DIARIODESEVILLA* : El Juzgado de lo Penal nº5 de Sevilla tiene fijado para este miércoles el juicio previsto contra el ex alcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por permitir supuestamente la edificación de varias naves en terreno rústico desde 2001. Para ellos, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico solicita un año y seis meses de prisión, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años.
Francisco Vega, abogado de la acusación particular, explicó a Europa Press que el juicio se celebrará en las dependencias judiciales del edificio Noga. Es la tercera fecha de señalamiento del juicio después de que las vistas de mayo de 2010 y 2011 fueran suspendidas, en la primera ocasión porque Morilla había sido operado de la cadera recientemente y se encontraba convaleciente, y en la segunda tras presentar informes médicos pidiendo el aplazamiento por problemas de salud.
La acusación particular que ejerce la asociación vecinal de Morón La Alameda, representada por el letrado Francisco Vega, solicita para Morilla cuatro años de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante 21 años por presunta prevaricación al permitir la edificación de varias naves en terreno rústico desde 2001. En concreto, la acusación pide para el otrora regidor popular un año de cárcel y siete de inhabilitación por cada uno de los tres presuntos delitos del artículo 320.1 del Código Penal, que hace referencia a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias".
* Diario de Sevilla - 17.10.12
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
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KAOSENLARED* : El Consejo General del Poder Judicial publica en 2012 una nueva estadística de lanzamientos de vivienda que incluye, no sólo los realizados por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sino los ejecutados por los Juzgados de Primera Instancia... Estos últimos han sido en el primer semestre del presente año 57.410, un 55% más que los 37.092 realizados por los TSJ en el mismo período, que eran los únicos que se contabilizaban hasta ahora[1]. Sumadas ambas cifras se alcanzan 94.502 lanzamientos, lo que supone una media de 566 diarios. El nuevo dato permite ampliar la información en torno al creciente número de desalojos forzosos de la vivienda a raíz de la crisis, que incluyen también los desahucios de pisos en alquiler, además de los derivados de viviendas hipotecadas en propiedad.
El número anual de ejecuciones hipotecarias -procedimientos judiciales iniciados por el acreedor contra la población que había adquirido su vivienda mediante crédito bancario- no llegaba a 20.000 hasta 2006, aumentando continuamente desde entonces hasta 2010 en que llegaron a 93.636. En 2011 se redujeron hasta 77.800, pero volvieron a crecer en el primer semestre de 2012 (48.213 frente a las 42.242 del año anterior). El total de procedimientos de demandas judiciales por impago de créditos hipotecarios suma 371.000 desde 2008.
La supuesta mejora ocurrida en 2011 no es tal para quienes han sufrido un lanzamiento judicial (expulsados de la vivienda por decisión judicial). La cifra de los ordenados por los Tribunales Superiores de cada provincia se ha duplicado desde 2008 (26.700) hasta 2011 (58.200) y en la primera mitad de 2012 siguen aumentando (37.090; cifra superior a los 32.010). Desde 2008 las viviendas hipotecadas desalojadas por orden de estos órganos judiciales fueron 203.800. Pero a éstas hay que sumar los lanzamientos ordenados por Juzgados de Primera Instancia, de los cuales sólo conocemos datos para la primera mitad de 2012 (57.400). Por tanto, la cifra registrada de familias que han perdido la vivienda que estaban pagando a crédito es de 260.000. A ésta hay que sumar las órdenes dictadas por Juzgados de Primera Instancia en años anteriores y aquellos casos en los que la vivienda ha sido devuelta “voluntariamente” sin necesidad de llegar a recibir una orden de lanzamiento. Con toda probabilidad la cifra total supera las 350.000.
Esta situación está relacionada con la crisis de empleo y la caída de poder adquisitivo de buena parte de la población. La información gráfica muestra cómo la tasa de morosidad del crédito hipotecario (volumen de créditos de dudoso cobro respecto al total del crédito concedido) se incrementó de forma paralela a la del paro. Esta última pasó del 8% a mediados de 2007 al 24,6% a mediados de 2012, lo que supone un 210% de incremento; por su parte la morosidad se multiplicó más rápidamente, desde 0,5% a 3,2% (un 528%). La mejora coyuntural registrada entre mediados de 2009 y finales de 2010 está relacionada con una caída del Euribor (y, con él, del importe de las hipotecas); con posterioridad la nueva disminución de ese índice, desde mediados de 2011, ya no produjo caídas en la morosidad debido al mayor deterioro del poder adquisitivo (incremento del paro y caída de la tasa de cobertura de las prestaciones).
A esta problemática se suma la de la franja más débil de población que vive en régimen de alquiler. A pesar del reciente descenso de estos precios, la pérdida de ingresos de muchas familias ha supuesto un incremento del número de desahucios presentados a la justicia: de 47.000 en 2003 a en torno a los 70.000 en 2009, 2010 y 2011. Entre 2008 y 2011 el total de desahucios suma 273.000 cuando con la tendencia previa a la crisis se hubiese situado en torno a 200.000.
Por tanto, más de 600.000 hogares (el 3,5% de los existentes) han perdido su vivienda, comprada o en alquiler, a raíz de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la desocupación y la precarización del empleo. En este contexto las medidas gubernamentales parecen impulsar la “muerte de un alquiler digno”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mientras se resisten a impulsar la llamada “dación en pago” para librar de deudas a las personas hipotecadas que entreguen su vivienda al banco acreedor. En defensa de esa reivindicación y del alquiler social está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular cuyo plazo de recogida de firmas finaliza el próximo 31 de octubre.
[1] Tal como recoge el Barómetro social de España en el indicador 8 de Vivienda, entre 2008 y 2011 la Estadística del CGPJ señalaba que sólo se contabilizan los lanzamientos practicados por las “comisiones de servicios comunes de notificaciones y embargos”, expresión críptica que ignoraba los lanzamientos producidos por los Juzgados de Primera Instancia que ahora sabemos que no disponían de tales “comisiones”.
http://barometrosocial.es/mas-de-600-000-hogares-han-perdido-su-vivienda-desde-2008/
* Kaos en la Red - 14.10.12
Foto: Desahucio, concentración Madrid - elpais
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MÁLAGAHOY* : El caso La Parrada que supuso en 2005 la detención por corrupción del alcalde de Manilva, el independiente y ex gilista Pedro Tirado, ha concluido con una multa de 12.000 euros. La sentencia de la Audiencia de Málaga afirma que Tirado percibió 762.102 euros en sobornos, pero desvincula estos cohechos de la operación de La Parrada, el mayor pelotazo urbanístico de la Costa del Sol. El entonces alcalde firmó un convenio en 2004 con la empresa Royal Marbella Estates para elevar la densidad residencial de esta finca, lo que permitió que unos suelos comprados por 9,7 millones se pudieran vender un año después por 117,9 millones de euros.
En ese negocio descomunal estuvo involucrado Francisco Calle, cuñado de Pedro Tirado, sin embargo, el tribunal afirma que "no ha quedado demostrado" que ejerciera ningún tipo de presión para llegar a un acuerdo urbanístico que, por otra parte, tampoco estima ilegal.
En realidad, la Sección Octava de la Audiencia de Málaga condena a Pedro Tirado porque la Policía encontró en octubre de 2005 dentro de una bolsa en su domicilio 762.102 euros, en billetes de 500, enrollados en fajos y sujetos con gomas. El tribunal niega, en contra de la acusación de la Fiscalía, que este dinero procediera de sobornos relacionados con la operación de La Parrada. Aunque "alberga la sospecha, incluso vehemente, de que este haya sido el origen, a la vista del altamente lucrativo negocio" de La Parrada, que reportó comisiones millonarias al cuñado del alcalde, Francisco Calle, y a Aki Kujala, empresario que conducía los negocios de Royal Marbella Estates.
A pesar de esas sospechas, la sala afirma que el dinero procedía de "donaciones y regalos en metálico" que Pedro Tirado recibía de terceros "por su condición de alcalde y en atención al cargo que ostentaba". Es decir, se trataba de sobornos para quedar bien, para engrasar las relaciones con el alcalde, pero no para conseguir favores concretos.
El tribunal engloba dentro de esta misma conducta tipificada como cohecho impropio el que Tirado, su cuñado y el empresario finlandés que gestionaba Royal Marbella Estates, Aki Kujala, se alojaran el 28 de septiembre de 2004 en el hotel Palace de Madrid con cargo a la empresa y que acudiera a un palco del Real Madrid para ver un partido de Champions también invitado por otro empresario y de nuevo "en atención a su cargo".
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando González Zubieta incide en las suspicacias que levanta tanto dinero negro en la casa del alcalde. Incluso indica que el tribunal en toda su trayectoria nunca ha encontrado y difícilmente lo hará en el futuro una cuantía similar "ni aún en supuestos referidos al tráfico de estupefacientes o bandas organizadas".
El ex alcalde se negó en el juicio a dar explicación alguna sobre los 762.000 euros que guardaba en su ático de Sabinillas, aunque el 14 de octubre de 2005, apenas 24 horas después de ser detenido, explicó que se trataba de "donaciones anónimas" recibidas para afrontar los gastos electorales de las municipales de 2003. Tirado se presentó entonces por el Partido Democrático de Manilva (PDEM), después de haber concurrido con anterioridad como cabeza de lista del GIL.
La sala recuerda que esos fondos no sólo no los ingresó en las cuentas de su formación política, sino que otros dirigentes ni siquiera sabían de su existencia. Además, un perito de la Agencia Tributaria indicó en el juicio que el alcalde de Manilva había llevado un tren de vida que no estaba en consonancia con los ingresos que declaraba. El tribunal lamenta la decisión de Tirado de no declarar porque hubiera podido "explicar, aclarar y justificar" el origen de esos fondos. Todas estas circunstancias son las que han "conducido" a la Audiencia a establecer que el dinero eran sobornos, aún cuando no crea demostrado que procedieran del pelotazo de La Parrada, a pesar de todas sus "sospechas".
El tribunal abunda en este presentimiento cuando afirma que "percibe" el "clamor popular" de que "para materializar muchos proyectos urbanísticos" se considera "normal" que los promotores "deban abonar determinadas cantidades dinerarias a los responsables de los consistorios" porque si se niegan a estas mordidas quedarían "excluidos de desarrollar cualquier actividad empresarial en el municipio".
