CANARIASAHORA/Tenerife* : El Alto Tribunal sin embargo elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria.
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había reforzado la permanencia de la Refinería de Santa Cruz en su actual emplazamiento. La industria ocupa una parcela de más de 587.000 metros cuadrados y por ello el TS no duda en calificar las dimensiones del solar como "desmesuradas" y suponer "un obstáculo para el desarrollo" urbanístico de la ciudad. En el primer fallo judicial se consideraba que este suelo era urbano consolidado y que por lo tanto contaba con todos los servicios básicos de alcantarillado, aceras, alumbrado y grado de consolidación.
Pero ahora el Supremo se pone del lado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y del Gobierno de Canarias y determina que se trata de suelo urbano no consolidado y por lo tanto de menor valor. Además, la industria está sujeta ahora a la cesión obligatoria del 10% del suelo al Ayuntamiento para dotaciones locales y sistemas generales, tales como espacios libres o aparcamientos, entre otros. Esta obligación implica que Cepsa tendrá que entregar a Santa Cruz alrededor de 58.000 metros cuadrados, una superficie que es algo inferior a la que, por ejemplo, ocupa el Parque García Sanabria.
Eso sí, el TS elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria. Al respecto el tribunal rechaza discutir si la Refinería por su proximidad a la ciudad puede transformarse en el futuro hacia un uso industrial no contaminante o su posible traslado tal y como se preveía en la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, que actualmente está siendo estudiado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que ahora deberá reflejar el contenido de esta sentencia. "Para cambiar el uso previamente será necesario resolver el problema del cierre de la instalación, para luego desarrollar un plan especial y los nuevos viales previstos" en el PGO. "En tanto que esto no se produzca la instalación es una fábrica de hidrocarburos en activo, ubicada en una parcela con todos los servicios previstos para su funcionamiento".
En el Plan General actualmente en vigor desde el año 1992 se mantiene como objetivo la futura evolución de la parcela de Cepsa hacia otras actividades "mas compatibles con su posicionamiento urbano". En el nuevo PGO se delegaba a un Plan Especial Territorial el traslado de esta actividad. Así lo acordó la Cotmac en el año 2008 pero aunque se llevó a cabo la adjudicación de este documento jamás se ha llegado a conocer nada de su contenido e incluso en varias ocasiones se ha admitido desde el Cabildo que ni siquiera se ha iniciado su redacción. El TS considera que pese a la integración de la Refinería en la malla urbana, "constituye una realidad singular que se encuentra desligada del entramado del resto de la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Y en este sentido es evidente que la dotación de urbanización perimetral no es apta para servir a las necesidades de suelo urbano consolidado". En los sucesivos planes generales se ha reconocido la necesidad de crear un nuevo entramado viario público en el interior de la parcela que le una al resto de la ciudad. "En caso de que el suelo de la Refinería permanezca en su estado de urbanización actual lo configura como un obstáculo que, a modo de isla, aparece en la realidad como desligado de la misma ciudad, aunque esté inserta en la malla urbana de Santa Cruz".
En caso de que el suelo hubiese seguido siendo considerado como urbano consolidado habría tenido un valor cercano a los 42 millones de euros y hubiese implicado un volumen de negocio futuro para la industria cercano a los 1.800 millones de euros, tal y como apuntó uno de los abogados defensores de Cepsa ante los tribunales. Cifras que ahora se reducen notablemente al cambiar el uso del suelo, obligarse a la industria a ceder un 10% del solar y además significar un varapalo a las pretenciones de la Refinería de blindar en los tribunales su continuidad en el actual emplazamiento.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 4.8.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, refinería - rinconcitocanario
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ATLÁNTICO* : La mayor urbanización prevista en el Plan General en el centro de la ciudad, el Peri de A Seara, ha sufrido un nuevo revés, fruto de la decisión tomada por el Concello en su día de conceder una licencia de construcción en una parcela contemplada como zona verde.
Una sentencia judicial anula dicho Peri y da autorización al propietario del edificio, situado en López Mora, para continuar las obras, que habían sido paralizadas por Urbanismo.
La actuación de A Seara lleva más de quince años de espera, pero las trabas urbanísticas no parecen facilitar el desarrollo de un Peri con la mayor franja de terreno a desarrollar en el centro, en concreto 57.000 metros cuadrados, desde detrás del Centro Comercial de Camelias hasta el cruce de Tomás Alonso con López Mora.
La puntilla a un complejo y largo proceso la puso el propio Concello al conceder la licencia al mencionado edificio, al amparo del anterior Plan de Urbanismo, y cuando el actual, de 2008 ya había sido aprobado por la Xunta y sólo estaba pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia para que entrara en vigor. No obstante, la concesión de dicha licencia, impedía ejecutar el PGOM o tendría que cambiarse, lo que obligó a Urbanismo a paralizar las obras. Los propietarios del edificio esperaban una señal del Concello para seguir adelante o una indemnización pero finalmente ha tenido que ser la justicia quien decida en favor de los primeros.
El fallo judicial entiende que la obra tiene permiso para continuar con lo que deja sin efecto toda la actuación prevista en la zona. Ahora, el Concello puede apelar dicha decisión que, de momento, vuelve a poner sobre la mesa la penosa situación en la que se encuentra el Urbanismo municipal en Vigo, a pesar de la aprobación del nuevo Plan General, que cumple este mes de agosto cuatro años en vigor.
El edificio comenzó a construirse y actualmente su esqueleto está levantado aunque sin obras desde hace un par de años, cuando el Concello decidió dar la orden de paralizarlo.
De mantenerse este reciente fallo judicial, habría que reiniciar todo el proceso de desarrollo de la urbanización, otros diez años de espera para poder revitalizar una zona muy degradada y que en los últimos años ha sufrido el derrumbamiento de alguno de sus inmuebles en ruina.
Una ordenación con 400 viviendas y nuevas calles
A Seara resulta clave para el centro de Vigo porque plantea una modificación radical de un espacio de 57.000 metros cuadrados. El desarrollo incluye la construcción de unas 400 viviendas, así como locales comerciales y la apertura de varias calles: además de la nueva Seara, habrá una comunicación directa desde López Mora a la Coruña a través de un vial que se inicia en un paso elevado y desemboca en un glorieta.
Entre la ordenación prevista en el Plan de Urbanismo vigente para el ámbito del Peri de A Seara destaca la concentracio´n de los nuevos edificios, tapando así las traseras de los inmuebles de la calle Coruña. El resto dela superficie quedaría ocupada por los nuevos viales (entre López Mora y Coruña y desde esta última a Seara) y zonas verdes. La vivienda en construcción estaría en una parcela que tenía que formar parte del parque previsto.
* Atlántico - 4.8.12
Foto: El edificio polémico que da a López Mora y al camino de A Seara - atlantico
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EUROPAPRESS/Marbella* : El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), ha quedado este lunes visto para sentencia, después de que 17 de los 86 procesados hayan ejercido su derecho a la última palabra, entre ellos el principal acusado, Juan Antonio Roca, que ha lamentado "profundamente el daño que se le ha causado a la ciudad de Marbella y a los ciudadanos con motivo de esta causa". El Tribunal dictará una sentencia "justa", previsiblemente en seis u ocho meses.
Roca ha sido el primero en dirigirse al Tribunal y ha pedido una reflexión sobre su situación penitenciaria y sobre por qué se le pide más años de cárcel que a otras personas, incidiendo en que "estoy pasando mi séptimo verano en prisión" y si el Tribunal acepta la petición del ministerio fiscal, de 30 años de cárcel, "sería pasar el resto de mi vida en prisión".
Ha recordado que un día un recluso con el que compartía mesa le preguntó qué delito había cometido para pedirle más años de prisión que a él y no supo qué contestarle. "El recluso que me hizo esa pregunta era Santiago del Valle, que varios meses después fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Mariluz Cortés", ha explicado, relatando que al entrar en la cárcel conoció a un hombre condenado a 14 años por el asesinato de su mujer, al que ya se le ha concedido el tercer grado penitenciario y "está disfrutando de un régimen de semilibertad".
Ha asegurado que "el nombre de Marbella se ha visto asociado en los últimos años inexorable y negativamente a esta causa" y que, en su caso, "se ha pretendido reescribir mi pasado de una forma un tanto parcial, incluso mi pasado muchos años antes de vincularme con el Ayuntamiento de Marbella, incluso he podido oír en esta sala a algún funcionario de Policía decir que soy un delincuente cuasi patológico, casi genético". Ha pedido perdón al Tribunal por ser "más vehemente de lo que debía haber sido" en sus interrogatorios.
Ha lamentado la situación del resto de imputados, tanto de su familia, como son su cuñado y su mujer, ambos acusados; como de "los que ni siquiera conocía antes de llegar aquí y se les acusa de estar relacionados conmigo", así como de los "excelentes profesionales que contraté y se han visto involucrados", de los empresarios con los que se relacionó y "de mis amigos, algunos han estado aquí exclusivamente por ser mis amigos míos".
Ha agradecido al Tribunal en general, y en concreto al presidente, José Godino, las facilidades y el trato "tan extraordinario y exquisito" recibido; a la secretaria judicial y a los funcionarios su profesionalidad y "porque he podido ver y experimentar el lado más humano de la justicia"; y a su abogada, Rocío Amigo; pero sobre todo ha dado las gracias a su familia, asegurando que "ni viviendo 1.000 años podré devolverles el cariño que me han prestado".
