ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.
El magistrado del alto tribunal Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas clave del sumario de caso Brugal), ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.
Climent, en una providencia firmada este lunes, ha asumido los argumentos del primer instructor de esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Tejada observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.
La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los “deseos” del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini.
En su escrito de motivación razonada enviado al TSJ, el juez Tejada aseguró: “Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular”.
Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones.
El sumario de Brugal está plagado de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi que demuestran la cercanía entre ellos el supuesto trasvase de información secreta. En una de esas conversaciones, Castedo dice a Ortiz: “Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez”.
En este sumario había ya 16 imputados, entre ellos, el propio promotor Ortiz, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la regidora, y tres exdirectivos de Bancaja y CAM.
Castedo encajó la imputación con aparente satisfacción: “Es la única manera que tengo para defenderme”, dijo, al tiempo que agradeció la diligencia del TSJ en llamarla a declarar.
Castedo y Alperi se mantienen en sus cargos de momento, aunque la regidora sí ha anunciado que dejará el acta de diputada. El PP se limitó a asegurar que les abrirá un expediente informativo. Los tres grupos de oposición (PSPV, EU y UPyD) exigieron la dimisión urgente de ambos cargos del PP.
La oposición exige la marcha de Castedo
Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han exigido su dimisión tras conocerse la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo. "Mantenerse en el cargo es arrastrar por el fango la imagen de la ciudad. La gestión del PP al frente de Alicante desde el año 95 está bajo sospecha con una alcaldesa imputada y un exalcalde en la misma situación", ha esgrimido el secretario general de la agrupación socialista, Gabriel Echávarri.
EU, por su parte, ha solicitado la dimisión "inmediata y fulminante" de Castedo y de Alperi. La formación considera que el presidente del Consell, Alberto Fabra, "debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción". EU ha solicitado la dimisión de Castedo en los últimos plenos municipales.
Unión Progreso y Democracia, finalmente, también ha insistido en que la alcaldesa debe dejar su cargo. La formación considera necesario convocar un pleno extraordinario para votar un nuevo alcalde entre los 29 concejales restantes de la corporación municipal.
* El País - SANTIAGO NAVARRO / ROSA BIOT - 1.10.12
Foto: Sonia Castedo recibe la felicitación de su predecesor, Luis Díaz Alperi, tras tomar posesión como alcaldesa de Alicante. / PEPE OLIVARES
.................................... Leer más...
ELPAÍS/A Coruña* : Autorizar un chalé en suelo protegido a sabiendas de que era ilegal les ha supuesto una multa de 1.080 euros y la inhabilitación para cargo público a cuatro exediles de Pontedeume (dos del PSOE y dos del BNG), ya retirados de la política local. La condena por prevaricación urbanística les llega diez años después de participar en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pontedeume que el 30 de mayo del 2002 autorizó a un vecino de esta localidad coruñesa a levantar una casa unifamiliar en una finca de 2.500 metros cuadrados el lugar de Casquido, en la parroquia eumesa de Nogueirosa.
Unos meses antes, la secretaria municipal había advertido en un informe jurídico fechado el 26 de diciembre de 2001 que la vivienda invadía una “zona de protección costera” e informaba desfavorablemente a la licencia. Aún así, los cuatro ediles de la comisión de gobierno votaron a favor. Su argumento para justificar un delito urbanístico fue que se estaban levantando otras construcciones en la misma zona —en suelo clasificado en el planeamiento municipal como no urbanizable— y que denegarle la vivienda a este vecino sería “un agravio comparativo”, en palabras de Manuel Rei, del BNG, y uno de los cuatro exediles condenados.
Por medio, se cruzó la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta, adscrita a la Consellería de Política Territorial, que en 2003 envió al Seprona a constatar la existencia de “varias casas en fase de ejecución en suelo protegido” y formalizó la denuncia. La vivienda en cuestión tampoco se ajustó al proyecto técnico ya que superaba “ampliamente” las dimensiones y altura permitida.
De la instrucción se ocupó un juzgado de Betanzos que tardó años en remitir la causa al tribunal coruñés. Diez años después, y con la casa en pie, el juzgado de lo penal número 1 de A Coruña ha condenado a Julio Yáñez Bengoa, Manuel Allegue Curbeira, Manuel Rei Romeu y Emilio Salorio Fraga por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
Al juez no le cabe duda de que los exconcejales “votaron a favor de la licencia a sabiendas de su ilegalidad, injusticia y arbitrariedad” y desoyendo “con absoluto desprecio” las advertencias de la secretaria que “claramente les expuso que era contrario a derecho” para dar luz verde a una construcción “al margen de la legalidad”.
El magistrado Javier Clemente Lázaro les impone a los cuatro exediles una sanción de seis euros diarios durante seis meses para cada uno además de inhabilitarlos para cualquier cargo “de naturaleza electiva y ámbito local” por un periodo que no se concreta en el fallo.
El nacionalista Manuel Rei ejerció de alcalde accidental en la comisión de gobierno que les ha costado la condena a él y a Salorio, su compañero de filas, junto a los socialistas Allegue y Yáñez. Entre los imputados también figuraba el arquitecto técnico municipal, Manuel Ignacio Valiente García, que redactó un informe favorable a construir una casa en una zona de protección litoral. El juez condena a los cuatro políticos pero absuelve al perito en una sentencia de 14 páginas fechada el 16 de julio y que ya ha sido recurrida por los cuatro exconcejales ante la Audiencia Provincial de A Coruña. El retraso de la justicia en dictar sentencia tras un procedimiento de “tramitación relativamente sencilla” han funcionado como atenuante.
El letrado de los concejales, José Luis Arangurén, explica que el mismo atestado de la Guardia Civil que motivó la denuncia figuraban otras tres construcciones unifamiliares similares a la de Casquido que los tribunales no ha encontrado irregulares. "Tres fueron sobreseídas y esta es condenatoria", expone. Opina que estos problemas urbanísticos derivan de una modificación de la Lei do Solo que provocó "un maremágnum de normas irreconciliables e interpretables que invitaban a la confusión".
En la misma zona de Pontedeume, en terrenos próximos a la desembocadura del río Eume, fueron denunciadas siete viviendas y una ampliación de tejado por presuntas irregularidades urbanísticas.
* El País - LORENA BUSTABAD - 29.9.12
Foto: La casa ilegal en Pontedeume que ha provocado la inhabilitación de los exconcejales. / GABRIEL TIZÓN
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Girona* : Aquí los dioses se lucieron”, cuentan Martí Franch y Ton Ardèvol (arquitecto del paisaje e interiorista, respectivamente) a propósito del paraje de Tudela-Culip, al norte del parque natural del Cabo de Creus (Girona). Geológicamente, este rincón de la costa catalana es uno de los más espectaculares de España. Un lugar maravilloso donde se construyó un complejo turístico en 1961, el Club Med, cerrado 40 años después. Tras la clausura, se quiso borrar la huella dejada por aquel desarrollo urbanístico a través de un proyecto de deconstrucción y restauración encargado por las instituciones y acometido por un equipo multidisciplinar de 45 personas, al frente de las cuales están Franch y Ardèvol. La mayor actuación de estas características jamás ejecutada en la cuenca mediterránea ha dado resultado, convirtiendo un espacio privado en un bien público. Un proyecto que es el único español finalista en la Bienal Europea de Paisaje que se celebra en Barcelona a partir del día 27 de septiembre.
“Mira esta fotografía. Y ahora esta otra. Por arte de magia, lo que había construido ha desaparecido”, explica la geóloga Marta Puiguriguer, que espera a la entrada del recinto. La magia no es brujería. Es arte de un equipo obsesionado para que “nada perturbe la belleza del paisaje, un icono por sí mismo”. Junto a ella, Franch y Ardèvol, comenzamos una caminata de 1,7 kilómetros. Donde hoy se disfruta de formas rocosas, antes solo se veían edificios. El camello, el águila o el rinoceronte que inspiraron a Salvador Dalí para el Gran masturbador resurgen en todo su esplendor. Rocas, esquistos y pegmatitas que, erosionadas por el viento durante millones de años, han creado morfologías singulares. Para los geólogos, este paraje de imposible acceso hasta hace poco es un laboratorio al aire libre donde observar lo que ocurrió hace unos 300 millones de años a 14 kilómetros bajo tierra y a 600 grados de temperatura. “Es como si tuviéramos una ventana de lo que está pasando en algunos puntos del interior de la Tierra”, cuenta Puiguriguer.
