El Eurogrupo pide una valoración independiente del ladrillo español

ELPAÍS* : Más torpedos contra uno de los acorazados del esquema institucional español: el Banco de España. El PP ha señalado hoy (con la boca pequeña) la responsabilidad del Banco de España en la crisis de la nacionalizada Bankia. Los países de la eurozona tampoco parecen fiarse: el Eurogrupo quiere una valoración independiente de los activos inmobiliarios de la banca española para aumentar la transparencia. Algo parecido podría ya ir incluido en el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros: la obligación de valorar los activos inmobiliarios de los bancos por parte de expertos independientes. España será, una vez más, el tema central de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

Pero el agujero fiscal será solo uno de los puntos del orden del día: la nacionalización bancaria parece haber despertado otros fantasmas. El Eurogrupo espera que el Gobierno exija a las entidades españolas “un aumento muy considerable de las provisiones”, el colchón con el que los bancos se protegen de posibles pérdidas, según ha explicado un alto funcionario de la UE. Otras fuentes señalan que la Comisión pedirá mañana algo parecido, lo que condena al sector bancario español a unos meses muy, muy duros.

“Suceden cosas a gran velocidad en España y hay una incertidumbre elevada”, ha señalado el alto funcionario de la Unión. Por ello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se someterá a un duro examen en la reunión ministerial, en el que deberá exponer las medidas que el Gobierno adoptará en los dos grandes talones de Aquiles de la economía española: la banca y las comunidades autónomas. Guindos deberá informar de las medidas tomadas en Bankia. Pero además la UE espera “un plan para ofrecer más transparencia” y que Guindos cuente "qué planea hacer para hacer más transparentes los balances de los bancos y para asegurar una correcta valoración de los activos".

La opción de usar el fondo de rescates europeo o créditos del FMI, a la que analistas internacionales se refieren de forma habitual, se ha visto hasta ahora como innecesaria en Bruselas, Washington o Berlín. Eso es al menos lo que declaran una y otra vez los representantes de la Comisión o del Fondo. “No hay nada que indique esa necesidad”, insistió hace una semana el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

Pero más allá de Bruselas, la marea de informes pesimistas sobre la situación de la banca española vuelve a crecer tras la decisión del Gobierno de tomar el control de Bankia, que acumula los activos más problemáticos vinculados al ladrillo. Expertos internacionales creen que la nueva exigencia de más provisiones —reservar dinero para cubrir pérdidas potenciales— que plantea el Gobierno debe extenderse a toda la cartera de créditos, incluyendo los que ahora no presentan riegos de impago y los que no están relacionados directamente con el ladrillo. El resultado de estas cuentas sería una cantidad de dinero que excede las posibilidades de muchas entidades y del propio Gobierno español. La conclusión, que sería necesario apelar al fondo de rescate europeo o al Fondo Monetario Internacional. Algo que el FMI y la Comisión Europea han descartado varias veces en las últimas semanas.

Para la mayoría de los analistas internacionales, la referencia es Irlanda, un país que tuvo que pedir el rescate de la UE al atragantarse en su banca el estallido de una burbuja inmobiliaria muy similar a la española. Irlanda, que inyectó 63.000 millones de euros en su banca tras traspasar los activos más problemáticos a un banco malo y forzar el reconocimiento generalizado de pérdidas, fue auxiliado con casi 70.000 millones por la UE y el FMI. La asunción pública de las pérdidas bancarias disparó el déficit del Estado irlandés al 30% del PIB en 2010 y la deuda pública escaló hasta superar el 100% del PIB. Irlanda, como España, había empezado la crisis con superávit presupuestario y niveles muy bajos de deuda pública.

Con ese punto de partida, el Center for European Policy Studies (CEPS), un influyente think tank de Bruselas, plantea que el Gobierno debería forzar provisiones adicionales por 270.000 millones de euros, cinco veces más que lo que exigió en febrero (53.000 millones) para sanear activos vinculados al ladrillo (en total, las entidades españolas tienen provisionado, o están obligados a hacerlo entre este año y el próximo, pérdidas por más de 100.000 millones, un tercio de los activos problemáticos.

El CEPS realiza sus cuentas a partir de la aplicación de distintos ratios de provisión a la cartera de créditos que ahora se considera que no está expuesta a riesgo de impago, pero que pueden estarlo próximamente dado el deterioro de las condiciones económicas en España, con otra recesión en marcha y una tasa de paro por encima del 24%. Es un esquema muy similar al irlandés: no solo debería elevarse la provisión de créditos inmobiliarios que ahora no se tildan de problemáticos, sino que también debería estimarse la posibilidad de pérdidas en los créditos hipotecarios y los préstamos a las pymes y grandes compañías.

