MÁSPÚBLICO* : Si el procedimiento es injusto, ¿por qué se paralizará el desahucio sólo de unos pocos?”. Martí Batllori es uno de los abogados que forman parte del equipo jurídico de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) que ha redactado un documento en el que se solicita “la paralización cautelar de todas las ejecuciones hipotecarias”. El escrito, colgado en la web de la plataforma desde el jueves, ha sido registrado esta mañana por los afectados en los juzgados de diferentes ciudades del estado (ocho tan sólo en la Comunidad de Madrid).
Según Batllori, el documento –en cuya redacción han colaborado más de 25 letrados de toda España- ha sido enviado a todos los Colegios de Abogados de España para que faciliten su difusión. “Es un escrito de urgencia que responde a una situación crítica”, ha insistido el abogado, quien ha definido el acuerdo entre PP y PSOE como “una chapuza escandalosa reflejada en dos folios pírricos vergonzosos”.
Ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, en la calle Capitán Haya, Iván Ramirez, activista de la PAH, repartía copias a las 11.00 horas. Había imprimido 200, más las 150 que había echo llegar a los afectados el sábado. “Está siendo un éxito. La gente ha respondido muy bien a la llamada de la PAH”, ha declarado Iván.
Funcionaria afectada
En la puerta de los Juzgados madrileños, un tumulto de gente, entre afectados, activistas y simpatizantes, compartía situaciones y comentaba los acontecimientos de las últimas semanas. Entre ellos, Mariló Ramos representaba un perfil de afectada más desconocido. Como funcionaria trabaja en la dirección general de informática del área de sanidad, pero “un sueldo cada vez más menguante y una cuota hipotecaria desmedida” la llevaron a las puertas del desahucio.
Doce días antes de su segunda orden de lanzamiento (el primero lo paró gracias a la PAH), el 16 de abril de este año, consiguió un alquiler social con Bankia de 350 euros mensuales. Madre de una niña adoptada de 6 años y divorciada, ha acudido hoy a entregar su escrito porque, a pesar de que lleva más de medio año pagando el alquiler, “la pesadilla no ha terminado”.
Confiesa no saber qué pasará con la deuda que tiene con Bankia: “Le debo 80.000 euros al banco, de los cuales 30.000 son costas judiciales. La entidad no me ha informado de qué ha pasado con esa cifra, ni cuántos intereses está generando mientras yo voy pagando”.
A su lado, Luz Lucena, vecina del barrio, la mira con cara de preocupación. Es la primera vez que participa en una acción de la PAH, “pero no la última”. Ha escuchado por la radio esta mañana que los afectados acudirían y se ha reunido con ellos “para conocer de primera mano su historia y para darles todo mi apoyo. Hace falta más conciencia social que nunca”, ha concluido la vecina.
EUROPAPRESS* : El grupo ecologista Gecen ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castellón para que investigue infracciones urbanísticas en la Marjalería de Castellón entre 2006 y 2012 por si pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia va dirigida contra "quier resulte ser el promotor o constructor" de las obras y "contra aquellos que ostentan responsabilidades en competencias urbanísticas" tanto en el Ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras.
Según señala este colectivo en un comunicado, centenares de construcciones "ilegales" en la Marjalería y fuera de ésta "demuestran la incapacidad del Ayuntamiento de Castellón en poner fin al urbanismo ilegal pese a la claridad de la legislación y de los trámites que se han de seguir".
Así mismo, indica que los expedientes de demolición "caducan, se archivan, no se ejecutan, y las sanciones son ridículas, pendientes, caducadas o archivadas".
Todo ello no se puede justificar, a juicio de la asociación, "por una no intencional pésima gestión, por no saber llevar de forma adecuada los procedimientos", y por ello Gecen solicita a la Fiscalía que investigue las responsabilidades a nivel urbanístico de técnicos y políticos del Ayuntamiento y Conselleria de Infraestructuras, "y no sólo de propietarios privados".
Los ecologistas apuntan que en la Marjalería de Castellón existen valores a nivel medioambiental, agrícola, paisajístico, cultural, entre otros, reconocidos "muy deficientemente" en el Plan Especial de la Marjalería, y añade que, "como se señala en dicho Plan, las construcciones que afectan al suelo no urbanizable protegido de la Marjalería destruyen físicamente el bien protegido, siendo éstas incompatibles con la protección del espacio".
PÚBLICO/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines para desprenderse de cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros.
El Consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda en pleno centro, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Los cinco inmuebles albergan 130 viviendas, de las que 117 están ocupadas.
Las familias denuncian que el Ayuntamiento les está presionando para que firmen su realojo en otro barrio de Madrid alejado del centro de la ciudad. “Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle”, explica a Público Juan Antonio, un vecino afectado.
Las viviendas fueron compradas por el ayuntamiento en la década de los 80. Han sido rehabilitadas con dinero público y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que, por razones económicas, no tienen acceso al mercado libre de vivienda. Todos ellos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste con el consistorio que se calcula a partir de su renta. Además, los vecinos denuncian el desarraigo que supondría para ellos el tener que cambiar de barrio a edades tan avanzadas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.
El pasado 18 de octubre la EMVS suscribió una opción de compra con la compañía catalana Renta Corporación Core Business por la que el Ayuntamiento fija el precio de estos cinco edificios en 21 millones de euros. Para hacer efectivo el contrato, la empresa barcelonesa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero tal y como específica el contrato de opción de compra al que ha tenido acceso Público.
La concejalía de vivienda del Ayuntamiento madrileño, tras ser contactado por este medio, ha remitido un comunicado garantizando “una vivienda” a todos los vecinos “de similares características y adaptada a sus necesidades”. Para ello, según señala el comunicado, “un equipo de trabajadores sociales se ha desplazado a las viviendas para entrevistarse con las familias, informarles y escuchar sus necesidades”.
Algunos de los vecinos han señalado a Público que la EMVS ya se ha puesto en contacto con ellos para visitar las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el otro extremo de la ciudad: Vallecas, Carabanchel y Villaverde. En todo caso, los nuevos arrendamientos que ofrecen tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará con sus nuevas viviendas tras el fin del contrato de arrendamiento.
25% menos si hay “okupas”
No obstante, el Ayuntamiento no ha notificado a los vecinos la venta de los edificios y su consiguiente realojo de manera oficial, según informan los propios vecinos. Representantes de algunos de los inmuebles mantuvieron una reunión con la directora de Patrimonio de la EMVS en la que se negó la existencia de este acuerdo de venta.
