ELPAÍS/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha eliminado la posibilidad de construir grandes mansiones en suelo protegido de la Costa del Sol con la excusa de la “excelencia turística”. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga ha anulado el artículo 65 del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol que contemplaba usos residenciales en zonas naturales clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección. El fallo, notificado el pasado 15 de noviembre, entiende que este uso “supondría una quiebra de los principios y propósitos para defender un tipo de zonas que debe preservarse de los procesos urbanizadores”.
El artículo anulado prevé “actuaciones singulares de excelencia turística” en zonas de especial protección, y por lo tanto calificadas como no urbanizables, si se cumplen una serie de requisitos. El texto legal rechazado exigía proyectos con superficies mínimas de 200 hectáreas; que se construya una vivienda cada hectárea como máximo; o que las construcciones no ocupen más del 35% del espacio y que el 65% restante quede libre. También se establecía como condición obligatoria que se incluyera un estudio de ordenación paisajística.
El recurso lo presentó un particular que calculó que “podrían construirse unas 32 mansiones de más de 1.500 metros cuadrados cada una” en los 60.000 metros cuadrados de uso no residencial. “No se delimitaron las zonas, pero encajarían con la división que hace la autopista de la Costa del Sol hacia el norte y abarcaría desde Torremolinos hasta Manilva”, explica un abogado experto en urbanismo.
“Una cosa es que se prevea un camino para determinadas actuaciones en medio rural protegido, como un Parador Nacional, y otra, permitir la urbanización en un espacio en el que previamente se ha establecido que debe ser preservado”, exponía el litigante en su recurso. Este particular atribuye que se incluyera este artículo en el POT de la Costa del Sol Occidental, publicado en 2006, al proyecto de una cadena hotelera que quería acometer en Marbella una “tecnópolis”. “Contempla un espacio urbano donde se mezclarían usos productivos con residenciales y usos de servicios complementarios”, explicaba.
El tribunal no ve impedimento en que se construyan en zonas protegidas centros de salud, científicos, docentes, deportivos o similares, y que sean considerados “actuaciones singulares de excelencia turística”. “No haría falta la clasificación como suelo urbanizable”, explica, ya que “podrían venir amparados por el artículo 52.2. de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA). Este apartado permite estas construcciones si son compatibles con el régimen de protección y si tienen licencia.
Sin embargo, la sala considera que calificar el suelo protegido como urbanizable para darle un uso residencial “obvia” el articulado de la LOUA que “obliga a que se preserve la naturaleza de esta clase de suelo” y que no de induzca a la creación de nuevos asentamientos.
El particular también reclamó sin éxito que se dejara sin efecto la necesidad de que las acciones en zonas protegidas deban tener vinculada una parcela mínima de 10 hectáreas, algo que recogía el artículo 64 en su quinto apartado.
* El País - JUANA VIÚDEZ Málaga 11 DIC 2012
Foto: Estepona - J.R. (El País)
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ELPAÍS/Pontevedra* : Desde los años setenta, Vilagarcía ha ido perdiendo edificios históricos exponencialmente y solo quedan en pie unos pocos ejemplos de su etapa más singular como centro turístico, impulsado sobre todo desde principios del siglo pasado por las esporádicas visitas de los borbones. Una etapa que imprimió carácter en la ciudad cuando la isla de Cortegada fue cedida al rey Alfonso XIII para construir su residencia de veraneo, tal vez la mayor operación de propaganda que se fraguó nunca en la comarca pero que se desvaneció con el tiempo. Ahora, la última joya de la Vilagarcía aristocrática también está amenazada por la piqueta.
En diciembre de 2009, el derribo de unos bancos centenarios que formaban parte del mobiliario de los jardines que presiden el edificio consistorial colmó la paciencia de un grupo de ciudadanos que se rebelaron contra el Ayuntamiento hasta el punto de provocar la fulminante dimisión del concejal de Urbanismo. Los vecinos indignados crearon la Asociación pola Defensa do Patrimonio de Vilagarcía, que ya cuenta con un centenar de socios. “Los edificios emblemáticos han sido pasto de la piqueta porque ha primado la especulación por encima de todo”, explica su presidente, Juan Carlos Porto. “Todo ello con la anuencia y autorización de corporaciones nefastas que no han sabido entender que el patrimonio de una ciudad no es un trasto viejo que puede tirarse al desván”.
Porto culpa a los políticos que permitieron un disparate tras otro, afeando todo el entorno como el edificio que se levantó en la manzana que ocupaba el singular Casino de Vilagarcía. “Esto solo ha ocurrido aquí, mientras otros pueblos como Vilanova o Cambados han sabido gestionar mucho mejor su patrimonio histórico”, afirma. “Viendo los desmanes que se han hecho impunemente, decidimos vigilar en extremo cualquier actuación que, por parte de particulares o por el propio Ayuntamiento, destruya la poca historia que queda. Pelearemos hasta recurrir incluso a los tribunales, si fuera necesario”, advierte el presidente.
Hace pocas semanas, la directiva fue informada de que los herederos de la desaparecida Banca Deza pretenden derribar un antiguo edificio en la calle Vista Alegre para construir en el solar, por lo que han iniciado gestiones para obtener la consiguiente autorización en el Ayuntamiento. En octubre pasado, el vicepresidente de la asociación vecinal, Manuel Morales, solicitó información a Patrimonio de la Xunta para saber si el inmueble está protegido.
En un escrito del 6 de noviembre, la Consellería de Cultura contestó que la Casa Deza está incluida en el inventario del patrimonio cultural de Galicia “con el grado de protección de bien inventariado”, por lo que no se puede derribar. El edificio catalogado, según la Xunta, se identifica además en una ficha del plan general del año 2000.
“El expolio se ha efectuado porque el político de turno carecía de la más mínima sensibilidad, y así se han autorizado verdaderos disparates ante la apatía de los vilagarcianos”, lamenta Porto, “estamos intentando hacernos con el fichero municipal de bienes catalogados porque nos servirá para defender mejor lo poco que queda”.
Los políticos todavía buscan soluciones para evitar que se repitan las catastróficas riadas provocadas por el desbordamiento del río Con, en noviembre de 2006. Coincidieron varios factores: los incendios que asolaron Galicia aquel verano, un urbanismo descontrolado que fue cerrando el cauce natural del río sobre terrenos ganados al mar, y precipitaciones extraordinarias.
Una de las soluciones que Augas de Galicia contempla es el traslado del puente de Vista Alegre, que forma parte del conjunto histórico-artístico de la ciudad. Una obra de enormes proporciones a la que se opone la Asociación pola Defensa do Patrimonio, que ha amenazado con convocar un referéndum para que sea el pueblo el que decida.
“Hemos forzado al alcalde [Tomás Fole] a declarar públicamente que el puente no se toca y creemos que no se hará. Hay otras alternativas que, incomprensiblemente, no quiere acometer Augas de Galicia”, dice Juan Carlos Porto. “Se acometen otras obras como la de recuperar el ferrocarril hasta el puerto, otro disparate, y no se ha pensado aún en hacer túneles para que el río desagüe y no se vuelva a desbordar”, critica el presidente.
