ELPAÍS* : Decenas de conversaciones telefónicas, múltiples reuniones y varios planos demostrarían la supuesta connivencia del constructor Enrique Ortiz y los alcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi para diseñar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que saciara los intereses del promotor.
El juez instructor de la pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, en el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en el que pide la imputación de Castedo y Alperi a los que atribuye tres delitos (cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información), dedica casi la mitad de las 100 páginas del informe a esos supuestos pelotazos. El objetivo de Ortiz sería acaparar el mayor volumen de metros de suelo posible no urbanizable para poder reclasificarlo, y construir, o bien tener terrenos en parques para negociar, y adscribirlos a zonas urbanizables.
El juez incide que el suelo donde Ortiz logró compensaciones por tener terreno en parques naturales, como en las Torres de la Huerta, era suelo urbanizable que está junto a urbano cercano a la línea de costa, y con un potencial valor inmobiliario.
En una de las conversaciones grabadas por la policía Ortiz habla con uno de sus colaboradores al que le informa de su capacidad de decisión a la hora de alterar los proyectos:
Ortiz: Si te pregunta alguien su tienes el plano, dices que no.
Llorens: Ya lo sé.
Ortiz: Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul..., de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado.
El juez destaca el contenido de esta conversación porque manifiesta que Enrique Ortiz “está en disposición de influir para determinar la clasificación de un suelo de manera que pueda beneficiarle”. Otro episodio en el que se detiene el magistrado en su informe son las múltiples gestiones realizadas en el proyecto de remodelación o rehabilitación del Estadio Rico Pérez. Unas negociaciones que arrancaron en mayo de 2008 y concluyeron en noviembre de 2011 con el supuesto beneficio para el promotor de la obtención de suelo urbanizable junto al campo de fútbol.
El juez recuerda la adjudicación del 16 de abril de 2007 del estadio de fútbol a la mercantil Aligestión, SL, participada por Enrique Ortiz, por 7,8 millones de euros con la obligación de invertir en reparación y acondicionamiento 4.275.000 euros. Además, el informe del magistrado destaca una reunión en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento entre Ortiz, Castedo y Jesús Quesada, redactor del PGOU, que también está imputado. En esta cita, según el informe, la alcaldesa “comunica a Ortiz que se han atendido a sus pretensiones” sobre el estadio.
En la documentación que se remite al TSJ se incorporan sendos planos. En uno de ellos la clasificación del suelo donde se ubica el estadio, en el documento del concierto previo, es protegido, y el suelo de la calle de Ceres, ubicada al noroeste del estadio, era urbanizable. Y un segundo plano, que presentó el anterior equipo redactor del PGOU en diciembre de 2004, el suelo del estadio de fútbol tiene la clasificación de red primaria para equipamiento deportivo, y la calle de Ceres para equipamiento de servicio urbano.
Sin embargo, el 1 de julio de 2008 el redactor del plan, Jesús Quesada, entrega para su exposición pública la revisión del PGOU, en la que la parcela del Rico Pérez figura como suelo urbano con una calificación de terciario-industrial, cuyo objetivo es crear un área comercial, de 45.000 metros, y mejorar el campo de fútbol.
El juez en su escrito considera que la “actuación del imputado (Ortiz) pretende obtener aprovechamiento urbanístico en zonas susceptibles de ser clasificadas como Parques Naturales, concretamente en Fontcalent, donde las sociedades mercantiles en las que participa tienen suelo en propiedad y gestionan adquirir más”. En la revisión del PGOU aprobada la calle de Ceres figura como “suelo residencial, y excluyendo el estadio, como zona destinada a edificaciones en manzana cerrada”.
Por todo ello, el magistrado concluye que “existen indicios derivados del contenido de las conversaciones y documentación” de que en el 2004 el anterior equipo catalogó esa parcela dentro de la red primaria de equipamientos y “tras las reuniones y conversaciones” se pasó a tener la clasificación de suelo terciario-dotacional, y la calle de Ceres pasó a residencial.
El juez sospecha que Enrique Ortiz pretendía “obtener el mayor número de metros posibles en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible, y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a los intereses del imputado para obtener beneficio, así como a la clasificación del suelo de su propiedad como urbanizable”.
Las gestiones del promotor para conseguir el mayor rédito posible a sus inversiones fueron múltiples, y el juez destaca como Ortiz al redactor del PGOU, Jesús Quesada, le advirtió de “ser amigo” de Castedo y Alperi.
No obstante, el magistrado en sus conclusiones finales admite que el posible delito de aprovechamiento de información privilegiada del Enrique Ortiz con obtención de beneficios “sólo podrá consumarse una vez se ejecute el planeamiento del desarrollo a resultas de la revisión del PGOU aprobado definitivamente en el sector concreto que ha sido objeto de la investigación”. Un plan que, por ahora, está paralizado.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 6 JUL 2012
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
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ELPAÍS/Madrid* : El equipo de Gobierno de Tres Cantos está estudiando dar el permiso para que se construya en la finca de El Tagarral, un terreno que en estos momentos es suelo no urbanizable (una parte de protección agrícola de regadío y el resto de protección ecológica), según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta decisión, según su alcalde, Jesús Moreno, se adoptaría con la intención de evitar que los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo, así como la Comunidad de Madrid, tuvieran que abonar 60 millones de euros a las empresas propietarias de las fincas: Martinsa, Nozar y Masaveu, tal y como determinó una sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que ya es firme.
Este fallo judicial fijaba inicialmente el perjuicio que habían sufrido los empresarios al no recalificarse sus terrenos en 24 millones de euros, pero conforme han pasado los años sin que se ejecutara la sentencia el montante ha venido aumentando. Llegando a los 60 millones, a razón de 200.000 euros más cada mes.
El problema tiene su origen en los años ochenta, cuando Tres Cantos todavía pertenecía al Ayuntamiento de Colmenar Viejo. El Ayuntamiento aprobó en 1987 el plan general dejando fuera la finca del Tagarral, cuyo plan parcial había sido aprobado en 1967, pero que no se había construido. Por eso los propietarios recurrieron la decisión del Consistorio, dándole los tribunales siempre la razón. La última vez fue el TSJM en 2003, que fijó una indemnización que ahora mismo supera los 60 millones de euros. En 2007 la sentencia se convirtió en firme, por lo que el dinero debe ser pagado de forma solidaria por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Castos y el Consistorio de Colmenar Viejo.
Hasta hace unos meses todos los grupos políticos se oponían a la reclasificación de unas fincas, que los ecologistas consideran una joya natural, y que goza de protección agrícola y ecológica, según el plan general que aprobó en 1987 el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. De hecho, en 2005 la mayor parte de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Tres Cantos confirmaron en una moción su decisión de que no se especulara con los terrenos de El Tagarral.
En los últimos meses el Consistorio, gobernado por el PP, ha cambiado de estrategia y ha anunciado su intención de estudiar la posibilidad de reclasificar los mencionados terrenos, o al menos una parte, para evitar el pago de los 60 millones. “La moción de 2005 pedía que no se especulara con el terreno. Y esto lo cumplimos plenamente, fue una moción que suscribimos, y con esta decisión ni se quiere especular, porque solo se reclasificarán los terrenos si estos no reúnen las condiciones medioambientales”.
El anterior alcalde, José Folgado (PP), envió una carta urgente a todos los vecinos en los que abordaba el problema del terreno de El Tagarral. Las tres posibles soluciones, según el primer edil, eran: o bien pagar, esperar el embargo o reclasificar la finca.
Para el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, la mejor solución es recalificar los terrenos. “Nosotros estamos trabajando en la línea de llegar una solución para no pagar una indemnización”, explica en este sentido el regidor tricantino, que prosigue: “Seguiremos con lo que dicta el plan general, que dice que los suelos no están protegidos, están en suspenso, por lo que no habría que pagar nada. Tenía una protección agropecuaria para que hubiera animales, pero el mismo PGOU decía que Medio Ambiente estudiará qué terrenos son urbanizables y qué terrenos son agrícolas”.
Por ese motivo, Medio Ambiente está haciendo un estudio que decidirá si deben protegerse o ser urbanizables. Lo mejor es llegar a un acuerdo, ver qué características tiene el suelo las tres Administraciones con los propietarios y si reúne las condiciones del 87. Pero el Consistorio parece haber optado por la tercera, al encargar un estudio para constatar la viabilidad ambiental de la zona, y ver cómo se puede hacer el cambio de calificación de El Tagarral: “Y ese tiempo nos costará, solo en intereses de demora, otros 4,5 millones de euros”, aseguró el diputado socialista Miguel Aguado Arnáez, en una intervención en la Asamblea que versaba como punto único la situación de la finca de El Tagarral. “Hay una responsabilidad política, porque Tres Cantos pasará de los 42.000 habitantes actuales a alrededor de 100.000 habitantes. Creemos que destroza un área, destroza una ciudad, y complica las comunicaciones con Colmenar Viejo y otros municipios. La solución del PSM sería una permuta con los terrenos de igual valor. Ya clasificados y urbanizables”.
Los socialistas no son los únicos que critican la decisión del PP. Para el diputado regional de UPyD Gabriel López el plazo transcurrido desde que el Supremo dictaminó la firmeza de la sentencia en 2007, es, a todas luces, “injustificable”. “Hace pensar en un obstruccionismo impropio de instituciones públicas respetuosas con el ordenamiento jurídico”. Este diputado destacó, como una prueba más de la decisión del Ayuntamiento de rectificar los terrenos, la existencia de un acuerdo con los demandantes, en virtud del cual los empresarios se comprometían a no ejecutar la sentencia si los terrenos se reclasificaran. “El urbanismo no debe ser un mero instrumento para hacer caja ni para pagar deudas, como es el caso”, se lamentó este parlamentario de esta formación.
