20MINUTOS/Valencia* : Justo el día en el que se cumple un año del arranque del juicio de los trajes, que acabó con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa por aceptar regalos de la red corrupta Gürtel, otra de las piezas separadas ha llegado al final de su instrucción con problemas para el que fuera vicepresidente de la Generalitat con Camps, Vicente Rambla, y dos de sus conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El juez del TSJCV José Ceres ha dictado este miércoles un auto en el que procesa a los tres antiguos miembros del Consell, que ahora son diputados del PP en Les Corts sin atribuciones en el grupo parlamentario o en la Cámara, que Alberto Fabra les quitó por estar imputados. El magistrado aprecia en los tres casos la comisión de dos posibles delitos relacionados con las adjudicaciones de la Generalitat en la feria Fitur entre 2005 y 2009: prevaricación y tráfico de influencias. Además, aprecia cohecho pasivo en las exconselleras.
El documento judicial, muy extenso (153 páginas), hace referencia a una de las tres piezas separadas sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano que el TSJCV asumió del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las otras dos hacen referencia a posible delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y a falsedad documental en los generales de 2008.
Cabecillas de la red
El instructor acusa de toda una serie de delitos a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel en tanto que responsables de su división valenciana, la empresa Orange Market. En concreto, apunta a Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo, Francisco Correa (el supuesto jefe de Gürtel), Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños. A todos ellos imputa tráfico de influencias, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Además, procesa a cuatro empleados públicos por malversación y archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Presidencia Dora Ibars. El juez da 10 días a las partes para que digan si procede abrir juicio oral o el archivo de la causa. La oposición ha instado al presidente Fabra a apartar a los tres diputados procesados.
Investigarán otro informe policial
El voluminoso auto dictado por el juez Ceres incluye al final un informe policial de la UDEF. En él se afirma que el montaje del stand de Fitur 2009 se hizo presuntamente sin concurso a través de entidades públicas y privadas como el Aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz, Masters Golf de Castellón, Hípica Global Champions Tour, Volvo Ocean Race, Copa del América, Fórmula 1 (Valmor Sports)... El magistrado pide investigar si se troceó y si la red acabó cobrando 425.000 euros a través de esta fórmula, como indican anotaciones encontradas por la Policía.
* 20 Minutos - J.L. OBRADOR. 12.12.2012
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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ELPAÍS/Barcelona* : Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.
A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio. “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.
Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras. Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.
Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.
“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS.
La relación entre Bustos y Soriano es una de las claves del caso. En su declaración ante el juez, el alcalde dijo que le conocía de los plenos: Soriano era entonces portavoz del grupo municipal. Pese a estar en la oposición, sin embargo, el PP local dio apoyo a Bustos en los asuntos que más podían perjudicarle. Ante ese pacto extraño y no escrito, el partido decidió prescindir de Soriano antes de las municipales de 2011.
En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.
Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.
Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado. Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.
Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”. Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.
A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche. “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 11 DIC 2012
Foto: Registro policial en el Ayuntamiento de Sabadell, el 27 de noviembre. / GIANLUCA BATTISTA
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ELPAÍS/Sevilla* : La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 14 meses de cárcel y al pago de una multa de 15.000 euros al exalcalde de Camas Agustín Pavón, de Izquierda Unida, al exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile, al exedil del PA José del Castillo y al empresario Eusebio Gaviño por el presunto intento de soborno a la concejal del Ayuntamiento Carmen Lobo.
Según fuentes judiciales, la sentencia notificada este martes por la Audiencia de Sevilla tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular condena también a los acusados a inhabilitación por empleo y cargo público por el mismo periodo de 14 meses.
La sentencia llega siete años después de que se produjeran los hechos y de que el jurado declarase culpables a los procesados por intentar sobornara a Lobo, que llegó a recibir un sobre con 12.000 euros para que apoyara varios proyectos urbanísticos en un pleno municipal en plena burbuja inmobiliaria.
“Culpable de haber intentado comprar el voto de la concejal Carmen Lobo”, fue la frase utilizada por el jurado para señalar las responsabilidades de los implicados en esta polémica causa. La fiscalía había pedido 18 meses de cárcel y el pago de 24.000 euros de multa.
Durante el juicio, el jurado escuchó las grabaciones del presunto cohecho y otorgó plena credibilidad a las declaraciones en el juicio de los dos denunciantes, la exedil Lobo y el exmilitante de Izquierda Unida Francisco Gordo. “Independientemente de los motivos personales que hayan podido moverles” en el asunto, puntualizó el jurado. En la vista oral, la estrategia de los exconcejales pasó por acusar a Gordo de haberles contactado en primer lugar, con la idea de que todo había partido de una trampa.
En 2005, el equipo de gobierno de Camas quedó en minoría con la salida de Lobo (exedil de IU) y los acusados acordaron lograr su voto favorable a cambio de “contraprestaciones económicas”, según el veredicto del jurado. El juicio, que se celebró el pasado septiembre, estuvo repleto de incidencias por las trabas que puso el empresario Gaviño, que se ausentó en más de una ocasión de la vista oral alegando problemas de salud. Finalmente, el juez presidía el tribunal del jurado decidió detener y encarcelar a Gaviño para garantizar su presencia en el juicio.
Además de dinero, Lobo recibió promesas como un piso en la playa que se pondría “a nombre de alguien de su confianza” y dinero para solucionar la vida de su hija “durante varias generaciones”.
Tras ser declarado culpable por el jurado, Pavón dijo que baraja abandonar la militancia de IU tras agradecer el apoyo recibido por parte del coordinador de la formación y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.
* El País - 11.12.12
Foto: Camas - pueblos españa
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EFE/Sevilla* : La Fiscalía ha pedido condenas de hasta siete años de inhabilitación para José Eduardo Reina Hidalgo (PSOE), exalcalde de Cantillana (Sevilla), y tres exconcejales de Urbanismo, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos por su "dejadez" ante viviendas ilegales.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, les imputa por su "dejadez de funciones" ante las numerosas construcciones ilegales en distintos parajes del pueblo, pese a que les habían advertido tanto la arquitecta técnica municipal como la Guarda Civil en una reunión.
La Fiscalía dirige la acusación contra el alcalde entre 1995 y 2011, José Eduardo Reina, y los exconcejales de Urbanismo Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011).
Según la acusación, ninguno de ellos denunció ante las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las construcciones ilegales realizadas en los años 2007 y 2008 "en un número superior a cien".
Se trata de viviendas contrarias al ordenamiento levantadas en los parajes conocidos como Urbanización Huerta Alta, finca Recache, camino de El Palmitero, finca La Cirujana, aldea de Pajares, margen izquierdo y derecho de la carretera Cantillana-Villaverde, carretera de Cantillana a El Pedroso y zona denominada El Basurero del Chorrito.
Dichas zonas están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección, zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereño de interés ambiental de El Viar, según las Normas Subsidiarias Municipales de Cantillana.
Los acusados "no comunicaron la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales y Guardia Civil", dice el fiscal, "lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en cuarenta parcelas".
Además, el exalcalde y el exconcejal Maqueda están acusados de otra licencia otorgada en junio de 2009 para la realización de unos boxes en una parcela, pese a que existía un informe desfavorable de la arquitecta municipal.
* Ideal - EFE - 9.12.12
Foto: Cantillana (Sevilla) - wikipedia
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MÁSPÚBLICO* : Al grito de “No a los desahucios, alquiler social”, más de una veintena de personas afectadas por diferentes procesos de ejecución hipotecaria han ocupado este lunes la planta baja de la sede central de Bankia, una de las torres Kio, para lograr abrir una negociación con responsables del banco.
“Llevamos semanas ocupando diferentes sucursales y estamos hartos de que los encargados nos digan que ellos no toman las decisiones, por eso hemos ocupado la sede de Bankia”, ha denunciado Daniel García, activista de la Asamblea de Vivienda de Vallecas. La policía se ha acercado para identificar a los presentes, en su mayoría afectados que llevan un mes acampados en la sucursal de Bankia de la calle Celenque. Tras esto, los manifestantes han realizado una sentada.
Por otra parte, varios activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han irrumpido en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda para tratar de parar un desahucio que se iba a ejecutar este martes y que iba a dejar a una familia de siete miembros en la calle. Finalmente, han conseguido que EMV cancele la ejecución.
Cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La protesta de la torre Kio, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Asamblea de Vivienda de Madrid y varios afectados por las hipotecas de Bankia acampados en Celenque, tiene el objetivo de denunciar que “las ejecuciones hipotecarias masivas producen una violación sistemática de 25 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, así como “varios artículos de la Carta Magna española.
En un comunicado, los convocantes han exigido, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la paralización de los desahucios y la modificación de la Ley Hipotecaria española “para adaptarla al marco legal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y ratificado en la Constitución Española de 1978″.
* Más Público - 10.12.12
Foto: Vivienda, protesta Bankia - maspublico
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LAVANGUARDIA* : Si una ONG ecologista decidiera recurrir hoy un proyecto inmobiliario como la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros, según la nueva ley de tasas judiciales promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo asegura la organización Ecologistas en Acción que denuncia que la justicia ambiental se verá obstaculizada por la nueva norma en contra de los convenios internacionales firmados por el Estado español. Por ello, esta ONG anuncia una campaña de inconstitucionalidad de la ley y recurrirá al organismo de la ONU que vela por la justicia ambiental.
"La defensa de la naturaleza y de los derechos de la ciudadanía se ve gravemente afectada por la nueva ley", denuncia Ecologistas en Acción en un comunicado en el que añade que "Los pagos de cuotas harán inviable la protección ambiental ante los tribunales para muchas organizaciones sin ánimo de lucro".
La Ley 10/2012 impone el abono de unas tasas que condicionan la admisibilidad de las demandas y recursos, cuyo importe se determina con independencia de la capacidad económica del actor y que tiene una parte fija y otra variable en función de la cuantía del asunto, asegura la ONG. "Algo que afecta especialmente a Ecologistas en Acción en el orden contencioso-administrativo, donde se revisa la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y al que se acude para impugnar la aprobación de proyectos o planes urbanísticos", recuerdan.