* El País - ELISA LOIS Vilagarcía de Arousa 7 DIC 2012
Foto: Casa Deza, ubicada en al calle Vista Alegre de Vilagarcía, en una imagen cedida por la asociación de defensa del patrimonio.- elpais
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ELPAÍS* : La Mussolera, una masía de interés histórico de Cercs (Berga) ha llevado de nuevo ante el juez a Ferran Civil, alcalde de la localidad y vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona. Civil, que es el número dos de Convergència i Unió en el ente provincial, ha declarado como imputado por autorizar unas obras para convertir la masía en un alojamiento rural. La fiscalía le atribuye un delito continuado contra la ordenación territorio, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación.
El propietario de La Mussolera solicitó en 2004 una licencia de obras para adaptar la masía al “desarrollo de actividades relacionadas con el turismo rural”. La arquitecta técnica, Maria Carme Casas, y el secretario municipal, Pau Llorens —ambos imputados también— informaron a favor del proyecto “a sabiendas de su ilicitud”, ya que la finca se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección por riesgo geológico, según la querella presentada el pasado mes de mayo por el fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrin.
En su informe, que fue avalado por el alcalde de Unió Democràtica, la arquitecta técnica dijo que las obras se ajustaban a las normas urbanísticas, pero no especificó cuáles eran de aplicación ni en qué tipo de suelo se encontraba la finca. Según el fiscal, las obras —que se terminaron de ejecutar en 2006— no fueron una simple mejora para conservar el inmueble, sino una reforma estructural. El fiscal sostiene que se hizo una calificación “conscientemente irregular” de las obras y que el alcalde, “por su responsabilidad pública, no podía desconocer” esa situación.
En una inspección a la zona, los Mossos d’Esquadra constataron la existencia de tres edificios: la antigua masía, de dos plantas, “totalmente restaurada”; un pequeño gimnasio con sala de juegos y una tercera edificación que consta de sala de estar y barbacoa. La policía no halló actividad de turismo rural en su visita. En internet, sin embargo, comprobó que los propietarios de La Mussolera la ofrecían como alojamiento rural y también como lugar para acoger reuniones de empresa y otras celebraciones.
Civil, que es responsable del área de conocimiento y nuevas tecnologías de la Diputación y vocal de la comisión ejecutiva, se acogió a su derecho a no declarar ante los Mossos. Sí lo hizo ante el juez. “Prefiero no entrar en explicar más detalles ahora, hasta que el tema esté resuelto”, respondió a este diario el alcalde, con cierto hartazgo por la cantidad de procesos e investigaciones que se acumulan contra él por su gestión en Cercs.
Con el asunto de La Mussolera, ya son tres las causas judiciales en las que Civil está imputado. La más avanzada se refiere a la autorización de tres naves industriales, en terreno no urbanizable y de interés natural. El fiscal pide tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para el alcalde; el caso está pendiente de llegar a juicio. Otro juzgado de Berga investiga al alcalde por un presunto delito de prevaricación en la compraventa de un tren turístico del Berguedà. El Consorcio de la Ruta Minera del Berguedà, presidido por Civil, compró con dinero público la empresa que gestionaba el tren en la zona minera y luego lo revendió al consorcio a un precio mayor.
Además de las causas judiciales, la fiscalía investiga otras presuntas irregularidades urbanísticas, también relacionadas con la concesión de licencias de obras en el municipio. Incluso la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha examinado la actuación de Civil al frente del ayuntamiento. En concreto, ha investigado un contrato fallido y repleto de irregularidades firmado entre el consistorio y una empresa india, que incluyó un viaje de Civil a Delhi acompañado por su esposa y diversos cargos públicos.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 19 DIC 2012
Foto: Berga (Barcelona) - turismo
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JESÚS LEÓN/Valencia* : El pasado día 9 se celebró el día internacional contra la corrupción, sin que haya oído ni leído a ningún partido político comentario alguno a la declaración del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana, reclamando volver a depender de la Administración General del Estado, a fin de trabajar con más independencia en las administraciones locales.
Su presidente reclama que el Gobierno mantenga la reforma que había prometido el PP durante la campaña electoral, cuyo objetivo es no depender disciplinariamente de los presidentes de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones), puesto que «no tiene sentido que nos pueda sancionar el alcalde porque es la misma persona a la que estamos controlando».
«El régimen disciplinario tiene que volver a la Administración estatal», aseguraba Javier Biosca. Como tampoco tiene sentido que les pague el sueldo el propio ayuntamiento al que están fiscalizando, añadía.
Tiene razón el presidente de este Colegio, pues resulta urgente acometer un eficaz control de estas instituciones tan cercanas a la ciudadanía para regenerar la vida pública. Si desde la base de la Administración pública se lleva a cabo un riguroso control de la actividad administrativa de los políticos en el poder, se habrá dado un ejemplo de buen hacer a las demás instituciones de mayor nivel estatal. Si por el contrario, se mantiene la actual subordinación legal de interventores, tesoreros y secretarios a los presidentes de las administraciones municipales, esto es tanto como su neutralización, al menos parcial, lo que es inadmisible. No es cierto que exista peligro de interferencia en la labor política de los alcaldes y presidentes. Esto es una burda excusa. Su labor es estrictamente técnica, no política. Y en caso contrario, para eso está el régimen disciplinario de la Administración General del Estado.
Tan múltiple es la corrupción que padecemos, que es preferible dedicarse a enunciar los instrumentos que deben servir para impedirla que describir, siquiera sea someramente, los reiterados desaguisados de toda índole que salpican la geografía española en general y la valenciana en particular.
¿Alguien puede entender que un interventor sea pagado por el ayuntamiento al que debe fiscalizar, y que pueda ser sancionado por el presidente del ayuntamiento o diputación en la que desarrolla sus servicios y ejerce sus altas facultades? Si la intervención está para controlar las finanzas de los municipios y resulta que actualmente es posible designar libremente al funcionario que ha de controlar este aspecto esencial de la administración, el nombramiento puede recaer y recae en un conocido o incluso amigo del alcalde o del presidente de la diputación. Y si esto es así, ¿puede este funcionario llevar a cabo su labor con eficacia? La respuesta es no. Debe ser absolutamente incompatible. Entonces, ¿por qué el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tan diligente él para aplicar amnistías fiscales y recortar salarios y pensiones por doquier, es incapaz de cumplir lo prometido a estos fiscalizadores cualificados de la administración local? Sería una desazón más para la ciudadanía.
* Levante - Opinión - 15.12.12
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org
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LAVERDAD/Murcia* : El Tribunal Constitucional ha tumbado la Ley Regional del Suelo en un fallo que afecta directamente al proyecto de Marina de Cope. Después de más de diez años, el alto tribunal ha sentenciado a favor de los demandantes; colectivos ecologistas encabezados por la asociación Prolitoral que fueron apoyados por el PSOE, principalmente el Grupo Parlamentario en el Congreso y la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
El recurso contra la ley del Suelo de la Región de Murcia pedía anular la recalificación de unas 11.000 hectáreas de terrenos protegidos junto a la costa, equiparando terreno de alto valor por otro con una figura de protección distinta. Tal modificación dejó desprotegida a una gran parte de Marina de Cope, donde el Gobierno regional promueve uno de los mayores complejos urbanísticos del Mediterráneo.
Dicho proyecto quedó paralizado debido a la crisis económica. Su tramitación administrativa finalizó meses atrás.
