ELPAÍS/Almería* : El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar llamará a declarar como imputado al exconcejal José María González Fernández por un presunto delito de prevaricación urbanística. El ahora imputado fue durante 16 años concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Roquetas de Mar por designación de Gabriel Amat, que le dejó fuera de la lista de su partido en las pasadas elecciones municipales. “No me acuerdo de esa licencia. En Roquetas de Mar hemos dado muchas licencias”, asegura el exconcejal, de cerca de 70 años.
Los hechos se remontan a mayo de 2007, cuando el equipo de gobierno liderado por Amat —actual presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial— concedió una licencia de obras para la construcción de diez chalets de lujo en suelo terciario, en la zona conocida como La Fabriquilla.
El magistrado, en una reciente providencia, también solicita copia del expediente administrativo que incluye la licencia de obras, así como el aprobado por el pleno del Ayuntamiento para modificar la calificación de la parcela. Este último acto administrativo fue denunciado por la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Vivienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace justo un año, dictó sentencia a favor de la Junta.
La concesión de dicha licencia de obras podría ser “constitutiva” de un delito de prevaricación urbanística si se demuestra que se hizo de manera contraria a las normas urbanísticas vigentes, como apunta la Fiscalía de Almería en su escrito. Algo que ya incluía el TSJA en la sentencia de noviembre de 2011. Los hechos a investigar, consisten en la concesión mediante resolución de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en la Unidad de Ejecución 109 en el paraje de La Fabriquilla y otorgada por el ahora exconcejal de Urbanismo cuando aquella parcela estaba calificada como de uso terciario y no como residencial, según el PGOU del municipio de 1997.
La modificación del suelo para su adaptación a residencial se produjo en marzo de 2006 y este acto es el que denunció la Junta al TSJA, al entender que vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, de rango superior y anterior a la modificación puntual. El TSJA fue claro al respecto: “Resulta del todo punto concluyente que son de aplicación las determinaciones de la LOUA”.
El actual PGOU de Roquetas de Mar es de 2009. El Ayuntamiento no modificó en ese documento la calificación del suelo sobre el que se construyeron las viviendas —figura como terciario— para evitar una paralización del plan general, toda vez que ya existía sentencia del TSJA desfavorable al cambio de uso. El equipo de gobierno promueve en la actualidad una serie de innovaciones al PGOU, una revisión en la que busca legalizar esta y otras modificaciones.
El grupo municipal de Izquierda Unida sostiene que no es una situación que afecte a un solo imputado. “El fiscal ve indicios de prevaricación en lo que hizo el exconcejal y el anterior equipo de gobierno y, ahora, los que vienen después pretenden darle cobertura legal”.
* El País - MARTA SOLER - 31.10.12
Foto: Viviendas de la urbanización de La Fabriquilla, en Roquetas. / FRANCISCO BONILLA
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LNE/Asturias* : La Asociación de Vecinos y Amigos de Muros de Nalón (AVAM) exige responsabilidades patrimoniales por la edificación ilegal de un bloque de pisos en San Esteban de Pravia, que deberá ser demolido parcialmente por el Ayuntamiento. El colectivo sostiene que los vecinos no tienen por qué «sufragar los desmanes urbanísticos» de la actual alcaldesa, del anterior concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal en la época en que se erigió el inmueble. Asimismo, AVAM solicita la desaparición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), al considerar que se trata de un organismo «ineficaz» que no vela por el cumplimiento de la normativa vigente.
AVAM señala que durante la construcción del edificio se cometieron varias irregularidades, aparte de no respetar la distancia a linderos. El día 10 de mayo de 2005 la Policía Local denunció que se había iniciado el vaciado de la finca sin contar aún con licencia de obras, concedida el 2 de junio de ese mismo año. «En el expediente no existía acta de línea y rasante, algo obligatorio», señalan. Del mismo modo, la asociación comenta que el proyecto excedía la altura permitida, un defecto que fue corregido en pleno proceso de edificación. «Por otra parte, se construyeron ocho viviendas en el semisótano, algo prohibido por las normas subsidiarias en aquel momento», añaden.
La asociación vecinal comenta que debido a que no se respetó la distancia mínima a linderos se han visto perjudicados terceros. Por una parte, los vecinos colindantes. Asimismo, los habitantes del edificio que debe ser derribado parcialmente. Finalmente, el resto del municipio puesto que, por el momento, el Ayuntamiento ya se ha visto obligado a hacer entrega de 50.000 euros para redactar el proyecto de derribo. «Probablemente también tendrá que correr con los gastos de la demolición al ser el consistorio el responsable civil subsidiario, puesto que la empresa constructora ha desaparecido», matizan.
* LNE - Ignacio PULIDO - 30.10.12
Foto: Muros de Nalón (Asturias) - panageos
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FARODEVIGO* : La parálisis de la oficina de Urbanismo de Gondomar salta al terreno judicial. Ya no solo es una cuestión que los partidos de la oposición reiteran en todos los plenos o en sus denuncias públicas desde hace años. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Vigo, Luis Ángel Fernández Barrio, ha emitido en los últimos seis meses tres sentencias condenatorias contra el Concello, en las que lo acusa de "inactividad administrativa". Y en los tres casos se refiere a cuestiones de urbanismo.
Tres familias distintas se han visto obligadas a recurrir a los juzgados porque el Ayuntamiento no cumplió a la hora de responder a sus reclamaciones. Así lo hace constar el magistrado en las tres sentencias que, independientemente de los problemas urbanísticos a los que dan respuesta, presentan una cuestión en común. Obligan al Concello a hacerse cargo de las costas judiciales.
El fallo más reciente, con fecha del 18 de octubre, insta al Ayuntamiento a conceder una licencia en Seidóns, en la parroquia de Mañufe. Los demandantes presentaron la solicitud del permiso urbanístico para construir una vivienda unifamiliar en junio de 2011, pero nunca obtuvieron respuesta. Solo un informe del arquitecto municipal que declara que la parcela se ubica en suelo de núcleo rural delimitado que no está afectado por la anulación del Plan Xeral de 1997, por lo que el magistrado considera que la casa "es autorizable" y que "el demandante se ha visto obligado a acudir a la Jurisdicción para remover los obstáculos que la Administración municipal había generado con su silencio".
La sentencia anterior data del pasado junio y requiere al Concello que ordene a un particular la ejecución de unas obras en su inmueble para evitar daños a una vivienda contigua y a velar porque este vecino cumpla. En este caso, fue otro vecino de Mañufe, concretamente en A Texosa, el que presentó en febrero de 2011 un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento por filtraciones de agua en su vivienda a causa del hundimiento del tejado de la casa anexa. Un problema que creaba serios daños estructurales a su hogar. Tanto la inspectora de obras como el arquitecto municipal emitieron informes a favor del demandante, por lo que el alcalde, Fernando Guitián, ordenó las reparaciones al propietario de la edificación deteriorada el 1 de agosto de 2011. En marzo de este año, la inspectora de obras comprueba que la situación sigue igual. En abril se ordena la apertura de nuevo expediente al caducar el anterior, pero no constan más medidas por parte del Concello.
El tercer fallo, del pasado mes de mayo, condena a la Administración local a dar cumplimiento a una orden de demolición de una vivienda, emitida por el propio Concello de Gondomar en abril de 2001 a instancias de una denuncia de un vecino, en el barrio de Atalaia, en Vincios. El expediente incoado en las dependencias municipales corresponde a una casa sin licencia. A lo largo de una década, el Ayuntamiento llegó a imponer hasta once multas coercitivas a la propietaria. La afectada recurrió el derribo en los juzgados hasta que, en 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dio la razón al Concello y ratificó la orden de demolición. A partir de ahí, la propietaria consultó al Concello las condiciones en que debía ejecutar el derribo, pero nunca obtuvo contestación. Así que el denunciante inicial acudió a los juzgados. En este procedimiento, el juez destaca que la dejadez de la Administración local "es palmaria, no solo porque diez años después la demolición no se haya efectuado, sino también porque no consta que ninguna de las multas coercitivas haya sido cobrada, ni resueltos los recursos de reposición, pero también porque no se le haya ofrecido ninguna indicación a la propietaria sobre el modo en que debía proceder al derribo".
* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 1.11.12
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
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PÚBLICO* : El juez de Palma de Mallorca José Castro ha dado un paso más en el caso que investiga la ramificación del caso Gürtel en Baleares y ha imputado al exregidor de Urbanismo en el Ayuntamiento palmesano Javier Rodrigo de Santos, al director insular del Gobierno en Menorca, Antoni Luis Juaneda, al alcalde de Inca, Rafel Torres, y a la cuñada del expresidente del gobierno balear Jaume Matas, Encarnación Padilla, así como al exgerente del PP Antonio López. En la pieza, el magistrado indaga la financiación irregular del PP en el periodo 2003-2007.
Las consecuencias políticas de la decisión del juez han sido rápidas en esta ocasión, El director insular del Estado en Menorca, Antoni Juaneda, ha presentado su dimisión a la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer.
En un comunicado hecho público este martes por la Delegación del Gobierno en Baleares, Juaneda afirma que siempre ha actuado dentro de la "más estricta legalidad" y explica que abandona su actual responsabilidad para no perjudicar a la institución que representa y cumplir con los compromisos adquiridos con las personas que le propusieron para el cargo y le nombraron, y también con el PP balear. Juaneda ha comunicado su renuncia a la delegada del Gobierno para que sea efectiva de forma inmediata y muestra su disposición ante la Justicia, "como no puede ser de otra manera", para esclarecer los hechos y facilitar toda la información que se le requiera.
La investigación de esta pieza se intensificó la pasada semana en Madrid en torno a la financiación supuestamente ilegal del PP balear. Así consta en el auto, que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado este martes para acordar el levantamiento del secreto que pesaba sobre estas pesquisas y citar a declarar a un total de trece personas, entre imputados y testigos, entre los próximos días 5 y 12 de noviembre.
Así, entre todos ellos Padilla, mujer del extesorero del PP Fernando Areal -hermano de la mujer de Matas-, ha sido emp.lazada el mismo día 5; Juaneda así como el exgerente del partido Antonio López comparecerán el 7, mientras que Torres y Rodrigo de Santos lo harán el día 8.
A todos ellos se suman María Enriqueta Sierra (citada el día 5), directiva de la empresa que se encuentra en el foco de las investigaciones, Over Marketing; la exempleada de esta mercantil María Luisa Durán (día 7), y el empresario José Ignacio Rodríguez (día 12). Asimismo, como testigos han sido citados la exdirectora general de Función Pública María Luisa Ginard, a dos exjefas de prensa, a Neus Salas y a quien entre los años 2004 y 2005 desempeñó el cargo de jefe de la UGE de la Consejería de Interior.
Se trata de la primera ronda de comparecencias que el magistrado llevará a cabo en sede judicial en el marco de estas investigaciones, centrada en la presunta financiación irregular del PP y el amaño de concursos públicos durante la última legislatura de Matas (2003-2007), todo ello después de que que el pasado miércoles una comisión judicial desplazada a Madrid, con el juez José Castro a la cabeza, interrogara a entre otros al publicista Daniel Mercado, administrador de Over, cuyo nombre aparece estrechamente vinculado a la trama Gürtel.
Con estas diligencias los investigadores buscan esclarecer los promenores que rodearon a estas supuestas irregularidades, que en términos generales ya estaban siendo investigadas desde hace varios años en causas de presunta corrupción como los denominados casos Ibatur y Palma Arena.
Uno de los exaltos cargos del PP que según las mismas fuentes se encuentran en el punto de mira y que podría ser en próximos días citado a declarar es el exconsejero de Interior José María Rodríguez, quien el pasado mes de julio dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que incurrió en favor de la trama Gürtel mientras era consejero de Matas.
También otras Consejerías se encuentran bajo lupa judicial, como son la de Sanidad y la de Inmigración, tal y como han señalado las fuentes, que han apuntado que, además de las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Ejecutivo autonómico, se indagan las partidas públicas que se destinaron a Over por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.
La operación arrancó el pasado miércoles con el interrogatorio de Mercado a raíz del presunto trato de favor del que gozó durante el último gobierno de Matas, cuyo partido, el PP, se habría beneficiado a su vez de desvíos de dinero procedente de los contratos adjudicados. Y es que las investigaciones apuntan a que el empresario fue beneficiado de forma presuntamente irregular mediante la adjudicación de numerosos contratos a lo largo del mandato del PP, todo ello tras haberse encargado del diseño de la campaña electoral del partido previa a los comicios autonómicos y municipales de 2003.
Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.
Ya entonces las pesquisas apuntaban a que una de las empresas públicas del ejecutivo de las islas, el Instituto Balear de Turismo, destinó durante esa legislatura unos 22,3 millones de euros a empresas que, a su vez, realizaron pagos a la sociedad Easy Concept Comunicación, investigada en el marco del caso Gürtel y al frente de la cual figuraba como administrador Pau Collado, imputado en este último procedimiento.
Unos hechos que constituyen una de las líneas de investigación del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío de millones de euros a través de esta sociedad. Tanto es así que un informe de la Agencia Tributaria revelaba que el Ibatur destinó 142.200 euros a Over entre 2004 y 2005, compañía que en ese mandato fue contratada por la Fundació Balears Sostenible -cuyo director gerente entonces era Collado- para promocionar la Tarjeta Verde en sustitución de la ecotasa que impulsó el anterior Pacte de Progrés.
Además, el documento revelaba que directa o indirectamente tanto el Ibatur como La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos S.L. y Espiral Producciones TV han mantenido relaciones comerciales con Easy Concept, una de las principales sociedades bajo sospecha en el caso Gürtel.
De acuerdo a ese informe, el Ibatur habría adquirido, por un total de 17,4 millones entre 2004 y 2008, servicios de Match Golf Consulting, que realizó pagos a Easy Concept y que, además, durante el pasado mandato resultó adjudicataria de la organización del torneo de golf anual Mallorca Classic, que se celebra en s'Era de Pula (Son Servera). Precisamente, este evento también está siendo investigado a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al patrocinio millonario del torneo por parte del Govern.
Por otro lado, la empresa dependiente de la Consejería de Turismo, al frente de la cual se encontraba Joan Flaquer, invirtió entre 2004 y 2008 un total de 652.000 euros en la compañía Espiral Producciones TV, a la que, a su vez, Over Marketing declara haber comprado servicios por 37.436 euros, pese a que Espiral le imputa unas ventas de 64.081 euros.
Finalmente, La Moderna Organización S.L. recibió en el pasado mandato 4,1 millones de euros del Govern, mientras que en 2008 pagó un total de 40.010 euros a Easy Concept. El informe destacaba asimismo que el Ibatur destinó un total de 826.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares, a la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Baleares -de la que Collado era presidente-, integrada a su vez en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, a cuyas cuentas bancarias Collado estaba autorizado.
Cabe recordar que una de las últimas actuaciones enmarcadas en las investigaciones sobre Over se encuentra la petición, por parte de la Guardia Civil, de la imputación de la eurodiputada Rosa Estaràs, quien fuese mano derecha de Matas y vicepresidenta del Ejecutivo balear, tras determinar en un informe aportado ante dos Juzgados su presunta intervención en el amaño de un contrato otorgado por unos 270.000 euros a Mercado, tal y como señalaron entonces fuentes de la investigación a Europa Press.
* Público - EP - 30.10.12
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo (archivo) - reuters
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EUROPASUR* : El caso Escalinata se ha convertido en el gran marrón urbanístico de Algeciras. La problemática en torno al aparcamiento declarado ilegal -cuyas obras arrastraron al edificio colindante a la ruina urbanística- dura ya más de once años. El lento discurrir del procedimiento judicial por las salas de lo contencioso-administrativo se acerca a su fin con una nueva sentencia del Tribunal Supremo que está al caer. Asimismo, ocho años después de que los vecinos del edificio Escalinata interpusieran la querella, la vía penal ha tomado impulso con el anuncio de la apertura del juicio oral en una causa en la que hay siete imputados, entre ellos dos exalcaldes. "La Justicia es lenta pero al final llega", señala uno de los principales afectados por esta actuación. Llegados a este punto es conveniente echar la vista atrás para entender cómo se ha llegado a esta situación. Más si cabe porque, al margen de que se depuren las posibles responsabilidades penales en los tribunales, el desenlace de esta historia puede acarrear unas consecuencias devastadoras para las arcas municipales.