Algunos de los vecinos, como Juan Antonio, ya han anunciado a Público que no piensan abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años por una decisión injusta ya que ellos tienen en contrato en vigor y han pagado “religiosamente” tanto el alquiler como la comunidad.
No obstante, la resistencia vecinal ya viene contemplada en el propio contrato. El acuerdo del ayuntamiento y la empresa compradora recoge una cláusula que establece un descuento del 25% en el precio de la vivienda en el caso de que de haya “okupas”, tal y como lo recoge el contrato.
La venta de los inmuebles pasa por encima de vecinos como Antonio, de 75 años y todavía convaleciente de un ictus, para quien abandonar su hogar supone “la muerte”. “He vivido aquí toda la vida y quiero morir aquí. Si me llevan fuera de mi barrio, donde tengo mi vida, es como si me mataran”, afirma entre lágrimas Antonio.
Mario Agreda, vecino afectado y delegado de la Comisión de Asuntos Indios en la ONU, denuncia que la venta supone “una violación de los derechos humanos”. "Esta decisión no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho”, afirma.
Viviendas en el caso histórico
Jaime Lissavetzky, líder de la agrupación municipal del PSOE, y que no ha querido hacer declaraciones a Público, visitará mañana [por el martes] las viviendas afectadas y se fotografiará en el inmueble situado en San Cayetano, 10. Por otro lado, la Comisión municipal de Vivienda de Madrid, que se celebrará este miércoles, tiene previsto discutir sobre esta venta a instancia de los grupos locales de UPyD e Izquierda Unida.
En concreto, los cinco edificios que el ayuntamiento pretende vender son los inmuebles de Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19). Como se mencionaba del total de 130 viviendas sólo 13 están vacías. Las viviendas tienen un gran valor histórico-artístico. Su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia reiteró al alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, la orden de derribo del edificio que alberga el hipermercado Eroski de Ponteareas, por no contar con licencia. El edificio si fue construido bajo el amparo de una licencia municipal, pero la misma fue anulada por la Xunta de Galicia en 2002 en un paquete de cuarenta que fueron concedidas cuando la comunidad autónoma suspendió las Normas Urbanísticas de Planeamiento.
El portavoz del BNG en Ponteareas, Xosé Represas, indicó ayer que desde 2008 Solla y el PP intentaron evitar la demolición "y ahora con su resolución, el TSXG recuerda al alcalde su deber de cumplir con la sentencia y le advierte que de no llevar a cabo a demolición podría ser denunciado por desobediencia".
Tras recibir un primer requerimiento por parte de TSXG, el alcalde de Ponteareas había explicado que el centro comercial trabajan sesenta personas y que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal establecía la posibilidad de conceder la licencia, pues está ubicado en una zona de crecimiento de la localidad. Sin embargo desde el alto tribunal gallego se reitera en el auto que ordena la demolición.
Recuerda represas que en 2002 la actual diputada electa del PP, Nava Castro, en aquel momento alcaldesa "había concedido esa y otras cuarenta licencias para la construcción de 1.500 viviendas, justo antes de que la Xunta de Galicia decretase la suspensión de las normas urbanísticas de Ponteareas". La administración autonómica recurrió judicialmente las 40 licencias concedidas que en la mayor parte de los casos, como en el del Eroski, fueron anuladas por los tribunales.
Según el portavoz del BNG "a pesar de que los juzgados anularon las licencias, tanto el Eroski como unos veinte edificios se llegaron a construir ilegalmente. El Eroski en menos de un año y antes de que el BNG accediera al gobierno de Ponteareas". Las obras de los edificios fueron paralizadas por los nacionalistas desde lo gobierno municipal durante once meses, "pero se reiniciaron en cuanto Solla y Nava Castro presentaron la moción de censura, apoyados polos promotores afectados por las sentencias", asegura literalmente Xosé Represas.
El portavoz del BNG acusó a los gobiernos conservadores de Ponteareas presididos por José Castro, Nava Castro y González Solla -bajo las siglas del PP o UCPA- de "practicar durante treinta años la corrupción urbanística con total impunidad.
* Faro de Vigo - 14.11.12
Foto: El hipermercado Eroski de Ponteareas, ubicado a la entrada de la localidad. // D.P.
20MINUTOS* : El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de "auténtica pantomima" el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, una norma que está "llena de criterios arbitrarios" y que "llega al extremo del cinismo".
Sánchez lamenta que el Gobierno "se dedica solo a salvar a los banqueros que han hundido el país", de forma que el Ejecutivo "no está teniendo absolutamente ninguna sensibilidad ante la tragedia social que vivimos en España con cientos de familias desahuciadas".
"Nos parece de la más absoluta crueldad la actitud del Gobierno, que ha aprobado un real decreto ley que es una auténtica pantomima para aparentar que va a hacer algo para salvar los desahucios, pero cuando leemos el detalle de su articulado, vemos como eso no va a ocurrir en absoluto, ya que está cargada de criterios arbitrarios", ha agregado.
Sánchez lamenta que "se llega al extremo del cinismo, cuando la norma plantea que ante una familia que está a punto de ser desahuciada, en determinados supuestos la solución que le da el Gobierno es que tengan otro hijo, porque el criterio que incorpora la norma es que si un niño tiene menos de tres años, la familia se puede salvar del desahucio si además reúne otros requisitos".
"Es una campaña por el fomento de la natalidad", ha agregado el portavoz de Facua, quien lamenta que el Gobierno "no hace nada para salvar a las personas pero sí salva a banqueros y no toma medidas ante las cláusulas abusivas de las entidades".
"Que paralicen los desahucios"
Por ello, considera que "lo primero que debiera hacer el Gobierno por decencia es hacer un llamamiento y decirle a los banqueros que paralicen los desahucios, pues nunca se los ha pedido".
Facua pide además que "fruto del diálogo social con fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas surja una norma que regule esta situación de forma correcta, pues la norma aprobada es una invitación a que los bancos sigan desahuciando".
"Se establecen condiciones muy difíciles de cumplir para evitar el desahucio", se lamenta el portavoz de Facua, quien pide "criterios objetivos para tasar las familias que no pueden ser desahuciadas, sería necesario cambiar el decreto ley por completo".
