INFORMACIÓN* : El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en Castedo y Alperi, aforados en su condición de parlamentarios autonómicos (PP), indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.
La exposición razonada del juez especifica que "teniendo en cuenta la jurisprudencia y legislación vigente citada, a la vista de que concurren indicios de la posible comisión de hechos delictivos, y a los efectos de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pueda evaluar su competencia para conocer del procedimiento al concurrir, a juicio de este instructor, la necesidad de imputación formal de dos representantes legislativos de la Comunidad Valenciana, Dª. Sonia Castedo Ramos y D. Luis Bernardo Díaz Alperi, es por lo que se eleva la presente exposición razonada, estimando que este Juzgado no es legalmente competente para concluir la instrucción de la causa".
Este mismo texto es el que se remitirá a Valencia, a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia donde, de admitirse la causa, como todo apunta a que se hará, proseguirá la instrucción dirigida a partir de ese momento por uno de sus miembros: la componen la presidenta, Pilar de la Oliva, y cuatro magistrados más. De ahí habría que excluir a José Ceres, inmerso ahora en la instrucción de la presunta financiación ilegal del PP.
Lo que sí parece probable es que una de las primeras actuaciones que tendrá que realizar el instructor será la citación a declarar de Alperi y Castedo en calidad de imputados.
El fiscal Felipe Briones ha mantenido los mismos cargos tanto contra la regidora como contra Alperi que en su escrito inicial con el que se dio origen a este procedimiento. El acusador público considera que ambos representantes públicos son responsables de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho por facilitar datos secretos del planeamiento urbano de Alicante a empresario Enrique Ortiz a cambio de dádivas.
El juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.
Sobre este grupo de personas el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.
En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto".
En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.
Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.
La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.
* Información - M. GALLEGO / S. LLINARES / EFE - 5.7.12
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi (archivo) - adn
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LEVANTE/Valencia* : La Audiencia Nacional ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que ordenó paralizar la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, que contemplaba el derribo de 1.600 viviendas para urbanizar de nuevo el barrio con una avenida al mar, y decretó la suspensión de los derribos en la zona afectada, según ha explicado la plataforma Salvem El Cabanyal.
La Audiencia desestima con esta decisión los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana contra la orden dictada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que fue avalada hace un año por el Tribunal Supremo.
El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico en 1993 y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto.
Consell, Ayuntamiento y Gobierno central se enfrascaron en una maraña de recursos en las diferentes instancias jurídicas y parlamentarias. El Consell aprobó el decreto ley 1/2010 que pretendía blindar el plan especial de reforma barrio y que fue recurrido por el Gobierno que lo consideró inconstitucional.
Además, la orden ministerial fue recurrida por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana que consideraban que era inconstitucional y atacaba el autogobierno de los valencianos. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que la orden ministerial es "correcta" y que el Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio, como así hizo, pues "queda claro" que el Estado central es constitucionalmente competente en materia de protección y conservación general del patrimonio histórico.
En la resolución conocida hoy, la Audiencia indica que el ministerio es "respetuoso" y "no invade en modo alguno la autonomía local", pues la orden no le dice al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, sino sólo que lo previsto en el PEPRI es "ilegal" por constituir expolio. La alternativa deberá proponerla de nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la protección del patrimonio, según ha indicado en un comunicado la plataforma Salvem El Cabanyal.
Descarta también la Audiencia que existiera indefensión por parte del Ayuntamiento en el procedimiento, pues se le dio trámite de audiencia e hizo llegar su informe favorable al PEPRI. El tribunal repasa los distintos informes emitidos por instituciones y organizaciones de defensa del patrimonio, para concluir que del conjunto de ellos se deduce que la declaración de expolio estaría bien argumentada.
Cuatro meses después de dictarse la orden, el ministerio de González-Sinde tuvo que recurrir a los tribunales para exigir que la orden ministerial se cumpliera.
Barberá exigió sin éxito tras ser reelegida alcaldesa en mayo de 2011 que el Gobierno, todavía socialista, retirara el pleito del Cabanyal después de ganar en votos en la zona afectada.
* Levante - EP - 5.7.12
Foto: Valencia, el Cabanyal aérea - público
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ELPAÍS/Pontevedra* : La gestión alegre del urbanismo de Sanxenxo en tiempos de Telmo Martín y la actual responsable de área en la Xunta, Encarnación Rivas, recibió ayer una nueva palada de tierra con la sentencia del Supremo que confirma la ilegalidad del plan parcial para construir un hipermercado Eroski de 8.000 metros cuadrados y una urbanización, en una parcela del Suelo Urbanizable nº5 en Seixas-Padriñan, junto a la conexión con la autovía do Salnés. El acuerdo se aprobó a espaldas del Pleno en 2005, ilegalidad que se trató de subsanar sin éxito y que el tribunal entierra definitivamente.
El Supremo convalida un fallo del Tribunal Superior de Xustiza y entiende que la Junta de Gobierno local era “manifiestamente incompetente” para resolverlo de espaldas al Pleno “lo que supone privar al resto de ediles de la potestad de decisión, eliminando así el determinante sustrato democrático”. El PP acabó llevando el documento ante el resto de la Corporación en 2005 cuando se aprobaron varios convenios de una tacada. Pero el Supremo entiende que el apaño no fue legal, dado que el acuerdo previo era radicalmente nulo.El proyecto partió de un convenio entre Martín y la empresa, suscrito antes de que esta tuviese los terrenos, y en el que se preveía la cesión de tierras para instalaciones deportivas, que no se llegaron a levantar.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 2 JUL 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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EUROPAPRESS* : El B.O.de Cantabria ha publicado este viernes la Ley que modifica la de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y que permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico de protección ordinaria.
La reforma normativa, que entrará oficialmente en vigor el sábado, 30 de junio, responde a la necesidad de atender a una demanda social consistente en conceder al suelo rústico una serie de usos que, respetando la necesaria protección de esta clase de suelo, permitan su puesta en valor y hagan posible darle un destino que coadyuve tanto a un desarrollo sostenible, como a la dinamización de los núcleos rurales tan necesaria en un contexto de crisis, según señala el preámbulo de la Ley.
Al respecto, subraya que la "auténtica defensa" del medio rural consiste en ofrecer a éste una alternativa real de futuro, que necesariamente pasa por otorgar al suelo rústico un catálogo de usos que haga atractiva su protección, su cuidado y su desarrollo y, por esta razón, la reforma amplía la relación de usos y actividades que podrán llevarse a cabo en el suelo rústico con la finalidad de favorecer su dinamización social y económica.
Así se configura un régimen transitorio, hasta la aprobación de los correspondientes Planes Especiales, que permite de forma inmediata la construcción de vivienda unifamiliar aislada, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, cumpliendo una serie de límites recogidos directamente en la Ley.
Según recoge el texto, por un lado se intenta facilitar y potenciar en todo el suelo rústico la recuperación de las edificaciones existentes antes de acudir a la construcción de otras nuevas, puesto que la restauración de lo ya existente coadyuva tanto a un desarrollo sostenible del medio rural como a su protección, al limitar el consumo de suelo rústico para usos constructivos.
Por eso, se permiten las obras de restauración, renovación y reforma de dichas edificaciones, y se admite la posibilidad de su cambio de uso, siempre que el mismo sea compatible con el planeamiento territorial y urbanístico, e, incluso, se permite la ampliación de la superficie construida hasta un 20%, siempre que se trate de edificaciones incluidas en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, y se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que determinaron su inclusión en el Catálogo.
Por otro lado, el modelo de crecimiento que se propone con esta reforma legal es el del desarrollo moderado y sostenible en torno a los núcleos existentes, que es la forma de crecimiento tradicional de los núcleos rurales.
Así se pretende orientar el crecimiento en los ámbitos próximos al suelo urbano, en las tradicionalmente denominadas corolas, mediante viviendas unifamiliares aisladas, que perpetúan y arraigan en el terreno las relaciones sociales y familiares posibilitando y favoreciendo la fijación de la población en el territorio, y también mediante instalaciones en las que puedan llevarse a cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural "que aportan un indudable valor al medio rural".
Al mismo tiempo se persigue dotar a esta nueva posibilidad de crecimiento de todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una "auténtica protección" del suelo rústico, limitando la autorización a ámbitos espaciales muy concretos y próximos a los núcleos urbanos y tradicionales existentes, y exigiendo en todos los casos el debido respeto tanto a la tipología edificatoria preexistente, como al paisaje, al entorno y a los valores ambientales, con los que las nuevas construcciones tienen necesariamente que armonizar.
Además, se intensifica la esfera de la autonomía local, de modo que son los Ayuntamientos los que asumen las competencias para la autorización de ciertas actuaciones, con lo que "se agiliza y acerca" al ciudadano la resolución de estos procedimientos, y, por otra parte, se otorga a los municipios la posibilidad de modular y de decidir el nivel de aplicación de las nuevas medidas en el ámbito territorial de su término municipal.
¿Qué usos se autorizan?
En concreto, en el suelo rústico de protección ordinaria podrán ser autorizadas las construcciones necesarias para la realización de actividades relativas a la elaboración y comercialización de productos tradicionales o derivados de la actividad agropecuaria, y los servicios complementarios de dichas actividades, así como las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas.
También se permitirán los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones deportivas y de ocio descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes, o que ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes, sin perjuicio de la posible adecuación a estos nuevos usos.
Además se autoriza la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos establecidos la Ley.
Para la construcción de una vivienda, la parcela mínima será al menos de dos mil metros cuadrados, salvo que el planeamiento establezca una parcela mínima inferior, y la altura máxima de las viviendas que puedan autorizarse no será superior a nueve metros, medidos desde cualquier punto del terreno en contacto con la edificación hasta su cumbrera.