Realmente nadie diría al llegar, tras dejar Cadaqués y desviarse a la izquierda en la carretera que conduce al faro del cabo de Creus, que allí hubo una vez 400 bungalós, restaurantes, anfiteatro, pista de tenis, campo de fútbol, muelle para embarcaciones y hasta un helipuerto. Casi no queda rastro del complejo turístico levantado para la clase media francesa en pleno franquismo por el arquitecto figuerense Pelayo Martínez -con la complicidad del pintor Salvador Dalí, que temía la destrucción del paraje- y considerado por los expertos como uno de los mejores ejemplos ibéricos de arquitectura moderna de los años sesenta.
El Club Med de Cadaqués fue languideciendo. La ciudad de vacaciones había caído en desuso, sobre todo por la imposibilidad de transformar su modelo turístico de un todo pagado austero en un entorno protegido. La designación del cabo de Creus como parque natural en 1985 y luego reserva natural integral por la Generalitat de Cataluña dejó al complejo sin posibilidad de modernizarse.
Dos décadas después, en 2005, con la economía en su máxima expansión, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llevó la Ley de Costas al extremo para iniciar una campaña de recuperación de la zona marítimo-terrestre, para convertirla en un espacio público, de acceso libre y sin edificaciones (nada que ver, por cierto, con la barra libre que proyecta ahora el Gobierno de Rajoy). El objetivo era destruir edificaciones y urbanizaciones ilegales para devolver el espacio a la ciudadanía. El paraje de Tudela-Culip en el cabo de Creus era el más emblemático, por el embrujo del lugar y sus dimensiones. Así que el Ministerio pagó al Club Med cuatro millones de euros por sus 200 hectáreas, con el objetivo de hacer desaparecer 45 hectáreas de ellas, las urbanizadas. También se debían recuperar los ecosistemas naturales, la playa, la fauna autóctona y la flora (como el enebro o el limonium) para dar un uso social al paraje. Pasar del turismo del sol, arena, mar y sexo -las cuatro eses, que dicen los ingleses- al turismo paisajístico, que también genera riqueza ambiental y económica.
La ejecución del proyecto empezó en julio de 2009 y terminó 14 meses después, en plena crisis económica, con un coste de siete millones de euros, que sufragó la Generalitat a través de la Gestora de Runas de la Construcció. El equipo de Franch y Ardèvol elaboró un diagrama detallado de cómo se debía realizar la deconstrucción. Son 35 fichas en las que describen el procedimiento, desde los materiales textiles (para evitar que los escombros ensucien el entorno) hasta pequeñas herramientas para repicar la roca, barrer y aspirar el polvo.
La máxima de la reutilización se llevó al extremo con los 43.000 metros cúbicos de escombros. Lo que era autóctono, una tercera parte, se reutilizó allí mismo. El resto se envió a la marina seca de Roses en camiones. Solo en flora exótica arrancada, como el diente de león -desperdigada por 90 hectáreas, el equivalente a 120 campos de fútbol-, se generó una cantidad de rastrojos similar al volumen de un edificio de cuatro plantas. Pero ni se quemó ni se movió. Se dejó secar. Sirve de colchón en los cráteres dejados por los edificios, cubiertos por los 4.000 metros cúbicos de zócalos de pizarra construidos sobre los que reposaban los inmuebles del Club Med.
El equipo restauró estratégicamente algunos zócalos, aquí y allá. Los más grandes, en el antiguo punto de información del complejo, que sigue teniendo la misma función, aunque ahora informa sobre la geología, vegetación y el poso cultural del paraje, que ha servido de fuente de inspiración desde tiempos remotos. Ellos se inspiraron para la restauración en las descripciones de la zona del escritor Josep Pla. “Es un homenaje a lo que significó para muchos este lugar, cuando soñábamos con la libertad de la que disfrutaban los clientes del Club Med. Además, es muy importante recordar que fue un complejo turístico muy bien diseñado y respetuoso con el medio ambiente”, asegura Ton.
La sensibilidad de los autores se percibe durante todo el paseo. En teoría, una hora de ida y otra de vuelta. En la práctica, bastante más si uno se deja embrujar por el entorno. Ellos se lo han pateado cientos de veces. “Creo que hemos hecho 200 kilómetros durante las visitas de obra”, recuerda Ardèvol. Empapándose del ambiente, porque este no es un proyecto realizado solamente sobre plano ni desde un despacho. “En la oficina ves los volúmenes, pero no eres capaz de percibir las texturas ni el horizonte”, remata Franch.
Durante un tramo, el itinerario cambia. El asfalto deja paso al hormigón pigmentado con el color blanco y rosado de la piedra del lugar, la pegmatita. Es como si la roca hubiese resbalado sobre el camino. La eliminación de las carreteras también forma parte de la reconstrucción. Solo queda la que marca el recorrido a seguir hasta el final, en la cala Culip, desde donde se observa el faro. Es la única playa donde uno se puede bañar; en el resto está prohibido. Antes contemplamos la isla de Portaló desde el mirador donde los turistas practicaban yoga y veían, al fondo, Francia.
Los paneles informativos son mínimos y están muy escondidos durante todo el recorrido. “Hemos evitado al máximo los impactos visuales. Queremos que la gente se centre en las rocas, el mar y el viento. Queremos reivindicar el paisaje y no los artilugios”, dice Martí. Al mismo tiempo, tratan de fomentar la doble percepción a la que invitan las rocas del lugar. Algunos atriles tumbados indican dónde se pueden descubrir formas animales en las rocas. Un águila o un conejo por aquí, una pareja de monos o de enamorados por allá…
A Franch y Ardèvol les preocupa mucho cómo envejece la obra. Dos años después de haber sido entregada, recupera poco a poco, día a día, su estado natural. “Marta, ¡mira cómo crecen los enebros y los coixinets de monja!”. “¡Fijaos en la playa, ya no queda rastro del espigón!”. Este verano ha sido el primero en que cualquier persona podía visitar el paraje, a cinco euros por vehículo. Sin embargo, las instituciones aún no saben bien cómo gestionar el uso público, tanto lúdico como didáctico, de un enclave que ha costado años y 11 millones de euros en recuperar. Ellos consideran que “no solo es importante por las aves y las plantas. Es más calidad de vida para los lugareños. Sin olvidar que fomenta la cultura de la naturaleza, que es un nuevo patrimonio”.
El reclamo de cualquier sitio turístico, fíjense en cualquier postal, es siempre el paisaje. El camino que ellos han marcado en el cabo de Creus plantea el derecho social a un paisaje y medio ambiente de calidad, lo contrario a lo que plantea la nueva Ley de Costas del Gobierno de Rajoy. Algo de razón tendrán, porque acumulan varios galardones por este proyecto. El gremio ha reconocido la tarea artística coral de un equipo de 45 personas, capitaneadas por Martí Franch (Barcelona, 1971) y Ton Ardèvol (El Poal, Lleida, 1951), en el cabo de Creus. El primero, el Premio de Arquitectura de las Comarcas de Girona y del Jurado de la Cultura. El más reciente, de la Asociación Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA) a los mejores proyectos de ordenación paisajística del mundo, el único europeo entre los nueve elegidos. El veredicto del jurado es elocuente: “Esto es integración artística en el paisaje (…). No se trata de salvar el mundo, solo quiere ser lo que es”.
* El País - LAIA REVENTÓS - 28.9.12
Foto: Cabo Creus (Girona), Club Med deconstruido - PAU ARDÈVOL
.................................... Leer más...
INFORMACIÓN/Alicante* : No todos somos iguales. Parece lógico pensar que quien está implicado en procesos judiciales de tanto calado como Brugal o Gürtel optaría por acceder al Ayuntamiento de Benidorm para tratar el futuro de media ciudad con discreción: por una puerta lateral o por el acceso directo desde el aparcamiento. Pero Enrique Ortiz, promotor omnipotente, no es así: se deja ver, le gusta que le vean. Mientras espera la cita con la cúpula urbanística del gobierno local de turno, puro en mano, sonrisa de oreja a oreja, se sienta con sus abogados en la mesa más visible de la terraza ubicada frente al Ayuntamiento, saluda a un conocido, abraza a un íntimo y parece disfrutar de su protagonismo. Ortiz es un tipo extrovertido, le sabe sacar jugo a la vida. Y cuando viene a Benidorm se siente como en casa. Domina la situación. Sabe, sabemos, que "media ciudad es de él", afortunada frase del actual alcalde, Agustín Navarro, que define a la perfección el hegemónico lugar que el contratista ocupa en el municipio. Eso ha sido siempre así: a lo largo de los años, Ortiz siempre ha hallado motivos para divertirse: lo hizo con Pérez Devesa, lo hizo con Pérez Fenoll y lo hace ahora con Navarro.