El delito de cohecho impropio en la época en la que ocurrieron los hechos estaba penalizado en el Código Penal entonces vigente con penas que oscilaban entre los tres y seis meses. La sala en atención a "la gravedad del hecho, por el clamor y la alarma social que produce, así como el nivel de rentas y gastos", le impone a Pedro Tirado una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 100 euros, que equivalen en total a 12.000 euros. Además, ordena el decomiso de los 762.102 euros que se le intervinieron en su domicilio el 13 de octubre de 2005. La Fiscalía había pedido para el ex alcalde tres millones de multa y tres años de suspensión de empleo o cargo público.
La sentencia absuelve al cuñado del alcalde, Francisco Calle, de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales que le atribuía la Fiscalía, por los que le pedía dos años de cárcel y 5,2 millones de multa. Aki Kujala, el empresario de Royal Marbella Estates, acusado de cohecho y con una petición de tres millones de multa, también ha sido absuelto, así como Rafael Fernández, un vecino de La Línea imputado por blanqueo.
La operación de La Parrada consistió en la compra de varias fincas en Manilva y la consiguiente firma de un convenio en agosto de 2004 que permitía elevar la densidad residencial de 10 a 18 las viviendas por hectárea. En este negocio Aki Kujala, en su calidad de gestor de Royal Marbella Estates, se asoció con el cuñado del alcalde, Francisco Calle. Juntos crearon en abril de 2004 Gestierra, una sociedad que, según la sentencia, tuvo en exclusiva el encargo de vender los suelos. La venta se formalizó por 117,9 millones entre septiembre y diciembre de 2004 y Gestierra "en cumplimiento del compromiso adquirido por Royal Marbella Estates" recibió 5,3 millones de euros, de los que Francisco Calle transfirió 2,1 a otra sociedad creada a tal efecto en noviembre de 2004. Una vez absueltos Kujala y Calle y despejada cualquier responsabilidad de las sociedades, estos 2,1 millones del cuñado del alcalde serán desbloqueados, le serán devueltos. La sentencia, no obstante, es recurrible ante el Tribunal Supremo.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 12.10.12
Foto: Manilva - J.R. (El País)
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DIARIODEAVISOS/Tenerife* : La Fiscalía ha entregado ya a la juez del caso Varadero su escrito de conclusiones definitivas, en el que pide la apertura de juicio oral y la imposición de una pena de ocho años de inhabilitación para ocupar cargo o empleo público al alcalde de El Rosario, Macario Benitez; a la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora -ambos del PSOE- y a la secretaria del Ayuntamiento, María Anita Alonso Martínez.
La fiscal, Inmaculada Violán, considera a los acusados autores de un delito de prevaricación administrativa, por tramitar y aprobar de forma “arbitraria” en 2004 el plan parcial de Varadero para construir casi mil viviendas entre Tabaiba y Barranco Hondo, “con plena conciencia” de que era ilegal.
Y ello es así porque -como acreditaron además sentencias judiciales dictadas en 2006, 2007 y 2011- esta operación urbanística debió quedar suspendida desde 2001 en aplicación de la Ley de la Moratoria y porque los terrenos en cuestión -si bien eran urbanizables en el planeamiento del municipio- fueron protegidos en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) como rústicos por sus valores medioambientales.
A los tres acusados, la fiscal pide además que se les abra el correspondiente procedimiento de responsabilidad civil. El PIOT es un plan del Cabildo, institución en la que Mora ejer- ce en la actualidad como consejera de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas.
El Ministerio Fiscal propone, en cambio, retirar los cargos al resto de los ediles del gobierno local de entonces, al entender que “pudieron obrar simplemente en consonancia con la información que les fue facilitada por los tres acusados e informes jurídicos favorables que acompañan al expediente”.
En su escrito, la Fiscalía hace hincapié en que “todos y cada uno de los informes técnicos y jurídicos que fueron emitidos o recabados por o desde la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario con carácter previo a la Ponencia Técnica de la Cotmac [el 27-11-2002, en que se iba a tratar El Varadero] fueron de contenido desfavorable a la tramitación del plan parcial”. Y concluye que “el alcalde, actuando con pleno conocimiento” de ellos, envió un fax a la Cotmac para paralizar el expediente y aprobar luego el plan parcial por silencio administrativo en 2004.
La Fiscalía pide que declaren 19 testigos, entre empresarios, cargos y excargos públicos y técnicos; entre ellos el promotor, Amador Díaz; el arquitecto del plan parcial y del Plan General, Alberto Luengo; el exdirector general de Urbanismo ( ahora gerente de Gesplan), Rafael Castellano; así como los denunciantes de este caso por vía contencioso administrativa y penal, los concejales de IR-Verdes Escolástico Gil y Jacinto Correa. Ambos ediles, durante la tramitación del plan parcial, advirtieron de forma reiterada en los plenos sobre su ilegalidad.
* Diario de Avisos - 12.10.12
Foto: El Rosario (Tenerife) - adelur.org
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LEVANTE* : La restitución del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló de 2000 que ha emprendido el ayuntamiento parece que no será suficiente para finiquitar los problemas judiciales que viene arrastrando el PGOU desde 2008. La asociación de vecinos que pleitea contra el proyecto ha impugnado el proceso de exposición al público por fundamentarse en la antigua Ley Reguladora del Urbanismo Valenciano (LRAU). Esta norma fue sustituida en 2006 por la LUV y los recurrentes entienden que el ejecutivo local sigue incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo.
El pleno de Castelló, con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición, aprobó el 7 de septiembre someter el Plan General al periodo de alegaciones en los términos establecidos por una resolución judicial del Supremo, es decir, adaptándose a la legislación vigente (LUV) e incorporando las modificaciones aprobadas en doce años.
Y el ayuntamiento ha tramitado la modificación con la antigua LRAU por iniciarse el Plan General antes de entrar en vigor la LUV, según marca, indica en el acuerdo plenario, la propia normativa actual. A su vez, los munícipes populares han suspendido el anterior PGOU de 1984 y han solicitado el rescate del Consell para que dé cobertura legal a las zonas residenciales edificadas mientras se aprueba la revisión del PGOU.
El sistema escogido por el Gobierno local es inadecuado para los demandantes y estos vecinos han vuelto a recurrir la exposición al público por no llevarse a cabo "en sus debidos términos", según explica el abogado que los representa.
Esta acción vuelve a poner en peligro el Plan General del año 2000. El gobierno local ha repetido la exposición al público por ejecutar de forma incorrecta una primera sentencia de 2008 que declaró nulo el PGOU y obligaba a realizar un segundo proceso de participación pública. El ayuntamiento materializó este trámite pero obvió incluir las novedades urbanísticas aprobadas hasta entonces. Ahora las ha introducido en la nueva modificación, pero podría verse obligado a reanudar el proceso si el tribunal atiende la impugnación vecinal.
Esta agrupación también considera irregular que el planeamiento municipal permanezca en vigor mientras se modifica el PGOU a través de un régimen normativo transitorio aprobado por el Consell. Recuerda que este armazón legal no ha pasado por el trámite de exposición al público.
Siete meses de trámite
El pleno municipal inició el 7 de septiembre el periodo de alegaciones del PGOU corregido. Éste acabará el próximo 15 de octubre y de momento se han presentado escasas alegaciones, según fuentes municipales. El ayuntamiento confía en aprobar el texto a finales de año y que la Generalitat dé el visto bueno definitivo en abril. Esta celeridad apunta que el PP tumbará todas las alegaciones que se presenten al plan. Así lo hizo hace cuatro años durante le cumplimiento de la primera resolución judicial y en aquel entonces el proceso se prolongó durante un año.
Mientras se prolonga este trámite, la ciudad se rige por el citado régimen transitorio que en teoría regulariza aquellas zonas residenciales desarrolladas o aprobadas para que se puedan seguir aprobando licencias en las mismas. Esta norma, aprobada mediante decreto por el Consell, minimiza el impacto de la sentencia judicial en el planeamiento urbanístico de la capital de la Plana que, cabe decir, se encuentra tocado por la crisis económica.
El grupo municipal socialista defiende una revisión global del documento urbanístico aprovechando el actual parón del sector inmobiliario y mantiene reuniones con lo agentes socioeconómicos para elaborar sus propias alegaciones.
* Levante - J. MESTRE - 8.10.12
Foto: Castellón, vista - google.es
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ELPAÍS* : España lleva demasiados años superando los techos establecidos de polución. Y la salud de sus ciudadanos lo paga. España incumple tanto los límites de la Unión Europea como los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricta. El panorama es negativo en casi todas las ciudades, pero no de forma homogénea. EL PAÍS ha visitado tres puntos que coinciden en la insalubridad de su aire, a partir de datos oficiales de las estaciones de medición.
Según un informe elaborado por Ecologistas en Acción a partir de esas cifras, un 22% de los españoles respira un aire que excede los límites legales de contaminación que marcan las leyes españolas y europeas. Si se atiende a los máximos establecidos por la OMS el porcentaje sube al 94%.
También la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), en su último informe, con datos de 2010, denuncia que España excedió los límites de emisión de dióxido de nitrógeno, amoniaco, mercurio y compuestos orgánicos volátiles.
Aunque los datos no son homogéneos por comunidades autónomas, varias zonas de España se han visto obligadas a solicitar moratorias o tienen expedientes de infracción por superar los límites establecidos por Bruselas desde 2010. La Comunidad Madrid es la que más problemas de contaminación presenta. Y dentro de la capital, la zona con un aire más insalubre se sitúa muy cerca del parque del Retiro, su pulmón verde. Barcelona Granada y Palma de Mallorca, así como las zonas de Vallès-Baix Llobregat (Barcelona), Bajo Nervión (País Vasco), el corredor del Henares (con Coslada a la cabeza) y la zona sur de Madrid (en especial Getafe), superaban ese año los límites establecidos de dióxido de nitrógeno, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente.
Los contaminantes que más problemas de salud originaron en España durante 2011 son las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de nitrógeno (NO2), de acuerdo con la ONG ambientalista. Y aunque hubo una ligera reducción de la contaminación respecto al máximo de 2008, la ONG lo atribuye a la crisis económica, que ha reducido el tráfico y el consumo de carburantes, más que a medidas de las Administraciones.
El coordinador del comité de aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología clínica, Francisco Feo Brito, expone que el tráfico de vehículos libera radicales libres, provocando una inflamación a nivel bronquial que daña los epitelios que ayudan a limpiar los pulmones. Además, facilita que los pólenes y los alérgenos tengan más penetración en los pulmones. “Esta inflamación a nivel bronquial provoca en los asmáticos unas laceraciones estructurales no reversibles, que limita su capacidad pulmonar”, explica este médico que asegura que los estudios muestran un incremento de las enfermedades alérgicas desde hace más de una década.