* La Vanguardia - Ya encontré - 29/06/2012
Foto: Cantabria, viviendas con sentencia derribo - EFEMM
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DIARIOPROGRESISTA* : El Ayuntamiento de Galapagar (PP), ha iniciado los trámites para promover una "modificación puntual de las normas urbanísticas" con el fin de edificar 652 viviendas sobre suelo actualmente calificado como rústico. Dicha actuación urbanística supondría alrededor de 2.000 habitantes más para un municipio que cuenta actualmente con 32.500 habitantes y quedará exclusivamente en manos de la promotora Ikasa.
La promoción privada, publicitada como “Los Altos de La Navata”, ha quedado ya en manos de la promotora Ikasa, que incluso ha impreso miles de folletos promocionales con textos sospechosamente favorables al Ayuntamiento de Galapagar.
Se da la paradoja de que el madrileño municipio de Galapagar no cuenta actualmente con ningún planeamiento urbano legal, ya que la realidad de su suelo se regula por las Normas Urbanísticas de COPLACO aprobadas en 1976.
Galapagar es, por tanto, el único municipio de la Comunidad de Madrid que cuenta con un planeamiento preconstitucional y un lugar en el que la especulación urbanística ha campado a sus anchas en los últimos 35 años. Es también el único municipio de Madrid donde las presiones urbanísticas se notan: en los últimos 14 años se han sucedido seis alcaldes.
Para el Alcalde del Partido Popular Daniel Pérez, que logró la alcaldía el año 2008 mediante una moción de censura con un grupo independiente de la localidad que adquirió de inmediato la Concejalía de Urbanismo, <“Los Altos de la Navata” es la oportunidad que Galapagar lleva esperando décadas y ahora no la podemos dejar escapar, más aún cuando una inversión privada a elegido nuestro municipio para atraer actividad económica y generar empleo>. Palabras que coinciden con las escritas en los lujosos folletos distribuidos ya por toda la población, y pagados por Ikasa, en los que se habla de “3.500 puestos de trabajo” o en que la actuación urbanística supondrá una inversión de “100.000.000 millones de euros con coste cero al Ayuntamiento”, siendo la primera vez que una urbanizadora se preocupa por lo que el proyecto pueda costar al consistorio.
Algunos vecinos, como Luis M., aseguran haber visto últimamente a diversos directivos de Ikasa “entrar y salir de la nueva casa” que el Alcalde ha comprado recientemente en el municipio (antes vivía en Las Rozas), y quedarse en la misma durante las horas de las comidas o las cenas.
Cifras de infarto
Nadie diría que España está en crisis o que es cierto el desplome del mercado inmobiliario: Ikasa ha prometido “gastarse” en torno a 100 millones de euros en la exclusiva inversión de Galapagar, aunque no determina los plazos: lo que quiere primero es que el Ayuntamiento de apruebe las nuevas parcelaciones en un suelo que actualmente tiene el calificativo de “rústico”, es decir, que no se puede levantar ni un solo ladrillo.
Actualmente son pastos para vacas y caballos que abarcan un total de 359.663 m2. Se ha dicho que el 33 por ciento del suelo se cederá al Ayuntamiento para equipamiento público y viviendas de protección, aunque la experiencia en Galapagar es que esas viviendas de protección “nunca se ejecutan”, como Gabriel V. denuncia que ocurrió en la Modificación de San Gregorio, que permitía edificar incluso bajo las líneas de alta tensión: las casas nunca se han edificado, aunque la parcelación del suelo benefició a la familia de uno de los concejales que la aprobó. Lo que si ha previsto el Ayuntamiento es suelo para otras promociones privadas, como un gigantesco Colegio Concertado de casi 30.000 m2, un nuevo centro comercial o un exclusivo club deportivo para hípica, tenis o pádel.
El grupo Ecologistas en Acción ha considerado que “no se debe desproteger la zona porque linda con el Parque Regional del Guadarrama y con montes preservados, tiene una parte de encinar y de fresneda, y cuenta con praderas húmedas y pastizales de alta calidad”, y otros vecinos denuncian que en el último avance de plan general de ordenación urbana que se presentó en el año 2009, y todavía está en tramitación, esta área venía ya definida para el futuro con “la mitad de viviendas de las que ahora se planifican con esta nueva modificación urbanística”.
Tras haber logrado elevar al pleno la aprobación de la modificación puntual de las normas, se abrirá el periodo de exposición pública y alegaciones, en el que el Alcalde se ha afanado en intentar explicar detenidamente a todos los vecinos lo relacionado con este proyecto en el que quedan excluidos cualesquiera otros propietarios del municipio.
Galapagar, solo pelotazos
Los últimos tiempos han llamado la atención por el elevado número de “sospechosas modificaciones puntuales” que se han llevado a cabo en Galapagar, un municipio que carece de Plan General de Ordenación Urbana-PGOU desde 1976.
Efectivamente, el 28 de marzo de 2006 se aprobó una Modificación Puntual de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Galapagar, en el ámbito de la Unidad de Ejecución San Gregorio. Esta modificación, también impulsada por un gobierno del PP, supuso un “pelotazo” que fue llevado a los Tribunales, incluso hasta el Tribunal Supremo, aunque finalmente no dieron la razón a los recurrentes, pese a reconocer que los proyectos no estaban firmados por funcionarios municipales.
Posteriormente, durante el verano de 2011 se promovió a instancias del Instituto Religioso “Hijas de Santa María del Corazón de Jesús”, una nueva modificación “no substancial” también aprobada por el PP que permitió refundir en un nuevo polígono dos suelos separados por dos kilómetros que sumaban entre ambos casi 50.000 metros cuadrados. En este caso el beneficio “social” fue para las monjas, que pueden ampliar el colegio que regentan en un espacio que estaba ya colmatado, aunque la ampliación ha sido denunciada ante diversos organismos públicos al “intentar promoverse en un recinto donde se ubica una cripta ilegal” que no cuenta con los permisos oportunos, e intentar mantener esta actividad funeraria con la de un colegio infantil.
* Diario Progresista - 25 DE JUNIO DE 2012
Foto: Galapagar (Madrid), ayuntamiento - infogalapagar
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DIARIOCÓRDOBA* : La paciencia de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor) se ha acabado y ayer difundió su intención de denunciar ante la Fiscalía a Endesa y a Urbanismo al haber varios bloques de pisos acabados que no pueden ser habitados por falta de luz. Como adelantó este periódico, en los planes parciales del Zoco (O7) y de la Arruzafa (O1) hay media docena de bloques con más de 400 pisos terminados, que están a la espera de la licencia de primera ocupación y que son víctimas del parón del Plan de Infraestructuras Eléctricas (PEIE), paralizado en el 2008, a pesar de que las obras se han reanudado. Eso se traduce en más de mil personas pendientes de que se resuelvan los trámites necesarios. A los problemas que esto les acarrea, se une ahora el temor de una subida del IVA por esta demora.
Construcor culpa a Endesa por negarse a "facilitar la documentación necesaria para que los compradores puedan contratar el suministro". Por ello, recaba información "para ejercitar las acciones penales que procedan" contra la compañía, ya que considera que "su forma de conducirse puede ser constitutiva de un delito de coacciones, al demorar de manera intencionada la solicitud de los enganches con el ánimo de imponer a las empresas unas acometidas más gravosas". Por ello, aconseja a las promotoras que exijan a Endesa que cumpla el compromiso de febrero del 2011 de dar luz a todo el que esté al día de los pagos y las anima a reclamar daños y perjuicios. Su secretario general, Francisco Carmona, advierte que Endesa sabe desde diciembre qué edificaciones se iban a terminar y necesitaban enganches. La asociación se plantea pedir el amparo de la Junta para que adopte medidas si Urbanismo no hace nada "para tutelar y proteger los derechos de quienes cumplen sus deberes". No entiende cómo no adopta medidas para "obligar a Endesa--Sevillana a que cumpla sus obligaciones".
El responsable de Sevillana en Córdoba, Alfredo Rodríguez, mostraba ayer su "perplejidad", ya que "desde el último acuerdo de Urbanismo, trabajamos en la línea de las acometidas provisionales de cada junta de compensación" y "nos hemos puesto a trabajar en las obras para que estén acabadas en plazo". Afirma que el parón en los enganches provisionales llegó en el 2010 por el impago de algunos sectores y el riesgo para el suministro de toda la ciudad. Sin embargo, ahora, con las obras de la subestación de Poniente en marcha, "el riesgo es asumible".
El presidente de Urbanismo, Luis Martín, insiste en que intenta "resolver una situación que dejó el anterior equipo de gobierno" y que Construcor sabe "desde siempre", ya que "participó en el convenio y en su modificación". Además, culpa del problema de los enganches a Endesa. Urbanismo no dará licencias mientras Endesa no garantice por escrito que los bloques terminados tendrán luz. Cada sector --O1 y O7-- lleva un ritmo y tiene problemas diferentes que están requiriendo múltiples reuniones a todos los niveles. Fuentes de ambos aseguran estar al día en los pagos y que todo está ya desbloqueado. En el O1 se están realizando las obras para la acometida y confían tener toda la documentación en quince días. Respecto al O7, ayer se produjo un encuentro clave, del que salió el compromiso de supervisar la semana que viene los centros de transformación y garantizar el suministro a los tres bloques acabados.