Vara dura. Y eso que en los últimos tiempos la clase política local ha puesto de moda reclamar o prometer mano dura con el promotor: Navarro anunció que para 2013 le obligaría a adecentar el acceso desde la AP-7; la líder del CDL, Gema Amor, señaló, antes de pactar con el PSOE y en otra frase para la historia, que el convenio con El Moralet era "un traje a medida" para Ortiz ; el ya exconcejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer (PSOE), logró que el pleno le instara a pagar más de 17 millones en cánones urbanísticos por Armanello; su sucesor y actual jefe de la plaza, Vicente Juan Ivorra (CDL), anunció que el empresario por fin abonaría después de 4 años el famoso canon por la estación de autobuses; y la portavoz adjunta del PP, Lourdes Caselles, volvió a pensar en la gloria de las hemerotecas y acusó al nuevo pacto PSOE-CDL de actuar en "connivencia" con él. Pero a la hora de la verdad, tan buenas intenciones colisionan con el particular sentido del humor de Ortiz, quien exige ahora 47 millones de euros por 345.000 m2 en El Moralet que el Ayuntamiento tiene obligación de expropiarle desde 1990. Genial. Otra más. La vida es bella.
Siga sonriendo. Ortiz, que además de dejarse querer por el destino es un tipo instruido, sabe que las finanzas del Consistorio no están para esas alegrías. Pero a él le da igual. Plantea esa espada de Damocles consciente de que así obtiene margen para negociar el resto de grandes asuntos que tiene pendientes en la ciudad: "vale, no te exigiré esos 47 millones pero a cambio en Armanello me vas a dar esto y en el PolígonoÉ pues esto otro". Y a seguir sonriendo.
Problema para el CDL. Cuando Amor dijo aquello de lo del traje a medida se refería a aquel convenio frustrado en El Moralet y por el que Ferrer, a cambio de la expropiación, ofrecía a Ortiz y a su socio Antonio Solana terreno edificable equivalente a 500 viviendas en otras zonas de Benidorm. Ahora es el propio CDL el que gestiona urbanismo. Así que tiene un problema: evitar que el Ayuntamiento pague esos 47 millones y a la vez arreglárselas para que nadie pueda decir que son los centristas los que confeccionan trajes. Ivorra, que es un hombre cauto, ha dicho que negociará con Ortiz. Lo de siempre: otra vez a sentarse con quien tiene todos los ases en la manga. Con el que sonríe.
Sin escollos. Y Ortiz juega al póker a pesar de que incluso los tribunales le cercan. Gracias al exedil de Urbanismo socialista Jaime Llinares los jueces investigan o han investigado los impagos del canon de la estación, el posible trato de favor al promotor en Terra Mítica o las rotondas que se habrían pagado dos veces y que han puesto en un brete al exalcalde Pérez Fenoll. Pero qué más da. A nuestro hombre no hay escollo que el emborrone tanta felicidad. Aunque conducir por la avenida Comunidad Europea que el promotor debería haber urbanizado hace años sea aún hoy jugarse la vida.
* Información - ARTURO RUIZ - 26.9.12
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
.................................... Leer más...
DIAGONAL* : El Ayuntamiento de Pamplona destruye las huertas de Arantzadi para construir un centro de interpretación. Los vecinos se oponen y luchan por mantener viva la tierra.
En su web dedicada al parque fluvial del Arga, el Ayuntamiento de Pamplona afirma plantearse “la recuperación de este hábitat natural como un objetivo prioritario, integrando el entorno fluvial del Arga en la ciudad no sólo como un espacio público de ocio sino como motor de un urbanismo racional y sostenible”. Mientras el ayuntamiento defiende esto en el mundo virtual, en el mundo real asistimos el jueves 12 de septiembre, y por orden de Juan José Echeverria, concejal de Urbanismo de este equipo de Gobierno, a la destrucción, otra vez, de una huerta comunal en el meandro de Arantzadi, una de las escasas zonas fluviales del río Arga en donde todavía se practica una horticultura ecológica que viene alimentando a la ciudad desde hace cientos de años.
Las primeras lechugas, cebollas y tomateras fueron aplastadas a finales de agosto. Los bulldozers estacionados en la zona acabaron con estas plantaciones cuando el Consistorio de Iruñea inició las obras del proyecto de urbanización del meandro, aprobado por el pleno en 2009 con una total falta de participación ciudadana en su elaboración y tramitación.
La presencia de la policía ante la oposición vecinal se hizo más patente las primeras semanas y especialmente desde que el colectivo Arantzadi Auzolanean (Arantzadi trabajando en comunal) decidió continuar con la labor agrícola de la zona, tarea destinada a desaparecer en el proyecto municipal. El resultado de esta oposición ha sido la represión, además de la destrucción de las huertas. Doce personas siguen detenidas al cierre de esta edición, acusadas de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Arantzadi Auzolanean comenzó en junio con un acto de “expropiación” de las dos hectáreas de tierras de la familia Aldaya, ahora propiedad del municipio igual que el resto del terreno: “Le comunicamos al Ayuntamiento que desde entonces la zona quedaba exenta de las obras y que íbamos a empezar con la recuperación de la huerta”, comenta Alberto, un agricultor del colectivo. “Para mediados de julio ya había una huerta en producción, a finales de julio y principios de agosto empezamos la distribución de parte de la producción al comedor social París 365”.
A pesar del destrozo inicial, el 1 de septiembre se organizó una “fiestacción” en la misma huerta destruida “y movimos unas siete toneladas de tierra para volverlas a poner en su lugar original. Todo eso a carretilla y pala y con el trabajo de la gente. Fue emocionante, por aquí pasaron centenares de personas”. Arantzadi Auzolanean continúa su labor todas las mañanas. Mientras, la policía municipal ha vallado la zona y prohibido el paso: “A pesar de los obstáculos la gente circula diariamente, sobre todo muchas personas mayores que conocen el meandro, de los barrios de la Rotxapea y de la Txantrea, pero también vecinos de todas las edades, niñas y niños, gente que tiene familia hortelana y con alguna aproximación al tema, y también gente que jamás en la vida se había acercado a una huerta. Entramos en la zona de obras y trabajamos la tierra, y de vez en cuando hacemos salidas y paramos las máquinas que trabajan en esta zona”.
“Empezamos a juntarnos por una convocatoria de Ekologistak Martxan a toda la gente que nos interesaba el parque”, apunta Teo, arquitecto y miembro de Arantzadi Bizirik (Arantzadi Vivo), un grupo abierto formado por personas y colectivos de distinta índole que mantienen como vínculo común la preocupación por poner en valor y salvaguardar en lo posible la actual fisonomía y características de Arantzadi. “Cuando hicieron el proyecto ya hubo gente que empezó a escribir en la prensa diciendo que aquello no estaba muy claro. Por nuestra parte, hemos analizado las posibilidades de hacer un parque público que mantuviese las huertas productivas, ecológicas, para vender en los mercados de la comarca.
Que se amplíe el uso de huertas a 150.000 m2 (ahora hay unos 130.000), manteniendo la estructura actual de caminos, rebajando setos para contemplar las huertas, con 25.000 m2 de pradera arbolada para libre acceso y manteniendo las huertas sociales. Teniendo en cuenta, además, que es uno de los pocos espacios fértiles que todavía se conservan y que ha sustentado la alimentación de la ciudad durante siglos. Hablamos de agricultura en pleno centro urbano, un privilegio para la ciudad que se debe conservar y no destruir”.
El proyecto municipal no sólo obvia esta realidad sino que la ataca, destruyendo 85.000 m2 de huertas productivas y colocando en su lugar 65.000 m2 de bosque inundable, 20.000 de jardines convencionales, 3.000 para micro huertas particulares y, lo que es más absurdo, mil metros cuadrados para un “museo de la huerta” de hormigón, gestionado por la fundación privada Fundagro, con un coste de nueve millones de euros y 300.000 euros más al año de mantenimiento.
De dicho coste se han gastado ya cinco millones mediante crédito y no hay más fondos para continuar. “La iniciativa es ahora de Arantzadi Auzolanean. Tienen otras maneras de seguir defendiendo lo mismo, pero les apoyamos por completo”, apunta Teo. La lucha por defender un meandro vivo continúa. La próxima cita es el viernes 14 a las 9.30 "cerca de la huera de Beroiz para protestar al paso de los políticos" que acudirán al museo de la Huerta.
* Diagonal - HELENA BENGOETXEA / IRUÑEA - 13.9.12
Foto: LA LUCHA POR LA TIERRA. Vecinos y vecinas siguen cultivando la tierra a pesar de la prohibición policial. / Foto: Ekinklik.
.................................... Leer más...
