asuma la indemnización.
* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 22 DIC 2012
Foto: Valencia, Palau_les_Arts - EFE
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20MINUTOS* : La ministra de Fomento, Ana Pastor, asegura que su Departamento está analizando rutas y tramos de tren que tengan un viajero al día de media para determinar si existen alternativas de transporte por carretera y, en ese caso, ofertar esa opción.
"Hay 176 estaciones y apeaderos que tienen un viajero al día o ninguno y lo que se está haciendo es analizar esas rutas y esos tramos, pero no el cierre de esas vías o líneas", ha aclarado la ministra en León.
Pastor defendió que en la definición de las denominadas "obligaciones del servicio ferroviario público" en las que trabaja su Departamento, el Estado "prevé que siempre haya un modo de comunicación para los ciudadanos, sea el tren o el autobús".
En este sentido, Ana Pastor ha recordado que el Ministerio de Fomento tiene una deuda de 40.000 millones de euros, Feve de 600 millones y Renfe de unos 5.000 millones.
"Tenemos billetes que valen cuatro euros y el Estado pone 210 euros y eso no es razonable", ha reiterado la ministra.
La alta velocidad, como prioridad del Gobierno
Ana Pastor también ha insistido que el Gobierno central tiene como prioridad continuar "potenciando" el tren y la Alta Velocidad, porque es una inversión "que verán las futuras generaciones".
Pastor no ha concretado una fecha de llegada del AVE a León, pero ha recordado que en la actualidad se están finalizando "al ritmo que se puede" las obras de la plataforma en los diferentes tramos del corredor Valladolid-Palencia-León-Asturias, así como los trabajos de electrificación y las catenarias.
"Queremos que toda España tenga las mismas oportunidades en infraestructuras", ha concluido la ministra.
* 20 Minutos - EP - 26.12.12
Foto: Tren, vía - google
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ELPAÍS/Andalucía* : Los Ayuntamientos han recurrido a todo tipo de artimañas para mantener sus planes de crecimiento urbanístico, pese a la realidad de la crisis. De hecho, tan solo 77 de los 771 municipios andaluces están adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), la norma que pretende velar por la “sostenibilidad” desde 2006. Como consecuencia de esta situación, zonas como el área metropolitana de Sevilla y la Vega de Granada, con algo más de dos millones de habitantes entre las dos, se han convertido zonas deterioradas, con polígonos fantasma, áreas urbanas deshabitadas y paisajes destruidos. El decreto promovido por la Consejería de Medio Ambiente y aprobado el miércoles en el Parlamento intenta evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.
Ambas zonas han sido víctimas del crecimiento desordenado y de la posterior burbuja inmobiliaria. Los dos espacios constituían enclaves de alto valor ecológico, patrimonial, ambiental y paisajístico. Sin embargo, el abandono del uso agrícola tradicional de la zona, su cercanía de las capitales y la proliferación de usos de carácter urbano han acabado con gran parte de este valor.
Algunos Ayuntamientos han llegado a proponer crecimientos de hasta un 700% en el número de viviendas y han desarrollado solo parcialmente las llamadas “áreas de oportunidad”, creando polígonos y barrios desiertos. En otros casos, han conseguido atraer a la población sin garantizar la movilidad o infraestructuras básicas educativas, sanitarias o de depuración.
Esta situación no debería volver a ocurrir. El nuevo decreto aprobado el miércoles obliga a adaptarse al POTA en unos plazos concretos y agiliza la tramitación de los planeamientos urbanísticos. Los objetivos de ambas medidas son favorecer el desarrollo de actividades económicas y preservar la calidad ambiental de la región, evitando situaciones “irreversibles”, según advierte el propio decreto.
Otro objetivo de la normativa es acabar con la discriminación entre aquellos municipios que han adecuado sus planeamientos a los límites de crecimiento establecidos en el plan —del 40% del suelo urbanizable o el 30% de la población— y los aprobados con anterioridad, que “responden en muchos casos a modelos de crecimiento no sostenibles, alejados del actual contexto socioeconómico y de los criterios y limitaciones establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”, según reconoce la Junta.
El POTA establece desde su aprobación criterios para un desarrollo sostenible de las ciudades. Sin embargo, la propia Administración regional ha aplicado en tiempos pasados criterios “flexibles” que los ayuntamientos han aprovechado para eludir las limitaciones o se han mantenido vigentes los PGOU antiguos, que no se veían afectados por la nueva norma. Son los conocidos como los “durmientes”. De esta forma, en estos momentos, y tras seis años de vigencia del POTA, solo el 10% de los planes municipales cumple con la normativa. El resto se mantiene en proceso de revisión o adaptación (73%) o ni siquiera ha comenzado la andadura a la nueva legalidad (16,5%).
