El Urbanismo destruirá el hábitat de más de 200 especies amenazadas
Patrimonios perdidos
En las casas campesinas la cal cubre todo el espacio de las fachadas, dejando solo al descubierto la piedra de los dinteles de las puertas y los marcos de las ventanas. Me gusta la elegancia sobria de la cal y la piedra, que favorece la impresión de una sola trama urbana, en la que los monumentos no son islas separadas de los lugares de la vida común, sino espacios empapados y habitados por ella. Cuando yo era niño muchas más casas que ahora se apoyaban en la muralla, como nuevos organismos que aprovechan una ruina o un tronco caído para medrar en ellos. Palacios con patios de columnas de mármol eran populosas casas de vecinos. En una torre intacta de la muralla un agricultor conocido de mis padres tenía su almacén de grano.
Caserones medio abandonados e iglesias cerradas desataban las imaginaciones de los niños. Antes de que la restauraran y en parte la inventaran para convertirla en escuela de Artes y Oficios, la Casa de las Torres era como un castillo lóbrego de cuento, con ventanucos estrechos de los llegaba un frío de cripta, con un portalón viejo con llamadores enormes y clavos oxidados, con gárgolas ennegrecidas por la humedad y los líquenes, caras de bocas redondas y abiertas asomadas a los aleros y mirando hacia abajo, como si quisieran infundirnos miedo.
La singularidad de la iglesia de San Lorenzo era su alta espadaña sin campanas, pero cubierta de hiedra. La hiedra disolvía las diferencias entre la obra humana y los reinos de la naturaleza. Trepaba hasta lo más alto del campanario con un verdor lujuriante de jardín vertical. El misterio de la iglesia era que estaba cerrada. Había una señora mayor a la que llamaban la Campanera, y que vivía en una casita blanca encaramada al filo de la muralla, pero que yo recuerde en la iglesia no quedaban campanas. A veces encontrábamos entornada la puerta y veíamos en su interior grandes bloques de sombra como de un almacén, cristos y santos de madera tallada apoyados contra las paredes, quizás también planchas de madera olorosas y polvo de serrín de una carpintería.
La iglesia estaba cerrada desde los tiempos de la guerra, cuando fue asaltada y expoliada. Desde entonces no había vuelto a salir la procesión del señor del Consuelo. Debía de ser una procesión modesta, a la escala de la iglesia y de las calles empedradas y las plazuelas por las que se pasearía la figura del santo, una procesión gremial en la que participaban los hortelanos que vivían en ellas. Junto al costado de la iglesia bajaba una calle estrecha hacia todos los caminos de las huertas cercanas y de los olivares. Los cascos de los caballos, los mulos y los burros, las pezuñas de las vacas, repicaban duramente sobre el empedrado. Años después, cuando la mayor parte de los vecinos antiguos habían muerto o se habían marchado, instaló su estudio delante de la iglesia de San Lorenzo el pintor y escultor salvadoreño Mauricio Jiménez Larios. Viniendo desde tan lejos, descubrió que su lugar en el mundo sería ese rincón del que tantos se habían ido, nos habíamos ido.
Mauricio tuvo el proyecto de establecer en la iglesia un centro cultural. Sabía que estando abandonada corría el peligro de la ruina. Yo le propuse que fuera un centro dedicado a recoger la memoria popular del barrio de San Lorenzo: los oficios, los linajes de los hortelanos, las artesanías diversas de los hombres y las mujeres, el patrimonio oral de los relatos y las canciones, el de la memoria de la guerra y de la posguerra.
Nada es más desolador que ver desalentarse a un hombre entusiasta y razonable. Tras años de buenas palabras y dilaciones políticas estuvo claro que el centro no iba a salir, y la iglesia siguió cerrada, su decrepitud cada vez más visible por comparación la pujanza de la hiedra en la espadaña (Ricardo Martín anduvo por allí y le hizo fotos muy hermosas). Las autoridades en España suelen ser temibles cuando no remedian nada, pero a veces más temibles todavía cuando deciden remediar algo. A algún talento municipal o episcopal se le ocurrió que la hiedra ponía en peligro la estabilidad de la espadaña. Secaron la hiedra y entonces descubrieron que ahora es cuando la espadaña está de verdad en peligro, porque eran justo sus tallos y sus raíces los que la sostenían.
Ahora la iglesia de San Lorenzo está tan deteriorada que puede derrumbarse, y el Obispado de Jaén, al que pertenece, prefiere no hacer nada, y las numerosas autoridades locales, provinciales y regionales parecen tener otras prioridades. Al fin y al cabo es una iglesia sin mucha importancia en un barrio antiguo de gente trabajadora en el que ya hay muchas casas vacías. El escritor Jerónimo Maesso publicó un artículo denunciando ese abandono: algún paisano iracundo le ha respondido que no hace ninguna falta proteger una iglesia cuando hay tanta gente necesitada. Parece que a esas personas justicieras no se les ocurre que para una ciudad como Úbeda, como tantas de España, preservar el patrimonio no es un gasto superfluo, una blandura sentimental, sino una inversión que puede rendir beneficios y crear prosperidad durante generaciones, y además hacer más grata la vida de todos. Una de las fuentes más seguras de trabajo y riqueza, inagotable a poco que se cuide, no contaminante, es un patrimonio histórico bien gestionado, que incluye no sólo los monumentos que antes salían en las postales, sino el entorno en el que cobran su pleno sentido: lugares en los que se puede vivir y a los que llegarán esos viajeros que no arman bronca y que están dispuestos a pagar un buen hotel, un buen restaurante, un café civilizado, servicios de alta calidad que crean puestos de trabajo cualificados.
No es ese el camino elegido. Se hundirá San Lorenzo, como se han hundido o se han destruido tantos edificios, tantas vistas singulares de esa ciudad, y es posible que en el solar, convenientemente recalificado, construyan un bloque de viviendas con reflejos de falso mármol, tejadillos típicos, barandas de escayola, con vistas al valle del Guadalquivir. Me niego a creer que sea siempre eso lo que nos merecemos.
* El País - Opinión - 8.9.12
Foto: “La singularidad de la iglesia de San Lorenzo era su alta espadaña sin campanas, pero cubierta de hiedra”. / FOTO: RICARDO MARTÍN
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El Puerto.- Cuando un error beneficia al infractor
En la sesión del Pleno Municipal que se celebrará esta mañana se abordarán dos de estos casos. El primero se remonta a 2006, año en el que Juan Carlos Rodríguez era concejal de Urbanismo. El ex edil instó mediante decreto a un promotor a que legalizara seis viviendas construidas en el Pago Serrano-Las Veguetas. Con posterioridad, se le impuso hasta cuatro multas coercitivas (las dos últimas en 2008 y 2009 con PP y PA ya gobernando en el Ayuntamiento) por no haber procedido a la regularización. Sin embargo, en 2010 el Pleno aprobó revisar de oficio esta licencia al considerar que se había dado la orden a una persona que ya no era propietaria de las viviendas (las había vendido entre 2001 y 2002 a terceros). Tal y como establece el procedimiento administrativo, para revisar el expediente se tuvo que recabar la opinión del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano que emitió su dictamen el pasado mes de mayo y en el que corrobora que la orden no se hizo a la persona indicada.
