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Huelga General 14-N
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Arona.- El juez imputa por prevaricación a una quincena de concejales y exediles
El juez cita a Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Jesús Ramón García Hernández, Antonio Miguel García Marichal (actual consejero de Innovación del Cabildo), Francisco Toledo, Manuel Reverón, Marta Melo, Clara María Pérez, Ángel David Herrera González, Dácil García Marcelino (todos formaron parte del gobierno municipal anterior con CC), Pedro Antonio Cabeza González (CAN-CCN), José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón González (también ediles del PP en el periodo 2007-2011) y Águeda Fumero (actual diputada nacional del PP y concejal en el mandato anterior).
En la misma providencia, el magistrado juez pide a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias que aporte la relación de asistentes a la reunión que tenía por objeto determinar si la documentación presentada por la Corporación aronera subsanaba las deficiencias detectadas en el planeamiento, una reunión que mantuvieron sus representantes, así como los del Ayuntamiento de Arona y redactores del Plan General.
Además, el juez también decidió citar a Manuela Melo, jefa de los Servicios Jurídicos del consistorio, en calidad de testigo. Cabe recordar que su informe advertía de que el PGO había sufrido alteraciones ajenas a las deficiencias detectadas.
Los concejales y exconcejales tendrán que declarar ante el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Arona los días 6 y 7 del próximo mes de febrero de 2013, mientras que la funcionaria lo hará el día 8 del mismo mes.
Cabe recordar que en este asunto también hay otros imputados, hasta configurar una lista de 25, entre los que se encuentran el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón; Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso Armas (todos de CC), Félix Sierra (PP), Manuel Barrios, Daniel Martín y José Luis González (CAN-CCN).
Cuestión de procedimiento
Mientras la actual diputada nacional (concejal del PP durante el mandato anterior en Arona), Águeda Fumero, optó por mantener silencio al respecto de esta citación, desde el actual gobierno municipal su portavoz, Antonio Luis Sosa Carballo (edil de Urbanismo de 2007 a 2011), también convocado por el juez en calidad de imputado, explicó que "se trata de algo que sabíamos que estaba ahí y lo que queremos ahora es que se clarifique cuanto antes esta situación a fin de que las cosas queden zanjadas de una vez por todas".
* El Día - 9.11.12
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - picasaweb.google.com
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El Puerto.- Siete años después por fin se celebra el juicio por la urbanización ilegal del pinar de Coig
El pinar de Coig es un bosque de alto valor ecológico protegido como Sistema General de Espacios Libres (SGEL) tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz, y que debería haberse expropiado y adecuado como parque público por el Ayuntamiento. “Pero a partir del año 2000 se inició una operación especulativa a gran escala procediéndose a la parcelación y urbanización del pinar, con el pleno consentimiento y apoyo de los máximos responsables municipales, que llegaron a autorizar la instalación de la red municipal de agua potable y la instalación de la red eléctrica en esta urbanización ilegal”, señalan desde Ecologistas en Acción.
En marzo de 2005, este colectivo conservacionista, ante la inacción del Consistorio a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, denunció estos hechos a la Fiscalía. “Por ello tuvimos que soportar la reacción violenta de algunos de los propietarios de esta urbanización ilegal que, instigados por Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez, nos amenazaron y agredieron en numerosas ocasiones, incluso se empapeló El Puerto con la foto de la casa de uno de los miembros de Ecologistas firmante de la denuncia, amenazando con quemarla”, se recuerda.
El fiscal pide dos años de prisión para Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez por un delito continuado de prevaricación urbanística. Ecologistas en Acción por su parte solicita para cada imputado las penas de tres años de cárcel, por el delito continuado de prevaricación urbanística, y la de dos años y multa de 24 meses a razón de 300 euros por día-multa, por el delito contra el medio ambiente. Este grupo, según señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, solicita también, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código Penal, “la obligación de ‘reparar los daños y perjuicios por ellos causados’, siendo éste el fin primordial de la responsabilidad civil derivada del delito medioambiental”. Ambas acusaciones solicitan asimismo inhabilitación de nueve años para cada uno de ellos.
Este caso destapó la trama de corrupción que se extendió en El Puerto bajo el Gobierno local de Independientes Portuenses (IP), liderados por Hernán Díaz, que contó en dos legislaturas con el apoyo PSOE. La mayoría de los partidos políticos han apoyado en estos años a los promotores y propietarios de esta urbanización ilegal, “llegando el pleno –con el voto de PP, PA, PSOE e IP- a pedir la legalización de esta urbanización ilegal y su oposición a los derribos”.
Ecologistas muestra su satisfacción al comprobar que un caso denunciado hace más de siete años llegue a término, al comprobarse la veracidad de la misma, “que hemos mantenido a pesar de las enorme presiones que hemos sufrido por denunciar unos hechos delictivos”. Y advierte de que seguirá defendiendo que se proceda a la demolición de la totalidad de esta urbanización ilegal y se restaure el pinar de Coig para parque público, según prescribe el PGOU y el POT de la Bahía de Cádiz.
* Diario Bahía de Cádiz - 11.11.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales del Pinar de Coig - diariodecadiz.com
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Madrid mantuvo eventos pese a saber los fallos de seguridad en sus recintos
Respecto a lo que sucedió el 31 de octubre —cuatro jóvenes murieron en una avalancha durante un concierto—, el Ayuntamiento no aclara quién vigilaba el control de acceso. Y, pese a que la alcaldesa se comprometió el pasado jueves a facilitar los informes de seguridad, ahora se niega en redondo a dar esa o cualquier otra información sobre la tragedia.
¿Son seguros los edificios municipales? El Ayuntamiento conocía desde marzo de 2010 que el Madrid Arena adolecía de graves fallos de seguridad, según un informe oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Tanto es así que, cuando pidió licencia de funcionamiento para poder privatizarlo, sus propios técnicos se la denegaron. Siguió operando sin licencia, lo que según el Ayuntamiento es legal. Y siguió operando sin subsanar las deficiencias: entre otras, que los recorridos de evacuación de la pista eran insuficientes.
En mayo de 2012, el concejal de Economía, Pedro Calvo, responsable de Madrid Espacios y Congresos, encargó un informe para evaluar las medidas de seguridad de las instalaciones de esta empresa municipal, entre ellas el pabellón. El Ayuntamiento dice que lo recibió el 19 de octubre, y que antes de la noche del 31 ya había subsanado las referidas al Madrid Arena. Sin embargo, solo realizó, según fuentes municipales, modificaciones leves, y en ningún momento arregló las deficiencias detectadas en 2010. No informa si antes de las reparaciones tuvo lugar algún evento.
En otras dos instalaciones, el Palacio Municipal de Congresos y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, no subsanó los fallos detectados. Sin embargo, siguieron abiertos hasta que el pasado jueves, una semana después de la tragedia, la alcaldesa, Ana Botella (PP), decidió clausurarlos temporalmente. En el Palacio de Congresos, por ejemplo, Les Luthiers actuó hasta el día 21 de octubre.
¿De quién dependía la seguridad? La empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, contó con 75 porteros de discoteca de la empresa Kontrol 34, a los que, según afirma ésta, Diviertt contrató directamente. Ellos eran los responsables de distribuir, a ojo, el número de personas por planta, para que no superara el aforo marcado por el Ayuntamiento: 3.680 asistentes en pista, 3.920 en el nivel intermedio y 3.000 en el superior. Para esa labor debía haber, dentro del pabellón, al menos 63 porteros, según el plan de seguridad del Ayuntamiento. Otros seis debían estar en el control de acceso (para pedir la entrada y comprobar la edad), y seis más en el segundo control, justo a continuación, para evitar que se colaran navajas, etcétera.