* Diario Córdoba - ISABEL LEÑA 30/06/2012
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.com
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ELPAÍS/Barcelona* : Las ferias inmobiliarias ya no son el coto privado de los promotores. Su historia de éxito queda ya muy atrás, y hoy los bancos, las nuevas grandes inmobiliarias, ocupan ese espacio. CatalunyaCaixa suele desembarcar a esos recintos con un arsenal de comerciales que llevan desde casas en el Pirineo catalán hasta segundas residencias en un megacomplejo en el Algarve portugués. La sobrecarga de ladrillo fue uno de los motivos que llevó a la que fue la segunda caja catalana —fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona— a precisar una inyección de fondos públicos de 2.968 millones de euros a través de créditos y capital y a su nacionalización el año pasado.
La intensa actividad promotora de la entidad, una estrategia de expansión territorial ligada a la concesión de hipotecas, una dependencia excesiva del mercado interbancario y un control de riesgos que fuentes cercanas a la entidad definen como "muy laxos" pusieron contra las cuerdas a la antigua caja. El lastre del inmobiliario todavía lastra la cuenta de resultados.
El año pasado, Catalunya Banc registró unos números rojos de 1.335,2 millones de euros tras llevar contra los resultados unas provisiones extraordinarias de 1.505 millones para cumplir con los saneamientos exigidos por el Gobierno. Sin la carga del inmobiliario, dicen fuentes de la entidad, Catalunya Banc es rentable, puesto que este año prevé generar unos beneficios de 200 millones antes de las provisiones.
Los actuales gestores de la entidad —participada en un 89,8% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)— pretendían con esas provisiones dejar limpio su balance para seguir con su proceso de venta, que querían cerrar en julio. Sin embargo, el Banco de España ha aplazado la subasta del banco hasta conocer sus necesidades exactas de capital. Fuentes del sector que han accedido al cuaderno de venta aseguran que los requerimientos son como mínimo de unos 5.000 millones de euros. Los actuales gestores, encabezados por Adolf Todó, defienden que el 98% de los préstamos tóxicos, que cifran en 12.000 millones de euros, se concedieron antes de 2008.
Siempre a la sombra del transatlántico de La Caixa —la entidad incluso trató de emular a la primera caja catalana con una cartera de participaciones industriales—, la antigua Caixa Catalunya, controlada por la Diputación de Barcelona y pilotada por Josep Maria Loza, se lanzó a la aventura inmobiliaria. En 2004, en plena efervescencia del ladrillo, Caixa Catalunya se había propuesto promover más de cuatro millones de metros cuadrados en el arco mediterráneo y Madrid de la mano de promotores locales, con los que creaba sociedades en las que participaba en un 50% con su filial Procam. Entre sus socios están Armilar, Jale y Prasa. España pronto le quedó pequeña y saltó a Portugal junto a Prasa para construir un macroproyecto residencial, preparó el desembarco en Europa del Este y se alió con Premier para levantar pisos en París.
Fuentes del sector explican que la estrategia global fue "desastrosa". Muchas de esas alianzas saltaron por los aires a medida que las promotoras iban encontrándose en aprietos o solicitaban el concurso de acreedores. A veces por una "cuestión reputacional", dicen estas fuentes, la entidad compró la mitad de las participaciones que tenía su socio. "Pasaron de tener el 50% del problema a tener el 100%", afirman estas fuentes. Y a su vez, añaden, no solo se quedaban con suelo y pisos, sino también con las deudas de la sociedad.
La construcción de nuevas promociones ya era una forma de crecer: un nuevo barrio, una nueva oficina. Pero la caja se lanzó a una expansión a otras comunidades a base de prestar, en especial para hipotecas y promotores, en muchas ocasiones sin más garantía que la revalorización que iba a experimentar ese inmueble. Entre 2003 y 2007 la entidad abrió unas 300 oficinas, sobre todo en Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. A la par, la entidad se volcaba en la concesión de créditos a promotores, a los que apenas se pedían recursos propios. Ese incremento del crédito, de hasta el 30% anual, fue acompañado por un débil control de riesgos, que, de hecho, dependía del área comercial. Por ejemplo, el 32% de las hipotecas se había dado por un importe superior al 80% del valor de tasación de la vivienda que se financiaba. "En Caixa Catalunya había dos obras sociales, la de verdad y la de dar créditos sin pedir nada", dice un consejero.
Para rematarlo, los órganos de gobierno apenas controlaban esa actividad. En una entrevista reciente en 8TV, el expresidente de la caja Narcís Serra aseguró que cuando asumió el cargo, en 2005, decidió impartir clases de una hora a los miembros del Consejo de Administración porque estos "no tenían preparación para seguir las cuentas ni la evolución de la caja". Serra y su antecesor, Antoni Serra Ramoneda, han criticado que las cajas se lanzaran a esa expansión, pero la justifican porque el resto hacía lo mismo. Narcís Serra, además, señala que esa euforia por el ladrillo empezó por el fiasco de la compra de la aseguradora de MNA, de la cual quiso resarcirse por la vía rápida.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, la morosidad se disparó. La entidad cerró 2008 con la mayor tasa de morosidad del sistema, pasando del 1% al 5,28% en un año. En enero de ese año, Loza había abandonado la caja con una indemnización de 10 millones de euros. En su lugar llegó el equipo encabezado por Todó, quien también generó polémica por una "prestación posocupación" de 3,55 millones.
La caja empezó entonces una política de venta de inmuebles con fuertes descuentos, daciones en pago a sus clientes y la reorganización de todo el grupo inmobiliario para mantener a raya la morosidad. Consiguió frenar la escalada y, en julio de 2009, Todó pilotaba la fusión con las cajas de Tarragona y Manresa, para lo que requería una inyección de 1.250 millones del FROB para empezar a sanearse. En una segunda tanda, el año pasado, recibió 1.718 millones y fue nacionalizada. El trabajo de la entidad hoy es hallar un comprador y tratar de mantener su marca comercial. Y, claro está, seguir deshaciéndose de todo el ladrillo de su mochila.
La Generalitat ansía la integración en el Sabadell
A pesar de que la fusión de cajas se materializó en 2010, cinco años antes ya se ideaba una fusión de las tres cajas vinculadas a las diputaciones de Barcelona, Tarragona y Girona. Ese plan no cuajó, y a la operación se sumó Caixa Manresa, la entidad que tenía menos problemas. A pesar de que el Banco de España prefería fusiones entre entidades de varias comunidades, combinando las sanas y las enfermas, la Generalitat presionó para mantener el máximo de capacidad financiera en Cataluña. Y aun así, las cajas Laietana y Penedès acabaron en la órbita de grupos de otras comunidades.
Hoy el devenir de CatalunyaCaixa es una de las principales preocupaciones de la Generalitat, que teme perder la que fue la segunda caja catalana. El Ejecutivo de Artur Mas y el empresariado catalán ansían, a la vez que alientan, una gran fusión entre la entidad y Banco Sabadell. Y, de hecho, el banco que preside Josep Oliu es una de las seis entidades que ha pedido información para una eventual puja por la entidad. Sin embargo, el Sabadell condiciona cualquier compra a la rentabilidad y la creación de valor para el accionista.
CatalunyaCaixa es la principal interesada por hallar pareja de baile, con la aspiración de mantener su marca comercial. A pesar de que sigue arrastrando una cartera problemática anterior a 2008 que la ha llevado a requerir fondos públicos, la caja sostiene que sigue aumentando la captación de recursos a la vez que continúa zafándose de los inmuebles. "El proyecto, sin mochila inmobiliaria, es sólido y viable. Prueba de ello es que en 2011, sin provisiones inmobiliarias, el margen ordinario de explotación fue positivo, de 304 millones de euros", sostiene la entidad.
* El País - LLUÍS PELLICER Barcelona 27 JUN 2012
Foto: Manel Rossel (izquierda), Narcís Serra, Gabriel Sabaté y Adolf Todó en la fusión de las cajas catalanas. / TEJEDERAS
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : El Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo ha aprobado una Resolución en la que da totalmente la razón a Ecologistas en Acción por una queja que presentamos contra una macrourbanización en Barbate aprobada por la Junta de Andalucía en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Se trata del El Següesal, promovida por Bogaris, que con sus 467,2 hectáreas (4.672.000 metros cuadrados) se convertiría en una de las mayores de Andalucía. El proyecto -que ha sido el primero de Andalucía declarado de de Interés turístico en base al Decreto del Golf- incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe de alto standig… un gigantesco gueto que se asegura será totalmente autónomo.
Este proyecto fue excluido del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA). Pero paralelamente la Junta de Andalucía tramitó su declaración como complejo “de interés turístico”, que fue aprobado, en flagrante fraude de ley, el 26 de julio de 2011 por acuerdo del Consejo de Gobierno. Este proyecto incumple de forma clamorosa los límites del crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que no permite crecimientos superiores al 40% de la superficie urbanizable en ocho años, cuando El Següesal supondría triplicar la superficie urbana de este municipio.
Estos terrenos están clasificados en el actual PGOU como No Urbanizables, y en la Revisión del mismo, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2.008, se aumenta su nivel de protección, considerándolos en su totalidad como Suelos No Urbanizable de Especial Protección, incluyendo una parcela incluida en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Reclasificar estos terrenos solo para satisfacer un proyecto especulativo de una empresa concreta, es un autentico escándalo que nos retrotraería a la época más negra de la especulación y la corrupción urbanística.
No obstante este cúmulo de ilegalidades, la Consejería de Medio Ambiente (CMA) aprobó la autorización ambiental de este complejo -firmada por la todavía delegada e Medio Ambiente Silvia López-, que testimonia la claudicación de los responsables de medio ambiente de la Junta ante los intereses económicos de algunas empresas. La sra. delegada se negó a contestar a las 101 alegaciones que presentó Ecologistas en Acción en las que mostrábamos nuestra fundada oposición a que se otorgara la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por su enorme impacto ambiental y su absoluta ilegalidad.