Lo mismo ocurre con el otro expediente que se aborda en la sesión de hoy como es uno relacionado con tres viviendas en Los Perales. En esta ocasión, se dio la circunstancia de que no eran decretos de legalización sino de demolición. Incluso, se le impusieron dos multas coercitivas en 2008 y 2009. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo de Cádiz dictó una sentencia en marzo de 2010 en la que dejaba sin efecto la sanción al advertir que el denunciado ya no era propietario de la vivienda. Asimismo sostenía el fallo que hay jurisprudencia que avala que sobre el adquirente del inmueble recae cualquier tipo de expediente disciplinario, haya ejecutado o no las obras. En esta misma línea también se pronunció el Consejo Consultivo de Andalucía.
Ya en 2011 ocurrió algo similar con un expediente abierto a cuatro viviendas en el diseminado de La Imbrusqueta.
* Diario de Cádiz - E. M. CAÑAS - 13.9.12
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es
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La sombra en Eurovegas de Leopoldo Arnaiz, el señor de las recalificaciones
Vecinos de Calp plantan batalla contra el hotel de 27 plantas a seis metros del mar
Además, los vecinos, cuando la promotora inició las obras de excavación, acudieron al ayuntamiento y, según afirman, comprobaron que la licencia de apertura estaba pendiente. EL PGOU de Calp es, en este sentido, concluyente: "La licencia de obras para los edificios destinados a hoteles no podrá concederse hasta la previa obtención de la licencia de apertura de la actividad como hotel". Por tanto, sin licencia de apertura, la de obras sería irregular.
Estas comunidades de propietarios advierten también que el proyecto carece de estudios de ruidos y accesos. Plantean que debería evaluarse la incidencia que levantar esa "mole" tendría sobre sus fincas. De entrada, se crearía un muro que les impediría ver el mar, pero, además, sostienen, el hotel de 104 metros de altura sumiría sus casas en una sombra permanente.
Protesta contra "la mole urbanística"
Unos 30 vecinos de la playa de la Fossa se concentraron ayer junto al "cráter" que dejaron las obras de excavación del hotel de 27 plantas. Ahora, tras desestimar el TSJ el recurso contra el proyecto (en concreto contra las obras que afectaban a la zona de servidumbre de protección), el promotor podría retomar en cualquier momento los trabajos. Los vecinos mostraron los planos del "monstruo". Muchos de ellos compraron sus pisos hace 40 años. "Si se construye esa mole urbanística, nuestras casas quedarán tapadas y ya no tendrán ningún valor", lamentó uno de los residentes.
* Levante - A. PADILLA - 11.9.12
Foto: La excavación efectuada para el hotel en una imagen tomada ayer desde la azotea de otro edificio. a. p. f.
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ONU-Habitat presenta el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe
El lanzamiento en México se realiza dentro del marco de la XXI Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI).
El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” reúne, por primera vez, estadísticas e informaciones completas sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas.
La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental.
“Para avanzar hacia un modelo de ciudades más sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación urbanística, trabajar en políticas de cohesión social y territorial, así como en políticas nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal e institucional”, advierte Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).
La publicación apunta algunos de los desafíos que tienen por delante las áreas urbanas y posibles respuestas para afrontarlos teniendo en cuenta la heterogeneidad regional.
Los datos estadísticos e informaciones recabados por el informe muestran que:
América Latina y el Caribe reúne casi un 80% de su población (468 millones de personas) en áreas urbanas y, de este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
Tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las megarregiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados.
Más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las ciudades. Además, ha aumentado el potencial y la participación económica de centros urbanos secundarios.
Pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”.
Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana). La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.
La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.
Las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno.
Se constatan iniciativas importantes para la protección ambiental, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención y respuesta a los desastres naturales. Sin embargo, existe poca conciencia de cómo la urbanización poco o mal planificada aumenta el riesgo a desastres.
Los países de la región han dado un impulso decisivo al proceso de democratización y descentralizado numerosas competencias, pero muchos municipios son incapaces de autofinanciarse y carecen de los recursos humanos, institucionales y económicos para su buen gobierno.
El informe señala que, después de décadas en que los gobiernos parecían incapaces de responder a las demandas del crecimiento urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la que el desafío será, no tanto responder a las necesidades en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equidad y sostenibilidad.
Existe abundante conocimiento y experiencia en la región para impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión social. Para avanzar en esa dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el monitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades del desarrollo urbano.
En un contexto de restricciones económicas y limitación de recursos, la publicación subraya la importancia de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los poderes públicos (o municipales) de las plusvalías urbanas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimismo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos que permiten orientar los mercados inmobiliarios en defensa del interés colectivo.
* ONU-Habitat - Rio de Janeiro, Brasil. 21/08/2012
Foto: ONU-Habitat - América Latina
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El Defensor del Pueblo critica que Torrevieja mantenga en ruina sus edificios protegidos
Esta formación recuerda que "el Defensor del Pueblo hace constar que el deber de conservar concierne a todos, también a las Administraciones Públicas respecto de los bienes a su cargo, definiendo la pasividad del Ayuntamiento de "sorprendente"".
En el informe también se cita por su situación de ruina y abandono los edificios de la Casa y Torre de Los Balcones, situada en la urbanización del mismo nombre, o la pensión del Parejo, en pleno centro de Torrevieja, concretamente en la Calle Azorín, número 19, que están protegidos en el PGOU "por su interés urbanístico arquitectónico".
Peligrosidad
"Curiosamente y en contra de lo que viene siendo habitual -dicen Los Verdes en su escrito de denuncia- los responsables del Departamento de Urbanismo no han tramitado los preceptivos expedientes de peligrosidad en ninguno de estos edificios, ni tampoco los referidos al deber de conservación por su condición de elementos protegidos".
El Defensor del Pueblo concluye en su informe y referente a Torrevieja indicando que tras tres años de reclamaciones el Ayuntamiento no le ha facilitado explicaciones sobre las causas de su inactividad y de los retrasos en remitir la documentación de los expedientes, añadiendo que "los hechos, constatados por el Ayuntamiento, no tuvieron ninguna consecuencia, ni se ordenó la adopción de ninguna medida".
Ello es, a juicio de Los Verdes, "todo un ejemplo de falta de transparencia y de colaboración con la Institución del Defensor del Pueblo y de la política de urbanismo a la carta que se practica en el Ayuntamiento".
* Información - 13.9.12
Foto: Una imagen de archivo de la Casa y Torre situada en Los Balcones. D. P
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El alcalde de Ourense y el de Boqueixón, detenidos en una operación de corrupción
Peajes a ninguna parte
Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y 430 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla.