La diputada de IU-Los Verdes, Carmen Villares, destacó el hecho de que las constructoras Martinsa y Nozar compraron su parte después de la sentencia, abonando 180 millones de euros: “Resulta curioso que paguen tan alto precio sin garantía legal de poder edificar. Hasta el nuevo alcalde del PP se mostraba contrario a la reclasificación urbana antes de ser alcalde. Por eso desde IU queremos que se respete la moción presentada en 2006 y que en ningún caso se recalifiquen los terrenos, por las nefastas consecuencias económicas, sociales, y medioambientales que entrañaría para el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de Tres Cantos”.
Por su parte, el director general de Urbanismo y Estrategia Territorial, José Trigueros Rodrigo, señala que el hecho de que un suelo sea o no protegido “no es aleatorio”. Por eso, en un futuro, esos suelos, si no tienen valores para ser protegidos, podrían ser urbanizados. “Si El Tagarral no tiene que ser protegido, hagámoslo urbanizable, como se preveía en los años sesenta y setenta. Lo único que tengo que decirles es que estamos intentando acortar los plazos, porque somos conscientes también de que cada día que pasa, si no se llega a una solución urbanística nos cuesta unos cuantos euros más”.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 9 JUL 2012
Foto: Imagen de los terrenos de Tres Cantos en los que se ampliaría el Soto de Viñuelas. / ULY MARTÍN
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ELPAÍS* : Una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está inspeccionando desde el lunes el estado de ejecución de las 435 construcciones escolares incluidas en el plan Crea Escola de la Generalitat, para cuya cofinanciación la Unión Europea aportó entre los años 2006 y 2008 créditos por 800 millones de euros, que computan como deuda pública. El Gobierno valenciano debía financiar el resto del programa que supera los 1.600 millones.
De entrada, la delegación que visita esta semana la Comunidad Valenciana se ha interesado especialmente en preguntar por la relación de los más 100 proyectos de reforma integral y nuevas construcciones que todavía no se han ejecutado, pero que figuraban en los convenios firmados entre 2006 y 2008.
El BEI tiene que emitir “un informe de evaluación final del proyecto cuando el mismo haya concluido" y “valorar el impacto global tanto desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y financiero”, según consta en una respuesta por escrito de la división de reclamaciones del banco europeo a una queja de una asociación de padres afectada durante estos años por el retraso en la construcción del nuevo colegio. El BEI se comprometió a dar respuesta antes del 2 julio, justo la fecha en la que la delegación europea ha visitado in situ el colegio afectado.
Se trata del colegio público Ernest Lluch de Nàquera, incluido en el convenio con el BEI, cuyas obras están paradas desde hace dos años, pese a que se licitó el proyecto en 2010. Los padres se preguntan: “¿Cómo una obra licitada con su consiguiente consignación presupuestaria, en la que el BEI participa, puede no haberse ejecutado dos años después por falta de disponibilidad presupuestaria?”.
Este no es el único proyecto sobre el que planean dudas. El colegio público Max Aub de Alboraia es otro de los paralizados en 2010 y que la delegación europea ha visitado, además del nuevo colegio de la Patacona ya en marcha, acompañada por los arquitectos de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares, que la Generalitat que liquidó ayer.
La visita de la delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) coincide con la liquidación de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares creada por la Generalitat hace 11 años. Durante sus años de funcionamiento Ciegsa ha realizado 505 actuaciones (entre reformas y nuevas construcciones) por valor de 2.494 euros. Pero la Generalitat solo ha pagado 766, según el último informe de la empresa.
Aprobado el ERE de Ciegsa
Los 84 empleados de Ciegsa, entre arquitectos, aparejadores, ingenieros y el personal jurídico y administrativo han rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE), que ayer se aprobó en asamblea por unanimidad. Dos tercios de los empleados van a la calle. Sólo se quedan 33, según el documento que hoy se entregará a la empresa. La negociación ha permitido salvar 14 puestos de trabajo que iban a la calle.
Ciegsa, no obstante, tiene 335 actuaciones escolares pendientes: 17 obras en ejecución, 137 pendientes de ejecutar, 84 en fase de redacción y otras 115 en fase de gestión del suelo. Eliminada la Dirección de Régimen Económico de la Consejería de Educación en 2011 (de la que dependían los arquitectos de obra escolar) no hay otro departamento que pueda dar continuidad a las obras del plan Crea Escola paralizadas prácticamente, desde 2010, cuando la falta de liquidez y la crisis financiera de la Generalitat empezaron a hacerse patentes.
Ante la falta de dinero de la Generalitat, Ciegsa se ha encargado desde hace años no sólo de las obras escolares, sino también del coste de la implantación de las aulas prefabricadas, y del equipamiento (mesas, sillas, pizarras y material informático).
Uno de los objetivos del convenio del BEI era acabar con las aulas prefabricadas. Pero, lejos de disminuir, el volumen de barracones se ha mantenido prácticamente intacto. Si en 2007, fecha del préstamo, había 1.111 prefabricados, en 2011 según el Informe Anual del Defensor del Pueblo, se mantenían 1.091.
En cada firma de los acuerdos de préstamos de 800 millones con el BEI se ha insistido en la necesidad de acabar con los prefabricados. Así lo expresaron su presidente y vicepresidente, Philippe Maystadt y Carlos Costa, durante firma de 2007. “El programa Crea Escola permitiría la desafección de 386 aularios”. El objetivo se volvió a repetir en la firma del convenio de 2008.
La última visita de una delegación del BEI fue en 2009, según confirma la Consejería de Educación. Desde entonces, “el último crédito del BEI aprobado en 2010 para financiar nuevas obras de los programas Crea Escola y Millora Escola, no ha sido firmado y por tanto no ha sido desembolsado”, confirma la respuesta escrita del BEI a los padres del colegio público Ernest Lluch. Un centro en el que todo el alumnado de infantil estudia en barracones. Los padres se han movilizado durante todo el curso para denunciar esta situación.
Fuentes del banco europeo aseguran que la visita de la delegación técnica "es rutinaria, forma parte del seguimiento que el BEI hace sobre la evolución de los proyectos".
* NEUS CABALLER Valencia 4 JUL 2012
Foto: El Ampa del colegio público Ernest Lluch de Nàquera pidió explicaciones a la Consejería de Educación en marzo pasado.- elpais
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PERIODISMOHUMANO* : Los ‘pelotazos’ urbanísticos fallidos, en los que participaron la mayor parte de los bancos y cajas españoles, han llevado a la ruina a cientos de empresas y al paro a decenas de miles de ciudadanos, pero dejarán intacto al sistema financiero. Las operaciones especulativas de ayer se han convertido hoy en activos tóxicos, es decir, viviendas y suelos sobrevalorados. El desfase entre su valor real y el expectante que marcaron las tasaciones bancarias será pagada por todos los ciudadanos por triplicado: mediante sus hipotecas, por la reducción de servicios públicos y través de sus impuestos, según coinciden algunos expertos. La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron Estados Unidos o Islandia, no se la plantea nadie en la UE por miedo a que ello propague un “pánico contagioso”.
El rescate europeo a la banca española les facilita un crédito de hasta 100.000 millones de euros para ‘limpiar’ sus activos tóxicos derivados del ladrillo. Si se llegará a utilizar o no todo este dinero, y su reparto entre las distintas entidades bancarias afectadas, es todo un misterio. Dependerá de las auditorias externas que el Gobierno español ha aceptado para nuestro sistema financiero y del seguimiento estrecho de las condiciones del rescate que realizará la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), ante el descrédito internacional del Banco de España como regulador. La auditoria realizada por los privados Wyman y Berger estima que como máximo se necesitarán 62.000 millones, sobre todo para sanear las entidades nacionalizadas, que son Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, pero es sólo una primera aproximación. Por lo pronto el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado ya 13.869 millones al sistema financiero.
El problema es que los mercados internacionales, los que prestan el dinero tanto a los bancos como al Gobierno español, creen que la situación está tan deteriorada que las entidades de crédito no serán capaces de devolver el préstamo europeo y, por tanto, buena parte de este dinero se convertirá en deuda pública, puesto que el responsable último de la devolución es el propio Gobierno. De confirmarse esto último, los expertos coinciden en que ésta sería una “década perdida” para España, puesto que la ruina bancaria, resultado de su especulación con valores inflados de productos inmobiliarios, gangrenaría de tal forma la economía española que no sería capaz de comenzar a crear empleo neto hasta al menos 2017, al mismo tiempo que se tendrían que seguir recortando las prestaciones sociales, por lo que las consecuencias de deterioro del nivel de vida de la población ahora mismo son incalculables.
De esta forma, son los ciudadanos los que financian a la banca, y no al revés. Y si las entidades no quiebran, gracias a la financiación pública, podrán ‘hibernar’ sus activos tóxicos, sus viviendas y especialmente sus suelos rústicos altamente sobrevalorados, hasta un momento futuro en que puedan revenderlos a mejor precio que el actual. Así se evitaría que estalle del todo la burbuja inmobiliaria y conservarla en cambio para su reactivación en un futuro relativamente cercano.
Una burbuja que tuvo como elemento clave de origen la Ley estatal del suelo de 1998, en la que se establecía que el valor de un terreno no se debía medir por su propia naturaleza y entorno (protegido, rústico, urbano o urbanizable), sino por el valor “expectante” de mercado. Como consecuencia las empresas de tasación, vinculadas o pagadas por las propias entidades financieras, comenzaron a atribuir a viviendas y suelos valores cada vez más elevados.