El exalcalde Julián Muñoz ha ejercido su derecho y ha afirmado que se le conoce "como un ladrón porque un iluminado de Dios y la justicia le ha dado por decir eso", recordando que no tiene condenas por quedarse con dinero y estuvo en la cárcel tres años por dar licencias según lo que decían los técnicos, tras un pacto del que no se arrepiente. Ha dicho que se le ofreció la libertad "si decía lo que el juez Torres quería" y que los empresarios acusados intentaron "que Marbella fuera una ciudad habitable, segura y limpia".
La exedil socialista Isabel García Marcos ha proclamado su inocencia y ha recordado la situación vivida cuando fue detenida. Ha dicho que es "inocente activa" porque siempre "he mirado papeles" y no hubo resolución "donde no nos hayamos ajustado a lo que nos han informado". Ha reiterado que fueron "empujados por nuestro grupo político para firmar la moción de censura" y que "siempre" ha actuado dentro de la legalidad.
Ha criticado el "ensañamiento" y la "hostilidad absurda" que a su entender han sufrido y ha pedido a la Sala, con la voz quebrada, que "nos devuelvan la fe en la justicia" y "acaben con esta causa general que se ha abierto contra nosotros y con esta forma de hacer las cosas, porque España no merece una justicia así". La exalcaldesa Marisol Yagüe ha dirigido unas palabras a la Sala, pero sin micrófono, mostrando su agradecimiento.
También ha intervenido el exedil Tomás Reñones, quien ha insistido en que "lo único que he hecho es trabajar muchísimo, lo que me ha reportado un sueldo y estar aquí". La exconcejala Carmen Revilla ha ejercido este derecho también, al igual que el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, que ha insistido en que siempre actuó "conforme a la legalidad".
El exprimer teniente de alcalde Pedro Román ha dicho que el fiscal le pide 21 años de prisión "probablemente más de lo que me queda de vida" y ha exigido una sentencia "en la que se aplique la ley y no se tenga en cuenta que me llamo Pedro Román, o que estuve hace años al lado de Jesús Gil". "Prefiero entrar 1.000 veces más en prisión a que un solo ciudadano piense que cogí un solo euro del Ayuntamiento", ha apostillado, asegurando que "el paso del tiempo me absolverá".
El empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', ha indicado que el daño que se le hizo a él y su familia al detenerle "es irreparable para toda la vida", señalando, como muestra de lo que han sufrido, que "mi mujer el otro día me preguntó: oye Falete, no te ha dado nunca por ahorcarte?". Llorando, ha asegurado que "nos han señalado para siempre" y que "el daño más grande ha sido el de dejar a casi 10.000 familias sin trabajo".
También han intervenido los constructores José Ávila Rojas, quien ha asegurado que el caso 'Malaya' "fue el comienzo de la crisis en España" y que le han "destrozado la vida"; Tomás Olivo, que ha criticado la instrucción que "de un plumazo se llevó por delante el honor" de los empresarios; y Cristóbal Peñarroya, quien, visiblemente afectado, ha dicho que el ver a su mujer llorando es algo que "no se lo perdonaré ni al juez Torres ni al fiscal que tengo aquí". Todos los que han intervenido han reiterado su inocencia y agradecido el trato dado por el Tribunal, secretaria judicial y funcionarios.
EL MAGISTRADO
Antes de decir "visto para sentencia", el presidente del Tribunal se ha dirigido a los procesados, asegurando que la Sala dictará "con absoluta independencia e imparcialidad" una sentencia "justa, sin necesidad de ningún otro calificativo". Ha señalado que las previsiones son que esta resolución esté en un plazo de entre seis u ocho meses.
Ha subrayado que el Tribunal se ha esforzado en atender las peticiones de las defensas, para "subsanar en la medida de lo posible las deficiencias que se hubiesen producido en tan compleja instrucción", y en dar un trato "respetuoso y digno" a todos los acusados. Ha expresado su agradecimiento a las instituciones, que han puesto los medios personales y materiales para la celebración de un juicio "de esta naturaleza", máxime en esta situación de crisis.
También se ha dirigido a los otros dos miembros del Tribunal, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, "magníficos magistrados y aún mejores amigos", asegurando que "es un lujo tenerlos" y agradeciendo su "discreta pero decisiva ayuda"; y a la secretaria judicial, de la que ha subrayado su profesionalidad y ser "perfecta coordinadora"; así como al fiscal, Juan Carlos López Caballero, letrados y procuradores por su colaboración y "lealtad procesal".
El presidente ha dicho sentirse "orgulloso" de todos los funcionarios que han hecho posible el desarrollo del juicio, destacando que su labor ha sido "un verdadero ejemplo de lo que debe ser un servidor público en cuanto a atención al justiciable y eficacia en el trabajo" y ha hecho mención a los periodistas que "día a día durante casi dos años han venido ofreciendo una información veraz y objetiva" del juicio.
* Europa Press - 30.7.12
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP
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LAINFORMACIÓN/Málaga* : El Gobierno ha indultado al exalcalde del PP en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal, condenado por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004.
El Boletín Oficial del Estado publica la resolución del Ministerio de Justicia en relación con el expediente de indulto de Gómez Arrabal, condenado en octubre de 2009 por el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga como autor de 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de carácter continuado.
De este modo, se le conmutan las penas privativas de libertad impuestas por otra única de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación de este decreto.
En concreto, a Gómez Arrabal, que fue regidor de Valle de Abdalajís entre 1995 y 2007, año en que fue desbancado por el PSOE, se le condenó como autor de tres delitos de prevaricación urbanística a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por cada delito.
Asimismo, se le condenó por otros cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística y cinco continuados de prevaricación urbanística, a la pena, por cada uno, de un año de prisión, con la accesoria también de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años de prisión.
Para conmutar las penas, se han considerado los informes del Tribunal y de la Fiscalía, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 29 de junio.
Tras la sentencia que condenaba al exregidor, así como a otros ediles más, Gómez Arrabal recibió el apoyo de sus vecinos; incluso, se creó una plataforma para evitar su ingreso en prisión y solicitar su indulto.
* La Información - EP - 18.7.12
Foto: Valle de Abdalajís (Málaga) - ayuntamiento.es
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DIARIOPROGRESISTA* : Decenas de agricultores del Delta del Llobregat (Barcelona) que suministran frutas y verduras al mercado de la Boqueria, el más conocido de la capital catalana, han protestado este sábado frente a sus paradas contra el proyecto Eurovegas.
Convocados por la plataforma ´Aturem Eurovegas´, los agricultores han criticado que sus producciones están "amenazadas de muerte" por el complejo del magnate Sheldon Adelson.
En un comunicado, han lamentado que la Generalitat quiere "suplantar una sociedad que se había centrado en el esfuerzo y el ahorro, la pequeña empresa y el emprendimiento por la especulación y el juego".
Los agricultores han subrayado que su producción es "la despensa de Barcelona" y han resaltado sus tierras como un paisaje irrepetible en la comarca.
Además, han recalcado que los territorios que se expropiarían en el Parc Agrari del Baix Llobregat no son urbanizables según la planificación territorial actual, que debería ser modificada.
* Diario Progresista - 29.7.12
Foto: Barcelona, mercado Boquería - ep
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ELPAÍS/Almería* : Tras el consenso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para demolerlo, el proyecto del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, sufre un nuevo golpe. En este caso, a la actuación del alcalde de la localidad, Salvador Hernández. La Fiscalía de Medio Ambiente de Almería ha presentado una denuncia contra el primer edil por “tratar de legalizar la construcción del complejo”, según Ecologistas en Acción.
La fiscalía acusa al alcalde de un presunto delito de prevaricación y desobediencia por mantener la clasificación de El Algarrobico como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo dictasen lo contrario. También se le imputa un presunto delito de desobediencia al no respetar la servidumbre de protección de 100 metros establecida por el Supremo, según la sentencia del 21 de marzo de 2012. “El Ayuntamiento sigue manteniéndola en los 20 metros”, afirma el portavoz de los ecologistas en Almería, José Ignacio Domínguez.
El alcalde ha mostrado esta mañana su “respeto” a la decisión de la fiscalía y ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación. El primer edil, quien ha abogado por la apertura del inmueble para “reactivar” el paraje, ha culpado a la Junta y al equipo de gobierno de la anterior legislatura —dirigido por el socialista Cristóbal Fernández— de la situación actual de El Algarrobico. “Esto no es de ahora, sino que viene de atrás. Este Gobierno no ha tocado nada del paraje, se mantiene tal como estaba desde 2009”, asegura.
Según el comunicado de la organización ecologista, que se personará como acusación popular en la causa abierta contra el regidor, a Hernández también se le acusa de instar a la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y a la de Municipios del Bajo Almanzora a que aprueben mociones para urbanizar El Algarrobico.
“Vamos a ir tirando de la manta para pedir que se depuren responsabilidades y que todo aquel que haya apoyado este proyecto dé la cara”, reconoce Domínguez, quien cree que Fernández será el segundo en sentarse ante el fiscal ya que la licencia del proyecto se aprobó durante su mandato.
* El País - ANTONIO JESÚS MORA CABALLERO - 29.7.12
Foto: Algarrobico (Almería), ilegal - J.Rojas (El País)
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ECOLOGISTASENACCIÓN* otorga esta año 79 Banderas Negras a los lugares más degradados y 12 Puntos Negros a los lugares más amenazados de la costa. De estos galardones, 20 corresponden a las obras e infraestructuras, 23 al urbanismo sin control, 33 a los vertidos al mar y 3 corresponden a los "residuos" generados por los grandes eventos.