Facua además pide el establecimiento de moratorias en los pagos, que se establezcan procedimientos extrajudiciales para acordar la reestructuración de la deuda, además de mayor protección para los avalistas, reforma de las normativas aplicables a los desahucios, medidas contra la usura o procurar que las familias tengan derecho a un procedimiento concursal igual que lo tienen las empresas.
Amnistía Internacional: "Es insuficiente"
Amnistía Internacional (AI) considera "insuficientes" las medidas aprobadas el jueves por el Gobierno para paralizar los desahucios durante dos años y espera que éstas se solventen durante el trámite parlamentario.
En un comunicado, esta organización ha lamentado que el Gobierno haya excluido a las personas afectadas por los desahucios y a las organizaciones sociales del diseño de estas medidas, "contraviniendo las recomendaciones de Naciones Unidas".
"El Gobierno vuelve a desoír las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada", ha denunciado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
En este sentido, ha subrayado que el real decreto aprobado por el Ejecutivo no alude "ni una sola vez" al derecho a una vivienda adecuada, no propone ninguna reforma legislativa que garantice un recurso judicial efectivo para defenderse ante un desalojo, ni incluye la necesidad de hacer una evaluación del impacto de los desalojos en las personas.
La protección de los derechos humanos
Así, ha recordado que la normativa internacional prohíbe los desalojos sin garantías de protección de los derechos humanos y ha advertido de que nadie debe ser desalojado de su vivienda hasta que no se garantice que cuenta con recursos judiciales efectivos que le permitan proteger sus derechos.
También ha hecho hincapié en que ningún ciudadano "que no pueda contar por sus propios medios con una vivienda alternativa debe quedar en la calle".
Además, ha lamentado que el texto no exija al Gobierno la actualización del censo de viviendas vacías —que data del 2001—, sino que "únicamente" recomienda que promueva un fondo social de viviendas provenientes de las entidades de crédito, "sin un calendario claro ni una hoja de ruta definida".
Por esto, AI ha instado al poder judicial a que aplique las normas internacionales en relación con el derecho a la vivienda "desarrollando interpretaciones que aseguren la eficacia en su realización".
ELDÍA/Gran Canaria* : El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y hasta ahora portavoz de Nueva Canarias (NC) en el municipio, Ildefonso Jiménez, ha dimitido tras ser condenado en primera instancia a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público por el denominado "Caso Alisios".
El también edil en la oposición por NC en el consistorio teldense ha afirmado en una rueda de prensa, acompañado por una amplia representación de su partido en Telde y del secretario de Organización y consejero del Cabildo insular Carmelo Ramírez, que la decisión estaba tomada desde que se conoció la sentencia el pasado miércoles.
La decisión judicial, dictada por la magistrada del Tribunal de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Oliva, le condena por prevaricación urbanística y trato de favor al otorgar cédulas de habitabilidad con informes negativos a entre otros particulares el ex senador de Coalición Canaria (CC), José Mendoza.
Jiménez ha dicho que, en ese momento ya sabía que estaba "fuera de la vida política" y por eso ha tomado la decisión de dimitir de todos sus cargos políticos, entre ellos la portavocía de su partido en Telde y el acta de concejal, y volver al centro escolar de Jinámar en el que impartía clases.
Jiménez, quien acepta la condena pero no la comparte, ha dicho que es una "decisión irrevocable" independientemente de que el recurso que han presentado a la sentencia sea favorable.
Tras insistir en su inocencia, el ex concejal ha anunciado que abandona la vida pública, aunque "no echará de menos nada", porque, a su juicio, no se dan las condiciones necesarias para estar en ella.
LAVOZDEGALICIA* : El alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, está imputado en la operación Pokémon. El regidor deberá comparecer el próximo día 22 para prestar declaración porque la jueza Pilar de Lara trata de saber si ha incurrido en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en algún momento de los nueve años en los que estuvo en la corporación municipal, que él presidió, su compañero de partido y brazo derecho Francisco Fernández Liñares, eje de la trama. Este exedil es el único implicado de este caso que permanece encarcelado.
Desde la detención y encarcelamiento de Liñares comenzó a manejarse la posibilidad de que el nombre del alcalde de Lugo estuviese en una lista de cuarenta imputados elaborada por la jueza De Lara. El propio Orozco, en el mes de octubre, se presentó ante la jueza para decirle a esta que quería declarar en el marco de las diligencias de la operación Pokémon, sin embargo la magistrada no aceptó esa intervención anticipada por considerarla totalmente extemporánea.
Orozco tuvo que esperar hasta ayer, explicaron algunas fuentes, para conocer oficialmente su imputación. La citación fue para el día en que estaba anunciado el pleno para debatir el estado del municipio. Esa sesión tendrá que ser suspendida, porque todo apunta a que la declaración del regidor va a ser muy larga. Al parecer, son múltiples las cuestiones a las que tendrá que responder porque los frentes abiertos en el Concello de Lugo por parte del equipo de investigadores que trabaja para la jueza son numerosos.
La versión de Liñares
El hecho de que las diligencias se encuentren bajo secreto impide confirmar algunas versiones que apuntan a que Liñares en ningún momento de sus numerosas declaraciones lo responsabilizó de irregularidades ni de cobro de sobornos por adjudicaciones. Sin embargo Orozco va a tener que responder casi con toda seguridad a algunas adjudicaciones polémicas y en fase de investigación como son la ORA y el servicio de grúa municipal.
En la hoja de ruta de los investigadores también se encuentran los contratos de la publicidad en los autobuses urbanos, diversas obras efectuadas en calles de la ciudad, la tramitación de las retiradas de coches del depósito municipal, varios patrocinios de empresas relacionadas con la trama e incluso algunas oposiciones en las que estuvo Liñares y documentos hallados en la casa de este.
EUROPAPRESS/Sevilla* : La Fiscalía de Sevilla solicita 8 años de inhabilitación y el pago de una multa de 3.600 euros para el que fuera alcalde de Cantillana entre los años 1995 y 2011, José Eduardo Reina (PSOE), y para el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento entre los años 2008 y 2011 Antonio Maqueda Ruiz, por no denunciar más de 100 construcciones ilegales a pesar de los informes desfavorables emitidos por la arquitecta municipal.
En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público considera a ambos autores de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que pide un año de inhabilitación, y de un delito de prevaricación urbanística, por el que solicita otros siete años de inhabilitación y el pago de una multa de 3.600 euros.