Pero los “durmientes” tendrán que despertar, ya que el nuevo decreto obliga en su artículo tres a adaptar su planeamiento para someterse al POTA en los plazos previstos en los propios planes urbanísticos o, si este periodo no está establecido, en un máximo de ocho años desde su entrada en vigor.
“La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos que superen los límites regulados en el POTA”, establece la normativa para obligar a someterse a las condiciones fijadas por la ley.
Igualmente, se reducirán a tres meses los plazos para la aprobación del planeamiento urbanístico, cuya tramitación se ha hecho más compleja en los últimos años por la existencia de numerosos informes preceptivos exigidos por las distintas normativas sectoriales, con diferentes procedimientos y tiempos para su emisión.
* El País - RAÚL LIMÓN Sevilla 15 DIC 2012
Foto: Imagen aérea de una zona urbanizada en el Aljarafe. / GARCÍA CORDERO
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ELPAÍS* : “Ha sido un desastre”, dice tajante el presidente de la Plataforma Salvemos la Vega de Granada, Paco Cáceres, que lleva años denunciando el modelo de especulación urbanística y destrucción del territorio. “Hay urbanizaciones vacías, ayuntamientos incapaces de garantizar los servicios a esas nuevas construcciones, municipios que se unen, etcétera. El problema fundamental es que no se ha aprendido absolutamente nada”, afirma. Cáceres sostiene que los ayuntamientos no saben cómo dinamizar económicamente el área metropolitana y asegura que “sueñan” con volver otra vez al ladrillo. “Lo que hace falta es un desarrollo endógeno”, apunta.
La Junta de Andalucía anunció un plan especial de ordenación integral de la zona que insta a impulsar la creación del Parque de la Vega de Granada. Hasta la fecha se ha hecho un diagnóstico, Documento de concertación, en el que se recoge cómo es la expansión urbanística desordenada la que ha producido mayor “distorsión del espacio productivo” y ha creado discontinuidades y tensiones más grandes en el ámbito más cercano a Granada. Parcelaciones ilegales y la implantación de usos industriales “han estrangulado” el espacio de la Vega.
Ese plan en el que trabaja la Junta trata de plantear “las carencias del Potaug respecto al suelo no urbanizable”, según destaca Alberto Matarán, profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, al que la propia Junta le ha consultado para alegaciones. Muchas de las actuaciones previstas en el plan de 1999 no se han desarrollado, sobre todo las que tienen que ver con paisaje, regeneración de zonas, protección.
Según explica, incide en dos puntos clave: el uso público y el mantenimiento de la actividad agraria. Al menos cambia el planteamiento, pero para la Plataforma Salvemos la Vega es insuficiente. “No es un plan especial para la Vega, es un plan de ocio que quieren poner junto a la Vega”, recalca Cáceres, que culpa a los propios ayuntamientos de no haber cumplido el Potaug y permitir, por el contrario, obras ilegales en zonas protegidas.
A medida que Granada ha ido perdiendo población, el área metropolitana la ha ido ganando. El crecimiento ha sido desigual en los municipios de la Vega. Si primero el desarrollo se centró en el sureste (Ogíjares y Cájar), posteriormente se extendió a la zona más próxima a la capital: Vegas del Genil, Las Gabias, Cúllar Vega y Churriana de la Vega por el Este, y Jun y Peligros por el Norte, según el desarrollo demográfico que recoge dicho documento. La evolución en municipios dedicados antes casi por completo a la agricultura ha sido espectacular. Ogíjares, por ejemplo, tenía una población en 1981 de 2.354 habitantes por los 13.255 de 2010.
Es difícil cuantificar el número exacto de viviendas vacías que hay actualmente en la Vega, si bien basta un paseo por algunos de los municipios que componen la aglomeración urbana de Granada para comprobar cómo hay urbanizaciones sin terminar y otras acabadas pero faltas de servicios. Además de la congestión que generó el modelo territorial del Potaug, que estaba basado “en el transporte privado y la urbanización difusa”, perjudicó el propio desarrollo de la actividad agraria.