Informe Banderas Negras 2012
Ecologistas en Acción ha presentado su informe anual Banderas Negras, con el titulo Poca vergüenza, que analiza la situación de la costa, mostrando la degradación y amenazas que sufre el litoral español. Así mismo, señala a responsables e implicados en este proceso de destrucción.
La gran proliferación de obras e infraestructuras ha provocado una rápida y descontrolada transformación del suelo. En la actualidad el 75 % del litoral se encuentra urbanizado o declarado urbanizable, el 44 % de la población vive en la costa y la industria del turismo desarrolla el 80 % de su actividad en la estrecha franja de 7 kilómetros, donde se estima pasan sus vacaciones 48 millones de personas.
El informe identifica 12 Puntos Negros, que señalan lugares que no sufren una transformación del territorio destacada y que se encuentran en estado semivirgen, pero amenazados por proyectos que pueden provocar la desaparición de los mismos. Algunos de estos casos son Valdevaqueros (Cádiz), Marina de Cope (Murcia) o la Playa de Ahuir en Gandía (Valencia).
El análisis del urbanismo denuncia la poca vergüenza de las Administraciones Públicas por seguir favoreciendo a los responsables del legado de la industria del ladrillo y la especulación, que con los usos del suelo han plagado la costa de activos tóxicos, es decir, procesos especulativos de antaño han pasado a ser a día de hoy viviendas y suelos sobrevalorados, claro ejemplo de ello son la zona de la Mangueta en Vejer (Cádiz) o Marina de Cope, entre otros. Nos encontramos ante más de 730.000 viviendas disponibles o en venta (entre 2004-2010), nada menos que el 65 % del total.
El informe detalla las obras costeras que, aunque en 2011 el presupuesto de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar se recortara a 100 millones de €, la inversión para artificialización de la costa se mantuvo: Construcción o culminación de obras de creación de paseos marítimos como los de Bolnuevo (Murcia), el Delta del Río Andarax (Almería), Gandía (Valencia), Badalona (Barcelona) o Cunit (Tarragona). El mantenimiento y consolidación de nuevos núcleos urbanísticos como Benicassim (Castellón), la Costa Occidental de Málaga o La Mamola (Granada). Y el aporte artificial de arena de yacimientos marinos o de cantera se reparte por toda la costa.
Otra obra costera con enorme impacto sobre el perfil costero es la elevada construcción de puertos deportivos, que provocan altos impactos sobre gran número de playas, como por ejemplo en: Barcelona, Tarragona, Valencia o Castellón.
Las infraestructuras de Puertos del Estado es causante de la destrucción de numerosas playas, como es el caso del Puerto de Valencia, con mayor incidencia en la Albufera, la ampliación de sus infraestructuras para la Copa América y la Fórmula 1, eventos que además han arruinado a la Generalitat Valenciana.
En términos globales las inversiones en infraestructuras portuarias, contenidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, son de 22.489 millones de € destinados a aumentar un 75 % la capacidad de los puertos.
Por último, el estado de las costas es cada vez más preocupante, en términos de calidad de aguas y situación de los ecosistemas. En este aspecto el déficit de infraestructuras y mala depuración de aguas residuales representa un grave problema que se suma al causado por los vertidos procedentes del sector industrial. En el informe Banderas Negras se considera necesario una adaptación de las depuradoras a la capacidad del territorio evitando así los continuos vertidos de aguas residuales mal depuradas, modificando la Ley de Responsabilidad Ambiental en materia de vertidos, para que estos dejen de ser rentables por encima de la afección y contaminación de los recursos públicos.
* Ecologistas en Acción - 26.7.12
Foto: Banderas Negras 2012 - EA
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ABC/Sevilla* : Un total de 83 de las 90 sentencias relacionadas con el medio ambiente, el patrimonio histórico y el urbanismo emitidas durante el pasado año 2011 en Sevilla fueron condenatorias, siendo tan solo siete los casos en los que se obtuvo la absolución.
Según recoge la memoria de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo correspondiente a 2011, consultada por Europa Press, de las 90 sentencias dictadas durante ese año, el 80 por ciento estaban relacionadas con temas de ordenación del territorio y urbanismo, alcanzando el elevado número de 72 sentencias durante dicho año.
Muy por detrás del 80 por ciento copado por los temas de ordenación del territorio y urbanismo, se sitúan los relacionados con el medio ambiente, siete en total, que suponen un 7,7 por ciento del total. Con cuatro sentencias cada una, un 4,4 por ciento del total, se encuentran las sentencias emitidas en referencia a los incendios forestales y a la flora y fauna.
Tan solo dos sentencias emitidas durante todo 2011 se refieren a casos de malos tratos a animales domésticos --2,2 por ciento del total--, y, por último, el patrimonio histórico copa una sola sentencia de las 90 emitidas ese año.
En cuanto a los procedimientos judiciales llevados a cabo en el 2011, se han contabilizado 240, un volumen muy alto, aunque las diligencias de investigación han descendido con respectoa 2010.
En total, son 100 las diligencias incoadas en 2011, de las cuales 53 tienen relación con la ordenación del territorio --el campo que más diligencias de investigación acumula--, 32 con medioambiente, siete con flora y fauna y cuatro con patrimonio histórico y con incendios forestales. Es destacable que ninguna de las diligencias de investigación abiertas durante el pasado año 2011 guardan relación con malos tratos a animales domésticos.
* ABC - 27.7.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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MEDITERRÁNEO/Castellón* : El Ayuntamiento de Vinaròs no pudo celebrar anoche el pleno correspondiente al mes de julio. La sesión tenía previsto su inicio a las 21h, pero, media hora antes, frente al consistorio, estaba prevista una manifestación ciudadana, convocada de manera espontánea por las redes sociales, para mostrar la indignación ciudadana por los recortes con una sonora pitada y cacerolada que resultó masiva, ya que concentró a unas mil personas. Algunas accedieron al salón plenario e impidieron, con sus consignas contra el Gobierno central y el Consell, el inicio de la sesión.
Hubo incluso insultos al alcalde, Juan Bautista Juan, y a algunos concejales. El primer edil intentó iniciar sin éxito el pleno dos veces y decidió entonces convocar de manera urgente una junta de portavoces en la que se acordó posponerlo al lunes 30, en segunda convocatoria. Juan informó de que, en caso de que en esta ocasión se intente de nuevo impedir su celebración, tendrá lugar a puerta cerrada, una medida que decidió no adoptar ayer.
A la salida de edificio consistorial hubo momentos de tensión, ya que los manifestantes continuaban concentrados en la plaza y algunos de ellos increparon a los ediles, especialmente a los del equipo de gobierno. Varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta los alrededores de la plaza del Ayuntamiento ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos por el ánimo exaltado de algunos de los concentrados. De hecho, tal y como ha podido saber este diario, el propio subdelegado del Gobierno, David Barelles, se puso en contacto con Juan. Además, la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat, Paula Sánchez de León, también llamó al primer edil para conocer qué pasaba.
POR LA PUERTA DE ATRÁS // El alcalde salió finalmente por el acceso lateral, pero algunos manifestantes se percataron y cortaron momentáneamente la salida, por lo que tuvo incluso que ser escoltado por la Policía Local y la Benemérita, ante la actitud amenazante de un reducido grupo de algunos de ellos que le siguieron por la plaza Jovellar y calle Socorro. Un recorrido que varios prolongaron hasta un conocido restaurante en el que se habían citado los concejales del equipo de gobierno para cenar.
Asimismo, al edil de Obras y Medio Ambiente, José Ramón Tárrega, le tiraron un huevo. Y otro acabó impactando en la concejala del PSOE Ana Rosa Escuin.
La protesta fue convocada días atrás de forma espontánea a través de las redes sociales y muchos acudieron ayer con pitos, cacerolas y otros objetos sonoros y coreando varias frases como “este gobierno no nos representa”.
La manifestación ya ha vuelto a ser convocada, vía redes sociales, para el próximo día 30 de julio a las 20.00 horas, fecha en que está fijado el nuevo pleno.
* El Periódico Mediterráneo - J. FLORES // I. CASTELL 27/07/2012
Foto: Vinaròs (Castelló), ayuntamiento - puntcastello
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ELPAÍS/Valencia* : El Cabanyal no quiere esperar más. Necesita una “rápida regeneración, revitalización y dinamización” para escapar del deterioro urbano y social en el que está sumido tras años de abandono. La llamada de socorro surgió este viernes del corazón del barrio, de los vecinos y comerciantes que sufren día a día la falta de atención e inversiones en que ha derivado el largo conflicto en torno al plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. La petición de auxilio, además, unió por primera vez a asociaciones con posturas opuestas sobre el proyecto del PP, con la intención de reclamar que se abra un proceso de diálogo con el “único objetivo” de conseguir “la mejora de las condiciones de vida de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar”.
Así, el comunicado conjunto está firmado por Salvem El Cabanyal, la plataforma que se opone al plan desde su aprobación hace más de una década, y la asociación vecinal Sí Volem, nacida hace algo más de dos años en apoyo del proyecto, así como por la asociación de comerciantes Acipmar, y la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, muy crítica con la actuación municipal.