Ecologistas en Acción solicitó la intervención del Defensor del Pueblo por entender que la Junta de Andalucía está vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos en asuntos públicos y su propia normativa en relación con la ordenación del territorio y del medio ambiente (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de la Janda, PGOU de Barbate, normativa de espacios naturales protegidos, Directiva Hábitat…).
La Resolución aprobada por el Defensor del Pueblo el pasado día 15 incluye una dura crítica a la tramitación de este expediente por la CMA al no contestar a las fundadas alegaciones de Ecologistas en Acción y no darle trámite de audiencia, cosa que sí hizo con la promotora. Chamizo recuerda “la obligación de motivar los actos administrativos con una explicación sobre las razones de la decisión adoptada, con la finalidad de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto”. En la Resolución queda claro que no se contestó a las alegaciones de Ecologistas en Acción, en contra de lo que aseguró por escrito la delegada provincial Silvia López.
Chamizo concluye la Resolución que ha dirigido al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente solicitando que se declare “la existencia del vicio de anulabilidad expuesto y, en consecuencia, actuar conforme previene la normativa reguladora del procedimiento administrativo común a los efectos de solventar la situación descrita, retrotrayendo el procedimiento administrativo a la fase de audiencia de los interesados prevista en el artículo 22 del Decreto 356/2010. Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución. Así mismo, se garantizaría el respeto de los derechos constitucionales y Estatutarios que consideramos afectos”.
Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por este pronunciamiento claro y contundente del Defensor del Pueblo en contra de las tramitaciones chanchulleras que realiza Medio Ambiente para justificar todo tipo de proyectos urbanísticos en manifiesta vulneración de las normas legales aprobadas por el Parlamento andaluz y la propia Junta de Andalucía, y en contra de toda lógica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, de lo que los responsables de esta consejería parece no haberse enterado.
Ecologistas en Acción espera que el nuevo consejero responsable del medio ambiente anule la autorización ambiental unificada (AAU) a esta urbanización y se proceda a dar instrucciones precisas a las delegaciones provinciales para que dejen de avalar este tipo de proyectos especulativos.
* Ecologistas en Acción - 25.6.12
Foto: Barbate (Cádiz), zona nueva urbanización Següesal - ecologistasenaccion.org
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MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* :
Sólo en los primeros cuatro meses de 2012 se han producido más de 600 incendios. De ellos, 750 hectáreas se quemaron en el corazón del parque natural de Fragas de Eume, en A Coruña. Después, en mayo, ardieron en Rasquera, en Tarragona, más de 3.000 hectáreas y, al cierre de esta edición, otras 500 de monte se habían calcinado en Castellet i la Gornal, en Barcelona. El 85% de los fuegos que arrasan nuestros bosques son provocados por la intervención humana, por negligencia o intencionadamente, y sólo el 10% se atribuyen a fenómenos naturales. Este año, a estos factores hay que sumar otro: los recortes presupuestarios.
El medio ambiente también va a acusar las políticas neoliberales. Está previsto que se empleen menos medios técnicos, pero sobre todo menos medios humanos para la Campaña de Incendios que se inició, en casi todas las comunidades autónomas, el 1 de junio y que estará vigente hasta el 30 de septiembre.
Según los datos oficiales, los recortes van del 50% en Castilla y León, con respecto a los presupuestos de 2011, el 20% en Castilla La Mancha, País Valencià un 13%, Galicia, entre un 20 y un 30%, al 5% en la de Madrid, entre otras comunidades. Sin embargo, sindicatos y asociaciones de trabajadores forestales explican que los recortes en la campaña antiincendios son mayores que los anunciados por las administraciones. En el caso de Madrid, según los trabajadores forestales del Infoma (Incendios Forestales de Madrid), la disminución de recursos humanos es mayor.
F.H., iniciales de un trabajador de los retenes forestales de la Comunidad de Madrid, denuncia a DIAGONAL: “Trabajamos en colaboración con los bomberos de la Comunidad de Madrid. Normalmente, vamos cinco personas en el camión, de ellas uno es un bombero. Este año los bomberos de Madrid se han negado a ir a los retenes antiincendios”. Según este trabajador forestal, hasta ahora, la extinción de incendios en los montes madrileños y zonas rurales la hacían estos funcionarios con horas extras. “Cobraban 32 euros por hora, con guardias de hasta 24 horas, una pasta, pero eso tiene una contrapartida, la Comunidad de Madrid no ha convocado plazas de bomberos desde hace más siete años y existe un déficit de más de 300 bomberos en esta región”.
La privatización del servicio
El 13 de junio, un par de días antes del inicio la Campaña de Incendios en Madrid, el cuerpo de bomberos de esa comunidad llevó a cabo una votación y decidió no hacer horas extras para ella. Denuncian que la postura de Esperanza Aguirre ante la falta de personal, supone un chantaje que les obliga a trabajar más durante todo el año. Según F.H., está clara cuál es la política autonómica en el plan de incendios: “Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid los incendios son un negocio. Se reduce personal y se privatiza.
La limpieza del monte y la extinción de los incendios la llevan a cabo, también, dos empresas privadas, MATINSA [filial de FCC] de Esther Koplowitz e INFOSA, de Florentino Pérez, empresario y actual presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid cada vez da más concesiones a estos empresarios en cuestión de incendios”.
En contraposición, la plantilla de trabajadores públicos de extinción de incendios del Infoma cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que les reconoce como empleados fijos-discontinuos y que la Comunidad de Madrid se niega a aplicar. A día de hoy, de los 238 trabajadores a los que se les reconoció su condición de fijos-discontinuos, el Gobierno regional solamente ha aplicado la sentencia a 109, tras manifestaciones y más denuncias. “Esperanza Aguirre no acata lo que han dicho los tribunales”, dice el empleado forestal.
Este trabajador asegura que el monte se entiende por el partido en el Gobierno como la posibilidad de sacar rédito económico, no como la obligación de la protección civil y del entorno como marca la ley. “El territorio en la región de Madrid tiene una peculiaridad diferente a otras comunidades autónomas, como por ejemplo la castellanomanchega. Hay una gran densidad de población y en la mayoría de los casos cuando se produce un fuego existen urbanizaciones cerca y eso hace que los incendios sean más peligrosos.
Este año, además, dos de los helicópteros antiincendios no han conseguido la certificación de aviación civil porque la documentación se ha presentado tarde. Con las dotaciones que hay para este verano, el sur de la región está desprotegido. Por tierra, desde el Parque contra Incendios de Arganda, que cubre 23 municipios, para llegar a muchos de esos pueblos es necesario invertir más de una hora por carretera, como en el caso de los municipios de Estremera o Carabaña”, advierte este trabajador.
Explica que la región cuenta con medios técnicos, como “un helicóptero que lleva una cámara muy potente capaz de detectar un conato de incendio a 50 km, pero no sirve para prevención ni extinción.Se empleó para seguridad durante la visita del papa. Y costó medio millón de euros”, afirma F.H.
Malas prácticas
Según los trabajadores de los retenes antiincendios, la Comunidad de Madrid no prohíbe prácticas peligrosas como que las cosechadoras trabajen a las tres de la tarde. Explican que “las palas de estás máquinas chocan contra las piedras y saltan chispas que en muchos casos producen incendios, además la paja de los cultivos arde rápidamente”. Todo esto unido al recorte en personal para los retenes.
Según F.H., “antes se contrataba a unos 400 trabajadores (tanto en extinción como en vigilancia). Ahora no llegamos a los 300, se pierde una media de dos retenes por año. El año pasado se contrató 160 trabajadores por cuatro meses. Este año, se han contratado sólo 60 personas para extinción en la Comunidad de Madrid, aunque se comprometieron a aumentar la plantilla. En las tareas de control, en 2011 había 40 torres de vigilancia hoy sólo hay 19 en toda la región”.
* Diagonal - Opinión - 1.7.12
Foto: Valencia, incendios ahora en la Sierra (todavía no incluidos en el artículo) - reuters
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LASPROVINCIAS/Valencia* : Cercle Obert ha anunciado que emprenderá nuevas acciones legales contra el proyecto del nuevo Mestalla "por favorecer a una empresa privada -Sociedad Anónima Deportiva Valencia, club de fútbol-, vinculada a Bankia, que nunca ha creado empleo ni aporta beneficios a la sociedad".
La entidad ha lamentado en un comunicado que este proyecto se haya aprobado "con excesiva celeridad e imprudencia", y ha recordado que la empresa privada deportiva "no ha parado de recibir ayudas financieras públicas, mientras el resto del tejido productivo vlenciano era abandonado por el Gobierno popular y por el resto de entidades financieras".
Con esta medida, Cercle Obert considera que el presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, y el del central, Mariano Rajoy, "siguen apostando por hundir el tejido industrial, al favorecer la especulación, la corrupción, el clientelismo y el despilfarro, pues apoyar una operación urbanística es apostar por seguir hundidos y siendo el hazmerreír internacional".
La entidad cívica valenciana considera "inadmisible" que exista dinero público para potenciar iniciativas privadas "ajenas al interés general", y que llevan años "demostrando su toxicidad y su falta de rentabilidad", mientras el Consell y el Gobierno central aprueban y aplican "intolerables e innecesarios recortes, que atentan contra los derechos humanos, la salud, la educación, y provocan nuevas desigualdades, desequilibrios y conflictos a toda la sociedad".
"El negocio que se mueve en torno al fútbol -ha agregado- sigue recibiendo todo tipo de apoyos estatales y públicas injustificados, mientras que la industria y el sector servicios, sigue siendo olvidado por aquellos que dicen ser nuestros representantes", ha lamentado.