Diviertt contrató además a 38 guardas de Seguriber, la empresa que vigila habitualmente el recinto, la que elaboró el plan de seguridad esa noche y con la que el Ayuntamiento le obligó a contratar. En el interior del pabellón solo había uno, en la sala de cámaras. El resto patrullaba las puertas y el área que rodea el pabellón, una vez cruzado el control de acceso. Debían evitar altercados y participar en el segundo control, requisando navajas u objetos que consideraran peligrosos. Según el contrato, el Ayuntamiento debía ser informado de cualquier empresa no homologada que trabajara esa noche en el recinto.
¿Quién controlaba el acceso? El Ayuntamiento explica que los organizadores le dijeron que habían contratado a la empresa Dato, pero, al contrario de lo que ocurre con controladores y vigilantes, no es capaz de decir cuánto personal hubo en los tornos de entrada durante la noche y, sobre todo, en el momento de la avalancha. El atestado policial dice que el aforo estaba “sobradamente sobrepasado”, aunque sin concretar, y que “un número indeterminado pero muy importante de personas” se saltaron los controles de madrugada.
¿Y la Policía Municipal? Desplegó a 14 agentes y dos mandos para establecer un cordón de seguridad de 50 metros alrededor de los tornos. Su función era distribuir el tráfico y evitar altercados. Según el Ayuntamiento, no debía intervenir en el control de accesos si no mediaba denuncia de la organización (por ejemplo, por avalancha). Fuentes municipales añaden que no la hubo. Los agentes no evitaron, como era su responsabilidad, que cientos de jóvenes hicieran botellón en la zona porque “no era prioritario”; se creyó suficiente con su mera presencia disuasoria.
¿Sabía el Ayuntamiento que se iba a superar el aforo? El contrato firmado el 24 de octubre contemplaba que el evento tuviera menos o más de 5.000 asistentes. En el primer caso, los organizadores pagarían por el alquiler 12.000 euros; en el segundo, 20.000. A fecha de contrato, Diviertt abonó el 50% de la cantidad más conservadora, es decir, 6.000 euros. Dos días después, el día 26, dijo al Ayuntamiento que esperaba de 4.000 a 6.000 personas. El Ayuntamiento elevó esa cifra a 7.000 (por precaución, dice) y se la trasladó a la Delegación del Gobierno.
En los siguientes días se vendieron presumiblemente más entradas, hasta llegar al menos a las 9.650 comunicadas el día después de la tragedia por la organización. El aforo máximo del recinto era de 10.700 personas.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 9 NOV 2012
Foto: Madrid Arena - elpais
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La prensa internacional participa en la “Ruta del despilfarro” de Valencia
Nosotros teníamos suerte, éramos valencianos y estábamos en el que iba a ser el nuevo centro del mundo. Hasta en la Quinta Avenida se oía hablar de Valencia, como recordaba con nostalgia una mujer mayor, militante del PP, en la cola del juicio por cohecho al entonces presidente. En mitad de ese delirio una frase se repetía discurso tras discurso, “colocar a Valencia en el mapa”. Una frase cuyos ecos aún resuenan en una ciudad que lucha por no fallecer.
Pues bien, ahora, años después, ha llegado ya la resaca. Las farmacias comienzan a reportar falta de suministro, no pueden anticipar el pago de los medicamentos más caros; los desahucios se repiten día tras día; la televisión pública está en vías de ser desmantelada; los centros de atención a personas con discapacidad se encuentran al borde de la asfixia; la corrupción aflora en forma de depuradora o ayuda al Tercer Mundo. Pero ahora, con este panorama, el sueño ya se ha realizado: Valencia está en el mapa internacional.
Hace unos meses fue la BBC, y este sábado será Al Jazeera. Y junto a ellos, France -2, la TV danesa y medios escritos alemanes como el Frankfurter Allegemeine o el Süddeutsche Zeitung. Todos ellos se han hecho ya eco, o se harán las próximas semanas, de la ruta del despilfarro en el País Valenciano.
Se trata de una iniciativa del colectivo periodístico “Xarxa Urbana” que consiste en enseñar el nivel de corrupción política, derroche y mala gestión del dinero público en la ciudad. Durante el recorrido, que se realizará este sábado, habrá testimonios de numerosos colectivos sociales y vecinales que expondrán sus respectivas denuncias. Se calcula que una potencial audiencia de 120 millones de personas habrán podido conocer la otra cara de Valencia, una audiencia soñada en la época de la America´s Cup, la visita del Papa o la Fórmula Uno urbana.
De las Corts Valencianes a un barracón escolar
El itinerario se iniciará en les Corts Valencianes, lugar de donde emana el poder del Partido Popular, con su mayoría absoluta. De allí, los visitantes se dirigirán a un barracón escolar, uno de los muchos donde estudian algunos de los 30.000 alumnos que lo hacen en todo el País Valenciano.
Y el recorrido continuará, por el templo dedicado a los mártires de “la cruzada nacional”, por la vacía America´s Cup, por el degradado y abandonado barrio de El Cabanyal, pasará cerca de la depurada de EMARSA y su agujero de 50 millones de euros, la faraónica Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este peculiar viaje también servirá para ver de cerca el solar donde hace años se debería instalar la inexistente nueva Escuela Oficial de Idiomas y compararlo frente a la impactante e infrautilizada Nueva Fe, o el proyecto de estadio inacabado del Valencia Club de Fútbol, reflejo de unas ruinas y de una época.
Este recorrido se une a otras propuestas del colectivo Xarxa Urbana, como la Ruta del Recorte, la Ruta del Abandono o la Ruta de los Recortes Educativos. Toda una serie de itinerarios que descubren a los visitantes, y a los autóctonos, una Valencia oculta, aquella que no sale en los informativos, pero que sus habitantes tienen que vivir día a día.
* Más Público - TONI MARTÍNEZ | 10/11/2012
Foto: Una acción del colectivo Ruta despilfarro
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El TSJC condena al exalcalde de Teguise por prevaricación urbanística
Hernández, que fue alcalde entre los años 1991 y 2007 y posteriormente entre el 2009 y 2011, concedió la primera de las licencias en septiembre de 1999 para la construcción de una segunda casa en una vivienda afectada por el Bien de Interés Cultural de la Fundación César Manrique en Tahíche, mientras que la otra licencia fue para la construcción de una vivienda unifamiliar en el pueblo de Muñique.
Según el TSJC el acusado en su condición de alcalde de Teguise otorgó las dos licencias que le habían sido solicitadas a pesar de haber sido informado desfavorablemente dicho otorgamiento por los técnicos municipales, "quienes, además, solicitaban en su informe un estudio técnico jurídico para saber si se podían conceder las licencias, sin que por parte del acusado se requirieran aquellos informes jurídicos previos del Servicio Jurídico del Ayuntamiento o del Secretario de la Corporación".
El TSJC tampoco exculpa a Hernández de este delito a pesar de que las Normas Subsidiarias de Teguise obtuvieran la aprobación definitiva del Gobierno de Canarias en el año 2001, y que con tal aprobación quedaran calificados como urbanos los suelos donde se llevaron a efecto las edificaciones para las que el acusado había otorgado las licencias de obra, "porque, en cualquier caso, cuando se otorgaron las licencias tales Normas de planeamiento eran un mero proyecto, sin capacidad alguna para clasificar suelo urbano, y, por tanto, la actuación desarrollada por el acusado se efectuó contraviniendo la normativa urbanística vigente". El Tribunal insiste en que el alcalde era conocedor de la ilegalidad de su conducta.