El preconcurso es una figura que les proporciona tres meses para negociar con las entidades financieras para intentar evitar el concurso. "Estas autopistas se concibieron como una alternativa a la ampliación de las autovías gratuitas, pero después estas fueron ampliadas con más carriles y los atascos se redujeron", argumenta José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid.
Sin tanto atasco, la empresa afirma que le resulta muy difícil competir con las vías de uso gratuito. Este factor, la caída del tráfico por la crisis —este año se están viendo desplomes del 20% y el precio de los carburantes tiene que ver—, el sobrecoste por las expropiaciones y los gastos financieros han sido un golpe imposible de esquivar. El viernes pasado también solicitaron concurso de acreedores por motivos similares las dos sociedades que gestionan la R-4 (Madrid-Ocaña), con una deuda de 575 millones, cuyos accionistas son Cintra, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. La AP-41 (Madrid-Toledo) no es una radial, pero también ha suspendido pagos. Otras seis vías de pago, entre ellas la cuarta radial, la R-2, están al borde de la quiebra.
La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid (en principio, gratuitas) se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con el socialista Josep Borrell como ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado y ejecutado con José María Aznar en el poder. El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirmó que absorberían “al menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían millones de pesetas en tiempo y gasolina. Además, las adjudicatarias debían hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.
A los pocos meses, un consorcio integrado por siete empresas ganó el contrato: FCC, Zafir, Acesa, Caja Madrid, la Empresa Nacional de Autopistas, Inversiones e Infraestructuras y OHL. Las obras debían acabar en 24 meses y tendrían un coste de 727 millones. Los problemas con las expropiaciones y los cambios en el trazado retrasaron la inauguración a 2004. El coste final se incrementó un 12%.
Era solo la punta del iceberg. El tráfico ha resultado ser un 25% del previsto. La concesionaria calculó en 2004 que las dos radiales absorberían 70.000 de los 200.000 coches que circulan a diario por las autovías de Valencia y Extremadura. Ahora la media en cada una de esas radiales ronda los 10.000 vehículos. Mientras, la aplicación de la Ley del Suelo de 1998, que permitía valorar los terrenos en función de sus expectativas, disparaba el coste de las expropiaciones. “Calculamos que las expropiaciones nos costarían 40 millones y han sido 640”, asegura el director general de Accesos de Madrid, que ha pagado hasta ahora 210 millones.
Para Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, la mala gestión y planificación son los causantes de este ruinoso negocio: “Las constructoras tuvieron que realizar a cambio de las radiales un tramo de la M-50; para cuadrar las cuentas Francisco Álvarez-Cascos [sucesor de Arias-Salgado] pronosticó unos tráficos y unos resultados de explotación demasiado optimistas; tampoco previó los efectos de la Ley del Suelo, y el tráfico fue mucho menor porque las carreteras gratuitas se fueron mejorando”. Las cuentas de Accesos de Madrid arrojaron en 2010, último ejercicio disponible en el registro mercantil, unas pérdidas de explotación de 4,42 millones, frente a los 3,76 millones del año anterior.
Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se están articulando medidas coyunturales, como la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída del tráfico —un sistema en el que el Estado adelanta el dinero— y los 250 millones en préstamos participativos (con aval del Estado) presupuestados para este año. A largo plazo, Fomento asegura que “se está trabajando en soluciones estructurales que proporcionen un horizonte sostenible al sector”. Según López Casas, su concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensación y créditos participativos.
El PSOE advierte de que se necesita una solución inmediata, mientras la patronal, ASETA, ve una salida clara: que el conductor pague de forma directa por el uso de toda la red de alta capacidad para “redistribuir más racionalmente los tráficos” e “incrementar los ingresos del Estado”.
La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga: accionistas, acreedores (además de Bankia, el Santander, BBVA, el Sabadell, Caixabank e ING)… pero los ciudadanos también pueden acaban pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidación, alguien tendrá que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato. Si la Administración tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, López Casas calcula que tendría que asumir como máximo 670 millones, que computarían como déficit público. Eso, más el sobrecoste de las expropiaciones. Del resto deberían hacerse cargo los acreedores.
* El País - CRISTINA GALINDO Madrid 16 SEP 2012
Foto: Radial de peaje R-4 (Madrid-Ocaña). EFE
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Procesan a dos ex alcaldes de Burguillos por delitos urbanísticos
El juzgado de instrucción 20 da por concluida la investigación de la causa y da al fiscal y a la acusación particular que ejerce el PP diez días para que presenten escrito de acusación contra los exalcaldes José Juan López y su sucesora, Mariana Pérez González.
Según el juez, José Juan López concedió entre junio de 2002 y agosto de 2003 licencia de obra a favor de la empresa municipal 'Burguillos Natural' para varias decenas de naves en el polígono 'El Estanquillo' de la localidad. Los decretos de la Alcaldía se dictaron "en contra de los informes técnicos y jurídicos, antes de la aprobación del PGOU, con incumplimiento de la legislación urbanística, sin constancia de proyecto o licencia de segregación y en suelo no urbanizable".
Todo ello "por razones de urgencia no justificadas debidamente", según el auto.
Los acusados son José Juan López y su sucesora Mariana Pérez, en este caso imputada porque el 7 de agosto de 2003, siendo primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, concedió licencia a favor de la empresa 'Burguillos Natural' para seis naves de 5.100 metros cuadrados.
También en este caso, las licencias se otorgaron "en contra de los informes técnicos y jurídicos, antes de la aprobación del PGOU, con incumplimiento de la legislación urbanística concerniente a la parcelación llevada a cabo, sin constancia de proyecto o licencia de segregación y en suelo no urbanizable".
La juez imputa a ambos exregidores, que fueron denunciados por el actual alcalde, Domingo Delgado Pino (PP), un delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Sevilla - EFE - 14.9.12
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
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Miedo y asco en Eurovegas
JORGE FELIPE GARCÍA* : El mismo año en que se filmaba 'Miedo y asco en Las Vegas' (1998) se estaba construyendo en esta ciudad [1] el Venetian Casino Resort, que cuenta con 6.000 habitaciones y, en pleno desierto, con canales de agua por donde discurren góndolas. El propietario de esta aberración urbanística y medioambiental es un señor llamado Sheldon Adelson, un hombre mayor que se apoya en un bastón, tiene piel de cera y unos ojillos legañosos que no pueden esconder nada bueno. El amigo americano –sionista, esforzado contribuyente del candidato republicano Mitt Romney y del fundamentalismo del Tea Party– acumula investigaciones relativas a tramas de sobornos, prostitución y blanqueo de dinero fruto del honrado trabajo de secuestradores, traficantes y otros emprendedores. Entre lo legal y lo ilegal, el rastro de sangre y dolor, gracias a la colaboración de empresarios y cargos políticos locales, llega a nosotros convertido en “progreso” y “puestos de trabajo”.