"¿Cómo se puede hablar solo de préstamos inmobiliarios problemáticos, cuando más y más créditos acaban siendo fallidos en el resto de la economía”, cuestiona Patrick Lee, analista de Royal Bank of Canada. El resultado de cálculos como los de CEPS es inmanejable para el sector bancario español. También para el Gobierno. “Si se reconocen pérdidas de forma mucho más agresiva, no veo como puede afrontarlo España sin ayuda exterior”, añadió. “El reconocimiento de pérdidas que hizo Irlanda contribuyó a mejorar la confianza, España es un goteo de malas noticias sobre su sector financiero, justo lo contrario”, añadió Edward Parker, de Fitch Ratings.

Varios medios europeos, como la BBC, se hicieron eco del paralelismo con Irlanda y del debate sobre una posible intervención del fondo de rescate europeo. No faltaron a la cita algunos clásicos, como Axel Weber, expresidente del Bundesbank y ahora consejero delegado de UBS, quien alertó ayer “de los graves riesgos de contagio” que suponen para la zona euro los problemas financieros de España. O el economista Nouriel Roubini, quien, en un artículo en Financial Times, eleva las necesidades de capital de las entidades españolas dado el deterioro “incesante” de sus activos. Roubini, uno de los profetas más conocidos de la crisis financiera, valora esas necesidades adicionales en un rango muy amplio (entre 100.000 y 250.000 millones) sin detallar como llega a esa conclusión.

“La atención de inversores y observadores está girando hacia la parte de la cartera que está en buen estado por ahora”, recalca Tano Santos, de la Columbia University, en el blog NadaesGratis, de la fundación Fedea. La envergadura de las provisiones adicionales y la posibilidad de que haya que inyectar dinero público para ayudar a las entidades que no tengan capital suficiente para afrontarlas, como Bankia, alientan la expectativa de que la crisis financiera engorde el déficit o la deuda pública, o ambos. Y esa incertidumbre contribuye a mantener la prima de riesgo española muy cerca de sus niveles récord.


* El País - CLAUDI PÉREZ / BLOOMBERG Bruselas / Nueva York 10 MAY 2012
Foto: Bruselas, edificio Comision - minube

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Barcelona.- Dos proveedores del Palau donaron 775.000 euros a Convergència

ELPAÍS* : Dos empresas que recibieron grandes cantidades de dinero del Palau de la Música por trabajos ficticios entregaron a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) un total de 775.000 euros en concepto de "donación". Así lo recoge el informe que el administrador concursal de las dos sociedades —New Letter y Letter Graphic— envió hace dos semanas al juez que investiga el desfalco de la institución musical, Josep Maria Pijuan. Las dos empresas, dedicadas al buzoneo y el montaje audiovisual, son proveedoras habituales del partido nacionalista. Según han acreditado los investigadores del caso Palau, ambas facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros a la institución musical. Esos trabajos se cobraron, pero ha quedado acreditado que jamás llegaron a realizarse. La investigación considera que en realidad las empresas fueron utilizadas como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.

Tras declararse en concurso de acreedores, un administrador tomó las riendas de New Letter y Letter Graphic, y descubrió diversas “irregularidades contables” e “importantes salidas de dinero de forma injustificada”, según un informe policial encargado por el juez para seguir el rastro de 18 millones de euros que Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau, retiraron de entidades bancarias. El administrador compareció en el juzgado y ha puesto a su disposición un informe detallado sobre la existencia de un “entramado” a través de esas dos sociedades.

El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que la “mecánica establecida” entre esas dos empresas y su matriz, Mail Rent, tenía como “destino final” el pago de 775.000 euros que aparecen bajo una anotación contable: “Donaciones CiU”. Esos pagos quedan recogidos en los registros contables de las tres sociedades, añade el documento.

Otras irregularidades detectadas por el administrador apuntan en la misma dirección: la posible financiación irregular de Convergència a través del Palau. El informe destaca que las empresas usaban dos criterios distintos de facturación “dependiendo del cliente”. Cuando los trabajos corresponden a clientes convencionales, los cobros son de escasa cuantía —“una media de 1.000 euros”, según el informe— y están perfectamente detallados: “Manipulado, informática, artes gráficas, logística....”. Cuando el cliente es la formación nacionalista y entidades relacionadas con CDC, las facturas son “de importes elevadísimos, decenas o cientos de miles de euros”, y están definidas de forma muy genérica bajo el epígrafe de “varios”.