La exposición a las partículas en suspensión pueden acelerar el deterioro cognitivo en adultos, incrementar los ataques al corazón y los ictus cerebrales, según estudios publicados este año en la revista de la Asociación Médica de EE UU. La polución urbana está relacionada con las infecciones respiratorias en menores de cinco años, enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón en adultos, precisa la OMS, por lo que reduce la esperanza de vida de manera significativa en los entornos más contaminados.
* El País - MARYEM CASTILLO - 6.10.12
Foto: La refinería de Petronor vista desde el municipio de Muskiz. / S. C.
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ELPAÍS* : Entidades culturales y ciudadanas participarán este sábado en la primera Ruta del abandono Cultural y Patrimonial, un recorrido por algunos monumentos y espacios de interés de la ciudad de Valencia que pretende "señalar a la ciudadanía los puntos negros de la desidia institucional valenciana", según han informado los responsables de la iniciativa en un comunicado.
Con este itinerario, se abrirá "la nueva temporada de Rutas Ciudadanas lanzadas por la iniciativa de periodismo ciudadano Xarxa Urbana, promotora de la conocida como La Ruta del Despilfarro, han añadido.
Partiendo de la visita a las partes más ocultas de la muralla árabe, "rehabilitación repetidamente postergada y reiniciada por presión vecinal", se iniciará un "clarificador recorrido que incluye actuaciones vergonzosas y, las más de las veces, al contrario, carencia de las más urgentes e importantes vulnerando con ello tanto las sufridas promesas electorales como la propia legislación valenciana y nacional de protección y rehabilitación", según estos colectivos.
De esta forma se mostrará "el evidente abandono del Museo de Bellas Artes San Pío V, la cesión del mejor patrimonio arquitectónico industrial valenciano de las Naves Cross en favor del Arzobispado, el deterioro premeditado de un barrio tradicional marinero como el Cabanyal y su rico patrimonio modernista, el contraste del Monasterio San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana, con su degradado entorno, y la barbarie del conjunto de alquerías medievales de Benicalap en situación de peligro de derrumbe por dejadez del Valencia CF y del Ayuntamiento".
También se denunciará el estado del "devastado Camí del Pouet, último camino rural que reunía casi 10 siglos de la historia de Valencia ahora rescatado del olvido por la Ruta para vergüenza de los responsables públicos del patrimonio, la desacertada rehabilitación del conjunto de la Cárcel Modelo en una mezcla de intereses políticos y comerciales de dudoso valor público y, finalmente, la polémica restauración de la Plaza Redonda en Ciutat Vella".
Como en las anteriores Rutas del Despilfarro, se sumarán en el autobús y en cada destino diferentes portavoces vecinales y de asociaciones de defensa del patrimonio histórico y cultural (Miguel Wiergo, Salvem el Cabanyal, Cercle Obert y Círculo por la defensa del Patrimonio, Salvador Blanco ex-Salvem la Model, antiguos moradores del Pouet de Campanar, etc), "quienes transmitirán a la ciudadanía y a los medios de comunicación sus demandas frente a la desidia institucional valenciana, tan ocupada en los numerosos casos de corrupción y despilfarro en gastos y obras inútiles", concluyen.
* El País - FERRAN BONO Valencia 11 OCT 2012
Foto: Valencia, edificio modernista abandonado - cercle obert de Benicalap
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : La ministra de Fomento presentó ayer las líneas maestras de lo que será el futuro Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI). Lo hizo sin concreción en lo realmente determinante: los proyectos, su presupuesto y el calendario de actuación. Aún así, de lo dicho por la ministra se deduce que la política de infraestructuras no va a cambiar en lo sustancial, puesto que seguiremos dedicando la mayor parte de los fondos a líneas de AVE y autovías con el argumento de que esto nos sacará de la crisis.
Ana Pastor, ministra de Fomento, presentó ayer tarde en el Congreso las líneas maestras del plan de infraestructuras del Gobierno Popular, el PITVI. Pero la presentación se redujo a fijar unos grandes objetivos, sin concretar en qué actuaciones y obras concretas se traducirán ni con qué presupuestos y calendario de actuaciones se llevarán a la práctica.
Aunque esta falta de concreción hace difícil conocer las consecuencias de este Plan de Infraestructuras, Ecologistas en Acción quiere señalar algunos de los planteamientos y políticas que considera más preocupantes y negativos:
Se sigue planteando que las grandes infraestructuras de transporte son “sinónimo de crecimiento y creación de empleo” según las palabras que ayer uso la ministra. Sin embargo, la tremenda inversión que hemos hecho durante los últimos años, que nos ha situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y líneas de alta velocidad así como de número aeropuertos, no ha impedido que nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro entorno ni que tengamos los mayores niveles de paro. Al contrario, nuestra red sobredimensionada de infraestructuras, a menudo infrautilizadas, es un auténtico lastre económico, y ni siquiera podemos atender adecuadamente a su mantenimiento. Además, las inversiones en estas grandes obras se obtienen de recortes y detrayéndolas de servicios sociales que generan mucho más empleo, al tiempo que mejoran la calidad de vida de la población.
El AVE será el gran receptor de la inversión. Y ello a pesar de que se trata de un sistema de transporte elitista, que una gran parte de la población no puede permitirse, y de sus fortísimos impactos ambientales y territoriales. También es la infraestructura lineal más cara por kilómetro construido (20 millones de euros de media). Entre tanto, si la inversión va a la alta velocidad, se dejará languidecer el ferrocarril convencional, que es el que usa la mayor parte de la población.
Un ejemplo de la irracionalidad de estas inversiones: una de las obras prioritarias es el AVE a Galicia, que costará más de 8.500 millones de euros a pesar de que, según un estudio reciente del propio Ministerio de Fomento, solo tiene una demanda estimada de viajeros como para completar 3 trenes diarios por sentido.
Cierres de líneas. Bajo eufemismos como la “racionalización de la oferta de servicios ferroviarios” se ocultan, en realidad, planes de cierres de líneas en servicios de media distancia.
La rentabilidad frente al servicio público. La clara apuesta por la liberalización de los servicios de transporte supone la privatización de muchos de ellos y dar prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio público.
Aunque no se han podido consultar los detalles del PITVI, lo que se ha ido conociendo es muy preocupante en cuanto a que no va a suponer un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de los gobiernos anteriores. Así por ejemplo, se pretende invertir 5.700 millones de euros en construir 1.150 kilómetros de autovías más en Castilla y León, una región que si por algo se caracteriza es por la baja utilización de la enorme red de autovías de que dispone.
En definitiva, para Ecologistas en Acción, estamos de nuevo ante un plan de infraestructuras que, a pesar de venir adornado con un discurso de sostenibilidad y de reequilibrio territorial, pretende aplicar políticas de infraestructuras tremendamente dañinas en lo ambiental y muy negativas en lo social, por cuanto las fuertes inversiones requeridas para estas obras saldrán de nuevos ajustes y recortes.
* Ecologistas en Acción - 27.10.12
Foto: AVE, vista - diagonal
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ELAGUIJÓN/Madrid* : Once socios del Club la Moraleja Golf S.A. interpusieron ante el Juzgado de Instrucción nº4 de Alcobendas una denuncia por la desaparición de 35 millones de euros en la entidad Golf la Moraleja S.A. que tiene en su junta directiva al tío materno de Esperanza Aguirre, y que tal y como desveló Diario El Aguijón es una de las empresas golfísticas beneficiadas por la política de construcción de estaciones de depuración de aguas (EDAR) instaladas por el Canal de Isabel II. Estos once socios crearon la asociación ProClub, que primero interpuso la denuncia, y después se convirtió en querella.
Los socios acusan en su denuncia a Golf la Moraleja de entregar 2.156.820 millones de euros al ayuntamiento de Algete gobernado desde 2007 por la alcaldesa Inmaculada Juárez Meléndez del Partido Popular en concepto de intermediación por la compra de los terrenos de la finca de Soto de Monzanaque y las de los alrededores donde la empresa construyó un nuevo complejo con varios campos de golf y un lujoso hotel.
En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso nuestro diario, se especifican cantidades no justificadas, pagadas con precios de varias veces el de mercado o comisiones de dudosa legalidad que suman unos 35 millones de euros. Muy cerca de estos terrenos, tal y como desveló Diario El Aguijón el Canal de Isabel II presidida por Ignacio González y mano derecha de Esperanza Aguirre construyó una estación de depuración de aguas desde la que sólo se da servicio a este campo de golf, beneficiándose por ello de un coste de agua inferior al del agua que pagan el resto de los madrileños.
Los pagos por labores de intermediación se repiten, pues otra de las irregularidades que denuncian los socios son los 102.408 euros que se entregaron a la empresa Ferraz 86 SL en concepto de “intermediación”, pese a que la razón social de esta empresa es la “composición de textos” lo que parece no cuadrar con esa actividad.
Compras de terrenos a precios de cuatro veces su valor real
Además, se les acusa de comprar las fincas colindantes a la de Soto del Monzanaque por 850.000 euros cada una, un valor 3’4 veces superior al real. En concreto se refieren a la compra de 136 Hectáreas de terreno de la finca Soto de Mozanaque en Algete: 130Has. a 31.000.000 de euros, más de 24 Euros/m2, cuatro veces su valor, llegando incluso a pagarse por 6Has. 5.100.000 de euros lo que significa más de 85 Euros/m2, es decir catorce veces el precio de unos terrenos colindantes para el mismo destino que ha sido de 6 Euros/m2.
También se les acusa, en este mismo documento, de realizar once supuestas obras por un valor de 1.306.046 euros de las cuales no consta ningún tipo de documentación.
Otra de las acusaciones que rellenan la voluminosa denuncia es el pago de 2.947.560 millones de euros por un Estudio de Impacto Ambiental con un valor de mercado máximo de 60.000 euros.
Ventas de acciones sin documentación y compras de acciones en SICAV.
De igual forma, se les acusa de vender 6 millones en participaciones de un Fondo de Inversión de cuya venta no consta documentación alguna.
Se les piden responsabilidades, también, por la compra de acciones de la empresa Mesa Ermita SICAV S.A., por un total de 11’3 millones de euros de la que tampoco se ha encontrado ninguna documentación.
Otro de los grandes desembolsos que los socios denuncian es el de 250.000 euros en pagos a empresas encargadas de realizar pequeñas reparaciones en la infraestructura y los jardines, desempeño para el que el club cuenta con 55 peones fijos dedicados en exclusiva.
Facturas pagadas a empresas de familiares de miembros de la directiva.