Las plataformas Eurovegas No y Aturem Eurovegas se han opuesto a una deriva que pretende convertir al Estado español en un gran Parque Temático. Las diecinueve páginas del Informe económico fiscal sobre Eurovegas, elaborado por la primera de ellas, son inobjetables. De los datos y los sólidos argumentos se deduce que el verdadero negocio no es tanto el juego y las industrias colaterales, como la obtención de beneficios fiscales, exenciones, subvenciones y posibilidades de especulación que les deparará el intervencionismo neoliberal. Aun habiéndonos estallado en la cara la burbuja inmobiliaria, los responsables políticos perseveran en tropezar una y mil veces en el mismo ladrillo.
En términos de interés general (otra cosa es el particular), están actuando como el tonto del pueblo (de la “aldea global”, más bien), al insistir en un modelo de crecimiento que se cae a trozos por todas partes. En dicho informe se recuerda que actualmente Las Vegas cuenta con un 12% de paro (cuatro puntos por encima de la media estadounidense); una de cada 16 propiedades está embargada por los bancos y el 60% de los ciudadanos debe más al banco por su hipoteca de lo que vale su casa. En los últimos cinco años, la facturación de este sector en España ha caído notablemente (si bien, con toda seguridad, el proyecto no cuenta con la demanda interna, sino con el desembarco masivo de la barbarie del turismo). Por otro lado, a pesar de toda la fraseología acerca del “cambio de modelo productivo”, se sigue apostando por la descualificación de la mano de obra y la incentivación del abandono y fracaso escolares (en este caso, todo hay que decirlo, el gobierno es diligente: en el límite, podemos decir que la mejor, la más eficiente e inapelable forma de acabar con el abandono escolar es acabar con la escuela –pública, se entiende).
Aproximadamente dos tercios de la financiación de esta cosa habrá de ser aportada por la banca, unos 4.000 millones de euros. Lo noticiable no habría de ser esta inversión, sino su retirada de los circuitos económicos no especulativos, la imposibilidad de acceder a este crédito por parte de empresas y familias. El coste de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, así como las expropiaciones, corren generosamente a cargo de las administraciones públicas, lo que incrementará su déficit.
Las reformas legislativas que promueve Las Vegas Sands Corporation son sencillamente inaceptables; entre otras: revocación o modificación de las garantías laborales, la ley del tabaco y ley de blanqueo de capitales; reducción del pago de impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social. El trato discriminatorio que ello supone para otras empresas podría utilizarse para la extensión de cierto igualitarismo, a saber: igualar a la baja todas las condiciones socioeconómicas y jurídicas. Estas reformas van directas hacia la creación de “un paraíso fiscal en el corazón de España”, entrando de lleno en el juego del dumping social y medioambiental a escala global, como buen país tercermundista.
En cuanto a esto último, y aunque exista una importante diferencia de escala y de (des)organización urbana entre la mayor ciudad de Nevada y el proyecto Eurovegas, creo que sí pueden señalarse, tomando pie en el artículo de Mike Davis titulado “Las Vegas contra la Naturaleza” [2], algunas líneas de continuidad: ineficiencia energética y especialización espacial, abdicación respecto a una ética responsable del agua, subordinación del gobierno local a la planificación corporativa privada [3], impulso a la dictadura del automóvil (con sus corolarios de “descentralización del consumo y la cultura” y “atrofia constante del centro de la ciudad”) [4] y fomento de la desigualdad social.
El Informe sintetiza a la perfección el proyecto de esta economía política: “Dentro de la maquinaria neoliberal en la que estamos inmersos, el hundimiento de las economías de los países de la periferia los deja expuestos a un nuevo colonialismo, el financiero, a través de chantajes como el de LVS a cambio de una inversión que “mejorará” la actual situación económica, serán las transnacionales promotoras las que irán marcando las pautas de las modificaciones legislativas y sociales, conformando a medio plazo una nueva estructura económica ultra-liberal. La ciudadanía, y las administraciones que en teoría se encargan de su organización y cuidado, perderán el poder decisorio frente a las condiciones cada vez más ultra-liberales de las empresas a cambio de traer a nuestro territorio sus negocios. El resultado, total libertad para el capital y precarización social y régimen de esclavitud para la clase trabajadora, o lo que es lo mismo, disponer de nuestras vidas para beneficiar a una élite que se reparte los cada vez más escasos recursos, en lugar de apostar por un modelo más racional, humano y solidario: poner la economía al servicio de la vida”.
Cuando nos estábamos recuperando de la intuición de Esperanza Aguirre, Mas contraatacó con “Barcelona World”, que se construirá, coherentemente, en Tarragona. Lluis Recoder, consejero de Territorio y Sostenibilidad, expuso, junto al consejero delegado de la empresa Veremonte, Xavier Adserà, y el subdirector de La Caixa, Lluís Rullan, un proyecto que, en palabras de aquel, “nos va como anillo al dedo”, dijo durante el rito nupcial entre la clase político-financiera catalana y la empresa valenciana presidida por Enrique Bañuelos, “uno de los máximos símbolos de la época dorada del boom inmobiliario español”. [5] La genial idea consiste en la construcción de seis complejos turísticos temáticos sobre diferentes áreas geográficas: Europa, EUA, China, Brasil, Rusia e India. Habrá hoteles, restaurantes, centros de convenciones y “quizá”, casinos. El emplazamiento es idóneo en cuanto a sus infraestructuras de transporte. Cuenta con tres campos de golf y está muy próximo al exitoso Parque Temático Port Aventura y una de las “playas más bonitas”. El desafío es recibir cada año diez millones de visitantes, siendo el centro de “ocio familiar” más grande de Europa. És tot tan bonic... Se prevé que la inversión sea de 4.500 millones de euros de nada, creando 20.000 puestos de trabajo directos. La situación es tan absurda que, probablemente, si de incentivar la economía se tratara (y no de seguir succionando recursos públicos hacia manos privadas, al punto que este capitalismo bandolero le va a terminar dando la razón a Proudhon: la propiedad es el robo), si de eso se tratara, decimos, la mejor idea sería repartir esos 4.500 millones de euros entre 200.000 personas.
Hemos asistido en estos meses a una patética subasta que, aun en la oscuridad de sus gestiones privadas, ha ejemplificado la rendición incondicional de la política ante el, literalmente hablando, “capitalismo de casino”. El patetismo se convierte en algo grotesco cuando, de forma paternalista, entran a saco, a menudo de forma teatral, impostada, en la capitalización emocional del sufrimiento de los parados. “¡Dos cientos mil, dos cientos cincuenta mil, dos cientos setenta mil puestos de trabajo y dos huevos duros!”, agita la chulapona presidenta ma-dri-le-ña, cebándose en el miedo y ansiedad de miles de trabajadores. El President retaba de forma soberbia a la oposición de Iniciativa-EUiA a explicar en las colas del INEM su rechazo al proyecto. Para quienes no tienen nada, para quienes han sido abandonados por el Estado a la intemperie del mercado laboral, un sueldo lo es todo. Estaremos dispuestos a firmar, junto al salario base, la amputación de una mano o la adquisición de un enfisema pulmonar o un cáncer a cambio de “un puesto de trabajo” (amianto, benceno, arsénico, cadmio, sílice, radiaciones, aluminio, carbón, caucho...). Exhibir la aquiescencia respecto del proyecto de quienes dependen a vida o muerte de un salario como muestra de su idoneidad es obsceno y perverso.