Una de esas entidades es “federación Convergència i Unió (CiU)”, a la que se facturan servicios por un importe de 804.563 euros, una cantidad muy similar a la que las empresas donaron a la formación nacionalista. Los otros clientes especiales son: la Fundación Forum Barcelona, una agrupación de debate asociada a miembros de CDC de Barcelona (65.000 euros); la Fundación Orfeó Català (847.055 euros); la Fundación Ramon Trias Fargas, ligada a CDC (81.573 euros); Coalició per Europa, la marca con la que CiU y otras formaciones concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 (458.226 euros); la constructora Proinosa (103.800 euros), y Unitat per les Illes, una coalición de partidos de Baleares entre los que está Unió Mallorquina (15.827 euros). En total, las facturaciones suman 2,3 millones de euros entre 2007 y 2009.

Estos beneficios generaron un fuerte “impacto positivo” en las dos empresas. Para compensarlo y pagar menos impuestos, sigue el informe, se instrumentó una “operativa” de forma que Mail Rent facturó a sus filiales 1,8 millones por “alquileres de maquinaria” que jamás se materializaron.

El informe destaca, además, que las empresas acumulaban cobros por 1,3 millones en un registro bajo el concepto de “deudores” sin que pueda detallarse su origen ni destino. Los importes del epígrafe constan “sin nombre, sin número de identificación fiscal, sin domicilio y sin documento alguno que ampare las cantidades pagadas y permita conocer el destinatario final de esos importes”. El administrador cierra el círculo al sostener que esa cuenta de “deudores” tiene una clara “conexión” con la cuenta de “donaciones CiU”.

Las empresas operaban con “cantidades importantes de dinero en efectivo”, lo que facilitaba movimientos de tesorería “sin dejar rastro” de determinados pagos. Esta práctica, concluye el administrador, está “alejada de los usos habituales y de la ortodoxia empresarial”, ya que “niega transparencia y seguridad en el tráfico de las operaciones”.

El informe remitido por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona a Pijuan abre nuevas vías que acreditarían los pagos a CDC. El juez y el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, tirarán a partir de ahora de ese hilo después de que el informe sobre los 18 millones retirados en cheques no haya dado el resultado esperado. Ese dinero supone más de la mitad del monto total que, supuestamente, fue desviado por Millet y Montull. Los agentes esperaban que alguna de las personas que cobraron esos talones fuese el nexo con CDC, pero la investigación se ha visto dificultada por la opacidad de los bancos. La policía, pese a todo, sostiene en su informe que “sospecha” de la financiación irregular y considera que las revelaciones del administrador avalan eta tesis.

La oposición, por su parte, cargó ayer en bloque contra Artur Mas y exigió explicaciones a CDC por su supuesta financiación irregular. El PSC instó al presidente de la Generalitat a que diga públicamente si mantiene la “palabra de honor” que dio en agosto de 2010 de que no ha habido financiación irregular de su partido a través de esa entidad cultural. “Las informaciones periodísticas y las conclusiones a las que llegaron la comisión de investigación del Parlament y la Sindicatura de Cuentas indican todo lo contrario”, dijo Jaume Collboni, portavoz del PSC. Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, denunció el “silencio” de CDC en torno al caso Palau. “A nadie se le escapa que es el partido mejor financiado de España”, recordó Herrera.

A su vez, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, expresó el convencimiento de su formación de que hay “evidencias más que claras de una presunta financiación irregular de CDC”. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, sostuvo que “no puede haber una sospecha” y Alfons López Tena, diputado de SI, reclamó que CDC y el Gobierno catalán hagan públicos todos los datos porque, según dijo, los ciudadanos “merecen un Gobierno que no les engañe”.

El portavoz de la Generalitat y vicesecretario general de CDC, Francesc Homs, salió al paso de las críticas y retó a “probar las sospechas” sobre la vinculación de su partido con el caso Palau.


* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 11 MAY 2012
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Generalitat_de_Catalunya_- wikimedia.org

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Santa Cruz.- El TSJC rechaza el recurso de ATAN contra la urbanización Las Huertas

DIARIODEAVISOS/Tenerife* : La edificación del entorno de la playa más importante de la capital sigue generando conflictos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (Atan) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife, que avalaba la aprobación del proyecto de urbanización del Valle de Las Huertas por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife en diciembre de 2004, al entender que no se ha agotado la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.