A Parilia Doria SL, una empresa de publicidad cuya única administradora es Begoña Amezaga de Vega, esposa del arquitecto y activo miembro del club de Golf la Moraleja, Alfonso de la Joya, constan pagos por valor de 199.520 euros por una obra realizada, aunque no se especifica cuál, y para la que su objeto social tampoco casa con una obra.
En el mismo orden de negocios con familiares de miembros destacados del club, los socios denuncian un pago de 897.100 euros a la empresa European Golf Services SL, cuyo director general es el hermano de Daniel Asís Boyer, el director deportivo de Golf la Moraleja.
Por último, dentro de las que podríamos denominar “pequeñas irregularidades de contabilidad” dadas las restantes partidas, los socios también hacen constar la compra de 290 carritos eléctrico para llevar los palos de golf a 1.043 euros la unidad cuando tienen un precio de mercado entre los 300 y 400 euros, esto es, aproximadamente un 70% más caros; la adquisición de coches de golf por un importe de 9.000 euros, más del doble de su precio habitual.
Entre los gastos millonarios realizados, presuntamente, con desviaciones presupuestarias, autorizaciones de pagos por personal no facultado, con contrataciones recurrentes con compañías vinculados a socios y miembros de los órganos directivos, etc. se han realizado según dicha asociación, en la remodelación del vestuario de señoras por más de 700.000 euros, el vestuario de caballeros por más de 1.500.000 euros, el salón de juegos por más de 500.000 euros, la cafetería del club por más de 1.200.000 euros, el chalet infantil por más de 1.000.000 euros, el cuarto de palos de golf por más de 1.300.000 euros.
En total, la suma de todas las irregularidades, podría ascender a 35 millones de euros desaparecidos.
* El Aguijón - María Batalla Machuca - 9.10.12
Foto: E.Aguirre jugando al golf - publico
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LAOPINIÓN/Málaga* : El exalcalde de Casarabonela y actual edil Sebastián Gómez (PSOE) ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº14 de Málaga a nueve años de inhabilitación especial para desempeñar el cargo de alcalde o concejal por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Sebastián Gómez también ha sido condenado a una multa de dieciocho meses con una cuota diaria de diez euros, lo que hace un total de 5.400 euros, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
Igualmente se condena a siete años de inhabilitación especial para desempeñar el empleo de arquitecta municipal a C.M.M. y multa de 3.600 euros al considerar el legislador que es autora de un delito de prevaricación urbanística.
En la sentencia, que consta de cincuenta y siete folios, se afirma que el acusado, que fue alcalde desde 1999 a 2011, tuvo la atribución de conceder licencias y la competencia sobre urbanismo y protección del medio ambiente.
Durante su etapa de regidor contrató a la también acusada para desempeñar las funciones de arquitecta municipal, quien prestó sus servicios para dicho ayuntamiento durante 2004 y 2008.
En los expedientes de licencia de obras, la acusada, de acuerdo con el secretario del ayuntamiento en esa época y el alcalde omitió el preceptivo informe con el encabezamiento "informe jurídico-técnico".
Durante el juicio, el fiscal mantuvo que ambos acusados debían ser condenados por un delito de prevaricación urbanística debido a que la arquitecta municipal informó favorablemente la concesión de una serie de licencias y el alcalde las concedió, siendo contrarias a la normativa urbanística y a sabiendas de su injusticia.
En la sentencia se afirma que los informes, al igual que los decretos, donde se concedían las licencias de obras solicitadas y suscritos por el acusado, eran "estereotipados ausentes de motivación y de muy escaso contenido".
Además se destaca que el exregidor eludió "deliberadamente" el procedimiento legalmente establecido y se "garantizó la ausencia de control sobre sus arbitrarias decisiones" y debido a ello se aprobaron expedientes en suelo no urbanizable.
En este sentido, en los fundamentos de derecho se explica que la legislación urbanística, tanto la general como la andaluza, permiten llevar a cabo en el suelo no urbanizable determinadas edificaciones, en general aquellas acordes con el uso natural, no urbano, de los terrenos.
Pero tanto una como otra se remiten a las eventuales limitaciones o prohibiciones que se puedan establecer en la legislación sectorial o en el planeamiento urbanístico.
En este caso, el alcalde "era perfecto conocedor" de la necesidad de tramitación y aprobación del proyecto de actuación y se recuerda que el delito de prevaricación urbanística sanciona informar favorablemente a sabiendas de su injusticia.
Para el magistrado, el alcalde con su actuación hizo "un uso abusivo y arbitrario del poder público que le había sido conferido, en contravención de los deberes de transparencia y legalidad que le eran exigibles".
* La Opinión Málaga - 8.10.12
Foto: Casarabonela (Málaga) - eureka
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ELPAÍS/A Coruña* : El juzgado de Arzúa investiga una grabación en la que el exsenador y anterior alcalde popular de Melide, Miguel Pampín Rúa, desvela a un socio de su hijo que la constructora de ambos pagó “comisiones” a distintos cargos del PP supuestamente a cambio de obras. La cinta que reproduce esas conversaciones la entregó al juez Francisco Javier Parrado Louzao, hasta el pasado julio socio en la constructora Excamel SL, de un hijo del exsenador del PP y exalcalde de Melide. En esa charla es el propio Pampín Rúa quien asegura que la constructora de su hijo pagó distintas cantidades al alcalde de Antas de Ulla, Javier Varela, y al exdelegado de la Xunta y alcalde de Cambados hasta 2009, José Manuel Cores Tourís, ambos del Partido Popular.
El escrito y las pruebas aportadas motivaron la apertura de una investigación por supuestos delitos de cohecho y prevaricación en el juzgado de Arzúa que llegó a fijar una vista el pasado 18 de julio para transcribir la conversación en presencia de los implicados. No llegó a producirse porque la víspera de esa cita el denunciante regresó al juzgado para retirar la querella. La grabación de la charla —en la que participan Francisco Javier Parrado, el exalcalde de Melide Pampín Rúa y un tercer interlocutor al que ambos aluden como Pisón— y por tanto los supuestos indicios delictivos siguen en la mesa de la juez, que debe decidir si continúa adelante con el caso y abre una investigación de oficio. Según fuentes conocedoras de la denuncia finalmente retirada, la cinta reproduce una charla acalorada entre Francisco Javier Parrado y Pampín Rúa en la que ambos discuten por “asientos contables” de los ejercicios 2010 y 2011 de Excamel, adjudicataria de obra pública.
En la discusión es el propio Pampín Rúa —que, según el Registro Mercantil no tiene ningún cargo en la constructora de su hijo, Miguel Pampín Vizcaíno— quien va explicando uno por uno los movimientos de las cuentas. En un momento de la conversación, el exsenador del PP explica que distintos pagos se corresponden con “comisiones”. Pampín Rúa cita distintas cantidades de dinero que la constructora supuestamente entregó al alcalde de Antas de Ulla, el popular Javier Varela, y a José Manuel Cores Tourís, exregidor de Cambados, delegado de la Xunta hasta poco antes de la campaña, cuando dimitió para concurrir como candidato del PP en las listas de las autonómicas, en las que ocupa el séptimo puesto por Pontevedra. En la grabación el exsenador del PP explica al socio de su hijo: “9.000 fueron para Cambados, para el alcalde, no, para Tourís”. Entre ruidos de papeles, en otro momento de la discusión, Pampín Rúa asegura: “11.000 son del alcalde de Antas [...] ya sabes que se le hicieron varios pagos”. En otros momentos de la charla el exalcalde de Melide y el socio de su hijo aluden a “pagos en B” para explicar la contabilidad de Excamel.
Trece días después de retirar, la denuncia el pasado 17 de julio, el denunciante, Francisco Javier Parrado Louzao, salió del accionariado de Excamel (donde, según el Registro Mercantil, tenía entonces el 25% de la sociedad) y abandonó el cargo de administrador mancomunado en la firma. El mismo movimiento y en la misma época lo protagonizó un tercer socio de la constructora, que también abandonó el accionariado y su cargo como administrador mancomunado.
Las acciones de ambos en la constructora fueron a parar al hijo del exalcalde de Melide, Miguel Pampín Vizcaíno, quien incrementó su participación desde el 50% hasta el 100% en Excamel. Pampín Vizcaíno, socio de su padre en una tercera sociedad (Grupo Compostela Construcción, Energía y Servicios), es también desde el 30 de julio el administrador único de Excamel.
“Facturas antes de la adjudicación”
En la hora y media larga que dura la conversación en poder del juez, tanto el exsenador y anterior alcalde de Melide, Miguel Pampín Rúa, como Francisco Javier Parrado Louzao, el socio de su hijo, hacen repaso en voz alta de la contabilidad de Excamel. Es Pampín Rúa quien va enumerando decenas de asientos contables de los ejercicios 2009 y 2010 y quien durante el repaso alude en varias ocasiones a “facturas en B”. En un momento de la discusión, Pampín Rúa trata de explicar el destino de 5.600 euros que salieron de la constructora y le espeta al socio de su hijo: “5.600 para los portugueses que te llevaste tú, Javier”. A lo que este responde: “Yo a los portugueses no los vi delante”. El propio Javier, autor de la denuncia finalmente retirada, admite que sí pero que no fueron 5.600 sino “3.000”.
En ningún momento de esa charla a tres se cita la palabra “euros” u otro tipo de moneda al hablar de las cantidades. No lo hacen ni Pampín Rúa ni Francisco Javier Parrado ni el tercer interlocutor que interviene en contadas ocasiones y al que ambos aluden como Pisón.
Durante los minutos previos a la llegada de Pampín Rúa al lugar del encuentro es Francisco Javier Parrado quien habla advierte a Pisón entre ruidos de papeles: “Fíjate, antes de la adjudicación ya presentaron las facturas”.
* El País - JOSÉ PRECEDO - 6 OCT 2012
Foto: Melide (A Coruña), ayuntamiento - entrepueblos
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20MINUTOS/Madrid* : El Gobierno de Mariano Rajoy va a seguir construyendo carreteras de pago a pesar de la quiebra de la mayoría de las grandes autopistas del Estado. Según consta en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024), durante este período se licitará la Radial 1 (R-1) y un nuevo tramo de la AP-41. Además, dará facilidades para sobrevivir a las antiguas concesiones y mejorará las condiciones de las nuevas para evitar que también lleguen a una situación límite.