La ley será uno de los temas que se aborden en la Asamblea Confederal anual que Ecologistas en Acción comienza hoy en Trujillo. Los asistentes recibirán un modelo de carta para enviar al Defensor del Pueblo y reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad. También se solicitará a diputados y senadores que se dirijan al Tribunal Constitucional para que este órgano derogue una ley que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Además, los abogados de la organización trabajan en estos momentos para la presentación de una queja ante el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus. Este convenio, del que el Estado español es firmante, garantiza el derecho a acceder a los tribunales en asuntos ambientales sin impedimentos de tipo económico. El “tasazo” contravienen este derecho.
Si Ecologistas en Acción recurriera hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de los 1.290 euros.
La cantidad sería menor, de 440 euros, en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas, el plan parcial de la playa de Valdevaqueros o los permisos a Repsol en aguas canarias. Estas cuantías, acumuladas en decenas de procedimientos que Ecologistas en Acción afronta anualmente, se hacen inviables.
La organización, cuyos abogados trabajan mayoritariamente de forma gratuita, no podría haber afrontado el coste de estos y otros procedimientos judiciales con la nueva Ley de Tasas. Lo mismo le ocurre a muchas otras organizaciones sin ánimo de lucro que velan por la defensa del medio ambiente y el interés general. "El tasazo es malo para la justicia, también para la ambiental", argumenta Ecologistas en Acción.
* La Vanguardia - 7.12.12
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion - ecologistasenaccion.org
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ELFARODEGUADARRAMA/Madrid* : La titular del Juzgado nº2 de Collado Villalba ha citado a declarar como imputados al ex alcalde José Pablo González (PSOE), al ex concejal de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra (que posteriormente se encargó del área de Hacienda), al ex director de Urbanismo, Jesús García del Burgo, y a varios técnicos municipales, entre ellos el arquitecto y la entonces secretaria, por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Los hechos tienen que ver con las obras del túnel-parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén, presupuestadas inicialmente en 20 millones de euros y cuyo coste final se disparó a 40. Además, el plazo de los trabajos duplicó el que se manejaba en un principio, a pesar de que este aspecto había sido precisamente el que propició que el proyecto se adjudicase a la concesionaria que había presentado la oferta más alta desde el punto de vista económico.
Las declaraciones de los imputados tendrán lugar durante los meses de diciembre y enero. La próxima semana ampliaremos los detalles de esta noticia, que viene a sumar un nuevo capítulo en el conocido como caso Villalba.
Por otra parte, esta semana conocimos también el contenido del informe de la Policía Judicial solicitado por este mismo Juzgado tras la denuncia interpuesta por el colectivo Manos Limpias y por el entonces portavoz del grupo municipal del PP villalbino (hoy alcalde), Agustín Juárez, respecto al proyecto de aparcamiento subterráneo y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano y nuevo diseño urbano de Batalla de Bailén, así como de la explotación del parking. El informe realizado por este grupo policial, fechado el 23 de agosto pasado, concluye diciendo: “No se han observado irregularidades en los procedimientos administrativos realizados, relativos tanto a la redacción del proyecto, como en la concesión de la ejecución de la obra, siempre teniendo en cuenta la documentación de la que dispone esta unidad”.
Investigación
Al respecto, y en el punto quinto de dicho informe, los agentes encargados de realizar la investigación y tras una larga exposición, dicen haber llegado a las siguientes conclusiones:
1).- Que la obra del parking de Honorio Lozano, según el estudio realizado previamente por la empresa Aracil, era consecuencia de “una demanda razonable, principalmente en lo que respecta a las plazas en régimen de rotación, que supondrían, según su propuesta, en torno al 10 por ciento de las plazas de los aparcamiento de Honorio Lozano y de la Biblioteca [1.037 plazas], concluyendo que el proyecto es atractivo desde el punto de vista de la financiación, que favorecería el desarrollo económico de la zona afectada. Por tanto, añade Aracil, la realización de la obra es un proyecto viable desde el punto de vista socioeconómico”.
Sin embargo, después de varios años de actividad (el parking entró en funcionamiento en noviembre de 2008, dos años más tarde del plazo fijado), se puede apreciar a diario que la ocupación de las plazas rotatorias por parte de los potenciales usuarios es mínima, y otro tanto ha sucedido con aquellas destinadas a su venta o alquiler mensual. Además, el Ayuntamiento se ha visto obligado a pagar un canon cuyo importe asciende en total a casi 100 millones de euros (111.521.784, 72 con IVA) hasta el año 2046.
2).- “En cuanto a la concesión de la obra, según la documentación disponible -continúa dicho informe-, se ha podido observar que los conceptos que han sido valorados en el informe emitido por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Collado Villalba se ajustan a las ofertas presentadas, concretamente el de la empresa concesionaria [adjudicataria], parece el que más se ajusta a estos criterios de valoración... han favorecido las propuestas con menor plazo de ejecución que las de menor presupuesto, lo que se puede observar en las diferencias de puntuación en los criterios de valoración de la oferta técnica, mayores proporcionalmente que las diferencias de la oferta económica. Esta circunstancia, concluye el punto, se pone de manifiesto en las votaciones para la aprobación del Pliego de Cláusulas, donde los grupos de la oposición votaron en contra”.
Vertidos en Caño de la Fragua
El capítulo de conclusiones finaliza con la utilización de la finca Caño de la Fragua (situada junto a la ITV), donde se realizó el acopio temporal de residuos procedentes de la excavación de dicha obra. La Policía Judicial dice que tras una visita a la misma, el pasado 20 de agosto, observan “montones de grava que aún no han sido retirados” y sin llevar a cabo siquiera un estudio topográfico para saber si los residuos han sido retirados o están compactados, dan por bueno el informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid el 5 de febrero de 2009, afirmando que “no se observa ninguna infracción a ese respecto”. Que se sepa, tampoco los técnicos de dicha consejería habían realizado ningún estudio topográfico y el Equipo de Gobierno, por entonces presidido por José Pablo González, dio también por bueno el documento sin visar ni sellar que había presentado la Concesionaria, acordando la recepción definitiva de esta parcela municipal el 3 de diciembre de 2009.
En relación con este asunto, el diario ‘ABC’ publicaba en su edición de 9 de marzo de 201l, bajo el título “El alcalde de Collado Villalba ‘ahorró’ 600.000 euros a los constructores del túnel-parking de Honorio Lozano”, un informe basado en un estudio topográfico visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Madrid, que decía que “en febrero de 2010 aún existía en dicha parcela un total de 16.993 metros cúbicos de tierras por encima de los pies de acopios existentes en abril de 2008”.
* El Faro de Guadarrama - 7.12.12
Foto: Collado-Villalba (Madrid), túnel-parking - elfarodelguadarrama.com
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ELPAÍS/Andalucía* : “Yo no podría haber hecho una biblioteca nunca solo con nuestro presupuesto”. Pero la alcaldesa de Aznalcázar, una localidad ubicada en el Parque Nacional de Doñana, pudo inaugurar una biblioteca hace un año. ¿Cómo lo hizo? Con las ayudas que su municipio de 4.200 habitantes ha recibido en los últimos años del Gobierno central. La regidora aznalcaceña, Dolores Escalona, recuerda que esas aportaciones son “un derecho que tienen los municipios por estar ubicados en una zona protegida”.
Las subvenciones a las áreas de influencia socioeconómica de los parques arrancaron hace más de dos décadas para compensar las limitaciones que tienen los municipios de los parques, a los que las restricciones legales les impiden desarrollos económicos y urbanos que en el resto de localidades están permitidos.
Pero el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha decidido eliminar esas partidas de los Presupuestos estatales de 2013. Así se lo comunicó a los regidores el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del departamento de Miguel Ángel Arias Cañete, a finales de octubre. Fue en una reunión que la Asociación de Municipios con Parques Nacionales (Amuparna) celebró en Doñana el día 27.
Esta asociación, de la que forman parte 82 de los 100 municipios españoles que están dentro de algún parque nacional, acaba de reclamar al ministerio que recupere las ayudas durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que se está realizando en el Senado y el Congreso de los Diputados. Han pedido también una reunión con Arias Cañete para explicarle la importancia de estas ayudas.
Las localidades ubicadas en 14 parques de todo el Estado recibieron del Gobierno 8,2 millones de euros en 2011 a través de esta vía. Los que más se beneficiaron fueron los municipios ubicados en Sierra Nevada, a los que les llegaron 1,8 millones.
Estas partidas se redujeron considerablemente en 2012, cuando el ministerio destinó 5,7 millones, un 30% menos que el año anterior. “Entendemos que se reduzcan, pero no que se eliminen”, sostiene Dolores Escalona, quien también es la presidenta de Amuparna. Escalona, militante del PSOE, sostiene que todos los alcaldes de esta asociación, “independientemente del color político”, han suscrito la carta enviada al ministerio reclamando que se recuperen estas ayudas.
Para entender la importancia de estas subvenciones hay que bajar al detalle. Soportújar es un pequeño municipio granadino de unos 300 habitantes ubicado en Sierra Nevada. En la última convocatoria de estas ayudas este Ayuntamiento recibió 18.000 euros, señala su alcalde, José Antonio Martín. El Presupuesto anual del Consistorio ronda los 600.000 euros. Es decir, esta subvención estatal supone el 3% de sus cuentas. “Para muchos municipios pequeños es una forma de poder salir adelante”, detalla este regidor granadino.
Pero estas subvenciones no solo las reciben los Consistorios. También llegan a particulares, asociaciones, cooperativas... “A un pequeño empresario le salva una ayuda de 20.000 euros”, explica la alcaldesa de Aznalcázar. El Ayuntamiento de este municipio sevillano recibió en la última convocatoria 92.000 euros, muy lejos de los 300.000 euros que llegaron a percibir en los años de bonanza. Escalona reconoce que dejar de recibir la ayuda les supone “un agujero importante” en las cuentas.
“Estas ayudas sirven para que la gente se identifique con el parque”, sostiene la regidora. “No podemos renunciar al desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su territorio con un parque nacional”, afirman los alcaldes asociados en Amuparna.
* El País - PLANELLES - 8 DIC 2012
Foto: Soportújar (Granada) - andalucia
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LUCIO A.MUÑOZ* : Los políticos han conseguido vender a la ciudadanía la idea de que España es una democracia plena. Y la inmadura y acomodada sociedad española se ha creído esta gran mentira política porque, en realidad, la casta ha instaurado una auténtica dictadura partitobancacrática disfrazada de democracia.