Entre 1997 y 2007 el precio de las viviendas aumentó un 288 por ciento, según la Fundación BBVA. A su vez, el 84 por ciento de esta subida se debió a la repercusión del coste del suelo, cuyo precio se quintuplicó en este mismo periodo. Las altas hipotecas que hoy siguen pagando decenas de miles de españoles, y por las que muchos estás siendo desahuciados, proceden de ese proceso. La ley se cambió en 2006, volviendo a la valoración de los suelos por su situación real, pero sucesivas prórrogas en su aplicación a los balances de las empresas han provocado que, a efectos de contabilidad bancaria, nunca se haya revisado en profundidad el valor de los terrenos de su propiedad.
Según explican fuentes cercanas al sector, el procedimiento era sencillo: “Un señor de una empresa inmobiliaria invita a comer al propietario de una finca agrícola. Al terminar el almuerzo, le escribe en la servilleta que pueden hacer en sus suelos 1.000 viviendas, y del beneficio que obtengan sólo tienen que quitar 6.000 euros por vivienda. Así juntan seis millones de euros con los que pueden construir un campo de golf, lo que ya de por sí justificaría la recalificación de los terrenos. Y de paso le compraban el coche de bomberos al alcalde. Adquiere la finca con el valor expectante escrito en la servilleta, pero no la paga en el acto, sino que pacta pagos aplazados. Después va al banco con la misma servilleta y pide hipotecar la finca al valor expectante, y resulta que le conceden el crédito aunque el suelo siga siendo rústico. Así había hasta 200 operaciones en marcha en toda Andalucía, en suelos no urbanizables, lo que suponía que se hubieran construido 200.000 viviendas. Pero al final casi ninguna operación salió, y ahora son activos tóxicos de esos bancos que financiaron, y que vamos a pagar todos al menos por duplicado”, sentencia.
Un ex trabajador de la quebrada inmobiliaria Aifos, que también prefiere guardar el anonimato, confirma esta tesis: “Se hacían operaciones de 100 o 120 millones en base a castillos en el aire, a un mirlo blanco, como decíamos en el sector”. Un ejemplo claro de activo tóxico hibernado, a la espera de que vuelva a hincharse la burbuja, es la zona de Mangueta, en Vejer de la Frontera (Cádiz), una de las últimas playas vírgenes, completamente libre de construcción, del litoral gaditano. La mayor parte de las 270 hectáreas de este paraje fueron compradas en 2004 por una inmobiliaria vinculada a CatalunyaCaixa por unos 30 millones de euros a pesar de que era suelo rústico.
El avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Vejer llegó a contemplar en ese lugar la construcción de un máximo de 400 viviendas, 950 plazas hoteleras y un campo de golf. Sin embargo, la recalificación de los suelos nunca llegó a ser autorizada por la Junta de Andalucía. Al final, el Plan de Ordenación del Territorio aprobado por la Administración autonómica para la comarca gaditana de La Janda declara Mangueta como suelo no urbanizable de especial protección, permitiendo solamente la construcción de un hotel fuera de los primeros 500 metros del frente litoral. Ese suelo, a pesar de que nunca fue urbanizable, es por tanto ahora un activo tóxico.
“No sé cómo alguien pudo dar 5.000 millones de las antiguas pesetas por esos suelos, que sólo servían para plantar cebollinos. Para lo único que ha valido es para incrementar el precio de la vivienda en la zona y asfixiar a mucha gente con la hipoteca”, denuncia un dirigente político gaditano relacionado con esta operación. Pero CatalunyaCaixa no renuncia del todo. Según ha manifestado a Periodismo Humano esta entidad financiera, nacionalizada y en proceso de rescate, Mangueta sigue formando parte de su Plan de Gestión de Suelo. “Se trata de un suelo con tutela especial y un grado de maduración urbanística todavía inicial, si bien nuestro objetivo es la consolidación de nuestros derechos urbanísticos”, insisten.
Francisco Luis Benítez, politólogo y experto en redes y estrategias de comunicación relacionadas con el mundo financiero, lo tiene claro: “los suelos tóxicos los tienen en una incubadora, esperando a volver a la burbuja especulativa, sin duda, y en este plan, en diez años volveremos a ese modelo, que es totalmente insostenible”, vaticina.
A su juicio, “todavía no se ha pinchado de verdad la burbuja inmobiliaria, y deberían hacerlo. Hay dos millones de viviendas vacías, y su precio tiene que volver casi a los niveles en que estaban los precios de la vivienda en 1996. Porque si no, pasa lo que ahora, que los ciudadanos pagan ese desfase tres veces. Una por un precio inflado de las viviendas y unas hipotecas desmedidas. Dos, porque la inyección a la banca en forma de créditos participativos resta dinero al Estado y a la economía, porque son 5 puntos de nuestro PIB. Y tres, porque al final habrá que financiarlo vía impuestos, subiendo el IVA hasta el 21 por ciento y otros impuestos indirectos que gravan el consumo”.
Para que esto no sucediera, haría falta, según Benítez, un mayor control democrático del rescate bancario. “Debe crearse una comisión parlamentaria, con participación de todos los grupos políticos, para hacer un seguimiento exhaustivo del rescate a la banca y comprobar que el dinero que se inyecte sirva verdaderamente para refinanciar las entidades, y que no se meta dinero en entidades que no merecen ser salvadas. Hay que dejar caer lastres como Bankia y restructurar sólo lo necesario. En Estados Unidos dejaron caer a Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y la aseguradora AIG. Si tienen que caer bancos, que caigan, no pasa nada”.
“Los accionistas y los acreedores –continúa Benítez- pierden, pero qué le vamos a hacer, eso es el capitalismo. Y los impositores tendrían garantizados sus depósitos hasta 100.000 euros. Qué le vamos a hacer, ése es el riesgo de los bancos. El Estado no debería responder ante los accionistas, y si ha sido una estafa piramidal, como la de Forum Filatélico, pues que caigan, es lo que tiene la avaricia. Pero parece que aquí los tiros no van por ahí. Parece que lo que se pretende es reactivar el ladrillo y volver a la liberalización del suelo”, lamenta.
En su opinión, las soluciones tienen que venir de la mano de la política, no desde el mundo financiero. “Sin una política de gasto público que haga recuperar la confianza, el rescate no servirá para nada”, advierte. Además, “hay que nacionalizar las comisiones urbanísticas de aprovechamiento, con participación de las tres administraciones públicas, para hacerlas más transparentes y evitar que se muevan entre la alegalidad y la corrupción”. Y en la vertiente europea, “la UE está siendo solidaria con España porque es una economía demasiado grande, no se puede hacer lo mismo que con Grecia o Portugal. O se transforma en una auténtica unión fiscal y monetaria o la UE se dinamita. Si hay un problema coyuntural monetario, que Alemania vuelva temporalmente al marco y los demás nos quedemos en el euro, y así se produce una devaluación automática de la moneda”, aventura como posibles soluciones imaginativas.
La sobreprotección que Europa está brindando al sistema financiero, ahora en concreto el español, se puede deber al cambio de modelo productivo que se produjo a partir de los años ochenta, a partir de las liberalizaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que repercutieron en todo Occidente con la deslocalización industrial, para trasladar los centros de producción a países en vías de desarrollo, y la fuerte dedicación de las economías desarrolladas al sector financiero, debilitando el resto de su tejido productivo.
La crisis bancaria internacional está poniendo en cuestión ese modelo. “China está creciendo a un 5% anual, y eso para ellos no es crecimiento. Si Europa no les compra, se quedan sin mercados donde vender, donde exportar”, recuerda Benítez. Y a su vez, “tiene que haber vallas para los movimientos financieros especulativos. El Parlamento europeo aprobó una tasa para este tipo de movimiento y todavía no se ha aplicado”, lamenta. Actualmente en el mundo, por cada transacción de economía real se dan novecientas de tipo financiero, en las que la especulación hace multiplicarse el dinero, la rentabilidad, de forma artificiosa, “casi ficticia”. Así, esta nueva fase de desarrollo del capitalismo podría fácilmente denominarse “economía de ficción”.
* Periodismo Humano - 05.07.2012 · José Luis Gordillo
Foto: Viviendas, parcelas suelo rústico - JLG
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ELPAÍS/Pontevedra* : La subvención de 1,6 millones de euros que la Xunta y el Gobierno central acaban de dar a un geriátrico a medio construir promovido en Chandrexa de Queixa (Ourense) por un exalcalde popular no es la única que el Ejecutivo gallego ha entregado en los últimos meses a un edificio ilegal y con orden de derribo. Aunque el importe es muy inferior, la Xunta también ha subvencionado con 12.000 euros a través de otra línea de ayudas al Hotel Talaso Atlántico, una mole levantada a cien metros del mar en el límite de los ayuntamientos pontevedreses de Oia y Baiona que ha sido declarado ilegal por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Si en el caso del geriátrico ourensano la selección del proyecto a apoyar con fondos públicos para el desarrollo rural corrió a cargo de la Consellería de Traballo e Benestar, en el del hotel también ilegal de Oia fue el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, el que entregó la ayuda con cargo al Programa Innoempresa.
La línea de subvenciones de la que se ha beneficiado el talaso de Oia está destinada a “incrementar la capacidad innovadora de las pymes como medio para aumentar su competitividad, contribuir a su crecimiento sostenible y, en su consecuencia, favorecer el empleo y la generación de riqueza”. El Igape le entregó 12.112 euros, el 70% de ellos procedentes de fondos europeos, según certifica el Diario Oficial de Galicia del pasado 10 de abril.