La crisis ha supuesto, por lo menos, “una especie de moratoria”, destaca Matarán, que ve en la paralización una “oportunidad” para hacer las cosas de otra manera y hay administraciones “iniciando” proyectos en ese sentido.
La Plataforma Salvemos la Vega es más crítica y no ve en el plan especial un instrumento capaz de dar a la agricultura el poder que tiene ni de desarrollar las potencialidades culturales, patrimoniales o de negocio que podrían surgir.
“Atrapados” y sin futuro
Atarfe, al norte de Granada, ejemplifica a la perfección lo ocurrido. El crecimiento exacerbado alejado del núcleo consolidado previo desmonta por completo la estructura urbana y social de un pueblo que ha perdido en gran parte su identidad.
Saltarse la normativa ha generado, entre otras cosas, un paisaje compuesto por viviendas vacías (unas 3.000) que se completa con un campo de golf cerrado y degradándose que iba a hacer las delicias de esos llamados “inmigrantes climáticos” que optaron por comprar una vivienda en una de las residencias más lujosas proyectadas en el área metropolitana granada, Medina Elvira Golf.
De las casi 1.000 viviendas que hay construidas en esa especie de urbanización fantasma, unos 60 propietarios llevan años sufriendo un infierno. Les dieron las licencias de primera ocupación y escrituraron sin tener las obras de urbanización terminadas. Según la concejal de Atarfe Rosa Félix, están “atrapados” en una urbanización sin futuro.
El urbanismo en este municipio lleva años en los tribunales, un exalcalde condenado y aún inmerso en varios procesos judiciales junto a promotores, técnicos e incluso el regidor actual.
Un ejemplo de lo que fue el desarrollo del ladrillo y un lugar donde estudiar la herencia que ha dejado.
* El País - VALME CORTÉS Granada 15 DIC 2012
Foto: Área Metropolitana de Granada. / M. ZARZA
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ELPAÍS* : El pasado deja huella. Cada vez son más los urbanitas que buscan refugio y algo de consuelo en alguna de las aldeas abandonas de la geografía española. Oro puro. Si la industrialización dejó sin vida miles de pueblos españoles, ahora la crisis los ha puesto en el punto de mira de aquellos que intentan volver en busca de una oportunidad. El medio rural, que lucha contra la despoblación, los acoge con los brazos abiertos. Algunos prueban suerte emprendiendo negocios rurales. Otros buscan alejarse del asfalto, que se pare el tiempo y teletrabajar. Y otros agarran con fuerza las ofertas de trabajo que se ofrecen en aquellos lugares (carpinteros, panaderos, farmacéuticos, pintores, arquitectos...).
En España hay unos 3.000 pueblos o aldeas abandonadas, algunas se están habitando y otras no están en venta, señala Rafael Canales, responsable de Aldeasabandonadas.com, web española especializada en la venta de aldeas abandonadas y casas rurales. Solo cuelgan el cartel de “Se vende” unas 60. “No todas se comercializan, la mayoría porque falta documentación para registrarlas”.
Este portal recibe una media de 300 solicitudes de información al día, lo que da muestra de la demanda y el interés por la vuelta al campo. De hecho, la venta de pueblos y aldeas ha crecido un 19% respecto a 2011.
“Hay una tendencia clara de vuelta a los pueblos debido a la crisis inmobiliaria. Vuelven a ser habitados por la calidad de vida, por la ansiedad de vivir en las ciudades. No es lo mismo trabajar desde Madrid que desde una aldea, y por menos de lo que cuesta un piso en el centro se pueden comprar un pueblo entero”, explican en Aldeasabandonadas.com.
El entorno rural gana algo de terreno a la maltrecha economía de la ciudad. Y atención porque el boom también puede ser rural: las casas de pueblo se están revalorizando. “En diez años van a quedar pocas y su precio aumentará, y en el caso de Galicia y Asturias, el triple”, dice Canales.
La comunidad con más pueblos abandonados es Galicia, con 1.400 aproximadamente.
Pero de nuevo la gente se topa con las dificultades para encontrar financiación. “Recibimos un aluvión de correos, pero algunos son para decirnos que les falta el dinero o no tienen garantías para un préstamo hipotecario”, dice Canales.
El 97% de los que compran suele adquirir la aldea completa, aunque también se realizan compras parciales. Hay pueblos donde apenas siguen en pie 7 u 8 casas, otros con 30 y en Burgos hay uno en venta con 70 viviendas.