No queda más remedio que descubrirse ante la innata capacidad que tienen nuestros políticos para engañar, a lo que se suman un puñado de medios de comunicación subvencionados que les han ayudado con diferentes estrategias de manipulación mediática. Sin embargo, la crisis ha dejado al descubierto un sistema corrupto cuyo eje fundamental gira en torno a la consecución de un objetivo: la conservación de los inmorales privilegios de la casta política a costa del empobrecimiento de millones de españoles y del endeudamiento de las próximas generaciones.
De manera progresiva pero lenta, los ciudadanos están tomando conciencia del principal problema que afecta a la economía y a la supervivencia de España como nación. Y ese problema es de índole política porque mientras no se arregle no mejorará la situación económico-financiera. España se encuentra al borde de la quiebra debido a dos factores fundamentales: la corrupción y el despilfarro de dinero público en la gestión. Y ambos conceptos, corrupción y despilfarro, son sinónimos aunque la casta se esfuerce por diferenciarlos.
El elevado déficit (sobre todo, de las comunidades autónomas), la impagable deuda, el hundimiento de la mitad del sistema financiero (las antiguas cajas de ahorros expoliadas por los políticos) y el coste de su rescate, la escandalosa tasa de desempleo, una bolsa en horas bajas, los impuestos abusivos, la prima de riesgo desbocada descontado un rescate, los altos costes energéticos, el decrecimiento de la economía... Esta radiografía, que muestra la metástasis económica de España, es consecuencia del indignante nivel de corrupción política y del despilfarro que sufre España.
¿Nos está engañando este gobierno, al igual que nos engañó el anterior, vendiéndonos los brotes verdes? La casta política se escuda en la crisis económica para ocultar la realidad de un sistema que deja impune a los corruptos porque hasta la Justicia está politizada.
En España, la corrupción es claramente rentable para los políticos y además hay un número excesivo de personas dedicadas a estas labores. ¿Desean los ciudadanos españoles seguir manteniendo con sus impuestos el sueldo y los privilegios de todos aquellos cargos políticos innecesarios y sobrantes? ¿Se quedará algún político en paro después de la pseudoreforma de la Administración que prepara el Gobierno? El único colectivo que aún no ha sufrido un ERE es la casta política. ¿Existe en España una Justicia para los ciudadanos y otra distinta para los políticos?
Los privilegios y el enchufismo han dado como resultado un país en el que multitud de parásitos sociales, instalados cómodamente en organizaciones sindicales y partidos políticos, viven a costa de la economía productiva. Nuestro país no tendrá ningún futuro mientras la vaguería, el corto plazo, la ausencia de valores o el nepotismo, entre otras muchas cosas, ganen la batalla a la meritocracia.
La casta política está cometiendo un gravísimo error al no prestar atención a las demandas de los ciudadanos. La verdadera democracia emana de la voluntad popular, y esta máxima ha sido pisoteada por una casta carente de valores y ávida de poder que, todo hay que decirlo, también cuenta con honrosas excepciones.
* Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.
* El Economista - Opinión - 7.12.12
Foto: corrupción, billetes - google
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EUROPAPRESS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exdirector general de Ordenación Territorial del Govern y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, quien el próximo martes volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto al exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert, por permitir que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en una vivienda de nueva planta, obviando "deliberadamente" la Ley.
Por estos hechos, el Ministerio Público pide para un año y medio de cárcel para Mir y para el promotor Jerónimo Arbós, dos para Gibert y dos y medio para el propietario de los terrenos, Gaspar Moner, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y falsedad. Asimismo, reclama en su escrito de acusación provisional que los cinco acusados sean condenados también a la demolición de las obras construidas de forma presuntamente ilegal.
En concreto, Massot ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa por los mismos ilícitos penales, al igual que Gibert, mientras que Mir ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. En concreto, los hechos, enmarcados en la pieza 13 del caso Andratx, prevén ser juzgados hasta el viernes por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.
En su escrito de acusación, la Fiscalía postula cómo Moner, en abril de 1999, convenció a su tía para que solicitase ante el Ayuntamiento una licencia para la rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar aislada, a pesar de que en la zona, clasificada como Área Rural de Interés Paisajístico (Arip), era imposible autorizar la construcción de una vivienda de nueva planta dado que únicamente existían unas ruinas en el terreno y no una vivienda que reformar.
Así las cosas, la solicitud fue acompañada con un proyecto básico supuestamente inveraz de Arbós, puesto que en él simuló que preexistía una antigua vivienda en buen estado de conservación y que el objetivo de las obras era reformarla. Tras ello, tanto Massot como Mir, según la acusación pública, informaron en favor de la licencia pese a que "no se reunían los requisitos exigidos por la legalidad vigente para la concesión" de la autorización.
DOS LICENCIAS MÁS
Sin embargo, una vez iniciados los trabajos de construcción, Gibert levantó dos actas de suspensión de obras al no ajustarse a la licencia concedida, motivo por el que tres meses después fueron solicitadas otras dos autorizaciones, una de ellas para la 'legalización de la sustitución de la cubierta de la vivienda inicial, cambio de ubicación en la parcela y ampliación de la misma', y otra para la sustitución del cerramiento.
Solicitudes que nuevamente fueron acompañadas por los proyectos básicos y de ejecución de Arbós, mientras que Gibert, siguiendo órdenes "expresas" de Massot, emitió un certificado de antigüedad en el que hizo constar que la vivienda a reformar tenía 43 años, a sabiendas de que únicamente existía una casa de aperos y que la antigüedad debía aproximarse a los 23 años. Tanto Massot como Mir volvieron a informar la licencia favorablemente.
* Telecinco Noticias - EP - 5.12.12
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
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GRANADADIGITAL* : Un informe del Centro Unesco de Andalucía sobre la renovación de pavimentos en el barrio granadino del Albaicín advierte de que el uso de aglomerado asfáltico debe evitarse “en cualquier caso” pues es “inadecuado e innecesario” en un entorno de alto valor patrimonial y declarado patrimonio mundial.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que en la actualidad la Concejalía de Urbanismo, en colaboración con la empresa de agua Emasagra, está procediendo a la renovación de pavimentos del Callejón de las Tomasas en el Albaicín y que a continuación se hará lo mismo en el Camino Nuevo de San Nicolás.
De este modo, explica el centro, se terminará la actuación en las principales vías de tráfico rodado de la zona alta del barrio, iniciadas en el año 2009, en una intervención que prevé el cambio de los actuales empedrados tradicionales por otros pavimentos pensados fundamentalmente para el tráfico rodado.
Esos otros pavimentos están compuestos por una zona central de adoquín granítico y dos franjas de rodadura de aglomerado asfáltico, mientras que el resto de la calle hasta contactar con las fachadas de los edificios se pavimentará con el mismo tipo de adoquín.
La actuación es similar a la iniciada en la campaña del año 2009 en el Carril de la Lona, Plaza de San Miguel Bajo y Calle de Santa Isabel la Real, que fue finalmente modificada por la intervención de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, por lo que se eliminaron las franjas de aglomerado asfáltico.
El Centro Unesco Andalucía recuerda que en los últimos años se han remodelado pavimentos en otras zonas del centro histórico de Granada, sobre todo en los barrios de San Matías y el Realejo, en los que, según precisa el informe, “la prioridad funcional y estética parece haber sido el tráfico rodado”.
Al respecto explica que se han introducido franjas de rodadura de aglomerado asfáltico en sustitución de los adoquines o empedrados existentes y se han delimitado las calzadas con numerosas vallas metálicas negras “de gran impacto visual”.
Según la Unesco, la ejecución de las que considera “discutibles actuaciones” no puede implicar directamente su adecuación al Albaicín, pues este barrio está incluido en la lista del patrimonio cultural mundial desde el año 1994, categoría que no posee el resto del centro histórico de la ciudad.
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín (PEPRI), vigente desde 1990 y todavía sin revisar, no concreta con suficiente detalle los tipos de pavimentos admitidos en calles, aunque en uno de sus artículos indica que las obras responderán a las características del espacio urbano “con criterio integrador”.
El Centro Unesco señala que el Ayuntamiento de Granada no ha tenido “la prudencia” de solicitar el dictamen previo de la ponencia técnica de la comisión de seguimiento del PEPRI Albaicín, lo que podría haber servido para mejorar el proyecto.
En este sentido, advierte de que el área donde se ejecutan las obras está afectada por el entorno de 50 metros del Bien de Interés Cultural (BIC) Muralla de la Alcazaba Antigua y que por tanto el proyecto de urbanización debe contar con la aprobación previa de la Comisión Provincial del Patrimonio de la Junta.
El Centro UNESCO de Andalucía considera que la mejor solución es mantener los empedrados tradicionales de calidad y que el uso del aglomerado asfáltico debe evitarse “en cualquier caso” pues es “inadecuado e innecesario” en un entorno como el Albaicín.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
El pavimento del callejón de las Tomasas, en la actualidad en obras, será de adoquines. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha informado de que es “absolutamente falsa” la información difundida hoy por la UNESCO donde afirma que se va a poner aglomerado en el barrio del Albaicín.
Isabel Nieto, responsable del área de Urbanismo, ha informado de que el proyecto del Ayuntamiento de Granada para el callejón de las Tomasas se adapta escrupulosamente al dictamen emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio.
Así ha explicado que el Ayuntamiento de Granada ha consultado desde el principio a la Junta de Andalucía para acometer este proyecto y que, “como no podía ser de otra forma, hemos acatado su decisión de poner adoquines en esta vía”.
Se da la circunstancia además de que el Ayuntamiento ha aceptado la propuesta de Cultura pese a que los representantes de los vecinos del Albaicín solicitaron dos rodadas para evitar el ruido que provoca el tráfico al pasar por un pavimento de adoquines.
Nieto lamenta la alarma creada por la UNESCO en un barrio tan importante para la ciudad y advierte del daño irreparable que causa a la imagen de Granada este tipo de información.
La concejal de Urbanismo pide a los responsables de la UNESCO que, desde el compromiso que existe entre ambas instituciones por la conservación del patrimonio “en lo sucesivo se pongan en contacto con el Ayuntamiento antes de lanzar informaciones que no son reales”.