Nacional-católicos y demócrata-cristianos (cortesanos y terratenientes castellanos de la tierra de los Alvargonzález, burguesía periférica, temerosa de Dios y la clase obrera) seguramente se amparen en una miserable, rastrera hermenéutica. Ya saben de qué va la historia. Los fariseos quieren pillar al hombre: “¿Es lícito dar tributo a César, o no?” Viéndoles venir, según un tal Mateo, Jesús responde: “¿Por qué me tentáis, hipócritas?” Prudente (no quería morir… aún), el de Nazaret, ante un denario, afirmó aquello de “Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. “Todo es negociable”, que diría un político de Convergència i Unió. Digamos, un 50% para cada uno, y aquí paz y después gloria. No soy creyente; pero la interpretación correcta me parece obvia: nada es del César, todo es de Dios. Querer repartir impíamente el corazón del fiel y las riquezas de este mundo entre ambos, como apunta Ferlosio en alguna parte, no es siquiera ponerle una vela a Dios y otra –digamos, parafraseando– a Sheldon Adelson, sino dos velas al tipo este.
Ay, Alcorcón… mi Alcorcón… con sus descampados, las chicas de las que nos enamoramos de pequeños, la cadena trófica del matonismo en los recreos, el fútbol en los parques, los bocadillos interminables de la tarde, la amistad, el alcoholismo de nuestros padres, la adicción a las benzodiacepinas de nuestras madres, sus silencios… Alcorcón… “Ciudad-dormitorio”, periferia obrera, pueblo vertical, extremeño, andaluz y castellano, ¡proletariado! No sé yo ya qué quedará de eso… Quizá llevamos entonces una vida de mierda. Lo que viene ahora, en expresión de Ferlosio, es “puro infierno”. [6]
Notas:
[1] Las Vegas: “Una ciudad que finge no ser nada más que lo que es, una norme máquina de intercambio: espectáculo a cambio de dinero, sensaciones a cambio de dinero, dinero a cambio de más dinero, y placer a cambio de cual sea el precio abstracto de mañana”. D. Foster Wallace, del artículo “Gran hijo rojo” (en Hablemos de langostas, Mondadori, 2007, p. 16).
El microscopio hiperrealista de este autor disecciona en el texto la industria de la pornografía a través de la crónica de los premios anuales de la Adult Video News, una de las principales “convenciones” (que tanto subraya Esperanza Aguirre como factor moralizante y académico en compensación al juego) que tienen lugar en la ciudad de los casinos. El porno, según el autor, es ahora “un lobby con fuerza política en la misma medida que General Motors o RJ Reynolds-Nabisco)” [p. 28]. La nota 23 es interesantísima para pensar la deriva de esta “industria”, en la que la humillación y la violencia hacia la mujer amplía constantemente su “cuota de mercado”, siendo cada vez más masiva y más “extrema”. La dirección “extremadamente peligrosa” en la que se mueve este negocio es la del snuff film.
[2] “Las Vegas contra la Naturaleza”, Ciudades muertas, Ed. Traficantes de Sueños, 2007.
[3] Las inversiones empresariales “…con sus enormes costes sociales en lo que se refiere a la congestión del tráfico, el consumo de agua y electricidad, los hogares y las escuelas– obligan al sector público, fiscalmente malnutrido, a ir siempre por detrás, esta asimetría estructural del poder entre las corporaciones del juego y el gobierno local está expresada de la manera más dramática en la financiación de las nuevas infraestructuras públicas para promover la expansión de los casinos y el crecimiento del turismo. […] A diferencia de los dogmas económicos neoclásicos y de la moderna teoría de la ‘elección pública’, el desarrollo económico controlado por las corporaciones en un mercado de gobiernos locales débiles y competitivos es inherentemente ineficiente” (pp. 110 y 111).
[4] Ib., p. 113.
[5] La información procede de Elperiodico.cat (08/09/2012). Bañuelos es un hombre que se hizo a sí mismo, que, cual Ave Fénix, resurgió de sus cenizas tras el batacazo de la Inmobiliaria Astroc. Junto a las Koplowitz y Amancio Ortega, es uno de los adalides de la “marca España”, al figurar en la lista de billonarios que realiza la revista Forbes. Se le atribuye la siguiente frase: “me dejas desnudo en Central Park y al día siguiente me paseo por Manhattan en limusina”. Valdría la pena probar, ¿no?
[6] “Luz de neón”, El País, 09/07/2012.
* Rebelión - Opinión - 9.9.12
Castro.- El fiscal pide 23 años de cárcel para los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera
El 'caso La Loma' está relacionado con la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicio como agua, luz y limpieza viaria.
El escrito de acusación que ha emitido la Fiscalía señala que los procesados, con el fin de «hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico» han elaborado, informado y aprobado «consciente y voluntariamente planes parciales que contravienen el contenido del Programa de Actuación Urbanística y del Plan General y que carecen del contenido mínimo exigible por ley». Señala también el documento que los acusados han «informado y concedido consciente y voluntariamente licencias de obras que no se adecuaban al Plan General ni al resto de la normativa urbanística vigente» y han concedido «consciente y voluntariamente licencias de primera ocupación a edificaciones que carecen de infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas».
Destaca también el fiscal que los particulares «han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas» en lo que se refiere al «estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular y respecto a la repercusión económica de esta circunstancia». Como resultado de ello «provocaron la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles». Además de penas de cárcel que suman cerca de 200 años, el fiscal pide para un gran número de los procesados multas que asciende a varios millones de euros y penas de inhabilitación para empleo o cargo público, inhabilitación para el derecho de sufragio e inhabilitación que consiste en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración. Entre los encausados para quienes se piden penas más elevadas figura el arquitecto Pedro Restegui, para quien se solicitan 12 años de cárcel, igual número que para el concejal Rufino Díaz. Para el exalcalde Fernando Muguruza, la Fiscalía solicita 11 años mientras que para Salvador Hierro pide 8.
Alude también el escrito a la situación patrimonial de algunos de los encausados, como Pedro Restegui, la responsable de disciplina urbanística Yolanda Sánchez, el secretario municipal, César Saiz y Rufino Díaz. Señala que todos ellos recibieron «contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de resoluciones municipales contrarias a derecho».
* El Diario Montañés - I. BAJO/ A. RUIZ - 14.9.12
Foto: Castro (Cantabria), imputados dos corporaciones - diariomontañes
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€SPANISH DR€AM - Documental del panorama inmobiliario
€SPANISH DR€AM from Guillermo Cruz on Vimeo.