* La Provincia - D. RIVERO - 9.11.12 Foto: Teguise, costa (Lanzarote) - lavozdelanzarote.com
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Más de medio centenar de municipios cedieron la gestión urbanística a la Xunta
Los hay sin planeamiento urbanístico, con normas subsidiarias, pero también con PXOM; bajo alcaldías del PSdeG, PP y BNG; de menos de mil habitantes y de poco más de 20.000. Pero todos tiene dos puntos en común: sus escasos recursos para impulsar inspecciones urbanísticas y las dificultades para restaurar la legalidad en su concello por tratarse de una administración cercana a los posibles infractores.
Con esta cesión de competencias en materia sancionadora a la Xunta (17 concellos de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 21 de Ourense y 11 de Pontevedra), los ayuntamientos se olvidan del complejo y farragoso papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. A cambio de esta gestión en materia de urbanismo, los ayuntamientos ceden a las arcas autonómicas el 50% de la recaudación de las multas tramitadas por la APLU, que van desde los 300 euros por la ejecución de una obra sin licencia hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo por las infracciones muy graves o reiteradas. A lo largo de este año, tan solo dos concellos cedieron su competencias en materia de gestión urbanística a la APLU: Fene (A Coruña) y Nogueira de Ramuín (Ourense).
En los más de cuatro años de funcionamiento de la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística derribó más de 200 obras ilegales. En sus primeros cinco meses de operatividad, la entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente tumbó cinco edificaciones. En 2009, la cifra de demoliciones se elevó a 37, al año siguiente a 38 y 2011 sumó 72 demoliciones, un 94% más que en 2010, cuando fueron 38. Por provincias, 28 de los derribos fueron en A Coruña, otros 23 en Pontevedra, 12 más en Lugo y 9 en Ourense.
En cuanto a los expedientes de reposición incoados, el número total ascendió el pasado año a 237, de los que 83 fueron en Pontevedra, 56 en concellos coruñeses, 55 en Lugo y 43 en Ourense. Las multas por no cumplir las resoluciones dictadas por los técnicos de la APLU superaron las 400. A lo largo de este año, las excavadoras tumbaron en la comunidad otras 57 obras levantadas de manera irregular.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 11.11.12
Foto: Vivienda sin licencia derribada en San Cibrao (Ourense). // Iñaki Osorio
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Telde.- Anticorrupción solicita cárcel para el diputado Rodríguez por el ´caso Europa´
En el procedimiento también se encuentran imputados el jefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena; el exresponsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, el exgerente de la empresa municipal Urvitel, José Luis Saavedra, el administrador único del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, el exdirector de la inmobiliaria en Canarias, Francisco Benítez Cambreleng, y también la esposa de Saavedra, Verónica García.
El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, Luis del Río, solicita para todos ellos penas de prisión que van desde el año y tres meses al que se enfrenta Cambreleng, denunciante de la trama, hasta ocho años para Mena. Asimismo, las multas ascienden hasta casi los dos millones de euros.
Según el escrito de acusación, Antón Marín, como administrador único del Grupo Europa S.A., inició una serie de movimientos con el "objetivo de conseguir una gran cantidad de las viviendas de protección oficial" y para poder obtenerlas "decide recurrir al pago de comisiones a quien sea necesario".
En este sentido, el Ministerio Público asegura en el escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el empresario "pagó a diversos responsables políticos y técnicos pertenecientes al ayuntamiento de Telde" cantidades que ascienden a "240.000 euros".
La persona con la que entró en contacto Antón Marín para llevar a cabo sus planes fue con el parlamentario popular, Rodríguez Pérez "con quien acordó que, a cambio de ciertas cantidades de dinero, influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por el partido al que pertenece para que contratase con el Grupo Europa", se asegura en la acusación.
De esta manera, llegó a cobrar "64.010,06 euros" entre los años 2003 y 2005 en una serie de actuaciones que fueron "determinantes" para que Antón Marín "consiguiese obtener la adjudicación del concurso para la gestión de la construcción de viviendas de protección oficial así como para que se tramitarán diversos expedientes en el Ayuntamiento que eran necesarios para que al final se pudiesen construir esas viviendas", resume del Río en su escrito de acusación.
Con este fin, Rodríguez Pérez introdujo a Torres en el círculo de Antón Marín ya que ella "era la persona clave al acumular entre sus funciones los cargos de consejera delegada y vicepresidenta de la empresa municipal Urvitel y la concejala de Obras, Viviendas, Contratación y Solidaridad del Ayuntamiento".
En este punto, del Río desgrana en el escrito la supuesta actuación delictiva y cobro de comisiones por cada uno de los imputados en una trama en la que se dan cita delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil y contra el mercado y los consumidores.
Así, la misión de Cambreleng, como director en Canarias del Grupo Europa fue, presuntamente, llevar a las oficinas de Urvitel la oferta realizada por la empresa para adjudicarse las obras de las viviendas de protección oficial o la de Saavedra, como gerente de Urvitel, el presunto cobro de comisiones para favoreciese la adjudicación y ayudase en los trámites.
Sin embargo, es Mena Santana y Santana Marrero quienes, tras adjudicarse el concurso al Grupo Europa, bloquean "la tramitación de los correspondientes expedientes de licencias y de modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO)" para acometer las obras hasta que no reciban, supuestamente, el correspondiente soborno.
Después de los pagos, se desbloqueó el proyecto y, pese a que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) rechazó la modificación del Plan General de Ordenación, los expedientes de licencia de obra mayor fueron aprobados por unanimidad en Junta de Gobierno local a finales 2005.
* La Opinión Tenerife - BORJA VALCARCE - 6.11.12
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
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El Tribunal de Justicia europeo ve ilegal la ley española sobre los desahucios
Aziz invocaba en esa denuncia la Directiva 93/13, que establece la normativa comunitaria sobre las cláusulas contractuales abusivas que figuren en un contrato entre cualquier profesional y un consumidor. De este modo, el juzgado catalán decidió remitir una serie de preguntas al Tribunal europeo para despejar las dudas antes de pronunciarse.
Kokott aclara en el dictamen que no existe una legislación comunitaria específica que regule los desahucios y que, por tanto, es un tema que le corresponde gestionar a cada estado miembro. Pero en el caso concreto de España, a la hora de aplicar la normativa procesual, no se garantizan todos los derechos de los consumidores ya que se pasa por encima la existencia de esas cláusulas abusivas. Por tanto, la abogada considera en sus conclusiones que la ley es incompatible con dicha Directiva.
"Un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13 cuando el consumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento judicial separado, puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa", expresa la abogada.
Según ella, el tribunal que lleve el procedimiento debe tener el poder de suspender de forma provisional la ejecución forzosa del desahucio hasta que se haya comprobado si existen cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Asimismo, incide en que sin esa herramienta, el juez no podrá tampoco impedir los perjuicios creados al dueño de la casa, algo que califica de "muy difícil o imposible reparación".
"Cuando el bien inmueble gravado con la hipoteca es la vivienda del deudor, difícilmente es apropiada la sola reclamación de indemnización por daños y perjuicios para garantizar eficazmente los derechos reconocidos al consumidor en la Directiva 93/13", escribe Kokott quien repite que la legislación española "no constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el hecho de que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda y la pérdida de la propiedad y el desalojo subsiguientes, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios.
Cuatro impagos y desahucio
Aziz compró su casa en 2003 y firmó su hipoteca con Caixa D'Estalvis de Catalunya (hoy CatalunyaCaixa). En 2007 renegoció el préstamo -117.000 euros- opara la hipoteca y la caja de ahorros le concedió otra hipoteca de 138.000 euros a devolver en 33 años. En 2008 Aziz tuvo muchas sificultades para pagar las cuotas, lo que comenzó a generarle intereses por el retraso. Finalmente, tras dejar de pagar cuatro meses seguidos, CaixaCatalunya decidió rescindir el contrato de manera anticipada y reclamó el pago inmediato de la deuda y el posterior desahucio.