El colectivo ecologista presentó en marzo de 2008 un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consistorio por el que se autorizaba la urbanización del Valle de Las Huertas, promovida entonces por Inversiones Las Teresitas, SA, entidad que en 2006 vendió los terrenos a Mapfre por 120 millones de euros. Esta demanda fue desestimada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, por lo que Atan interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia autonómico, que también lo ha desechado.

Sentencia

El dictamen de carácter firme, de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, otorga al colectivo ecologista la potestad de solicitar a la Administración “la revisión de los acuerdos contrarios a la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística dentro de los plazos señalados”. La sentencia, que ratifica la anterior, señala asimismo que una vez acabada esta posibilidad, la organización podría impugnar dichas resoluciones ante los tribunales.

En declaraciones a este periódico, el concejal de Planificación Territorial y Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt, analizó ayer esta sentencia, que, a su juicio, “no entra en el fondo del asunto”, dado que lo que deniega “es una cuestión formal”.

De esta manera, el edil socialista recordó que el colectivo ecologista tiene la posibilidad de acudir a la vía administrativa a la que hace referencia el auto del TSJC, para lo que tienen un plazo de “cuatro años una vez finalicen las obras”.

Al respecto, José Ángel Martín afirmó que, si bien cualquier cuestión urbanística relacionada con Las Teresitas y Las Huertas “es muy complicada”, el Ayuntamiento “obrará con toda la delicadeza y cautela que merece el tema”.

El TSJC, además de desestimar el recurso por falta de agotamiento de la vía administrativa, impone a Atan el pago de las costas.

Paralización de obras

En septiembre de 2011, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ordenó al promotor (Desarrollos Urbanos CIC, SA, perteneciente a Mapfre) la inmediata paralización y suspensión cautelar de las obras de urbanización que se están ejecutando en la modificación puntual de la urbanización del Sector B del vial de Montaña Morera, habida cuenta de que las obras ejecutadas y por ejecutar en el vial 1 definen unas alineaciones, en ambos márgenes, que no se corresponden con las que fija el planeamiento vigente.

Tal y como indicó el Ayuntamiento en una nota, también se dictó la paralización y suspensión cautelar de las obras que se están ejecutando en el puente sobre el barranco de Las Huertas, a su paso por la parcela B-11 de la zona del barranco, ya que los informes recabados por la GMU contemplan discrepancias entre la planta y la sección transversal de la canalización del barranco, al diferir las medidas de la coronación y la sección.

Además, existen diferencias entre la sección transversal proyectada y la que se encuentra en ejecución.


* Diario de Avisos - 9.5.12
Foto: El proyecto de urbanización de estos terrenos ha estado sujeto a numerosos contenciosos. / MOISÉS PÉREZ

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Galicia.- Infraestructuras propone cobrar una tasa por el uso de la red viaria

ELPAÍS* : Más allá del peaje en las autovías, la Xunta plantea otra alternativa para contribuir a la financiación de las actuaciones en la red de carreteras de Galicia: cobrar una tasa por su uso. Así figura en el borrador de la Lei de Estradas de Galicia, que la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio llevará al Consello de la Xunta este verano. La norma modifica por completo el sistema de financiación actual, basado en la consignación de la Administración a través de sus Presupuestos y de los peajes.
La futura ley establece la posibilidad de generar recursos por la explotación de las carreteras.

Es ahí, en el apartado b de su artículo 31, donde se introduce “la implantación de una tasa por uso de la red de carreteras”. La redacción remite a propuestas como la realizada hace semanas por el Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos de Galicia para crear un canon por la utilización de la red viaria, rápidamente rechazada por las asociaciones de transportistas. La consellería, sin embargo, sostiene que no implica ningún cambio con respecto a la ley en vigor.

La norma que rige en la actualidad el sector, de 1994, no establece tasas de ningún tipo. Pese a ello, Infraestructuras señala que la nueva ley “no crea tasas”, sino que “indica cuáles de las existentes se pueden destinar a la financiación de las actuaciones en carreteras”, en referencia a los peajes. Pese a esta explicación, la norma que tramita la consellería de Agustín Hernández diferencia claramente entre peajes y tasas, y en su artículo 34, sobre modos de explotación de la red viaria, establece que esta, travesías incluidas, será de utilización gratuita para el usuario, “salvo que se establezca una tasa por su uso”.