En primer lugar, el Ministerio de Fomento va a dar luz verde a la R-1 entre la circunvalación M-40 y la localidad segoviana de Santo Tomé del Puerto con un total de 90 kilómetros. Esta es una vieja reivindicación de Esperanza Aguirre, cuyo Ejecutivo redactó en su día un proyecto menos ambicioso (25 kilómetros, desde la M-12 hasta El Molar, aún en Madrid) que no se ha llevado a cabo.
La segunda apuesta no es en sí un nuevo trazado, sino la prolongación de la AP-41 desde Toledo hasta Córdoba pasando por Ciudad Real. Un trazado de unos 300 kilómetros que reduciría en aproximadamente 70 la distancia actual entre ambos puntos.
Las expropiaciones, fuera del juzgado
Para facilitar su construcción (literalmente, para hacer estos proyectos "más atractivos al capital privado"), el Ministerio dará facilidades a las futuras concesionarias, tales como la introducción en los contratos de cláusulas flexibles en función de las condiciones económicas del mercado.
La reforma más importante, sin embargo, será que los conflictos sobre las expropiaciones de suelo a particulares necesarias para hacer las autovías ya no se dirimirán en los tribunales, sino mediante la imposición de un sistema de arbitraje al que las partes deberán someterse. La elevación por parte de la Justicia de estas indemnizaciones fue lo que llevó a la quiebra a las autovías ya existentes.
El Ejecutivo busca con estos cambios que las nuevas autopistas no acaben como las actuales y que las empresas que las construyan y gestionen no corran tantos riesgos. Además, también ultima cambios para sostener a las concesionarias en peligro.
Una inversión ruinosa
Hoy, la autopista AP-41 (Madrid-Toledo) se encuentra en quiebra. Las radiales R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Ocaña) y R-5 (Madrid-Navalcarnero) se han declarado en preconcurso de acreedores —el paso previo—, al igual que la carretera de peaje Cartagena-Vera (entre Murcia y Almería), con deudas de entre 380 y 600 millones de euros. La M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas, en Madrid) también está en riesgo.
Sus propietarias son las principales empresas constructoras del país y contratistas del Estado (Abertis, Sacyr, ACS, OHL) y bancos como Caja Madrid, Caja Castilla-La Mancha o la CAM. Todas fueron impulsadas durante las dos legislaturas de José María Aznar como presidente del Gobierno. Sin embargo, nunca han alcanzado el tráfico esperado y siempre han estado en pérdidas. Según cifras oficiales, han perdido un 48% de viajeros desde 2008 y hoy no funcionan ni al 20% de su capacidad.
Según datos oficiales, las inversoras pusieron 5.601 millones de euros para poner las autopistas en marcha. Ahora sus deudas con los bancos rondan los 3.000 millones. Con el plazo de pago ya vencido, las entidades han consentido en aplazar el cobro hasta final de este año a la espera de que el Gobierno facilite un plan de viabilidad, a pesar de que no ha dejado de entregarles darles dinero desde 2009.
Ese año, el entonces ministro José Blanco cifró en 1.320 millones las necesidades de las empresas de las radiales. Desde entonces, el Gobierno les ha facilitado préstamos participativos por valor de 200 millones en 2010 y 135 millones en 2011. El Gobierno y las concesionarias subieron el precio de los peajes consecutivamente para tratar de reconducir la situación.
Fomento ha incluido una partida de otros 200 millones para 2013, aunque las constructoras denuncian que las ayudas de 2012 (289 millones) no se han entregado en su totalidad. Pero el salvavidas al negocio de las radiales dispuesto por el Ejecutivo de Rajoy no se queda ahí.
Medidas de rescate
Después de descartar poner peajes en las autovías y nacionalizar las autopistas, la ministra Ana Pastor se ha arremangado y ha decidido ampliar y prolongar en el tiempo las compensaciones económicas que da a las concesionarias por la caída del tráfico. Su número de usuarios está en caída libre por la mejora de las autovías públicas y la crisis.
Pastor también ha anunciado que Fomento contempla ampliar los plazos concesiones (que oscilan entre los 20 y los 35 años por norma), fusionar empresas en quiebra y permitir la entrada de inversores extranjeros.
La ministra se reunirá con las constructoras en los próximos días para abordar sus sostenibilidad y los resultados de la renegociación con los bancos acreedores.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 03.10.2012
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
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ELPAÍS* : El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de reforma de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, que ampliará las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual; diseñará un régimen especial para 11 zonas problemáticas a las que excluye del dominio público marítimo terrestre, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y reducirá la definición de dominio público. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros.
El texto del anteproyecto, justifica la reforma en que la ley vigente ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. El Ejecutivo asegura que la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”.
Según el Gobierno, la ampliación en 75 años de las concesiones de uso del dominio público, que empezaban a caducar en 2018, es necesaria para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
La nueva ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público otros 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender. En total, se salvarán unas 10.000 viviendas.
El texto excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
También exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
La norma permite además la publicidad en las playas —hasta ahora estaba prohibida—, “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.
Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.
Desde que se conoció el anteproyecto, los ecologistas han emprendido una batalla contra lo que consideran un atentado medioambiental que da vía libre a nuevas ilegalidades urbanísticas. También ha criticado la reforma el PSOE, que considera que la reforma huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general".
Por el contrario, la Comisión Europea se ha manifestado a favor de la reforma por considerar que "ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios" de fincas en el litoral a la vez que protege eficazmente el medio ambiente. "Es una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir", subrayó recientemente en un comunicado la vicepresidenta Viviane Reding.
Las claves de la reforma
La primera reforma de calado de la Ley de Costas desde que entró en vigor en 1988 incluye importantes novedades. Incluido el nombre. Ahora se llama pomposamente Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En general, salva lo ya construido con una concesión casi eterna y sin las restricciones actuales. Estas son sus claves.
Núcleos amnistiados. La reforma excluye 10 núcleos de viviendas que dejarán de ser dominio público marítimo-terrestre. Lo hace sin un informe técnico ni una explicación amplia de por qué se han elegido. Se trata de casos muy conflictivos, como El Palo y Pedregalejo (Málaga), la Marina de Empuriabrava (Girona) (ver gráfico). Solo en estas zonas hay unas 10.000 viviendas que se salvan de la piqueta.
Trato especial. Formentera tendrá un deslinde especial por su “especial configuración geológica”. Es una de las zonas de Baleares menos urbanizadas y el ministerio cree que aplicando la ley hasta ahora vigente casi toda quedaría protegida.
Más años. Las decenas de miles de casas construidas legalmente sobre el dominio público marítimo-terrestre (la playa) antes de la Ley de Costas recibieron una concesión de 30 años o de 60 años. Como empiezan a caducar en 2018, Medio Ambiente les dará otros 75 años a cambio de un pequeño canon que está aún por definir.
Venta de viviendas. Los concesionarios de las casas podrán venderlas (estaba prohibido) y hacer reformas, si no aumentan su volumen ni altura.
Menos protección. Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados por la Ley de Costas y que ahora se libran.
Más industria. Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite deja en manos de la comunidad autónoma la continuidad de la polémica papelera de Ence en Pontevedra, con concesión hasta 2018. Si la Xunta de Galicia da el visto bueno, la prórroga de Costas durante otros 75 años será automática.
Planes municipales. La reforma permite al delegado del Gobierno suspender los planes municipales que invadan el dominio público. El Gobierno se refiere a este punto como “cláusula anti-Algarrobicos”. Falta por ver si ese punto superaría un recurso ante el Constitucional y si las demarcaciones de Costas tienen capacidad suficiente para supervisar uno a uno los planes municipales y dan la alerta a tiempo.
Menos dominio público. La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos para establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y, por tanto, debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
Salinas y acuicultura. La ley exime a las salinas e instalaciones de acuicultura de ser terreno público al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
Registro de la Propiedad. La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la Propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
Chiringuitos. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como hasta ahora. Más adelante, previsiblemente, se modificará el reglamento de la ley y ahí sí que se puede ampliar la superficie de estos establecimientos.
Diferentes tipos de playas. El Ministerio de Medio Ambiente distinguirá entre dos tipos de playas en un reglamento posterior: las playas urbanas y las que están rodeadas de espacios protegidos. En estas últimas la regulación será más estricta.
* El País - 5.10.12
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais
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LEVANTE/Alicante* : Los PGOU caen en la Marina Alta como moscas. En cuestión de días, el Tribunal Supremo ha anulado el plan urbanístico transitorio de Dénia y el plan general de 2005 de Teulada-Moraira. La sentencia que tumba este último planeamiento es del pasado 13 de septiembre. El Alto Tribunal rechaza el recurso de casación que presentó la Generalitat Valenciana contra un fallo del TSJ que, aunque calificado por el Supremo de "confuso", ya concluía que el PGOU se había aprobado sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hubiera emitido antes el informe vinculante sobre la protección de los barrancos.
La última y definitiva sentencia advierte de que el ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces José Císcar, el actual vicepresidente del Consell, sí pidió el informe de la CHJ referente a que existían recursos hídricos para sostener el desarrollo urbanístico previsto. Sin embargo, no requirió del organismo de cuenca otro dictamen sobre la afección sobre cauces y barrancos.
"El instrumento de planeamiento urbanístico de Teulada no podía aprobarse sin haber sido solicitado y obtenido informe favorable sobre las alteraciones que contemplaba en los cauces, que son competencia exclusiva del Estado", precisa la sentencia. El consistorio sí realizó un estudio de inundabilidad, pero el Supremo aclara que "no puede suplir" el dictamen de la CHJ.
Al comenzar este litigio nadie presumía que podía acabar con la anulación del actual PGOU de Teulada-Moraira. La Asociación S.O.S. Moraira Teulada rechazó el proyecto de una agrupación de intereses urbanísticos y del propio ayuntamiento de cubrir y encauzar un tramo del barranco de la playa del Portet. Esa asociación consideraba que se agravaba el riesgo de inundación en esta zona turística. Además, al encauzar el barranco, el agua saldría al mar con más fuerza y produciría "un efecto devastador" sobre la pradera de Posidonia oceanica.
Pero, al final, el colectivo S.O.S Moraira Teulada terminó recurriendo la resolución por la que la conselleria de Territorio aprobaba definitivamente este plan general. Alegó que el organismo de cuenca no había valorado el impacto sobre los barrancos.
El actual gobierno local del PP deberá pedir al Consell que apruebe un régimen transitorio para salir del paso. Eso o volver al urbanismo de las catacumbas.