Asimismo, el fiscal considera responsables del delito de omisión del deber de perseguir delitos a Enrique Barrera Jiménez, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cantillana entre 1995 y 2007, y a Manuel Naranjo Barrera, concejal del ramo entre junio de 2007 y marzo de 2008, para los cuales pide un año de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según sostiene el fiscal, los cuatro acusados "no han denunciado" a las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las más de 100 construcciones ilegales realizadas durante 2007 y 2008 en distintos parajes de la localidad.
Al hilo, pone de manifiesto que las zonas donde se construyeron estas casas ilegales están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección; zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereños de interés ambiental de El Viar, y áreas de conservación prioritaria, todo ello de conformidad a las normas subsidiarias municipales de Cantillana.
«Dejadez de funciones»
Los acusados, según el fiscal, "conocían las situaciones de ilegalidad" de las construcciones por los informes desfavorables emitidos por la arquitecta técnico municipal y por una reunión mantenida por la Guardia Civil, no obstante lo cual, "y en dejadez de sus funciones", sólo promovieron expedientes sancionadores o realizaron alguna intervención municipal en relación a 21 parcelas.
No obstante lo cual, los acusados "no comunicaron" la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales o a la Guardia Civil, lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en 40 parcelas, según el escrito de acusación consultado por Europa Press.
En relación al delito de prevaricación urbanística, el fiscal señala que, en junio de 2009, un particular solicitó licencia de obras para la realización de unos boxes en su parcela particular, existiendo un informe desfavorable de la arquitecta municipal, a pesar de lo cual la Junta Local presidida por el exalcalde y por el exconcejal de Urbanismo Antonio Maqueda Ruiz decidió otorgar dicha licencia el 26 de junio de 2009.
ElDIGITALDECANARIAS/TOÑO LINARES* : Allá por los años ochenta, la televisión alemana emitió un reportaje sobre el excesivo volumen de construcción en la construcción en las costas canarias. Emisión televisiva que generó un rechazo de las autoridades canarias alegando intromisión en la forma de planificar su desarrollo, lo que supuso el pistoletazo de salida de un modelo de desarrollismo que ha llegado hasta nuestros días, con las graves consecuencias que hoy estamos sufriendo.
A lo largo de todo nuestro litoral observamos una serie de edificaciones que atentan contra la estética del buen gusto e, insultan a cualquier sensibilidad medioambiental. Desplazando cualquier vestigio de nuestro estilo arquitectónico cultural de esta tierra. Las casitas blancas con puertas verdes, característica propia de una vida de cara al mar, que los residentes en Canarias han patentado como seña de identidad propia, recibida como legado de un trabajo impagable de nuestros antepasados.
La defensa de los pueblos marineros de Canarias ha quedado silenciada por un desarrollo, dirigido por un sistema especulativo, ocasionando el retroceso cultural y social de esta tierra única, en aras del progreso impuesto por unos pocos, conduciendo al conjunto de la población a ser dependientes de esos propulsores del sistema capitalista, hoy en plena crisis, arrastrando a la ciudadanía a ser el pagador de la avaricia de este modelo socio-económico.
En este sistema devorador existen personas que se oponen a ser presa del modelo impuesto, como es el caso de las treinta y una familia de ChoVito, un poblado marinero construido en la pos guerra civil. Un poblado creado para saciar la necesidad de varias personas, al poder vivir de cara al mar, en convivencia con los recursos naturales que el océano les facilitaba. Un poblado que lo han colocado en el punto de mira.
Con el pretexto de la aplicación de la Ley de costas, ChoVito lo han condenado a ser pasta de la maquinaria de demolición, por interpretar que invade el espacio marítimo terrestre, al igual que lo invade gran cantidad de urbanizaciones hoteleras, turísticas, chalet de lujo, de reciente creación a lo largo de todo la costa de Canarias.
Visitando al poblado de ChoVito, observamos como todo el litoral del municipio de Candelaria esta totalmente edificado, probablemente incumpliendo la ley de costas, quedando el reducto de la zona donde se ubica la central térmica, el núcleo poblacional de Bajo la cuesta y, el propio ChoVito. No es de extrañar a nadie que el interés de desmantelar la central térmica, nada tiene que ver con el acabar con un modelo energético obsoleto y contaminante, al igual que la demolición de los núcleos poblacionales anexos, tengan exclusivamente un objetivo de especulación urbanístico.
Una sorpresa indignante es lo piensa toda persona de bien que conozca la problemática de este poblado de Candelaria, al ser incomprensible que obras, con dificultades judiciales incluidas, como es el caso de la Teresitas, hoteles en Lanzarote y, otras urbanizaciones a lo largo de la costa, no les sea aplicada la ley de costa con la misma intensidad y contundencia que se ha hecho con ChoVito. Un acto diferencial que escenifica el trato de favor para beneficiar el desarrollismo urbanístico, que ha sepultado cualquier rastro de la idiosincrasia de las personas que han poblado este archipiélago y, que quieren seguir residiendo en él, acorde con el estilo de vida heredado de sus antepasados.
La carencia de inteligencia o, el afán desmesurado de aglutinar fortunas rápidas, están haciendo que reductos como ChoVito, sean conocidos por generaciones venideras por postales, o cuentos de abuelos a nietos, cuando perfectamente podría hacerse rutas turísticas por estos poblados, mostrando un estilo de vida, consiguiendo de esta forma un reparto de la riqueza, en lugar de ofertar a los visitantes más cemento y piche. Oferta de la que pretenden escapar cuando salen de vacaciones.
Los residentes en ChoVito no han perdido esta batalla y, pase lo que pase, nunca la perderán, porque sólo las batallas perdidas son aquellas que se abandonan y, estas personas de altísima dignidad, no sólo se han opuesto a la demolición de sus viviendas, sino que le han plantado cara, a todo el sistema que como traje a medida, pretende condenarlos a vivir en jaulas prefabricadas, sumándole a esta condena la sanción económica en forma de hipoteca, y la pérdida cultural que dejarían a generaciones venideras.
El destruir ChoVito, o cualquier poblado costero de característica similar, escudándose detrás de la aplicación de la ley de costas, es como pretender destruir el Teide porque todos tenemos derecho a recibir la señal de telecomunicación, y este emblemático volcán nos lo impide.