Además, el Hotel Talaso Atlántico obtuvo esa subvención en detrimento de alguna otra empresa gallega, ya que la línea de ayudas fue convocada por el procedimiento de concurrencia competitiva. Esto es, no todos los proyectos que cumplían los requisitos y pidieron la subvención la obtuvieron, sino solo los mejor valorados por el instituto de crédito de la Xunta.
Sobre el Hotel Talaso Atlántico pesa desde 2007 una sentencia del Tribunal Superior que declaró nulas las licencias de construcción y decretó su derribo. Además, en diciembre el complejo de talasoterapia fue denunciado por varias irregularidades sanitarias cuando se detectó que sus aguas residuales eran arrojadas al mar con un elevado número de coliformes fecales, una contaminación que sobrepasaba ampliamente los límites legales. El vertido sin depurar se producía, además, a pocos metros de donde el recinto capta agua para sus tratamientos.
* El País - DAVID REINERO - 3.7.12
Foto: Oia (Pontevedra), hotel Talaso Atlántico - lavozdegalicia.es
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LLUÍS RABELL/Barcelona* :
Entre incredulidad y confusión, la polémica acerca del macro-proyecto del magnate Sheldon Adelson va abriéndose paso entre la ciudadanía. La opinión pública todavía está lejos de captar la extrema nocividad que, para la justicia social y medioambiental, representa la propuesta de Eurovegas. El gobierno autonómico, junto a poderosos grupos de presión mediáticos y empresariales, hacen gala de servilismo y demagogia. Servilismo hacia el –supuesto– maná inversor americano; demagogia hacia una ciudadanía traumatizada por el desempleo, blandiendo la promesa de miles y miles de puestos de trabajo.
En realidad, ni lo uno, ni lo otro. Lo que resulta indiscutible –y que nadie se atreve a negar– es que, si Eurovegas acaba recalando en el Delta del Llobregat, su construcción arrasará una comarca excepcionalmente fértil y un acuífero estratégico para la conurbación barcelonesa. Con ello, habría razones más que suficientes para que un gobierno democrático, responsable del patrimonio del país, vetase tajantemente el proyecto. Pero sus consecuencias van mucho más allá, y tal vez eso ayude a entender la actitud entreguista de nuestras elites económicas y la casta política afín.
En realidad, Eurovegas conecta con una vieja ensoñación de la burguesía barcelonesa: un modelo de ciudad liberal esbozado en los años del desarrollismo tardo-franquista, adaptado durante los años “olímpicos” a los parámetros de la globalización, y hoy reformulado en el contexto de la crisis. Es lo que se ha dado en llamar “la ciudad Copacabana”: una urbe post-industrial, orientada hacia la promoción del ocio, el turismo y los negocios, con un frente marítimo emblemático y lujoso, y una trama monumental atractiva para los visitantes. En su época, ese espejismo se conoció como “el Plan de la Ribera”. La crisis de los años setenta, así como las fuertes demandas vecinales que marcaron el fin de la dictadura, contrariaron su realización. Sin embargo, la sombra del “Plan” siguió flotando sobre las realizaciones de los ayuntamientos democráticos. La propia transformación del 92, bajo el impulso de Pasqual Maragall, con la construcción de la Villa Olímpica o el puerto deportivo, se inscribía plenamente en esa lógica.
Hoy, en plena debacle de la economía del tocho, el viejo fantasma vuelve a recorrer el litoral barcelonés. La ciudad no es sólo un ámbito de acumulación capitalista, sino que deviene ella misma mercancía. La parte central del puerto está hoy en plena fase de privatización, destinado a convertirse en un amarre exclusivo de yates. El alcalde Trias no deja de insistir en su idea de levantar un nuevo barrio residencial al pié de Montjuïc. Al tiempo que decrece la actividad productiva, la apuesta por una oferta turística masiva se convierte en el único horizonte económico que vislumbran las autoridades. La ciudad se convierte progresivamente en vitrina y en parque temático. Paralelamente, las restricciones presupuestarias paralizan la realización de equipamientos, se degradan los servicios públicos, crecen las desigualdades sociales – la distancia entre Distritos, por cuanto a esperanza de vida se refiere, se mide ya en años… La crisis y las políticas de austeridad minan la cohesión de la ciudad y la desvertebran. Finalmente, esa deriva neoliberal conlleva una gestión cada vez más restrictiva de la ocupación del espacio público, criminalizando disidencias y tratando como problemas de “civismo” manifestaciones de miseria social, como la pobreza o la prostitución.
Levantar una nueva Meca del juego a las puertas de Barcelona no sólo se sitúa en esa perspectiva regresiva, sino que aparece como un motor de arrastre de la economía especulativa. Un proyecto en las antípodas de la ciudad justa y solidaria que, históricamente, han defendido el sindicalismo y el asociacionismo vecinal de Barcelona, y hoy reivindican movimientos como el 15-M. La opacidad de las negociaciones en curso constituye en sí misma un insulto a la ciudadanía, una rotunda negación de la democracia participativa. Las exigencias formuladas por “Las Vegas Sands” van en el sentido de obtener de las autoridades un auténtico territorio de excepcionalidad jurídica donde no rijan las normativas medioambientales, de derechos laborales, de contratación de mano de obra extranjera, fiscales, de salud pública o de urbanismo actualmente en vigor. Sin contar con las costosas infraestructuras, a cargo del erario público, destinadas a facilitar los accesos al complejo de casinos, hoteles, franquicias y campos de golf proyectados.
¿Semejante desastre a cambio de “puestos de trabajo”? ¿Cuántos, por cuánto tiempo, de qué y en qué condiciones? ¿Habrá que recordar a algunos vendedores de elixir que Nevada encabeza el ranking del paro en Estados Unidos? Actualmente, en la zona fronteriza de la Junquera, que cuenta con el mayor prostíbulo de Europa, son las mafias proxenetas quienes hacen reinar su particular “orden social”. ¿Qué impacto no tendría en el crecimiento de las industrias del sexo y la explotación de las mujeres la realización de Eurovegas? Y, en fin, las conocidas aventuras asiáticas de Adelson, ¿no deberían acaso encender todas las alarmas? Las famosas “inversiones” pueden perfectamente materializarse a través de préstamos bancarios a la compañía que levanta el complejo en cuestión… avalados por el gobierno del país que “se beneficia” del proyecto. Si el invento sale mal, Adelson se va… y nos quedamos sin Delta y con deudas.
¡Basta ya de burbujas! Frente a la economía de casino y sus estragos, hay que reivindicar una ciudad democrática y aliada de su entorno natural. Semejantes proyectos depredadores nos recuerdan que, nunca como hoy, los derechos sociales, los avances en la igualdad de género y la justicia medioambiental han estado tan profundamente imbricados. Y, desde luego, como se grita en las protestas: “Eurovegas, ni aquí, ni en ninguna parte”. Un saludo fraternal al movimiento vecinal madrileño con quien compartimos, una vez más, anhelos y lucha por el futuro.
* Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona (FAVB)
* Público - Opinión - 25.6.12
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INFORMACIÓN* : El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en Castedo y Alperi, aforados en su condición de parlamentarios autonómicos (PP), indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.
La exposición razonada del juez especifica que "teniendo en cuenta la jurisprudencia y legislación vigente citada, a la vista de que concurren indicios de la posible comisión de hechos delictivos, y a los efectos de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pueda evaluar su competencia para conocer del procedimiento al concurrir, a juicio de este instructor, la necesidad de imputación formal de dos representantes legislativos de la Comunidad Valenciana, Dª. Sonia Castedo Ramos y D. Luis Bernardo Díaz Alperi, es por lo que se eleva la presente exposición razonada, estimando que este Juzgado no es legalmente competente para concluir la instrucción de la causa".
Este mismo texto es el que se remitirá a Valencia, a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia donde, de admitirse la causa, como todo apunta a que se hará, proseguirá la instrucción dirigida a partir de ese momento por uno de sus miembros: la componen la presidenta, Pilar de la Oliva, y cuatro magistrados más. De ahí habría que excluir a José Ceres, inmerso ahora en la instrucción de la presunta financiación ilegal del PP.
Lo que sí parece probable es que una de las primeras actuaciones que tendrá que realizar el instructor será la citación a declarar de Alperi y Castedo en calidad de imputados.
El fiscal Felipe Briones ha mantenido los mismos cargos tanto contra la regidora como contra Alperi que en su escrito inicial con el que se dio origen a este procedimiento. El acusador público considera que ambos representantes públicos son responsables de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho por facilitar datos secretos del planeamiento urbano de Alicante a empresario Enrique Ortiz a cambio de dádivas.
El juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.
Sobre este grupo de personas el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.
En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto".
En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.
Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.
La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.
* Información - M. GALLEGO / S. LLINARES / EFE - 5.7.12
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi (archivo) - adn
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LEVANTE/Valencia* : La Audiencia Nacional ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que ordenó paralizar la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, que contemplaba el derribo de 1.600 viviendas para urbanizar de nuevo el barrio con una avenida al mar, y decretó la suspensión de los derribos en la zona afectada, según ha explicado la plataforma Salvem El Cabanyal.
La Audiencia desestima con esta decisión los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana contra la orden dictada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que fue avalada hace un año por el Tribunal Supremo.
El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico en 1993 y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto.
Consell, Ayuntamiento y Gobierno central se enfrascaron en una maraña de recursos en las diferentes instancias jurídicas y parlamentarias. El Consell aprobó el decreto ley 1/2010 que pretendía blindar el plan especial de reforma barrio y que fue recurrido por el Gobierno que lo consideró inconstitucional.