* Levante - A. PADILLA - 5.10.12
Foto: Moraira (Alicante), puerto - viajero
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JOSÉ JOAQUÍN BELDA GONZÁLVEZ* : Resulta tremenda la actuación de los políticos en el desarrollo justo del urbanismo. En Elche se están produciendo últimamente sentencias judiciales públicas contrarias a los intereses municipales, calificadas en firme por los tribunales incluso como "irracionales y arbitrarias". Resultan muy fuertes y contundentes contra la prepotencia política de la obstinación y hechos consumados sin contemplaciones ningunas ni asumir los graves daños que se producen para los intereses generales. Es obvio que en nuestra ciudad, como en tantas otras, por los políticos de distinto signo, se ha abusado hasta el infinito del exceso de poderío político, que les ha permitido tomar decisiones totalmente arbitrarias, de ejecución inmediata, como ocupaciones de propiedades, obligando a pequeños propietarios, ante la indefensión de información veraz y de aceptar propuestas casi coactivas, ante la amenazas ejecutiva de la Administración publica en manos de los políticos. La única alternativa es acudir a los costosos y largos procesos tribunales, al alcance de muy pocas personas.
Sentencias de los tribunales que como ésta del histórico Huerto de Ripoll, ahora Porta de la Morera, no lo olvidemos calificado como huerto publico en el PGOU de 1986, y anteriores tutelas de protección del palmeral, recalificado urbanísticamente en contra de todo y contra todos, vecinos próximos que a pesar de las protestas y movilizaciones realizadas para hacer valer sus claros y evidentes derechos, no valieron para nada. La maquinaria política continuaba.
En estos momentos, después de ya varias sentencias negativas sin hacer caso de ellas tampoco, volvieron a primar más la obstinación que la racionalidad y el sentido común, para llegar por completo a la política irracional de hechos consumados, el que venga detrás que arreé. En este caso, los ciudadanos de Elche han de aceptar ahora irremediablemente la nueva configuración sin posibilidad alguna de volver a la situación anterior, a la anulación judicial, debido lógicamente a los grandes daños que se causarían a tercero de buena fe, como han sido los compradores ocupantes actuales de viviendas en el Huerto de Ripoll con sus 170 palmeras por entonces.
Lo peor ya no es que salga una cosa mal, son las tremendas formas que se han utilizado en contra de todo, separando de sus responsabilidades y negociados incluso a técnicos que ponían objeciones por otros habitualmente afines que no ponen problemas donde los hay. Peor aún, obviando incluso solicitar dictámenes a los propios servicios jurídicos para externalizar éstos de forma acomodaticia a los fines políticos.
Todo ello reportando para las arcas públicas cuantiosos perjuicios en el orden de gastos por pleitos propios y ajenos, a las que hay que sumar las indemnizaciones correspondientes, más el ridículo de desprestigiar innecesariamente la función pública, abierta y transparente para todos los ciudadanos, en muchos casos debido a una mediatización política irracional.
Lo sencillo que sería respetar los planeamientos urbanísticos, los PGOU, tal y conforme son aprobados, y no permitir las recalificaciones a la carta que hacen los políticos habitualmente, convirtiendo en papel mojado los hipotéticos modelos de ciudad, la participación pública y todas esas cosas que deberían en teoría ser respetadas por todos en beneficio de los verdaderos intereses generales.
Hoy en día hay mecanismos y medios para hacer más rápidos y flexibles las revisiones de los PGOU y del territorio como ahora se vienen definiendo, para que, sin menoscabar la transparencia y la participación pública, puedan integrarse anualmente incluso las modificaciones y propuestas que se requieran como de interés general sin tener que utilizar el ocultismo de despachos en beneficio de unos y en perjuicio de otros. La implicación de los colegios de arquitectura, geografía y las propias universidades a las que se les suele ningunear son precisas y necesarias en ello.
Asuntos de recalificaciones y arbitrariedades hay muchos, como ejemplos: L' Aljub, las expropiaciones de la Universidad, los 500.000 euros a la Fundación Metrópoli, la reurbanización del Paseo de la Estación, el Valle Trenzado, los proyectos fallidos de la Noria, la cuarta ampliación del parque industrial, el Porta de Elx, el Auditorio, el macro proyecto irrealizable del nuevo barrio San Antón, la adjudicación de la escuela de golf sin concurso, con lo lógico y sencillo que resulta realizarlo así, etcétera.
En cambio, lo verdaderamente importante y urgente como es el Plan Especial de Protección del Palmeral y el plan de choque contra la plaga del picudo, como existe en Canarias, con todas las administraciones públicas involucradas... Desde el año 2006 que se detectó, estamos esperando que se acometan soluciones reales y prácticas, continuando su propagación inexorable en los jardines, parques y huertos del municipio hacia la autodestrucción del histórico Palmeral Patrimonio de la Humanidad.
* Información - Opinión - 3.10.12
Foto: Elche (Alicante), palmeral - viajes
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IGNACIO ESCOLAR/Madrid* : 1- 21 de junio de 2006. El ingeniero José Antonio Clemente y su esposa crean la empresa Tecnoconcret. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González y José Juan Caballero: el hermano y el cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Seis semanas después de constituirse Tecnoconcret, el Canal de Isabel II convoca un concurso para adjudicar un pequeño campo de golf en el barrio de Chamberí sobre los depósitos de agua de Madrid.
2- 27 de diciembre de 2006. Tecnoconcret SL, medio año después de nacer y sin ninguna experiencia en el sector, consigue la adjudicación por cinco años del campo de golf dentro de un consorcio con otras dos sociedades: Iridium (propiedad de ACS) y Soto Once. Las tres compañías crean una nueva empresa para gestionar la adjudicación: Green Canal Golf. La adjudicación la aprueba el consejo de administración del Canal de Isabel II. Ignacio González, presidente del Canal, no se inhibe en la votación, a pesar de la relación empresarial de José Antonio Clemente con su hermano y su cuñado.
3. Finales de 2007. Iridium (ACS) se queda con todas las acciones de Green Canal Golf, comprando su parte a Soto Once y a Tecnoconcret.
4. 10 de noviembre de 2008. Un año después de vender a Iridum su parte en la adjudicación del campo de golf, el cuñado de Ignacio González y el hermano de Ignacio González entran en el accionariado de Tecnoconcret. Cada uno se queda con el 31,6% de la sociedad, a través de una ampliación de capital.
5. Esta información la publicó Manuel Rico hace años y no pasó nada. Nunca pasa nada. Hoy Ignacio González es presidente de Madrid.
* ElDiario.es - Ignacio Escolar - 1.10.12
Foto: Madrid, campo_golf_Canal_Isabel_II - elpais.com
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ELPAÍS/Cádiz* : El titular del Juzgado 1 de Rota, José Antonio Villegas, ha imputado a la alcaldesa de la localidad gaditana, Eva Corrales (PP), y al primer teniente de alcalde y exregidor Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), por supuestas irregularidades urbanísticas y un trato de favor con el constructor local Felipe Castellano, asimismo imputado. El juez investiga si ambos acusados tramitaron tres convenios para urbanizar un polígono industrial sin los informes preceptivos, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación.
Los tres convenios se firmaron entre 2009 y 2010, cuando Corrales era concejal de Urbanismo y Sánchez alcalde, e iban “encaminados a beneficiar a la empresa Promociones Castellano SA de manera ilícita”, según denuncia el fiscal en su decreto del pasado 24 de julio. Tras estudiar una denuncia del PSOE, Anticorrupción censuró el proceder de la corporación local: “Con el convenio urbanístico se pretende de manera flagrante huir del derecho administrativo, evitando la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, y por ende los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos”.
Sánchez ya está imputado en otro caso por un delito contra la Administración Pública por unas compras de trajes de trabajo realizadas supuestamente por el Consistorio a la empresa del propio exalcalde. Ahora, en esta nueva causa, el juez tomará declaración a los tres acusados el próximo 29 de noviembre.
La fiscalía advierte de que el Ayuntamiento benefició al constructor Felipe Castellano de manera “injustificada” y pese a los reparos del interventor: “El convenio estaría enmascarando una verdadera subvención directa a favor de Promociones Castellanos”, dice sobre uno de los tres acuerdos entre el Consistorio y la constructora.
En el primer convenio, que supuso un pago de 506.117 euros para urbanizar un sector cuyas obras correspondían a los propietarios del suelo, el alcalde aprobó el pago “a pesar del reparo del interventor”. “El convenio parece establecer una financiación mediante dinero público de lo que son gastos que no le corresponde satisfacer al Ayuntamiento”, censura el decreto.
Además, Anticorrupción subraya que el Ayuntamiento incumplió los trámites legales hasta el punto de que ahora “se ha visto obligado a devolver” un préstamo por dos millones más 118.420 euros en intereses, que le concedió el Ministerio de Industria para construir unas naves que finalmente nunca se realizaron.
Mientras la alcaldesa rehusó este miércles hacer declaraciones sobre su imputación, Sánchez achacó el caso a “un montaje del PSOE, porque lo que no pueden ganar en las urnas, van a los tribunales”. Además, el exalcalde censuró la actuación del ministerio público: “El fiscal puede decir lo que quiera, pero ahí están los informes técnicos. Parece que yo hubiera redactado los convenios en un cuarto. Y en Rota nos conocemos todos, esto no es Marbella”, alegó. Sánchez considera que el fiscal se ha limitado a investigar la querella del PSOE “en base a una denuncia y una documentación, pero aún faltan los testimonios”. “Me siento absolutamente inocente, pero sufriremos un descrédito”, vaticinó.
El secretario general del PSOE roteño, José Javier Ruiz, resume el “enrevesado” asunto: “Yo te doy dinero y a cambio me devuelves un equipamiento, que en realidad me corresponde hacer a mí. Hay un intercambio de dinero a favor de esa empresa que se queda con el dinero”. Y defiende su denuncia: “No queremos judicializar la política, sino que llegamos ahí después de denunciarlo políticamente. Es nuestra obligación como oposición”.
* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO - 3.10.12
Foto: Rota (Cádiz), alcaldesa E.Corrales - google
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ELPAÍS/Alicante* : En los últimos cinco años, los ciudadanos de Alicante contemplan estupefactos cómo se suceden los escándalos en su provincia. El caso Brugal, que empezó como una revancha entre empresarios por la concesión de unas contratas de basuras, se ha convertido en un sumario con más de 30.000 folios. El levantamiento del secreto de este sumario, el pasado 3 de junio, confirma las salpicaduras a promotores inmobiliarios, políticos y empresarios que llevan años en el negocio de los residuos. Los jueces han imputado a 26 personas, y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha acusado a otras 80 personas. La mayoría de los imputados son cargos públicos del PP, pero ni Mariano Rajoy, presidente de los populares, ni Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, han abierto la boca sobre este escándalo. Al contrario, dos de los principales implicados, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, alcaldesa y exalcalde, respectivamente, de Alicante, tomaron posesión de sus escaños en el Parlamento autonómico el pasado jueves. Ahora están aforados, y su futuro pasa por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un tercer imputado, el todavía presidente de la Diputación provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, cuenta con muchas posibilidades de seguir en el cargo.