(*) Presidente del colectivo ecologista Tagoror Achinech
ELPAÍS* : Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordena que, antes del 15 de mayo de 2013, se derribe el complejo residencial de 13 edificios -–ilegales– en la costa de Ses Covetes, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc, en el municipio de Campos, Mallorca, muy cerca de la zona donde el Gobierno balear acaba de aprobar la construcción de un hotel gigante. El bloque, testimonio del desarrollismo residencial hasta la primera línea de costa, es desde 1995 un complejo fantasma, inacabado, repleto de pintadas que cada día en verano ven los miles de visitantes de los arenales."Es un caso como el de El Algarrobico”, observa Agustí Cerveró, abogado de los ecologistas y nacionalistas al celebrar el éxito jurídico y de respuesta civil a esta causa.
No ha sido fácil llegar hasta aquí. Antes de lograr esta sentencia se han emitido dos decenas de sentencias. Este último auto no es firme, pero sí ejecutivo. Ya en 2007 el Tribunal Superior balear ordenó –y reitera ahora– la demolición para “recuperar la legalidad urbanística perturbada” y que la costa recupere su condición natural. Los magistrados señalan al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, del PP, como órgano responsable de ejecutar la orden. El padre del regidor, llamado también Sebastià Sagreras, adquirió la promoción residencial cuando ya estaba bloqueada por los tribunales. Sobre el caso se han pronunciado también la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La expansión inmobiliaria de la franja no explotada de Ses Covetes y Es Trenc quedó vetada por las leyes baleares de protección de los años 80. El ámbito litoral quedó preservado por la Ley de Costas de 1988. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Campos, en 1992, otorgó una licencia –declarada nula por los tribunales– para levantar 68 apartamentos, un bar restaurante y una piscina en un supuesto solar urbano. La obra fue paralizada en 1995, con las viviendas a punto de venderse y ocuparse.
El complejo se alzó en zona de dominio público marítimo terrestre, en suelo que en realidad no era urbano y protegido por la Ley de Costas. Ni siquiera el proyecto de reforma de esta ley aprobado recientemente por el Gobierno, que indulta miles de edificios construidos en la playa, salva de la piqueta esa muralla inacabada de viviendas de lujo. En el entorno existen antiguas y pequeñas casas tradicionales de veraneo de mitad de principios del siglo XX.
Los ecologistas del GOB (Grup d’Ornitología Balear) y el grupo nacionalista del PSM han promovido la denuncia pública y la acusación del asunto para evitar "un desastre ilegal de gran impacto medioambiental", señaló el proteccionista Miquel Angel March al iniciar su combate de casi 20 años. "Estamos muy satisfechos, por su trascendencia y porque es una noticia muy buena en un momento muy oportuno", celebra la portavoz del GOB, Margalida Ramis. Para poder mantener la causa abierta han tenido que realizar varias colectas ciudadanas.
La empresa propietaria reclamó inicialmente 27 millones de indemnización, pero renunció a la posible reclamación al dejar que expirara el plazo ante el Ayuntamiento. Los negociantes que compraron la ruina y la empresa tras entrar en quiebra anunciaron que recurrirían a los tribunales europeos para terminar la obra y su consumar su negocio. La empresa promotora declaró en la licencia un presupuesto de 2,5 millones de euros.
* El País - ANDREU MANRESA - 15.11.12
Foto: Vista del complejo residencial de 13 edificios, en la costa de Ses Covetes, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc. / TOLO RAMON
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto las soluciones a los desahucios encima de la mesa hace tiempo. PP y PSOE las han ignorado.
Comunicado de la PAH.
MADRIDIARIO* : El Juzgado de Instrucción nº4 de Arganda del Rey ha procesado a la alcaldesa de Torres de la Alameda, Clara Torre Ruiz, al exregidor, Valentín Márquez Romero, y a la exconcejala de Urbanismo, Caridad de la Rosa Rodríguez, por un delito de prevaricación urbanística.
En un auto fechado el pasado 26 de octubre, el magistrado transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de la investigación. Por ello, da traslado a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral o el archivo de la causa en el caso de que lo consideren oportuno.
Según el auto, el presunto delito de prevaricación urbanística fue cometido por los concejales del PP y ACO que formaban el gobierno municipal en Torres de la Alameda, al consentir que se transformara, una nave agrícola/ganadera en un edificio residencial, todo ello en suelo rústico especialmente protegido y sin Licencia municipal de obras que amparase dicha transformación.
Los hechos se iniciaron en diciembre de 2008 cuando la Policía Local comunicó a la concejala de Urbanismo Caridad de la Rosa Rodríguez, que se habían iniciado unas obras ilegales en suelo rústico que carecían de licencia municipal.
El entonces alcalde Valentín Márquez Romero (A.C.O.), "supo de la reforma que se estaba llevando a cabo en la nave y en una vivienda contigua, carecían de la licencia municipal preceptiva, y a pesar de ello no hizo nada por restituir la legalidad".
En un comunicado, el grupo municipal socialista ha señalado que no solamente eran "estos dos altos cargos municipales los que conocían la ilegalidad urbanística que se estaba cometiendo, sino que el resto de los Concejales del Equipo de Gobierno del PP y ACO también lo sabían".
Apunta que "en los Plenos del Ayuntamiento de Torres de la Alameda celebrados en los días 26-03-09, 30-04-09, 28-05-09, 25-06-09, 30-07-09, 24-09-09 y 26-11-09, en el turno de Ruegos y Preguntas, el Grupo Municipal Socialista comunicó de forma reiterada, la realización de esas obras ilegales, instando al Equipo de Gobierno a que actuara para restablecer la legalidad en materia urbanística".
"A pesar de ello, todo el equipo de Gobierno municipal incluida la Alcaldesa Clara Torre Ruiz (PP) prefirió hacer oídos sordos a esas denuncias, optando por mantener una actitud pasiva, y dejar que el paso del tiempo consiguiera que esas obras ilegales forzara una futura legalización por hechos consumados", añade.
Sin embargo, la Fiscalía remitió la denuncia al Juzgado de Arganda, que tras realizar las oportunas diligencias previas ha dado inicio al procedimiento abreviado.
ELDÍA/Tenerife* : El Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Arona cita a 15 concejales y exconcejales del Ayuntamiento aronero para tomarles declaración, en calidad de imputados, en el marco de las diligencias previas abiertas en el conocido como caso Arona 2. El mismo se ciñe a la tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), en el que el magistrado Evaristo González entiende que pudo producirse un delito de prevaricación.