* Granada Digital - EFE - 5.12.12
Foto: Granada, calle Albaicín - flickr
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LAINFORMACIÓN* : Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, y esa población urbana se incrementará hasta el 70% en un brevísimo espacio de tiempo. Se prevé alcanzar esa cifra entre los años 2020 y 2030.
Una de cada 6 personas del mundo vive en la pobreza; en las ciudades, una de cada cuatro vive en un barrio de chabolas, subraya ONU Hábitat, una agencia de Naciones Unidas cuya misión es “promover asentamientos humanos social- y ambientalmente sostenibles y una vivienda adecuada para todos y todas”.
42,5 millones de personas en todo el mundo son refugiados. Algunos de ellos viven en condiciones precarias en campamentos de refugiados como el más grande del mundo: Dadaab, en Kenia. Otros corren mejor suerte en países desarrollados.
Ello sin contar los inmigrantes sin papeles, o a veces con ellos, que cambian de país en busca de un futuro o simplemente los migrantes que cambian el campo por la ciudad.
En la primera década de un nuevo milenio que se antojaba prometedor para muchos hace solo unos años, un total de 227 millones de personas de países en desarrollo han dejado de vivir en infraviviendas. Sin embargo, en 2020 serán 889 millones de personas las que continúen viviendo en situaciones de gran precariedad, según cálculos de Naciones Unidas. Seis de cada 10 africanos sufren esta situación, mientras que en Latinoamérica son 3 de cada 10, destaca la agencia EFE.
Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, y esa población urbana se incrementará hasta el 70% en un brevísimo espacio de tiempo: se alcanzará esa cifra entre los años 2020 y 2030, advierte ONU Hábitat.
* La Información - María Torrens Tillack - 7.12.12
Foto: Paula Regueira/EFE
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN/Región Murciana* considera desacertado que el Ayuntamiento de Abarán siga apoyando la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo en el paraje de Casablanca, para la construcción de un complejo urbanístico de 12.000 viviendas con campos de golf, ya que apostar por este tipo de desarrollos urbanísticos es perjudicial para el futuro de nuestro municipio al no responder a ninguna necesidad real. De hecho, el uso del suelo sigue siendo agrícola y es el interés que debe prevalecer a la hora de clasificar el suelo, en un municipio como el de Abarán.
Según esta asociación ecologista, continuar ahora con el apoyo a la recalificación para evitar las compensaciones económicas, es una huida hacia adelante y no soluciona nada: El desarrollo de esta nueva zona urbana, traerá consigo en el futuro nuevos gastos y obligaciones para el municipio, ya que es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos. De nuevo hay una falta de visión política a largo plazo y un alto grado de irresponsabilidad.
La mejor opción es renunciar al convenio urbanístico, declarando la nulidad del mismo al recaer en una potestad no negociable, a pesar de que conlleve costes económicos. Esta es, la única manera de poder reconducir la irresponsable actitud del equipo municipal de gobierno que lo firmó en el año 2005. El proyecto era insostenible entonces y sigue siendo insostenible ahora, aseguran, y añaden que el futuro del pueblo de Abarán debe estar por encima del interés particular de un empresario que haya invertido en el negocio del ladrillo.
Según el portavoz de la organización ecologista, Héctor Quijada, “lo que sucede ahora es que el Ayuntamiento se ha topado con la realidad, ha visto como tras el boom del ladrillo viene la ruina económica para la administración local y la constatación de que el milagro inmobiliario no es tal”. Y añade “parece que los gobernantes locales no han aprendido nada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria”, en alusión al acuerdo tomado en el último pleno, el cual ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y UYD, y en contra de IU y la edil independiente Rosa García.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en contra el proyecto en todas sus fases, el cual pretende la reclasificación de 4.704.451 m2 de suelo No Urbanizable a Urbanizable, junto al Parque Regional, ZEPA y LIC de la Sierra de la Pila. Además, calificaron como “fraude de ley” que el proyecto no fuera sometido a Evaluación Ambiental de Planes y Programas conforme a la Ley 9/2006, lo que llevaría a la realización de una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el principal argumento de la asociación ecologista es que lo que está en juego es el futuro sostenible de todo el municipio de Abarán y no sólo de la finca en cuestión.
Para Quijada, el Plan de Ordenación Municipal de Abarán no puede sustentarse en el desarrollo de un modelo urbanístico y territorial ficticio, causante de la crisis inmobiliaria y que por tanto se encuentra agotado. Es necesario un cambio en la concepción actual del urbanismo, la ordenación del territorio debe considerar el suelo como un recurso natural, escaso y no renovable.
Ecologistas en Acción asegura que las autoridades municipales son perfectas conocedoras de la falta de justificación de esta reclasificación de terrenos en el actual PGMO, por ello solicitan que reconsideren su posición y que declaren la nulidad del convenio realizado.
* Ecologistas en Acción - Murcia - 3.12.12
Foto: Abarán (Murcia) - regmurcia
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ELPAÍS* : Los concursos que Gisa adjudicó en Girona entre 2007 y 2009 sufrieron sustanciales encarecimientos una vez en marcha. Es la principal conclusión que la Sindicatura de Comptes ha sacado tras cumplir el mandato del Parlamento catalán, que le encomendó la detección de posibles anomalías en los procesos de adjudicación de obras investigadas en el caso del clan de los asfalteros, una supuesta trama con la que un grupo de constructoras se repartió el pastel de las obras públicas en la provincia gerundense. El reparto habría contado con la presunta connivencia del gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Vergé, despedido tras conocerse la investigación.
Las cuatro principales obras adjudicadas en la provincia durante 2007 y fiscalizadas por la Sindicatura sufrieron desviaciones presupuestarias que supusieron para la Administración incrementos de coste de entre el 21,9% y el 46,1%.
Esa dinámica se repitió en los años sucesivos analizados, por lo que el organismo fiscalizador exige un planteamiento técnico y una supervisión más firme que evite posteriores replanteamientos de obras.
Del informe elaborado por la la Sindicatura también se evidencia un importante peso de elementos subjetivos a la hora de adjudicar las obras. El organismo público reclama a Gisa el establecimiento de “criterios de valoración que se puedan cuantificar mediante la aplicación de una fórmula o de un cálculo de proporcionalidad y ser expresados en cifras o porcentajes”.
De esa forma se evitaría, como acabó sucediendo, que en uno de cada tres concursos abiertos por la empresa encargada de las obras de la Generalitat no se impusiera la empresa que había conseguido la mejor puntuación en los baremos objetivos.
La Sindicatura de Cuentas analizó expedientes de contratación de obras de acondicionamiento de firmes, nudos viarios y rotondas aprobados en 2007 que forman parte de la investigación judicial iniciada en febrero del pasado año.
Prueba del descontrol existente en el control de las obras de Gisa, aquel año el importe total de las obras analizadas ascendía a un presupuesto inicial de 9,13 millones de euros, pero el organismo fiscalizador pone el acento en que si a ese importe se le suma “el del conjunto de proyectos modificados y de obras complementarias adjudicadas posteriormente —no necesariamente a las mismas empresas— el coste total adjudicado” sería de 75,3 millones de euros.
Casos similares sucedieron en 2008 y 2009, según otro trabajo hecho público ayer por la Sindicatura. En ese caso, los ocho expedientes analizados por el ente fiscalizador del Parlamento contaban con un presupuesto conjunto de 137,1 millones de euros, una cifra que creció hasta los 224,16 millones a causa de proyectos modificados y obras complementarias.
El informe, al que ni el Departamento de Economía ni la Oficina Antifraude han aportado información, constata que en seis de los ochos expedientes de 2008 y 2009 podría haberse incumplido el “principio de concurrencia”.
Como en el de 2007, el informe pone énfasis en la necesidad de dar “preponderancia a los criterios objetivos” en los pliegos de bases de los concursos. En otro caso, señala, “hace falta que el informe de la comisión técnica [...] incluya la motivación de la puntuación otorgada”. Sobre todo “si se tiene en cuenta que de los ocho expedientes solo en tres ha resultado adjudicatario el licitador de mayor puntuación en los criterios económicos”, que sí se pueden valorar de forma objetiva.
A causa de que el 50% del baremo se decidía por criterios subjetivos eran indispensables las decisiones que se tomaban en el seno de la comisión técnica de valoración de las propuestas técnicas. Ésta la integraban el director de la división de carreteras, que la presidía, el gerente de planificación y programación operativa y el gerente de carreteras de Girona, que ejercía de secretario. Jordi Vergé, que ocupaba ese último puesto, podía acceder así a valiosa información e influir en las adjudicaciones, por las que presuntamente recibía comisiones. A causa de esa implicación es uno de los imputados en el caso, acusado de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas. La empresa pública Gisa se ha personado en la causa, por lo que se libraría de posibles responsabilidades patrimoniales para la entidad.
Algunas de las conclusiones expresadas en el informe de la Sindicatura —que no detecta, no obstante, pruebas de irregularidades punibles— coinciden con las alcanzadas por la Oficina Antifraude cuando analizó las adjudicaciones al clan de los asfalteros desde la Diputacíón de Girona. La OAC consideró en aquel caso que la corporación municipal decidió con criterios “arbitrarios”.
Según las pesquisas judiciales, las empresas salpicadas por el caso actuaban como un cartel que decidía los precios de las obras de carreteras. Se habrían adjudicado hasta 75 concursos en Girona por un valor de 300 millones de euros solo en 2009 y 2010. En enero de este año, el juez que instruye el caso amplió a los ejercicios 2007 y 2008 la investigación para esclarecer las irregularidades.
Recurso tras el robo
Los últimos informes referentes a Gisa también recogen el caso de la contable de la empresa pública denunciada en abril del pasado año acusada de robar 513.107 euros a la empresa pública mediante la falsificación y cobro de diversos cheques. La Sindicatura desvela que la mujer, que habría falsificado la firma de centenares de talones desde 2007 a 2011, se habría apropiado en realidad de un total de 517.452 euros, lo que, a efectos prácticos, habría supuesto un sobrecoste de la obra total ejecutada en esos años. Como consecuencia de ese robo, que Trinidad I. A. utilizaba para cargar en una tarjeta de El Corte Inglés y cubrir su afán consumista, Gisa se ha visto forzada a reformular sus cuentas de 2010 para reflejar el incidente.