En su demanda, los abogados de Aziz ponen en cuestión si pueden considerarse abusivas tres de las cláusulas del contrato hipotecario que firmó con CatalunyaCaixa, lo que llevó al juzgado catalán a remitir sus dudas a Luxemburgo. La primera sobre la que pide una aclaración el juzgado barcelonés se refiere a si respeta la legislación europea el hecho de que la caja de ahorros pueda exigirle a un cliente la devolución total del crédito por el incumplimiento de una cuota o varias en un periodo de tiempo muy determinado y concreto pese a que la hipoteca estaba proyectada a 33 años.
Sobre esto, Kokott asegura que "la obligación de pago de las cuotas es la obligación contractual esencial del prestatario". No obstante, recuerda que el juez nacional debe tener en cuenta si la rescisión del contrato hipotecario de manera inmediata y unilateral provoca un "desequilibrio" entre los derechos y obligaciones contractuales. En concreto, es el juez el que debe "examinar de manera particular en qué medida la cláusula se aparta de la normativa española que sería aplicable a falta de pacto; si lo estipulado en la cláusula responde a una razón objetiva; y si el consumidor, a pesar de la alteración del equilibrio contractual en favor de quien ejercita la cláusula, no queda considerablemente desprotegido".
Intereses de demora
La segunda cláusula que los abogados de Aziz ponen en evidencia es la que habla de los intereses de demora que se le impusieron al retrasarse en el pago de las cuotas de su hipoteca. CatalunyaCaixa le impuso un interés del 18% cuando el tipo que firmó con la hipoteca era del 4,84%. En total, la caja le exigía la devolución de los 139.000 euros que se le prestó en primer lugar, además de otros 40.000 euros por la tardanza. Según la demanda remitida al juzgado de Barcelona, esos tipos "no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado".
La abogada general recalca de nuevo la necesidad de que el juez nacional estudie si la imposición de esos intereses de demora respetan el Derecho español, que para otros préstamos a los consumidores es de dos veces y media. Por otro lado, asegura que se debe estudiar qué finalidades persigue el interés de demora: si únicamente supone la fijación de un importe que compense los perjuicios causados por el retraso, o si también debe servir para que las partes cumplan lo pactado.
Finalmente, la tercera cláusula impugnada por Aziz hace referencia a que el banco o caja decida de manera unilateral el importe de la deuda total a pagar, lo que provoca que si el afectado no está de acuerdo, el banco pueda activar el desalojo. Kokott llama de nuevo al juez a considerar esrupulosamente la lesgilación nacional y a "considerar cuál sería la situación jurídica si el contrato no contuviera la cláusula controvertida".
* Público - DP - 8.11.12
Foto: Más de un centenar de personas se concentraron el pasado 26 de octubre ante la Subdelegación del Gobierno en Granada, en un acto de protesta que se ha celebrado tras el funeral del hombre que se quitó la vida poco antes de ser desahuciado. EFE/Miguel Ángel Molina
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Barcelona.- Audiencia ve indicios para enviar a Millet y Montull a juicio por Hotel Palau
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección novena de la Audiencia de Barcelona acuerda confirmar el auto de procedimiento abreviado por el que la titular del juzgado de instrucción nº11 de Barcelona dio por concluida la instrucción del caso y envió a juicio a Millet y a Montull, además de los ex responsables de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado y Ramon Massagué.
Por el caso de presunto tráfico de influencias en el fallido proyecto para la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, también serán juzgados el arquitecto Carles Díaz, del despacho de Óscar Tusquets y encargado de los trámites urbanísticos del hotel, y el director jurídico de Urbanismo de Barcelona Enric Lambies, por ocultar supuestamente que las fincas que albergarían el edificio eran de titularidad privada.
La Fiscalía acusa a Millet y Montull de aprovechar su influencia social para conseguir la recalificación urbanística necesaria para construir el hotel, con la complicidad de la antigua cúpula de Urbanismo del consistorio barcelonés, que facilitó la tramitación del proyecto supuestamente a sabiendas de que se trataba de una operación especulativa que beneficiaba a un promotor inmobiliario particular.
En su auto, la Audiencia de Barcelona confirma el procesamiento de los imputados por el caso del Hotel del Palau, al apreciar "indicios de la perpetración de diversos delitos", entre ellos los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental que la juez instructora atribuye a los encausados.
En opinión del tribunal, las alegaciones formuladas por las defensas contra el auto por el que se envió el caso a juicio "deben ser invocadas y examinadas" en la propia vista oral, porque ése es el ámbito en el que se debe valorar si hay "elementos configuradores de los delitos" y resolver acerca de la culpabilidad de los acusados.
La Audiencia ha avalado el auto en el que la juez dio por terminada la instrucción del caso del Hotel, al concluir que está suficientemente fundamentado, sin ser exhaustivo, por lo que cree que "no existe una conculcación del derecho de defensa ni del derecho a la tutela judicial efectiva" de los recurrentes.
* ABC - EFE - 6.11.12
Foto: Barcelona, edificio para Hotel Palau - elpais
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El Ayuntamiento sabía desde 2010 los fallos de seguridad del Madrid Arena
Pocos meses después desistió, ante las objeciones presentadas por la dirección general de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente de Urbanismo, que detectó una larga serie de gravísimas deficiencias que comprometían la seguridad e impedían que pudiera obtener dicha licencia. Entre ellas, que los pasillos para salir de la pista a la calle, donde murieron las cuatro jóvenes aplastadas por un agolpamiento súbito de gente, eran insuficientes. Pese a ello, el Madrid Arena siguió funcionando.
Entre 2002 y 2012 ha organizado cientos de eventos deportivos, musicales y de ocio, con la asistencia de hasta 11.000 personas en los más multitudinarios. Según el concejal Pedro Calvo, sin que se produjera ningún incidente. Hasta el 31 de octubre.
Un informe de la Policía Nacional conocido tras la tragedia pero fechado el 4 de diciembre de 2006 denunciaba ya que el pabellón carecía de licencia de funcionamiento. Y concluía: “Lleva funcionado más de cuatro años y en él se han venido celebrando espectáculos musicales, deportivos, exposiciones, etcétera, con lo que resulta impensable que se estuvieran efectuando sin licencia municipal de funcionamiento”.
El concejal Pedro Calvo explicó el sábado que “los edificios municipales no requieren de licencia urbanística, en virtud del artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, y al artículo 4.e de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas”. El citado artículo 151 se refiere expresamente a “actos de uso del suelo, construcción y edificación”; en esos casos, exime al Ayuntamiento de licencia urbanística, aunque lo obliga a cumplir “los mismos requisitos”. Es decir, aunque no requiera de licencia, debería poder obtenerla en caso de solicitarla.
Calvo entiende que la licencia de funcionamiento (que exige certificados de seguridad y protección contra incendios) entra dentro de este apartado, y el Ayuntamiento está exento. Sin embargo, Madrid Espacios y Congresos, dependiente del área municipal de Economía, sí pidió esa licencia para el pabellón ante la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente del área municipal de Urbanismo.
Lo hizo el 30 de octubre de 2009, cuando el recinto llevaba en uso más de siete años, seis de ellos con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Esa petición se hizo “de conformidad con lo dispuesto” en la propia ordenanza municipal de licencias, según la documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El área de Urbanismo estudió la solicitud “para informe de seguridad para la posible instalación de varias actividades en el pabellón”, pese a que reconocer que “el edificio se encuentra terminado y funcionando”. Y dictaminó el 10 de marzo de 2010 que el recinto “no se ajusta” a lo exigido por la ordenanza de licencias. Es decir, que no cumple los requisitos de seguridad. Aparte de denunciar una abultada falta de documentación y planos, Urbanismo señala “deficiencias concretas” de seguridad. Así, el edificio incumplía el Código Técnico de Edificación, entre otros motivos porque resulta inaccesible para los camiones de bomberos. Además, considera que los recorridos de evacuación de la pista, donde murieron las cuatro jóvenes, y de la grada intermedia son insuficientes a menos que se habilite “al menos otro acceso más opuesto y alejado respecto al principal y único en cada uno de estos niveles”.