El texto deja claro que los firmantes no renuncian a sus “legítimos puntos de vista” sobre el polémico proyecto o a emprender otras iniciativas por separado, y al mismo tiempo envía a los partidos políticos y al Ayuntamiento el mensaje de que el barrio necesita “soluciones inmediatas” al margen de lo que ocurra en el futuro con la avenida.
El manifiesto, impulsado especialmente desde la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, comenzó a gestarse el pasado invierno, pero el consenso en torno a las reivindicaciones comunes a todos los colectivos no se alcanzó hasta hace unos días. “Es por el bien del barrio. Los puntos de acuerdo nos benefician a todos”, afirmó este viernes Amparo Moliner, miembro de la asociación Sí Volem. “Pero que quede claro que mantenemos nuestra postura a favor de la prolongación”, subrayó. Vicente Gallart, portavoz de la Associació de Veïns, destacó el acuerdo entre entidades de “distintas sensibilidades” y expresó su “esperanza de que muchas otras organizaciones del barrio apoyen la propuesta unitaria”. Por su parte, la plataforma Salvem El Cabanyal se felicitó por el "esfuerzo de todos por superar las diferencias" y apuntó que siempre ha creído que la división social que ha marcado los últimos tiempos era "más artificial que otra cosa". La plataforma aprovechó para recordar que el 27 de julio de 1998, hace 14 años, se aprobó en el pleno municipal el encargo de redactar el polémico plan, que en el pleno de este viernes volvió a creae polémica.
Mientras los vecinos aparcaban la polémica de la avenida de Blasco Ibáñez en aras del consenso, la alcaldesa, Rita Barberá, insistía desde el Ayuntamiento en que agotará la vía judicial para ejecutar su plan.
El comunicado de las entidades del barrio se centra en cinco reclamaciones básicas. La primera es la exigencia de que las Administraciones luchen contra los “focos delictivos” en el barrio, especialmente el tráfico de drogas. El segundo punto reivindica un “punto final a la degradación urbanística y social”, que pasa por una “urgente limpieza y cuidado de calles y solares” y un “estricto control” de las casas deshabitadas, muchas de ellas ocupadas por familias sin recursos “que las habitan en condiciones infrahumanas” y necesitan el respaldo de los servicios sociales.
Vecinos y comerciantes piden, además, un plan de rehabilitación de viviendas, para lo que solicitan al Ayuntamiento que levante la suspensión de licencias de obra que mantiene desde que en 2010 el Ministerio de Cultura del anterior Gobierno socialista ordenó parar el plan de partir en dos el barrio con el derribo de más de 400 casas por considerarlo un “expolio” al patrimonio histórico.
El manifiesto subraya también la necesidad de poner en marcha un plan para dinamizar y potenciar el comercio. Finalmente, los firmantes abogan por “la búsqueda del mayor consenso posible” y mesas de diálogo “entre todos los agentes implicados”. “La situación económica actual nos obliga a buscar puntos de encuentro que ayuden a la recuperación de nuestro barrio, no permitiendo que las diferentes posturas sobre el proyecto municipal nos dividan”, concluyen.
El consenso surgido del barrio se estrelló contra la postura inamovible de Barberá, que en el pleno municipal rechazó la petición de los socialistas de acatar la última —y enésima— sentencia que avala la orden ministerial de proteger El Cabanyal frente a los derribos, informa Alberto G. Palomo. El PP seguirá insistiendo en los tribunales y ante el Gobierno de Rajoy en desbloquear el plan. La alcaldesa, además, reiteró que no se darán licencias hasta que la situación legal se aclare. Y entonces, “no tengan la menor duda de que actuaremos”, espetó Barberá a la oposición.
El concejal socialista Vicent Sarrià criticó el “orgullo” de la alcaldesa al no aceptar las ofertas de diálogo de la oposición, vecinos y las universidades. “¿Por qué no empezamos ya a tratar los problemas del barrio?”, pidió el portavoz de Compromís, Joan Ribó. “Es el momento de conseguir el consenso social y ciudadano para un plan serio de rehabilitación”, apuntó también Amadeu Sanchis. El portavoz de Esquerra Unida destacó la “lección” dada por los vecinos, que han sido capaces de unirse para reivindicar un futuro para El Cabanyal y reprochó al Grupo Popular: “Les estáis dando una bofetada en la cara”.
Pero el PP no se movió. “Cuando se arreglen los problemas legales se podrá actuar”, declaró el vicealcalde, Alfonso Grau.
* El País - SARA VELERT Valencia 27 JUL 2012
Foto: Una calle del barrio de El Cabanyal en Valencia. / MÒNICA TORRES
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LAVANGUARDIA* : En apenas seis años, los que transcurrieron entre el mítico "A la ville de… Barcelona!" y la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, la capital catalana vivió su transformación urbanística más intensa desde el Pla Cerdà. Las instalaciones deportivas y las villas olímpicas cambiaron la fisonomía de cuatro barrios de la ciudad, pero además los Juegos lograron la inversión necesaria y la excusa perfecta para muchos otros proyectos esparcidos por toda la ciudad, como las Rondas, la Illa Diagonal, el MACBA o el tambor de la plaza de las Glòries. El Port Vell y el Maremágnum, ganados a un muelle obsoleto, fueron la guinda de una nueva Barcelona más internacional y vanguardista.
Ahora bien, ¿qué herencia ha quedado de aquella transformación? ¿Qué proyectos han superado mejor la prueba del tiempo? ¿Cómo han envejecido? La reforma de Glòries o del Port Vell, por ejemplo, vuelven a estar en la agenda política, por ejemplo. Oriol Bohigas , Jordi Borja , Mercè Tatjer y Josep Maria Montaner , cuatro reconocidos urbanistas barceloneses que vivieron de cerca los proyectos de la Olimpiada, hacen balance de su herencia 20 años después.
La Vila Olímpica y el waterfront
"El proyecto más importante fue la apertura del waterfront, de la fachada marítima, desde el Port Vell hasta el Besòs", sentencia el geógrafo urbanista Jordi Borja. "Aunque tuvo sus contradicciones internas, fue una buena operación urbanística", sostiene el ex diputado y teniente de alcalde del PSUC durante los años 80. Aunque estuvo en primera fila política, no escatima matices y autocríticas: "Quizá el Port Vell no estuvo del bien logrado del todo, porque se llenó demasiado de cemento, quedó un producto comercial que al final tampoco ha sido tan exitoso. Y el Moll de la Fusta igual, aunque se ha ganado para ciudadanía, nunca ha cuajado del todo". "¡Pero las remodelaciones que hay ahora sobre la mesa, como la Marina de lujo, son todavía peores, eh!", advierte. Según Borja, otros elementos como el Palau de Mar o el Paseo Joan de Borbó sí han superado la prueba del tiempo, porque los vecinos los utilizan y disfrutan.
"La mayoría de proyectos me parecieron bien y aún me lo parecen", sintetiza el arquitecto Oriol Bohigas, que precisamente fue consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de 1984 a 1991, cargo desde el que intervino en las grandes obras proyectadas con motivo de los Juegos. La Vila Olímpica es una de sus favoritas, puesto que, según él, "es uno de los pocos barrios creados de cero que se integró bien al entorno y no degeneró en un espacio de pobreza o marginación". Jordi Borja también valora en positivo la villa de los atletas, porque "antes era un espacio perdido, aislado por las vías de tren y lleno de alcantarillas al aire libre". Comparte a medias la observación de Bohigas sobre su integración, ya que ve al nuevo barrio "bien ligado con el puerto pero no con la zona de Diagonal Mar, donde ha creado guettos".
"Sin duda lo mejor fue ganar seis kilómetros de playas", asegura Josep Maria Montaner, arquitecto y profesor de la ETSAB, a quien UB y Ayuntamiento acaban de publicar su investigación sobre el 'Modelo Barcelona'. Montaner, bastante crítico con algunas de las herencias olímpicas, también lamenta que el Maremagnum quedara "demasiado comercial" y subraya que las obras de finales de los 80 y principios de los 90 en general tenían "poca sensibilidad medioambiental y de conservación del patrimonio industrial". La Vila Olímpica, en conjunto, le agrada poco: "Sigue mostrando carencias, en especial su falta de vida en la calle y la privatización de muchos interiores y patios de manzana". Los locales comerciales en los bajos de los edificios, a su juicio, "son demasiado grandes y con escalones", algo que propicia poco la atracción de comercios de proximidad. "Sólo salvaría las tres manzanas de Carlos Ferrater, la Vila dels Àrbitres, con fachadas blancas y patios públicos. ¡Pero no soy nada imparcial porque participé en su diseño como asociado!", comenta entre risas.
La geógrafa Mercè Tatjer, experta en urbanismo barcelonés y activista en temas de conservación patrimonial, señala las "pérdidas irreversibles" que ocasionó la construcción de la Vila Olímpica en los terrenos del antiguo barrio de Icària : "Se arrasó con todo lo que había, sin distinción, y se perdieron edificios muy destacados, como la fábrica de hielo y harina Folch, del siglo XIX, muy sólida". Lamenta que podría haberse reconvertido su uso, pero que "sólo dejaron la chimenea", descontextualizada.