Poco después de conocerse el caso, la empresa despidió a la empleada por causas disciplinarias, incumplimiento muy grave, falsedad socumental, premeditación, lucro ilícito y grave perjuicio a la entidad, con agravante de uso de posición en beneficio propio. Aunque la empleada no recurrió el despido sí ha presentado una demanda por reclamación de cantidad de la liquidación.
* El País - DANI CORDERO - 5.12.12
Foto: Sede de Gisa en Barcelona. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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DIAGONAL/Bilbao* : El encuentro BAT_2012 sobre urbanismo y convivencia organizado por Zaramari, que se define como “productora de ideas que trabaja sobre modelos de desarrollo sostenible a partir de las prácticas culturales”, puso punto y seguido a un proceso que mediante talleres y debates recoge las claves del contexto actual en las prácticas urbanas alternativas. Si algo dejó claro es que no se trata tanto de armar buenos discursos analíticos, sino de aportar alternativas para defender la vida urbana del totalitarismo privativo de derechos y oportunidades.
El urbanismo con perspectiva de género y la autoconstrucción, la declaración universal de los derechos urbanos o la definición de la ciudad, han sido algunos de los enfoques de estos talleres, que se realizaron en Bilbao, en la calle, en Bilbao Arte y en un centro cívico.
BAT_2012 congregó mucho profesional de la arquitectura en busca de alternativas dignas al paro y también a urbanistas en busca de claves para reencontrarse con una profesión que, tras su complicidad con el boom especulativo, busca reinventarse.
El trabajo colectivo parece ser un signo de los tiempos, ya que todos los talleres han planteado colaboraciones; Hiria Kolektiboa con Saioa Olmo, Todo por la Praxis con Astra, ColaBoraBora y Amaste, Zuloark con agentes de Bilbao, Zaramari con la escuela de San Francisco o la colaboración en el taller de “territorios inteligentes para ciudadanías emergentes” entre profesionales y la realidad del barrio de Bilbao la Vieja.
Urbanismo y género
El taller de Urbanismo y Género ha trabajado en un taller perfomativo en el que, a través de metodologías ideadas por la artista Saioa Olmo, se desmontaron las cuestiones fundamentales para los cambios de miradas que se plantea el urbanismo inclusivo: del “ciudadano modelo” a la ciudadanía compleja; la ruptura de la falsa dicotomía espacio público/ privado, la incorporación del trabajo reproductivo (en especial el cuidado) en el análisis y la propuesta urbana o los planteamientos de trabajar el urbanismo desde las redes de la vida cotidiana.
Todo por la Praxis vuelve al contexto vasco con ganas de contar el interesante trabajo del Plan Cañada, de intervención en la Cañada Real de Madrid, y para trabajar en Astra, espacio autogestionado que se inaugurará el 24 de diciembre en Gernika.
Amaste y ColaBoraBora plantearon en forma de taller la elaboración de una antología del espacio público, y para ello apuntan a un espacio activo en el que elaborar colectivamente la antología y descubrir y representar las reflexiones que surgen al interpretar esta cartografía letrada.
Domenico Di Siena, Marina Blázquez y Jesús Rodríguez plantearon un taller en el que ciudadanías emergentes interpretan creativamente las ordenanzas de Bilbao, y mediante derivas propusieron una acción festiva en la que encontrarse con la ciudadanía.
La declaración de los derechos urbanos que están trabajando desde Zuloark, plantea tres preguntas: qué derecho urbano hay que proteger; qué derecho hay que conquistar; y qué derecho habría que eliminar. Con estas tres preguntas abren un interesante marco para la reflexión en torno a los derechos de las personas a la vida y la ciudad.
Cartografía urbana
Las jornadas han contribuido a clarificar la cartografía desde la que hoy se está construyendo lo urbano (ciudad, ciudadanía, derechos), a pesar de la propia ciudad actual. Se ha tratado de repensar la relación con el espacio público, como personas y comunidades, pero también como profesionales, como agentes intermediadores desde la arquitectura, la educación, el arte o las ciencias sociales.
Las propuestas de BAT_2012 se han ampliado en las jornadas con ponencias relacionadas con el Co-Housing, los peligros de la autogestión relacionados con el elitismo; o los proyectos de arte y territorio. Así, el debate de las jornadas se ha centrado, sobre todo, en cómo articular las prácticas colaborativas. Desde el análisis de las colaboraciones entre profesionales y ciudadanía se planteó la cuestión de la responsabilidad con los procesos que implican participación, cuestionando hasta dónde es sostenible la tutorización y qué pasa con los procesos que muchas veces quedan sin cerrar.
Otra esfera de la cuestión colaborativa es la de los propios espacios o grupos de trabajo, y los proyectos que se están desarrollando dentro de los marcos colaborativos. Como se señala en el blog de ColaBoraBora, existe “una burbuja intangible precariamente sostenida (desde el impulso y las energías personales y/o desde las economías de subvención que por lo general configuran nuestras fuentes de ingresos), una burbuja que, tal como se señaló en las jornadas, probablemente está a punto de colapsar. […] Así que, asumamos el riesgo y la precariedad y encarnémoslo biopolíticamente, hagamos de ello nuestra palanca de cambio. Comprometámonos con las herramientas, sistemas y procesos, dediquémonos tiempo, compartamos reflexiones y proyectos. Dejemos de fundamentarnos en una soterrada generación y capitalización de dependencias y potenciemos exponencialmente las interdependencias.”
* Diagonal - OHIANE RUIZ MENÉNDEZ - 30.11.12
Foto: Maqueta de una ciudad elaborada por niñas y niños.- Zaramari
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ELPAÍS/Barcelona* : Más de 6 horas delante de un juez y del fiscal anticorrupción dan para mucho. El alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, declaró el domingo como imputado por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística con epicentro en el municipio. Bustos abandonó el edificio con la misma sonrisa con la que había entrado, agradecido a los irreductibles —militantes socialistas, cargos de confianza, empleados del ayuntamiento...— que le esperaron a la intemperie hasta las 2.20. “Mañana hay que trabajar”, bromeó.
Antes, en un extenso interrogatorio, el alcalde tuvo que dar cuenta de algunos de los proyectos que están bajo sospecha en la operación Mercurio. La fiscalía trató de averiguar la implicación del alcalde en una red que, supuestamente, exigía a empresarios el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones y otros favores.
El alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña escuchó decenas de conversaciones telefónicas con sus subordinados y su tío, el constructor Melquíades Garrido. En el interrogatorio, el fiscal confrontó los hallazgos de su investigación con Bustos, al que mantiene imputado por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los asuntos que se trataron:
La inversión en Audi. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Bustos trató de favorecer a su tío, el constructor Melquíades Garrido. Para ello, habría tratado que se instalaran en la ciudad unas instalaciones de la marca de coches Audi. “Así haré una nave”, le dice Garrido a su sobrino en una de las llamadas. Bustos relató que trató de atraer el proyecto para crear riqueza y trabajo en la ciudad. “Yo hablo con los bancos”, dijo. Garrido, sin embargo, frenó sus aspiraciones al anunciarle que ni Audi ni el Banc de Sabadell estaban dispuestos a acometer una inversión que ronda los ocho millones. El proyecto nunca se llevó a cabo.
La urbanización millonaria. Los accesos a ese mismo polígono, el Parc Vallès —donde hoy se inaugura la tienda Ikea más grande de España— también está bajo sospecha. El alcalde aclaró, no obstante, que se trata de terrenos de titularidad privada, según fuentes de su entorno. Aunque admitió que trató de que las obras fueran adjudicadas a constructores de Sabadell. El gremio local está dirigido por su tío, a quien el jefe de Urbanismo comentó la necesidad de mantener reuniones “discretas” a tal fin. Bustos justificó que debía ser así para no levantar falsas expectativas. La empresa promotora no contó, finalmente, con los empresarios locales.
Ayuda a refugiados. Uno de los cuatro delitos que se atribuye a Bustos (malversación de fondos públicos) procede de un proyecto financiado por la Federación Catalana de Municipios (FMC), que él mismo preside. El ente municipalista pagó 24.000 euros al proyecto de una fundación de ayuda al refugiado. El fiscal sospecha que el edil trató de “dar trabajo" a una mujer ecuatoriana y que el proyecto no tenía base. En una llamada, Bustos pide a un responsable de la federación “renovar” el programa. Este le advierte de que, el año anterior, prácticamente tuvieron que “inventar” el proyecto. Ante el juez, Bustos aclaró que tuvieron que dar forma a las iniciativas que propuso la activista, negó las acusaciones y subrayó que el programa se ejecutó.
Basuras y cementerios. Bustos defendió la legalidad de la concesión del servicio de limpieza de la ciudad a la empresa Smatsa. La fiscalía sostiene que se "forzó" el pliego de condiciones, que en junio prorrogó el contrato con Smatsa por 15 años y un importe de 18,5 millones. Aunque no fue preguntado por el asunto, el fiscal también investiga la cesión del cementerio municipal a una funeraria a cambio del compromiso de acometer obras por 8,7 millones. El intermediario de la trama, el exconcejal del PP Jordi Soriano, “recomendó” a la funeraria que contratara a una empresa.
Dietas y pagos. El fiscal preguntó a Bustos por la percepción, presuntamente irregular, de unas dietas a través de la federación. El alcalde admitió que, solo en una ocasión, cargó con cuenta al ente municipalista una noche en un hotel de lujo de Madrid. En otro asunto, el alcalde pide a su hermano, el también imputado Francisco Bustos, 1.500 euros “para el juez”. El alcalde dijo que su hermano le dio ese dinero de su bolsillo para mantener una serie de atenciones con un juez de Sabadell.
Visita a la alcaldesa. Bustos admitió que envió a su hermano a hablar con la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, que había rechazado contratar a un cargo de confianza que había recomendado el número dos del PSC, Daniel Fernàndez. Bustos lo hizo, dijo, “indignado” porque la alcaldesa estaba “colapsada” y había rechazado a la candidata por no superar el test psicotécnico. El fiscal sospecha que el concurso se amañó.
Atento a la mezquita. La madre de Bustos le informó del rumor que circulaba por su barrio sobre la apertura de una nueva mezquita. El alcalde llamó a su concejal de Urbanismo, Joan Manau: “Ve y míratelo bien, ya me entiendes”. La fiscalía sospecha que Bustos quiso favorecer sus intereses particulares ante la posible petición de una licencia para abrir un oratorio musulmán junto a la vivienda de su madre. Al final, nadie pidió ninguna licencia. Bustos defendió que solo se interesó por un asunto importante para la ciudad.