El origen está en el Pleno de julio de 2001 en el que el PA y PP aprobaron el proyecto definitivo del parking. Resulta desolador comprobar cómo en aquel debate ya se advirtió por parte de la oposición de las irregularidades que contenía la actuación. De nada sirvió, como tampoco que el edificio Atlántida presentara la denuncia contra la construcción del aparcamiento o que empezaran a aparecer grietas en el edificio Escalinata durante las obras.
La situación dio un vuelco previsible cuando el TSJA declaró ilegal el parking a finales de 2004. Los motivos, los que ya se expusieron años atrás: la ausencia de licencia y que se había hecho pasar de forma "grotesca" por subterráneo al tomar como rasante la Plaza Alta en vez de la avenida Virgen del Carmen.
Pese a este varapalo judicial, el Ayuntamiento autorizó más obras en el parking para que acogiera nuevos usos. El PSOE, que se opuso al parking en la oposición, estando ya en la Alcaldía dio luz verde junto al PA a la construcción de cuatro plantas de oficinas en una de sus fachadas. Los vecinos del edificio Escalinata denunciaron estos hechos, entre otras cosas porque el parking ya había sido declarado ilegal. Sin embargo, el Consistorio había recurrido al Supremo. Una táctica que se ha mantenido desde que empezó el problema con la única intención de posponer la solución final. Desde entonces, todo han sido sentencias ratificando que el aparcamiento y sus oficinas son ilegales. Incluido el rechazo del TSJA al Plan de Movilidad, herramienta que se aprobó en 2007 para regularizarlo y que consiguió retrasar la ejecución de la sentencia sobre el parking. Ahora sólo queda esperar al pronunciamiento final del Supremo. Si desestima el Plan de Movilidad, como ya ha hecho el TSJA, se podrá intentar alargar más el proceso con recursos de súplica; pero el Ayuntamiento tendrá que empezar a afrontar que no hay vuelta atrás. Por ello, si tiene algún as guardado en la manga -en forma de modificación del PGOM para intentar legalizar el aparcamiento a la desesperada- debe ponerla sobre la mesa ya.
La ejecución de la sentencia pasa desde un hipotético derribo del parking -la opción más extrema- hasta dejar fuera de planeamiento urbanístico el edificio, al no poder albergar éste el uso de aparcamiento. En ambos casos el coste económico para el Consistorio será elevado, ya que el aparcamiento se construyó con todos los permisos municipales. Así, todo indica que la empresa Nautagest reclamará una indemnización así como el lucro cesante de la concesión administrativa, que se dio por 50 años.
Este mes, además, se ha reactivado la vía penal con el auto del Juzgado de Instrucción número 1 que ordena la apertura del juicio oral por los daños en el edificio Escalinata. Están imputados por prevaricación los ex alcaldes del PSOE Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera, el exedil José Ortega (PA), y el arquitecto municipal Arsenio Pacios. Asimismo, están imputados por daños imprudentes el administrador de Nautagest, José María Aycart, el arquitecto Pedro Pérez Blanco y el aparejador Antonio Ayala.
* EuropaSur - R. MONTES - 28.10.12
Foto: Algeciras, caso escalinata - europasur
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ELECONOMISTA/Alicante* : La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja atribuye al exalcalde de la localidad y diputado en las Cortes Valencianas, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.
La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.
Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".
La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.
Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.
"Me llamó --el exalcalde-- y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.
La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuloso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.
A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.
Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".
"ME LLAMÓ LA ATENCIÓN"
Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.
También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.
Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".
LOS DESPACHOS DE ABOGADOS
Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torrevieja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.
Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.
Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.
* El Economista - EP - 29.10.12
Foto: Torrevieja (Alicante), ayuntamiento - torrevieja.com
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ELPAÍS/Cádiz* : Hay una ciudad en Cádiz en la que la mitad de sus casi 80.000 habitantes vive en casas ilegales. Y donde la concejala de Urbanismo reside en una de ellas. La ciudad es Chiclana y vive atrapada en un limbo legal. Ha tenido que retomar una norma urbanística de 1987 porque la justicia anuló sus planes generales posteriores y no puede dar ninguna nueva licencia de ocupación. Marisol Ayala, la responsable del Urbanismo, llegó a la concejalía procedente de un partido vecinal que representaba a los ilegales y cuyo programa pedía amnistía para estas construcciones, reducciones de las multas y la legalización de sus propiedades al mínimo coste.
Ayala, nacida en Villambistia (Burgos), se instaló en Chiclana hace una década. Llegó con su marido y su hijo y se compró una casa en la urbanización de la Rana Verde, en un suelo que estaba catalogado como no urbanizable. Dice que buscaba tranquilidad. Aunque su vivienda ya no estaba sujeta a ninguna sanción, al haber prescrito el delito urbanístico se enfrentaba a un sinfín de problemas. No tenía agua corriente ni alcantarillado. Como la suya, hay otras 15.000 viviendas en Chiclana.
En cualquier otro sitio, que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal sería un escándalo. Allí se ve como un episodio más de la desidia y del caos. Nadie sabe cuándo empezó todo. Ni quién fue el primero. Chiclana creció paulatinamente ante los ojos virados de las Administraciones, que consintieron que en suelos rústicos, en zonas inundables, en espacios protegidos, se fueran levantando muros. Y dentro de los muros se construyeron casas. Y dentro de esas casas empezó a vivir gente.
La mitad de Chiclana vive en 18 millones de metros cuadrados donde el planeamiento impide construir. El boom inmobiliario de los años ochenta y noventa creó un negocio de evidente rentabilidad y dudosa legalidad en el que se vendían y compraban casas que, en realidad, no aparecían en ningún planeamiento. Y en ese negocio participaron todos. Los vecinos construían y vendían, otros compraban, los bancos daban hipotecas, los notarios firmaban escrituras y el Ayuntamiento cobraba los impuestos. La rueda circulaba sin obstáculos.
No fue hasta iniciado el siglo XXI cuando el Consistorio de Chiclana, gobernado hasta entonces por el PSOE, inició la regularización de viviendas. Planteó unas ordenanzas donde se establecía qué debía pagar cada propietario por dotar a su urbanización de servicios básicos como el agua, el saneamiento o la luz. Una media estimada por los vecinos establecía que una parcela media de 1.000 metros cuadrados tendría que abonar unos 38.000 euros. “Muy caro”, decían en el pueblo. Así que los vecinos se rebelaron. Marisol Ayala estaba entre ellos.
Crearon la Plataforma de Afectados por la Regularización, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz llegó a tildar de lobby, para conseguir hacer legal lo ilegal al mínimo coste. Ayala encabezó manifestaciones que resultaron multitudinarias. En 2007, el PP accedió al poder. Y Marisol Ayala vio que el nuevo Gobierno municipal tampoco atendía sus reclamaciones.
Ahí surgió la idea de crear un partido político. “Para morder desde dentro”, dijo en campaña. Hizo promoción de su Partido Vecinal Regionalista (PVRE) —el “puré”, como le llaman en Chiclana— puerta a puerta, prometiendo amnistía a las casas ilegales, rebajas y reducción de sanciones a las viviendas donde el delito urbanístico no había prescrito. Vecinos suyos llegaban a recibir multas de hasta 120.000 euros. También pesan sobre algunas casas órdenes de derribo. Los jueces no siempre las dictan, a pesar de los esfuerzos de la fiscalía para que estas demoliciones sean ejemplos contra el descontrol urbanístico.