La entidad cívica estima que "no hay motivo alguno" para aprobar ese proyecto estratégico, y ha lamentado la "falta de inteligencia y habilitad política" que demuestran los actuales representantes institucionales del PP.
* las Provincias - EP - 30.6.12
Foto: Valencia, nuevo Mestalla - lasprovincias
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ELPAÍS/Cádiz* : La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido abrir una queja de oficio ante las "noticias aparecidas en diversos medios de comunicación" sobre el plan parcial de Valdevaqueros, que el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha aprobado y que implica la posible construcción de cerca de 350 viviendas y establecimientos hoteleros con capacidad para 1.423 plazas en una playa salvaje. En su escrito del 31 de mayo de 2012 el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que la zona a urbanizar se encuentra entre dos parques naturales: el del Estrecho y el de Los Alcornocales. "En un lugar al parecer declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco", según el departamento que dirige José Chamizo.
El Defensor del Pueblo sostiene que "la ejecución del proyecto, en los términos previsto, podría acarrear consecuencias negativas para el sector turístico, habida cuenta que con el mismo se podrían en peligro los principales atractivos de la zona: playa virgen en la que practicar deportes acuáticos vinculados al viento".
El departamento de Chamizo afirma que, de cumplirse las advertencias realizadas por los colectivos ciudadanos y ecologistas contrarios al proyecto, "podría suponer la afección negativa de derechos contenidos en el título primero de la Constitución y en el título primero del Estatuto de Autonomía". El Defensor del Pueblo entiende que estarían en peligro los derechos a "disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", el de "vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable" y el derecho "a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad". También se vería afectado, según el escrito de la oficina de Chamizo, uno de los principios rectores de las políticas públicas, ya que "el turismo es considerado un elemento económico estratégico de Andalucía".
Por estas razones, esta institución ha decidido dirigir varios escritos para que ofrezcan información sobre el proyecto al Ayuntamiento de Tarifa, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a la de Fomento y Vivienda y a la de Turismo y Comercio.
El plan parcial de Valdevaqueros fue aprobado el 30 de mayo con los votos favorables de PP, que gobierna la ciudad, PSOE y PA. Tras la polémica surgida, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha anunciado que su departamento revisará de oficio los PGOU del litoral andaluz anteriores a 2006. El de Tarifa data de 1991, aunque ha sido actualizado en varias ocasiones. Respecto a los planes para la zona, ya se intentó en el pasado urbanizar la playa próxima de Los Lances sin éxito. La constructora encargada del proyecto está en concurso de acreedores.
* El País - Manuel Planelles - 19.6.12
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba
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FREDERICK COOPER* : La Ciudad de México es una metrópolis estadísticamente explosiva. Con una población de más de veinte millones de habitantes, tiene cuatro veces la de Finlandia, dos veces la de Portugal y la mitad de la de Argentina. La UNAM, la Universidad Autónoma de México cuenta con 300.000 alumnos, una población estudiantil equivalente a la de Huancayo y el doble de la de Cajamarca. Estas apabullantes cifras califican a la Ciudad de México como un prototipo característico de las megalópolis contemporáneas, aquel fenómeno urbanístico que viene transformando velozmente la situación del ser humano en el planeta. Usualmente representadas en la prensa, la televisión y los medios digitales como los escenarios turbulentos y excitantes donde discurren las actividades que mayormente concitan la atención y curiosidad de una humanidad emocionalmente emparentada a través de la voraz y acelerada difusión de la informática, la nueva realidad existencial a que ha dado lugar la imantación social acarreada por la concentración urbana conlleva sin embargo un claro deterioro del valor principal que la ciudad amplificada tendría que procurar a la masiva inmigración que fluye a sus suburbios en busca de aquella prosperidad inveterada: una calidad de vida que compensara a su precaria existencia con las prerrogativas recreativas, sanitarias, educativas, culturales y sociales que son el fundamento de la concentración urbana.
La experiencia cotidiana de hacer uso de las facilidades que debieran fluir naturalmente de una concertación equilibrada y eficiente de los servicios públicos dista mucho de disfrutar de aquella calidad de vida tan ardorosamente proclamada por los gestores de la expansión urbana. Contradictoriamente, la ocupación masiva de aquellos espacios compartidos que ahora caracteriza a las descomunales megalópolis ha engendrado, entre otras lindezas urbanísticas, la anulación del tiempo, la aniquilación de un valor existencial indispensable no sólo para que el ser humano pueda desempeñarse con ecuanimidad, integridad y empeño, sino para que pueda disfrutar de la compensación del ocio, aquel ingrediente indispensable para la reflexión y el pensamiento, fuera del cual no cabe imaginar la agitación de la invención, la creatividad o la contemplación reconfortante.
Estas meditaciones vienen al caso al cabo de una breve visita al magma urbanístico que es Ciudad de México, un manto abigarrado de arquitecturas predominantemente banales y eclécticas, hilado entre circulaciones caudalosas y vías secundarias, avenidas, calles o pasajes rectilíneos o tortuosos que hacen una madeja intrincada de vías de comunicación interferidas por la constancia de una semaforización copiosa, intercambios frecuentes y la intromisión inevitable de las redes del transporte público masivo o los carriles deprimidos de sus omnipresentes viaductos.
Ostensiblemente consecuencia de la necesidad de darle al automóvil el rol protagonista en un proceso de adecuación urbana compulsivo e incesante, la laberíntica infraestructura resultante de esta expansión ha ido atrofiando el flujo vial, consecuencia inevitable de conceder mayor movilidad a la circulación vehicular privada. Este galimatías urbanístico, no obstante lucir una apariencia monumental y eficiente, ha impuesto una demanda temporal al ciudadano, una dedicación que se traduce en su confinamiento en automóviles, autobuses o una insuficiente red ferroviaria subterránea que le detracta aquel valioso insumo que constituyó antaño el derecho al ocio reconfortante y creativo. La incidencia de esta perturbación urbana en la salud emocional del habitante peatonal fue advertida sofisticadamente en la arquitectura que el más importante arquitecto moderno mexicano (el primer Premio Pritzker y uno de los grandes diseñadores contemporáneos) realizó para su propia casa.
Independientemente de la exquisita concepción de sus modestos pero impactantes espacios interiores, y de la inspirada convicción con que actualizó sin remedar ni hacer remilgos a su admirable y potente ancestro arquitectónico, concibió una vivienda enclaustrada en torno a una jardinería meditadamente exuberante y, sobre todo, a la incorporación de un recinto abierto sobre el contorno irregular de un techo circundado por muros empinados que configuran, con las enhiestas torres de dos grandes chimeneas, el pavimento hecho de una cuadrícula de ladrillos delicadamente vidriados, el pastoso revoque de un recubrimiento obstinadamente uniforme, y un colorido tenue de intensos tonos naturales, una conformación geométrica que obra como un escudo espiritual que aísla por completo la turbulencia urbana que se agita en torno a su crucial emplazamiento. Desde su oculto, ascético y exquisito reducto arquitectónico, Luis Barragán anticipó el advenimiento de una degradación urbana a la que condenó legando el indeleble sello de una obra de arte premonitoria de un advenimiento humanamente denigrante.
* Frederick Cooper, arquitecto peruano
* La República.pe - Opinión - 23.6.12
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ELPAÍS* : Otro plan urbanístico cae en Valencia por falta de transparencia. El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de 2008 del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anuló uno de los Programa de Actuación Integrada (PAI) más grandes de Valencia, en pleno barrio de Patraix.
El plan urbanístico se planificó sobre medio millón de metros cuadrados, donde estaba prevista la edificación de más de 3.200 viviendas. Ahora el Consistorio que preside Rita Barberá, perdida la casación, está obligado a pagar 4.000 euros de costas judiciales.
El contencioso surgió cuando una docena de empresas impugnaron el 25 de octubre de 2002 el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia que aprobó el plan conocido como sector SUP, número 9 de Patraix.
La mayoría entendió que la Administración local incumplió la normativa de contratación europea y estatal, es decir, faltó transparencia y se vulneró la libre competencia en la adjudicación del plan a la empresa Desarrollo Urbano de Patraix (Dupsa), que encabeza el promotor Juan Soler.
Los magistrados del TSJ concluyeron en el fallo de 2008 que la adjudicación del PAI vulneró “los principios de no discriminación y libre concurrencia”, además de que el urbanizador “no estaba debidamente clasificado para contratar con la Administración”. Los recurrentes se quejaron de que antes de su aprobación, se llevó a cabo una modificación importante del plan que no se expuso al público. ¿Qué pasará ahora con un plan que está en ejecución desde hace años? De momento, la resolución del Supremo exige al Consistorio empezar de cero, repetir todo el proceso, explican fuentes jurídicas.
“Las malas prácticas urbanísticas del PP perjudican no solo a las arcas municipales sino a la credibilidad en la gestión municipal”, valoró el concejal socialista Vicent Sarrià tras conocer el contenido de la sentencia.
El Ayuntamiento y la Generalitat deberán pagar 4.000 euros de costas
La sentencia del PAI de Patraix no es el único revés judicial que recibe el Consistorio por la gestión urbanística. Los socialistas hicieron ayer repaso de los varapalos judiciales que ha recibido el Gobierno local del PP.
Los tribunales anularon el PAI previsto sobre suelo urbano en el Camino de Moncada, adjudicado a la firma Expocasa, y donde se preveían 750 viviendas y 22.000 metros cuadrados de suelo terciario. En este caso, el Consistorio no acreditó el cambio de uso de suelo industrial a residencial y terciario y una de las empresas que no ganó el concurso consideró vulnerados sus derechos. Ahora mismo, según explican los socialistas, el Tribunal Supremo estudia la motivación aprobada por un pleno del Ayuntamiento para valorar si es suficiente o debe repetirse el proceso.