Además, la orden ministerial fue recurrida por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana que consideraban que era inconstitucional y atacaba el autogobierno de los valencianos. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que la orden ministerial es "correcta" y que el Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio, como así hizo, pues "queda claro" que el Estado central es constitucionalmente competente en materia de protección y conservación general del patrimonio histórico.
En la resolución conocida hoy, la Audiencia indica que el ministerio es "respetuoso" y "no invade en modo alguno la autonomía local", pues la orden no le dice al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, sino sólo que lo previsto en el PEPRI es "ilegal" por constituir expolio. La alternativa deberá proponerla de nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la protección del patrimonio, según ha indicado en un comunicado la plataforma Salvem El Cabanyal.
Descarta también la Audiencia que existiera indefensión por parte del Ayuntamiento en el procedimiento, pues se le dio trámite de audiencia e hizo llegar su informe favorable al PEPRI. El tribunal repasa los distintos informes emitidos por instituciones y organizaciones de defensa del patrimonio, para concluir que del conjunto de ellos se deduce que la declaración de expolio estaría bien argumentada.
Cuatro meses después de dictarse la orden, el ministerio de González-Sinde tuvo que recurrir a los tribunales para exigir que la orden ministerial se cumpliera.
Barberá exigió sin éxito tras ser reelegida alcaldesa en mayo de 2011 que el Gobierno, todavía socialista, retirara el pleito del Cabanyal después de ganar en votos en la zona afectada.
* Levante - EP - 5.7.12
Foto: Valencia, el Cabanyal aérea - público
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ELPAÍS/Pontevedra* : La gestión alegre del urbanismo de Sanxenxo en tiempos de Telmo Martín y la actual responsable de área en la Xunta, Encarnación Rivas, recibió ayer una nueva palada de tierra con la sentencia del Supremo que confirma la ilegalidad del plan parcial para construir un hipermercado Eroski de 8.000 metros cuadrados y una urbanización, en una parcela del Suelo Urbanizable nº5 en Seixas-Padriñan, junto a la conexión con la autovía do Salnés. El acuerdo se aprobó a espaldas del Pleno en 2005, ilegalidad que se trató de subsanar sin éxito y que el tribunal entierra definitivamente.
El Supremo convalida un fallo del Tribunal Superior de Xustiza y entiende que la Junta de Gobierno local era “manifiestamente incompetente” para resolverlo de espaldas al Pleno “lo que supone privar al resto de ediles de la potestad de decisión, eliminando así el determinante sustrato democrático”. El PP acabó llevando el documento ante el resto de la Corporación en 2005 cuando se aprobaron varios convenios de una tacada. Pero el Supremo entiende que el apaño no fue legal, dado que el acuerdo previo era radicalmente nulo.El proyecto partió de un convenio entre Martín y la empresa, suscrito antes de que esta tuviese los terrenos, y en el que se preveía la cesión de tierras para instalaciones deportivas, que no se llegaron a levantar.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 2 JUL 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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EUROPAPRESS* : El B.O.de Cantabria ha publicado este viernes la Ley que modifica la de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y que permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico de protección ordinaria.
La reforma normativa, que entrará oficialmente en vigor el sábado, 30 de junio, responde a la necesidad de atender a una demanda social consistente en conceder al suelo rústico una serie de usos que, respetando la necesaria protección de esta clase de suelo, permitan su puesta en valor y hagan posible darle un destino que coadyuve tanto a un desarrollo sostenible, como a la dinamización de los núcleos rurales tan necesaria en un contexto de crisis, según señala el preámbulo de la Ley.
Al respecto, subraya que la "auténtica defensa" del medio rural consiste en ofrecer a éste una alternativa real de futuro, que necesariamente pasa por otorgar al suelo rústico un catálogo de usos que haga atractiva su protección, su cuidado y su desarrollo y, por esta razón, la reforma amplía la relación de usos y actividades que podrán llevarse a cabo en el suelo rústico con la finalidad de favorecer su dinamización social y económica.
Así se configura un régimen transitorio, hasta la aprobación de los correspondientes Planes Especiales, que permite de forma inmediata la construcción de vivienda unifamiliar aislada, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, cumpliendo una serie de límites recogidos directamente en la Ley.
Según recoge el texto, por un lado se intenta facilitar y potenciar en todo el suelo rústico la recuperación de las edificaciones existentes antes de acudir a la construcción de otras nuevas, puesto que la restauración de lo ya existente coadyuva tanto a un desarrollo sostenible del medio rural como a su protección, al limitar el consumo de suelo rústico para usos constructivos.
Por eso, se permiten las obras de restauración, renovación y reforma de dichas edificaciones, y se admite la posibilidad de su cambio de uso, siempre que el mismo sea compatible con el planeamiento territorial y urbanístico, e, incluso, se permite la ampliación de la superficie construida hasta un 20%, siempre que se trate de edificaciones incluidas en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, y se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que determinaron su inclusión en el Catálogo.
Por otro lado, el modelo de crecimiento que se propone con esta reforma legal es el del desarrollo moderado y sostenible en torno a los núcleos existentes, que es la forma de crecimiento tradicional de los núcleos rurales.
Así se pretende orientar el crecimiento en los ámbitos próximos al suelo urbano, en las tradicionalmente denominadas corolas, mediante viviendas unifamiliares aisladas, que perpetúan y arraigan en el terreno las relaciones sociales y familiares posibilitando y favoreciendo la fijación de la población en el territorio, y también mediante instalaciones en las que puedan llevarse a cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural "que aportan un indudable valor al medio rural".
Al mismo tiempo se persigue dotar a esta nueva posibilidad de crecimiento de todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una "auténtica protección" del suelo rústico, limitando la autorización a ámbitos espaciales muy concretos y próximos a los núcleos urbanos y tradicionales existentes, y exigiendo en todos los casos el debido respeto tanto a la tipología edificatoria preexistente, como al paisaje, al entorno y a los valores ambientales, con los que las nuevas construcciones tienen necesariamente que armonizar.
Además, se intensifica la esfera de la autonomía local, de modo que son los Ayuntamientos los que asumen las competencias para la autorización de ciertas actuaciones, con lo que "se agiliza y acerca" al ciudadano la resolución de estos procedimientos, y, por otra parte, se otorga a los municipios la posibilidad de modular y de decidir el nivel de aplicación de las nuevas medidas en el ámbito territorial de su término municipal.
¿Qué usos se autorizan?
En concreto, en el suelo rústico de protección ordinaria podrán ser autorizadas las construcciones necesarias para la realización de actividades relativas a la elaboración y comercialización de productos tradicionales o derivados de la actividad agropecuaria, y los servicios complementarios de dichas actividades, así como las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas.
También se permitirán los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones deportivas y de ocio descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes, o que ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes, sin perjuicio de la posible adecuación a estos nuevos usos.
Además se autoriza la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos establecidos la Ley.
Para la construcción de una vivienda, la parcela mínima será al menos de dos mil metros cuadrados, salvo que el planeamiento establezca una parcela mínima inferior, y la altura máxima de las viviendas que puedan autorizarse no será superior a nueve metros, medidos desde cualquier punto del terreno en contacto con la edificación hasta su cumbrera.
* La Vanguardia - Ya encontré - 29/06/2012
Foto: Cantabria, viviendas con sentencia derribo - EFEMM
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DIARIOPROGRESISTA* : El Ayuntamiento de Galapagar (PP), ha iniciado los trámites para promover una "modificación puntual de las normas urbanísticas" con el fin de edificar 652 viviendas sobre suelo actualmente calificado como rústico. Dicha actuación urbanística supondría alrededor de 2.000 habitantes más para un municipio que cuenta actualmente con 32.500 habitantes y quedará exclusivamente en manos de la promotora Ikasa.
La promoción privada, publicitada como “Los Altos de La Navata”, ha quedado ya en manos de la promotora Ikasa, que incluso ha impreso miles de folletos promocionales con textos sospechosamente favorables al Ayuntamiento de Galapagar.
Se da la paradoja de que el madrileño municipio de Galapagar no cuenta actualmente con ningún planeamiento urbano legal, ya que la realidad de su suelo se regula por las Normas Urbanísticas de COPLACO aprobadas en 1976.
Galapagar es, por tanto, el único municipio de la Comunidad de Madrid que cuenta con un planeamiento preconstitucional y un lugar en el que la especulación urbanística ha campado a sus anchas en los últimos 35 años. Es también el único municipio de Madrid donde las presiones urbanísticas se notan: en los últimos 14 años se han sucedido seis alcaldes.
Para el Alcalde del Partido Popular Daniel Pérez, que logró la alcaldía el año 2008 mediante una moción de censura con un grupo independiente de la localidad que adquirió de inmediato la Concejalía de Urbanismo, <“Los Altos de la Navata” es la oportunidad que Galapagar lleva esperando décadas y ahora no la podemos dejar escapar, más aún cuando una inversión privada a elegido nuestro municipio para atraer actividad económica y generar empleo>. Palabras que coinciden con las escritas en los lujosos folletos distribuidos ya por toda la población, y pagados por Ikasa, en los que se habla de “3.500 puestos de trabajo” o en que la actuación urbanística supondrá una inversión de “100.000.000 millones de euros con coste cero al Ayuntamiento”, siendo la primera vez que una urbanizadora se preocupa por lo que el proyecto pueda costar al consistorio.
Algunos vecinos, como Luis M., aseguran haber visto últimamente a diversos directivos de Ikasa “entrar y salir de la nueva casa” que el Alcalde ha comprado recientemente en el municipio (antes vivía en Las Rozas), y quedarse en la misma durante las horas de las comidas o las cenas.