Detecta fallos en la ventilación, en caso de que hubiera humo por un incendio; que el material del que están hechos los asientos (madera contrachapada) “no es reglamentario” porque alimentaría un hipotético fuego (también lo harían las barras de la pista y la grada intermedia); y que los sistemas de detección de incendios son “insuficientes” porque están en el techo, “demasiado altos” para resultar útiles.
La alcaldesa, Ana Botella, anunció el viernes que prohibía realizar en el pabellón Madrid Arena (y el resto de recintos municipales) cualquier tipo de concierto o evento en el que todo el público no esté sentado. Pues bien, el informe de Urbanismo señala que, en ese caso, es decir, con las gradas desplegadas en la pista, se bloquean “casi todas” las salidas de evacuación, lo que, en caso de emergencia, obligaría al público a huir hacia arriba, saltando sobre sus asientos, dado que tampoco los pasillos entre butacas cumplen la normativa.
Madrid Espacios y Congresos recibió el informe el 11 de marzo de 2010. Pidió más tiempo para estudiarlo, pero no respondió en plazo. Por tanto, Urbanismo concluyó el 19 de abril de 2010 que la empresa municipal “desistía en su petición de licencia”. El 28 de abril, Madrid Espacios y Congresos aportó nueva documentación a Urbanismo, que consideró que “persistían parte de las deficiencias señaladas” en cuanto a falta de papeles y planos. Dio por cerrado definitivamente en mayo el expediente al considerar que la empresa municipal había desistido en su solicitud de licencia. El Madrid Arena siguió funcionando.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 4 NOV 2012
Foto: Madrid Arena - madridiario
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El Consejo del Poder Judicial pide reformar la Ley Hipotecaria para frenar los desahucios
De Rosa ha inaugurado este lunes en Barcelona las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España, en las que, a lo largo de tres días, 47 magistrados reflexionarán sobre los problemas que más les preocupan, entre ellos las ejecuciones hipotecarias, para después proponer las pertinentes reformas. El vicepresidente del Consejo ha asegurado que las conclusiones a las que lleguen los jueces durante estos tres días en Barcelona sobre los desahucios y su "problemática social" se presentarán después, "dentro del respeto al poder ejecutivo" al Ministerio de Justicia, al Congreso y al Senado, que son los órganos que pueden sacar adelante reformas en la materia.
El número dos del Consejo ha señalado que las inspecciones del CGPJ han constatado este aumento de desahucios que sentencian los juzgados civiles de primera instancia, que "no tienen más remedio" que basarse en la legislación actual. Por ese motivo, el vicepresidente ha resaltado que la judicatura está obligada a "aplicar la ley" y que la legislación "no puede ser sustituida por las iniciativas particulares" de uno u otro juez. "No nos corresponde la tarea del legislador", ha recalado el magistrado.
Precisamente, hace unos días el CGPJ rechazó estudiar un informe elaborado por un grupo de trabajo de la institución para proponer medidas destinadas a evitar el incremento de los desahucios y la modificación de la ley de hipotecas, que data del año 1909. En la inauguración de las jornadas, también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ha sostenido que los jueces reunidos en Barcelona no debatirán sobre "privilegios", sino sobre una "mejor justicia", lo que en su opinión pasa por una implicación del poder judicial en determinados asuntos que suponen un "clamor social".
Otro de los temas que se debatirán en las jornadas de decanos es la reforma de la ley orgánica del poder judicial planteada por el Gobierno, así como cuestiones relacionadas con los aspectos organizativos de la administración de justicia, entre ellos el despliegue de la oficina judicial, las tasas judiciales o medidas para la agilización procesal.
En el acto de inauguración, la decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha mantenido que los jueces reunidos en estas jornadas están "legitimados" para expresar su oposición, con seriedad pero también con "firmeza", a algunas medidas legislativas del Gobierno, como la mencionada reforma de la ley del poder judicial.
En opinión de la decana, ese proyecto de ley supone "un ataque a la independencia de los jueces" y un "debilitamiento" del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los mismos.
* Público - 5.11.12
Foto: Consejo G.Poder Judicial (Madrid) - EFE
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Telde.- Caso Los Alisios, comienza el juicio
Recordemos que en esta causa judicial se acusa al ex-concejal de urbanismo Ildefonso Jiménez (NC) y a su asesor Juan Manuel Cabrera (NC) delitos de prevaricación urbanística y usurpación de funciones públicas.
Además de todo el personal de urbanismo, declarará los propietarios de las viviendas, el miembro de Nueva Canarias y ex-senador José Mendoza Cabrera y Agustín Naranjo Hernández, que resultaron beneficiadas por las supuestas licencias ilegales. Todo un batallón de testigos que responderán sobre la emisión de las polémicas cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación que se dieron contradiciendo informes jurídicos y técnicos.
La acusación y el ministerio fiscal solicitan penas de tres años de cárcel para Juan Manuel Cabrera y dos años de cárcel para Ildefonso Jiménez.
* Telde Noticias - 5.11.12
Foto: Telde (Gran Canaria), los Alisios - canarias7.es
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Sueños faraónicos en tiempos de crisis
Paramount Park (Murcia)
Un millón de metros cuadrados, una inversión estimada en más de 1.000 millones de euros, 22.000 empleos y tres millones de visitantes anuales. Y hasta tenía colocada ya su primera piedra. Son los incentivos que se agitaron hace exactamente un año en la conferencia de inversores con la que Proyectos Emblemáticos Murcia (Premursa) pretendió catapultar Paramount Park & Lifestyle Center, un gigantesco complejo de ocio proyectado por Paramount Pictures en Alhama de Murcia y apadrinado directamente por el Gobierno de la región. Entre otras ventajas, Ramón Luis Valcárcel ofreció la "flexibilización" de la ley murciana de Turismo y una módica licencia de 100 millones de euros para que Paramount instalase en la Costa Cálida el gran bastión europeo de su guerra contra los parques Disney.
Un año después, no obstante, los ánimos no podían haberse enfriado más. Pese a su presentación oficial en Madrid y sus viajes a Nueva York, Jesús Samper –dueño de Premursa, del Real Murcia C.F y de Santa Monica Sports– y el consejero murciano de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, no han conseguido de momento que el proyecto de Paramount pase de eso mismo. Y hace escasos meses se conocía la intención de la major estadoudiense de instalar un gran parque temático –el "primero en Europa"– en Kent, Reino Unido, a escasos veinte minutos de Londres. En otras palabras: el británico Tony Sefton, director ejecutivo de la promotora que construyó el Parque Olímpico londinense, Vision XS, parece haberse llevado el gato al agua.
Puerto Venecia (Zaragoza)
Equivale en extensión a 28 estadios de La Romareda, una unidad de medida apropiada tratándose de Zaragoza. El nuevo y gigantesco centro comercial de la capital aragonesa, inaugurado hace dos semanas escasas, ya ha sido denominado en más una ocasión como "el mayor centro de comercio y ocio de Europa". Un "sueño hecho realidad", en palabras de Nick Hodson, uno de sus inversores, que ha costado cerca de 1.000 millones de euros y el esfuerzo incansable de los tres concejales de urbanismo que el Ayuntamiento de Zaragoza consagró al alzamiento de este titán a las afueras de la ciudad: Rafael Gómez Pastrana, Antonio Gaspar y Carlos Pérez Anadón.
El presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, también glosó el día de su inauguración las virtudes de este nuevo gigante para el que ha adquirido casi 100.000 metros cuadrados de suelo y ha invertido más de 135 millones de euros. Es un proyecto, explicó, que nació en papel "hace catorce años", sin que la crisis económica y la recesión del consumo constituyan buenos motivos para posponerlo. Palmeras, fuentes y hasta un gran lago navegable reciben desde este mes al visitante de Puerto Venecia pese a que muchas de sus tiendas permanecen cerradas. Resta solo esperar que los 4.000 puestos de trabajo –"la mayor parte de ellos, permanentes"– que anunció el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, se hagan realidad.
Gran Plaza 2 (Madrid)
Una fachada de mármol rojo, grandes columnas ornadas al estilo del barroco veneciano y amplias cristaleras reciben al visitante en Gran Plaza 2, el nuevo centro comercial en Majadahonda, a 20 kilómetros de Madrid. Fuera, no obstante, se extiende en todas direcciones un paisaje inhóspito de campos de cultivo sólo alterado por las urbanizaciones al otro lado de la M-50, la más exterior de las circunvalaciones de Madrid. Con 60.000 metros cuadrados, Gran Plaza 2 fue el segundo centro comercial más grande inaugurado en 2012 en Europa Occidental, solo por detrás del Boulevard Berlin de la capital germana, según el Informe European Shopping Centre Development Report publicado por Cushman & Wakefield.
Promovido por la Sociedad General Inmobiliaria de España y diseñado por Chapman Taylor España –responsable del también madrileño Plaza Norte 2–, este enorme centro presume de 200.000 metros cuadrados construidos, 65.000 de ellos disponibles para alquilar. Meses después de su inauguración, en la que fue proclamado "una nueva apuesta de futuro para el desarrollo de la comunidad de Madrid" por su entonces presidenta, Esperanza Aguirre, muchos de sus locales siguen vacíos. Hoy muchos cuestionan la ubicación del Gran Plaza 2, erigido a tres kilómetros escasos de los veteranos Heron City Madrid y Las Rozas Village.
Eurovegas (Madrid)
Es el rey indiscutible de los proyectos colosales y sin duda, el más cuestionado. El complejo que Las Vegas Sands proyecta en Madrid ocupará 800 hectáreas y tendrá 12 hoteles, 6 casinos, tres campos de golf, centros comerciales y de ocio y espacios deportivos, culturales y feriales. De cumplirse la agenda prevista, sus edificios se alzarán en 2022 hasta los 140 metros y albergarán más de 3.000 habitaciones. El magnate del juego Sheldon Adelson pretende así convertir Madrid en el tercer vértice de su particular triángulo intercontinental del juego, junto a sus plazas fuertes en California y Macao. En la operación Eurovegas concurren poderosos intereses, tanto corporativos como personales, aunque los jóvenes empresarios Pablo y Jaime González y Juan Benigno Alonso serán sus beneficiarios más directos de construirse en Alcorcón, como todo parece indicar. La del casi octogenario magnate es la tercera intentona de traer a España un gran complejo de casinos, después del sueño fallido de El Reino de Don Quijote en Ciudad Real y el pantagruélico proyecto Gran Scala, anunciado en 2007, que pretendía alzarse en Los Monegros. Esta verdadera ciudad del juego al más puro estilo Nevada –desierto incluido– constaba de 32 casinos, dos parques temáticos, 70 hoteles, 232 restaurantes y una colección de réplicas de las pirámides, del Partenón griego y hasta del Pentágono.
Barcelona World (Tarragona)
El pasado septiembre se reunieron en el Palau de la Generalitat su president, Artur Mas, el presidente de Caixabank, Isidre Fainé y el de Veromente, Enrique Bañuelos, y anunciaron ante la prensa la movilización de 4.500 millones de euros para construir nada menos que seis complejos turísticos en la Costa Dorada. El megaproyecto llevará por nombre Barcelona World, aunque muchos lo denominan, quizá con sorna, el Eurovegas catalán.
Este complejo de ocio se anunció poco después de que Las Vegas Sands se decantase por la capital del país y se construirá en las 600 hectáreas de terreno de La Caixa junto a Port Aventura, en Tarragona. Bañuelos firmará una opción de compra por estos activos y se aprovechará del polo de atracción que supone el parque temático de Tarragona, el más rentable de España. El consorcio Barcelona Worlds, constituido por Bañuelos para vehicular la inversión, cuenta ya con socios minoritarios que cubren el 20%. Ahora tiene dos años para recolectar los 3.600 millones restantes que necesita para levantar esta nueva y ambiciosa meca del ocio.
* El Confidencial - Rubén Díaz Caviedes - 28.10.12
Foto: Alhama de Murcia, proyecto Paramount-park - elconfidencial
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La expropiación del PAI Madrigal le cuesta a Vila-real un millón extra tras 23 fallos judiciales
Obiol lamentó "este marcador adverso al ayuntamiento, que demuestra la mala gestión en ordenación del territorio y urbanismo del anterior ejecutivo municipal del PP y que no existe el urbanismo a coste cero".
"Por ahora son unos 839.000 euros lo que debemos pagar de más al considerar la justicia que el precio que el anterior equipo de gobierno pagó por esas expropiaciones era bajo a los que se pueden sumar más de 200.000 euros si las sentencia que se dicta respecto a esos expedientes es desfavorable al ayuntamiento".
El titular de Urbanismo afirmó que "en la mayoría de estos expedientes" los sobrecostes son espectaculares y alcanzan el 407% sobre el pago inicial. "Hay 15 sentencias firmes, de las que 14 dan la razón a los propietarios, por las cuales se pagaron 481.513 euros frente a los 1.319.176 euros que finalmente habrá que pagar. A estas resoluciones, se unen otros cuatro expedientes por los que el consistorio pagó 180.563 euros, cuando, según las sentencias judiciales recibidas, el coste de los terrenos se ha fijado en 446.078 euros".
El edil advirtió de que pueden aparecer nuevos casos que vayan contra los intereses municipales. "Hay expedientes similares en otros puntos de la ciudad que explicaremos en su debido tiempo y que de fallar a favor de los propietarios podría suponer un millón de euros más en expropiaciones".
Obiol definió esta situación como "triste y preocupante para el futuro de la ciudad ya que la gestión del anterior partido fue nefasta" y afirmó que "esa cantidad la debemos pagar sí o sí en los plazos que se estipulan aunque no sabemos de donde sacaremos ese dinero porque nos encontramos con una situación muy complicada con otros gastos imprevistos a los que debemos hacer frente, como los cerca de 2 millones de euros en facturas de Lubasa de los que no se tenía constancia hasta hace unos meses a pesar de datar de los años del mandato del PP".
El edil recordó que el proceso de transformación de esta zona de la localidad se proyectó en los años 1992 y 1993 aunque la entrada del equipo de gobierno popular "supuso tirar por la borda millones de pesetas del camino iniciado".
* Levante - SHEILA GIL - 26.10.12
Foto: Vila-real (Castelló), ayuntamiento - turismo
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Sevilla.- Una denuncia "con 3 años de retraso"
Además de por llegar tarde, desde la Plataforma Salvemos la Trinidad, se considera que la nueva actitud de la Gerencia es "insuficiente", porque sólo recoge el posible expolio de bienes muebles de la Trinidad y no los "derribos ilegales" que, a su entender, se han acometido en los últimos tiempos en la antigua Fábrica de Vidrios. En este sentido, hay que recordar que un informe de Urbanismo concluyó la semana pasada que no se había producido ningún derribo ilegal en el inmueble y que todos las trabajos que se han acometido en el recinto contaban con licencia municipal. Tal como afirmó este martes Julián Sobrino, el informe es "una manera de escurrir el bulto y de ocultar las responsabilidades que el Ayuntamiento ha tenido, por omisión, en esos derribos". Además, el profesor de la Escuela de Arquitectura, uno de los más profundos conocedores del patrimonio industrial de Sevilla, cree que dicho documento fue elaborado por técnicos que "no tienen conocimientos en patrimonio histórico, por lo que poco podían aportar".