Otro de los planes urbanísticos anulados por el alto tribunal es el de Orriols. Los magistrados encontraron defectos de forma en el concurso público que tuvo lugar en 1997. Era el sector urbanizable de Orriols, con otras 3.355 viviendas, la mayoría de ellas ya construidas cuando se conoció la anulación. El resultado fue que hubo de repetirse toda la tramitación.
En total, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado otros cuatro PAI, previstos sobre suelo urbano, en la Font de Sant Lluís y otros barrios de la capital.
Otro ejemplo de la polémica gestión urbanística del Ayuntamiento de la ciudad es la modificación del plan del Valencia CF en el solar de la avenida de las Cortes Valencianas. Otra sentencia judicial ha obligado al Gobierno local a encarar de otro modo la modificación puntual del PGOU de Valencia para permitir al club de fútbol recalificar una parte del suelo donde se levanta su nuevo estadio. Los tribunales entendieron que la modificación no era tan puntual y que debía ser informada por la Generalitat, en concreto por la Consejería de Territorio. El proceso se repitió y hace poco que salió adelante sin más contratiempos.
Por último, los socialistas ponen de ejemplo lo sucedido con la recalificación del edificio de la Tabacalera, cuyo uso se cambió de industrial a residencial “destruyéndose parte de sus naves”. Los tribunales no se han pronunciado todavía. La oposición considera que el Ejecutivo local no justificó el derribo de las naves laterales y traseras y la construcción en ese suelo de dos torres de viviendas de nueve alturas.
“Son demasiadas sentencias condenatorias que dejan el urbanismo del Ayuntamiento de Valencia bajo sospecha”, concluyó Sarrià.
Millones para los Cotino y los Trénor
El Ayuntamiento de Valencia pagará a los Cotino y a los Trénor las expropiaciones de terrenos en el Parque de Cabecera. Así lo acordó ayer la Comisión de Hacienda local. El Consistorio pagará 2,8 millones de euros a la empresa Alquería Dolores, SL, vinculada a la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y a la familia Trénor, algo más de un millón de euros. En total, cerca de cuatro millones de euros.
“Lo que podía habernos costado menos de un millón de euros, nos va a salir por cerca de ocho millones”, denunció el edil socialista de Valencia Pedro Sánchez, que anunció que denunciará al Consistorio si los servicios jurídicos entienden que hubo negligencia en la gestión de las expropiaciones. Sánchez sumó a estas cantidades y las ya pagadas, los intereses que se han generado al dilatarse tanto el proceso.
En julio de 1998 se aprobó el proyecto de expropiación de los terrenos sobre los que se desarrolló el Parque de Cabecera. El Consistorio propuso entonces pagar a estas dos familias de 200.000 euros por la expropiación. El Jurado Provincial de Expropiaciones resolvió en 2005 que el valor de los terrenos era de casi un millón de euros. Los expedientes se quedaron en un cajón, según la oposición, y los terrenos han aumentado su valor, de tal manera que ahora se pagará a dos propietarios el mismo dinero que se pagó entonces a los restantes 140 expropiados.
El Gobierno local justifica que el proceso se ha alargado tanto porque recurrieron al TSJ al no estar de acuerdo con el aumento de valor del suelo.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 26 JUN 2012
Foto: Una vista de los terrenos del PAI de Patraiz, en Valencia. / TANIA CASTRO
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ELPAÍS/Alicante* : Terra Mítica, el sueño de Eduardo Zaplana que devino en pesadilla y en un pozo sin fondo que ha engullido una cifra superior a los 400 millones de euros, pertenece ya a George Santa Maria, un empresario francés de origen argelino, también propietario de otros dos parques en Benidorm: Aqualandia y Mundomar. Aunque el nuevo propietario ha pagado al Consell (22,31%), la CAM (24%), Bancaja (24%) y el Banco de Valencia —que tenía menos del 2% del capital— 65 millones de euros, la realidad es que 45 de ellos se destinarán a saldar la deuda que todavía arrastraba el complejo de ocio, así que los cuatro accionistas que acumulaban casi el 71% del capital de Terra Mítica SA se repartirán los 20 restantes.
El trato cerrado el miércoles fue un acto de transmisión del 70,76% de las acciones del parque a la mercantil Ocio y Parques Temáticos SL, la que alquiló el parque hace dos años con una opción de venta durante los tres primeros ejercicios por 65 millones de euros, ahora ejecutada, de los que el comprador ya adelantó 15 a la firma del contrato, que se repartieron los vendedores en función de su participación. El 100% de las acciones del parque de Benidorm están, por primera vez, en manos privadas.
El reparto de los 20 millones, en función de la participación social que cada uno tenía en la empresa, queda de esta forma: 6,2 para el Consell, 6,7 para cada una de las dos cajas, y apenas 200.000 euros para Banco de Valencia. Ese es el dinero que recibirán en limpio de la venta de Terra Mítica los principales accionistas tras haber invertido casi el doble de los 240 millones en que se presupuestó su construcción.
En su declaración ante un juzgado de Valencia en 2006 por una trama de facturas falsas en la construcción del parque temático, el exdirector general, John Fitzgerald, reconoció que partiendo de un presupuesto de 240 millones, Terra Mítica ya había costado hasta entonces 376. Y tras salir de la suspensión de pagos ese mismo año no hizo más que incrementar su deuda. El coste final de la aventura promovida por Eduardo Zaplana supera ampliamente los 400 millones, de los que aproximadamente la mitad han salido de las arcas públicas de la Generalitat. Pero a esta cantidad hay que añadir decenas de sentencias del TSJ que llegaron a multiplicar hasta por 10 el precio del suelo no urbanizable expropiado por el Consell a empresas y particulares amparándose en el interés general. Solo en cuatro de ellas, la Generalitat tuvo que pagar un sobrecoste de 66 millones de euros.
Aqualandia ha conseguido la adjudicación del parque gracias a la presión que ejerció el empresariado local de Benidorm, a quien se unió el exconsejero de Economía, Gerardo Camps, natural de la misma ciudad, frente a otras dos ofertas de Parques Reunidos y Aspro. En un comunicado, el Consell recordó que la operación de venta del parque se enmarca en un proceso de reordenación de proyectos estratégicos que persigue "la sostenibilidad de los proyectos iniciados o terminados ahorrando costes, incorporando la iniciativa privada, reduciendo deuda pública y adaptando los objetivos a las complejas circunstancias actuales".
El grupo Aqualandia ha afrontado el pago de los 50 millones que tenía pendientes en parte mediante una ampliación de capital realizada en mayo de 31,76 millones de euros, y el resto con financiación ajena. Pero cuatro accionistas minoritarios de esta empresa de la familia Puchades de Benidorm, enfrentados con el accionista mayoritario, George Santa-Maria, presentaron una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia porque consideran que la venta de acciones de una mercantil totalmente pública debería haber salido a concurso favoreciendo la libre concurrencia. En el escrito aseguraban que la operación de venta del parque se ha materializado a través de un bróker llamado Ambers, pero no han conseguido la paralización cautelar de la operación que habían solicitado, si bien la Fiscalía del TSJ ha abierto una investigación.
Fuentes de la nueva dirección del grupo Banco Sabadell aseguraron ayer que nunca han tenido vocación alguna de poseer una cartera industrial, ya que su "foco esencial de actuación está en la actividad puramente bancaria", y enmarcaron la operación en una política "de desinversiones de aquellas participaciones que no sean consideradas estratégicas para la entidad". Unas desinversiones que "se irán realizando progresivamente y cuando representen una buena oportunidad para el grupo", añadieron.
Mañana está convocada la junta general de accionistas del parque, en la que está prevista la modificación de su consejo de administración y el nombramiento de los nuevos órganos de gobierno de la empresa.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 27 JUN 2012
Foto: El parque temático Terra Mítica, en Benidorm. / CARLES FRANCESC
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OCU* : Nuestra encuesta sobre calidad de vida urbana dibuja un país que va a peor. Obsesionados por la tragedia del desempleo y decepcionados con sus Administraciones municipales, los españoles digieren con dificultad la crisis del ladrillo. Aunque hay grandes diferencias entre ciudades, reina la mediocridad y el desencanto.
¿Qué tal se vive en las ciudades españolas? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y debe tener en cuenta todos los factores que condicionan nuestra vida urbana: salud, educación, seguridad, transporte, contaminación… y así hasta 11 criterios relevantes. Eso es lo que hemos hecho en nuestra encuesta: 19.241 personas de diferentes países (incluyendo Italia, Bélgica, Portugal y Brasil), de las que 5.416 eran españolas; 126 ciudades evaluadas, 30 de ellas en España y elegidas por su elevada población.
Para que hubiese al menos una ciudad representando a cada Comunidad Autónoma, incluimos en el estudio a Pamplona, Santander, Logroño, Albacete y Badajoz, que pese a no ser de las más pobladas del país sí que lo son de su región.
En España no se vive bien y vamos a peor. Esta es la conclusión cruda y genérica que puede extraerse de una encuesta en la que la ciudad mejor valorada, Pamplona, se queda en lo que equivaldría a un 6,2 en un examen. La mitad de las localidades suspenden y el conjunto deja claro que los españoles vivimos una amarga resaca de tiempos mejores en la que nuestra principal preocupación es encontrar o conservar un trabajo. En 2007 realizamos una encuesta similar: si comparamos los resultados vemos que solo el 32% considera que su calidad de vida ha mejorado desde entonces.