El caso Brugal tiene dos derivadas. Una de ellas se centra en la concesión de la contrata de basuras de Orihuela y en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos en la comarca alicantina de la Vega Baja. La otra investiga la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. Cuando se levantó el secreto del sumario de esta segunda parte del caso, la pestilencia de la corrupción y del dinero sucio llenaron la ciudad y las páginas de los periódicos. Las conversaciones mantenidas entre los personajes de esta trama salieron a la luz al conocerse las transcripciones de las grabaciones efectuadas por la policía, por orden del juez. Unas conversaciones en las que queda clara la complicidad existente entre el mayor promotor inmobiliario de Alicante, Enrique Ortiz; la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos del PP.
El 28 de junio de 2008, el poder político, empresarial y financiero de Alicante intercambiaba numerosa información sobre el futuro planeamiento urbano de la ciudad. A lo largo de ese día, Enrique Ortiz, promotor inmobiliario que controla directa o indirectamente el 70% del suelo urbanizable de Alicante; máximo accionista del Hércules CF; presidente del grupo Cívica, que gestiona diversas contratas municipales que van desde la recogida de basuras hasta la limpieza viaria, llama por teléfono a Quesada, responsable del equipo multidisciplinar que redactaba el nuevo PGOU, para hablar del proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez. La conversación cuenta con el visto bueno del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y de Sonia Castedo, concejala de Urbanismo en aquellos momentos y que pocos meses después, en septiembre, sería elegida alcaldesa tras la dimisión de aquel.
Finalizada la conversación, el constructor Ortiz informa al abogado urbanista Ricardo Sala del contenido de la misma, reclamándole confidencialidad. Poco después, la concejala Castedo llama al promotor autorizándole a reunirse al día siguiente con Quesada en la sede de Cívica. Más tarde, en el domicilio de Vicente Sala, presidente de la Caja del Mediterráneo (CAM), conversan Ortiz, otro promotor apellidado Caravaca y Jesús Muñoz, de la inmobiliaria Alicante Urbana. La jornada concluye con una fiesta en el yate de Enrique Ortiz a la que acuden Díaz Alperi y varios concejales del PP. El motivo: celebrar el archivo de una denuncia contra el alcalde, un concejal y el promotor por prevaricación, malversación de caudales y falsificación de documento público.
El retrato tóxico que hiciera Dashiel Hammett de Poisonville en Cosecha roja queda trasladado al Mediterráneo a través de un sumario en lo que ya venía conociéndose como caso Brugal, un escándalo que había estallado dos años antes en la comarca alicantina de la Vega Baja por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y del plan de tratamiento de residuos. Desde entonces, el promotor tiene pinchado el teléfono por orden del magistrado titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La policía encargada del seguimiento redacta una nota con lo sucedido ese 28 de junio: "Llamada Ortiz-Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio proyecto remodelación estadio Rico Pérez con la anuencia de Alperi y Sonia Castedo. Llamada Ortiz-Ricardo Sala en la que Ortiz le informa confidencialidad reunión con Jesús Quesada. Conversación Sonia Castedo-Ortiz concediendo permiso para que Jesús Quesada se reúna al día siguiente en sede de Cívica. Reunión Ortiz-Jesús Muñoz-Caravaca-Vicente Sala en el domicilio del último. Reunión-celebración de Ortiz-Alperi-concejales de confianza en yate de Ortiz".
La redacción policial venía a confirmar las sospechas de un presunto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Alicante hacia el promotor Enrique Ortiz. La Brigada de Blanqueo de Capitales mantuvo pinchado el teléfono del promotor hasta el 23 de enero de 2010, controlando todos sus movimientos. La investigación concluyó con una denuncia contra 21 personas por parte del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. A Ortiz, Alperi y Castedo les acusó de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El reciente levantamiento del secreto del sumario reveló el nivel de compadreo existente entre responsables políticos, municipales y autonómicos, financieros y empresariales. Alicante, a tenor de las conversaciones intervenidas, se había convertido en un gran solar a reparcelar a gusto de un promotor que no dudaba en presionar a políticos y técnicos municipales o halagarles con regalos si mejor convenía a sus intereses. Ortiz confiaba en dar un pelotazo de 120 millones de euros.
Pero el caso Brugal no solo estaba relacionado con el urbanismo de la ciudad de Alicante. Dos años antes, en marzo de 2006, Ángel Fenoll, un empresario viejo conocido del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja (fue condenado por comprar votos para los populares), destapa la caja de los truenos al depositar ante el fiscal Briones una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y a otros tres ediles de esa ciudad. Fenoll actuó por despecho, enfadado porque, primero el Ayuntamiento orcelitano y después la Diputación de Alicante, le habían dejado sin el contrato de recogida de basuras en Orihuela y sin la gestión del tratamiento de residuos en la comarca, que, con un presupuesto de 380 millones de euros, le había sido adjudicado, qué casualidad, a Enrique Ortiz. El incendio que comenzó Fenoll le abrasó primero a él, que acabó en la cárcel -en el DVD que entregó a la fiscalía anticorrupción se autoinculpaba-, y después al presidente de la Diputación y del PP provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fue arrestado durante 12 horas junto a tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios. El motivo: la adjudicación irregular de la planta de basuras, sin que se haya descartado aún la posibilidad de blanqueo de dinero y financiación irregular de partidos políticos en la Vega Baja.
Enrique Ortiz se libró de pasar unas largas horas en comisaría porque se encontraba en los Sanfermines de Pamplona; pero su relación con el presidente de la Diputación y las jornadas estivales pasadas juntos a bordo de su yate fueron pronto conocidas. Una tercera persona, Rafael Gregori, amigo íntimo de Ripoll, desempeñó un papel destacado en una oscura operación en la que, según concluye la policía, participó Ortiz al hacerse cargo del pago de parte de unos pisos con que se compensaría al presidente del PP alicantino por haber decantado la balanza a favor del promotor. Gregori y Ripoll hablan sobre la contraprestación:
Rafael Gregori. Oye, vamos a ver, me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín Ripoll. Espérate que te lo mire y te lo digo.
R. G. Míralo y me lo dices.
J. R. Espérate que lo tengo aquí al lado
R. G. Porque había varios quintos, ¿no?
J. R. Sí. Yo creo que eran, a ver...
R. G. Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?
J. R. Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
R. G. El D y el E, ¿no?
J. R. El D y el E, sí.
R. G. Vale. El cinco D y cinco E.
J. R. Cinco D y cinco E. D de dedo y E de España.
R. G. Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Ambas viviendas están valoradas entre 800.000 y un millón de euros. Ripoll fue imputado por los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho; a Rafael Gregori, por fraude, cohecho y tráfico de influencias, y a Ángel Fenoll, por cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito fiscal.
Enrique Ortiz recuerda en sus comportamientos al protagonista de la película de Francesco Rosi I mani sulla città (Las manos sobre la ciudad). Un constructor inmobiliario, obsesionado por construir edificios, bloques y más bloques de viviendas. En la película hay corrupción, soborno, recalificación fraudulenta de terrenos, favoritismos... El promotor corrupto acaba convirtiéndose en el concejal de Urbanismo, a pesar del pacto entre el resto de los partidos para que no se ocupe esa delegación municipal. Ortiz no necesita ser elegido concejal de Alicante, le va mejor así. Las conversaciones grabadas en el caso Brugal revelan el poder que tiene sobre el área de Urbanismo de Alicante. El informe policial concluye que era "patente el continuo contacto del entorno del empresario con el personal de la gerencia de Urbanismo", y especialmente con Isabel Campos, jefa del servicio jurídico administrativo de ese departamento. La soltura con que se maneja el promotor llega a extremos como el de pedir a un empleado suyo que redacte un informe sobre un determinado proyecto urbanístico para que lo envíe a la jefa de la oficina téc- nica "que lo tiene que hacer como suyo".
Las conversaciones entre Ortiz y la funcionaria son frecuentes, lo que, para la policía, demuestra "la colaboración de los responsables de Urbanismo con el empresario". En una conversación intervenida, Ortiz habla con la funcionaria para que el Ayuntamiento apruebe el proyecto refundido del Plan Rabassa, que contempla la construcción de 13.505 viviendas. "Tiene que ir al próximo pleno", dice, a lo que responde Isabel Campos: "¿Tiene que ir al próximo pleno?, pues tendremos que correr". La conversación concluye de la siguiente manera:
Enrique Ortiz. "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco".
Isabel Campos. Bueno, ya veremos, eh...
E. O. Sí, trabaja para mí.
I. C. Que era de coña, que era de coña.
Ortiz termina: "Ya lo sé, ya lo sé".
Las relaciones entre Campos, la asesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo, y el empresario Ortiz son frecuentes. Este le regala por Navidad un bolso, e Isabel le llama para darle las gracias:
I. C. Nada, que era para darte las gracias por el bolso, bueno, eso es, Maleles
[la esposa de Enrique Ortiz].
E. O. Qué bonito.
I. C. Hombre..., está bien, está bien.
E. O. ¿Te ha gustado?
I. C. Sí, sí.
E. O. Bueno, ¿cuándo vamos a comer juntos?
I. C. Cuando quieras.
E. O. Que te eche un poco los tejos.
I. C. Cuando tú quieras [riéndose].
E. O. En sentido profesional, los tejos profesionales.
I. C. Ya lo sé, ya lo sé.
La obsesión por el control del planeamiento urbano de Alicante guía la mayoría de las acciones de Enrique Ortiz. En junio de 2008 habla con Sonia Castedo y le dice: "Intenta tener el planito y me lo enseñas". A lo que la entonces concejal de Urbanismo responde: "Sí, sí, sí, mañana, mañana, nos vemos entonces". Un mes después, el empresario habla con un empleado de confianza suyo, Javier Llorens, y le dice: "Si te pregunta alguien si tienes el plano, le dices que no". A lo que este responde: "Ya lo sé". Ortiz le da más instrucciones: "Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran. Todos, incluso toma nota de los de la Cerámica, la Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... De lo que tú me digas para que nos den los aprovechamientos en otro lado. Míralo a ver dónde están que creo que los han pintado de gris y eso es nada". Ese mismo día, en otra conversación, Llorens le dice: "Otra cosa, del plan general hay un trozo, el más importante, pero falta otro: el de Aguamarga". Un Ortiz convincente responde: "Ya lo sé, me lo darán. Ya te lo daré". En julio de 2010, la policía registró las oficinas del promotor y encontró un pen drive propiedad de Javier Llorens que contenía los planos de la revisión del PGOU de Alicante.