Cifras de infarto
Nadie diría que España está en crisis o que es cierto el desplome del mercado inmobiliario: Ikasa ha prometido “gastarse” en torno a 100 millones de euros en la exclusiva inversión de Galapagar, aunque no determina los plazos: lo que quiere primero es que el Ayuntamiento de apruebe las nuevas parcelaciones en un suelo que actualmente tiene el calificativo de “rústico”, es decir, que no se puede levantar ni un solo ladrillo.
Actualmente son pastos para vacas y caballos que abarcan un total de 359.663 m2. Se ha dicho que el 33 por ciento del suelo se cederá al Ayuntamiento para equipamiento público y viviendas de protección, aunque la experiencia en Galapagar es que esas viviendas de protección “nunca se ejecutan”, como Gabriel V. denuncia que ocurrió en la Modificación de San Gregorio, que permitía edificar incluso bajo las líneas de alta tensión: las casas nunca se han edificado, aunque la parcelación del suelo benefició a la familia de uno de los concejales que la aprobó. Lo que si ha previsto el Ayuntamiento es suelo para otras promociones privadas, como un gigantesco Colegio Concertado de casi 30.000 m2, un nuevo centro comercial o un exclusivo club deportivo para hípica, tenis o pádel.
El grupo Ecologistas en Acción ha considerado que “no se debe desproteger la zona porque linda con el Parque Regional del Guadarrama y con montes preservados, tiene una parte de encinar y de fresneda, y cuenta con praderas húmedas y pastizales de alta calidad”, y otros vecinos denuncian que en el último avance de plan general de ordenación urbana que se presentó en el año 2009, y todavía está en tramitación, esta área venía ya definida para el futuro con “la mitad de viviendas de las que ahora se planifican con esta nueva modificación urbanística”.
Tras haber logrado elevar al pleno la aprobación de la modificación puntual de las normas, se abrirá el periodo de exposición pública y alegaciones, en el que el Alcalde se ha afanado en intentar explicar detenidamente a todos los vecinos lo relacionado con este proyecto en el que quedan excluidos cualesquiera otros propietarios del municipio.
Galapagar, solo pelotazos
Los últimos tiempos han llamado la atención por el elevado número de “sospechosas modificaciones puntuales” que se han llevado a cabo en Galapagar, un municipio que carece de Plan General de Ordenación Urbana-PGOU desde 1976.
Efectivamente, el 28 de marzo de 2006 se aprobó una Modificación Puntual de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Galapagar, en el ámbito de la Unidad de Ejecución San Gregorio. Esta modificación, también impulsada por un gobierno del PP, supuso un “pelotazo” que fue llevado a los Tribunales, incluso hasta el Tribunal Supremo, aunque finalmente no dieron la razón a los recurrentes, pese a reconocer que los proyectos no estaban firmados por funcionarios municipales.
Posteriormente, durante el verano de 2011 se promovió a instancias del Instituto Religioso “Hijas de Santa María del Corazón de Jesús”, una nueva modificación “no substancial” también aprobada por el PP que permitió refundir en un nuevo polígono dos suelos separados por dos kilómetros que sumaban entre ambos casi 50.000 metros cuadrados. En este caso el beneficio “social” fue para las monjas, que pueden ampliar el colegio que regentan en un espacio que estaba ya colmatado, aunque la ampliación ha sido denunciada ante diversos organismos públicos al “intentar promoverse en un recinto donde se ubica una cripta ilegal” que no cuenta con los permisos oportunos, e intentar mantener esta actividad funeraria con la de un colegio infantil.
* Diario Progresista - 25 DE JUNIO DE 2012
Foto: Galapagar (Madrid), ayuntamiento - infogalapagar
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DIARIOCÓRDOBA* : La paciencia de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor) se ha acabado y ayer difundió su intención de denunciar ante la Fiscalía a Endesa y a Urbanismo al haber varios bloques de pisos acabados que no pueden ser habitados por falta de luz. Como adelantó este periódico, en los planes parciales del Zoco (O7) y de la Arruzafa (O1) hay media docena de bloques con más de 400 pisos terminados, que están a la espera de la licencia de primera ocupación y que son víctimas del parón del Plan de Infraestructuras Eléctricas (PEIE), paralizado en el 2008, a pesar de que las obras se han reanudado. Eso se traduce en más de mil personas pendientes de que se resuelvan los trámites necesarios. A los problemas que esto les acarrea, se une ahora el temor de una subida del IVA por esta demora.
Construcor culpa a Endesa por negarse a "facilitar la documentación necesaria para que los compradores puedan contratar el suministro". Por ello, recaba información "para ejercitar las acciones penales que procedan" contra la compañía, ya que considera que "su forma de conducirse puede ser constitutiva de un delito de coacciones, al demorar de manera intencionada la solicitud de los enganches con el ánimo de imponer a las empresas unas acometidas más gravosas". Por ello, aconseja a las promotoras que exijan a Endesa que cumpla el compromiso de febrero del 2011 de dar luz a todo el que esté al día de los pagos y las anima a reclamar daños y perjuicios. Su secretario general, Francisco Carmona, advierte que Endesa sabe desde diciembre qué edificaciones se iban a terminar y necesitaban enganches. La asociación se plantea pedir el amparo de la Junta para que adopte medidas si Urbanismo no hace nada "para tutelar y proteger los derechos de quienes cumplen sus deberes". No entiende cómo no adopta medidas para "obligar a Endesa--Sevillana a que cumpla sus obligaciones".
El responsable de Sevillana en Córdoba, Alfredo Rodríguez, mostraba ayer su "perplejidad", ya que "desde el último acuerdo de Urbanismo, trabajamos en la línea de las acometidas provisionales de cada junta de compensación" y "nos hemos puesto a trabajar en las obras para que estén acabadas en plazo". Afirma que el parón en los enganches provisionales llegó en el 2010 por el impago de algunos sectores y el riesgo para el suministro de toda la ciudad. Sin embargo, ahora, con las obras de la subestación de Poniente en marcha, "el riesgo es asumible".
El presidente de Urbanismo, Luis Martín, insiste en que intenta "resolver una situación que dejó el anterior equipo de gobierno" y que Construcor sabe "desde siempre", ya que "participó en el convenio y en su modificación". Además, culpa del problema de los enganches a Endesa. Urbanismo no dará licencias mientras Endesa no garantice por escrito que los bloques terminados tendrán luz. Cada sector --O1 y O7-- lleva un ritmo y tiene problemas diferentes que están requiriendo múltiples reuniones a todos los niveles. Fuentes de ambos aseguran estar al día en los pagos y que todo está ya desbloqueado. En el O1 se están realizando las obras para la acometida y confían tener toda la documentación en quince días. Respecto al O7, ayer se produjo un encuentro clave, del que salió el compromiso de supervisar la semana que viene los centros de transformación y garantizar el suministro a los tres bloques acabados.
* Diario Córdoba - ISABEL LEÑA 30/06/2012
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.com
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ELPAÍS/Barcelona* : Las ferias inmobiliarias ya no son el coto privado de los promotores. Su historia de éxito queda ya muy atrás, y hoy los bancos, las nuevas grandes inmobiliarias, ocupan ese espacio. CatalunyaCaixa suele desembarcar a esos recintos con un arsenal de comerciales que llevan desde casas en el Pirineo catalán hasta segundas residencias en un megacomplejo en el Algarve portugués. La sobrecarga de ladrillo fue uno de los motivos que llevó a la que fue la segunda caja catalana —fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona— a precisar una inyección de fondos públicos de 2.968 millones de euros a través de créditos y capital y a su nacionalización el año pasado.
La intensa actividad promotora de la entidad, una estrategia de expansión territorial ligada a la concesión de hipotecas, una dependencia excesiva del mercado interbancario y un control de riesgos que fuentes cercanas a la entidad definen como "muy laxos" pusieron contra las cuerdas a la antigua caja. El lastre del inmobiliario todavía lastra la cuenta de resultados.
El año pasado, Catalunya Banc registró unos números rojos de 1.335,2 millones de euros tras llevar contra los resultados unas provisiones extraordinarias de 1.505 millones para cumplir con los saneamientos exigidos por el Gobierno. Sin la carga del inmobiliario, dicen fuentes de la entidad, Catalunya Banc es rentable, puesto que este año prevé generar unos beneficios de 200 millones antes de las provisiones.
Los actuales gestores de la entidad —participada en un 89,8% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)— pretendían con esas provisiones dejar limpio su balance para seguir con su proceso de venta, que querían cerrar en julio. Sin embargo, el Banco de España ha aplazado la subasta del banco hasta conocer sus necesidades exactas de capital. Fuentes del sector que han accedido al cuaderno de venta aseguran que los requerimientos son como mínimo de unos 5.000 millones de euros. Los actuales gestores, encabezados por Adolf Todó, defienden que el 98% de los préstamos tóxicos, que cifran en 12.000 millones de euros, se concedieron antes de 2008.
Siempre a la sombra del transatlántico de La Caixa —la entidad incluso trató de emular a la primera caja catalana con una cartera de participaciones industriales—, la antigua Caixa Catalunya, controlada por la Diputación de Barcelona y pilotada por Josep Maria Loza, se lanzó a la aventura inmobiliaria. En 2004, en plena efervescencia del ladrillo, Caixa Catalunya se había propuesto promover más de cuatro millones de metros cuadrados en el arco mediterráneo y Madrid de la mano de promotores locales, con los que creaba sociedades en las que participaba en un 50% con su filial Procam. Entre sus socios están Armilar, Jale y Prasa. España pronto le quedó pequeña y saltó a Portugal junto a Prasa para construir un macroproyecto residencial, preparó el desembarco en Europa del Este y se alió con Premier para levantar pisos en París.