El juez cita a Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Jesús Ramón García Hernández, Antonio Miguel García Marichal (actual consejero de Innovación del Cabildo), Francisco Toledo, Manuel Reverón, Marta Melo, Clara María Pérez, Ángel David Herrera González, Dácil García Marcelino (todos formaron parte del gobierno municipal anterior con CC), Pedro Antonio Cabeza González (CAN-CCN), José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón González (también ediles del PP en el periodo 2007-2011) y Águeda Fumero (actual diputada nacional del PP y concejal en el mandato anterior).
En la misma providencia, el magistrado juez pide a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias que aporte la relación de asistentes a la reunión que tenía por objeto determinar si la documentación presentada por la Corporación aronera subsanaba las deficiencias detectadas en el planeamiento, una reunión que mantuvieron sus representantes, así como los del Ayuntamiento de Arona y redactores del Plan General.
Además, el juez también decidió citar a Manuela Melo, jefa de los Servicios Jurídicos del consistorio, en calidad de testigo. Cabe recordar que su informe advertía de que el PGO había sufrido alteraciones ajenas a las deficiencias detectadas.
Los concejales y exconcejales tendrán que declarar ante el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Arona los días 6 y 7 del próximo mes de febrero de 2013, mientras que la funcionaria lo hará el día 8 del mismo mes.
Cabe recordar que en este asunto también hay otros imputados, hasta configurar una lista de 25, entre los que se encuentran el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón; Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso Armas (todos de CC), Félix Sierra (PP), Manuel Barrios, Daniel Martín y José Luis González (CAN-CCN).
Cuestión de procedimiento
Mientras la actual diputada nacional (concejal del PP durante el mandato anterior en Arona), Águeda Fumero, optó por mantener silencio al respecto de esta citación, desde el actual gobierno municipal su portavoz, Antonio Luis Sosa Carballo (edil de Urbanismo de 2007 a 2011), también convocado por el juez en calidad de imputado, explicó que "se trata de algo que sabíamos que estaba ahí y lo que queremos ahora es que se clarifique cuanto antes esta situación a fin de que las cosas queden zanjadas de una vez por todas".
* El Día - 9.11.12
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - picasaweb.google.com
BAHÍADECÁDIZ* : El lunes día 12 se va a celebrar “por fin” en el Juzgado de lo Penal nº4 de Cádiz el juicio contra ex responsables del Ayuntamiento de El Puerto por la construcción ilegal de una urbanización en el pinar de Coig. En esta causa están procesados el exalcalde Hernán Díaz y el que fuera su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez.
El pinar de Coig es un bosque de alto valor ecológico protegido como Sistema General de Espacios Libres (SGEL) tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz, y que debería haberse expropiado y adecuado como parque público por el Ayuntamiento. “Pero a partir del año 2000 se inició una operación especulativa a gran escala procediéndose a la parcelación y urbanización del pinar, con el pleno consentimiento y apoyo de los máximos responsables municipales, que llegaron a autorizar la instalación de la red municipal de agua potable y la instalación de la red eléctrica en esta urbanización ilegal”, señalan desde Ecologistas en Acción.
En marzo de 2005, este colectivo conservacionista, ante la inacción del Consistorio a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, denunció estos hechos a la Fiscalía. “Por ello tuvimos que soportar la reacción violenta de algunos de los propietarios de esta urbanización ilegal que, instigados por Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez, nos amenazaron y agredieron en numerosas ocasiones, incluso se empapeló El Puerto con la foto de la casa de uno de los miembros de Ecologistas firmante de la denuncia, amenazando con quemarla”, se recuerda.
El fiscal pide dos años de prisión para Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez por un delito continuado de prevaricación urbanística. Ecologistas en Acción por su parte solicita para cada imputado las penas de tres años de cárcel, por el delito continuado de prevaricación urbanística, y la de dos años y multa de 24 meses a razón de 300 euros por día-multa, por el delito contra el medio ambiente. Este grupo, según señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, solicita también, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código Penal, “la obligación de ‘reparar los daños y perjuicios por ellos causados’, siendo éste el fin primordial de la responsabilidad civil derivada del delito medioambiental”. Ambas acusaciones solicitan asimismo inhabilitación de nueve años para cada uno de ellos.
Este caso destapó la trama de corrupción que se extendió en El Puerto bajo el Gobierno local de Independientes Portuenses (IP), liderados por Hernán Díaz, que contó en dos legislaturas con el apoyo PSOE. La mayoría de los partidos políticos han apoyado en estos años a los promotores y propietarios de esta urbanización ilegal, “llegando el pleno –con el voto de PP, PA, PSOE e IP- a pedir la legalización de esta urbanización ilegal y su oposición a los derribos”.
Ecologistas muestra su satisfacción al comprobar que un caso denunciado hace más de siete años llegue a término, al comprobarse la veracidad de la misma, “que hemos mantenido a pesar de las enorme presiones que hemos sufrido por denunciar unos hechos delictivos”. Y advierte de que seguirá defendiendo que se proceda a la demolición de la totalidad de esta urbanización ilegal y se restaure el pinar de Coig para parque público, según prescribe el PGOU y el POT de la Bahía de Cádiz.
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), conocía las deficiencias de seguridad del pabellón Madrid Arena desde 2010, pero no las subsanó. Además, en mayo de este año encargó un informe sobre este y otros edificios municipales, lo que revela su desconfianza. Cuando estuvo listo, el 19 de octubre, arregló —según Botella— lo referido al Madrid Arena, pero sin subsanar los fallos de seguridad detectados por la concejalía de Urbanismo en 2010. Mantuvo en cambio abiertos el resto de recintos, pese a hallar deficiencias, y solo decidió cerrar dos de ellos una semana después de la tragedia.
Respecto a lo que sucedió el 31 de octubre —cuatro jóvenes murieron en una avalancha durante un concierto—, el Ayuntamiento no aclara quién vigilaba el control de acceso. Y, pese a que la alcaldesa se comprometió el pasado jueves a facilitar los informes de seguridad, ahora se niega en redondo a dar esa o cualquier otra información sobre la tragedia.