Marisol Ayala arrancó 2.843 votos en las elecciones de 2011. Consiguió dos concejales. Fue la tercera fuerza más votada, por detrás PP y PSOE y por delante de IU. El PP empezó a gobernar en minoría hasta que, finalmente, su alcalde, Ernesto Marín, para garantizarse la estabilidad y poder aprobar sus Presupuestos, terminó aceptando firmar un pacto con el PVRE. Y entregó a Ayala la Concejalía de Urbanismo y Vías y Obras. Es decir, las áreas donde se deciden sanciones urbanísticas, prioridades en infraestructuras o regulación de viviendas. Marisol Ayala, representante de los vecinos de casas ilegales, recibía el poder que ella ansiaba morder.
“Es poner al lobo a cuidar del rebaño”, alertaron los ecologistas. Aunque ese lobo ha resultado más manso de lo previsto. Desde que en mayo accedió al Gobierno, el afán reivindicativo de Ayala se ha desinflado. En los plenos apenas habla. El PVRE no presenta mociones y se limita a votar lo que quiere aprobar el PP. Apenas alguna intervención en los plenos. “Son contestaciones muy groseras. Se ríe de nosotros en nuestra cara. No convoca comisiones informativas, ni nos da la documentación que pedimos. Nos insulta”, se queja amargamente Ana Rodríguez, de IU, quien presume de representar al único partido que nunca amagó con pactar con Ayala. El PSOE también protesta por el carácter “rudo” de la concejala de Urbanismo y califica sus escasas intervenciones de “grotescas”. En un reciente escrito llegó a pedir a los vecinos que no construyeran casas ilegales. La oposición lo ve el colmo de la desfachatez.
La líder del PVRE no concede entrevistas. Al menos, no hasta ahora. Tampoco para este reportaje. En su lugar habla el alcalde. Y lo hace para defender a su socia. “Llevamos cinco meses, y lo que intentamos es deshacer el desaguisado que creó el PSOE. Necesita tiempo para prepararse”, dice Ernesto Marín. ¿Es un escándalo que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal? El alcalde cree que no. “Eso se puede ver así desde Madrid, pero no desde aquí. La mitad de esta ciudad vive en viviendas ilegales. Es un problema social y hay que atenderlo”. Marín sí admite que en estos cinco meses no se ha podido hacer nada por estos vecinos. Y lo justifica en que todo depende de un plan general actualmente en redacción. El plan que debe devolver a Chiclana al siglo XXI. Mientras, la Junta de Andalucía ultima unas normas provisionales que no tendrán competencias sobre los suelos no urbanizables, pero, al menos, permitirán dar licencias de ocupación en una ciudad anclada en 1987.
Ayala ha fallado también a los suyos, a esos vecinos a los que antes representaba. Lo dice Joaquín González, el actual portavoz de la plataforma que lideraba la ahora concejala. “Ni una sola vez se ha reunido con nosotros. No ha hecho una sola inversión en nuestras calles. Estamos igual que antes o peor”, se lamenta. Y sostiene el discurso que antes pronunciaba la ahora edil de Urbanismo. “Somos vecinos de segunda para recibir servicios, pero de primera para cobrarnos 600 o 700 euros de IBI”. Sienten que Ayala, mansa loba al mando del rebaño urbanístico, les ha dejado solos. En ese limbo legal llamado Chiclana.
* El País - PEDRO ESPINOSA 28 OCT 2012
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
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PÚBLICO* : Unos cuarenta integrantes de la plataforma "Stop Desahucios 15M" han ocupado este lunes dos sucursales bancarias en Valladolid, una de Caja España y otra del BBVA, con el objetivo de evitar el desahucio de varias familias que han suscrito hipotecas con ambas entidades. A las nueve de la noche de este lunes, abandonaron la acción en la oficina de BBVA, pero trece personas mantienen el encierro en la de Caja España.
El portavoz de los encerrados, Luis Miguel Durán, declaró a Público que las trece personas que quedaban en el banco, entre quienes están cuatro afectados directamente por las hipotecas que quieren negociar, tienen intención de no abandonar la sucursal mientras que el banco no les entregue un documento firmado atendiendo sus reclamaciones, que entienden justas.
"Estamos muy preocupados por lo sucedido en los últimos días", señaló Durán en alusión a los casos de suicidio o intento del mismo registrados la semana pasada, por lo que no se fían de las buenas palabras del banco comprometiéndose a estudiar los casos sino que reclaman una solución inmediata.
Las familias afectadas solicitan en varios de los casos la condonación de la deuda hipotecaria mediante dación en pago de la vivienda. En dicha sucursal reclaman que se paralicen cinco desahucios relacionados con hipotecas concedidas por la entidad.
La Policía Nacional ha acudido a primera hora de la tarde al aviso de los responsables de las sucursales, situadas en la calle Santiago y la plaza Fuente Dorada, y se ha desplegado en torno a ellas. Varias veces, agentes de la Policía han entrado en las oficinas para pedir a los ocupantes que se marcharan, aunque trece de los ocupantes de Caja España han decidido no irse, mientras que siete que estaban en esta sucursal sí lo han hecho.
El objetivo de los ocupantes, entre los que figuran algunos de los miembros de las familias afectadas por los desahucios, es la condonación de las deudas de dichas personas con las entidades y, en ciertos casos, lograr un alquiler social, tal como han explicado varios miembros de la plataforma y de las propias familias.
Además de los encerrados, otras tantas decenas de personas se han concentrado en la calle, a las que se han unido durante un tiempo y de manera espontánea los concejales de IU en el Ayuntamiento de Valladolid, encabezados por su portavoz, Manuel Saravia.
En el caso de la ocupación de la sede de Caja España, los miembros de la plataforma, mediante un representante y una abogada, han conseguido reunirse, tras solicitarlo previamente sin éxito antes de comenzar el encierro, con el director territorial de Caja España, José Ramón Solís.
La entidad ha ofrecido a los afectados el estudio "individual y puntual" de sus casos "con la mejor de las predisposiciones" en el plazo de cinco días, unas condiciones que la Plataforma 15M no ha aceptado después de alegar que "buscan soluciones reales" y que "no se puede tener confianza ninguna en la palabra de los bancos".
"Estamos planteando el único remedio que se puede dar en este momento" -ha afirmado el director de la sucursal de Caja España, Agustín Torres- "en esta entidad tenemos seriedad y queremos mirar esta petición con buenos ojos", ha añadido.
El portavoz de los ocupantes del banco, Luis Miguel Durán, ha comunicado la "firme intención" de prolongar el encierro hasta que se dé una "resolución positiva" a sus peticiones, y ha alegado que van a seguir adelante a pesar de que puedan ser multados, condenados, "incluso agredidos", porque "luchan por necesidad de la sociedad".
La plataforma del 15M ha convocado una concentración en la Plaza de Fuente Dorada a las 19.30 horas de este lunes "para apoyar a los compañeros encerrados y las familias afectadas", tal como han apuntado en una nota de prensa.
* Público - EFE - 29.10.12
Foto: Los encerrados en la sucursal de Caja España - 15M
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LAVANGUARDIA/Girona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado, por falta de la documentación exigida, la modificación puntual del Plan General de Castell-Platja d'Aro aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona en 2008 que permitía la construcción de más de 60 pisos de protección oficial.
La sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJC estima el recurso interpuesto por dos comunidades de propietarios de Castell-Platja d'Aro contra el acuerdo de la comisión de urbanismo de Girona de 9 de abril de 2008 que aprobaba la modificación puntual del plan general del municipio para la construcción de unas viviendas públicas en la calle Torres.
En su resolución, el TSJC argumenta que anula las resoluciones de la Generalitat y la modificación del Plan General Urbanístico de Platja dAro "por haberse elaborado sin aportarse la documentación legalmente exigida y muy particularmente el estudio económico financiero, el informe medio ambiental y la memoria social".
"Connivencia de la Generalitat"
El abogado de las comunidades de vecinos, Ramón Conde, ha señalado que "desde el Ayuntamiento y con la connivencia de la Comisión de Urbanismo, hicieron la modificación sin tener en cuenta los requisitos que marca la normativa urbanística, se tiró por la vía directa". Según Conde, la resolución del TSJC no entra ni a valorar la construcción de los pisos, por "la descarada falta de documentación medio ambiental, de la memoria social y de la partida presupuestaria para hacerlos".