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo e insconstitucional la disposición adicional octava de la norma. El recurso fue suscrito en el año 2011 por 65 diputados del Grupo Parlamentaro Socialista en el Congreso de los Diputados. El precepto anulado decía que los límites de los espacios naturales protegidos se ajustarían a los límites de los lugares de importancia comunitaria. De esta forma, el Gobierno regional desprotegió zonas del litoral, entre ellas la de Marina de Cope. El alto tribunal dice en su sentencia que las categorías de espacio natural protegido y de lugar de interés comunitario (LIC) "no son equivalentes". El Gobierno regional está evaluando la sentencia.
El proyecto
La iniciativa para urbanizar este tramo de la costa regional, declarada Actuación de Interés Regional en 2004 por el Ejecutivo de Valcárcel, tiene como objetivo crear 20.000 plazas turísticas y residenciales en la costa de Lorca y Águilas en un enclave rodeado por un LIC y un parque regional. Es uno de los planes estrella del Gobierno regional para reactivar el turismo. En total, se había autorizado la construcción en la mitad del total de 21,2 millones de metros cuadrados, con una densidad máxima de 0,14 metro cuadrado sobre metro cuadrado edificable. El Ejecutivo, además, había recortado a la mitad los plazos administrativos para sacar adelante los proyectos estratégicos.
Según el proyecto, el enclave contaría con una planta fotovoltaica y otra de regasificación; así como una estación depuradora de aguas residuales para una población estimada de 40.000 personas. El suelo está clasificado como urbanizable turístico residencial. Aparte están los sistemas generales. La futura urbanización -ahora en suspenso- es colindante con los Lugares de Interés Comunitario (LIC) terrestres y marinos, así como el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre. La superficie afectada es de 21,2 millones de metros cuadrados, de los que 940.514 metros corresponden a los dominios públicos existentes.
La urbanización tendría una marina interior para 2.000 embarcaciones, sujeta a condicionantes ecológicos y paisajísticos de diferente categoría, ya que afectaría a los medios marino, litoral y de interior. De esta forma, la construcción de instalaciones y edificios en la zona litoral cercana a la entrada de la marina podrían obstruir la visualización del horizonte marino, por lo que los inmuebles no podrían tener más de 10 metros de altura.
La superficie para las parcelas netas destinadas a usos turísticos y residenciales aprobada es como máximo del 50% del ámbito total, con la prohibición de construir dentro de los 500 primeros metros; salvo hoteles, y fuera de las franjas paisajísticas.
* La Verdad - M. BUITRAGO / M.A. RUIZ - 20.12.12
Foto: Playa en Marina Cope - elpais
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GREENPEACE* : Aunque el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales de 2011 no contemplaba, ni siquiera insinuaba, la reforma de la Ley de Costas, eran varios los pronunciamientos de miembros de este grupo que afirmaban que se pretendía reformar la Ley. Y entonces recordamos estas declaraciones de la alcaldesa Rita Barberá en 2010:
“Evidentemente hay unas elecciones generales más o menos cercanas, máximo dos años, no llega”...”yo creo que habría que luchar para tener una moratoria (sobre la aplicación de la Ley de Costas) para que cada partido se moje en su programa electoral, qué hace con las competencias en el litoral para que se comprometan públicamente negro sobre blanco en su programa electoral”. Declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia en verano de 2010 al presentar la campaña “Yo sí apoyo a los chiringuitos”.
Poco después de las elecciones generales de 2011 y una vez conformado el equipo de Gobierno, Rajoy fusiona varias carteras ministeriales y nombra al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a un viejo conocido del litoral, el Sr. Miguel Arias Cañete. Repetía Arias Cañete en el puesto ya que fue también ministro durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004).
Greenpeace ha desarrollado una investigación que destaca los posibles intereses privados del PP y los posibles beneficiarios a esta peculiar reforma. Durante el periodo 2004-2011, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios. Las relaciones de Arias Cañete con el mundo empresarial no son ajenas a la opinión pública. Muchas cosas se han escrito sobre el amplio patrimonio del ministro, pues Cañete es de los diputados con mayor patrimonio. Tiene importantes acciones en la petrolera Ducar S.L. y en Petrologis Canarias S.L. Por otro lado, la relación con promotoras, inmobiliarias e inversiones similares, tampoco le es ajena. Arias Cañete también ha sido consejero de empresa relacionadas con el ladrillo.
Pero quizás, el ministro Arias Cañete no destaca por cuánto patrimonio posee sino “por lo que tiene”, es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario. Estos aspectos le señalan como un ministro con una “peculiar” sensibilidad ambiental. Para el PP la Ley de Costas va a ser una herramienta más parecida a la regularización del suelo urbano y de bienes inmobiliarios. Esta peculiar visión del Partido Popular queda reforzada con lo que declaró Arias Cañete cuando presentó el proyecto de Ley, el 5 de octubre en Consejo de Ministros: sobre los cambios en la Ley expresó que “tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al stock de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral” .
Y aquí es donde subyace el quid de la cuestión. La costa es una parcela muy jugosa para el desarrollo de actividades empresariales y donde, a espaldas de la normativa medio ambiental, se han construido urbanizaciones e industrias. Para algunos la Ley de Costas no debe ser un escollo. Detrás del proyecto de reforma de Ley de Costas hay viejos conocidos del PP que han pedido o colaborado directamente para convertir esta normativa en un texto alejado de la protección ambiental. Veamos algunos ejemplos.
* Greenpeace - 19.12.12
Foto: Aguilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
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ELPAÍS/Madrid* : Sin prisa, pero sin pausa, prosiguen en la Comunidad de Madrid los movimientos urbanísticos con vistas a sacar un provecho privado al suelo rural de la región. Así, el proyecto sobre la finca pública de El Garzo, en Las Rozas, y la ley de viviendas rurales sostenibles fueron los únicos temas abordados en la última Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de la Asamblea de Madrid. Y ambas actuaciones salieron de la Cámara regional igual que entraron, sin que ni una alegación de la oposición fuera tenida en cuenta por parte del Grupo Popular.
Lo de la Casa de Campo del Noroeste, en El Garzo, se trata de un proyecto similar al que se llevó a cabo en la Finca Experimental de El Encín (Alcalá de Henares), con el golf como banderín de enganche para explotar como negocio privado unos terrenos de titularidad pública.
Con el mismo sistema de concesión a largo plazo para que una empresa obtenga provecho, siempre que ponga sobre la mesa los 35 millones que se barajan como precio de la concesión. Habrá que ver si es Desprosa —la empresa de Joaquín Molpeceres que ya gestiona los campos de El Encín y Olivar de la Hinojosa, en Madrid— u otra la que decide aventurarse en una inversión de tal enjundia.
"En la Comunidad de Madrid no caben más árboles", llegó a comentar alguno de los representantes del Partido Popular en la comisión, como argumento para echar por tierra tanto la proposición no de ley presentada por IU como las enmiendas de UPyD, con el objeto de no llevar a cabo en El Garzo ninguna actuación que ponga en peligro su función de garantizar la protección del monte de El Pardo, tal y como recoge el Plan de Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Así pues, todo queda en manos de que el Gobierno regional saque a licitación pública la concesión, algo que no hará hasta tener la seguridad de que alguna empresa esté dispuesta a afrontar la inversión.
De acuerdo con el proyecto planteado, el Club de Campo del Noroeste se ubicaría junto a la autovía A-6, al sur de Las Matas, y ocuparía 180 de las 403 hectáreas de la finca El Garzo. Las últimas 85 fueron adquiridas el pasado mes de marzo por el Ejecutivo regional, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), por 261.000 euros, ejercitando el derecho de tanteo y retracto que le permitía la ubicación del terreno en el parque del Manzanares.