¿Son seguros los edificios municipales? El Ayuntamiento conocía desde marzo de 2010 que el Madrid Arena adolecía de graves fallos de seguridad, según un informe oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Tanto es así que, cuando pidió licencia de funcionamiento para poder privatizarlo, sus propios técnicos se la denegaron. Siguió operando sin licencia, lo que según el Ayuntamiento es legal. Y siguió operando sin subsanar las deficiencias: entre otras, que los recorridos de evacuación de la pista eran insuficientes.
En mayo de 2012, el concejal de Economía, Pedro Calvo, responsable de Madrid Espacios y Congresos, encargó un informe para evaluar las medidas de seguridad de las instalaciones de esta empresa municipal, entre ellas el pabellón. El Ayuntamiento dice que lo recibió el 19 de octubre, y que antes de la noche del 31 ya había subsanado las referidas al Madrid Arena. Sin embargo, solo realizó, según fuentes municipales, modificaciones leves, y en ningún momento arregló las deficiencias detectadas en 2010. No informa si antes de las reparaciones tuvo lugar algún evento.
En otras dos instalaciones, el Palacio Municipal de Congresos y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, no subsanó los fallos detectados. Sin embargo, siguieron abiertos hasta que el pasado jueves, una semana después de la tragedia, la alcaldesa, Ana Botella (PP), decidió clausurarlos temporalmente. En el Palacio de Congresos, por ejemplo, Les Luthiers actuó hasta el día 21 de octubre.
¿De quién dependía la seguridad? La empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, contó con 75 porteros de discoteca de la empresa Kontrol 34, a los que, según afirma ésta, Diviertt contrató directamente. Ellos eran los responsables de distribuir, a ojo, el número de personas por planta, para que no superara el aforo marcado por el Ayuntamiento: 3.680 asistentes en pista, 3.920 en el nivel intermedio y 3.000 en el superior. Para esa labor debía haber, dentro del pabellón, al menos 63 porteros, según el plan de seguridad del Ayuntamiento. Otros seis debían estar en el control de acceso (para pedir la entrada y comprobar la edad), y seis más en el segundo control, justo a continuación, para evitar que se colaran navajas, etcétera.
Diviertt contrató además a 38 guardas de Seguriber, la empresa que vigila habitualmente el recinto, la que elaboró el plan de seguridad esa noche y con la que el Ayuntamiento le obligó a contratar. En el interior del pabellón solo había uno, en la sala de cámaras. El resto patrullaba las puertas y el área que rodea el pabellón, una vez cruzado el control de acceso. Debían evitar altercados y participar en el segundo control, requisando navajas u objetos que consideraran peligrosos. Según el contrato, el Ayuntamiento debía ser informado de cualquier empresa no homologada que trabajara esa noche en el recinto.
¿Quién controlaba el acceso? El Ayuntamiento explica que los organizadores le dijeron que habían contratado a la empresa Dato, pero, al contrario de lo que ocurre con controladores y vigilantes, no es capaz de decir cuánto personal hubo en los tornos de entrada durante la noche y, sobre todo, en el momento de la avalancha. El atestado policial dice que el aforo estaba “sobradamente sobrepasado”, aunque sin concretar, y que “un número indeterminado pero muy importante de personas” se saltaron los controles de madrugada.
¿Y la Policía Municipal? Desplegó a 14 agentes y dos mandos para establecer un cordón de seguridad de 50 metros alrededor de los tornos. Su función era distribuir el tráfico y evitar altercados. Según el Ayuntamiento, no debía intervenir en el control de accesos si no mediaba denuncia de la organización (por ejemplo, por avalancha). Fuentes municipales añaden que no la hubo. Los agentes no evitaron, como era su responsabilidad, que cientos de jóvenes hicieran botellón en la zona porque “no era prioritario”; se creyó suficiente con su mera presencia disuasoria.
¿Sabía el Ayuntamiento que se iba a superar el aforo? El contrato firmado el 24 de octubre contemplaba que el evento tuviera menos o más de 5.000 asistentes. En el primer caso, los organizadores pagarían por el alquiler 12.000 euros; en el segundo, 20.000. A fecha de contrato, Diviertt abonó el 50% de la cantidad más conservadora, es decir, 6.000 euros. Dos días después, el día 26, dijo al Ayuntamiento que esperaba de 4.000 a 6.000 personas. El Ayuntamiento elevó esa cifra a 7.000 (por precaución, dice) y se la trasladó a la Delegación del Gobierno.
En los siguientes días se vendieron presumiblemente más entradas, hasta llegar al menos a las 9.650 comunicadas el día después de la tragedia por la organización. El aforo máximo del recinto era de 10.700 personas.
MÁSPÚBLICO* : Hace no muchos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se hacía acompañar de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. Juntos formaban una pareja inseparable, iban de inauguración en inauguración, de promesa en promesa. Vivían instalados en la cresta de la burbuja inmobiliaria, y desde allí soñaban con una Valencia olímpica, donde la gente se pegaría por venir.
Nosotros teníamos suerte, éramos valencianos y estábamos en el que iba a ser el nuevo centro del mundo. Hasta en la Quinta Avenida se oía hablar de Valencia, como recordaba con nostalgia una mujer mayor, militante del PP, en la cola del juicio por cohecho al entonces presidente. En mitad de ese delirio una frase se repetía discurso tras discurso, “colocar a Valencia en el mapa”. Una frase cuyos ecos aún resuenan en una ciudad que lucha por no fallecer.
Pues bien, ahora, años después, ha llegado ya la resaca. Las farmacias comienzan a reportar falta de suministro, no pueden anticipar el pago de los medicamentos más caros; los desahucios se repiten día tras día; la televisión pública está en vías de ser desmantelada; los centros de atención a personas con discapacidad se encuentran al borde de la asfixia; la corrupción aflora en forma de depuradora o ayuda al Tercer Mundo. Pero ahora, con este panorama, el sueño ya se ha realizado: Valencia está en el mapa internacional.
Hace unos meses fue la BBC, y este sábado será Al Jazeera. Y junto a ellos, France -2, la TV danesa y medios escritos alemanes como el Frankfurter Allegemeine o el Süddeutsche Zeitung. Todos ellos se han hecho ya eco, o se harán las próximas semanas, de la ruta del despilfarro en el País Valenciano.