Fuentes del sector explican que la estrategia global fue "desastrosa". Muchas de esas alianzas saltaron por los aires a medida que las promotoras iban encontrándose en aprietos o solicitaban el concurso de acreedores. A veces por una "cuestión reputacional", dicen estas fuentes, la entidad compró la mitad de las participaciones que tenía su socio. "Pasaron de tener el 50% del problema a tener el 100%", afirman estas fuentes. Y a su vez, añaden, no solo se quedaban con suelo y pisos, sino también con las deudas de la sociedad.
La construcción de nuevas promociones ya era una forma de crecer: un nuevo barrio, una nueva oficina. Pero la caja se lanzó a una expansión a otras comunidades a base de prestar, en especial para hipotecas y promotores, en muchas ocasiones sin más garantía que la revalorización que iba a experimentar ese inmueble. Entre 2003 y 2007 la entidad abrió unas 300 oficinas, sobre todo en Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. A la par, la entidad se volcaba en la concesión de créditos a promotores, a los que apenas se pedían recursos propios. Ese incremento del crédito, de hasta el 30% anual, fue acompañado por un débil control de riesgos, que, de hecho, dependía del área comercial. Por ejemplo, el 32% de las hipotecas se había dado por un importe superior al 80% del valor de tasación de la vivienda que se financiaba. "En Caixa Catalunya había dos obras sociales, la de verdad y la de dar créditos sin pedir nada", dice un consejero.
Para rematarlo, los órganos de gobierno apenas controlaban esa actividad. En una entrevista reciente en 8TV, el expresidente de la caja Narcís Serra aseguró que cuando asumió el cargo, en 2005, decidió impartir clases de una hora a los miembros del Consejo de Administración porque estos "no tenían preparación para seguir las cuentas ni la evolución de la caja". Serra y su antecesor, Antoni Serra Ramoneda, han criticado que las cajas se lanzaran a esa expansión, pero la justifican porque el resto hacía lo mismo. Narcís Serra, además, señala que esa euforia por el ladrillo empezó por el fiasco de la compra de la aseguradora de MNA, de la cual quiso resarcirse por la vía rápida.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, la morosidad se disparó. La entidad cerró 2008 con la mayor tasa de morosidad del sistema, pasando del 1% al 5,28% en un año. En enero de ese año, Loza había abandonado la caja con una indemnización de 10 millones de euros. En su lugar llegó el equipo encabezado por Todó, quien también generó polémica por una "prestación posocupación" de 3,55 millones.
La caja empezó entonces una política de venta de inmuebles con fuertes descuentos, daciones en pago a sus clientes y la reorganización de todo el grupo inmobiliario para mantener a raya la morosidad. Consiguió frenar la escalada y, en julio de 2009, Todó pilotaba la fusión con las cajas de Tarragona y Manresa, para lo que requería una inyección de 1.250 millones del FROB para empezar a sanearse. En una segunda tanda, el año pasado, recibió 1.718 millones y fue nacionalizada. El trabajo de la entidad hoy es hallar un comprador y tratar de mantener su marca comercial. Y, claro está, seguir deshaciéndose de todo el ladrillo de su mochila.
La Generalitat ansía la integración en el Sabadell
A pesar de que la fusión de cajas se materializó en 2010, cinco años antes ya se ideaba una fusión de las tres cajas vinculadas a las diputaciones de Barcelona, Tarragona y Girona. Ese plan no cuajó, y a la operación se sumó Caixa Manresa, la entidad que tenía menos problemas. A pesar de que el Banco de España prefería fusiones entre entidades de varias comunidades, combinando las sanas y las enfermas, la Generalitat presionó para mantener el máximo de capacidad financiera en Cataluña. Y aun así, las cajas Laietana y Penedès acabaron en la órbita de grupos de otras comunidades.
Hoy el devenir de CatalunyaCaixa es una de las principales preocupaciones de la Generalitat, que teme perder la que fue la segunda caja catalana. El Ejecutivo de Artur Mas y el empresariado catalán ansían, a la vez que alientan, una gran fusión entre la entidad y Banco Sabadell. Y, de hecho, el banco que preside Josep Oliu es una de las seis entidades que ha pedido información para una eventual puja por la entidad. Sin embargo, el Sabadell condiciona cualquier compra a la rentabilidad y la creación de valor para el accionista.
CatalunyaCaixa es la principal interesada por hallar pareja de baile, con la aspiración de mantener su marca comercial. A pesar de que sigue arrastrando una cartera problemática anterior a 2008 que la ha llevado a requerir fondos públicos, la caja sostiene que sigue aumentando la captación de recursos a la vez que continúa zafándose de los inmuebles. "El proyecto, sin mochila inmobiliaria, es sólido y viable. Prueba de ello es que en 2011, sin provisiones inmobiliarias, el margen ordinario de explotación fue positivo, de 304 millones de euros", sostiene la entidad.
* El País - LLUÍS PELLICER Barcelona 27 JUN 2012
Foto: Manel Rossel (izquierda), Narcís Serra, Gabriel Sabaté y Adolf Todó en la fusión de las cajas catalanas. / TEJEDERAS
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : El Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo ha aprobado una Resolución en la que da totalmente la razón a Ecologistas en Acción por una queja que presentamos contra una macrourbanización en Barbate aprobada por la Junta de Andalucía en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Se trata del El Següesal, promovida por Bogaris, que con sus 467,2 hectáreas (4.672.000 metros cuadrados) se convertiría en una de las mayores de Andalucía. El proyecto -que ha sido el primero de Andalucía declarado de de Interés turístico en base al Decreto del Golf- incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe de alto standig… un gigantesco gueto que se asegura será totalmente autónomo.
Este proyecto fue excluido del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA). Pero paralelamente la Junta de Andalucía tramitó su declaración como complejo “de interés turístico”, que fue aprobado, en flagrante fraude de ley, el 26 de julio de 2011 por acuerdo del Consejo de Gobierno. Este proyecto incumple de forma clamorosa los límites del crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que no permite crecimientos superiores al 40% de la superficie urbanizable en ocho años, cuando El Següesal supondría triplicar la superficie urbana de este municipio.
Estos terrenos están clasificados en el actual PGOU como No Urbanizables, y en la Revisión del mismo, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2.008, se aumenta su nivel de protección, considerándolos en su totalidad como Suelos No Urbanizable de Especial Protección, incluyendo una parcela incluida en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Reclasificar estos terrenos solo para satisfacer un proyecto especulativo de una empresa concreta, es un autentico escándalo que nos retrotraería a la época más negra de la especulación y la corrupción urbanística.
No obstante este cúmulo de ilegalidades, la Consejería de Medio Ambiente (CMA) aprobó la autorización ambiental de este complejo -firmada por la todavía delegada e Medio Ambiente Silvia López-, que testimonia la claudicación de los responsables de medio ambiente de la Junta ante los intereses económicos de algunas empresas. La sra. delegada se negó a contestar a las 101 alegaciones que presentó Ecologistas en Acción en las que mostrábamos nuestra fundada oposición a que se otorgara la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por su enorme impacto ambiental y su absoluta ilegalidad.
Ecologistas en Acción solicitó la intervención del Defensor del Pueblo por entender que la Junta de Andalucía está vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos en asuntos públicos y su propia normativa en relación con la ordenación del territorio y del medio ambiente (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de la Janda, PGOU de Barbate, normativa de espacios naturales protegidos, Directiva Hábitat…).
La Resolución aprobada por el Defensor del Pueblo el pasado día 15 incluye una dura crítica a la tramitación de este expediente por la CMA al no contestar a las fundadas alegaciones de Ecologistas en Acción y no darle trámite de audiencia, cosa que sí hizo con la promotora. Chamizo recuerda “la obligación de motivar los actos administrativos con una explicación sobre las razones de la decisión adoptada, con la finalidad de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto”. En la Resolución queda claro que no se contestó a las alegaciones de Ecologistas en Acción, en contra de lo que aseguró por escrito la delegada provincial Silvia López.
Chamizo concluye la Resolución que ha dirigido al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente solicitando que se declare “la existencia del vicio de anulabilidad expuesto y, en consecuencia, actuar conforme previene la normativa reguladora del procedimiento administrativo común a los efectos de solventar la situación descrita, retrotrayendo el procedimiento administrativo a la fase de audiencia de los interesados prevista en el artículo 22 del Decreto 356/2010. Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución. Así mismo, se garantizaría el respeto de los derechos constitucionales y Estatutarios que consideramos afectos”.
Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por este pronunciamiento claro y contundente del Defensor del Pueblo en contra de las tramitaciones chanchulleras que realiza Medio Ambiente para justificar todo tipo de proyectos urbanísticos en manifiesta vulneración de las normas legales aprobadas por el Parlamento andaluz y la propia Junta de Andalucía, y en contra de toda lógica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, de lo que los responsables de esta consejería parece no haberse enterado.
Ecologistas en Acción espera que el nuevo consejero responsable del medio ambiente anule la autorización ambiental unificada (AAU) a esta urbanización y se proceda a dar instrucciones precisas a las delegaciones provinciales para que dejen de avalar este tipo de proyectos especulativos.
* Ecologistas en Acción - 25.6.12
Foto: Barbate (Cádiz), zona nueva urbanización Següesal - ecologistasenaccion.org
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MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* :
Sólo en los primeros cuatro meses de 2012 se han producido más de 600 incendios. De ellos, 750 hectáreas se quemaron en el corazón del parque natural de Fragas de Eume, en A Coruña. Después, en mayo, ardieron en Rasquera, en Tarragona, más de 3.000 hectáreas y, al cierre de esta edición, otras 500 de monte se habían calcinado en Castellet i la Gornal, en Barcelona. El 85% de los fuegos que arrasan nuestros bosques son provocados por la intervención humana, por negligencia o intencionadamente, y sólo el 10% se atribuyen a fenómenos naturales. Este año, a estos factores hay que sumar otro: los recortes presupuestarios.