LEVANTE/Alicante* : Tras caducar el pasado mes de julio el plan transitorio, que estaba en vigor desde diciembre de 2005, nadie sabía a ciencia cierta qué régimen urbanístico imperaba en Dénia. Se especulaba con que había que volver al desarrollista PGOU de 1972, que, entre otras barbaridades, permitía que en la calle Marqués de Campo se levantaran fincas de 13 alturas. El laberinto urbanístico todavía se hizo ayer más intrincado. Poco antes de las 15h llegó al ayuntamiento una sentencia del Tribunal Supremo que lo termina de poner todo patas arriba.
El Supremo tumba el plan transitorio. Rechaza el recurso de casación que presentó la Generalitat Valenciana contra un primer fallo del TSJ de la Comunitat Valenciana que ya daba la razón a la Asociación de Afectados de Almadrava Molins en el recurso contencioso que presentó contra el plan transitorio o de mínimos. Esta última sentencia, que tiene fecha de 13 de septiembre, confirma que el plan de mínimos es nulo pues no contaba con "informes sectoriales preceptivos y vinculantes"; se refiere a los informes de Costas y de la Dirección General de Carreteras.
Al menos ahora ya hay una certeza. Definitivamente, el planeamiento que vale es el de 1972, el último legal que ha estado en vigor.
Los tribunales también anularon el PGOU de 1990.La Asociación de Constructores de Dénia reclamó la pasada semana que se aclarara que régimen urbanístico regía en el suelo urbano. Al caducar el plan transitorio, el equipo de gobierno (PP y Centre Unificat) suspendió licencias en todo el suelo, excepto en el urbano. Los informes jurídicos realizados esta misma semana dejaban claro que se debía seguir aplicando el último plan urbanístico legal, que hasta ahora era el de mínimos. Ese dictamen se iba a llevar al pleno de hoy, pero faltaba la planimetría.
Giro urbanístico inesperado
Pero el urbanismo en Dénia suele dar giros inesperados. Justo cuando el gobierno local apelaba a que aún tenía cuerda el plan transitorio, prorrogado seis veces hasta que el Consell dijo basta, el Supremo lo convierte en papel mojado.
La perspectiva de volver al desfasado urbanismo de hace 41 años es para echarse a temblar. La primera reacción del gobierno local fue de desconcierto. A primera hora de la tarde, nadie acertaba a vislumbrar las consecuencias de la sentencia. Curiosamente, cuando se pidió parecer a la conselleria de Territorio, la respuesta fue que allí no había llegado el fallo.
Pero, avanzada ya la tarde, la concejala de Urbanismo, Pepa Font, de Centre Unificat, llamó a la calma. La sentencia "no tiene demasiadas consecuencias. El plan transitorio ya no estaba vigente tras rechazar la conselleria la última prórroga". Font dijo que es la conselleria la que debe arrojar ahora luz sobre qué régimen urbanístico debe aplicarse en la ciudad. Sin embargo, también avanzó que "en 15 ó 20 días" se llevará a pleno la exposición pública del nuevo PGOU. En ese momento, quedarán suspendidas las licencias en todo el término municipal. El nuevo plan general podría aprobarse definitivamente en mayo, pero eso ya depende de la prisa que se dé la conselleria.
Mientras, desde la asociación de Almadrava Molins, lejos de alegrarse por el litigio ganado, recalcaron que la sentencia llega tarde, pues Dénia ya tiene listo un nuevo planeamiento que desclasifica este tramo litoral y tira por tierra la pretensión de los vecinos de que se mantenga como urbano.
* Levante - A. PADILLA - 27.9.12
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
.................................... Leer más...
CANARIASAHORA/Tenerife* : La fiscal para los delitos contra el Medio Ambiente, I.Violán, considera que el alcalde de El Rosario, Macario Benítez, la concejal de Urbanismo, Ana Guadalupe Mora Padilla y la exsecretaria del Ayuntamiento, María Alonso Martínez, han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación urbanística por todos los hechos ocurrido durante la tramitación del Plan Parcial El Varadero.
En su escrito de acusaciones, a cada uno de ellos la Fiscalía pide la imposición de 8 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público y la posibilidad de que se reclame la asunción de responsabilidad civil que implicaría que desembolsen de su propio bolsillo todos los daños que pudieran haberse acarreado durante la tramitación del plan parcial.
Sin embargo, Violán exculpa a los concejales que integraban entonces el grupo de gobierno y que votaron a favor del planeamiento al considerar que actuaron simplemente basándose en los informes que les facilitaron los tres acusados. No obstante, todos ellos serán llamados a declarar en calidad de testigos durante el juicio oral que la Fiscal ha pedido que se lleve a cabo. El caso Varadero tiene su origen en la intención del Ayuntamiento desde el año 2001 de llevar a cabo una urbanización residencial y turística en una ladera del municipio en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que protege este entorno. Benítez viene ocupando el cargo de alcalde desde el año 1983, mientras que Mora Padilla ha sido concejal de Urbanismo y teniente de alcalde a partir de 2001. Por su parte, Alonso Martínez llegó a ocupar el puesto de secretaria municipal. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2001 y 2004, período en el que según la Fiscalía todos se pusieron de acuerdo para supuestamente cometer los hechos que ahora los sentarán en el banquillo de los acusados.
Un proyecto de 339.000 metros cuadrados
Fue en 2001 cuando el promotor de la empresa Amador Díaz Ramos SL presentó un proyecto ante el Ayuntamiento que abarcaba casi 339.000 metros cuadrados de suelo que se sitúan al lado de la autopista del sur y cuatro barrancos en las que se localizan seis cuevas. Sin embargo, la documentación presentada resultó incompleta por lo que poco después el empresario tuvo que aportar más documentos sobre las ordenanzas y un estudio económico, además de completar la memoria de ordenación. El proyecto nunca llegó a ser visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Coac).
Por aquellas fechas se tramitaba también el Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, aunque el promotor se acogió a que en este sector los usos permitidos eran residencial turístico y la tipología edificatoria residencial colectiva, unifamiliar aislada, apartamentos, bungalows y hoteles. En aquellas fechas las normas subsidiarias efectivamente recogían que este suelo era apto para tener finalidad residencial y turístico.
Sin embargo, en el mes de julio de 2001 entró en vigor la conocida como moratoria turística que pretendía contener y controlar el crecimiento de este sector en el Archipiélago y de hecho ordenaba la suspensión de los planes parciales que tuvieran esta finalidad como era el de El Varadero. La Fiscalía por lo tanto sostiene que en este caso concreto la moratoria turística es de plena aplicación.
Además, en el PIOT se contemplaba esta zona con la clasificación de Area de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Ambiental, que impide que albergue ningún tipo de construcción al situarse en barrancos o laderas y así lo acordó la institución insular a finales de 2001, ratifícándolo también a finales del siguiente ejercicio. Sin embargo, según el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento se opuso a este criterio de la institución insular de proteger esta franja del territorio y mantuvo sus intenciones de urbanizarlo. Así queda en evidencia tanto en las alegaciones que la Corporación local presentó al planeamiento insular como en las distintas versiones que se llevaron a cabo del PGO de El Rosario, todo ello de una manera que la Fiscalía califica de “arbitraria”.
Violán considera probado que tanto el alcalde como la concejal de Urbanismo dieron “órdenes precisas” a la secretaria para que mantuviera el criterio municipal a lo cual esta accedió sin poner ningún tipo de traba ni impedimento. En ningún momento consta que se haya dado cumplimiento a los imperativos legales de informar sobre el contenido del plan parcial a Costas, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y Cabildo tinerfeño. Tan sólo se remitió una copia a la Dirección General de Urbanismo que fue respondida con la advertencia de que no se estaban cumpliendo con todos los trámites legalmente establecidos.
“Los acusados, conscientes de la imposibilidad de tramitar el Plan Parcial por encontrarse suspendido por mandato legal, actuando con el ánimo de eludir o dilatar todo pronunciamiento expreso en tal sentido, no atendieron en esas fechas al mencionado requerimiento”, indica el escrito de la Fiscalía.
Advertencia de la arquitecta municipal
En 2002 la arquitecta municipal María Ángeles León Brito advirtió que los usos previstos en el avance del Plan General y los del Plan Insular eran incompatibles y por lo tanto pedía que se prohibiera cualquier tipo de intervención que supusiera “una alteración del relieve original del terreno, de los ecosistemas o degradación de sus valores naturales“. Además, la técnica ya advertía que era necesario contar con el parecer del Colegio de Arquitectos.