Asedio a las discotecas. En una llamada, un empresario del ocio nocturno denuncia que el ayuntamiento le acosa a base de sanciones. Bustos explicó ante el juez que el pleno acordó desplazar las discotecas de la Zona Hermètica para evitar molestias a los vecinos. Por ese motivo, admitió, eran severos al aplicar sanciones en la zona.
“Esto tiene delito”. Fue la expresión que el alcalde empleó al observar un comportamiento fiscal anómalo en un responsable de la Compañía de Aguas de Sabadell que también está imputado. Algo similar dijo sobre un documento que guardaba en su despacho con las subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona a asociaciones locales. La fiscalía sospecha que, pese a apreciar las irregularidades, no hizo nada por evitarlas.
Sospechas previas. El fiscal preguntó al alcalde si conocía que Soriano pedía comisiones a empresarios en nombre del Ayuntamiento. Bustos dijo que no. Pero añadió que tuvo “ligeras sospechas” de que alguien lo hubiera hecho tiempo atrás. Tras la denuncia de un empresario, Bustos abrió una investigación que no dio resultados.
* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO - 3.12.12
Foto: Sabadell (Barcelona), alcalde imputado - lavanguardia
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DIARIODESEVILLA* : Los planes urbanísticos municipales "metidos en un cajón" reservan una ingente bolsa de suelo destinada a la construcción. El voraz modelo urbanístico responsable de la actual crisis económica, esa burbuja inmobiliaria que alentó la especulación y disparó la codicia de las entidades financieras, sigue latente en la comunidad, durmiente.
Los planes urbanísticos de los ayuntamientos andaluces tienen previstos suelos para la construcción de aproximadamente un millón de nuevas casas, cuando existen unas 130.000 sin vender y otras casi 100.000 están desocupadas entre las 4,5 millones de viviendas que componen el parque andaluz, según datos del Ministerio de Fomento a finales de 2011.
Estas previsiones se recogen en el preámbulo del decreto ley de medidas urgentes que ha aprobado esta semana la Junta de Andalucía, y que se centrará específicamente en los planes que tienen los ayuntamientos del litoral que aún no tienen adaptados sus planes urbanísticos, 52 de 62. La Junta revisará esos planeamientos, ya que en muchos casos se remontan a la época del boom inmobiliario y contienen "demandas exógenas propias de otras situación socioeconómica". Se trata de un paso previo al Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía que se debe aprobar en el plazo máximo de dos años y que contendrá las bases futuras del urbanismo en el litoral andaluz.
Mientras tanto, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente va a escrutar qué proyectos recogidos en esos planes son viables, no sólo en su vertiente medioambiental, sino también en la económica, por lo que a priori, no se puede descartar nada y habrá que esperar al menos seis meses para conocer qué proyectos de ese millón de viviendas "metidas en un cajón" (se analiza cuántas corresponden al litoral) pueden seguir adelante.
Sin embargo, el principal partido de la oposición, el PP, que apuesta por volver a incentivar la actividad económica sin melindres ambientales o paisajísticas, se ha apresurado a criticar que este decreto ley supone un "atentado" para el desarrollo turístico de los municipios.
Los ecologistas aplaudieron en un primer momento la voluntad del Gobierno andaluz de reforzar la protección del litoral, pero la lectura detallada del decreto ley les ha devuelto las sospechas de que tampoco los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía (PSOE-IU) tienen interés por desterrar un modelo urbanístico que llevó a lomos a la economía del país los últimos 20 años. Así, el regreso de la actividad urbanística que en los últimos años parece dormida se aventura como la vía que volverá a levantar la economía y, en estos momentos de paralización de la actividad, las administraciones tratan de articular los cimientos de lo que será el nuevo-viejo modelo.
La medida aprobada esta semana por la Junta de Andalucía (el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía) contiene un preámbulo en cuya letra se reconocería cualquier ecologista, plagado de lamentaciones por la ocupación del territorio hasta en un 40% del litoral.
Esta necesidad de proteger el litoral no parte de cero. Hay una decena de planes territoriales vigentes (Levante almeriense, Poniente almeriense, Costa Tropical, Vélez-Málaga y Axarquía, Costa del Sol, La Janda, Costa Noroeste de Cádiz y Costa Occidental de Huelva) que han establecido criterios al planeamiento urbanístico, pero la Junta ha entendido que se requiere de un instrumento específico de protección que aborde el corredor litoral en su integridad. Los planes actuales comprenden una franja de protección de los primeros 200 metros, pero el nuevo plan del corredor elevará ese blindaje hasta los primeros 500 metros a partir de la ribera del mar.
Ésta es la línea que por lo general han marcado las comunidades que ya cuentan con planes de protección y que son Cantabria (2004), Asturias y Cataluña (2005), País Vasco (2007) y Galicia, que se incorporó el pasado año.
Sí hay diferencias en cambio en los suelos sobre los que se puede actuar. La Junta ha decidido que se revisen también aquellos que han sido declarados urbanizables por los ayuntamientos. Hasta ahora el celo de la Administración autonómica se ha basado en proteger las zonas declaradas como no urbanizables, pero en esta revisión no se distinguirá. Eso sí, si el ayuntamiento ya tiene esos terrenos dentro de un plan parcial, la Administración autonómica no actuará.
Esto ha levantado las críticas de algunos sectores ecologistas, que ponen como ejemplo el caso del polémico proyecto de Valdevaqueros, en Tarifa, que está incluido en una plan parcial de 1995 y por lo tanto estaría fuera del ámbito de actuación del decreto. Las intenciones de la Junta sobre el proyecto han quedado esta semana más claras, después de que el pasado 7 de noviembre, como informó esta redacción el viernes, la Junta incluyese el plan Parcial de Valdevaqueros en el registro de Instrumentos Urbanísticos (RIU), un catálogo donde la Administración autonómica recopila todos los planeamientos aprobados en la comunidad. Los ecologistas sopesan denunciar este simbólico paso administrativo. Valdevaqueros, además, está mas allá de los 500 metros de costa.
Los redactores del futuro plan andaluz establecen paralelismos entre su próximo plan y los planes directores urbanísticos de Cataluña. Sin embargo, estos últimos incluyen no solo la franja de los 500 metros desde la ribera del mar sino también la comprendida de los 500a los 2.000 metros, en los que se adoptan determinaciones con el objetivo de asegurar la conectividad de la franja costera con el interior territorial.
Sí que comparte con el andaluz la actuación sobre los suelos urbanizables, preservando de la construcción especialmente a los suelos urbanizables no delimitados (no sectorizados ,en terminología de la legislación andaluza) y, excepcionalmente, sobre determinados sectores de suelo urbanizable delimitado (suelos urbanizables ordenados o sectorizados de la legislación andaluza).
Por lo general los planes de las comunidades intervienen en los suelos no urbanizables y Cataluña por ejemplo creó una nueva categoría, el suelo no urbanizable costero.
Los planes litorales de la cornisa cantábrica, al actuar en muchos casos sobre zonas en buen estado de conservación, con una menor presión urbanística y escaso poblamiento, tienen un carácter mas preventivo. Plantean además propuestas de actuación muy concretas para la mejora de las condiciones medioambientales y paisajísticas de determinados espacios (parques-playa, la red de sendas peatonales, las sendas cicloturistas o las actuaciones de regeneración de la cubierta vegetal degradada).
Las medidas cautelares aprobadas el martes también se ejercieron en Cataluña, Galicia, Cantabria o Baleares, ésta última, a la espera de aprobar su plan.
La iniciativa del Gobierno andaluz de regular también el suelo costero en Andalucía ha sido aplaudida por las organizaciones conservacionistas. Aunque con matices.
El principal para Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, es que sospecha que la intención es que la construcción en esos suelos sea el motor del desarrollo económico futuro. Si bien el espíritu de la ley es intachable, el desarrollo que le hubiese sido acorde, en opinión de Clavero, es la desclasificación de todos los suelos en el litoral.
Muchos de esos suelos que han clasificado los ayuntamientos y en los que prevén ese millón de viviendas están en posesión de los bancos, dispuestos a hacer uso de ellos en cuanto se recupere la actividad económica. "Esta propuesta mantiene el valor ficticio del suelo, los ayuntamientos no desclasifican y la Junta se desentiende", opina Clavero.
Otras deficiencias para el ecologista son las limitaciones: que sólo sea para el litoral, cuando hay cinturones de áreas metropolitanas sujetas a la especulación; que sólo comprenda los suelos urbanizables no desarrollados y que se ciña a los primeros 500 metros, "donde prácticamente ya está todo construido".
Las dudas sobre la verdadera intencionalidad de la Junta se desvelará en los próximos seis meses, cuando se dictaminen qué proyectos urbanísticos en el litoral pueden salir adelante.
* Diario de Sevilla - ANTONIO FUENTES - 2.12.12
Foto: Mijas - J.Rojas (ELPAIS.com)
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ELPAÍS/Castellón* : El grupo ecologista Gecen ha denunciado ante la Fiscalía de Castellón al alcalde de Nules, Mario García, y al concejal de Urbanismo, José Manuel Casaus, por la creciente edificación de casas en la marjalería de Nules-Burriana, que está incluida en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y, por ello, es un enclave que cuenta con especial protección.
El Gecen considera que desde que tomaron posesión de sus cargos en 2007 ambos “son conocedores de estas construcciones ilegales y su presunta conducta (evitar perseguir los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo) constituye un presunto delito continuado de prevaricación por omisión”. Por ello, pide que se investigue a los dos responsables del Ayuntamiento de Nules por si pudiera desprenderse un presunto delito de la omisión del deber de perseguir delitos y por un posible delito contra la ordenación del territorio.
Subsidiariamente, el grupo denuncia al alcalde y al edil por un presunto delito de prevaricación.
En un comunicado, el colectivo ecologista añade que la “construcción ilegal masiva” en el humedal protegido “responde al concepto de impunidad que tiene el ciudadano” y que esta idea asentada entre la población de que “no pasa nada” es “transmitido por quien tiene la obligación legal de impedirlo y no lo hace”. Es por ello que piden a la fiscalía que investigue esta situación y “exija las responsabilidades oportunas”.