Es precisamente en ese informe de Urbanismo donde se establece que "han sido retirados o sustraídos elementos metálicos que debían existir en las embocaduras e interior de la caldera de carbón, así como en otras zonas de los edificios catalogados", conclusión que ha motivado que el Ayuntamiento se persone en las diligencias judiciales abiertas.
Por otra parte, Julián Sobrino se mostró "muy extrañado" de que el Ayuntamiento diga ahora que está pendiente de la Junta de Andalucía para ver cómo amplía la protección patrimonial del conjunto fabril. Como se recordará, los principales partidos políticos que concurrieron a las pasadas elecciones municipales, incluido el PP, adquirieron el compromiso de ampliar la protección de la Fábrica de Vidrios -que actualmente se limita a la nave 1 y a la gran chimenea-, a las naves 2 y 3. Esto, según la Plataforma en defensa del bien, lo debe realizar el Ayuntamiento independientemente de lo que opinen los técnicos de la Consejería de Cultura.
"El Ayuntamiento puede incluir las naves 2 y 3 en el catálogo histórico que acompaña al Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla sin necesidad de esperar a ningún informe de la Junta", afirmó Julián Sobrino. Es más, según este experto, la misma Consejería de Cultura "actuaría de oficio" y procedería a la ampliación de la protección del bien, "como ha hecho en tantos otros sitios".
La Plataforma se reunió el pasado lunes con miembros de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, momento en el que se aprovechó para solicitar una visita al inmueble con técnicos de Cultura para poder rebatir los argumentos del Ayuntamiento respecto a la inexistencia de los derribos ilegales. Según Julián Sobrino, la Junta se comprometió a tramitar los permisos ante la junta de compensación.
* Diario de Sevilla - LUIS SÁNCHEZ-MOLINÍ - 31.10.12
Foto: Sevilla, fábrica de vidrios La Trinidad - wikimedia
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Hortaleza pide transporte público
En el camino dejan patente que los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano: parte de las demandas que quieren elevar al Consistorio ya se las han hecho saber a “su” concejala. No están contentos y no es por falta de sintonía. Algunas peticiones tienen poco de ideológico: nadie quiere una cementera en la puerta de un colegio. “Se han ido dejando sin contenido las competencias de las juntas y concejalías”, se lamenta Francisco Caño, del barrio, que canalizará las quejas junto con Vicente Pérez Quintana, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Entre las asociaciones de vecinos del distrito de Hortaleza y el consistorio hay divergencias sobre el papel de la iniciativa privada, pero, en cambio, hay coincidencia con las líneas maestras de la revisión del plan: introducir flexibilidad en el planeamiento, mezcla de usos, propia de la ciudad mediterránea compacta, y rehabilitación de la ciudad existente, según resume Pérez Quintana.
La preocupación es que la flexibilidad signifique barra libre para quien solo busque rentabilidad a corto plazo. “Hay que pelear porque no sea el mercado, sino el Ayuntamiento quien imponga la ciudad que quiere”, aseguran en la FRAVM.
Uno de los vecinos reunidos en el local de la Asociación de Villa Rosa, de mayor edad, se pregunta si tiene sentido la redacción de un nuevo plan, a la vista de las miles de modificaciones del actual. Pide que se articule la participación ciudadana cuando se vayan a producir cambios entre lo planeado y lo ejecutado. Caño cita el caso del Palacio de Hielo donde, sobre suelo pensado para zona deportiva singular, lo que ha primado ha sido el uso comercial y produce molestias al vecindario.
Pérez Quintana sí considera necesaria la redacción de un nuevo plan que ya no se hace con costosos equipos externos: “Sospecho que va en el programa electoral porque sin dinero es poco lo que podían prometer”, anota.
Los vecinos van desgranando las carencias de equipamientos públicos: falta de residencias de la tercera edad, colegios, biblioteca —es el único distrito que no tiene—, atención sanitaria... “Es muy importante un reequilibrio de la ciudad”, añade Caño, “falta también una casa de la mujer que debería ubicarse en el colegio Rubén Dario, previa su rehabilitación, y en Manoteras se aprobó un centro cívico para la juventud que se ha quedado sin hacer al igual que una biblioteca municipal en la Gran Vía de Hortaleza”.
Cuando le toca el turno a Sanchinarro surge otra demanda con letras mayúsculas: una normativa urbanística que acompase la existencia de nuevas viviendas con la presencia de dotaciones en los nuevos desarrollos. Para que no pase lo que en este PAU donde los pisos no son precisamente baratos, pero hay importantes carencias: centros de enseñanza, un polideportivo —se licitó y quedó desierto— o un mercado que no sea insostenible como el megacentro proyectado en su día al gusto de Ruiz Gallardón.
“La estructura de ciudad hace imposible el comercio de proximidad y los locales, muy caros, se concentran en una sola vía”, toma la palabra el vecino que evidencia la falta de comunicaciones que, por otra parte, se da en todo el distrito. “Sanchinarro, rodeado por tres autovías, apenas tiene accesos o estos son insuficientes, con lo que es imposible calcular el tiempo de llegada al trabajo..., han diseñado el caos”, concluye.
Sanchinarro y Las Cárcavas son los peor comunicados pero “El Bosque también tiene déficit de transporte público y otro tanto sucede en Virgen del Cortijo”, corrobora Francisco Caño que, además de vecino es responsable de Medio Ambiente de la FRAVM. “Curiosamente en la puerta de las instalaciones del Real Madrid, en Valdebebas, se pone estación de ferrocarril y de metro, pero en cambio no hay previstas paradas de metro ni en Las Cárcavas ni en la Ribera del Loira, entre la M-40 y la línea de ferrocarril, por donde entran y salen 4.500 vehículos diariamente”, protesta.
La FRAVM apuesta por la ejecución de una segunda línea circular de metro que una la periferia de Este a Oeste por fuera de la línea 6 y que enlace Vallecas, Vicálvaro, San Blas, Hortaleza y Fuencarral. En su día, la asumieron la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. También viene pidiendo el cierre del anillo ferroviario, con parada en Las Cárcavas, “no sería costoso y evitaría mucho tiempo, ya que ahora hay que dar la vuelta desde San Fernando-Coslada para llegar a Chamartín”, comenta una vecina.
Otra demanda en este distrito en el que el movimiento vecinal tiene todo un catálogo elaborado desde los noventa, es la de la ampliación de la M-40 por la saturación de los tramos entre Vallecas y el nudo de Manoteras. El Ministerio de Fomento propuso dos vías de servicio que “suponen hacer desaparecer 1,8 millones de metros cuadrados de zona verde para dar servicio al vehículo privado”. La federación propone su soterramiento para reactivar economía y empleo.
En Hortaleza está el campus de la Justicia, 18 hectáreas, más las 20 hectáreas reservadas para la ampliación de los recintos feriales que habría que replantearse para darles utilidad, indican. También hay parcelas que desde 1985 no se desarrollan. “La parcela cedida al productor José Luis Moreno para el Coliseo de las Tres Culturas, 10 años retenida, debería dedicarse a escuela de formación profesional integral, aprovechando la cercanía al metro de Canillas”, pide Caño.
Una buena noticia para este distrito de 2.800 hectáreas y barrios dispares: se han aprobado los presupuestos de la remodelación de la UVA de Hortaleza que se viene pidiendo desde hace 20 años. Va a liberar espacios para que haya parques. Pero no es la única zona necesitada de intervención.