Montjuïc y las instalaciones deportivas
Pese a acaparar la mayor parte de portadas y telenoticias durante los Juegos, Montjuïc no ha quedado tan asociada a la Barcelona olímpica como el Port Vell o las Rondas. Más que transformarse, la montaña vivió una intensa limpieza y dignificación. Ya había tenido usos deportivos y la nueva Anilla Olímpica se ubicó en el área del antiguo Estadio, construido en 1929 para la segunda Exposición Universal de Barcelona. Hay unanimidad entre los cuatro urbanistas consultados sobre el buen papel que jugaron el remodeladísimo estadio con el pebetero de Pep Sant y Ramon Bigas, el Palau Sant Jordi, la icónica Torre Calatrava o las Piscinas Picornell, que generaron la mítica imagen de los saltos de trampolín con Barcelona y el mar de fondo.
"Con los Juegos, Montjuïc se consolidó como área de equipamientos y recreo", señala Borja. "La Anilla Olímpica ha continuado siendo para el deporte y la cultura, incluso mejorada con nuevas instalaciones a su alrededor, como el Museu Olímpic o el Jardín Botánico", coincide Montaner, que recuerda que sólo 4 de los 12 proyectos urbanísticos incluidos en el plan de 1987 –donde se sintetizaron todas las obras en motivo de los Juegos– eran instalaciones deportivas. Montjuïc, la Vila Olímpica, la Vall d'Hebrón y el tramo final de la Diagonal eran las cuatro áreas de Barcelona que requerían equipamientos nuevos y específicamente olímpicos.
La Vall d'Hebrón, por ejemplo, recibió un campo de tiro con arco, un polideportivo y la Vila Olímpica dels Periodistes, cuyos pisos se vendieron posteriormente a particulares con gran rapidez. "Es uno de los proyectos menos conocidos, porque no cambió mucho su fisonomía y tuvo menor repercusión para el resto de la ciudad", opina Oriol Bohigas. "Ya tenía espacios abiertos municipales y lo que faltaba era llenarlos y dotar de servicios al barrio", recuerda. "El Velódromo y el campo de tenis ya existían", corrobora Montaner. "Como no tuvo un impacto visual muy fuerte durante los Juegos, su halo olímpico se ha ido disolviendo", añade.
Glòries, el proyecto maldito
"Cada vez que se ha abordado, ha quedado mal resuelto. Glòries es un proyecto maldito", decreta Jordi Borja. "Hay tantas manos intentando arreglar la plaza y se ha reformado tantas veces…", lamenta. La plaza que Cerdà diseñó como nuevo centro de la ciudad sin murallas es uno de los proyectos peor valorados. El tambor elevado que distribuye el tráfico ha sido cuestionado en menos de 15 años y actualmente está siendo desmantelado como paso previo a una nueva reforma de la plaza. Borja considera que "la única forma" de salvarla es "que deje de ser un nudo de comunicación viaria", porque "no se puede tener todo, o haces un nudo o haces una plaza integradora". Confiesa, además, que cuando tiene que cruzar la ciudad en coche o taxi evita al máximo las Glòries, "porque siempre te embarrancas".
Oriol Bohigas simplemente considera que el tambor de Glòries "no hacía falta", porque "no distribuye el tráfico de las tres avenidas [Meridiana, Diagonal y Gran Vía], sino que solo conecta ambos lados de la Gran Vía". "Un paso elevado habría sido mejor y suficiente", remacha.
Las Rondas y la periferia
Las Rondas de Dalt y Litoral fueron un "cambio radical en la movilidad de la ciudad", según Bohigas, que las ve bien envejecidas "pese a veinte años de uso intensivo". Para Josep Maria Montaner, fueron "poco sostenibles" pero a la vez un éxito constructivo, teniendo en cuenta su velocísima realización: "La urgencia era tal, con los Juegos casi encima, que prácticamente se hacía un plano y se llevaba a la obra, se construían los tramos a los pocos meses de dibujarse". El Nus de la Trinitat quedó, a su juicio, "muy bien resuelto, porque se hizo muy cuidadosamente". Para Mercè Tatjer, en cambio, "era una obra necesaria en ese momento", pero vista hoy parece poco visionaria, porque no se aprovechó para impulsar y fomentar el transporte público.
Borja ejemplifica con las nuevas conexiones viarias "la larga lista" de intervenciones que se hicieron de propina, aprovechando el empujón olímpico: "Si hubiéramos hecho sólo las obras que requerían los Juegos del 92, habría bastado con unos cambios mínimos y muchos menos recursos. ¿Acaso alguien cree que el COI pedía unas Rondas, más escuelas o ampliar el Puerto?". La Vila Olímpica, por ejemplo, tenía otras ubicaciones más fáciles y baratas: "El COI incluso la hubiera preferido en el Baix Llobregat, porque soterrar vías, demoler fábricas y construir una depuradora era una operación costosísima económica y políticamente". "Pero el Ayuntamiento planteó la Olimpiada como un salto adelante e hizo entrar en el paquete todas las obras que le parecieron interesantes", asegura Borja, que considera que el "proyecto de ciudad" era justamente "una suma de pequeños proyectos que se justificaban los unos a los otros".
Otro ítem 'extra' de la lista era la llamada Monumentalización de la periferia, ya iniciada en los primeros 80, un conjunto de acciones de mejora de los barrios periféricos de Barcelona, especialmente en Nou Barris y el norte de Horta-Guinardó. "No era sólo colocar una estatua o un equipamiento, se trataba de dar calidad al espacio público. Aunque se criticó el exceso de gasto en los materiales y diseños, no fue un derroche de dinero público, porque el lujo ahí era hacer justicia", defiende Borja.
¿Urbanismo socialdemócrata o espasmódico?
Dos décadas después, los cuatro urbanistas juzgan de diferente forma la ideología urbanística de Barcelona en aquellos años. Para Montaner "fue el final de una época desarrollista y socialdemócrata, de una política homogenizadora que igualaba y mejoraba barrios, al precio de devorar lo singular, pintoresco o minoritario", como pasó con los chiringuitos de La Barceloneta.
Tatjer va un poco más allá y señala que las prisas por el poco tiempo disponible y la especulación urbanística colateral "provocaron errores que en muchos casos son irreversibles". "Las demoliciones se llevaron también un patrimonio inmaterial, las técnicas y los oficios, que podrían recrearse y enseñarse a las siguientes generaciones", prosigue. Otra consecuencia negativa para Tatjer fue que "el entusiasmo olímpico caló tanto, que quedó en mucha gente la idea que debíamos ir rehaciendo la ciudad a golpe de gran evento o de macroplan urbanístico, como el 22@ o el Fòrum de les Cultures".
Bohigas no considera que los Juegos inauguraran una etapa, sino que daban continuidad a una tradición positiva de súbitos impulsos urbanísticos: "Es algo que Barcelona siempre ha hecho, por ejemplo con el Pla Cerdá o las Exposiciones Universales de 1888 y 1929". Antes de la nominación olímpica no hubo ningún gran plan, dice, porque "había que atender muchas pequeñas intervenciones urgentes, como plazas, escuelas o asfaltados". Explica que, como responsable municipal, se inspiró en elementos de los tres principales planes urbanísticos de la historia barcelonesa: el de Cerdà (1859, cuadricular), el de Jaussely (1905, radial) y el Macià (1934, con supermanzanas). "Ha quedado demostrado que los Juegos dieron un impulso al rejuvenecimiento de la ciudad", concluye.
"Hubo luces y sombras, ni todo fueron conspiraciones capitalistas ni podemos hacer un discurso autocomplaciente", sintetiza Borja. Remarca que algunos objetivos sí se cumplieron, como reducir las desigualdades sociales a través del "salario indirecto que supone la mejora de la calidad de vida y los servicios". Sin embargo señala también fracasos que persisten, como "el déficit de políticas de vivienda eficaces" y unas "estructuras políticas inadecuadas para redistribuir bien la riqueza en toda la ciudad real, que es el Área Metropolitana".
* La Vanguardia - MERITXELL M. PAUNÉ - 27.7.12
Foto: Barcelona, el Moll de la Fusta - elperiodico
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EUROPAPRESS* : Un estudio de Ecologistas en Acción ha desvelado que el Ayuntamiento de Murcia ha calificado, desde 2001, unos 20 millones de metros cuadrados en el municipio mediante una fórmula "ilegal" que consiste en que los promotores trasladan la edificabilidad de zonas forestales de monte protegidas y las adscriben al valle y al campo de Murcia como si fueran urbanizables.
Se trata de 20 millones de metros cuadrados que estaban calificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como parque regional, que la Ley del Suelo impedía calificar, según ha denunciado en rueda de prensa la autora del estudio, Ángeles Moreno, acompañada por el portavoz de Ecologistas en Acción Región de Murcia, Pedro Luengo.
Al parecer, los promotores compraban a precios "ridículos" barrancos o fincas forestales que no servían "para nada", pero adscribían esa superficie al plan parcial desarrollado en la zona del Valle. El Ayuntamiento lo calificaba como sistema general y le otorgaba la misma edificabilidad que en el campo de Murcia, según ha explicado Moreno.
De esta forma, a la edificabilidad permitida en el valle, de 300 metros construibles por cada mil, el promotor podía añadir otros 300 metros, con lo que podía aumentar su superficie edificable a 600 metros cuadrados. Al mismo tiempo, las zonas verdes, de ocio y recreo que estaban obligados a ejecutar, la trasladaban a la zona del monte y su titularidad pasaba a ser municipal, con lo que obtenían un doble beneficio.