Para el Gecen, el caso de la marjalería “es un claro ejemplo de espacio protegido sobre el papel y destrozado y degradado día a día”. En la zona se habrían construido unas 500 viviendas después de que la Generalitat declarara la zona protegida. Todas ellas están pendientes de una solución política para evitar perder unas casas que están abocadas al derribo. La Fiscalía de Castellón inició hace años una investigación y está recabando los datos de las viviendas levantadas en la zona.
García, "muy tranquilo"
El alcalde de Nules, Mario García, ha recibido con cierta "sorpresa" la noticia de que el grupo ecologista Gecen ha presentado una denuncia contra él mismo y el concejal de Urbanismo por no perseguir construcciones "ilegales" en la zona del Marjal, y ha señalado en un comunicado que el Ayuntamiento "siempre" ha actuado "dentro de la legalidad". García ha asegurado estar "muy tranquilo" y ha dicho que en este tema han trabajado "desde el primer día desde el respeto a la ley".
En este sentido, el alcalde de Nules ha afirmado que en el Ayuntamiento existe una "completa documentación" que "demuestra todas las acciones que se han llevado a cabo desde 2007, como la apertura de expedientes sancionadores o el dictamen de órdenes de resolución de obras".
* El País - LORENA ORTEGA Castellón - 30 NOV 2012
Foto: Nules (Castellón), casas ilegales en marjal - levante-emv.com
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha quintuplicado el valor de una expropiación efectuada por el Ayuntamiento de Valencia en el plan de remodelación del barrio del Cabanyal, elevando la suma que debe pagar de 267.035 a 1.230.654 euros.
Así consta en una sentencia del pasado día 14 de que desestima el recurso del Ayuntamiento de Valencia contra una resolución del Jurado Provincial de Expropiaciones, que ya elevó la valoración del Ayuntamiento a 1,1 millones de euros.
La sentencia, a la que según el grupo municipal socialista ha dado hoy consentimiento la junta local de gobierno local, relata que la parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, fue tasada en 2006 en 267.035 euros por parte del Consistorio.
Posteriormente, en julio de 2009, el jurado de expropiaciones valoró este terreno en 1.159.024 euros aplicando los módulos de cálculo de vivienda de renta libre, a lo que el Ayuntamiento recurrió considerando que se debería basar en los módulos de vivienda de protección oficial.
El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado este recurso, y además ha elevado la valoración de la junta, cifrándola en 1.230.654, casi el quíntuple de la efectuada por el Ayuntamiento.
El PSPV, que asegura que no es el primer caso que se produce, plantea en un comunicado "lo absurdo" de llevar a cabo un proyecto urbanístico que, además de "destruir la trama histórica del barrio", es "inviable económicamente".
Según un comunicado del Ayuntamiento de Valencia, los servicios municipales jurídicos municipales consideran que esta sentencia "únicamente asume el contenido de otra anterior y, por lo tanto, no tiene efectos económicos".
* Levante - EFE - 30.11.12
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
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SAMUEL GARCÍA ARENCIBIA* : No sé si sabrán, pero el año pasado se cumplieron cien años de la primera ley de vivienda de nuestro país, que se recibió el feo nombre Ley de Casas Baratas, nombre con ecos históricos en muchas localidades para las viviendas protegidas. El capitalismo español hacía concesiones al movimiento obrero, años después de la creación del Instituto de Reformas Sociales y del Instituto de Previsión Social, piedras incipientes del estado social. Las revoluciones burguesas habían impuesto los derechos civiles y políticos (el estado liberal) y las víctimas organizadas de la revolución industrial europea imponían la elevación de los derechos sociales a los altares legales.
El derecho de acceso a la vivienda no entró en nuestra primera constitución de estado social, la de la Segunda República. Se incorporó a las declaraciones de derechos con posterioridad, con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
A nivel nacional fue la constitución de 1978 la que recogió ese derecho en su artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
La subasta del derecho real
Sin embargo, el derecho a la casa ha sido dejado, como ocurre con otros derechos sociales, al albur de los decretos del mercado. La realidad empujada por el afán de la acumulación se alejó de la prescripción constitucional. La redacción del artículo 47 de la Constitución se hacía precisamente tras la primera de las tres burbujas inmobiliarias que ha sufrido este país, la del urbanismo salvaje, la destrucción de la costa, la segunda residencia; España se inscribía en el capitalismo-mundo como país de sol, playa y ladrillo, con una pequeña industria al servicio de multinacionales de la automoción.
Pronto se observó que el artículo 47 había caído en papel mojado, pues en los ochenta se produjo una segunda burbuja inmobiliaria de especulación, la época de los grandes pelotazos, las recalificaciones de suelo, los Solchaga llamando a hacer negocios en España...
El episodio, como en 2009, no concluyó por una intervención de los poderes públicos para impedir la especulación, con la moderación del crédito o con el uso de las capacidades en urbanismo o vivienda para frenar la hiperespeculación, sino por natural estrangulamiento de ese crédito. Vinieron después cuatro devaluaciones de la peseta por un 26% (17 de septiembre de 1992, devaluación 5%; 19 de noviembre de 1992, devaluación 6%; 13 de mayo de 1993, devaluación 8%; 7 de marzo de 1995, devaluación 7%) y un plan de ajuste (con doble inspiración: terapia de choque y cumplimiento de los criterios de Maastricht) que ya nos advertía en los noventa qué ocurre cuando pinchan las burbujas, aunque como sociedad no aprendimos la lección, seguramente porque ya en ese entonces los movimientos de concienciación popular estaban neutralizados.
A finales de los noventa se produce otra arrancada que se alargó por la facilidad del euro para el crédito a bajos tipos de interés y la liquidez de economías exportadoras y ahorradoras, elevó los precios por varios efectos (necesidad, aumento de la población, especulación) y lanzó una actividad constructora más que salvaje, construyendo una cantidad de viviendas desproporcionadísmo. Como en los ochenta el pinchazo no fue una acción deliberada de los poderes públicos para acabar con la especulación en un bien básico, sino la transgresión de los límites de endeudamiento de promotoras, entidades financieras, familias.
Las políticas de vivienda
Simultáneamente, como ha denunciado en un informe para la ONU Raquel Rolnik, Relatora Especial para la ONU sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, la política de vivienda de los estados generalmente se ha orientado más bien a fomentar las propensiones del mercado. Explica como se abandonaron las políticas de vivienda social y se promovió la adquisición o el alquiler de vivienda libre, donde estaba el negocio de promotores, constructores, entidades y propietarios, amigos influyentes de los representantes del pueblo.
En España eso se hizo con la deducción por adquisición de vivienda o al arrendador, otros sinnúmero beneficios fiscales y con una multiplicidad de subvenciones, ayudas, préstamos con tipo de interés influído por convenio entre entidades y administración pública a la promoción privada, adquisición, autoconstrucción, rehabilitación, arrendamiento de viviendas libres. Calcular el montante de recursos públicos dedicados a esta política de vivienda al servicio de intereses privados sería un ejercicio muy complicado, pero podemos imaginarnos el tamaño multimillonario, digamos que unos varios miles de millones de euros de 2012.
En 2009, año final de la insensatez, sólo la deducción para adquisición o rehabilitación y la de arrendamiento en el IRPF de vivienda ascendía a 5 mil millones. El año siguiente el Instituto Canario de la Vivienda para una veinteava parte de la población nacional tenía un presupuesto de 102 millones (que ha disminuído a 76, 59 y 42 millones en los años sucesivos), por lo que podría estimarse en unos 2 mil los millones de subvenciones y ayudas (más gastos de personal y corriente).
Esta política de estímulo a la compra y alquiler de vivienda contribuía a la búsqueda privada de soluciones a la necesidad de vivienda, impidiendo soluciones más amigas del interés general. Se fomentaba la construcción de vivienda nueva para la venta. Muchas personas entraban en el juego para tener un techo, pero promotores, constructores, entidades financieras se aseguraban el negocio de los beneficios, los contratos de construcción, los créditos hipotecarios. Además, los especuladores entraban en la subasta para conseguir plusvalías en los ríos revueltos.
En este tiempo, se han enajenado también centenares de miles de viviendas de propiedad pública. La promoción pública ha disminuído y ha mantenido el error de concentrar en los barrios pobres a los pobres, sin política de integración, aunque todas las zonas de las ciudades tengan solares abandonados esperando a una verdadera voluntad urbanística para hacer política de vivienda integradora. La promoción pública de esta etapa ha sido subsidiaria e insuficiente: el último remedio para unas pocas de las muchas personas que no podían pujar en el juego de la especulación con un bien básico, para unas pocas personas agraciadas por el salvavidas del estado.
Burbujas de felicidad
Mientras las burbujas se han inflado, la vivienda ha sido el objeto de un juego infernal en el que algunas grandes fortunas, promotoras, constructoras, entidades de crédito, han acumulado mayores fortunas. Así entre las grandes fortunas de este país encontramos varias relacionadas con la construcción.
A Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente de Ferrovial, se le atribuyen más de 4 mil millones; A José Manuel Entrecanales Domec, 3 mil quinientos; a Emilio Botín y a Manuel Jové Capellán, que hizo carrera en Fadesa le cuentan más de 2 mil; a otra familia banquera, los March, tampoco le fue mal; no llegan a 2 mil cada una de las hermanas Koplowitz (FCC); también andan por ahí sus ex-maridos, los Albertos (ACC); o el Florentino Pérez (ACC); el Enrique Buñuelos Castro (Astroc) desapareció de España y apareció con patrimonio multimillonario en Brasil... En Canarias, a Santiago Santana Cazorla, Eustasio López González (LOPESAN), Ignacios González, Placencias, Tadeos, Concepciones... seguramente también se le pueden encontrar los cientos, o al menos las decenas, de millones de patrimonio fabricado con ladrillos.
Los bancos españoles eran campeones que compraban empresas y bancos en España y otras partes del mundo. Las constructoras españolas se convertían en campeonas mundiales del sector.