Se trata de una iniciativa del colectivo periodístico “Xarxa Urbana” que consiste en enseñar el nivel de corrupción política, derroche y mala gestión del dinero público en la ciudad. Durante el recorrido, que se realizará este sábado, habrá testimonios de numerosos colectivos sociales y vecinales que expondrán sus respectivas denuncias. Se calcula que una potencial audiencia de 120 millones de personas habrán podido conocer la otra cara de Valencia, una audiencia soñada en la época de la America´s Cup, la visita del Papa o la Fórmula Uno urbana.
De las Corts Valencianes a un barracón escolar
El itinerario se iniciará en les Corts Valencianes, lugar de donde emana el poder del Partido Popular, con su mayoría absoluta. De allí, los visitantes se dirigirán a un barracón escolar, uno de los muchos donde estudian algunos de los 30.000 alumnos que lo hacen en todo el País Valenciano.
Y el recorrido continuará, por el templo dedicado a los mártires de “la cruzada nacional”, por la vacía America´s Cup, por el degradado y abandonado barrio de El Cabanyal, pasará cerca de la depurada de EMARSA y su agujero de 50 millones de euros, la faraónica Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este peculiar viaje también servirá para ver de cerca el solar donde hace años se debería instalar la inexistente nueva Escuela Oficial de Idiomas y compararlo frente a la impactante e infrautilizada Nueva Fe, o el proyecto de estadio inacabado del Valencia Club de Fútbol, reflejo de unas ruinas y de una época.
Este recorrido se une a otras propuestas del colectivo Xarxa Urbana, como la Ruta del Recorte, la Ruta del Abandono o la Ruta de los Recortes Educativos. Toda una serie de itinerarios que descubren a los visitantes, y a los autóctonos, una Valencia oculta, aquella que no sale en los informativos, pero que sus habitantes tienen que vivir día a día.
LAPROVINCIA/Lanzarote* : La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al exalcalde de Teguise y actual diputado regional de CC, Juan Pedro Hernández, a 1.500 euros de multa y a la inhabilitación para el cargo de alcalde y concejal durante un periodo de 25 meses y quince días por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística por dar la licencia de obras para dos viviendas en contra de los informes municipales.
Hernández, que fue alcalde entre los años 1991 y 2007 y posteriormente entre el 2009 y 2011, concedió la primera de las licencias en septiembre de 1999 para la construcción de una segunda casa en una vivienda afectada por el Bien de Interés Cultural de la Fundación César Manrique en Tahíche, mientras que la otra licencia fue para la construcción de una vivienda unifamiliar en el pueblo de Muñique.
Según el TSJC el acusado en su condición de alcalde de Teguise otorgó las dos licencias que le habían sido solicitadas a pesar de haber sido informado desfavorablemente dicho otorgamiento por los técnicos municipales, "quienes, además, solicitaban en su informe un estudio técnico jurídico para saber si se podían conceder las licencias, sin que por parte del acusado se requirieran aquellos informes jurídicos previos del Servicio Jurídico del Ayuntamiento o del Secretario de la Corporación".
El TSJC tampoco exculpa a Hernández de este delito a pesar de que las Normas Subsidiarias de Teguise obtuvieran la aprobación definitiva del Gobierno de Canarias en el año 2001, y que con tal aprobación quedaran calificados como urbanos los suelos donde se llevaron a efecto las edificaciones para las que el acusado había otorgado las licencias de obra, "porque, en cualquier caso, cuando se otorgaron las licencias tales Normas de planeamiento eran un mero proyecto, sin capacidad alguna para clasificar suelo urbano, y, por tanto, la actuación desarrollada por el acusado se efectuó contraviniendo la normativa urbanística vigente". El Tribunal insiste en que el alcalde era conocedor de la ilegalidad de su conducta.
FARODEVIGO* : Los ayuntamientos carecen de medios y fondos suficientes para regular y controlar por sí solos el urbanismo dentro de su término municipal. Es un hecho asumido desde hace tiempo por los concellos y la propia Xunta, que en los últimos años ha respondido con cierta permisividad ante los reiterados incumplimientos de los ejecutivos locales. Pero la disciplina municipal del vai facendo se ha acabado. Al menos en los ayuntamientos gallegos que han dejado en manos de la Xunta la lucha contra el feísmo y el desorden urbanístico. Desde la puesta en marcha en 2008 de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, un total de 57 municipios gallegos -el mayor, el de Ponteareas, con poco más de 22.000 habitantes- se adhirieron a la entidad para que sea el Gobierno autonómico el que tramite las multas y dicte las órdenes de derribo sobre cientos de edificaciones ilegales levantadas en su territorio durante las últimas décadas.
Los hay sin planeamiento urbanístico, con normas subsidiarias, pero también con PXOM; bajo alcaldías del PSdeG, PP y BNG; de menos de mil habitantes y de poco más de 20.000. Pero todos tiene dos puntos en común: sus escasos recursos para impulsar inspecciones urbanísticas y las dificultades para restaurar la legalidad en su concello por tratarse de una administración cercana a los posibles infractores.
Con esta cesión de competencias en materia sancionadora a la Xunta (17 concellos de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 21 de Ourense y 11 de Pontevedra), los ayuntamientos se olvidan del complejo y farragoso papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. A cambio de esta gestión en materia de urbanismo, los ayuntamientos ceden a las arcas autonómicas el 50% de la recaudación de las multas tramitadas por la APLU, que van desde los 300 euros por la ejecución de una obra sin licencia hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo por las infracciones muy graves o reiteradas. A lo largo de este año, tan solo dos concellos cedieron su competencias en materia de gestión urbanística a la APLU: Fene (A Coruña) y Nogueira de Ramuín (Ourense).
En los más de cuatro años de funcionamiento de la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística derribó más de 200 obras ilegales. En sus primeros cinco meses de operatividad, la entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente tumbó cinco edificaciones. En 2009, la cifra de demoliciones se elevó a 37, al año siguiente a 38 y 2011 sumó 72 demoliciones, un 94% más que en 2010, cuando fueron 38. Por provincias, 28 de los derribos fueron en A Coruña, otros 23 en Pontevedra, 12 más en Lugo y 9 en Ourense.
En cuanto a los expedientes de reposición incoados, el número total ascendió el pasado año a 237, de los que 83 fueron en Pontevedra, 56 en concellos coruñeses, 55 en Lugo y 43 en Ourense. Las multas por no cumplir las resoluciones dictadas por los técnicos de la APLU superaron las 400. A lo largo de este año, las excavadoras tumbaron en la comunidad otras 57 obras levantadas de manera irregular.