En este sentido, el letrado ha explicado que, cuando los vecinos afectados por la construcción de estos pisos se enteraron de la modificación urbanística, se pidieron explicaciones al ayuntamiento, que nunca contestó.
La modificación puntual del consistorio consistió en convertir lo que estaba calificado como zona verde y zona de equipamientos en zona edificable para la construcción de pisos de protección oficial de alquiler. Tras agotar la vía administrativa, lo afectados interpusieron recurso contencioso administrativo contra el Ajuntament de Castell-Platja d'Aro y contra la Comisión territorial de urbanismo de Girona, que fue quien aprobó en última instancia la construcción de estas viviendas públicas, ha explicado Conde.
Según el abogado, "se hicieron las cosas como 25 años atrás, por la vía directa y sin cumplir las normativas vigentes" porque "necesitaban llenar titulares diciendo que harían viviendas sociales".
* La Vanguardia - 26.10.12
Foto: Platja d'Aro (Girona) - lavanguardia
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LEVANTE* : La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), actualmente en fase de debate pública, no prevé soluciones para la avalancha de PAI (programas de actuación integrada) y suelo reclasificado generado en la última década y los numerosos concursos de agentes urbanizadores que no se desarrollan. "La LRAU y la LUV fueron leyes pensadas para un crecimiento indefinido pero ¿qué pasa ahora con los megaPAI que están agonizando como Mundo Ilusión, Nou Mil·lenni o Rabassa o los miles de proyectos que no se ejecutan?". La pregunta la lanzaban al aire uno de los asistentes a la jornada sobre el nuevo régimen jurídico del urbanismo valenciano, organizada ayer en Valencia por el despacho de abogados Cuatrecasas. Gonçalves Pereira. De hecho, apuntalaron otros asistentes, "existen propietarios abonando los gastos de financiación de los avales de PAI que comenzaron a tramitarse hace diez años, pero en los que aún no han podido iniciarse las obras. Y ahora nos reclaman a los ayuntamientos que les devolvamos los avales. ¿Se puede exigir al ayuntamiento responsabilidad patrimonial por el retraso en el inicio de las obras, aunque no sea culpa suya?".
Para responder a esta y otras preguntas, en la mesa estaban convocados cuatro ponentes de altura: el ex magistrado y miembro de Cuatrecasas, Mariano Ayuso, el magistrado del TSJ, Edilberto Narbón, y Juan Giner y Enrique Martí, director general y subdirector, respectivamente,de Evaluación Ambiental y Territorial.
Sobre el régimen transitorio, Giner y Martí fueron taxativos: "Esta no ley va a solucionar el problema del urbanismo valenciano: qué hacer con todos los PAI que hay empastrados. Una ley o un derecho transitorio no va a resolver los problemas. Quizá sea necesaria una ley específica -o un decreto, apuntaron desde el público- de desprogramación, de deshacer lo que se ha hecho, pero es un debate distinto a la nueva ley urbanística", aseguró Juan Giner.
"Con el agente urbanizador hay que ser valiente resolver las situaciones que se están demorando y anular las adjudicaciones del agente urbanizador, no el PAI, y eliminar a los propietarios cargas y avales".
El magistrado del TSJ, Edilberto Narbón, consideró "loable que esta ley simplifique" toda la normativa urbanística para que dé "seguridad jurídica, que es la que hará prosperar la economía". Narbón criticó de la nueva Lotup que "intente cambiar los nombres de la clasificación de suelo", que el plan general pormenorizado quede en manos de los ayuntamientos (la Generalitat se encargará del plan general estructural) y abogó por "eliminar todos los plazos de prescripción de las obras ilegales" que, si lo son, nunca debería permitirse legalizarse, vino a decir. Por último, Mariano Ayuso alabó la derogación del Rogtu y "las mejoras de lo que ya existía", aunque criticó que "se supriman las clases de suelo, que se plantee un nuevo esquema en los planes generales, porque no todo estarán homologados" y lamentó que el derecho de propiedad está "minusvalorado".
* Levante - LAURA BALLESTER - 26.10.12
Foto: Alicante, terrenos Plan Rabassa - diarioinformación.com
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DIARIODEAVISOS/Tenerife* : La Oficina Técnica Municipal de Candelaria ha informado en contra de dar la licencia de primera ocupación a la vivienda del alcalde, Gumersindo García, y de su esposa, inmueble situado en un asentamiento rural del municipio sureño, por “superar la edificabilidad y ocupación máximas permitidas” en la ordenanza pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO).
En un informe fechado el pasado 4 de octubre y firmado por el arquitecto municipal, se concluye que “las edificaciones en la parcela no se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la licencia de obras, ni al proyecto reformado ni a la documentación obrante en la solicitud [presentada por la esposa de García ]de licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”. Tampoco la alineación del muro de cerramiento de la calle se ajusta a la concedida por el Ayuntamiento, según otro informe técnico de igual fecha y autoría que el anterior.
Ambos documentos fueron ayer facilitados a este diario por el portavoz municipal del PP, José Fernando Gómez, quien ha denunciado el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que, durante la investigación que está llevando a cabo, ha requerido un informe sobre este asunto a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), agregó el edil popular.
Gómez, que hoy tiene previsto solicitar explicaciones durante el pleno municipal al equipo gobernante, destaca que la Oficia Técnica Municipal, tras una inspección realizada al lugar, detectó “una nueva construcción: un salón barbacoa de 107,28 metros cuadrados junto a un cuarto de aperos de 30 metros cuadrados”.
El concejal del PP explica que la parcela del asentamiento rural admite una edificabilidad máxi-ma de 300 metros cuadrados, y que la superficie apta para la vivienda debió calcularse descontando lo ya edificado a partir de los 30 metros cuadrados permitidos, “por lo que se ha excedido en 107 metros cuadrados”.
En este punto la Oficina Técnica Municipal constata que “la construcción situada al fondo de la parcela, de hace aproximadamente 12 años”, “se omitió en el proyecto” para el que se dio la licencia de obras, otorgada por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, en 2006.
A juicio del concejal popular, “el alcalde debe ser el primero en respetar y hacer respetar la ley, algo que ahora queda en entredicho con el procedimiento abierto por la Fiscalía y los informes de la Oficina Técnica”. Además, recuerda que “siendo concejal de la oposición, Gumersindo García denunció públicamente la construcción de la casa del entonces secretario del Ayuntamiento por motivos similares a los que ahora le son aplicables a él”. A la vista de todo ello, Gómez se preguntó “con qué autoridad moral el alcalde puede denunciar ahora ilegalidades urbanísticas o llamar ilegales a Cho Vito”.
Este diario contactó con el gobierno local para conocer su versión sobre este asunto, y manifestó que, por el momento, prefería no hacer declaraciones.
* Diario de Avisos - VICENTE PÉREZ - 25.10.12
Foto: Candelaria (Tenerife), casa alcalde - diariodeavisos
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LEVANTE* : La justicia da el enésimo revolcón al planeamiento urbanístico de Castelló y prácticamente finiquita el antiguo Plan General de Ordenación Urbana de 2000. El Tribunal Superior de Justicia anula ahora la última exposición al público del PGOU de 2000 por tramitarse con la anterior ley urbanística (LRAU) y no con la vigente (LUV) y aboca al ayuntamiento a redactar un nuevo Plan General, un proceso que se prolongaría entre tres y cuatro años.
En este tiempo, la ciudad estaría sin Plan General, dado que se encuentra anulado por una sentencia del Tribunal Supremo, y sólo contarían con cobertura las zonas residenciales aprobadas o construidas a través de un régimen especial aprobado recientemente por el Consell, con un plazo de 4 años.
Se trata del tercer correctivo judicial que recibe el PGOU de 2000 en cuatro años. En 2008, el Tribunal Supremo lo anuló por obviarse en su trámite un segundo proceso de alegaciones y contravenir la Ley Estatal de Suelo, en 2011 volvió a invalidarlo por no incorporar las novedades legislativas en la repetición del proceso, y ahora, a instancias de un recurso vecinal, enmienda la fórmula escogida por el ayuntamiento para cumplir el último fallo.