El documental narra un viaje a través del panorama inmobiliario español de los últimos 40 años. Este viaje es motivado por la inquietud, que surge en mí y en muchos jóvenes, cuando decidimos emanciparnos. Ese deseo frustrado, en la mayoría de los casos, hace que me ponga a investigar para buscar porqués y posibles soluciones. El viaje me llevará desde los inicios cuando empezaron mis padres, hasta el momento actual(últimos 10 años), donde a los jóvenes que nacimos durante los años 70, nos ha tocado afrontar la coyuntura económica y social más complicada de la historia del estado español para acceder a una vivienda.
* Guillermo Cruz - facebook.com/espanishdream
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Alicante.- El TSJ asume la causa del PGOU al ver indicios de delito en Castedo y Alperi
Una vez asumidas por el máximo órgano judicial de la Comunidad las conclusiones a las que llegó el juez Tejada después de más de dos años de investigación (en las que consideraba que tanto Castedo como Alperi podían haber cometido los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y un tipo de cohecho aún por concretar), será el magistrado del TSJ Juan Climent, a quien le ha correspondido el asunto por turno, el instructor de esta causa para que continúe con las diligencias y "resuelva lo procedente en derecho respecto a las mismas", según recoge el auto.
Otras quince personas
En el procedimiento, además de la primera edil y de su antecesor, están imputadas otras quince personas aunque Tejada planteaba en su exposición razonada de motivos (las conclusiones de sus pesquisas que remitió al TSJ) que solo seis continúen bajo esa condición: el empresario Enrique Ortiz y su mujer, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, José Luis Gutiérrez; el arquitecto Jesús Quesada, redactor del PGOU; y el empresario ilicitano Ramón Salvador. Por contra, el magistrado pedía el sobreseimiento para otros nueve imputados, entre ellos exdirectivos de la CAM y de Bancaixa y empresarios, sobre cuya suerte tiene que pronunciarse ahora el TSJ.
En el auto de la Sala de lo Civil y de lo Penal hecho público ayer también se acuerda, como consecuencia directa de la asunción de la causa, la apertura de diligencias a las que se incorporarán las que ahora se tienen que enviar desde el juzgado de Manrique Tejada. El magistrado, basándose en el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en el plan zonal de basuras de la Vega Baja, una operación de la que después de desgajó la parte correspondiente al PGOU de Alicante, considera factible que el empresario pudo recibir de Castedo y de Alperi datos sobre el futuro planeamiento urbano de Alicante cuando aun eran reservados. Además de trascripciones de conversaciones que supuestamente probarían estas conductas, el juez incidía en su escrito al TSJ en hechos como la reunión que cinco meses antes de que el plan general se hiciera público mantuvieron en el despacho del redactor y ahora imputado, Jesús Quesada, el empresario y la entonces responsable de Urbanismo. Y destacaba la capacidad de Ortiz para "influir en la autoridades públicas (...) prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
Entre los regalos con los que los dos aforados fueron supuestamente compensados por facilitar esa información reservada al empresario, cita el instructor del caso en Alicante varios viajes (a Andorra en el caso de la alcaldesa y a Creta en el de Alperi), el pago a una empresa del hijo del exregidor y un coche que después Castedo presuntamente cedió a una amiga.
Los dos políticos serán citados ahora a declarar como imputados
Una vez asumida la competencia, acordada la apertura de diligencias y reclamado al juzgado del juez Tejada el expediente completo de la causa, el siguiente paso que tendrá que dar el nuevo instructor del caso del PGOU de Alicante, Juan Climent, será citar como imputados de los dos aforados para que presten declaración sobre los hechos que se les atribuyen. El propio Tejada dejaba claro en su exposición razonada que era imposible proseguir la investigación sin el testimonio de los también diputados autómicos, cargo que les confiere la condición de aforados e impide que, en su caso, actúe otro órgano judicial que no sea el Tribunal Superior. La existencia de los aforados arrastra al TSJ la totalidad de la causa que Climent puede llevar a las puertas de un juicio oral (que podría ser por jurado) o, de no concretarse los indicios de los que se parte, archivar.
* Información - 12.9.12
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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El 80% de los amarres de la marina de lujo de Tarragona siguen vacíos
En total, la marina cuenta con 64 amarres para embarcaciones de un mínimo de 35 metros de eslora. Una parte de ellos tiene capacidad para acoger yates de hasta 160 metros. Dentro del recinto hay seis edificios, pero solo el 32% del espacio está ocupado, la mayoría por oficinas. También se pueden encontrar comercios y establecimientos de restauración, aunque muchos han cerrado por la crisis. Los propietarios de la Marina Port Tarraco han rechazado ofertas para instalar locales de ocio nocturno porque no forma parte “del modelo de negocio” que desean para el lugar.
Según el director de la marina Port Tarraco, Marc Colls, el objetivo es atraer a las embarcaciones de alto nivel en los periodos de entre temporadas, durante la primavera y el otoño, cuando no surcan por aguas de la Costa Azul, Ibiza o el Caribe. La tripulación de estos yates puede alcanzar las 80 personas. “El 99% de los clientes son extranjeros; vienen de Estados Unidos, Inglaterra u Oriente Próximo”, explica Colls. Pese a la discreta ocupación de la marina, asegura que están fidelizando clientes y que el proyecto es a largo plazo. Esta temporada la ocupación podría rondar el 25%.
La compra de la marina por la familia real de Catar no se libró de la polémica. Esta zona del puerto deportivo de Tarragona se inauguró en octubre de 2006 con una inversión inicial de 32 millones de euros. Cuando el poderoso fondo inversor del golfo Pérsico intentó adquirir la marina, la transacción tardó en fraguarse porque una sentencia obligaba a derribar parte del complejo. Meses después, una nueva decisión judicial salvó del derribo tanto el complejo de ocio como las dársenas de embarcaciones porque se tuvo en cuenta que el Ayuntamiento cambió los usos del terreno.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS Tarragona 11 SEP 2012
Foto: Marina Tarraco, en el puerto de Tarragona, con el Serrallo al fondo. / JOSEP LLUÍS SELLART
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El urbanismo lleva otra vez al ex alcalde de Cómpeta al banquillo
En este nuevo caso los hechos se remontan a noviembre de 2003 cuando un particular presentó en el Ayuntamiento una solicitud para edificar una vivienda en un suelo no urbanizable. El escrito de acusación formulado por el Ministerio Público precisa que el entonces alcalde "concedió la licencia con la sola solicitud tres días de su presentación". No existía informe jurídico ni técnico ni un proyecto que justificara que la casa era necesaria para la gestión de una explotación agrícola, forestal o ganadera.
El promotor comenzó las obras y los vecinos interpusieron algunas denuncias. Ante esas circunstancias el arquitecto municipal, Emilio Álvarez, también acusado en este procedimiento, firmó en julio de 2004 un informe en el que, según el Ministerio Público, subrayaba que se construía en virtud de una licencia de obras "silenciando la evidente irregularidad en su concesión" y que las obras no se ajustaban al permiso otorgado. El arquitecto indicaba también que para legalizar la obra no había más que tramitar un proyecto de actuación en el que se hiciera ver que era necesaria para una explotación agraria.