LEY DEL SUELO
Moreno explica que esta práctica, que permitía aumentar la rentabilidad, estaba prohibida por la Ley del Suelo desde 2001 a 2004, porque recogía específicamente que el suelo no urbanizable protegido no podía tener edificabilidad.
El cambio legislativo introducido en 2004 tampoco daba amparo a estas prácticas, porque las restringía a espacios naturales calificados como urbanizables, algo que sólo se puede hacer mediante el Plan General de Ordenación Urbana, de competencia municipal, que no puede calificar suelo protegido por normas estatales y europeas.
En definitiva, Moreno señala que el municipio "no tenía competencia sobre la costa ni sobre zonas calificadas como LIC o ZEPA", pero critica que el Ayuntamiento de Murcia siguió amparándose en este cambio de la Ley, que "no era suficiente".
En 2006, Moreno recuerda que el Ayuntamiento se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ante la sospecha de la investigación en el caso 'Barraca', introdujo un artículo en el que sólo iban a poder trasladar la edificabilidad del suelo que no estuviera especialmente protegido. De esta forma quedaban excluidas las zonas calificadas como LIC y ZEPA, pero quedaban incluidas zonas forestales protegidas por el planeamiento, una figura municipal.
El problema es que Ecologistas en Acción ha detectado que el Ayuntamiento no aplicó esta última restricción y no hizo diferencia entre lo protegido por el planeamiento y por los planes estatales y europeos, de forma que han ido "metiéndolo todo en la misma bolsa y adscribiendo la edificabilidad en los planes parciales".
Moreno explica que hace unos meses el TSJ emitió una sentencia en la que zanjó que "no se podía trasladar suelo protegido específicamente a suelo urbanizable", una práctica "que también es aplicada por los ayuntamientos de Águilas y Lorca en Marina de Cope", lamenta.
PLANES PARCIALES AFECTADOS
En total, hay 25 planes parciales afectados por esta fórmula, seis de los cuales están aprobados y ejecutados, como 'Solera El Trampolín', 'Los Cañares', 'Tres Molinos Sur', 'El Valle', 'Hacienda Riquelme' y 'Finca Ochando'.
En este caso, el aprovechamiento de los planes parciales ya ejecutados suman un total de 820.651 metros cuadrados, de los cuales, 224.000 provienen de la indebida adscripción de suelos con protección específica, es decir, un 27,38 por ciento de lo edificado es ilegal. Teniendo en cuenta que cada vivienda ha sido planificada con 100 metros cuadrados, resultaría que ya se han construido 8.206 viviendas, de las cuales, 2.447 serían ilegales.
En estos casos en los que las viviendas ya están hechas y cuya edificabilidad procede del monte, Ecologistas en Acción señala que "sólo cabría dejarlas fuera de ordenación", con lo que "serían ilegales" y "no se podrían arreglar ni se puede hacer nada con ellas, por lo que se tienen que derruir y tirar cuando queden obsoletas". En caso de que ya estén en manos de particulares, Moreno dice que "tendrá que decidir el juez".
Otros cinco planes parciales tienen la aprobación definitiva, pero no se han ejecutado, una situación en la que se encuentran las promociones 'La Naveta', 'Los Granados', 'Carthago', 'Sucina Golf' y 'La Loma'.
En este caso, estaba previsto construir 13.967 viviendas, de las cuales, 6.819 serían ilegales, es decir, el 48,82 por ciento del total. Puesto que estas casas no se han levantado, Moreno dice que lo único que tendría que hacer el Ayuntamiento es revisar los planes parciales y anularlos.
Los 14 planes parciales restantes que están afectados se encuentran ahora en exposición pública y están siendo tramitados, entre los que se encuentran 'Las Veredas', 'Residencial Puerto de la Cadena', 'Campo Sol', 'Bordes Serranos Costera Sur' y 'Viento Cortado', entre otros.
De estos 14 planes con adscripción de suelo no urbanizable, Ecologistas en Acción ha podido tener acceso al expediente de cinco de ellos, que suman un total de 781.920 metros cuadrados de edificabilidad, de los cuales, 451.000 metros cuadrados provienen de la indebida adscripción de terreno protegido, por lo que el porcentaje aumenta al 57,72 por ciento.
En este caso, Moreno dice que el Ayuntamiento debería "simplemente "tirar para atrás estos planes y anularlos", ya que todavía no han sido aprobados. Ecologistas en Acción no ha tenido acceso a los expedientes de los otros nueve planes, pero ha podido consultar un documento en el que aparecen reflejadas las superficies de adscripción.
La evolución del 28 al 48 y al 57 por ciento de terreno adsritos como no urbanizables, según Moreno, demuestra que "se han vuelto más codiciosos y ambiciosos en la Gerencia de Urbanismo".
Este estudio se ha enviado a la Fiscalía para su ayuda en la investigación de los casos 'Umbra' y 'Barraca', al tiempo que se ha presentado al Premio Nacional de Urbanismo, donde ha conseguido la mención especial, por lo que tiene el respaldo de los juristas expertos en urbanismo "más importantes de España", según Moreno.
En este sentido, Ecologistas en Acción ha anunciado que va a presentar un recurso de revisión extraordinaria en el registro del Ayuntamiento, y el Consistorio dispondrá de un mes para iniciar los trámites de revisión, anular la edificabilidad y quitar los 20 millones de metros cuadrados que se han otorgado de forma "ilegal".
Moreno ha amenazado que, si el Ayuntamiento no ha iniciado los trámites pertinentes en el plazo de un mes, Ecologistas en Acción acudirá a los juzgados, donde iniciará un proceso contencioso por la vía Penal contra los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, y advierte que incluirá al alcalde, Miguel Ángel Cámara, si es necesario.
Moreno ha recordado que el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, se comprometió hace unos años a que el Plan General sería revisado para ver si algo se había "traspapelado", pero como no se han puesto "manos a la obra" en el último año, Ecologistas en Acción ha elaborado este estudio.
* Europa Press - 26.7.12
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
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EUROPAPRESS/Sevilla* : La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años y el pago de una multa de 6.480 euros para la exalcaldesa de Algámitas Virtudes Cabello (PSOE) por un presunto delito contra la ordenación del territorio después de otorgar licencia provisional de obras para la construcción de cuatro viviendas cuando éstas ya habían sido edificadas en suelo no urbanizable de la localidad.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EP, el Ministerio Público relata que la propietaria del paraje conocido como 'Las Hazuelas', ubicado en la carretera SE-9224 del municipio, solicitó al Ayuntamiento la recalificación del suelo, que era no urbanizable, con el objetivo de llevar a cabo en el lugar un proyecto de complejo turístico.
Asimismo, y con anterioridad a 2005, se alzaron cuatro viviendas en el paraje, "siendo el suelo no urbanizable y careciendo en consecuencia de la preceptiva licencia en el momento de su construcción", aunque no se ha iniciado un procedimiento penal contra la promotora debido a la prescripción de la infracción penal.
El 19 de febrero de 2005, la arquitecto municipal, a petición de la Alcaldía, hizo una inspección ocular y comprobó la realidad de las cuatro viviendas y, tras ello, emitió un informe en el que "constató la ausencia de licencia", por lo que informó desfavorablemente de su concesión.
A pesar de dicho informe, la entonces alcaldesa de Algámitas otorgó licencia provisional de obras para las cuatro viviendas "ya conclusas" en su edificación, todo ello "con el fin de normalizar la situación al margen de la legalidad urbanística y a pesar del informe desfavorable de la arquitecto municipal, obviando totalmente la calificación del suelo como no urbanizable".
Posteriormente, en concreto el 13 de agosto de 2005, el Ayuntamiento, "con la acusada como alcaldesa", adoptó un acuerdo en el que "se comprometía a incorporar al PGOU la ordenación pormenorizada de la Hacienda 'Las Hazuelas', calificando el suelo con el uso global --residencial de baja densidad-- y otorgándole la clasificación que en su caso pudiera proceder en cada momento de tramitación del PGOU, en función del grado de urbanización y cumplimiento de deberes urbanísticos".
La Fiscalía considera que la acusada es culpable de un delito contra la ordenación del territorio y pide que sea inhabilitada durante ocho años para ejercer empleo o cargo público y el pago de una multa de 12 euros diarios durante 18 meses, así como el abono de las costas judiciales.
* El Economista - EP - 25.7.12
Foto: Algámitas (Sevilla) - sevillainfo
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PÚBLICO* : El autor confeso del expolio del Palau de la Música, Fèlix Millet, consiguió que el ayuntamiento de la Ametlla del Vallès recalificara irregularmente en tres ocasiones terrenos de su propiedad para la construcción de edificios de viviendas, según se deduce de un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Para conseguir tal cosa, Millet condicionó unas ayudas a la biblioteca de esa misma localidad a la modificación urbanística de propiedades rústicas, según informa el portal en internet de TV3 y Catalunya Ràdio.
La Sindicatura señala que el ayuntamiento, a instancias de Fèlix Millet y su mujer, aprobó una primera recalificación en el año 2001 para que se pudieran construir 55 viviendas, a pesar de la inexistencia de un análisis detallado que ratificara la conveniencia y oportunidad de tal iniciativa y sin tener en cuenta un informe del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, que desaconsejaba la modificación de la calificación de una parte significativa del terreno.