¿Quién compra? Los datos sorprenden porque el 70% son particulares, y el 30% restante, hosteleros. Hace tres o cuatro años era a la inversa. Algunos hacen uso del teletrabajo —son profesionales liberales que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo—, otros deciden montar un negocio de turismo rural y los que vivían en la ciudad y se han quedado en paro buscan suerte en el mundo rural.
Algo más de la mitad de los compradores son españoles (el 55%), y el resto, foráneos (alemanes, ingleses, holandeses, belgas y americanos).
Sin ir más lejos, la última aventura rural ha sido la de una pareja de ingleses que ha comprado una aldea de una hectárea en el valle del Eo, en Pontenova (Lugo), ocupado por cuatro casas y un hórreo. Les ha costado 125.000 euros, por debajo del precio medio de una vivienda normalita, tirando a básica, en una ciudad española. Cada casa cuenta con su propio título y se encuentra con toda la documentación en regla, incluyendo catastro y registro.
Los hay más baratos y más caros. En Galicia se vende uno por 140.000 euros, en la zona de Ribera Sacra, Lugo. El más caro está en Cataluña: 4,5 millones de euros en la comarca catalana de Anoia, Barcelona. Ahora bien, cuanto más cerca de las grandes urbes y mejor comunicado, más caros. A 72 kilómetros de Madrid, entre Peguerinos y Santa María de la Alameda, entre Madrid y Ávila, se vende un pueblo en ruinas. Las propiedades en venta son 23 parcelas de un total de 40. Son 4.144 metros cuadrados y su precio de salida son 900.000 euros negociables.
A menos de cuatro kilómetros de la localidad segoviana de Pedraza, a 40 de Segovia y a 120 de Madrid hay un pueblo deshabitado en venta llamado La Alameda. “Las parcelas y ruinas que están a la venta conforman el 60% del pueblo y disponen de unos 1.800 metros de terreno. Tiene un proyecto de urbanización con licencia pagada para poder construir siete casas. El precio actual es de 380.000 euros negociables”, explica Ramón Amat, de la agencia Rústicas Singulares.
Luego se venden casitas para restaurar por mucho menos. Por ejemplo, dos viviendas en la aldea de Castro de Carballedo, Ribeira Sacra (Lugo) se comercializan por 26.000 euros.
El precio por rehabilitar una de estas construcciones en ruina depende de un sinfín de factores, pero los costes de rehabilitación pueden oscilar entre los 750 hasta los 1.100 euros por metro cuadrado, dice Amat.
* El País - SANDRA LÓPEZ LETÓN 6 DIC 2012
Foto: La Alameda (Segovia) se vende por 380.000 euros negociables - elpais
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LNE/Asturias* : El Ayuntamiento de Llanes está a un paso de perder una nueva «guerra» urbanística. La primera batalla ya está perdida: el Juzgado de lo Contencioso nº2 de Oviedo ha declarado la nulidad de una licencia otorgada por las autoridades llaniscas para la construcción de un chalé en la localidad de Niembru. El inmueble ya está construido lo que, de ser rechazada la apelación a este fallo, obligaría al derribo del chalé, e incluso a que el Ayuntamiento deba afrontar una indemnización por daños y perjuicios, similar a la que ya solicitó hace más de un año otro propietario de las inmediaciones que vio como se derribaba su chalé, pese a que contaba con licencia municipal.
Los jueces han estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el propietario de otro chalé de Niembru, el letrado Raúl Bocanegra, contra la desestimación (por silencio administrativo) del recurso de reposición que había presentado en su día contra la licencia de obras que el Ayuntamiento de Llanes otorgó el 5 de octubre de 2007. El tribunal deja bien clara la «nulidad» de la licencia municipal «por no ser ajustada a derecho». La sentencia no es firme y contra ella cabe un recurso de apelación en el plazo de 15 días. Como demandados figuran en el proceso la propietaria del chalé en litigio y el Ayuntamiento de Llanes.
El juez admite, como alegó el demandante, que la licencia municipal fue otorgada en virtud de un plan urbanístico, el de 2002, que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 11 de abril de 2007, seis meses antes de la concesión del permiso. Esa anulación fue ratificada por el Tribunal Supremo el 4 de enero de 2011. Pero es que, además, se ha incumplido incluso la normativa urbanística de 2002 en relación con la altura de la edificación (se construyó una planta más de lo permitido), la planta bajocubierta, la edificabilidad y el retranqueo y las alineaciones. Más presuntas irregularidades: la licencia fue otorgada, según el juez, por un «arquitecto asesor» que «carece de la condición funcionarial» necesaria. Condición que sí tenía la arquitecta municipal que, tras emitir dos informes técnicos negativos en relación con la licencia para este chalé, fue «apartada y sustituida» por el citado «arquitecto asesor», destaca el juez.