La Fiscalía considera probado que el alcalde, pese a conocer las indicaciones del PIOT para este ámbito, decidió seguir adelante con el plan parcial. En el caso de la secretaria se la acusa de haber intentado recurrir a argucias en sus informes para solventar los reparos que se imponían desde el Cabildo de manera que en vez de referirse a los apartamentos y bungalows como de uso turístico hablaba de alojamientos no permanentes. Por ello, la Fiscalía la acusa de no haber hecho valer la legalidad sino por el contrario dar el visto bueno a este documento pese a conocer los impedimentos que existían sobre el mismo. La arquitecta municipal, por su parte, respondió este informe advirtiendo de las irregularidades que ya habían reflejado en su primer dictamen. Sin embargo, la Fiscalía considera que el alcalde decidió “imponer su voluntad” acogiéndose a los informes elaborados por la secretaria, ahora acusada.
El planeamiento siguió su curso mientras las distintas administraciones le imponían diversos reparos que sólo en algunas ocasiones eran solventados pero sin que se llegara nunca a eliminar el uso turístico que ya había quedado expresamente prohibido en el PIOT. No obstante, el alcalde cuando remitió en 2001 el plan parcial a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ya debió sospechar que no iba a salir adelante por lo que en el último momento solicitó que fuese retirado del orden del día. No consta que el Ayuntamiento realizara ningún otro movimiento para sacar adelante este planeamiento hasta 2004. Mientras el alcalde y su grupo de gobierno decidieron interponer un recurso contencioso administrativo en contra del PIOT que sería luego rechazado.
Nueve días antes de la aprobación definitiva del Plan Insular la promotora pidió que su proyecto fuese aprobado por silencio administrativo. “El alcalde una vez más decidió imponer su voluntad”, indica la fiscal quien relata que entonces encargó un estudio jurídico al abogado, Francisco Medina Aceytuno que era favorable a que el promotor se pudiera acoger al silencio administrativo positivo y otro más de la secretaria municipal ahora acusada. Esta funcionaria consideraba que el Plan Parcial se había aprobado antes de que entrara en vigor el PIOT y que los informes emitidos por las distintas administraciones que habían resultado desfavorables se solicitaron de forma correcta pero se emitieron fuera de plazo.
Por lo tanto en el mes de junio de 2004 la comisión informativa de Urbanismo y el pleno decidieron dar vía libre al Plan Parcial de El Varadero. Este pleno fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que efectivamente decidió anular el acuerdo.
La Fiscalía por lo tanto no deja de llamar la atención sobre “la persistente voluntad” de los acusados de extender la trama urbana hacia el sector adyacente a Tabaiba mediante su calificación de suelo como urbanizable incluso una vez que había entrado en vigor el PIOT.
Una actitud que según Violán, “se pone de manifiesto en todas y cada una de las propuestas que fueron recogidas en las distintas versiones del PGO. Una vez remitido el documento a la Cotmac, se decidió proponer la revisión de oficio del planeamiento municipal en relación a El Varadero atendiendo precisamente a la sentencia del TSJC que había anulado el pleno en el que se aprobó el plan parcial. Tres años más tarde la Cotmac dio el visto bueno al PGO pero condicionándolo a que este ámbito se adaptara a lo contenido en el PIOT.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 22.09.12
Foto: El Rosario (Tenerife) - adelur.org
.................................... Leer más...
PÚBLICO/Almería* : El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado de manera definitiva que el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre tras desestimar los dos últimos recursos de la promotora contra la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
El Alto Tribunal señala en dos sentencias que el Plan Parcial del sector ST-1 en el que se asienta el establecimiento no fue revisado para ajustarlo a la Ley de Costas y reitera, en los mismos términos en que se pronunció de forma previa la Audiencia Nacional (AN) y la misma sala del Supremo en un fallo de marzo de 2012, que la servidumbre de protección debió respetar los cien metros de anchura por no existir a la entrada en vigor de la citada ley aprovechamientos urbanísticos en la zona.
La resolución que da respuesta a la impugnación de la mercantil matriz Azata incide en que "no cabe duda" de que el Ministerio de Medio Ambiente actuó "conforme a derecho" y en que "huelga toda argumentación" ante el hecho de que la anchura de la servidumbre de protección debe ser de 100 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar conforme a lo dispuesto en su artículo 23.1 de la Ley de Costas.
En esta línea, apunta que la "desatención o descuido" de la Administración estatal de Costas en promover la revisión del Plan Parcial del sector en el que se levanta el hotel o el informe favorable que emitió para la aprobación de la revisión del planeamiento urbanístico de Carboneras "no es razón" para incumplir lo establecido en la propia Ley de Costas.
El Alto Tribunal se muestra más contundente al desestimar, en una segunda resolución que también fue sometida a votación y fallo el 4 de julio, el recurso de la promotora Azata del Sol y hacer consideraciones acerca de las críticas que "hace ahora al proceder" del Ministerio.
"Calculos precipitados"
Así, cuestiona su argumento de que la actuación en el paraje de El Algarrobico "ha estado guiada en todo momento por la creencia, derivada de la actuación de la Administración del Estado, de que se ajustaba a la legalidad vigente, cumpliendo todos los deberes que ésta le imponía" y de que adquirió los terrenos "cuando eran aptos para urbanizar y contaban con Plan Parcial, una subvención de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de la Junta de Andalucía para la inscripción del hotel de cuatro estrellas en el Registro de establecimientos y actividades turísticas".
Mismo cuestionamiento hace de que Azata del Sol señale que obtuvo la licencia de obras cuando "todavía en el expediente de deslinde la servidumbre de protección del sector figuraba con una anchura de veinte metros" o que obtuvo calificación ambiental favorable y la licencia de actividad, y, por consiguiente, "no había indicio alguno que hiciera dudar de la legalidad de la edificación autorizada".
Según el Tribunal Supremo la mercantil "no está en lo cierto" al "asentar su confianza legítima" en estos presupuestos ya que "el deslinde, al que estaba sujeto la zona, sólo había sido aprobado provisionalmente con una anchura también provisional de vente metros para la servidumbre de protección".
"Fueron, por tanto, sus cálculos precipitados -añade- aunque la revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras se hubiesen aprobado definitivamente, con el visto bueno de la Administración del Estado, el 28 de enero de 1998, y en ellas se hubiese señalado la anchura de la servidumbre de protección en 50 metros ya que el procedimiento de deslinde estaba en tramitación y la anchura de la servidumbre de protección no había sido determinada definitivamente".
La sentencia cierra de nuevo la puerta de este modo a la indemnización reclamada por la promotora del establecimiento hotelero tal y como hizo la Audiencia Nacional en el fallo recurrido en casación y remarca que, como cualquier propietario de suelo, tiene el deber jurídico de soportar la anchura de la servidumbre de protección legalmente establecida, en este caso de cien metros, sin que puedan invertirse los términos de los deberes que el ordenamiento jurídico impone a la Administración y a los particulares".
"La entidad recurrente trata de alterar esos términos cuando sostiene que no pesa sobre ella el deber jurídico de soportar una servidumbre de protección por el hecho de haberse precipitado en adquirir terrenos sujetos a un procedimiento de deslinde y más aun en obtener licencias y permisos para construir un hotel sobre un suelo que resultó legalmente gravado con esa servidumbre de protección", concluye.
* Público - EUROPA PRESS ALMERIA 26/09/2012
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - reuters
.................................... Leer más...
EUROPAPRESS* : Se debe controlar el desarrollo de las ciudades a nivel mundial a favor de la sostenibilidad y de la protección de otras especies no humanas, antes de que un auge en la construcción de infraestructuras transforme la cobertura del suelo, advierte un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Investigadores de la Universidad de Yale, la Universidad de Texas A & M y la Universidad de Boston, en Estados Unidos, predicen que para el 2030 las zonas urbanas crecerán en más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados.
El auge de las ciudades coincidirá con la construcción de carreteras y edificios, instalaciones de agua y saneamiento, sistemas de energía y transporte que transformarán la cubierta vegetal de todo el mundo.
«Dada la larga vida y la irreversibilidad de las inversiones en infraestructura, será fundamental que las actuales políticas relacionadas con la urbanización consideren sus impactos duraderos», afirma Karen Seto, autora principal del texto.
Ruanda, Burundi y Etiopía
Cerca de la mitad del aumento de la expansión urbana tendrá lugar en Asia -sobre todo en China e India-. En China, por ejemplo, se creará un corredor costero de metrópolis desde Hangzhou a Shenyang. En India, la población se agrupará en torno a siete capitales estatales.
La cobertura de la tierra urbana de África crecerá más rápido, un 590% por encima del nivel del año 2000. Y se concentrará en el río Nilo, en Egipto; la costa de África occidental, en el Golfo de Guinea; la costa norte del Lago Victoria, en Kenia y Uganda extendiéndose hacia Ruanda y Burundi; en la región de Kano, en el norte Nigeria; y en Addis Abeba, en Etiopía.
En América del Norte, por último, donde el 78% de sus habitantes vive en zonas urbanas, la expansión urbana se duplicará en 2030.