El promotor solicitó en septiembre de 2005 el proyecto de actuación pero, según el fiscal, no justificó "en absoluto" la vinculación de la casa, en aquellas fechas ya construida, con la actividad agrícola. Únicamente aportó una ficha catastral en la que se aludía genéricamente a "olivos regadío" y recogía declaraciones de otro arquitecto en las que aludía que el particular le había informado que había encargado a un ingeniero el proyecto agrícola.
El fiscal puntualiza que se trata de una edificación "claramente residencial", en la que no hay ni una sola habitación destinada a almacenaje o aperos.
En estas circunstancias el arquitecto municipal emitió un primer informe favorable a la admisión del proyecto de actuación y aunque en mayo de 2006 la Junta de Andalucía lo denegó el técnico volvió a informar positivamente. Entonces, el pleno municipal aprobó el proyecto de actuación, razón por la que la Fiscalía también acusa por delito contra la ordenación del territorio a cuatro concejales de aquel equipo de Gobierno presidido por López Cerezo.
Una vez aprobado el proyecto de actuación, requisito imprescindible para regularizar la casa, el arquitecto imputado firmó otro informe en el que hacía constar que no existía "inconveniente para que se legalizase la vivienda construida" y, seguidamente, la secretaria municipal, María Yolanda Navarro, también acusada, emitió un informe jurídico también favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación.
El juicio está previsto que se celebre el 19 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 10. Además, el Juzgado de lo Penal número 4 prevé también juzgar al ex alcalde de Cómpeta en octubre, tras suspenderse la vista oral en junio. En ese caso, López Cerezo se enfrenta a dos años de prisión y 10 de inhabilitación. En ese procedimiento también cuatro ex concejales y dos técnicos por un delito contra la ordenación del territorio.
* Málaga Hoy - 11.9.12
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
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Cultura autoriza nuevas obras a empresas que arruinaron patrimonio
A CBC Márquez Vieira, la Xunta le ha encomendado restaurar dos retablos y sus correspondientes imágenes en la iglesia de Santa Baía de Bousés dentro del municipio ourensano de Oímbra. La resolución, firmada el 14 de agosto por el subdirector de Conservación y restauración de bienes culturales de la Xunta, Manuel Chaín Pérez, faculta a la firma CBC a realizar catas y tomar muestras antes de “establecer los procedimientos de intervención más adecuados y respetuosos con los bienes”. La decisión de Cultura supone el regreso de esta empresa a un templo donde ya acometió tareas de rehabilitación con un resultado desastroso, según detallan informes internos de la propia consellería.
Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los trabajos realizados por CBC en este templo utilizaron “tratamientos demasiado intervencionistas llegando a agredir la integridad de la obra, tanto por los productos empleados como por la errónea utilización de los mismos”. El peritaje asegura que el presupuesto de la obra, 17.000 euros, tampoco fue “coherente con el tiempo empleado, poco más de un mes” durante el verano de 2009.
El proyecto de rehabilitación que ha llevado a la Xunta a confiar de nuevo en esta empresa lleva la firma de Olga Quintela, a quien tanto el juez como el fiscal relacionan con varios delitos de corrupción en el sumario del caso Retablo, que acumula casi 3.000 folios y dos años de trabajo en juzgado de instrucción número 3 de Santiago.
También Ábside, otra de las sociedades que el juez y el fiscal sitúa en el centro de la presunta trama corrupta, ha recibido en los últimos meses nuevas encomiendas de Cultura. La Dirección Xeral de Patrimonio le faculta para restaurar el retablo lateral izquierdo en el Santuario de la Virgen de los Remedios ubicada en Verín. Con un presupuesto de 14.549 euros esta empresa podrá continuar su tarea en el templo después de superar algunas adversidades burocráticas y al segundo intento.
En octubre de 2011, Patrimonio resolvió no autorizar el proyecto y reclamó nueva documentación específica que incorpore los procedimientos técnicos y materiales que requiere la complejidad de la obra. Pero finalmente la consellería ha optado por encargar a Ábside “la desinsectación y consolidación del soporte de la imagen”, Asunción de María, además de realizar pruebas de barnizado y limpieza y “aplicar una capa de protección de la policromía y los estucos previa a la reintegración cromática”. La resolución está avalada por el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, con fecha de 1 de febrero de 2012.
El documento autoriza a Ábside para trabajar de nuevo bajo supervisión de Xunta pese a que Cultura maneja informes periciales que dejan malparada a esta firma de restauración, la misma que intentó rehabilitar tres retablos en la Iglesia de Santa Tecla de Abeleda en Castro Caldelas, también en Ourense. En este monumento inventariado en el catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia “los tratamientos no fueron los adecuados para la salvaguarda de dichas obras”. Según la información que maneja la Xunta, en aquellas obras Ábside realizó “una reintegración volumétrica incoherente, sin forma y sin seguir las líneas exigidas por las piezas”. “La reintegración cromática es a base de manchas negras, más oscura que el original y con productos de dudosa estabilidad y reversibilidad”, lo que da lugar a “lagunas con pastas sin reintegrar”. “La capa de protección desvirtúa tanto la textura como el acabado de la obra que presenta una capa no homogénea tanto en brillo como en aplicación”.
La responsable del proyecto de rehabilitación, Carmen Acuña, está también imputada en el caso Retablo.
CBC y Ábside, bajo sospecha
Capitaneadas por dos mujeres que siguen imputadas por el juez en el farragoso sumario del caso Retablo, sobre las firmas CBC Márquez Vieira y Ábside consta un largo historial de estropicios en distintos informes de la Xunta. De tal calibre, que hasta el Obispado de Ourense realizó un llamamiento para dejar de contratarlas. En una misiva remitida a la Consellería de Cultura el Ecónomo Diocesano de Ourense señala: “se han detectado algunas intervenciones que en vez de conservar las obras han provocado graves deterioros en ellas, así importantes obras realizadas por estas empresas y supervisadas por la administración competente acusan mala praxis”.
Según la Iglesia, el retablo mayor del Monasterio de San Rosendo de Celanova; cinco más de la parroquia de Santa María Real de Entrimo; el conjunto de San Salvador de Prado de Limia; tres del Monasterio de Melón y los retablos mayores de Santiago de Carracedo y Santa María de Lamas en Xinzo; así como el conjunto de Santa Tecla de Abeleda “han sufrido importantes agresiones debido a estas actuaciones. Y representan, tal y como constata la diócesis, “una mínima parte de las intervenciones que se han podido visitar y mirar con detenimiento”. Su diagnóstico tras encargar pruebas periciales sobre las obras de rehabilitación es demoledor: “En ninguno de los casos se trabajó con un mínimo respeto a la obra original ignorando y alterando sus valores funcionales, estéticos, artísticos e históricos”. La conclusión del obispado sostiene que “los criterios adoptados [por Ábside y CBC] no se adecúan a los necesarios para la conservación de las obras de arte”.