Mediante un convenio de naturaleza no urbanística, dice el informe de la Sindicatura, los propietarios de la finca condicionaron la aportación de más de noventa mil euros para financiar la compra de muebles para la biblioteca municipal a la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana que contemplaría la recalificación que deseaban.
Posteriormente, en los años 2006 y 2009, el ayuntamiento aprobó nuevas actuaciones para hacer posible la ampliación del número de viviendas a construir hasta 129, sin motivo objetivo que justificara los nuevos cambios.
El informe de la Sindicatura, solicitado por el Parlament de Catalunya en el marco de la investigación sobre las actividades de Fèlix Millet, también señala que se podía prever que la oferta de pisos prevista en el plan urbanístico superaría de sobras la demanda real.
* Público - 25.7.12
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
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MÁLAGAHOY* : Los vecinos de El Candado ponen fin casi diez años después al procedimiento contencioso que iniciaron contra la cementera de La Araña con una sentencia que les da la razón y anula la licencia de obras concedida para la modificación de sus instalaciones.
En 2003 la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió a la fábrica de cementos una licencia de obra mayor para ejecutar una torre de precalentamiento de 110 metros de altura y la sustitución de los hornos rotatorios. Desde un primer momento la asociación de vecinos El Candado se opuso a este permiso porque entendían que dicha licencia incumplía el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y que se debía someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para dar cumplimiento al principio de prevención en el origen, por lo que presentaron un recurso contencioso-administrativo.
Ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso interpuesto por la asociación de vecinos y ha declarado la nulidad de la licencia de obras que permitió la modificación de la fábrica de cementos, en virtud de la cual se acometieron las sustanciales reformas de su instalaciones. De este modo se le da la razón a la asociación de vecinos, ya que la cementera urbanísticamente se encontraba, según la resolución, "fuera de ordenación", no siendo idónea su ubicación para albergar las obras ejecutadas, por estar cercanos a núcleos de población; por este motivo sólo podrían haberse autorizado obras indispensables para el mantenimiento de la fábrica. El escrito estima además que la torre de la cementera, de más de 100 metros de longitud, excede de la altura máxima permitida.
"No hay ninguna lucha fratricida contra nadie, la única lucha es por la defensa del medio ambiente. Entendemos que no es de recibo que las autoridades ambientales se den la vuelta ante nuestras pretensiones. Nuestro deber era intentar que resplandeciera la verdad y dejar claro que se había puesto en tela de juicio el incumplimiento de muchos trámites que afectaban al entorno y a los propios vecinos de la zona" , manifestó el abogado de la asociación El Candado, Gonzalo García.
Los vecinos entienden que la posible ejecución de la sentencia es competencia ahora de las autoridades pertinentes, como la propia Gerencia Municipal de Urbanismo, no de la asociación de vecinos.
Pero la empresa Financiera y Minera, perteneciente al Grupo Italcimenti y propietario de la fábrica, antes podría presentar un recurso contra la sentencia dictada por el alto tribunal andaluz al negar que "se haya llevado a cabo ninguna obra sin el permiso correspondiente". Los servicios jurídicos de la compañía analizarán ahora la documentación emitida por el TSJA para "demostrar que todo está completamente en regla y hasta que no se han tenido todas las autorizaciones no se acometió la obra", aseguraron ayer a este periódico fuentes de la empresa.
Pese a la resolución judicial, Financiera y Minera insiste en que se cumplió "rigurosamente" la legislación vigente en ese momento tanto desde el punto de vista burocrático como ambiental.
* Málaga Hoy - TAMARA HARILLO - 19.7.12
Foto: Málaga, cementera La Araña - skyscraper
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ELECONOMISTA/Valladolid : El Ministerio fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados por el denominado 'Caso Arroyo', entre ellos el actual alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez, y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván.
En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso EuropaPress en fuentes jurídicas, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho, otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.
En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.
Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de este año, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.
Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.
PETICIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.
En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).
La presentación de dicho escrito de acusación se produce después de que el pasado mes de mayo la Audiencia de Valladolid ratificara la imputación de José Manuel Méndez y el resto de imputados. La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal confirmaba así el auto dictado a principios del presente año por el Juzgado de Instrucción número 1 y desestimaba los recursos de apelación de los imputados.
Tras la presentación de las calificaciones, el Juzgado ha decretado la apertura de juicio oral y ha pedido a los seis acusados que depositen fianzas por importe de 2,73 millones de euros.
En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.
Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.
De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que "llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior".
Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.
Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde, junto con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas y al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio.
TREINTA MILLONES DE PESETAS
En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como "colaborador", habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.
"Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges--se refiere también a su esposa--para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos", refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.
PATRIMONIO NO JUSTIFICADO
A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detallaba igualmente el patrimonio acaparado por el resto de imputados, entre ellos el hoy portavoz del PP en la Diputación vallisoletana, el popular Jesús García Galván.
De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuía un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados. Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, "aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa", indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.
* El Economista - ep - 23.7.12
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es
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EUROPAPRESS/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha reclamado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), la entrega del "testimonio completo", --en referencia a la documentación--, de las obras acometidas por la junta de compensación del sector conocido como La Isla al margen de la licencia de obras concedida por la Administración local.
Cabe señalar que el plan parcial del SUS-R9, bautizado como La Isla, contempla una zona de 67,4 hectáreas de Alcalá de Guadaíra en la que se ha proyectado la construcción de mil viviendas protegidas, un centro hospitalario, un campo de fútbol, un intercambiador modal de transportes para el tranvía, carriles bici, zonas educativas, comerciales y espacios verdes. Si bien la junta de compensación constituida en torno a estos suelos contaba con una licencia de obras otorgada el 18 de junio de 2010 por la junta de gobierno del Ayuntamiento, los trabajos fueron paralizados en 2011 al constatar la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que los trabajos no respondían a la licencia en cuestión, que aludía a la "explanación" de los suelos.
EXTRACCIÓN "ENCUBIERTA" DE ALBERO
En concreto, los trabajos en cuestión habrían comprendido sobreexcavaciones y rellenos e incluso las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra alertaron de una "extracción de albero encubierta" a través de estas labores. El pleno del Consistorio, de cualquier modo, aprobó el pasado mes de enero por unanimidad de todos los grupos políticos ordenar a la junta de compensación la "restauración del orden jurídico perturbado" e informar de los hechos al Ministerio Público.
Pues bien, el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra correspondiente al mes de junio dio cuenta de un informe relativo a las actuaciones llevadas a cabo por la junta de compensación del sector La Isla merced a las determinaciones de la propia corporación alcalareña. El documento, recogido por Europa Press, pone de relieve que la juta de compensación interpuso un recurso de reposición contra el acuerdo plenario en cuestión para evitar que los hechos fuesen remitidos a la Fiscalía, alegando para ello la "mínima entidad" de los hechos y que había comenzado la "reposición" de los daños causados.
REPOSICIÓN CULMINADA
El 16 de mayo de 2012, de cualquier modo, la entidad 'Elabora Agencia para la Calidad de la Construcción', contratada para el control de calidad de los trabajos de restitución ordenados en el sector La Isla, emitió un informe según el cual "las sobreexcavaciones y rellenos han sido restituidos conforme a las especificaciones establecidas", toda vez que el 5 de junio, la Sección de Obras Públicas de la Gerencia Municipal de Urbanismo zanjaba que la junta de compensación había cumplido "satisfactoriamente" las órdenes del acuerdo plenario.
Pero el 4 de junio, y como también figura en este documento, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico requirió al Ayuntamiento "la remisión de testimonio completo del expediente de protección de legalidad urbanística, así como reportaje fotográfico de la obra realizada", extremo además acordado por el propio pleno del Consistorio alcalareño.
* Europa Press - 24.7.12
Foto: Alcalá de Guadaíra (Sevilla), vista - sevillaweb
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FARODEVIGO* : "Transformar a contratados en empleados públicos", según las advertencias puestas de relieve por el interventor; "meter a gente afín por la puerta de atrás –personas ajenas a la administración que llegan a usar dependencias municipales– a cambio de informes pagados y a la carta", reprochan desde la oposición política y el ámbito sindical. El Concello de Ourense adjudicó, en la junta de gobierno local celebrada el pasado jueves, una nueva asistencia técnica para el servicio de Urbanismo por importe de 30.000 euros, IVA incluido. Solo se presentó un arquitecto. Desde finales de abril, el gobierno local ha aprobado el pago de casi 100.000 euros para contratar informe externos para cuestiones urbanísticas, un ámbito proceloso en Ourense tras la caída del PXOM 2003 tumbado por el Tribunal Supremo que obligó a redactar una ordenación provisional como solución transitoria al retrotraerse el marco de actuación al plan de 1986. La anulación de licencias suma más quebraderos de cabeza.
El recurso desde Urbanismo a despachos profesionales de abogados y arquitectos –algunos repiten– con la justificación de poder solventar trámites de la ciudad después de la consiguiente pérdida de derechos urbanísticos y el aluvión de reclamaciones –más de 100 millones en global–, supone un método de contratación "irregular" de servicios que el funcionario fiscalizador reprendió en más de un informe, el más reciente revelado por FARO en abril. La consecuencia más grave de este método de actuación es que se incurre en una "cesión ilegal de trabajadores" que llevaría al reconocimiento del contratado como laboral indefinido. En mayo se formalizó el contrato por más de 32.000 euros con un bufete de abogados para "colaborar en la defensa jurídica y el asesoramiento jurídico", pese a existir servicio propio. En abril, una UTE se llevó un contrato de casi 31.000 euros para confeccionar cartografía municipal a escala de zonas del núcleo urbano y el perímetro rural. Todos los procesos se tramitaron por procedimientos negociados sin publicidad.