Especies amenazadas
El desarrollo urbano invadirá o destruirá el hábitat de 139 especies de anfibios, 41 de mamíferos y 25 de aves que se encuentran en la Lista de Peligro Crítico o Peligro de Extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
* ABC Natural - EP - 18.9.12
Foto: abc
.................................... Leer más...
DIARIODECÁDIZ* : En ocasiones, un error burocrático propicia que una ilegalidad pueda salir indemne. Así, el Área de Urbanismo continúa detectando "numerosos" expedientes disciplinarios a viviendas ilegales abiertos durante el gobierno de IP que tendrán que anularse porque se notificaron a los promotores de las obras pero estos, en el momento de iniciarse el procedimiento sancionador, ya no eran los propietarios de los inmuebles ya que los habían vendido a terceros. Y se da la circunstancia que sobre estos últimos no se podrán ejecutar acciones disciplinarias ahora porque la infracción ya ha prescrito.
En la sesión del Pleno Municipal que se celebrará esta mañana se abordarán dos de estos casos. El primero se remonta a 2006, año en el que Juan Carlos Rodríguez era concejal de Urbanismo. El ex edil instó mediante decreto a un promotor a que legalizara seis viviendas construidas en el Pago Serrano-Las Veguetas. Con posterioridad, se le impuso hasta cuatro multas coercitivas (las dos últimas en 2008 y 2009 con PP y PA ya gobernando en el Ayuntamiento) por no haber procedido a la regularización. Sin embargo, en 2010 el Pleno aprobó revisar de oficio esta licencia al considerar que se había dado la orden a una persona que ya no era propietaria de las viviendas (las había vendido entre 2001 y 2002 a terceros). Tal y como establece el procedimiento administrativo, para revisar el expediente se tuvo que recabar la opinión del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano que emitió su dictamen el pasado mes de mayo y en el que corrobora que la orden no se hizo a la persona indicada.
Lo mismo ocurre con el otro expediente que se aborda en la sesión de hoy como es uno relacionado con tres viviendas en Los Perales. En esta ocasión, se dio la circunstancia de que no eran decretos de legalización sino de demolición. Incluso, se le impusieron dos multas coercitivas en 2008 y 2009. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo de Cádiz dictó una sentencia en marzo de 2010 en la que dejaba sin efecto la sanción al advertir que el denunciado ya no era propietario de la vivienda. Asimismo sostenía el fallo que hay jurisprudencia que avala que sobre el adquirente del inmueble recae cualquier tipo de expediente disciplinario, haya ejecutado o no las obras. En esta misma línea también se pronunció el Consejo Consultivo de Andalucía.
Ya en 2011 ocurrió algo similar con un expediente abierto a cuatro viviendas en el diseminado de La Imbrusqueta.
* Diario de Cádiz - E. M. CAÑAS - 13.9.12
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es
.................................... Leer más...
IGNACIO ORTIZ* : Una historial repleto de incompatibilidades por el que el arquitecto Leopoldo Arnaiz ha tenido que responder ante la justicia en muchas ocasiones. Los gobiernos municipales populares como el de Alcorcón, Boadilla del Monte, Pinto o Villaviciosa de Odón, le encargaban el planteamiento de los planes urbanísticos mediante los cuales se recalificaban terrenos de rústicos a urbanizables. A veces mediante información privilegiada y otras a través de un conglomerado de sociedades, Arnaiz se lucraba a costa de su trabajo para la administración pública.
El pasado 3 de febrero el juzgado número 35 de Madrid dictó una resolución en la que ve indicios de delito fiscal y blanqueo de capitales contra el urbanista Leopoldo Arnaiz y su exsocia María Rosa Llano González.
La trayectoria de Arnaiz no es indiferente a muchas personas que ven con estupor la política urbanística que ha vivido la Comunidad de Madrid durante la última década. Ahora, la exsocia del urbanista ha destapado un conglomerado de sociedades ante el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid y le reclama 50 millones de euros correspondientes a su 10% de participación en un supuesto entramado de sociedades de las que Arnaiz sería dueño del 90% de las acciones. Por tanto, estaríamos hablando de un patrimonio que ascendería a 500 millones de euros.
Leopoldo Arnaiz es responsable de buena parte de los desarrollos urbanísticos que comprenden la Comunidad de Madrid entre los que se incluyen Alcorcón, Boadilla del Monte, Pinto o Soto del Real.
Arnaiz estuvo vinculado a los contrucores del ‘tamayazo’ y bajo la lupa del exfiscal Emilio Valerio por una recalificación en 2002 en los terrenos del norte de Alcorcón donde se contruirá previsiblemente el complejo de Eurovegas.
Recalificaciones en Villaviciosa de Odón
La recalificación del ayuntamiento de Villaviciosa de Odón viene precedida de otra autorización municipal del 10 de febrero de 2010, que permitía la modificación de los planes urbanísticos para que los dos empresarios tengan las manos libres para cambiar la tipología de las viviendas proyectadas.
El terreno acumula varias recalificaciones. La anterior alcaldesa, Nieves García, ya permitió a los constructores aumentar la edificabilidad, pero los empresarios querían algo más. Con la modificación se pasó de los 1.519 chalets a la autorización de 2.700 pisos.
Los dos constructores, Bravo y Vázquez, implicados en la trama de corrupción que dejó a Rafael Simancas fuera de la presidencia de la Comunidad de Madrid conocida como el ‘tamayazo’, promovieron la operación junto a un grupo de propietarios asociados en Junta de Compensación. Según las actas de la junta, Francisco Bravo es quien asume las decisiones de la operación y propone los cambios. También es Bravo quien elige al arquitecto designado para el proyecto, Leopoldo Arnaiz, y la empresa a la que encargarán la edificación, Virton, de la que fue apoderada la hija del exsecretario general del PP madrileño, Romero de Tejada.
Recalificaciones en Alcorcón
En 2006 el exfiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad de Madrid Emilio Valerio denunció una trama urbanística entre Arnaiz y el ex alcalde de ésta localidad Pablo Zúñiga del Partido Popular, para llevar a cabo una importantísima recalificación de terrenos entre los años 1999 y 2003 que beneficiaría a la postre al empresario Juan Benigno Alonso.
El juez los sentó en el banquillo por asesorar a los propietarios de los terrenos que él mismo recalificaba por orden del consistorio.
En 2003, el PP pierde las elecciones y PSOE-IU forman gobierno con Cascallana al frente de la alcaldía. En un primer momento se deja sin efecto la revisión planteada por Zúñiga. La decisión es recurrida por los propietarios ya agrupados desde 2004 bajo la Comisión Gestora Ciudad Norte. Finalmente se modificó en parte el proyecto del PP introduciendo vivienda protegida pero la recalificación siguió adelante . En 2005 se firmó el primer convenio y finalmente fue refrendado por la Comunidad en el año 2008.
El arquitecto Leopoldo Arnáiz, vendió a Metrovacesa su parcela en la zona a través de la empresa Bederline de Negocios S. L. antes de 2003.
* El Aguijón - Opinión - 23.09.12
Foto: Leopoldo Arnaiz
.................................... Leer más...
LEVANTE/Alicante* : Los vecinos de las fincas de la playa de la Fossa de Calp que están junto a la parcela donde la promotora Ifach Mar SL, tiene previsto construir un hotel de 27 plantas (104 metros de altura y 294 habitaciones) están dispuestos a plantar batalla contra lo que consideran "una barbaridad urbanística". Tras fracasar el Ministerio de Medio Ambiente en su recurso contra unas obras que están paralizadas desde 2008, los propietarios de los edificios President, Ifach II e Ifach III aseguraron ayer que la licencia que concedió el ayuntamiento en 2006 podría ser ya papel mojado. Ese permiso ya era de por sí muy peculiar. Los técnicos indicaron que se otorgaba "bajo la completa responsabilidad del titular ante una eventual denegación de la licencia de apertura". En aquellos años, el gobierno local de Javier Morató, entonces en el PP y ahora edil de Alternativa Popular, acostumbraba a dar cobertura a proyectos de cuestionable legalidad.
Además, los vecinos, cuando la promotora inició las obras de excavación, acudieron al ayuntamiento y, según afirman, comprobaron que la licencia de apertura estaba pendiente. EL PGOU de Calp es, en este sentido, concluyente: "La licencia de obras para los edificios destinados a hoteles no podrá concederse hasta la previa obtención de la licencia de apertura de la actividad como hotel". Por tanto, sin licencia de apertura, la de obras sería irregular.
Estas comunidades de propietarios advierten también que el proyecto carece de estudios de ruidos y accesos. Plantean que debería evaluarse la incidencia que levantar esa "mole" tendría sobre sus fincas. De entrada, se crearía un muro que les impediría ver el mar, pero, además, sostienen, el hotel de 104 metros de altura sumiría sus casas en una sombra permanente.