LAS 10 COSAS QUE MÁS PREOCUPAN A LOS ESPAÑOLES
¿Qué es lo que más te preocupa en la vida? Los españoles lo tienen muy claro: el desempleo, que cosecha más del doble de respuestas que la segunda preocupación de su lista, la salud. Seguridad ciudadana y vivienda cierran la lista de las cuestiones que quitan el sueño al menos a un 10% de los encuestados.
Comparando con los resultados de la encuesta en 2007, realizada antes del estallido de la crisis, el desempleo ha saltado desde la cuarta posición hasta la cima. No es moneda corriente: en el resto de países, donde la recesión también hace estragos (por ejemplo en Portugal e Italia), el desempleo no es la mayor preocupación. Allí la salud sigue siendo lo primero.
Las cuestiones medioambientales progresan desde el séptimo hasta el quinto puesto y la inmigración abandona el top 5 de cuestiones que nos inquietan. Pese a su omnipresencia en las portadas de los periódicos, el futuro de Europa solo es la primera preocupación para un 1%:
Las 10 cosas que más preocupan a los españoles
1º) Desempleo (37%)
2º) Salud (15%)
3º) Seguridad ciudadana (13%)
4º) Vivienda (12%)
5º) Contaminación y medio ambiente (8,7%)
6º) Educación (8%)
7º) Inmigración (4%)
8º) Europa (1%)
9º) Escasez de recursos naturales (1%)
10º) La relación entre el Norte y el Sur del planeta (0,3%)
¿QUÉ ES VIVIR BIEN?
¿Qué convierte a una ciudad en un buen sitio para vivir? Los españoles insisten: que haya trabajo. La atención sanitaria, las facilidades para moverse (transporte, tráfico, etc.) y la oferta educativa son otros factores de peso. La vivienda ha dejado de ser uno de los temas primordiales si comparamos con la encuesta de 2007, mientras que la calidad de la oferta educativa ha pasado del séptimo al cuarto puesto. La burbuja ha explotado y los recortes sociales están en el horizonte más inmediato:
¿De qué depende la calidad de vida en la ciudad?
1º) Empleo y mercado laboral (18%)
2º) Atención sanitaria (15%)
3º) Transporte y movilidad (14%)
4º) Educación (13%)
5º) Seguridad ciudadana (11%)
¿DONDE SE VIVE MEJOR?
Si tenemos en cuenta todos los factores, nos quedamos con una rigurosa clasificación final en la que puntuamos sobre 100. Nadie se aproxima ni tan siquiera al notable y el mapa resulta extremamente desigual: en el norte se vive mejor que en el sur. Albacete y Badajoz son las dos únicas excepciones en este top 10. Solo las 7 primeras encuentran hueco en el top 50 de las 124 ciudades analizadas (incluyendo las de Bélgica, Italia, Portugal y Brasil), clasificación en la que Pamplona consigue un 12º puesto:
Top 10 Mejor Calidad de Vida
Pamplona 62: sus buenas puntuaciones en sanidad y educación tiene parte de "culpa" en su éxito.
Vitoria 58: sanidad, paisaje urbano y medio ambiente son sus puntos fuertes.
Gijón 57: destaca en oferta cultural, sanidad y educación.
Bilbao 56: pese a una muy mala nota en vivienda, el sistema sanitario y la oferta de cultura y servicios la ayudan a quedar entre las primeras.
Logroño 56: gana posiciones gracias a su oferta de comercios y servicios.
Albacete 55: al igual que Logroño, la buena evaluación de tiendas, restaurantes, supermercados y otros negocios es su principal activo.
Oviedo 55: destaca en paisaje urbano.
Valladolid 54: buena oferta de tiendas y servicios.
Santander 54: se hace hueco en el top 10 gracias sobre todo a su sistema sanitario.
Badajoz 52: pese a la mala valoración de su mercado laboral, otros aspectos (sanidad, educación, vivienda) la convierten en el lugar más al sur de España en el que aún se vive sobre el aprobado.
Y DÓNDE SE VIVE PEOR
En la cola de la lista encontramos a las ciudades peor valoradas (ordenadas aquí de peor a mejor). La playa no garantiza la calidad de vida y la digestión de la burbuja inmobiliaria es particularmente pesada en algunos lugares:
Las 10 ciudades con peor calidad de vida
Las Palmas de Gran Canaria 43
Palma de Mallorca 45
Badalona 45
Alicante 45
Sevilla 46
Santa Cruz de Tenerife 46
Málaga 47
Valencia 47
Madrid 47
Murcia 48
VIVIMOS PEOR QUE HACE 5 AÑOS
La respuesta a esta incómoda pregunta es que, por lo general, vivimos igual o peor que hace 5 años.
Esto es especialmente cierto en Palma de Mallorca, donde la mayoría de los encuestados (52%) dice que su calidad de vida ha empeorado. En el otro extremo está Bilbao, donde solo un 12% considera que vive peor que hace 5 años. Madrid (49%) y Barcelona (48%) son otras ciudades en las que el bienestar se ha deteriorado durante el último lustro.
A nivel global, el 35% de los españoles piensa que su calidad de vida ha empeorado, el 33% que permanece igual y el 32% que ha mejorado.
Lo mejor y lo peor de mi ciudad
Todos los encuestados han subrayado las virtudes y defectos de su ciudad.
Entre las ventajas, Badajoz destaca por la vivienda, Pamplona por la atención sanitaria, Santa Cruz de Tenerife por la seguridad ciudadana y Granada por su patrimonio histórico.
Entre los defectos, Bilbao es la peor parada en vivienda, Córdoba en mercado laboral, Hospitalet de Llobregat y Barcelona en seguridad ciudadana, y Málaga en la recogida de basuras.
Las dos grandes metrópolis, Madrid y Barcelona, exhiben sus luces y sombras: elogios para el transporte y la movilidad, pero duras críticas al problema de la vivienda.
¿DÓNDE HAY MÁS TRABAJO?
Encontrar trabajo en España no es fácil, ya lo dicen las cifras del paro y lo confirman los desastrosos resultados de nuestra encuesta, en la que Pamplona sale elegida como el lugar más propicio para intentarlo y Córdoba como el menos adecuado. A la hora de puntuar en concreto la "facilidad para encontrar empleo", ninguna ciudad supera la calificación de 40 sobre 100 y la media se sitúa en 27. Suspenso sin paliativos.
En el top 10 de las ciudades con el mercado laboral mejor valorado solo hay una ciudad del sur, Albacete, copando las últimas posiciones capitales insulares (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) o sureñas (Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Murcia). Las notas globales de los mejor clasificados más bien parecen las de los alumnos menos aventajados:
Las 10 ciudades el mercado laboral mejor valorado
1º) Pamplona 41
2º) Vitoria 38
3º) Logroño 35
4º) Bilbao 35
5º) Albacete 32
6º) Zaragoza 32
7º) Oviedo 30
8º) Madrid 30
9º) Valladolid 30
10º) Barcelona 30
LAS CASAS ESPAÑOLAS SON LAS PEORES
La explosión de la burbuja inmobiliaria nos ha dejado con muchas deudas a las espaldas y con un país de propietarios a cuestas: en todas las ciudades del estudio la amplia mayoría es propietario de su casa. La cifra más alta se da en Elche, con un 90% de encuestados propietarios.
En cuanto a la antigüedad de los inmuebles, Bilbao se lleva la palma: la media de los encuestados vive en una casa construida hace 42 años. En el extremo opuesto están Elche y Albacete: 18 años de edad media.
A nivel internacional, los españoles somos sin duda el furgón de cola: las 3 ciudades peor valoradas en cuanto a vivienda son Madrid, Barcelona y Bilbao, situándose todas por debajo de los 40 puntos sobre 100 y por detrás incluso de L’Aquila, localidad italiana destruida por un terremoto en 2009. Ninguna ciudad española consigue entrar entre las 70 primeras. Badajoz (puesto 72) es el lugar de España con el mercado inmobiliario mejor valorado:
1º) Badajoz 58
2º) Terrasa 52
3º) Albacete 51
4º) Cartagena 51
5º) Logroño 50
PAMPLONA, CAMPEONA EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
Nuestra encuesta también evalúa la atención sanitaria, tanto pública como privada, incluyendo su calidad y coste, la cercanía de farmacias y hospitales, la espera hasta ser atendido… La sanidad merece o raya el notable en casi toda España y Pamplona consigue un excelente séptimo puesto en una clasificación que incluye a más de 120 ciudades de diversos países. También destacan Albacete (puesto 24 de clasificación internacional), Badajoz (26), Córdoba (28) y Gijón (29).
Una vez más Madrid y Barcelona van casi de la mano, aunque en el aspecto sanitario la capital catalana supera por un punto a Madrid y se sitúa con una nota de 70 sobre 100. La atención sanitaria peor valorada es la de las capitales canarias, con una nota de 64.
Top 5 Sanidad
1º) Pamplona 82
2º) Albacete 76
3º) Badajoz 76
4º) Córdoba 75
5º) Gijón 75
En cuanto a la oferta educativa y su calidad, Pamplona y Gijón se sitúan por encima del resto de España. En Madrid un 90 % de los encuestados declara que sus hijos han podido estudiar lo que querían sin abandonar la ciudad, lo mismo que en Granada, Valladolid y Bilbao. Las ciudades españolas con la educación peor valorada son Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Alicante, todas por debajo de una nota de 60.