La sentencia deja también abierta otra puerta a posibles recursos y denuncias: señala que al anularse el plan de 2002, que declaraba a Niembru núcleo urbano, este siguió siendo, de hecho, un núcleo rural. Pero se han concedido multitud de licencias como núcleo urbano desde entonces.
* LNE - Ramón DÍAZ - 18.12.12
Foto: Llanes (Asturias), vista - lne.es
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VEGAMEDIA* : Ecologistas en Acción ha exigido a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio que paralice la tramitación urbanística en la Región de Murcia hasta que se revisen los planes generales y normas subsidiarias de los 45 municipios de la región, para "adaptarlos a legalidad urbanística vigente, según la Sentencia firme 91/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia".
La sentencia, que ahora es firme, "supone darle la puntilla al modelo urbanístico del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, manifiestamente fracasado según ha reconocido el propio presidente regional", según informaron fuentes de la asociación ecologista en un comunicado.
Ecologistas en Acción ha exigido una urgente moratoria urbanística en la Región de Murcia, hasta que se "revise y restituya" la legalidad urbanística de todos los planes y normas que hayan incorporado la ilegal práctica del "teletransporte de edificabilidad" desde suelos con protección específica a suelos urbanizables.
Esta petición la realiza la organización tras conocer que el Tribunal Supremo "ha ratificado la Sentencia 91/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que la Comunidad Autónoma recurrió y que ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo, ya es firme".
La sentencia aclara "una mala interpretación de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, que se ha aplicado en numerosos planes urbanísticos en los últimos años, aumentando ilegalmente la rentabilidad de los mismos".
"Esto acabaría con uno de los elementos que han favorecido la especulación del suelo en toda la Región de Murcia, ya que no afecta sólo a planes aprobados después de su emisión, sino que afecta a todos los planes redactados en la Región de Murcia desde la entrada en vigor de la citada Ley", añade Ecologistas en Acción.
La organización recuerda que a principios de este año elaboró e hizo público, un análisis detallado sobre las repercusiones de dicha sentencia en la edificabilidad legalmente permitida en la Actuación de Interés Regional 'Marina de Cope', lo que "supone un duro varapalo a la viabilidad del proyecto urbanístico", añade.
Tras la realización de este informe, la organización informó a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del contenido de la sentencia, ya que consideraba "obligada la revisión de oficio de todos los planes y normas afectados por esta sentencia, a fin de cumplir con la legalidad urbanística vigente en todo el territorio regional".
La respuesta de la Consejería fue entonces "evasiva" y escudaba su irresponsable inacción "en que la sentencia estaba recurrida y no era firme", según la asociación ecologista.
Ahora, una vez que la sentencia es firme, Ecologistas en Acción exige "que se paralice toda tramitación urbanística en la Región de Murcia, hasta que sean localizados, revisados y corregidos todos los planes y proyectos afectados por la misma, a fin de restituir la legalidad urbanística en la Región de Murcia".
Esta revisión, añade, "supondrá que en algunos casos la edificabilidad, y por tanto la rentabilidad de los proyectos, se vea seriamente comprometida".
Para terminar, Ecologistas en Acción ha considerado "imprescindible" la aplicación urgente de la moratoria urbanística "mientras se revisan los planes, municipio a municipio, a fin de evitar que se ejecuten planes ilegales después de conocerse el contenido de esta sentencia firme, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas y las posibles consecuencias legales para los técnicos y cargos públicos que aprobasen dichos planes tras conocerse la sentencia".
También han exigido a la Consejería "que aclare cuál va a ser la solución que se adopte en aquellos casos afectados y en los que el proyecto ya está ejecutado".
* Vegamedia Press - 18.12.12
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
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ELPAÍS/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha eliminado la posibilidad de construir grandes mansiones en suelo protegido de la Costa del Sol con la excusa de la “excelencia turística”. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga ha anulado el artículo 65 del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol que contemplaba usos residenciales en zonas naturales clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección. El fallo, notificado el pasado 15 de noviembre, entiende que este uso “supondría una quiebra de los principios y propósitos para defender un tipo de zonas que debe preservarse de los procesos urbanizadores”.