El nuevo campo de golf de 18 hoyos con casa club incluida sería el eje sobre el que pivotaría el negocio para la futura concesionaria, complementado con una zona deportiva con baloncesto, fútbol, canchas de tenis, pádel, piscinas, escuelas deportivas y centro de hípica.
El virus del chalé en suelo rústico
Lo que ya no tiene marcha atrás es la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. En esa misma sesión de la Comisión de Medio Ambiente se aprobó el dictamen del proyecto, y hoy está previsto que el pleno de la Asamblea la apruebe definitivamente.
Una ley que, en palabras del diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, permitirá "plantar casitas asesinas en cualquier sitio cuando se tengan 60.000 metros cuadrados. En cualquier zona, incluso en espacios protegidos". "Decreta el fin del suelo rural, que lo quieren solo para edificar al considerar que no sirve para nada", sentenciaba el diputado de UPyD Gabriel López. Al final, la ley virus, como la han calificado los ecologistas, tanto por el acrónimo como por el impacto que la misma puede tener sobre el territorio, entrará en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Sobre esas seis hectáreas se podrá edificar una casa, en una única planta y con un máximo de 3,5 metros de altura para no modificar la rasante natural del terreno y realizarse con el menor impacto visual. También se deberá preservar el arbolado de las parcelas y compensar con especies autóctonas a razón de tantos ejemplares adultos como años tuviera el ejemplar trasplantado.
Todos los gastos, tanto de la edificación como del acondicionamiento del terreno para los accesos, los suministros de luz y agua, y cualquier instalación, así como la recogida de basuras, correrán por cuenta del propietario.
¿Cuántas viviendas se podrían construir? Ecologistas en Acción ha echado cuentas y ha puesto un techo de unas 7.000 unidades. Solo en municipios de gran extensión, como El Escorial o Colmenar Viejo, podrían contar con suelos susceptibles de albergar, entre ambos, cerca de 2.000 viviendas.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 14 DIC 2012
Foto: Las Rozas (Madrid), encinar protegido a urbanizar - jaimedelval
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ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El decano de los casos de corrupción afronta su recta final. El 'caso Andratx' está a punto de terminar con ya sólo cinco piezas en instrucción y otras tres pendientes de juicio, además de otra ya vista para sentencia y una última cuyo juicio comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Palma. Desde que estalló en el año 2006 se han producido un total de 18 condenas por irregularidades urbanísticas auspiciadas desde el Ajuntament d'Andratx. Sólo uno de los juicios celebrados se saldó con una absolución para todos los acusados, si bien se produjo después de que la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por la letrada Isabel Fluxà en nombre del consistorio andritxol- retiraran los cargos. El fondo de esta absolución también ha supuesto el archivo del grueso de las piezas.
Una modificación en la normativa urbanística del municipio legalizaba de facto muchas de las construcciones hasta entonces ilegales. La decisión, que se produjo este mismo año, llevó a que ya no se consideraran delito las edificaciones, a pesar de que las licencias que las amparaban en su momento lo fueran. También previamente se habían archivado piezas como la que investigó efímeramente la actuación de José María Rodríguez antes de la operación de la Guardia Civil que desencadenó el caso o la que investigó una vivienda propiedad de Florentino Pérez.
De todos los condenados en la causa, entre los que se encuentran arquitectos y letrados municipales, hay tres en prisión: el exalcalde Eugenio Hidalgo, el exdirector general Jaume Massot y el excelador Jaume Gibert. Los tres tienen prácticamente cerradas sus condenas a pesar de que aún tienen algún proceso pendiente. Sin embargo, la Fiscalía aceptó que se computara un único delito continuado para ellos, tal y como propugnó el letrado de Massot, Fernando Mateas. De esta manera se entiende que los tres cometieron un único delito (por cada uno de los distintos tipos penales por los que han sido acusados) y evitan sumar más años en cada juicio salvo que les impongan un ilícito penal diferente.
Así, el que tiene más próxima la salida de prisión es Hidalgo, cuyo cómputo es de cuatro años y medio. Massot tendrá que cumplir por el momento ocho y medio y Gibert, el 'arrepentido' ha terminado por acumular cinco y medio.
El exalcalde está a punto de cumplir su condena que, finalmente suma cuatro años y medio de prisión por distintos delitos urbanísticos. El exregidor fue de los primeros en ingresar en prisión tras la confirmación de la primera sentencia del caso.
El exdirector general es el preso por el 'caso Andratx' con una condena más alta. Su defensa fue la primera en solicitar que se contase como un único delito continuado los distintos juicios, algo que asumió la Fiscalía.
El arrepentido Jaume Gibert al final ha terminado en el mismo sitio que sus compañeros y con una condena similar. Al conformarse con una condena detrás de otra llegó un punto en el que no pudo suspender más e ingresó.
* Última Hora - Víctor Malagón | Palma | 12/12/2012
Foto: Andratx (Mallorca), juicio Massot, Mir y Gibert (archivo) - ep
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EUROPAPRESS* : El abogado de la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), José Luis Fuertes, ha afirmado que el Madrid Arena es "técnicamente un edificio clandestino" al no tener ni una de las tres licencias necesarias para la realización de eventos mientras que el área de Urbanismo municipal ha insistido durante la comisión de investigación que este recinto no necesita licencia. Las valoraciones de Fuertes se han producido después de que el juez instructor del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, haya admitido la personación del sindicato como acusación particular.
El letrado de la asociación ha señalado que el edificio es "ilegal" y que la sociedad Madrid Espacios y Congresos (Madridec) solicitó "hasta siete veces las distintas licencias, las cuales les fueron sucesivamente denegadas al obtener informes técnicos desfavorables".
Fuertes ha añadido que se archivaron las peticiones de licencia y caducaron, por lo que "había conocimiento fehaciente" de que el edificio no reunía las condiciones necesarias y no podía por ello albergar macrofiestas como la celebrada la noche de Halloween.
URBANISMO INSISTE EN QUE NO NECESITA LICENCIA
El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha repetido en la comisión de investigación que los edificios ejecutados por el Consistorio, como el Madrid Arena, no necesitan licencia. Y es que el acuerdo municipal que autoriza la construcción de edificios municipales "produce los mismos efectos que la licencia urbanística".
Así lo reiteraron la delegada de Urbanismo, Paz González, su número dos, la coordinadora de la oficina de Planificación Urbanística, Beatriz Lobón, y el director general de Control de la Edificación, Norberto Rodríguez. Los tres insistieron en que el edificio cuenta con todas las licencias necesarias (obras, actividad y funcionamiento).
El Madrid Arena fue proyectado, construido y supervisado por técnicos municipales entre 2002 y 2005. En él se aplica la Ley de Contratos de la Administración Pública (que establece que la aprobación del acta de comprobación de obras por el órgano de la Administración lleva implícita la autorización para su apertura al uso público) y la Ley del Suelo (que dice que cuando los edificios son promovidos por ayuntamientos en su término el acuerdo municipal que lo sustenta produce los mismos efectos que la licencia urbanística).
En el mismo sentido va la ordenanza de Licencias y Control Urbanístico de 1997, vigente durante la construcción del Madrid Arena, que señala que los proyectos que dependían del Consistorio no requerían de licencia urbanística.