* El País - JOSÉ PRECEDO Santiago 7 SEP 2012
Foto: Retablo lateral de la iglesia de Santa Baía de Bousés (Oímbra), en restauración. / ROSA VEIGA
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El Supremo frena el urbanismo salvaje del PP en el Guadarrama
La Sala Tercera del Supremo basa su decisión en que "ni la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, ni el posterior acuerdo que aprobó la clasificación del sector nº3 como suelo urbanizable, ni, en fin, el Plan Parcial, se sometieron a modalidad alguna de Evaluación Ambiental". Dichos acuerdos, el último de la Comisión Provincial de Urbanismo de Madrid, de 30 de noviembre de 2004, por el que se aprobó definitivamente el Plan, son anulados.
Además, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, reprocha a la Comunidad de Madrid la ausencia total de motivación sobre el interés que justificaba el plan de urbanismo y las recalificaciones citadas.
El Supremo relata que, en 1998, el Consejo de Gobierno de la Comunidad denegó la clasificación como suelo urbanizable del Sector 3, porque el suelo estaba incluido en el régimen de protección preventiva para el curso medio del río Guadarrama y su entorno establecido en un decreto de 1992.
Sin que mediara recurso administrativo o judicial alguno, cuatro años después de esa decisión, el Ayuntamiento instó a la Comunidad a revisar la denegación acordada en 1998, al estimar que vulneraba la autonomía local y que las deficiencias detectadas eran subsanables. Así, destacaba que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del curso medio del Guadarrama, de 1999, derogaba el decreto de protección de 1992 excluyendo de los mismos a los del sector 3.
El 1 de agosto de 2002, el Gobierno regional revocó su acuerdo denegatorio de 1998, y acordó autorizar la recalificación si el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias. Con una nueva documentación municipal, el Consejo de Gobierno regional aprobó definitivamente en 2003 la revisión del PGOU en el sector 3.
Sin motivación
El Supremo establece que el Ejecutivo regional consideró que la única protección de los terrenos era la del decreto de 1992, "sin reparar, ni tener en cuenta, ni analizar, la protección dispensada por la legislación sectorial de Montes, ajena e independiente a la resultante del PORN". La sentencia indica que la recalificación urbanística "estaba necesitada de una motivación adicional en las que se explicitaran las razones de interés general por las cuales la implantación de los nuevos usos residenciales debía efectuarse en ese ámbito concreto, a la sazón disgregado del núcleo urbano o histórico del municipio, que gozaba de la protección, prevista en la legislación de Montes, más intensa en el caso de los suelos calificados como Montes Preservados, y en menor grado respecto del resto de masas forestales incluidas en el sector".
Para el tribunal, ninguna de esas circunstancias fueron "en modo alguno" aclaradas, justificadas ni motivadas "en el peculiar sistema de aprobación de la revisión del PGOU" de Villanueva de la Cañada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, autora de la sentencia, hace una defensa del "carácter sostenible y medioambiental del urbanismo actual", que "se proyecta de forma más directa y efectiva, en relación con los sueloss rústicos en que concurren especiales valores de carácter ambiental, cualidad que concurre en los terrenos afectados por la actuación impugnada".
Añade el "plus de protección" que debe darse al medio ambiente en materia urbanística por exigencia tanto de la actual Ley de Suelo como de la normativa europea, que destacan que el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable.
Expone que, en suelos donde concurren valores naturales especiales, como pueden ser los Montes Preservados o el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, la actuación urbanizadora puede ser irreversible y comprometer el recurso natural, o su uso más racional, y proyectar "consecuencias nefastas" para otros recursos naturales como el agua, el aire o los ecosistemas.
El tribunal subraya además que la actuación urbanizadora proyectada está disgregada del núcleo urbano de Villanueva de la Cañada, lo que supone una vuelta precisamente "al urbanismo disperso" contra el que advierte el Texto Refundido de la Ley de Suelo del año 2008 por su "impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de servicios públicos".
Querella de Anticorrupción en 2007
Villanueva de la Cañada y su urbanismo tiene una estrecha relación con los tribunales. En 2007, la Fiscalía Anticorrupción se querelló, entre otros, contra el alcalde de la localidad, Luis Partida, del PP; su esposa Juana María Manrique, arquitecta municipal; y Enrique Porto, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta su dimisión en 2006, por presuntos delitos de negociación prohibida a funcionarios, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
El motivo, siempre de acuerdo a la Fiscalía, eran las irregularidades detectadas en el proceso de aprobación del Plan Parcial del Sector 1 "Los Pocillos" de Villanueva de la Cañada, donde Porto y otros acusados tenían propiedades y obtuvieron una millonaria plusvalía (por más de 4 millones de euros) con la recalificación del suelo.
* Público - ANDRÉS MUÑIZ Madrid 07/09/2012
Foto: Villanueva de la Cañada (Madrid) - ayto-villacanada.es
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26 jueces y 15 años para concluir el sumario de un ‘pelotazo’
El caso, que parecía estar en vía muerta, aborda la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Àngel Fernández, exconcejal de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Además, los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria, de corrupción urbanística junto al exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. Isidoro Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En el proceso están imputados dos altos cargos más de Tipel, los directivos Juan Carretero y José M. Vidal, además del exalcalde de Reus Miquel Colàs, último edil franquista del municipio, y Luis Valero, socio fundador de Consum.
El sumario de la juez Ainoha Sagardia —que nada más concluirlo cesó para trasladarse al País Vasco— acusa a los imputados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compraventa de un terreno y su recalificación posterior. La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport SL. La compra se cifró en 535 millones de pesetas (3,21 millones de euros) y esta empresa tenía como accionistas, entre otros, a la sociedad fantasma Tarantula Beeher, domiciliada en el paraíso fiscal de Curação, una isla de las Antillas Holandesas, y al constructor tarraconense Lluís Carbonell. Metsport vendió solo dos años después los terrenos a Erosmer Valencia, propiedad de Eroski, por un valor mucho más elevado; 1.337 millones de pesetas (8,03 millones de euros). Los beneficios de esta operación, 802 millones de pesetas, es decir, 4,8 millones de euros, supuestamente fueron desviados a cuentas en Holanda posteriormente transferidas a bancos suizos.
El rastro de esta plusvalía se perdió, pero durante el proceso se han constituido numerosas comisiones interrogatorias en estos países, además de en Liechtenstein y Andorra, lo que contribuyó a prolongar el proceso. Además, se investigaron cuantiosas donaciones que recibieron partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Tarragona.
La denuncia del caso Parc Central se interpuso de manera anónima. El complejo se empezó a construir en 1995 y, según consta en la instrucción del caso, fue inaugurado dos años después sin tener permiso de actividad.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS Tarragona 9 SEP 2012
Foto: Obras de construcción del Parc Central en 1997. / JOSEP LLUÍS SELLART
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