El artículo anulado prevé “actuaciones singulares de excelencia turística” en zonas de especial protección, y por lo tanto calificadas como no urbanizables, si se cumplen una serie de requisitos. El texto legal rechazado exigía proyectos con superficies mínimas de 200 hectáreas; que se construya una vivienda cada hectárea como máximo; o que las construcciones no ocupen más del 35% del espacio y que el 65% restante quede libre. También se establecía como condición obligatoria que se incluyera un estudio de ordenación paisajística.
El recurso lo presentó un particular que calculó que “podrían construirse unas 32 mansiones de más de 1.500 metros cuadrados cada una” en los 60.000 metros cuadrados de uso no residencial. “No se delimitaron las zonas, pero encajarían con la división que hace la autopista de la Costa del Sol hacia el norte y abarcaría desde Torremolinos hasta Manilva”, explica un abogado experto en urbanismo.
“Una cosa es que se prevea un camino para determinadas actuaciones en medio rural protegido, como un Parador Nacional, y otra, permitir la urbanización en un espacio en el que previamente se ha establecido que debe ser preservado”, exponía el litigante en su recurso. Este particular atribuye que se incluyera este artículo en el POT de la Costa del Sol Occidental, publicado en 2006, al proyecto de una cadena hotelera que quería acometer en Marbella una “tecnópolis”. “Contempla un espacio urbano donde se mezclarían usos productivos con residenciales y usos de servicios complementarios”, explicaba.
El tribunal no ve impedimento en que se construyan en zonas protegidas centros de salud, científicos, docentes, deportivos o similares, y que sean considerados “actuaciones singulares de excelencia turística”. “No haría falta la clasificación como suelo urbanizable”, explica, ya que “podrían venir amparados por el artículo 52.2. de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA). Este apartado permite estas construcciones si son compatibles con el régimen de protección y si tienen licencia.
Sin embargo, la sala considera que calificar el suelo protegido como urbanizable para darle un uso residencial “obvia” el articulado de la LOUA que “obliga a que se preserve la naturaleza de esta clase de suelo” y que no de induzca a la creación de nuevos asentamientos.
El particular también reclamó sin éxito que se dejara sin efecto la necesidad de que las acciones en zonas protegidas deban tener vinculada una parcela mínima de 10 hectáreas, algo que recogía el artículo 64 en su quinto apartado.
* El País - JUANA VIÚDEZ Málaga 11 DIC 2012
Foto: Estepona - J.R. (El País)
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ELPAÍS/Pontevedra* : Desde los años setenta, Vilagarcía ha ido perdiendo edificios históricos exponencialmente y solo quedan en pie unos pocos ejemplos de su etapa más singular como centro turístico, impulsado sobre todo desde principios del siglo pasado por las esporádicas visitas de los borbones. Una etapa que imprimió carácter en la ciudad cuando la isla de Cortegada fue cedida al rey Alfonso XIII para construir su residencia de veraneo, tal vez la mayor operación de propaganda que se fraguó nunca en la comarca pero que se desvaneció con el tiempo. Ahora, la última joya de la Vilagarcía aristocrática también está amenazada por la piqueta.
En diciembre de 2009, el derribo de unos bancos centenarios que formaban parte del mobiliario de los jardines que presiden el edificio consistorial colmó la paciencia de un grupo de ciudadanos que se rebelaron contra el Ayuntamiento hasta el punto de provocar la fulminante dimisión del concejal de Urbanismo. Los vecinos indignados crearon la Asociación pola Defensa do Patrimonio de Vilagarcía, que ya cuenta con un centenar de socios. “Los edificios emblemáticos han sido pasto de la piqueta porque ha primado la especulación por encima de todo”, explica su presidente, Juan Carlos Porto. “Todo ello con la anuencia y autorización de corporaciones nefastas que no han sabido entender que el patrimonio de una ciudad no es un trasto viejo que puede tirarse al desván”.
Porto culpa a los políticos que permitieron un disparate tras otro, afeando todo el entorno como el edificio que se levantó en la manzana que ocupaba el singular Casino de Vilagarcía. “Esto solo ha ocurrido aquí, mientras otros pueblos como Vilanova o Cambados han sabido gestionar mucho mejor su patrimonio histórico”, afirma. “Viendo los desmanes que se han hecho impunemente, decidimos vigilar en extremo cualquier actuación que, por parte de particulares o por el propio Ayuntamiento, destruya la poca historia que queda. Pelearemos hasta recurrir incluso a los tribunales, si fuera necesario”, advierte el presidente.