A eso hay que sumar dos sentencias del Tribunal Supremo, una de abril de 1999 y otra de mayo de 2002. "Si las obras ejecutadas corresponden a un proyecto aprobado por un Ayuntamiento sería redundante la concesión de licencia", reza la primera de ellas mientras que la segunda indica que cuando los proyectos son llevados a cabo por ayuntamientos "la necesidad de licencia resulta innecesaria".
* Europa Press - 12.12.12
Foto: Madrid Arena - madridiario
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ELMUNDO/Agencias* : El último pleno de este año de las Cortes Valencianas aprobará los Presupuestos de la Generalitat para el año 2013 y permitirá tomar la primera fotografía del nuevo Gobierno valenciano en los bancos azules del hemiciclo, tras la remodelación acometida por Alberto Fabra la semana pasada. Además, se visualizará la nueva distribución de escaños del grupo popular, motivados por la salida de Maritina Hernández del Consell, quien pasará a ocupar un escaño de diputada, lo que ha obligado a que el PP tenga que desplazar a algunos de sus parlamentarios a la parte izquierda del hemiciclo ante la falta de espacio. La nueva distribución de los escaños ha retrasado en más de media hora el inicio de la sesión.
El pleno, que está previsto que dure cuatro días, ha arrancado este lunes con la toma de posesión de una nueva diputada del grupo popular, Elisa Díaz, en sustitución de Pedro Hernández Mateo, quien ha renunciado tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
Díaz, hija del también diputado Luis Díaz Alperi, ya fue diputada la pasada legislatura, cuando en abril de 2009 entró a sustituir a José Císcar -actual vicepresidente del Gobierno valenciano- tras la renuncia de este para ser delegado del Consell en Alicante.
La dirigente, de 35 años, figuraba en el puesto número 25 de la candidatura con la que el PP concurrió a las elecciones autonómicas de mayo de 2011 por la provincia de Alicante, con la que los populares consiguieron veinte escaños.
Es la hija mayor del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado por la trama urbanística del 'caso Brugal' que también investiga el TSJ, y es actualmente directora territorial de Urbanismo en Alicante. Es decir, es la responsable de dar (o no) el visto bueno a los programas urbanísticos de toda la provincia. Su puesto es por designación directa y fue defendido por la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción está investigando la entrega de tres adosados por parte de la trama Brugal a los hijos del ex alcalde alicantino. Uno a Elisa Díaz, según la investigación.
La Policía plasma en sus informes que Enrique Ortiz, eje de la trama Brugal, creó junto a otros constructores sociedades ficticias para tapar la entrega de tres bungalows, uno a Elisa Díaz, que se ha convertido en diputada autonómica pese a la presión de la cúpula del PP valenciano para evitar su entrada en las Cortes.
'Impunidad y falta de ética'
La diputada autonómica de EUPV, Esther López Barceló, ha considerado "vergonzoso" que el PP haya permitido que la ya diputada Elisa Díaz llegue a Las Cortes. "Parece que el PP, después de inhabilitar a Hernández Mateo, no ha corregido sus errores en materia de corrupción, tal como demuestra la nueva diputada, Elisa Díaz, cuyo nombre aparece en el sumario de Brugal al haber sido presuntamente beneficiada de una vivienda del empresario Enrique Ortiz de forma ilícita", ha declarado López Barceló.
"No podemos tolerar esta actitud de impunidad y falta de ética propia del PP que denigra en su actividad diaria las instituciones democráticas valencianas", concluye la diputada autonómica.
* El Mundo - Juan Nieto | Agencias - 17.12.12
Foto: Valencia, edificio Cortes valencianas - tourist
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ELPAÍS* : Mientras los madrileños duermen, ajenos a su destino, conforme a los biorritmos que rigen la rutina del común de los ciudadanos, los políticos legislan. La madrugada del jueves al viernes dejó un nuevo ejemplo del desfase en el que la Asamblea de Madrid permanece instalada desde los años noventa. A las 1.58, en otra noche toledana cargada de tensión entre los grupos políticos, llegó la culminación de una de las promesas electorales de Esperanza Aguirre en los comicios autonómicos del año pasado: "Desarrollar una nueva ley de urbanizaciones sostenibles en el ámbito rural".
La normativa fue aprobada por los 66 diputados presentes del PP con el voto en contra de los 53 de la oposición en el hemiciclo a falta de dos minutos del canto del gallo, como ya ocurrió en verano con la ley que permite la apertura de los comercios de la región las 24 horas los 365 días del año. PSM, IU y UPyD coincidieron en lamentar la “nocturnidad y alevosía” con que salió adelante una legislación a la que ha acompañado la polémica desde sus primeros trazos.
La ley aprobada permitirá edificar, a partir de más de seis hectáreas, en suelo rural que no esté protegido ambientalmente y con una superficie máxima de ocupación del 1,5%. Los propietarios del terreno correrán con todos los gastos derivados del suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de basuras, transportes y accesos. “Es un atentado al territorio y sostenibilidad del medio ambiente. Plantea un todo vale en el medio natural. Diseminar en pleno siglo XXI este tipo de viviendas nos retrotrae a tiempos de Felipe IV”, criticó el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.
“Dejen de hacer de trileros con la legislación. Este proyecto de ley puede poner en peligro las funciones de los montes, justo cuando la gestión forestal en la región brilla por su ausencia”, insistió, argumentando que “el PP abusa de su mayoría para gobernar para una minoría: los propietarios de 13.102 parcelas rústicas a costa de seis millones de habitantes”. "Con esta ley nos igualamos a la mayoría de comunidades autónomas. Esta ley es exigente y restrictiva, y por tanto respetuosa con el medio ambiente. No se podrá construir en suelo no sectorial y quedan excluidos los espacios protegidos", defendió Álvaro González, del Partido Popular.
“Esta ley beneficia a una casta privilegiada. Fomentan residencias de lujo con nefastas consecuencias sobre nuestros ecosistemas naturales… Hay un sinfín de argumentos contra esta ley pero siguen aferrados y empeñados en convertir el derecho urbanístico en la cueva de Alí Babá”, intervino Carmen Villares, de Izquierda Unida “Habrá grandes urbanizaciones a cargo de grandes constructoras", preconizó de una normativa que pese a los reproches de la oposición en bloque es más suave que la idea inicial. La intención original de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que hasta finales de septiembre dirigía Ana Isabel Mariño —ahora encargada de la cartera de Empleo, Turismo y Cultura— y ahora gobierna Borja Sarasola planteaba la posibilidad de dejar construir en suelo rural protegido, no pasó el corte. La opción, adelantada por este diario, de construir residencias en una superficie mínima de cinco hectáreas en suelo rural sin protección, o en 10 hectáreas en suelo rural protegido, no cuajó.
La versión que finalmente se impuso, más light, permite que se pueda levantar una vivienda unifamiliar por unidad de terreno, con una altura máxima de 3,5 metros y una distancia de al menos 250 metros de la construcción más cercana. "Esta ley solo beneficia a unos pocos, es una mala ley de un mal gobierno", también cargó Gabriel López, de UPyD. “Es una ley que dará más libertad a los madrileños y revitalizará a los pequeños municipios. Y permitirá una mayor interacción con la naturaleza”, insistió el popular Álvaro González.