El medio ambiente también va a acusar las políticas neoliberales. Está previsto que se empleen menos medios técnicos, pero sobre todo menos medios humanos para la Campaña de Incendios que se inició, en casi todas las comunidades autónomas, el 1 de junio y que estará vigente hasta el 30 de septiembre.
Según los datos oficiales, los recortes van del 50% en Castilla y León, con respecto a los presupuestos de 2011, el 20% en Castilla La Mancha, País Valencià un 13%, Galicia, entre un 20 y un 30%, al 5% en la de Madrid, entre otras comunidades. Sin embargo, sindicatos y asociaciones de trabajadores forestales explican que los recortes en la campaña antiincendios son mayores que los anunciados por las administraciones. En el caso de Madrid, según los trabajadores forestales del Infoma (Incendios Forestales de Madrid), la disminución de recursos humanos es mayor.
F.H., iniciales de un trabajador de los retenes forestales de la Comunidad de Madrid, denuncia a DIAGONAL: “Trabajamos en colaboración con los bomberos de la Comunidad de Madrid. Normalmente, vamos cinco personas en el camión, de ellas uno es un bombero. Este año los bomberos de Madrid se han negado a ir a los retenes antiincendios”. Según este trabajador forestal, hasta ahora, la extinción de incendios en los montes madrileños y zonas rurales la hacían estos funcionarios con horas extras. “Cobraban 32 euros por hora, con guardias de hasta 24 horas, una pasta, pero eso tiene una contrapartida, la Comunidad de Madrid no ha convocado plazas de bomberos desde hace más siete años y existe un déficit de más de 300 bomberos en esta región”.
La privatización del servicio
El 13 de junio, un par de días antes del inicio la Campaña de Incendios en Madrid, el cuerpo de bomberos de esa comunidad llevó a cabo una votación y decidió no hacer horas extras para ella. Denuncian que la postura de Esperanza Aguirre ante la falta de personal, supone un chantaje que les obliga a trabajar más durante todo el año. Según F.H., está clara cuál es la política autonómica en el plan de incendios: “Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid los incendios son un negocio. Se reduce personal y se privatiza.
La limpieza del monte y la extinción de los incendios la llevan a cabo, también, dos empresas privadas, MATINSA [filial de FCC] de Esther Koplowitz e INFOSA, de Florentino Pérez, empresario y actual presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid cada vez da más concesiones a estos empresarios en cuestión de incendios”.
En contraposición, la plantilla de trabajadores públicos de extinción de incendios del Infoma cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que les reconoce como empleados fijos-discontinuos y que la Comunidad de Madrid se niega a aplicar. A día de hoy, de los 238 trabajadores a los que se les reconoció su condición de fijos-discontinuos, el Gobierno regional solamente ha aplicado la sentencia a 109, tras manifestaciones y más denuncias. “Esperanza Aguirre no acata lo que han dicho los tribunales”, dice el empleado forestal.
Este trabajador asegura que el monte se entiende por el partido en el Gobierno como la posibilidad de sacar rédito económico, no como la obligación de la protección civil y del entorno como marca la ley. “El territorio en la región de Madrid tiene una peculiaridad diferente a otras comunidades autónomas, como por ejemplo la castellanomanchega. Hay una gran densidad de población y en la mayoría de los casos cuando se produce un fuego existen urbanizaciones cerca y eso hace que los incendios sean más peligrosos.
Este año, además, dos de los helicópteros antiincendios no han conseguido la certificación de aviación civil porque la documentación se ha presentado tarde. Con las dotaciones que hay para este verano, el sur de la región está desprotegido. Por tierra, desde el Parque contra Incendios de Arganda, que cubre 23 municipios, para llegar a muchos de esos pueblos es necesario invertir más de una hora por carretera, como en el caso de los municipios de Estremera o Carabaña”, advierte este trabajador.
Explica que la región cuenta con medios técnicos, como “un helicóptero que lleva una cámara muy potente capaz de detectar un conato de incendio a 50 km, pero no sirve para prevención ni extinción.Se empleó para seguridad durante la visita del papa. Y costó medio millón de euros”, afirma F.H.
Malas prácticas
Según los trabajadores de los retenes antiincendios, la Comunidad de Madrid no prohíbe prácticas peligrosas como que las cosechadoras trabajen a las tres de la tarde. Explican que “las palas de estás máquinas chocan contra las piedras y saltan chispas que en muchos casos producen incendios, además la paja de los cultivos arde rápidamente”. Todo esto unido al recorte en personal para los retenes.
Según F.H., “antes se contrataba a unos 400 trabajadores (tanto en extinción como en vigilancia). Ahora no llegamos a los 300, se pierde una media de dos retenes por año. El año pasado se contrató 160 trabajadores por cuatro meses. Este año, se han contratado sólo 60 personas para extinción en la Comunidad de Madrid, aunque se comprometieron a aumentar la plantilla. En las tareas de control, en 2011 había 40 torres de vigilancia hoy sólo hay 19 en toda la región”.
* Diagonal - Opinión - 1.7.12
Foto: Valencia, incendios ahora en la Sierra (todavía no incluidos en el artículo) - reuters
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LASPROVINCIAS/Valencia* : Cercle Obert ha anunciado que emprenderá nuevas acciones legales contra el proyecto del nuevo Mestalla "por favorecer a una empresa privada -Sociedad Anónima Deportiva Valencia, club de fútbol-, vinculada a Bankia, que nunca ha creado empleo ni aporta beneficios a la sociedad".
La entidad ha lamentado en un comunicado que este proyecto se haya aprobado "con excesiva celeridad e imprudencia", y ha recordado que la empresa privada deportiva "no ha parado de recibir ayudas financieras públicas, mientras el resto del tejido productivo vlenciano era abandonado por el Gobierno popular y por el resto de entidades financieras".
Con esta medida, Cercle Obert considera que el presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, y el del central, Mariano Rajoy, "siguen apostando por hundir el tejido industrial, al favorecer la especulación, la corrupción, el clientelismo y el despilfarro, pues apoyar una operación urbanística es apostar por seguir hundidos y siendo el hazmerreír internacional".
La entidad cívica valenciana considera "inadmisible" que exista dinero público para potenciar iniciativas privadas "ajenas al interés general", y que llevan años "demostrando su toxicidad y su falta de rentabilidad", mientras el Consell y el Gobierno central aprueban y aplican "intolerables e innecesarios recortes, que atentan contra los derechos humanos, la salud, la educación, y provocan nuevas desigualdades, desequilibrios y conflictos a toda la sociedad".
"El negocio que se mueve en torno al fútbol -ha agregado- sigue recibiendo todo tipo de apoyos estatales y públicas injustificados, mientras que la industria y el sector servicios, sigue siendo olvidado por aquellos que dicen ser nuestros representantes", ha lamentado.
La entidad cívica estima que "no hay motivo alguno" para aprobar ese proyecto estratégico, y ha lamentado la "falta de inteligencia y habilitad política" que demuestran los actuales representantes institucionales del PP.
* las Provincias - EP - 30.6.12
Foto: Valencia, nuevo Mestalla - lasprovincias
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ELPAÍS/Cádiz* : La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido abrir una queja de oficio ante las "noticias aparecidas en diversos medios de comunicación" sobre el plan parcial de Valdevaqueros, que el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha aprobado y que implica la posible construcción de cerca de 350 viviendas y establecimientos hoteleros con capacidad para 1.423 plazas en una playa salvaje. En su escrito del 31 de mayo de 2012 el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que la zona a urbanizar se encuentra entre dos parques naturales: el del Estrecho y el de Los Alcornocales. "En un lugar al parecer declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco", según el departamento que dirige José Chamizo.
El Defensor del Pueblo sostiene que "la ejecución del proyecto, en los términos previsto, podría acarrear consecuencias negativas para el sector turístico, habida cuenta que con el mismo se podrían en peligro los principales atractivos de la zona: playa virgen en la que practicar deportes acuáticos vinculados al viento".
El departamento de Chamizo afirma que, de cumplirse las advertencias realizadas por los colectivos ciudadanos y ecologistas contrarios al proyecto, "podría suponer la afección negativa de derechos contenidos en el título primero de la Constitución y en el título primero del Estatuto de Autonomía". El Defensor del Pueblo entiende que estarían en peligro los derechos a "disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", el de "vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable" y el derecho "a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad". También se vería afectado, según el escrito de la oficina de Chamizo, uno de los principios rectores de las políticas públicas, ya que "el turismo es considerado un elemento económico estratégico de Andalucía".
Por estas razones, esta institución ha decidido dirigir varios escritos para que ofrezcan información sobre el proyecto al Ayuntamiento de Tarifa, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a la de Fomento y Vivienda y a la de Turismo y Comercio.
El plan parcial de Valdevaqueros fue aprobado el 30 de mayo con los votos favorables de PP, que gobierna la ciudad, PSOE y PA. Tras la polémica surgida, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha anunciado que su departamento revisará de oficio los PGOU del litoral andaluz anteriores a 2006. El de Tarifa data de 1991, aunque ha sido actualizado en varias ocasiones. Respecto a los planes para la zona, ya se intentó en el pasado urbanizar la playa próxima de Los Lances sin éxito. La constructora encargada del proyecto está en concurso de acreedores.
* El País - Manuel Planelles - 19.6.12
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba
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