Hace pocas semanas, la directiva fue informada de que los herederos de la desaparecida Banca Deza pretenden derribar un antiguo edificio en la calle Vista Alegre para construir en el solar, por lo que han iniciado gestiones para obtener la consiguiente autorización en el Ayuntamiento. En octubre pasado, el vicepresidente de la asociación vecinal, Manuel Morales, solicitó información a Patrimonio de la Xunta para saber si el inmueble está protegido.
En un escrito del 6 de noviembre, la Consellería de Cultura contestó que la Casa Deza está incluida en el inventario del patrimonio cultural de Galicia “con el grado de protección de bien inventariado”, por lo que no se puede derribar. El edificio catalogado, según la Xunta, se identifica además en una ficha del plan general del año 2000.
“El expolio se ha efectuado porque el político de turno carecía de la más mínima sensibilidad, y así se han autorizado verdaderos disparates ante la apatía de los vilagarcianos”, lamenta Porto, “estamos intentando hacernos con el fichero municipal de bienes catalogados porque nos servirá para defender mejor lo poco que queda”.
Los políticos todavía buscan soluciones para evitar que se repitan las catastróficas riadas provocadas por el desbordamiento del río Con, en noviembre de 2006. Coincidieron varios factores: los incendios que asolaron Galicia aquel verano, un urbanismo descontrolado que fue cerrando el cauce natural del río sobre terrenos ganados al mar, y precipitaciones extraordinarias.
Una de las soluciones que Augas de Galicia contempla es el traslado del puente de Vista Alegre, que forma parte del conjunto histórico-artístico de la ciudad. Una obra de enormes proporciones a la que se opone la Asociación pola Defensa do Patrimonio, que ha amenazado con convocar un referéndum para que sea el pueblo el que decida.
“Hemos forzado al alcalde [Tomás Fole] a declarar públicamente que el puente no se toca y creemos que no se hará. Hay otras alternativas que, incomprensiblemente, no quiere acometer Augas de Galicia”, dice Juan Carlos Porto. “Se acometen otras obras como la de recuperar el ferrocarril hasta el puerto, otro disparate, y no se ha pensado aún en hacer túneles para que el río desagüe y no se vuelva a desbordar”, critica el presidente.
* El País - ELISA LOIS Vilagarcía de Arousa 7 DIC 2012
Foto: Casa Deza, ubicada en al calle Vista Alegre de Vilagarcía, en una imagen cedida por la asociación de defensa del patrimonio.- elpais
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ELPAÍS* : La Mussolera, una masía de interés histórico de Cercs (Berga) ha llevado de nuevo ante el juez a Ferran Civil, alcalde de la localidad y vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona. Civil, que es el número dos de Convergència i Unió en el ente provincial, ha declarado como imputado por autorizar unas obras para convertir la masía en un alojamiento rural. La fiscalía le atribuye un delito continuado contra la ordenación territorio, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación.
El propietario de La Mussolera solicitó en 2004 una licencia de obras para adaptar la masía al “desarrollo de actividades relacionadas con el turismo rural”. La arquitecta técnica, Maria Carme Casas, y el secretario municipal, Pau Llorens —ambos imputados también— informaron a favor del proyecto “a sabiendas de su ilicitud”, ya que la finca se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección por riesgo geológico, según la querella presentada el pasado mes de mayo por el fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrin.
En su informe, que fue avalado por el alcalde de Unió Democràtica, la arquitecta técnica dijo que las obras se ajustaban a las normas urbanísticas, pero no especificó cuáles eran de aplicación ni en qué tipo de suelo se encontraba la finca. Según el fiscal, las obras —que se terminaron de ejecutar en 2006— no fueron una simple mejora para conservar el inmueble, sino una reforma estructural. El fiscal sostiene que se hizo una calificación “conscientemente irregular” de las obras y que el alcalde, “por su responsabilidad pública, no podía desconocer” esa situación.
En una inspección a la zona, los Mossos d’Esquadra constataron la existencia de tres edificios: la antigua masía, de dos plantas, “totalmente restaurada”; un pequeño gimnasio con sala de juegos y una tercera edificación que consta de sala de estar y barbacoa. La policía no halló actividad de turismo rural en su visita. En internet, sin embargo, comprobó que los propietarios de La Mussolera la ofrecían como alojamiento rural y también como lugar para acoger reuniones de empresa y otras celebraciones.