Protesta contra "la mole urbanística"
Unos 30 vecinos de la playa de la Fossa se concentraron ayer junto al "cráter" que dejaron las obras de excavación del hotel de 27 plantas. Ahora, tras desestimar el TSJ el recurso contra el proyecto (en concreto contra las obras que afectaban a la zona de servidumbre de protección), el promotor podría retomar en cualquier momento los trabajos. Los vecinos mostraron los planos del "monstruo". Muchos de ellos compraron sus pisos hace 40 años. "Si se construye esa mole urbanística, nuestras casas quedarán tapadas y ya no tendrán ningún valor", lamentó uno de los residentes.
* Levante - A. PADILLA - 11.9.12
Foto: La excavación efectuada para el hotel en una imagen tomada ayer desde la azotea de otro edificio. a. p. f.
.................................... Leer más...
ONU* : América Latina y el Caribe ha llegado a un punto de inflexión. Después de décadas de crecimiento urbano acelerado y demandas sociales insatisfechas, la región necesita prepararse para una nueva transición urbana. La información consta en el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, informe que será presentado hoy en Rio de Janeiro y Ciudad de México.
El lanzamiento en México se realiza dentro del marco de la XXI Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI).
El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” reúne, por primera vez, estadísticas e informaciones completas sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas.
La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental.
“Para avanzar hacia un modelo de ciudades más sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación urbanística, trabajar en políticas de cohesión social y territorial, así como en políticas nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal e institucional”, advierte Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).
La publicación apunta algunos de los desafíos que tienen por delante las áreas urbanas y posibles respuestas para afrontarlos teniendo en cuenta la heterogeneidad regional.
Los datos estadísticos e informaciones recabados por el informe muestran que:
América Latina y el Caribe reúne casi un 80% de su población (468 millones de personas) en áreas urbanas y, de este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
Tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las megarregiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados.
Más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las ciudades. Además, ha aumentado el potencial y la participación económica de centros urbanos secundarios.
Pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”.
Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana). La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.
La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.
Las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno.
Se constatan iniciativas importantes para la protección ambiental, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención y respuesta a los desastres naturales. Sin embargo, existe poca conciencia de cómo la urbanización poco o mal planificada aumenta el riesgo a desastres.
Los países de la región han dado un impulso decisivo al proceso de democratización y descentralizado numerosas competencias, pero muchos municipios son incapaces de autofinanciarse y carecen de los recursos humanos, institucionales y económicos para su buen gobierno.
El informe señala que, después de décadas en que los gobiernos parecían incapaces de responder a las demandas del crecimiento urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la que el desafío será, no tanto responder a las necesidades en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equidad y sostenibilidad.
Existe abundante conocimiento y experiencia en la región para impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión social. Para avanzar en esa dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el monitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades del desarrollo urbano.
En un contexto de restricciones económicas y limitación de recursos, la publicación subraya la importancia de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los poderes públicos (o municipales) de las plusvalías urbanas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimismo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos que permiten orientar los mercados inmobiliarios en defensa del interés colectivo.
* ONU-Habitat - Rio de Janeiro, Brasil. 21/08/2012
Foto: ONU-Habitat - América Latina
.................................... Leer más...
INFORMACIÓN/Alicante* : El Defensor del Pueblo ha vuelto a incluir a Torrevieja en su informe anual dirigido a las Cortes Generales en el que se hace constar el abandono en el que se encuentran varios edificios de los contemplados en el catálogo de protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como el tratamiento urbanístico y arquitectónico dado al antiguo Teatro Municipal Nuevo Cinema, "permitiendo el derribo y la destrucción del edificio original sin proceder a su preceptiva conservación y rehabilitación", denunció ayer en un comunicado el grupo municipal de Los Verdes.
Esta formación recuerda que "el Defensor del Pueblo hace constar que el deber de conservar concierne a todos, también a las Administraciones Públicas respecto de los bienes a su cargo, definiendo la pasividad del Ayuntamiento de "sorprendente"".
En el informe también se cita por su situación de ruina y abandono los edificios de la Casa y Torre de Los Balcones, situada en la urbanización del mismo nombre, o la pensión del Parejo, en pleno centro de Torrevieja, concretamente en la Calle Azorín, número 19, que están protegidos en el PGOU "por su interés urbanístico arquitectónico".
Peligrosidad
"Curiosamente y en contra de lo que viene siendo habitual -dicen Los Verdes en su escrito de denuncia- los responsables del Departamento de Urbanismo no han tramitado los preceptivos expedientes de peligrosidad en ninguno de estos edificios, ni tampoco los referidos al deber de conservación por su condición de elementos protegidos".
El Defensor del Pueblo concluye en su informe y referente a Torrevieja indicando que tras tres años de reclamaciones el Ayuntamiento no le ha facilitado explicaciones sobre las causas de su inactividad y de los retrasos en remitir la documentación de los expedientes, añadiendo que "los hechos, constatados por el Ayuntamiento, no tuvieron ninguna consecuencia, ni se ordenó la adopción de ninguna medida".
Ello es, a juicio de Los Verdes, "todo un ejemplo de falta de transparencia y de colaboración con la Institución del Defensor del Pueblo y de la política de urbanismo a la carta que se practica en el Ayuntamiento".
* Información - 13.9.12
Foto: Una imagen de archivo de la Casa y Torre situada en Los Balcones. D. P
.................................... Leer más...
FARODEVIGO* : A un mes de las elecciones autonómicas, dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PP, son investigados por la Justicia por un caso de corrupción. El regidor de de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez,
y el regidor de Boqueixón (A Coruña), el popular Adolfo Gacio, son dos
de los trece detenidos en el marco de la Operación Pokemon, en la que se
investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales y malversación,
cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude en
exacciones ilegales, violación de secretos y prevaricación.
También han sido arrestados Adrián Cordero y Marcos Lerenda, dos de los
directivos de Vendex, empresa de servicios que gestiona bajo concesión
servicios municipales como la grúa, la ORA o limpieza de edificios. Los
contratos de esta empresa con los ayuntamientos de Ourense y Boqueixón
pueden ser la clave de esta operación que dirige la titular del juzgado
de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, también instructora
del caso Carioca (supuesta trama de prostitución y corrupción que
operaba en Lugo), sostienen fuentes próximas al caso. Se investigan
irregularidades en contratos públicos, en concreto concesiones a dedo
con entrega de dinero por medio, explican las mismas fuentes.
Entre los detenidos, está el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exedil socialista en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, y que también aparecía en el sumario de la operación Carioca.
La lista se completa con cuatro arrestados en Lugo, dos en Madrid, un empresario en Asturias y el último fue detenido en Bueu (Pontevedra). Es Román O.F., que es el jefe de sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Santiago. El consistorio compostelano contrató, según pudo saber este diario, a Vendex la limpieza de colegios y campos de fútbol y la gestión de una guardería municipal durante la etapa de Sánchez Bugallo (PSOE).
Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron ayer por la mañana dos despachos en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y dos horas después se llevaron "expedientes de empresas ligadas a personas físicas o jurídicas de obras y servicios", confirmó el actual responsable de este organismo, Francisco Marín. Contratos de obras en las que participaba la Confederación y también el Ayuntamiento podrían estar entre los expedientes requeridos por Vigilancia Aduanera, apuntaban ayer fuentes próximas al caso.
Registros
Efectivos policiales también requisaron expedientes de contratos en los Ayuntamientos de Ourense, Lugo, Santiago y Boqueixón, y reclamaron documentación al respecto en la Agencia Tributaria de Lugo y Ourense. También registraron las oficinas de Vendex en A Coruña, Santiago y Ourense. En el consistorio ourensano, los informes eran adjudicaciones a la empresa Vendex, confirmaron fuentes del propio ayuntamiento. En el consistorio de Lugo, se llevaron informes de urbanismo. Precisamente Fernández Liñares, uno de los trece detenidos, fue edil de Urbanismo en el anterior periodo de gobierno de la ciudad.
La operación Pokémon saltó a la luz pública cuando a las ocho menos cuarto de la mañana tres efectivos de los Servicios de Vigilancia Aduanera se personaban en el domicilio del regidor de Ourense, a punto de salir de su casa, acompañado de su mujer, para llevarlo detenido con orden de incomunicación a la comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra, donde pasó la noche, tras declarar ante los agentes, y desde donde hoy está previsto que sea trasladado a Lugo para prestar declaración ante la juez Pilar de Lara.