A ellos se les inflaban sus erarios de millones durante la burbuja. Para millones de personas la burbuja era un estado dichoso de la economía, pues repartía muchos salarios surgidos de la magia, algunos en la construcción impensables, pequeñas especulaciones con un par de viviendas, intereses de unos humildes depósitos bancarios, créditos irrazonables... Para los trabajadores apostando en el casino del capitalismo popular había posibilidades de dar un par de saltos de cien mil en cien mil o de vida desahogada.
Las administraciones públicas no recaudaban impuestos estructurales porque se había disminuído su capacidad de ingreso, pero recibían los ingresos extraordinarios de la burbuja para alegrar un poco más a los constructores y al pueblo encantado de conocer al capitalismo que entusiasma con el faraonismo y reparte migajas: los mejores equipos de fútbol, los trenes AVE, los Auditorios de Calatrava, las autopistas para ganar unos minutos, los aeropuertos, los cheques bebé, los cheques emancipación...
Al mismo tiempo, muchas familias han tenido que soportar un esfuerzo muy elevado en su presupuesto familiar para acceder a la vivienda; otras se han visto excluídas, siendo una pequeña parte rescatada por las políticas de vivienda. No pudieron participar en la gran comilona ni en la mesa ni en el suelo donde caían migajas. Era la cara oculta de la burbuja, junto a la depredación del territorio, la construcción de ciudades fantasmas...
Pinchazos de crudeza
La música paró mientras muchas personas estaban ebrias. Ya no había liquidez internacional para recibir créditos de bancos alemanes y franceses con los que in pagando lo debido y aumentar un poco más la torre de Babel. Las vacas flacas habían llegado. Casas que no se venden, crédito promotor que no se paga, obras que no se terminan, trabajadores que se van a la calle, consumismo en depresión, administraciones que no recaudan, servicios públicos que se recortan, empresas que no venden, expedientes de regulación de empleo, ... Círculos viciosos y añoranza por los felices años de la sinrazón.
En la lógica de este capitalismo sin alternativa social que alce la voz el Estado rescata los bancos de mil y una formas. Aunque no tenga dineros para sostener los gastos sociales (en gran parte porque el sistema tributario se ha diseñado para que no contribuyan quienes más tienen) siempre se puede rascar los bolsillos para encontrar unos miles o unas decenas de miles de millones para echarle una mano a bancos, industria del automóvil, promotoras, ...
A quienes jugaron al capitalismo popular y salieron perdiendo o a quienes intentaron acceder a la vivienda en los tiempos de la euforia ( que excluye de la visión al verdadero necesitado) se les deja en la intemperie. Sale en su defensa una parte de la sociedad que se indigna con lo observado, STOP DESAHUCIOS.
Casas sin personas, personas sin hogar
La situación resultante de los años de capitalismo a toda máquina que satisface a oligarquías y pueblo complaciente con su consumismo es una colosal deuda de los promotores que fueron llamados por los cantos de sirena de un precio de la vivienda que no dejaba de subir, bancos que no cobran los créditos concedidos y no pueden hacer frente a sus deudas con otros bancos, familias con más miembros en desempleo o con sueldos reducidos y con incapacidad para afrontar alquileres o cuotas hipotecarias, administraciones públicas que no recaudan lo suficiente porque perdonan impuestos a los ricos y la actividad económica deprimida no produce ingresos suficientes, ...
En esta situación, a las casas vacías para especular de la época anterior se han sumado los inmuebles que no se pueden vender. Los esfuerzos públicos para que se vendan y disminuya la asfixia no paran de hacerse: reducciones del IVA de la vivienda en época de Zapatero mientras subía el IVA de todo lo demás para que los europeos adquirieran una segunda residencia; otorgamiento del permiso de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda, en planes.
Igualmente, a las personas y familias que accedían en el mercado a la vivienda en alquiler con dificultad se le suman aquellas que consiguieron entrar en alquiler o propiedad durante los años de puestos de trabajo sostenidos por respiración artificial, expulsados con su eliminación. A las personas y familias que se vieron forzadas a relaciones de arrendamiento de mercado y no pueden afrontar la renta se les desahucia; a las personas y familias que pudieron iniciar un intento de adquirir la propiedad y no pueden pagar la cuota del préstamo, se les ejecuta la hipoteca, que tiene como resultado la pérdida de la casa y en muchas ocasiones la persistencia de una deuda (crédito no pagado, intereses de demora, gastos de ejecución de la hipoteca, ...).
Las hipotecas colgadas
En los créditos con garantía hipotecaria a veces hay otras garantías, como avales de familiares. Los bancos cuando dan a la firma un contrato saben muy bien lo que han escrito para ganar en cada operación. Tienen detrás unos equipos de valoración del riesgo y elaboración de contratos. Aún así muchas entidades se han visto con altos niveles de morosidad (especialmente promotora) y con incapacidad para cumplir con los créditos interbancarios que pidieron en el exterior. El Estado ha acudido en su rescate.
En cambio, muchas veces las personas físicas firmamos estos contratos y las escrituras de constitución de hipoteca con la inconsciencia de la gente normal, que vive confiada en el ciclo indeclinable de crecimiento, que no imagina que se está formando una tormenta perfecta y que no sabe las consecuencias de aquellas hojas que firmó sin leer o de aquel párrafo que no entendió. Cuando ocurre lo imprevisto llegan los lamentos por haber firmado un pacto con el diablo, con el alma como garantía.
La cultura de leer los contratos hubiese evitado muchos disgustos a personas que ahora se sienten indefensas contra esos contratos. En Derecho del Consumo se explica la desigualdad existente entre gran empresa y usuario. Por eso, en ese tipo de relaciones se han creado insuficientes instituciones de defensa. Pero una de las lecciones que ha enseñado la vida es que son precisas las precauciones propias.
Constantemente llega la información sobre el número de ejecuciones hipotecarias diarias o desde el año 2007. Unas quinientas al día o unos 400 mil en estos años. No obstante, parece claro que ese dato no se comunica con rigor, ya que en ese número se mezclan ejecuciones de hipoteca en vivienda habitual, que es el que debería preocupar, con otros tipos de ejecuciones hipotecarias sobre segundas viviendas o locales que no se dedican a la residencia. Los datos precisos sobre familias que por la ejecución hipotecaria se ven sometidos a una situación social vulnerable nadie los ha elaborado.
Pequeñas concesiones del poder
Después del guiño de Rubalcaba al 15M en la precampaña del 20N de 2012, el mínimo inembargable para deudores hipotecarios en vivienda habitual es de 962 euros más 192 por personas dependiente. Eso quiere decir que si tras la ejecución queda deuda pendiente, el banco empezaría a cobrar a partir de 962 en el caso de familias monoparentales, 1054 en familia de dos personas, 1266 en familias de tres, ... Aunque lo despreciáramos por oportunista e insuficiente, debo reconocer que en una valoración sosegada y justa es bastante protectora de la renta familiar frente a las caídas en desgracia. Aunque se pueda reducir la deuda pendiente.
También es importante el esfuerzo que se hace para eliminar cláusulas abusivas de los contratos de hipoteca que elevan la cuantía de la deuda por ejemplo por una imposición excesiva de intereses de demora, que ha tenido como consecuencia la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de la aminoración de la deuda pendiente y la protección de la renta familiar hasta un determinado punto, hace poco, tras la representación de la preocupación por los dos partidos mayoritarios del país, se declaró la moratoria durante dos años del acto de lanzamiento en unos casos muy determinados, con ánimo cicatero. Para esas mismas familias se prevé la creación de un fondo social de viviendas de renta asumible. Unas medidas de poca trascendencia.
En estas acciones valoro que en lo importante, potenciar el derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada, se ha avanzado casi nada y en lo secundario, ayudar a quien se arriesgó a adquirir en tiempos brumosos firmando un contrato con zorros viejos, se ha adelantado mucho más.
¿Qué hacer?
En esta situación cabe preguntarse qué hacer. Una propuesta de acción es la de las personas afectadas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama la suspensión inmediata de lanzamientos, la dación en pago retroactiva, la creación de vivienda social, como puede verse en la iniciativa legislativa popular de esta plataforma, que consiguió 600 mil firmas.
Sus acciones han servido para visibilizar esta consecuencia del cambio de ciclo en el modelo social y económico de nuestra sociedad. Su propuesta reclama una solución específica para las personas afectadas por la hipoteca. Su organización es una de las más fuertes de los colectivos afectados por la crisis, mejor organizada por ejemplo que el de personas en situación de desempleo. Es normal que en su situación se rebelen contra el pisotón que les da el sistema.
Como otras iniciativas la PAH surge del fracaso del capitalismo de especulación con la vivienda como centro de gravedad. No es una iniciativa que antes del fracaso ya criticara las muchas contradicciones y propusiera un modelo social y económico diferente, con una política de vivienda social.
Sin embargo, me parece conveniente que alguien cuide una mirada más general, no de afectados. Habría que mantener la demanda que nunca se debió abandonar de una política pública de vivienda social e integradora, en la que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada prevalezca de forma rotunda sobre la especulación, todo lo contrario que hasta el momento, pero no con la perspectiva de enderezar el destino sólo a personas y familias a las que se le torció en aquel juego de engaños sino también para los que no pudieron o no quisieron jugar.
La propuesta desde luego no debe mirar sólo al derecho de vivienda, sino a todos los derechos humanos, de quienes están afectadas por una ejecución hipotecaria y de quienes están libres de esa losa. Una orientación socialista-estatalista, más cómoda para las mayorías que una posición socialista-libertaria para la que se requiere un arrojo que nuestra generación no posee, debería exigir soluciones generales de reparto del trabajo; de empoderar a los trabajadores en las grandes empresas para limitar la desigualdad retributiva o la elevada desviación de beneficios para el capital; de fiscalidad progresiva y combate contra el fraude; de nacionalización de las riquezas personales y corporativas acumuladas en las décadas de inconciencia popular; de nacionalización de las empresas estratégicas; de nacionalización real de las empresas rescatadas con fondos públicos; de búsqueda colectiva de soluciones para las necesidades de vivienda, sanidad, educación, seguros; de formación en valores de austeridad; de verdadera solidaridad con los pueblos empobrecidos por nuestro modo de vida ahora que hemos descubierto lo desagradable que es el empobrecimiento...
Dedicado a Pablo Montoro Martín, por sus años de dedicación al tema de la vivienda
Para comentarios y reflexión colectiva sagara1977.wordpress.com
* Rebelión - Opinión - 29.11.12
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