“La nueva normativa no responde a las necesidades reales del medio rural y traslada la burbuja inmobiliaria al suelo rústico, al fomentar viviendas y complejos de lujo en terrenos de alto valor natural”, valoran desde Ecologistas en Acción, donde insisten en que la nueva normativa será aplicable en el 41% del territorio (330.000 hectáreas) y podría amparar la construcción de 7.000 viviendas dispersas en terrenos de alto valor natural y paisajístico. “Se permitirá la construcción de grandes mansiones de hasta 900 metros cuadrados en fincas con una superficie mínima de seis hectáreas”, insisten los ecologistas.
Desde la Plataforma Anti-ViRuS (denominada así por la ley de Vivienda Rural Sostenible, e integrada entre otros por la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, geógrafos de la Universidad Autónoma, arquitectos y ONG) aseguran que “afectará gravemente la economía agraria, con un modelo de ordenación territorial insostenible, a derechos y deberes constitucionales y a garantías de protección del medio ambiente”. El Ejecutivo autonómico niega "una tesis tan apocalíptica".
* El País - JOSÉ MARCOS - 14.12.12
Foto: TRIBUNA VACÍA. Es el primer pleno que se celebra esta legislatura sin testigos. La tribuna fue cerrada por el presidente del hemiciclo de Vallecas, José Ignacio Echeverría, impedir las protestas. / LUIS SEVILLANO
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EUROPAPRESS/Almería* : La asociación ecologista Salvemos Mojácar, participante del Consejo del Litoral del proyecto CAMP Levante de Almería de la ONU que se desarrolla desde hace más de dos años, ha manifestado su "absoluta disconformidad" con el informe resultante del proyecto, ya que es un "atentado medioambiental" que "bendice y da luz verde a los monstruosos intereses urbanísticos de las administraciones locales y autonómica, al tiempo que lo disfraza y justifica como si se tratara de un desarrollo sostenible".
En una nota, la organización conservacionista afirma que el informe "llega a contravenir normativas medioambientales europeas y sentencias del Tribunal Supremo" de manera que "da por buenos desarrollos urbanísticos en el Algarrobico, Macenas, Mundo Aguilón y en zonas de alta protección del Parque Natural de Cabo de Gata, en terrenos contaminados por la radioactividad de Palomares, en terrenos con yacimientos arqueológicos y en terrenos inundables".
Salvemos Mojácar considera "una burla" a la ciudadanía que se haga un informe final "al servicio de las administraciones corruptas, cuando dicho informe ni siquiera es vinculante". Asimismo, añade que el proceso de participación ciudadana "ha sido deficitario" y "ni siquiera se ha tenido en consideración en el informe final en lo tocante a la cuestión fundamental: el urbanismo".
La asociación ha realizado un estudio crítico sobre el informe, que exige que sea tenido en cuenta para vetar cualquier nuevo desarrollo urbanístico, especialmente en las zonas protegidas en las que la normativa española y europea así lo exige. Igualmente, exige que se incluyan datos comparativos de las dinámicas de crecimiento de la zona, que se dé una visión acorde a la realidad del problema urbanístico, que se evite el "tono neoliberal" de defensa soterrada de la especulación y que se propongan nuevos modelos económicos y de diversificación productiva.
La organización ha pedido también un inventario detallado y contrastado de yacimientos arqueológicos y que estos se incluyan en los itinerarios culturales y en la recomendaciones como bienes de interés cultural a proteger. Para ello, la asociación ha enviado el estudio a la dirección del proyecto con la petición de que sea incluido en la corrección del informe final, que se votará el 11 de diciembre en la séptima reunión del consejo del litoral.
La asociación anuncia que de no ser tenidos en cuenta emprenderá denuncias a nivel europeo y de Naciones Unidas contra el Informe Marco de Referencia CAMP Levante de Almería.
* Europa Press - 3.12.12
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas (archivo) - salvemosmojacar.org
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20MINUTOS/Valladolid* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Valladolid sienta este lunes en el banquillo al alcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, por un presunto delito de prevaricación urbanística que se remonta a 2006 con motivo del permiso otorgado para la construcción de una nave industrial con exceso de edificabilidad y que invadía suelo público.
Además del diputado de Juventud y Deportes, el banquillo lo ocuparán igualmente el arquitecto municipal, José Luis Pérez de Fruto; el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro; el concejal Luis Antonio Sánchez Cuéllar, y el secretario municipal, Fernando Rodil, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los cinco fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de investigar el presunto caso de prevaricación urbanística en Íscar, después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se pronunciara en el mismo sentido.
Y es que el 13 de octubre de 2011 la referida sección de la Audiencia vallisoletana no sólo desestimó el recurso de apelación del único imputado hasta el momento, el arquitecto José Luis Pérez de Frutos, sino que estimó el presentado por la Fiscalía para que fueran incluidos también, en los mismos términos, el resto de acusados.
Con anterioridad, el 5 de julio de 2011 la juez instructora del caso había acordado la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra el arquitecto José Luis Pérez de Frutos por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, y por contra sobreseyó las relativas al alcalde, dos concejales y el secretario del Consistorio Iscariense, que ahora, mediante último auto, han sido finalmente incluidos en este caso de presunta prevaricación urbanística.
Entonces, la justificación para excluir del proceso a los cuatro citados era que no se consideraba acreditado que los miembros de la corporación municipal que otorgaron la licencia lo hicieran "a sabiendas" de que era contraria a la normativa urbanística, ni que el secretario conociese dicha circunstancia.
Contra el planeamiento urbanístico
Los hechos que investiga el juzgado derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se ordenó el derribo de una nave industrial que fue autorizada por el Ayuntamiento de Íscar. El fallo determinaba que las obras de desescombro, demolición parcial y reconstrucción de la nave eran contrarias al planeamiento urbanístico.
Los metros construidos superaron los derribados y además invadía más de 400 metros de una calle y algo más de 600 de otra, a lo que el TJSCyL sumó el hecho de que el Ayuntamiento de Íscar autorizase las obras el 27 de febrero de 2006, mientras que el informe del arquitecto municipal sobre el proyecto era de un día después.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 17.12.2012
Foto: Íscar (Valladolid) - temadictos.com
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Cádiz prepara un inventario de sentencias con órdenes de derribo de viviendas ilegales en la provincia gaditana que no se han ejecutado. En los últimos meses, el ministerio público ha recibido con satisfacción fallos judiciales que, acordes con su criterio, han establecido estas demoliciones como la regla general y no como una excepción.
Pero la mayoría de estas casas siguen levantadas. Continúan así porque la actual maraña judicial lo permite y porque el propietario y condenado no se hace cargo. Los Ayuntamientos, que deben asumir esta operación con carácter subsidiario, tampoco lo cumplen, para lo que argumentan razones económicas.
El inventario auspiciado por la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, pretende ser un toque de atención a un problema no resuelto. Y lo va a intentar hacer con datos concretos porque, conociendo la dimensión del problema, se pueden encontrar mejor las soluciones. En una aproximación, la fiscal jefe de Cádiz considera que podría haber más de 70 órdenes de derribo sin ejecutar. Las victorias judiciales contra el urbanismo ilegal chocan con la realidad.