"Radicalmente nulo"
Los munícipes populares iniciaron el 7 de septiembre la exposición al público del Plan General refundando el contenido de 2000 con las nuevas leyes y modificaciones urbanísticas. Lo tramitaron de acuerdo a la LRAU, que simplifica y acorta los plazos, amparándose en una disposición de la actual LUV. Ésta permite tramitar con la anterior legislación los PGOU aprobados antes de que entrara en vigor la actual ley. El periodo de alegaciones finalizó el 15 de octubre y el PP confiaba en aprobar el nuevo texto en abril.
La cuestión es que el plan de 2000 quedó anulado con la sentencia de 2011, tal como recuerda el auto del TSJ. "La aplicación de la LRAU no puede ampararse en la disposición de la LUV porque el Plan General de 2000 no existe jurídicamente al haber sido declarado radicalmente nulo, no tratándose tan sólo de la mera subsanación de la información pública", señala la sección segunda de la sala de los Contencioso, que deja sin efecto el acuerdo pleno del 7 de septiembre e insta al ayuntamiento a elaborar el PGOU "conforme la realidad físico-jurídica del momento y aplicando la normativa urbanística vigente". Da un plazo de dos meses para iniciar el trámite.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, admitió que se tendrá que elaborar un nuevo PGOU si prospera este auto, aunque confió en paralizarlo con un recurso de súplica e insistió en que se han limitado a seguir las directrices judiciales.
El origen de los problemas del PGOU se remonta a la primera sentencia de 2008. Entonces, el otrora alcalde, Alberto Fabra, se negó a reconocer que el fallo anulaba el PGOU y promovió una mera "ficción" sin incluir las novedades legislativas. Esta acción fue echada atrás en 2011 por el Supremo. El actual equipo de gobierno de Alfonso Bataller ?apostó por impulsar el mismo PGOU incluyendo las circunstancias materiales vigentes. Era la vía más rápida, pero estas prisas pueden ser letales y eternizar el proceso.
El PSPV pide responsabilidades
La portavoz socialista, Amparo Marco, exigió responsabilidades políticas al alcalde y solicitó la comparecencia en el pleno de hoy del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet. Marcó recordó que su grupo viene advirtiendo desde el principio al PP de su error y proponiendo otro PGOU.
El portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, denunció la opacidad urbanística del PP, y la regidora de EU, Carme Carreras, reclamó también un nuevo PGOU.
* Levante - J.MESTRE - 25.10.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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ELPLURAL* : El Torreón de Lozoya es, después del acueducto romano, el edificio más emblemático de Segovia, hipotecado por la extinta caja de ahorros, propietaria del mismo, para hacer negocios frustrados inmobiliarios en Gijón. Ahora, por siete millones de euros cualquier jeque árabe, o rico americano, se puede hacer con esta histórica fortaleza del siglo XIV, después de que los anteriores gestores de la caja se embolsaran 45 millones de euros entre salarios, planes de pensiones y prejubilaciones.
Es lo que tiene haber sido amigo, compañero de viaje o conocido financiero de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, cuya gestión ha llevado a la ruina a otras siete cajas de ahorro (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja). Este banco nacionalizado, causante del crack financiero español, también ha provocado que gran parte del patrimonio histórico de sus socios esté sometido, hoy por hoy, a la especulación.
Siete millones por un torreón del siglo XIV
Tal es el caso del Torreón de Lozoya de Segovia, una fortificación del siglo XIV de valor incalculable que, sin embargo, puede ser adquirida por cualquier persona que ponga sobre la mesa siete millones de euros, o mejor dicho, que adquiera los derechos de la hipoteca del inmueble que Caja Segovia realizó en su momento para pagar deudas y desmanes de sus anteriores gestores.
“Pelotazo” frustrado en Gijón
La entidad segoviana, propietaria de este edificio protegido, puso como aval el Torreón de Lozoya para adquirir unos terrenos en Gijón y desarrollar una promoción urbanística que el pinchazo de la burbuja del ladrillo frustró. Navicoas Asturias S.L., nombre de la promotora, se quedó “compuesta y sin novia”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes de IU de Segovia, y con una deuda que ahora Bankia le reclama.
Otros inmuebles hipotecados
Pero aquí no queda el despropósito. La deuda tributaria de Caja Segovia de 6,8 millones de euros le obligó a hipotecar, además del Torreón de Lozoya, gran parte de su patrimonio inmobiliario, como el Palacio de Villafáñez (antiguo asiento de la entidad de ahorro), el salón de actos de su principal sede, el 50 por ciento de una nave almacén ubicada en el polígono de la cercan a la localidad de Hontoria y un local en la calle José Zorrilla en el que alberga todos sus centros informáticos. Otras cajas integradas en Bankia corren el riesgo de perder históricos inmuebles, como La Casa de Alhajas de Madrid, el edificio de los Condes de Castrilla de Orgaz de Valencia, el Palacio de los Serrano de Ávila, el barroco Palacio de las Bezaras de Logroño, la modernista Casa Coll i Regàs de Caixa Laietana, o el decimonónico centro cultural de Caja Canarias.
45 millones para sus exdirectivos
Siendo muy generosos podríamos achacar a una mala gestión esta pérdida de patrimonio y nefasta fusión, pero cuando sabemos que una quincena de directivos de Caja Segovia se han embolsado más de 45 millones de euros en concepto de salarios, planes de pensiones, prejubilaciones y otros privilegios dinerarios, entonces, es cuando la indignación ciudadana reclama justicia. Y así parece ser que ocurrirá, ya que los nuevos gestores de la entidad de ahorro segoviana, liderados por el actual presidente, Rafael Encinas, están dispuestos a reclamar vía tribunales la devolución de las cantidades percibidas por los que, a todas luces, han sido los responsable del hundimiento de la entidad.
¿Quién es Atilano Soto?
Y uno de los que tiene que dar explicaciones es, sin lugar a dudas, Atilano Soto, presidente de la entidad durante los últimos 15 años, responsable de la fusión con Bankia y exdirigente del PP, bajo cuyo mandato se aceptó pedir el préstamo, poniendo el Torreón de Lozoya como garantía de pago del mismo. Atilano Soto es el típico cacique castellano, perpetuado en el poder de la derecha, que ha pasado por todos los estamentos del PP segoviano, como presidente de la Diputación durante una década y que ha sido, además, responsable del desaguisado del proyecto inmobiliario Segovia XXI, del que como consejero delegado cobraba cerca de 120.000 euros anuales. Pero eso es otro capítulo aparte.
* El Plural - CARLOS ISERTE | 19/octubre/2012
Foto: Segovia, torreón Lozoya - elplural
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ELPAÍS* : Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.
El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.
El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)”.
Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.
Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto.
El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.
¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.
Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.
Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.
Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.
El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.
Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.
Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.
El fracaso del Código de Buenas Prácticas
La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).
* El País - JOSÉ M. IRUJO / JOSEBA ELOLA - 24 OCT 2012
Foto: Desahucio vivienda - publico
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ENRIC LLOPIS* : A veces los números dicen más que un buen contexto. En su libro “El modelo inmobiliario español” el profesor José Manuel Naredo recuerda que, según el Censo de Edificios y Viviendas, en 1950 más de la mitad del stock de viviendas en el estado español se hallaba en régimen de alquiler; este dato alcanzaba cerca del 90% en las grandes ciudades, como Madrid (94%); Barcelona (95%); Sevilla (90%) y Bilbao (88%). Pero “esta situación se invirtió drásticamente haciendo que hoy se disponga de un stock de viviendas sobredimensionado, en el que la propiedad es el régimen de tenencia dominante”, explica Naredo.
El último dato disponible en el citado censo, del año 2001, ya marcaba un mínimo histórico en el porcentaje de viviendas en alquiler, con sólo un 11%. Esta cifra aún decayó más entre 2001 y 2007, año en que pinchó la burbuja inmobiliaria. Actualmente, el Parlamento debate el Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas que, a juicio de Izquierda Unida y diferentes organizaciones sociales, supone un ataque frontal a la garantía del derecho a la vivienda consagrado en la Constitución. Colectivos como ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Grupo de Trabajo de Economía-Sol, entre otros, aseguran además que con este Proyecto de Ley se favorece los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios, “cuya pretensión es, exclusivamente, salvaguardar sus activos en el ladrillo, mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales”.