Civil, que es responsable del área de conocimiento y nuevas tecnologías de la Diputación y vocal de la comisión ejecutiva, se acogió a su derecho a no declarar ante los Mossos. Sí lo hizo ante el juez. “Prefiero no entrar en explicar más detalles ahora, hasta que el tema esté resuelto”, respondió a este diario el alcalde, con cierto hartazgo por la cantidad de procesos e investigaciones que se acumulan contra él por su gestión en Cercs.
Con el asunto de La Mussolera, ya son tres las causas judiciales en las que Civil está imputado. La más avanzada se refiere a la autorización de tres naves industriales, en terreno no urbanizable y de interés natural. El fiscal pide tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para el alcalde; el caso está pendiente de llegar a juicio. Otro juzgado de Berga investiga al alcalde por un presunto delito de prevaricación en la compraventa de un tren turístico del Berguedà. El Consorcio de la Ruta Minera del Berguedà, presidido por Civil, compró con dinero público la empresa que gestionaba el tren en la zona minera y luego lo revendió al consorcio a un precio mayor.
Además de las causas judiciales, la fiscalía investiga otras presuntas irregularidades urbanísticas, también relacionadas con la concesión de licencias de obras en el municipio. Incluso la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha examinado la actuación de Civil al frente del ayuntamiento. En concreto, ha investigado un contrato fallido y repleto de irregularidades firmado entre el consistorio y una empresa india, que incluyó un viaje de Civil a Delhi acompañado por su esposa y diversos cargos públicos.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 19 DIC 2012
Foto: Berga (Barcelona) - turismo
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JESÚS LEÓN/Valencia* : El pasado día 9 se celebró el día internacional contra la corrupción, sin que haya oído ni leído a ningún partido político comentario alguno a la declaración del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana, reclamando volver a depender de la Administración General del Estado, a fin de trabajar con más independencia en las administraciones locales.
Su presidente reclama que el Gobierno mantenga la reforma que había prometido el PP durante la campaña electoral, cuyo objetivo es no depender disciplinariamente de los presidentes de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones), puesto que «no tiene sentido que nos pueda sancionar el alcalde porque es la misma persona a la que estamos controlando».
«El régimen disciplinario tiene que volver a la Administración estatal», aseguraba Javier Biosca. Como tampoco tiene sentido que les pague el sueldo el propio ayuntamiento al que están fiscalizando, añadía.
Tiene razón el presidente de este Colegio, pues resulta urgente acometer un eficaz control de estas instituciones tan cercanas a la ciudadanía para regenerar la vida pública. Si desde la base de la Administración pública se lleva a cabo un riguroso control de la actividad administrativa de los políticos en el poder, se habrá dado un ejemplo de buen hacer a las demás instituciones de mayor nivel estatal. Si por el contrario, se mantiene la actual subordinación legal de interventores, tesoreros y secretarios a los presidentes de las administraciones municipales, esto es tanto como su neutralización, al menos parcial, lo que es inadmisible. No es cierto que exista peligro de interferencia en la labor política de los alcaldes y presidentes. Esto es una burda excusa. Su labor es estrictamente técnica, no política. Y en caso contrario, para eso está el régimen disciplinario de la Administración General del Estado.
Tan múltiple es la corrupción que padecemos, que es preferible dedicarse a enunciar los instrumentos que deben servir para impedirla que describir, siquiera sea someramente, los reiterados desaguisados de toda índole que salpican la geografía española en general y la valenciana en particular.
¿Alguien puede entender que un interventor sea pagado por el ayuntamiento al que debe fiscalizar, y que pueda ser sancionado por el presidente del ayuntamiento o diputación en la que desarrolla sus servicios y ejerce sus altas facultades? Si la intervención está para controlar las finanzas de los municipios y resulta que actualmente es posible designar libremente al funcionario que ha de controlar este aspecto esencial de la administración, el nombramiento puede recaer y recae en un conocido o incluso amigo del alcalde o del presidente de la diputación. Y si esto es así, ¿puede este funcionario llevar a cabo su labor con eficacia? La respuesta es no. Debe ser absolutamente incompatible. Entonces, ¿por qué el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tan diligente él para aplicar amnistías fiscales y recortar salarios y pensiones por doquier, es incapaz de cumplir lo prometido a estos fiscalizadores cualificados de la administración local? Sería una desazón más para la ciudadanía.
* Levante - Opinión - 15.12.12
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org
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