A muchas de las sentencias firmes contra viviendas ilegales —que proliferan en municipios como Chiclana o El Puerto de Santa María— les sigue una petición de indulto al Ministerio de Justicia. La fiscalía, por regla general, se opone a esta figura como medida de garantía porque, según Ángeles Ayuso, la demolición no es una pena como lo son las condenas de cárcel o las indemnizaciones económicas, sino que son un intento de restablecimiento del daño causado. La fiscal jefe de Cádiz llama la atención de que, en muchos de los expedientes de estos indultos, los Ayuntamientos aparezcan como perjudicados cuando han sido ellos los que han permitido esas construcciones ilegales durante años. Ayuso también protesta por el hecho de que los Consistorios se muestren muchas veces a favor de esos indultos para que lo construido siga en pie.
La tramitación del indulto retrasa todo el proceso y, aunque finalmente no se concedan, las demoliciones no llegan a ejecutarse. El propietario muy raras veces ha asumido el derribo por su cuenta. Así que son los Ayuntamientos los que deben proceder a la demolición con carácter subsidiario. Las posturas de unos y otros ante esta situación son variadas. En algunos casos, los jueces aplazan los derribos porque el gobierno municipal anuncia planes de legalización de esas zonas. La fiscalía gaditana no considera que este sea un argumento serio porque, en su opinión, los dirigentes políticos mantienen en el tiempo anuncios de mejoras en los planeamientos urbanos.
Cuando ya se agotan las razones urbanísticas, los Ayuntamientos aducen motivos económicos. Si el propietario no derriba, es el Consistorio el que lo tiene que ordenar. “A veces, dicen que no encuentran una empresa dispuesta a hacer ese trabajo y otras veces que no cuenta con una partida presupuestaria suficiente para asumir estos costes”, lamenta Ayuso.
El ministerio público espera tener terminado el inventario de sentencias sin ejecutar para febrero o marzo. La fiscalía cree que al denunciar el estado del problema con datos concretos, se podía llamar la atención al Poder Judicial sobre lo difícil para hacer frente al urbanismo ilegal.
* El País - PEDRO ESPINOSA - 13.12.12
Foto: Derribo de viviendas ilegales en la calle Reina Isabel de Portugal de Chiclana. / EDUARDO RUIZ
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LAGACETADESALAMANCA* : Las grandes obras en marcha en Salamanca están podridas por la carcoma de la corrupción. Ahora nos enteramos de que casi toda la maquinaria parada en las aceras y los descampados de la provincia pertenece a un tal Ángel de Cabo, el Lucifer del ´caso Marsans´, el valenciano especializado en camuflar patrimonios de empresarios quebrados. Las obras del Hospital, la reforma de los campos deportivos de La Aldehuela y la construcción de la autovía de Fuentes de Oñoro a la frontera portuguesa habían pasado de forma fraudulenta a manos de este artista de los concursos de acreedores.
El hombre que pasará a la historia por batir el récord de la mayor fianza nunca impuesta a un sospechoso, con 50 millones de euros en su casillero, se había hecho también con la gestión del Multiusos Sánchez Paraíso, de tal manera que, sin saberlo los salmantinos, se había convertido en la firma con más poder de la provincia. Quienes conocen los movimientos de esos hilos que manejan la historia en las sombras del poder no habían informado a los ciudadanos de la ascensión de este ángel caído y solo ahora, cuando ha ingresado en prisión, se ha descubierto la vasta extensión de sus dominios.
¿En manos de quién estamos? ¿Que será de la escasa obra oficial todavía en marcha en la provincia? ¿Por qué el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento han acabado por confiar el destino de sus proyectos a un personaje de esta calaña?
El remate de la autovía, esa gran vergüenza en el Oeste, ha quedado arrumbado en los desvanes del olvido gubernamental, mientras que el Clínico avanza a razón de un ladrillo al día, sin contar festivos. El contrato de la Ciudad Deportiva ha sido rescindido a tiempo y la gestión del Multiusos permanece bajo supervisión municipal, ante los temores de que De Cabo saquee sus arcas, como es su costumbre, y deje un polideportivo de deudas a los proveedores. Mientras las administraciones se esfuerzan por tapar sus agujeros (mejor hubiera sido cerrarle el paso antes de entregarse en sus brazos) el rey de la suspensión de pagos echa cuentas en prisión.
* La Gaceta de Salamanca - JULIÁN BALLESTERO - 10.12.12
Foto: Ciudad Rodrigo (Salamanca), obras autovía Portugal - obralia
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MALAGAHOY* : El alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), y doce vecinos del municipio malagueño, diez de ellos extranjeros y en su mayoría ingleses, serán juzgados mañana en el Juzgado lo Penal nº4 por delitos urbanísticos relativos a construcciones en zona no urbanizable. Además en el banquillo de los acusados también se sentarán su teniente del alcalde, la administradora de una inmobiliaria y una aparejadora, según el escrito acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso Efe.
A Juan Vera se le imputan seis delitos de prevaricación, por los que se le pide un año de prisión y diez de inhabilitación y también se le acusa de cuatro delitos contra la ordenación del territorio y se le solicita nueve meses de cárcel y diversas multas.
Los doce vecinos del municipio, muchos de ellos extranjeros, se enfrentan a seis meses de prisión y multas superiores a 2.000 euros.
Además, en el escrito acusatorio se afirma que el teniente de alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y se le pide un año de prisión y diez de inhabilitación.
En el relato de hechos se afirma que una amiga personal del alcalde, que administraba una inmobiliaria y que también está procesada, pidió una licencia para reformar una vivienda inexistente ubicada en suelo no urbanizable.
El 26 de febrero de 2004, Juan Vera presuntamente concedió permiso para dicha supuesta reforma "a sabiendas de la injusticia" y con informe desfavorable de la secretaría del Ayuntamiento.
Posteriormente, la amiga del alcalde vendió la finca a un matrimonio inglés que construyó una casa familiar con porche y piscina.
La arquitecta técnica, que también estará sentada en el banquillo de los acusados, fue supuestamente quien emitió el certificado final de obra.
Otro de los casos que se juzga se remonta a abril de 2003 cuando el alcalde a través de su esposa otorgan escritura de segregación y venta de 4.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad en suelo no urbanizable.
El matrimonio comprador otorgaron una escritura de obra nueva afirmando la falsa existencia de una edificación en estado ruinoso, en base a la aportación de un certificado de edificación preexistente, con una antigüedad de veinte años, encargado por el alcalde y referido a una zona ajena y distinta a la construcción.
Más tarde, el regidor concedió la licencia para reformar una vivienda inexistente y el matrimonio se construyó una vivienda unifamiliar de unos 150 metros cuadrados, además de piscina y sótano.
Todos los casos supuestamente delictivos ocurrieron entre 2003 y 2004 y se tratan de construcciones en suelo no urbanizables con el beneplácito del alcalde.
* Málaga Hoy - EFE - 12.12.12
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
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ELPAÍS* : Empleados públicos denuncian que un edificio que quiere vender Botella no cumple las prescripciones de seguridad que dictan los informes técnicos.
El Ayuntamiento de Madrid no tiene ni un euro. Mejor dicho, debe casi 6.000 millones a los bancos tras los ocho años en la alcaldía del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. De la necesidad de sacar dinero de debajo de las piedras, explotando al máximo sus activos, nacen casi todos sus problemas. La tragedia del Madrid Arena, el pabellón alquilado a un empresario que está imputado por la fiesta en la que murieron cuatro jóvenes, es un ejemplo, pero no el único.
El Gobierno que dirige Ana Botella (PP) lleva meses tratando de vender el edificio Apot, que pertenece a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora también del Madrid Arena. En realidad, la operación es más compleja: quiere colocar la actual sede del área de Urbanismo, obtener al menos 65 millones, y trasladar a un millar de empleados públicos al edificio Apot, que vendería luego por unos 30 millones para quedarse de alquiler 10 años.