Sorprendió su traslado a la ciudad del Lérez y no a la comisaría de Ourense. La explicación, según fuentes de la investigación, fue que era más conveniente alejarlo de su ciudad, donde es alcalde. Su abogado, Carlos Hernández, defendió ante los periodistas "la inocencia sin ninguna duda" de su cliente y especificó que cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación, fraude y exacciones ilegales son delitos por los que se ha iniciado esta investigación, en ningún caso cargos que pesen sobre el alcalde. "Nos parece muy bien que los juzgados ejerzan su función pero quizás con un poco más de moderación", añadió el letrado.
Alcaldesa en funciones
Tras la detención de Francisco Rodríguez, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense se reunió de urgencia, y acordó que la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, asuma provisionalmente las funciones de la Alcaldía, gobernada en coalición por PSOE y BNG. Pérez mostró su confianza en "la inocencia" del regidor y como desconocía los motivos de la detención se limitó a declarar que espera que el asunto se "resuelva a la mayor brevedad".
La atención mediática se concentró en el regidor de Ourense, una de las siete ciudades de la comunidad y una de los tres urbes regidas por el PSOE en Galicia. Hay sin embargo también un alcalde del PP. Es Adolfo Gacio que rige desde 1991 los destinos de Boqueixón, una villa de algo menos de 4.500 habitantes en la provincia de A Coruña.
En las últimas semanas se barajó la posibilidad de que Gacio dejase la alcaldía para ocupar un cargo diplomático en la embajada de España en Venezuela.
Gacio fue arrestado ayer a mediodía en el propio consistorio y fuentes de la investigación constatan que este consistorio coruñés también tiene contratados servicios a una empresa del grupo Vende (atención a personas mayores).
El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer cauto tras conocer la noticia de la detención del regidor de Ourense tras la reunión del Consello de la Xunta, momento en el que todavía no se conocía el arresto del regidor de Boqueixón. "Habrá que esperar a tener información de la Justicia, del Ayuntamiento de Ourense y de posibles personas implicadas", explicó Feijóo, que reclamó "respeto a la decisión de la justicia y a la presunción de inocencia". "Estaba en la reunión del Consello y no tengo información para una valoración definitiva", respondió a preguntas de la prensa antes de lanzar un mensaje al PSdeG. "Respetar la presunción de inocencia debería ser el comportamiento de los responsables políticos siempre", zanjó.
El secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, se enteró de la detención del regidor de Ourense mientras participaba en un coloquio en Santiago, donde las caras de los dirigentes socialistas delataron la sorpresa por su detención a primera hora de la mañana. Al concluir su intervención, Vázquez se reunió en un cuarto junto a sus asesores y a la salida declaró: "Primero, no sabemos nada; segundo, confiamos plenamente en la Justicia; tercero, confiamos plenamente en nuestro alcalde". "Cuando sepamos claramente de qué estamos hablando podremos decir más cosas", añadió el candidato socialista.
Más tarde, la diputada Laura Seara consideró que "no es casual" que la detención se produjese en precampaña electoral.
El candidato del BNG a la Xunta, Francisco Jorquera, pidió "responsabilidad política" para "dejar actuar a la justicia" ante las detenciones de ayer y mostró su confianza en que "no haya otro tipo de motivaciones" más que la de "esclarecer si hubo o no hechos delictivos". "Si hay alguien en estos momentos que está haciendo cálculos sobre el impacto de este hecho en la campaña electoral, lo único que haría sería alimentar la sospecha de que en una actuación de este tipo los intereses que hay detrás no son única y exclusivamente judiciales", comentó. Además, recordó que "en un Estado de derecho es fundamental preservar el derecho de la presunción de inocencia" y en que "sería irresponsable" por su parte "especular sobre cómo puede afectar" la detención de Rodríguez a la campaña.
* Faro de Vigo - I.BASCOY / V.RODRÍGUEZ/ U.FOCES - 21.9.12
Foto: alcalde Ourense en Comisaría - .Rafa Vázquez
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Iban a ser la solución para desatascar las vías de acceso a Madrid. Pero se han convertido en uno de los negocios más ruinosos del sector. Las autopistas de peaje de entrada a la capital, las radiales, llevan menos de una década en funcionamiento y parecen casi nuevas. La escasez de tráfico, muy inferior al previsto, y el desorbitado sobrecoste de las expropiaciones de terrenos para construir estas vías han llevado a muchas concesionarias a la ruina. La primera en caer ha sido Accesos de Madrid, propietaria de la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), que el 7 de septiembre presentó el preconcurso de acreedores, el paso previo a la suspensión de pagos.
Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y 430 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla.
El preconcurso es una figura que les proporciona tres meses para negociar con las entidades financieras para intentar evitar el concurso. "Estas autopistas se concibieron como una alternativa a la ampliación de las autovías gratuitas, pero después estas fueron ampliadas con más carriles y los atascos se redujeron", argumenta José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid.
Sin tanto atasco, la empresa afirma que le resulta muy difícil competir con las vías de uso gratuito. Este factor, la caída del tráfico por la crisis —este año se están viendo desplomes del 20% y el precio de los carburantes tiene que ver—, el sobrecoste por las expropiaciones y los gastos financieros han sido un golpe imposible de esquivar. El viernes pasado también solicitaron concurso de acreedores por motivos similares las dos sociedades que gestionan la R-4 (Madrid-Ocaña), con una deuda de 575 millones, cuyos accionistas son Cintra, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. La AP-41 (Madrid-Toledo) no es una radial, pero también ha suspendido pagos. Otras seis vías de pago, entre ellas la cuarta radial, la R-2, están al borde de la quiebra.
La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid (en principio, gratuitas) se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con el socialista Josep Borrell como ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado y ejecutado con José María Aznar en el poder. El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirmó que absorberían “al menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían millones de pesetas en tiempo y gasolina. Además, las adjudicatarias debían hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.
A los pocos meses, un consorcio integrado por siete empresas ganó el contrato: FCC, Zafir, Acesa, Caja Madrid, la Empresa Nacional de Autopistas, Inversiones e Infraestructuras y OHL. Las obras debían acabar en 24 meses y tendrían un coste de 727 millones. Los problemas con las expropiaciones y los cambios en el trazado retrasaron la inauguración a 2004. El coste final se incrementó un 12%.
Era solo la punta del iceberg. El tráfico ha resultado ser un 25% del previsto. La concesionaria calculó en 2004 que las dos radiales absorberían 70.000 de los 200.000 coches que circulan a diario por las autovías de Valencia y Extremadura. Ahora la media en cada una de esas radiales ronda los 10.000 vehículos. Mientras, la aplicación de la Ley del Suelo de 1998, que permitía valorar los terrenos en función de sus expectativas, disparaba el coste de las expropiaciones. “Calculamos que las expropiaciones nos costarían 40 millones y han sido 640”, asegura el director general de Accesos de Madrid, que ha pagado hasta ahora 210 millones.
Para Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, la mala gestión y planificación son los causantes de este ruinoso negocio: “Las constructoras tuvieron que realizar a cambio de las radiales un tramo de la M-50; para cuadrar las cuentas Francisco Álvarez-Cascos [sucesor de Arias-Salgado] pronosticó unos tráficos y unos resultados de explotación demasiado optimistas; tampoco previó los efectos de la Ley del Suelo, y el tráfico fue mucho menor porque las carreteras gratuitas se fueron mejorando”. Las cuentas de Accesos de Madrid arrojaron en 2010, último ejercicio disponible en el registro mercantil, unas pérdidas de explotación de 4,42 millones, frente a los 3,76 millones del año anterior.
Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se están articulando medidas coyunturales, como la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída del tráfico —un sistema en el que el Estado adelanta el dinero— y los 250 millones en préstamos participativos (con aval del Estado) presupuestados para este año. A largo plazo, Fomento asegura que “se está trabajando en soluciones estructurales que proporcionen un horizonte sostenible al sector”. Según López Casas, su concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensación y créditos participativos.
El PSOE advierte de que se necesita una solución inmediata, mientras la patronal, ASETA, ve una salida clara: que el conductor pague de forma directa por el uso de toda la red de alta capacidad para “redistribuir más racionalmente los tráficos” e “incrementar los ingresos del Estado”.
La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga: accionistas, acreedores (además de Bankia, el Santander, BBVA, el Sabadell, Caixabank e ING)… pero los ciudadanos también pueden acaban pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidación, alguien tendrá que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato. Si la Administración tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, López Casas calcula que tendría que asumir como máximo 670 millones, que computarían como déficit público. Eso, más el sobrecoste de las expropiaciones. Del resto deberían hacerse cargo los acreedores.
* El País - CRISTINA GALINDO Madrid 16 SEP 2012
Foto: Radial de peaje R-4 (Madrid-Ocaña). EFE
.................................... Leer más...