Desde el gobierno, la edil responsable de Urbanismo, Áurea Soto, defendía ayer la necesidad de externalizar determinados servicios de su concejalía prescindiendo del trabajo de los trabajadores. Soto aprueba las asistencias como "refuerzos jurídicos y técnicos que son necesarios". La concejal se molestó con las críticas de la oposición. "Igual al PP no lo interesa que este Concello intente frenar indemnizaciones por la caída de determinadas recalificaciones", dijo, en alusión al plan anulado, que se aprobó con una planimetría . La edil pone sobre la mesa casos recientes como el de la indemnización aprobada para un constructor "que reclamaba 2,5 millones después de 25 años en los que el ayuntamiento no hizo absolutamente nada".
Según su criterio, la contratación de asistencias permite resolver la problemática urbanísticas de una ciudad inmersa en reclamaciones y a caballo entre un plan general anulado y otro que aún tardará. "Desde este gobierno estamos intentando que el Concello no quiebre dentro de cinco años, que es lo que puede pasar si no resuelven las reclamaciones que ya superan los 100 millones de euros". La concejala resta importancia a las advertencias del interventor poniendo como ejemplo que las contrataciones de asistencias son "práctica habitual de todas las administraciones, incluida la Xunta y Fomento".
Tanto Partido Popular como Democracia Ourensana se posicionan en contra de este tipo de adjudicaciones de servicios. Susana Gómez, de DO, reprocha la actitud "de diosa y de diva" de la edil responsable y reprueba que, a pesar de los reparos del interventor, se pidan "informes a la carta realizados por amigos".
Por su parte, fuentes sindicales reprochan el "menosprecio" a los trabajadores del Concello y recuerdan que el gobierno local se comprometió a reducir y a justificar las asistencias técnicas en el marco de la negociación con la junta de personal.
* Faro de Vigo - J.FRAIZ - 17.7.12
Foto: Ayuntamiento Ourense - spain
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LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos El Candado y ha anulado la licencia de obras concedida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en 2003 para la modificación de las instalaciones de la fábrica de cementos que la sociedad Financiera y Minera tiene en La Araña.
En dicho recurso los vecinos hacían referencia a los incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, de la obligación de haber sometido la actuación previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de la obligación de obtener con anterioridad al otorgamiento de la licencia los permisos, concesiones o autorizaciones contenidas en el decreto de 24 de febrero de 1992 de navegación aérea y servidumbre, al contemplar una torre de precalentamiento de 110 metros de altura, y al no haber acreditado la aportación de la licencia de actividad de la actuación de referencia con carácter previo a la licencia de obras.
Según el abogado de la asociación, Gonzalo García Weil, entre estas obras se encontraba la sustitución de los hornos rotatorios por uno nuevo y la ejecución de la citada torre de precalentamiento, actuaciones que consideró «indispensables» para la posterior obtención de la Autorización Ambiental Integrada, que de esta manera «puede quedar en entredicho».
Insistieron en que desde un primer momento, la asociación argumentó que dicha licencia incumplía el PGOU y que debía de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para dar cumplimiento al principio de prevención en origen.
Además, resaltaron que el TSJA les da la razón al estimar que dichas obras no debían de haberse autorizado, ya que la cementera urbanísticamente se encontraba fuera de ordenación, no siendo su ubicación la idónea para albergar las obras acometidas, entre otras razones, por su proximidad a varios núcleos de población. En este sentido, Manuel Grund, miembro de la asociación, explicó que por estar fuera de ordenación «lo máximo que podían hacerse eran obras de mantenimiento».
La Sala de lo Contencioso también estima que la torre de 110 metros de la cementera excede la altura máxima permitida en el PGOU de 1998, de 35 metros, según precisó Grund.
Por otro lado, respecto a la actuación de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, dirigida entonces por Ignacio Trillo, el TSJA considera, según los vecinos, «improcedente» la exención en la tramitación del procedimiento de evaluación del proyect0 de impacto ambiental, concedida en su día por dicho organismo, improcedencia que radica en que las modificaciones realizadas por la cementera son tenidas en cuenta por el Tribunal, que las ve «sustanciales».
Para el abogado de la asociación, la sentencia abre «un nuevo horizonte jurídico que tendrá indudable trascendencia en el futuro urbanístico de la cementera y en la Autorización Ambiental Integrada concedida el 23 de julio de 2007 por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta que permite la valoración energética de residuos».
García Weil aseveró que no hay ninguna lucha contra nadie, sino «por la defensa del medio ambiente», al tiempo que indicó que «entendemos que la sentencia va a ser difícilmente recurrible, pero no imposible».
Finalmente, el letrado expresó la voluntad de los vecinos de conseguir que las distintas administraciones extremen «al máximo su celo para evitar la contaminación atmosférica del entorno de la cementera» y así proteger la salud de las personas que «ya han padecido durante años escapes, ruidos intolerables y el tránsito incesante de camiones por las calles de la ciudad transportando coque de petróleo (restos del refine del petróleo y derivados que se utiliza como combustible en la fábrica)», concluyó.
* La Opinión Málaga - Blanca Astorga - 19.7.12
Foto: cementera La Araña (Málaga)
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ELPAÍS/Alicante* : La política de grandes eventos y de proyectos frustrados del Consell acaparan la atención de la prensa internacional. El periódico The New York Times abrió el lunes su edición digital con un artículo sobre el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz, en Alicante, que sitúa como "ejemplo del frenesí valenciano" por la construcción grandes instalaciones, que "ha dejado un legado de 25.000 millones de dólares e infraestructuras en bancarrota" en la Comunidad Valenciana.
Los autores de la información, Doreen Carvajal y Rafael Minder, recuerdan que la Ciudad de la Luz, en sus inicios, fue proyectada como un "megaestudio de cine donde los cuentos de hadas se hacían reales", y donde las instalaciones "podían crear un desastre tipo tsunami en un enorme tanque de agua con vistas al mar Mediterráneo, como un Hollywood en la costa española".
Sin embargo, exponen que en la actualidad este tanque "está seco y los 54 acres de backlots están prácticamente desiertos". El complejo "está en venta y agobiado por atraer productoras", mientras las autoridades europeas "han dado un ultimátum a la Generalitat valenciana para que explique esta semana cómo pretende devolver los 325 millones de dólares de los contribuyentes indebidamente gastados en ambiciones de magnate del cine".
Al respecto, los periodistas estadounidenses estiman que la respuesta "podría ser breve", y citan las recientes palabras del vicepresidente del Consell, José Císcar, quien reconoció sobre este asunto que "realmente, no hay dinero para devolver". Los investigadores de la Comisión Europea "han sido particularmente críticos con los grandiosos estudios, en respuesta a las quejas de los estudios privados", que en su día, "denunciaron que Valencia estaba distorsionando la competencia de mercado con su fuerte financiación pública", y por ello han reclamado la devolución de las cantidades destinadas a este complejo.
Doreen Carvajal y Rafael Minder se remontan al año 2006, para apuntar que, por entonces "nadie se podía imaginar esta dura realidad". "Cuando el presidente de la Generalitat de Francisco Camps, posaba delante de las cámaras con el actor francés Gerard Depardieu", a quien "abrazó vestido" como Obelix, con motivo de la película Asterix en los juegos olímpicos rodada en este complejo.
En torno a Francisco Camps, apuntan que "eligió a un vendedor de coches [Modesto Crespo] e incondicional de su partido, para presidir Caja Mediterráneo (CAM), entidad que ayudó a financiar la construcción de los estudios y otros proyectos del gobierno, y que ha quebró el año pasado". De igual modo, New York Times recuerda que "los estudios, en los se han rodado 60 películas, fueron una inspiración del director Luis García Berlanga, que propuso hacer una escuela de cine en Alicante", si bien, el concepto derivó en un proyecto "mucho mayor, reflejo de las ambiciones de los políticos locales y del fácil acceso a la financiación".
Eventos extravagantes
En esta línea, el rotativo estadounidense además subraya que la Comunidad Valenciana también ha invertido en estos años en "un puerto para superyates, una casa de la ópera --en referencia al Palau de les Arts-- al estilo de la de Sidney, en Australia; un museo de ciencias futurista; el mayor acuario de Europa; un puente con forma de vela, y un aeropuerto que nunca ha registrado una sola llegada o salida". Completan la lista de "eventos extravagantes" la America's Cup y las carreras de fórmula 1, así como el parque temático Terra Mítica de Benidorm (Alicante), que, indican, "también ha quebrado". Además, hace referencia a la contratación del arquitecto "super estrella" Santiago Calatrava, afincado en Zurich, para varios proyectos, quien, recuerdan, "defendía sus honorarios de 115 millones de dólares como 'modestos' y 'por debajo de la media' de proyectos similares".
"La creación del estudio, en 2005, fue parte de una fiebre constructora que se repitió a lo largo de las 17 regiones autonómicas", indica el diario. "Conforme la crisis de la nación se ido ahondando, la combinación de los intereses --de banqueros, magnates de la construcción y autoridades de los gobiernos regionales--, responsables de los excesos como Ciudad de la Luz, han ido saliendo a la luz aquí y en otros lugares".
* El País - 10.7.12
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
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