Estuvo a punto de lograr la segunda parte, pero el comprador, la inmobiliaria Hermanos Revilla, exigió que tuviera licencia. La semana pasada, 482 de esos empleados públicos se rebelaron contra Botella, denunciando que el edificio no solo carece de licencia, sino que tampoco cumple “las prescripciones de seguridad que dictan los informes técnicos”.
“Botella, dimisión”
Precisamente un expediente de Urbanismo, de septiembre de 2011, detalla las medidas correctoras que deberían solventarse para obtener la licencia, entre ellas varias sobre protección contra incendios. “No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta que el titular se provea de la licencia de funcionamiento”, explicita.
El edificio Apot lleva años alquilándose a empresas privadas sin contar con esa licencia de funcionamiento. Los técnicos de Urbanismo sí la ven necesaria ahora. El área de Urbanismo insiste además en que no trasladará a los funcionarios hasta que no se adecue urbanísticamente, es decir, esperará a tener licencia y cumplir con todas las condiciones de seguridad reseñadas por los técnicos. Y eso pese a que el edificio seguirá al menos provisionalmente en manos municipales, hasta ser vendido finalmente, si eso es posible.
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, muy crítico siempre con la gestión del Ayuntamiento pero más aún en este asunto, exigió ayer la dimisión de Botella.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 22 NOV 2012
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y exalcalde Gallardón - elpais
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ELPAÍS* : La posibilidad de que gran parte de las cuatro hectáreas de los almacenes construidos ilegalmente a las afueras de Córdoba por Rafael Gómez Sandokán siga en pie, es hoy más real que nunca. El pleno del Ayuntamiento aprobó este martes la vía para que puedan regularizarse hasta 25.000 metros cuadrados de esa mole de 40.000 que levantó en 2005 el constructor y joyero y que le ha costado una multa de 24,6 millones de euros que ignora. “No pienso pagar”, asegura.
El empresario es ahora el líder del principal partido de la oposición, Unión Cordobesa, cuyas oficinas están en esas naves. Sandokán debió ausentarse del salón de plenos durante la votación, pero sus dos ediles afines apoyaron el plan. De igual forma lo hicieron el PP (que gobierna con mayoría absoluta), el PSOE e IU. Los dos concejales díscolos de Unión Cordobesa, enfrentados a Gómez, optaron por abstenerse. En todo caso, no hubo ningún debate ni antes ni después. A la votación siguió un receso y el orden del día. El Pleno continuó sin más.
Poco ruido y pocas opiniones para tratar un asunto que ha consumido buena parte de las energías políticas durante más de un lustro. Y un absoluto mutismo a la hora de aprobar un documento que, en esencia, abre la puerta a la amnistía del infractor, pues permite regularizar el 62,5% de lo que un día fueron los cuatro almacenes de Arenal 2000, la empresa constructora de Sandokán.
Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. Ella dio luz verde a que fuese el mismo Sandokán el que redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de palma del Río y, de paso, legalizar sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas hicieron que el caso llegara a los juzgados. Y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó el plan especial en 2008.
Pero solo dos años después, las cosas viraron. Aguilar dejó el cargo de alcaldesa y pasó a ser parte del el nuevo Gobierno autónomo del socialista José Antonio Griñán, ocupando, precisamente, la cartera de Obras Públicas. A partir de entonces, la férrea posición de la Junta se volvió más laxa y favorable a un acuerdo. También el PSOE de Córdoba abrió la mano. Algo que también reactivó luchas políticas internas en la formación, y que terminó costando el puesto a un par de cargos municipales y tambalear el puesto del delegado de Obras Públicas, que se oponía al pacto.
Como resultado, se gestó el actual Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó este martes definitivamente en el Ayuntamiento de Córdoba. El plan permite que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redacte un proyecto de ejecución que derribe 15.000 metros cuadrados de sus naves. ¿Lo hará Gómez? El ya ha advertido que no tirará un ladrillo. Pero teniendo en cuenta lo voluble de sus opiniones y el voto a favor de su partido al Plan Especial, tampoco puede asegurarse lo contrario.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 11 DIC 2012
Foto: Rafael Gómez abandona el pleno momentos antes de la votación sobre sus naves ilegales. / DÍA DE CÓRDOBA
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20MINUTOS/Valencia* : Justo el día en el que se cumple un año del arranque del juicio de los trajes, que acabó con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa por aceptar regalos de la red corrupta Gürtel, otra de las piezas separadas ha llegado al final de su instrucción con problemas para el que fuera vicepresidente de la Generalitat con Camps, Vicente Rambla, y dos de sus conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El juez del TSJCV José Ceres ha dictado este miércoles un auto en el que procesa a los tres antiguos miembros del Consell, que ahora son diputados del PP en Les Corts sin atribuciones en el grupo parlamentario o en la Cámara, que Alberto Fabra les quitó por estar imputados. El magistrado aprecia en los tres casos la comisión de dos posibles delitos relacionados con las adjudicaciones de la Generalitat en la feria Fitur entre 2005 y 2009: prevaricación y tráfico de influencias. Además, aprecia cohecho pasivo en las exconselleras.
El documento judicial, muy extenso (153 páginas), hace referencia a una de las tres piezas separadas sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano que el TSJCV asumió del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las otras dos hacen referencia a posible delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y a falsedad documental en los generales de 2008.
Cabecillas de la red
El instructor acusa de toda una serie de delitos a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel en tanto que responsables de su división valenciana, la empresa Orange Market. En concreto, apunta a Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo, Francisco Correa (el supuesto jefe de Gürtel), Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños. A todos ellos imputa tráfico de influencias, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Además, procesa a cuatro empleados públicos por malversación y archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Presidencia Dora Ibars. El juez da 10 días a las partes para que digan si procede abrir juicio oral o el archivo de la causa. La oposición ha instado al presidente Fabra a apartar a los tres diputados procesados.
Investigarán otro informe policial
El voluminoso auto dictado por el juez Ceres incluye al final un informe policial de la UDEF. En él se afirma que el montaje del stand de Fitur 2009 se hizo presuntamente sin concurso a través de entidades públicas y privadas como el Aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz, Masters Golf de Castellón, Hípica Global Champions Tour, Volvo Ocean Race, Copa del América, Fórmula 1 (Valmor Sports)... El magistrado pide investigar si se troceó y si la red acabó cobrando 425.000 euros a través de esta fórmula, como indican anotaciones encontradas por la Policía.
* 20 Minutos - J.L. OBRADOR. 12.12.2012
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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ELPAÍS/Barcelona* : Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.
A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio. “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.
Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras. Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.
Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.
“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS.
La relación entre Bustos y Soriano es una de las claves del caso. En su declaración ante el juez, el alcalde dijo que le conocía de los plenos: Soriano era entonces portavoz del grupo municipal. Pese a estar en la oposición, sin embargo, el PP local dio apoyo a Bustos en los asuntos que más podían perjudicarle. Ante ese pacto extraño y no escrito, el partido decidió prescindir de Soriano antes de las municipales de 2011.
En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.
Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.
Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado. Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.
Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”. Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.
A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche. “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 11 DIC 2012
Foto: Registro policial en el Ayuntamiento de Sabadell, el 27 de noviembre. / GIANLUCA BATTISTA
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