Pérez Quintana considera necesaria la declaración de ARI (Área de Rehabilitación Integral) de zonas con viviendas de cuatro plantas sin ascensor. Y una vieja demanda, un paseo peatonal que se incluya en la vía ciclista —hoy reservada a áreas turísticas— sobre una vía subterránea del Canal de Isabel II que permitiría intercomunicar el distrito, con lo que llaman “la Casa de Campo de Valdebebas”, 480 hectáreas de parque forestal.
Y, de la letra grande a la menuda, un empeño de la FRAVM son los huertos urbanos. De momento alegales. Piden la cesión temporal de parcelas sin uso y algunas de ellas abandonadas, para llevar una acometida de agua. ¡Hay que ir replantando para la nueva temporada...! y, hasta la ONU les ha dado la razón.
* El País - INMACULADA DE LA VEGA Madrid 25 OCT 2012
Foto: Madrid, barrio Hortaleza - madrid
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El exedil de Urbanismo de Roquetas, imputado por una decena de licencias
Los hechos se remontan a mayo de 2007, cuando el equipo de gobierno liderado por Amat —actual presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial— concedió una licencia de obras para la construcción de diez chalets de lujo en suelo terciario, en la zona conocida como La Fabriquilla.
El magistrado, en una reciente providencia, también solicita copia del expediente administrativo que incluye la licencia de obras, así como el aprobado por el pleno del Ayuntamiento para modificar la calificación de la parcela. Este último acto administrativo fue denunciado por la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Vivienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace justo un año, dictó sentencia a favor de la Junta.
La concesión de dicha licencia de obras podría ser “constitutiva” de un delito de prevaricación urbanística si se demuestra que se hizo de manera contraria a las normas urbanísticas vigentes, como apunta la Fiscalía de Almería en su escrito. Algo que ya incluía el TSJA en la sentencia de noviembre de 2011. Los hechos a investigar, consisten en la concesión mediante resolución de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en la Unidad de Ejecución 109 en el paraje de La Fabriquilla y otorgada por el ahora exconcejal de Urbanismo cuando aquella parcela estaba calificada como de uso terciario y no como residencial, según el PGOU del municipio de 1997.
La modificación del suelo para su adaptación a residencial se produjo en marzo de 2006 y este acto es el que denunció la Junta al TSJA, al entender que vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, de rango superior y anterior a la modificación puntual. El TSJA fue claro al respecto: “Resulta del todo punto concluyente que son de aplicación las determinaciones de la LOUA”.
El actual PGOU de Roquetas de Mar es de 2009. El Ayuntamiento no modificó en ese documento la calificación del suelo sobre el que se construyeron las viviendas —figura como terciario— para evitar una paralización del plan general, toda vez que ya existía sentencia del TSJA desfavorable al cambio de uso. El equipo de gobierno promueve en la actualidad una serie de innovaciones al PGOU, una revisión en la que busca legalizar esta y otras modificaciones.
El grupo municipal de Izquierda Unida sostiene que no es una situación que afecte a un solo imputado. “El fiscal ve indicios de prevaricación en lo que hizo el exconcejal y el anterior equipo de gobierno y, ahora, los que vienen después pretenden darle cobertura legal”.
* El País - MARTA SOLER - 31.10.12
Foto: Viviendas de la urbanización de La Fabriquilla, en Roquetas. / FRANCISCO BONILLA
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Los «desmanes urbanísticos» de Muros de Nalón exigen responsabilidades, dicen los vecinos
AVAM señala que durante la construcción del edificio se cometieron varias irregularidades, aparte de no respetar la distancia a linderos. El día 10 de mayo de 2005 la Policía Local denunció que se había iniciado el vaciado de la finca sin contar aún con licencia de obras, concedida el 2 de junio de ese mismo año. «En el expediente no existía acta de línea y rasante, algo obligatorio», señalan. Del mismo modo, la asociación comenta que el proyecto excedía la altura permitida, un defecto que fue corregido en pleno proceso de edificación. «Por otra parte, se construyeron ocho viviendas en el semisótano, algo prohibido por las normas subsidiarias en aquel momento», añaden.
La asociación vecinal comenta que debido a que no se respetó la distancia mínima a linderos se han visto perjudicados terceros. Por una parte, los vecinos colindantes. Asimismo, los habitantes del edificio que debe ser derribado parcialmente. Finalmente, el resto del municipio puesto que, por el momento, el Ayuntamiento ya se ha visto obligado a hacer entrega de 50.000 euros para redactar el proyecto de derribo. «Probablemente también tendrá que correr con los gastos de la demolición al ser el consistorio el responsable civil subsidiario, puesto que la empresa constructora ha desaparecido», matizan.
* LNE - Ignacio PULIDO - 30.10.12
Foto: Muros de Nalón (Asturias) - panageos
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Un juez condena tres veces al Concello de Gondomar por 'inactividad' urbanística
Tres familias distintas se han visto obligadas a recurrir a los juzgados porque el Ayuntamiento no cumplió a la hora de responder a sus reclamaciones. Así lo hace constar el magistrado en las tres sentencias que, independientemente de los problemas urbanísticos a los que dan respuesta, presentan una cuestión en común. Obligan al Concello a hacerse cargo de las costas judiciales.
El fallo más reciente, con fecha del 18 de octubre, insta al Ayuntamiento a conceder una licencia en Seidóns, en la parroquia de Mañufe. Los demandantes presentaron la solicitud del permiso urbanístico para construir una vivienda unifamiliar en junio de 2011, pero nunca obtuvieron respuesta. Solo un informe del arquitecto municipal que declara que la parcela se ubica en suelo de núcleo rural delimitado que no está afectado por la anulación del Plan Xeral de 1997, por lo que el magistrado considera que la casa "es autorizable" y que "el demandante se ha visto obligado a acudir a la Jurisdicción para remover los obstáculos que la Administración municipal había generado con su silencio".
La sentencia anterior data del pasado junio y requiere al Concello que ordene a un particular la ejecución de unas obras en su inmueble para evitar daños a una vivienda contigua y a velar porque este vecino cumpla. En este caso, fue otro vecino de Mañufe, concretamente en A Texosa, el que presentó en febrero de 2011 un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento por filtraciones de agua en su vivienda a causa del hundimiento del tejado de la casa anexa. Un problema que creaba serios daños estructurales a su hogar. Tanto la inspectora de obras como el arquitecto municipal emitieron informes a favor del demandante, por lo que el alcalde, Fernando Guitián, ordenó las reparaciones al propietario de la edificación deteriorada el 1 de agosto de 2011. En marzo de este año, la inspectora de obras comprueba que la situación sigue igual. En abril se ordena la apertura de nuevo expediente al caducar el anterior, pero no constan más medidas por parte del Concello.
El tercer fallo, del pasado mes de mayo, condena a la Administración local a dar cumplimiento a una orden de demolición de una vivienda, emitida por el propio Concello de Gondomar en abril de 2001 a instancias de una denuncia de un vecino, en el barrio de Atalaia, en Vincios. El expediente incoado en las dependencias municipales corresponde a una casa sin licencia. A lo largo de una década, el Ayuntamiento llegó a imponer hasta once multas coercitivas a la propietaria. La afectada recurrió el derribo en los juzgados hasta que, en 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dio la razón al Concello y ratificó la orden de demolición. A partir de ahí, la propietaria consultó al Concello las condiciones en que debía ejecutar el derribo, pero nunca obtuvo contestación. Así que el denunciante inicial acudió a los juzgados. En este procedimiento, el juez destaca que la dejadez de la Administración local "es palmaria, no solo porque diez años después la demolición no se haya efectuado, sino también porque no consta que ninguna de las multas coercitivas haya sido cobrada, ni resueltos los recursos de reposición, pero también porque no se le haya ofrecido ninguna indicación a la propietaria sobre el modo en que debía proceder al derribo".
* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 1.11.12
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
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