Entre otras medidas, el proyecto legislativo reduce de cinco a tres años el límite legal para permanecer en una vivienda alquilada (y la prórroga forzosa, de tres años a uno) lo que, a juicio de estas organizaciones, “precariza aún más el alquiler al convertirlo en una opción meramente temporal, en modo alguno comparable a la seguridad de la vivienda en propiedad”. Además, el ejecutivo de Rajoy pretende que el propietario pueda disponer de la vivienda para sí o sus familiares más cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado, o no, en el contrato (el inquilino tendría un plazo de dos meses para abandonar la vivienda y tampoco la norma prevé una indemnización mínima). También se permite la negociación anual de la renta sin sujeción al IPC, lo que -en la práctica- implica acentuar la debilidad del inquilino, ya que se concede un carácter prioritario a la voluntad de las partes, critican las organizaciones sociales.
En el mismo sentido, el texto permite que las partes puedan negociar la pérdida del derecho de adquisición preferente por parte del inquilino; llevada esta media al absurdo, podría darse el caso de que un inquilino no sea informado de la venta de la vivienda que habita, y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso, pese a tener su contrato en vigor y sus pagos al corriente, si previamente no se ha inscrito el contrato de arrendamiento en el Registro de la propiedad.
Se prepara, por tanto, una ley que refuerza los derechos del propietario de la vivienda puesta en alquiler, incluso, en la medida que el Ministerio de Fomento presenta como mayor ventaja para el inquilino: la posibilidad de desistir del contrato en cualquier momento, siempre que se le comunique al propietario con un mes de antelación. Esta aparente ventaja no lo es tal, al agregarse la posibilidad de incluir una cláusula de indemnización dentro del contrato, por desistimiento del inquilino. Por otra parte, se reducen casi al mínimo las garantías judiciales de los arrendatarios, con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. De hecho, en el momento de efectuar la denuncia el arrendador, el secretario judicial fija la vista del caso y, simultáneamente, la fecha del desahucio.
Así las cosas, la ley apunta sin embozos a una mayor desprotección del inquilino; pero también, según afirman los colectivos más críticos, “a la activación el mercado de viviendas hacia sectores especulativos”. Aun cuando en la exposición de motivos se dice apostar por la profesionalización del mercado del alquiler, no se proponen medidas en ese sentido. Al contrario, “se abre el mercado de viviendas vacías a las personas físicas y las entidades residentes en un paraíso fiscal; y es por esto por lo que se les elimina el gravamen especial sobre bienes inmuebles (3% del valor catastral); además, aunque el articulado elimina la posibilidad de entrada de capital desde los paraísos fiscales en principio, las excepciones permiten a cualquier persona física o entidad invertir capital desde cualquier lugar”. Con la misma idea, la ley fomenta las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), “que por sus ventajas fiscales se acercan a las SICAV dentro del terreno inmobiliario”, critican estas organizaciones.
A juicio de la diputada de EUPV-IU, Marina Albiol, la pretensión real del ejecutivo es “convertir aún más si cabe, en una mercancía, un derecho fundamental, el de la vivienda, reconocido en la Constitución Española y en la legislación internacional; por lo demás, la nueva ley encaja perfectamente en el modelo residencial por el que se ha apostado en los últimos 50 años en el estado español, que consiste en reforzar la vivienda en propiedad y residualizar , hacer casi marginal, el alquiler; las reformas impulsadas por el PSOE, en 2009, y el PP, en 2011, ya apuntaban hacia la misma idea”.
Otro problema de esta iniciativa legislativa, agrega Albiol, es que insiste en la noción de que “ liberalizar es la mejor solución para cualquier mercado, sin reparar en que el del alquiler no es un mercado más; no hay en este caso, como tampoco la hay en el mercado laboral, una igualdad entre las partes, arrendador y arrendatario, por lo que debe intervenirse para favorecer a la parte más débil. El planteamiento filosófico de la liberalización , asumido por el gobierno, camina por la senda de las reformas neoliberales impulsadas por Margaret Thatcher en el mercado de la vivienda, en la década de los 80; tampoco se trata, en absoluto, de una ley que favorezca el alquiler frente a otros modos residenciales, pese a lo que diga la propaganda”.
Por esta razón, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha instado al gobierno, a través de una Proposición no de ley, a que establezca, en las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública, particularmente en Bankia, la dación en pago y el alquiler social como soluciones para las familias que no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias. Ha demandado, asimismo, en una iniciativa suscrita por Alberto Garzón y José Luis Centella, el desarrollo de un parque público de viviendas de alquiler social con los activos inmobiliarios que puedan transferirse al denominado “banco malo”, entre otros. Otras medidas complementarias propuestas por Izquierda Unida son la elaboración (en los ámbitos estatal y autonómico) de una ley de derecho a la vivienda; políticas de rehabilitación y renovación encaminadas a garantizar el derecho de acceso a la vivienda; y la dación en pago.
Dado que la iniciativa legal del gobierno no es políticamente aséptica ni neutral, ¿A qué intereses responde? Constituye una buena pista uno de los artículos publicados sobre la cuestión en la Web de FEDEA (entidad constituida por los grandes bancos y empresas con el fin de que, mediante informes y artículos, reputados académicos creen un clima de opinión favorable a las contrarreformas de índole neoliberal). FEDEA todavía va más lejos que el Proyecto de Ley del ejecutivo: “Las restricciones a los contratos y el subdesarrollo del mercado del alquiler reducen la movilidad de los trabajadores, disminuyendo la eficiencia de la economía y elevando la tasa de paro”; además, “es necesario aumentar la seguridad jurídica y la rapidez del procedimiento de la resolución del contrato y el desahucio en caso de impago del alquiler”; y, por último, se afirma que “proponemos reducir la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler, que se encuentra entre las más altas de Europa, y fijarla en un año (…)”.
En el contexto europeo, tiene lugar una contundente ofensiva privatizadora que abarca todos los ámbitos de la economía, también el de la vivienda. Pero, en líneas generales, las políticas públicas en este sector tienen mayor alcance y son más inclusivas que en el estado español. Así, en Francia, según informaciones de elEconomista.es, el gobierno ha elaborado un proyecto de decreto que limitará las subidas de los alquileres de vivienda en 41 áreas urbanas (París, Lyon, Burdeos, Nantes o Niza, entre otras), donde se considera que los precios resultan demasiado elevados; en países como Holanda, la ocupación de viviendas que estén vacías desde hace más de un año es legal, y se conceden subsidios nada desdeñables para el pago del alquiler; en el Reino Unido, existe un presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social, y penalizaciones impuestas a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas; en España, en un contexto de creciente precariedad (cada día se ejecutan alrededor de 300 desahucios, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el PP mantiene su apuesta por la el neoliberalismo más ortodoxo con la nueva legislación sobre alquileres. Una vuelta de tuerca más.
* Rebelión - Opinión - 22.10.12
Foto: Se alquilan viviendas - J.Villanueva (El Mundo)
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ELPAÍS/Madrid* : En 1997, Madrid se imaginó creciendo sin freno a costa de los pueblos vecinos, y decidió prepararse: el Ayuntamiento, regido por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que exprimía todo el suelo disponible en el municipio, y que convertía en urbanizable y casi exclusivamente residencial el doble de superficie (10.000 hectáreas) de la que ocupa la almendra central.
Ahora, 15 años después, la realidad es bien distinta: la oferta de viviendas en la capital es muy superior a la demanda; hay barrios enteros planificados, que suman 200.000 pisos, cuya viabilidad pone en duda hasta el propio Ayuntamiento (sigue en manos del PP, ahora con Ana Botella); la ciudad ha sumado solo 390.000 habitantes, frente al auge de la periferia; y, encima, los madrileños tienen dificultades para acceder a una vivienda por su excesivo encarecimientos de los últimos años.