Ortiz siempre ha pasado por ser un hombre con un poder extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante, lo que ha provocado algún que otro encontronazo con la justicia a cuenta de algunas obras civiles y sus correspondientes modificaciones. Hasta la fecha, ha salido bien librado de los tribunales; pero ahora mismo se encuentra imputado en tres sumarios. Por el caso Brugal, en sus dos ramas principales: la basura de la Vega Baja y la revisión del PGOU de Alicante. Los delitos que se le atribuyen son tráfico de influencias, cohecho, fraude y uso de información privilegiada. El promotor también está imputado por el caso Gürtel, por la presunta financiación irregular del PP.
En diciembre de 2006, Ortiz aseguraba: "Por desgracia, no mando nada", y ya entonces era famoso por su control de la casa consistorial. En realidad, sus empresas, inicialmente dedicadas a la obra civil, comenzaron a despegar con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía de Alicante; sus relaciones fueron tan estrechas que la primera persona en enterarse de que este dimitía fue el promotor, como fue el primero en saber oficialmente que Sonia Castedo iba a ser la alcaldesa. Alperi le llamó en presencia de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, desde el mismo restaurante en que se decidió la alternancia en el sillón municipal. Ortiz fue el primero en felicitar a Sonia Castedo. De hecho, muchos políticos de Alicante comen de su mano. Su relación con el poder es excelente.
Ortiz sabe cómo tratar a los políticos. "Les regalo un detalle", dijo un día a su mujer, "y los tengo a mi disposición". Una táctica que le sirvió a Álvaro Pérez El Bigotes en Valencia y al promotor en Alicante. Aunque algunos regalos de Ortiz son claramente el pago de un soborno, a tenor de lo que narra la policía. El patrimonio familiar de José Joaquín Ripoll se incrementó entre enero de 2008 y junio de 2010 en cerca de 1.300.000 euros. La policía asegura que el grueso de ese incremento corresponde a dos pisos situados en el ensanche de la ciudad o a su equivalente en metálico. Por lo que respecta a Luis Díaz Alperi, la policía está convencida de que el promotor le pagó un viaje a Creta a él y a la concejal Sonia Alegría en el jet privado de la empresa de Vicente Cotino con un coste de 37.500 euros. La investigación se extiende a tres bungalós en los que residen los hijos de Alperi. La hipótesis policial apunta a una empresa interpuesta y a un presunto falseamiento contable. Ortiz también puso 30.000 euros para que un hijo de Alperi entrara como socio en una nueva empresa de publicidad. Los agentes creen que las dádivas a Sonia Castedo, en forma de viajes vacacionales con gastos pagados, coinciden en el tiempo con gestiones efectuadas a favor del promotor durante la redacción del plan general.
Regalos recibieron, siempre según la policía, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores: un reloj valorado en 2.000 euros que fue devuelto; el exalcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, también recibió otro reloj, valorado este en 20.000 euros, que habría sido pagado a medias por Ortiz y Antonio Solana, otro promotor con intereses en Benidorm. Hubo también otros regalos de menor cuantía, bolsos diversos para las concejalas del PP del Ayuntamiento de Alicante, la esposa del consejero Mario Flores y la consejera de Turismo, Belén Juste.
"Cómo le voy a decir que no a un político", se preguntaba Enrique Ortiz en este periódico allá por noviembre del año pasado. Cómo le podía decir que no Sonia Castedo, primero como concejala de Urbanismo y después como alcaldesa de Alicante, a un empresario a quien conoce desde hace 17 años -"cuando yo no era nadie"- y que ve perfectamente normal que, durante 21 meses, tanto responsables políticos como técnicos del Ayuntamiento de Alicante mantuvieran no menos de 21 reuniones en despachos oficiales o en domicilios privados con el principal promotor de viviendas de la ciudad. "Lo que ocurre", dice la alcaldesa Sonia Castedo, "es que de un tiempo a esta parte estamos convirtiendo en anormal lo que siempre ha sido normal".
La alcaldesa ve "normal" que su hermano trabaje para el despacho de abogados que asesora jurídicamente al responsable de la redacción del plan general porque "cuando se adjudicó a Jesús Quesada la redacción del PGOU, ese bufete estaba incorporado a la propuesta y en aquellas fechas mi hermano no trabajaba para ese despacho", y no le parece extraño mantener un contacto casi diario durante cuatro años con el promotor. Sí le molesta, aunque con matices, el tufo que despierta tanto compadreo, tanto regalo y tantos viajes. "Ahora que conozco esas conversaciones, sí, me molesta; pero si no las conociera, yo diría que habría sido una situación digamos que, entre comillas, bastante normal. Hay mucha hipocresía social y mediática porque ahora mucha gente parece que no conoce a Enrique Ortiz".
Pero en las conversaciones hay cosas que no parecen muy normales. En mayo de 2008, siendo concejala de Urbanismo, Ortiz llama a Castedo "para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo", y le propone una entrevista en su despacho, pero la edil se niega: "No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate". Respuesta: "¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí". Cierre: "No, no quiero que te vean allí, claro". Las cintas recogen la estrecha relación entre la actual alcaldesa y el promotor. Hablan sobre el proyecto de reforma del Rico Pérez, sobre la instalación de la multinacional Ikea en la zona de Rabassa, del malestar que tiene el empresario porque la redacción del plan general no discurre según sus intereses. En las grabaciones policiales hay más de 1.700 referencias a Sonia Castedo en las que expresiones como "te lo tiene que confirmar Sonia", "fue lo que nos dijo Sonia", "la Sonia va a ser el crack de la Comunidad", "Enrique nos diría si puede cuadrar o no puede cuadrar en función de lo que diga Sonia", "voy a hablar con Sonia y con lo que sea te llamo", "y si tienes que hablar con Sonia, te vas a hablar con Sonia".
El 22 de mayo, Sonia Castedo logró el mejor resultado en la historia de Alicante para el PP, pasando de 15 a 18 concejales. Sumó 15.000 votos más. El caso Brugal seguro que le ha afectado a su imagen, pero no le ha pasado ninguna factura en las urnas.
Con información de Santiago Navarro.
"Alperi va a reunirse con esta gente para decirles que lo tienen que arreglar y os dejen contentos"
El promotor Enrique Ortiz habla con José Cortina, director general de Bancaja y director del área de negocio nacional. El constructor, según las grabaciones de la policía, reitera que el alcalde Luis Díaz Alperi se va a reunir con los encargados de confeccionar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para decirles que "lo tienen que arreglar" y dejar contentos a los de Bancaja.
Ortiz. En resumen, que va a reunirse con esta gente para decirles que lo tienen que arreglar y que os dejen contentos
Cortina. Vale, entonces, ¿la edificabilidad es la original que teníamos?
Ortiz. Le he dicho que os iban a bajar la edificabilidad, que tal y que cual, que estéis tranquilos que ha dicho que va a tomar él cartas en el asunto. No me ha dicho más porque no conoce al detalle el tema, pero que va a tener una reunión con esta gente del PGOU y me dirá algo, pero su voluntad es arreglarlo. Ya te tendré yo al día.
Cortina. Mañana te llamaré y te digo a qué hora hemos quedado con Domingo.
[Según la policía, estos intereses podrían estar relacionados con las actuaciones urbanísticas del PAU 3 de Alicante. El 29 de mayo de 2008 hablan Ortiz y el entonces alcalde, Luis Diaz Alperi, interesado en agradar al constructor].
Alperi. Una cosa que me interesa saber: ¿a ti perder la condición de urbanizador del APA-9 es una cosa que te preocupa?
Ortiz. Me puede preocupar relativamente, pero no cierres todavía nada.
Alperi. Pero ¿es algo que te preocupa o no?
Ortiz. Lo que pasa, que si las ventajas son importantes... si por un lado gano tres y por otro pierdo uno, pues bien.
Alperi. Vale, vale, es que yo necesitaba saberlo; vamos, que si lo pierdes tampoco pierdes nada.
Ortiz. Si gano económicamente, no pasa nada.
Ortiz a Sonia Castedo: "Tengo que hablar contigo para marcarme mi estrategia de todo"
En la recta final de la redacción del PGOU de Alicante, entre mayo de 2008 y junio de 2010, las conversaciones entre Enrique Ortiz y Sonia Castedo, entonces concejal de Urbanismo y meses más tarde alcaldesa de Alicante (septiembre de 2008), fueron casi diarias. Una trascripción del 12 de mayo de 2008 revela los primeros contactos.
Ortiz. ¿Qué quieres que hagamos?
Castedo. Pues lo que tú quieras. Dime cómo te va mejor (...). Tú no estás aún citado por mí, ¿verdad?
Ortiz. ¡Qué va!, si pasas de mí que te cagas.
Castedo. No, no, de manera oficial.
Ortiz. ¡Noooooooo!
Castedo. Vale, vale, perfecto (...).
Ortiz. ¿Quieres que vaya a la una? ¿A qué hora llegas tú al despacho?
Castedo. No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate.
Ortiz. Ah, que lo que no quieres es que me vean allí.
Castedo. No, no quiero que te vean allí, claro. (...)
Ortiz. Yo es que quiero irme contigo ya, porque tengo un montón, tengo que hablar contigo para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo.
Castedo. Bueno, o me puedo acercar a tu casa, o te puedes acercar a mi casa.
Días después hablan medio en clave de unos documentos.
Ortiz. Eres la tía más lista que he conocido en la vida.
Castedo. ¿Por qué?
Ortiz. Me has dado un tebeo del Coyote.
Castedo. No sé lo que va dentro. ¿Qué va dentro?
Ortiz. Eres la hostia, eres la tía más grande que he conocido en la vida.
Castedo. Porque, ¿qué va dentro?
Ortiz. Es el mismo que tengo antes de la modificación.
Castedo. No puede ser, si es el último.
Ortiz. Eres un crack.
Castedo. Es el mismo que tengo yo.
Ortiz. Pues si es el mismo es porque no ha variado. Ha tenido que variar porque había un montón de suelo de la Generalitat.
Castedo. Pues lo mismo no aparece ahí, porque el cambio fue antes de... Yo hablo con él.
* El País - JOSEP TORRENT 12 JUN 2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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