Top 5 Educación
1º) Pamplona 75
2º) Gijón 73
3º) Albacete 70
4º) Vitoria 70
5º) Granada 69
(IN)SEGURIDAD CIUDADANA
La inseguridad es la tercera preocupación en el ranking de los españoles y son muchas las ciudades que cojean en alguno de sus aspectos. La mayoría se siente a salvo en sus casas, pero por la calle la cosa cambia, especialmente de noche, donde hay percepción de inseguridad especialmente en Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca. Este mismo problema se agrava en el extrarradio barcelonés, con un 74% de los encuestados de Badalona y un escalofriante 80% de los de Hospitalet de Llobregat que no se sienten seguros por la noche en algunas partes de la ciudad.
Madrid, Barcelona y Hospitalet de Llobregat son las ciudades en las que el crimen (robos, homicidios, etc.) es percibido como un problema más grave.
Las 5 ciudades más seguras
1º) Pamplona 70
2º) Oviedo 68
3º) Santander 67
4º) Gijón 66
5º) Logroño 66
EL TRANSPORTE PÚBLICO CUESTA DEMASIADO
El transporte público español recibe un severo varapalo por su elevado precio en Vigo, Badalona, La Coruña y Granada, pero en el resto de apartados (horarios, frecuencia, comodidad y seguridad…) consigue un aprobado general. Las peores ciudades para moverse en bici son Vigo y Madrid, mientras que las mejores son Sevilla y Vitoria.
El tráfico de vehículos peor valorado es el de Granada, Madrid, Vigo y Sevilla, y resulta más difícil encontrar aparcamiento en Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Granada. Todos estos factores en su conjunto dibujan un ranking de movilidad en el que Granada, Vigo y Sevilla se sitúan a la cola.
Las ciudades con mejor transporte
1º) Pamplona 68
2º) Bilbao 67
3º) Logroño 66
4º) Gijón 66
5º) Vitoria 65
METRÓPOLIS CONTAMINADAS
Los encuestados de Madrid son los que más se quejan por el ruido y la contaminación del aire. La calidad del agua corriente supone un problema para los de Las Palmas de Gran Canaria. La evaluación global del medio ambiente (incluyendo recogida de basuras, contaminación de los ríos, etc.) deja mal paradas a Madrid y Barcelona, que ocupan los dos últimos lugares.
Las 5 ciudades más "limpias"
1º) Pamplona 74
2º) Vitoria 71
3º) Logroño 70
4º) Santander 68
5º) Oviedo 67
OFERTA CULTURAL Y DEPORTIVA
Pese a su masiva afluencia de turistas, capitales como Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife salen muy mal paradas al evaluar su oferta de conciertos, teatros, cines, iniciativas culturales… Badajoz es la ciudad más antipática para la cultura.
Top 5 cultura y deporte
1º) Barcelona 73
2º) Gijón 73
3º) Madrid 71
4º) Bilbao 71
5º) Vitoria 70
EN LAS CIUDADES FALTA DEMOCRACIA
Nuestros encuestados también han valorado el nivel de democracia en sus ciudades, teniendo en cuenta factores como la transparencia de la Administración y en qué medida se preocupa por responder a las necesidades de los ciudadanos. Santa Cruz de Tenerife se lleva la nota más baja (2,95 sobre 10) y solamente dos ciudades aprueban: Bilbao (5,5) y Gijón (5,2). Una evaluación global de la Administración y funcionamiento de la ciudad arroja estos resultados:
1º) Bilbao 61
2º) Gijón 59
3º) Pamplona 55
4º) Logroño 53
5º) Valladolid 53
APROBADO GENERAL EN PAISAJE URBANO
La satisfacción con la arquitectura de las ciudades, el mantenimiento de sus edificios, su mobiliario urbano, su limpieza y sus parques engloba una categoría en la que los resultados oscilan entre la nota de 75 sobre 100 de Pamplona y el 51 de Las Palmas de Gran Canaria y Hospitalet de Llobregat.
1º) Pamplona 75
2º) Vitoria 73
3º) Oviedo 72
4º) Bilbao 70
5º) Albacete 69
* OCU - 25.6.12
Foto: Calidad de vida en las ciudades españolas - OCU
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ELPAÍS/Pontevedra* : Desde que el capitalismo se convirtió en sistema hegemónico y extendió sus reglas también al mundo de la cultura, el valor incalculable del patrimonio histórico-artístico no es más que un tópico caducado. Una muestra de ello está en Crecente, al sur de Pontevedra, casi en el límite con Portugal. El monasterio románico de San Salvador de Albeos, lo que queda de él, está a la venta por 300.000 euros. Mientras no sale un comprador con capacidad económica para rehabilitarlo, sus muros levantados hace ocho siglos sucumben a la vegetación y al abandono de propietarios y Administraciones.
En realidad, del cenobio, que pudo tener un origen prerrománico anterior al siglo XII, solo quedan algunas partes de su iglesia, a la que ya ni se puede entrar ante el peligro de derrumbe.
Dentro, los vecinos hablan de tallas esculpidas con elementos zoomórficos y vegetales hoy imposibles de admirar, según cuenta la historiadora del arte Margarita Vázquez Corbal. Las construcciones adyacentes reutilizaron piedras de sus paramentos. Incluso un capitel doble —análogo a alguno de los que ahora lucen en la flamante exposición Gallaecia Petrea de la Cidade da Cultura— le sirve de mesa a alguno de los lugareños. Lo que se supone fue la pila bautismal se recicló como canal de riego en un río cercano.
Desde los años setenta se usó como establo y almacén. De hecho, Vázquez Corbal comenta que la primera vez que lo visitó, en 2009, se encontró con una “maravilla” escondida detrás de unos troncos: un tímpano con una Maiestas Domini —iconografía clásica de las portadas románicas que muestra a Cristo triunfante— que considera “clave” en la evolución de este estilo en la diócesis de Tui. Antes fue un matadero y vivienda, enumera desde el Reino Unido Manuel Cortes, hijo del actual propietario. Su abuelo se lo adquirió a siete hermanos en los cincuenta. Antes, en el siglo XIX, con las desamortizaciones, pasó a manos privadas. En realidad el centro religioso, femenino y de la orden benedictina, había venido decayendo desde que en el siglo XV se cerró el monasterio. Solo la iglesia siguió funcionando, aunque luego fue sustituida por la parroquial.
“Aceptamos nuestra parte de responsabilidad”, entona Cortes, que se pregunta si su padre acertó cuando dejó que los vecinos se valiesen del inmueble para usos agrícolas. Lo cierto, apunta, es que un muro de una parte inutilizada se cayó en los noventa por una hiedra. Dice que la familia es consciente del valor del edificio, pero carece de recursos para acometer la rehabilitación. “Sin el apoyo de las instituciones, la única salida que hemos encontrado es ponerlo a la venta”, concluye. Actualmente está expuesto en el portal www.joyasinmobiliarias.com. No obstante, hasta la fecha, los interesados rechazaron la compra por no tener un terreno circundante lo bastante amplio.
Cortes narra su peregrinaje ante los distintos responsables que han ido pasando por la Consellería de Cultura. En la época Fraga, un arquitecto de Patrimonio le informó de que el edificio está inventariado, es decir, la Administración sabe que existe y cuenta con el grado mínimo de protección. Se comprometió a estudiar el caso, pero no hubo más noticias. Con el bipartito en San Caetano, el director general rechazó la compra —“me dijo que no eran una agencia inmobiliaria y poco después compraron el castillo de Pambre”, evoca, aunque en realidad fue la Xunta de Feijóo la que anunció esa operación—, pero también prometió enviar a los técnicos para estudiar su estado. Idéntico resultado.
Preguntado por este diario, el actual equipo del departamento autonómico enarbola un discurso similar al de sus antecesores. En las próximas semanas, afirma un portavoz, los técnicos van a visitar el monasterio. Llegado el caso, abrirán expediente informativo que, a lo sumo, acabará en un recordatorio al propietario de que la ley le obliga a mantenerlo en buen estado. Como bien inventariado, la capacidad sancionadora es reducida. También descartan la expropiación, por el desembolso económico. Esto es, o aparece un comprador con capacidad financiera o acabará siendo una mera ruina.
El cenobio de Oia, también en riesgo
Una vez más, ha sido la asociación en defensa del patrimonio medieval O Sorriso de Daniel la que ha dado la voz de alarma sobre el estado de San Salvador de Albeos. En una de las visitas que organizan a los edificios románicos diseminados por todo el territorio gallego, realizada el pasado 10 de junio, se toparon con el “horror” del monasterio en ruinas. Por ello, remitieron una carta al director general de Patrimonio, interesándose por si el bien está catalogado y reclamando una intervención para “salvar los restos de su desaparición absoluta”.
Desde que la entidad nació en 2010, cada una de estas jornadas que impulsan para difundir este estilo se ha saldado con el descubrimiento de algún edificio en estado calamitoso —como el monasterio de San Paio de Abeleda en la Ribeira Sacra— o incluso con la constatación de que la familia Franco tiene en su poder desde hace 50 años dos esculturas de la primitiva fachada románica de la catedral de Santiago.
También desde la sociedad civil provienen los esfuerzos para intentar conservar otra de las joyas de la arquitectura medieval del sur pontevedrés, el monasterio de Santa María de Oia. La asociación de amigos del cenobio ha programado dos jornadas, el 30 de junio y el 1 de julio, de visitas guiadas al conjunto monacal, que aún se conserva en pie, pero que padece un “agónico proceso de degradación”. Con lo que recauden prevén costear reparaciones menores, pero, sobre todo, llamar la atención sobre el estado de un conjunto declarado monumento de interés artístico nacional y que desde hace años espera una anunciada y reanunciada reforma en profundidad para convertirse en centro hotelero y residencial.
* El País - ALBERTO LEYENDA - 23 JUN 2012
Foto: Aspecto del monasterio de San Salvador de Albeos, en Crecente.- elpais
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