“Los intereses de los ciudadanos quedaron por detrás de los de los promotores inmobiliarios”, resume el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky. Este partido y la asociación Ecologistas en Acción plantaron cara al desenfreno, que llevó a convertir en urbanizables terrenos protegidos, y 15 años después el Tribunal Supremo les ha dado en parte la razón, anulando los desarrollos de Arroyofresno y de Campamento.
“Para dar respuesta a la demanda existente”, cifrada en 309.298 viviendas, el Ayuntamiento de Madrid (PP) anticipó en su plan de ordenación urbana de 1997 la construcción de 371.114 viviendas, y dejó suelo además para otras 171.121. En total, 542.235.
Entre 1997 y 2011 se concedieron licencias para 262.553 viviendas. En la corona norte, se ejecutaron la mayoría de actuaciones previstas; en el sur, en cambio, en los distritos de Vallecas y Vicálvaro (130.000 viviendas previstas), no. Tanto es así que el Ayuntamiento se plantea ahora “repensar” esos desarrollos.
Pero en su momento, el ansia de suelo llevó incluso a entregar al ladrillo parcelas catalogadas en el anterior plan de 1985 como no urbanizables y de especial protección. Fue contra esa decisión contra la que plantaron cara el Partido Socialista de Madrid (PSM) y la asociación Ecologistas en Acción.
Recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la aprobación definitiva, en abril de 1997, del plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, refrendada por el Gobierno regional del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Cinco años después, en febrero de 2003, los magistrados estimaron en parte su recurso. Finalmente, en 2007, el Tribunal Supremo zanjó la cuestión, echando atrás dos desarrollos: el Suelo Urbanizable Incorporado (UZI) 0.06 Arroyo del Fresno y el Área de Planteamiento Remitido (APR) 10.02 Instalaciones Militares de Campamento.
El resto de los desarrollos recurridos 10 años antes (Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerros de los Gamos y Camino de los Caleros) fue dado por bueno.
Pero, en vez de aceptar la sentencia, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, ambos en manos del PP, intentaron rodearla. Así, decidieron remendar a posteriori las actuaciones que habían motivado el guantazo del Supremo. Lo hicieron mediante dos acuerdos de la Junta de Gobierno municipal del 28 de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2009, siendo alcalde Gallardón; y otro del Consejo de Gobierno regional del 24 de enero de 2008, siendo presidenta Esperanza Aguirre.
“¿Puede subsanarse la falta de justificación después de haberse declarado la nulidad del plan por dicha causa?”, se pregunta el Supremo. Según PSM y Ecologistas, no. Según el TSJM, sí. Según el Supremo, no. O sea que no.
Socialistas y ecologistas presentaron un incidente de ejecución que pedía la nulidad de las acciones de Ayuntamiento y Comunidad; el TSJM dictó un auto en enero de 2010 desestimándolo, y otro en febrero de 2011 haciendo lo propio con el recurso de súplica. Ecologistas en Acción recurrió al Supremo, que el pasado 28 de septiembre consideró que “no se puede subsanar, enmendar o convalidar el plan nulo. La justificación no puede tener alcance retroactivo”.
Y va más allá: “Únicamente puede combatirse aquello que se conoce y cuando se comprenden las razones”. Así, considera “menoscabado el derecho de los ciudadanos a cuestionar” las decisiones administrativas, máxime ante la “repercusión significativa sobre el medio ambiente”.
Considera, pues, anulados los planes parciales y demás decisiones tomadas en Arroyofresno y Campamento. A 30 de septiembre, en Arroyofresno el desarrollo urbano (alcantarillas, farolas, aceras) estaba terminado al 95%-99%. Falta empezar las 2.754 viviendas previstas (chalés y bloques con pocas alturas) junto al monte de El Pardo, con conexiones de metro y cercanías, y ya sin el antiguo poblado chabolista de Pitis.
Las 10.700 viviendas previstas en los antiguos cuarteles de Campamento, 7.000 de ellas protegidas, han corrido peor suerte en estos años. Tras innumerables tropiezos, el desarrollo parecía avanzar el año pasado al traspasar el Ministerio de Defensa a una sociedad estatal por 150,5 millones de euros el 51% de los terrenos. Esos 2,11 millones de metros cuadrados junto a la autovía de Extremadura albergarán, además de viviendas, zonas verdes, equipamientos, etcétera.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 22 OCT 2012
Foto: Una de las urbanizaciones de Arroyofresno. / SANTI BURGOS
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LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP), que es además diputado provincial de Función Pública, será juzgado del 5 al 9 de noviembre en la Sección 2ª dela Audiencia Provincial de Granada por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero falsificación en documento oficial, hechos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público.
La Fiscalía Provincial de Granada le atribuye la supuesta concesión irregular de licencias para la construcción de tres casetas de aperos, la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad, y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asuntos por los que también están imputadas otras siete personas más, entre las que se encuentra el entonces concejal en la oposición, que al mandato siguiente sería alcalde, Pedro Clavero (PSOE).
Además de Clavero, se tendrán que sentar en el banquillo el que fuera primer teniente de alcalde, Eduardo Rodríguez Fernández, la actual concejal de Vivienda --entonces de Urbanismo--, Belén Carretero, el edil Pedro Morillas --hoy responsable del área de Economía y Urbanismo--, el arquitecto técnico municipal, la secretaria del Ayuntamiento y el secretario habilitado.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, en la sesión de la Comisión Informativa del área de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento de Gójar el 18 de diciembre de 2003, el alcalde, su entonces primer teniente de alcalde, su concejal de Urbanismo, y otros tres concejales más --entre ellos el socialista Pedro Clavero-- resolvieron unánimemente emitir dictamen favorable a la concesión de las licencias para la construcción de tres casetas de aperos pese a que las parcelas no tenían la superficie mínima exigida para poder edificar en ellas, en contra de lo que había advertido el técnico municipal, y sin el informe jurídico preceptivo.
Posteriormente, el alcalde dictó una resolución de fecha 8 de enero de 2004, redactada por el secretario habilitado en el Ayuntamiento durante esas fechas, en la que, además de conceder las licencias "a sabiendas" de que eran irregulares, hizo constar que los informes técnicos habían sido favorables "para simular una apariencia de legalidad".
Durante la tramitación del PGOU, Maldonado dio lectura en todos los plenos de la Comisión de Urbanismo y de la corporación local de los informes emitidos por el arquitecto municipal, también procesado, en los cuales incluyó una alteración que avalaba la concesión de las licencias presuntamente irregulares de las casetas de aperos.
El PGOU es aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento el 23 de mayo de 2003, y definitivamente en noviembre de ese año, después de que el arquitecto técnico presentar un informe sobre los cambios realizados en el PGOU sin mencionar el que incluía la alteración mencionada.
Todas estas actuaciones, mantiene el fiscal, se llevaron a cabo con el conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento de Gójar, "que dejó de cumplir con sus obligaciones, ya que, como garante del cumplimiento de la ley, debería haber certificado y contrastado que todo tenía su aporte jurídico y documental".
Por todo, el exprimer teniente de alcalde, su entonces concejal de Urbanismo, y los otros dos concejales imputados --Clavero y Morillas-- se enfrentan a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio.
El secretario habilitado, a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por tres años por supuesta falsificación en documento público, y a la misma pena el arquitecto técnico y la secretaria del Ayuntamiento, por falsificación en documento oficial. Al alcalde se le atribuyen los tres delitos, por los que debe hacer frente a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación.
Asimismo, el fiscal interesa la declaración de nulidad de la norma ilícitamente aprobada, y de las licencias amparadas por la misma, y la demolición de las obras realizadas, para que se proceda "al restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada".
* La Opinión Granada - EP - 17.10.12
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
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REBELIÓN* : El pasado jueves se hizo público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York.
El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que "El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España".
Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que "se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras" (pág. 12).
El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que "se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos" (pág. 24). Para ello "los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad" a través de "viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual", así como "promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social" (pág. 25). También "deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler".
Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.
Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH's (ver video).
Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática.
Podéis descargar el informe completo al final del siguiente enlace :
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/18/naciones-unidas-recoge-las-denuncias-de-la-pah-y-condena-duramente-la-politica-de-vivienda-del-estado-espanol/
* Rebelión - PAH - 18.10.12
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
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