El borrador de la ley, que ya ha pasado la fase de información pública y está pendiente de informes, establece varias vías de financiación de las actuaciones viarias. Además de la consignación presupuestaria tradicional, contempla el sistema de colaboración público-privada, aplicado para la construcción de la autopista de la Costa da Morte, la de mayor presupuesto de las construidas en esta legislatura. En este modelo, la obra es financiada por la adjudicataria a cambio de un canon de explotación.

La ley prevé también los procedimientos de cooperación con otras administraciones y la financiación mediante recursos propios generados por la explotación de carreteras y contribuciones especiales. En todos los casos, la norma determina que allí donde se establezca “un pago de peaje o tasa por su uso”, se puedan establecer medidas compensatorias para “reducir o anular el pago directo por el usuario”.

Como novedad, el borrador prevé la obtención de recursos generados por la explotación de carreteras. Además de la tasa por el uso de la red viaria, se crean otras dos: una que gravará la ocupación, uso privativo y aprovechamiento especial del dominio público viario, y otra aplicada por la dirección de los contratos asociados a la gestión de la red viaria. La primera de ellas la pagarán las empresas de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones que utilicen el espacio de carreteras y autovías para su red de cableado o canalizaciones. Su importe se vinculará a los beneficios de las empresas afectadas, aunque también tendrá en cuenta la longitud de la carretera afectada, los beneficiarios del servicio y las características territoriales de la zona.

La segunda tasa, mientras, está relacionada con las asistencias técnicas que realicen trabajos para la consellería en la ejecución y mantenimiento de infraestructuras, a las que se aplicará una cuota del 4% del presupuesto de ejecución. La Xunta también podrá obtener recursos mediante la enajenación de propiedades de la red de carreteras o de aprovechamientos urbanísticos de terrenos del dominio público viario. La ley incluye en estos recursos las indemnizaciones por daños y multas o sanciones derivadas de infracciones en aplicación de la ley.


* El País - PABLO LÓPEZ Santiago de Compostela 8 MAY 2012
Foto: La autovía del Barbanza,el día de su inauguración. / ANDRÉS FRAGA

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'Malaya'.- Los promotores sobornaban a Roca incluso para conseguir actos legales

ELMUNDO/Málaga* : La maquinaria de la corrupción municipal de Marbella estaba bien engrasada y funcionaba tanto para conseguir actos administrativos legales como ilícitos. De hecho, algunos promotores procesados en el juicio del caso 'Malaya' pagaron sobornos al ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, “incluso para actos legales”, tal y como ha declarado este martes el inspector de la Udyco Marcos Romarís.

Dicho investigador ha vuelto a comparecer junto al que fuera su jefe, el inspector José Manuel Rando. Ambos, como ya es sabido, llevaron el peso de las investigaciones policiales desde noviembre de 2005 hasta que entre 2006 y 2007 arrojaron la toalla, desmotivados por continuas injerencias de sus superiores, molestos con que el juez Miguel Ángel Torres 'blindara' el caso, para que sólo los dos mandos le reportaran a él personalmente.

“Se cobra y se paga por actos legales para no demorar en el tiempo” los permisos urbanísticos, ha insistido Romarís para referirse a las entradas y salidas de ingresos en la contabilidad de Roca, provenientes de empresarios. Dichos fondos eran, a su vez, distribuidos por el ex asesor urbanístico entre los cabezas de lista del gobierno tripartito que presidió Marisol Yagüe, entre agosto de 2003 y marzo de 2006, tal y como él mismo tiene declarado en la vista oral.

El ejemplo más ilustrativo de los sobornos de empresarios, para conseguir permisos dentro de la legalidad en Marbella, lo personifica el conocido promotor madrileño Fidel San Román. Su declaración en la sala, como acusado, supuso un auténtico bombazo informativo. Admitió haber pagado 3 millones de euros a Roca a cambio de conseguir licencias de primera ocupación para sus lujosas promociones de viviendas, junto a Puerto Banús.

“O me cuelgo de la soga o tengo que acceder a pagar dinero”. De esta forma, en presente histórico, San Román reconoció los sobornos al principal acusado. A preguntas del fiscal el conocido empresario madrileño relató que “un buen día, mi gerente me dijo que había que entregar dinero para desbloquear la situación”. Todos los pagos se hicieron en las oficinas privadas de Juan Antonio Roca (Maras Asesores) y “en una ocasión en Madrid”, detalló San Román. El procesado sostiene que los fondos entregados a Roca, entre febrero y noviembre de 2005, provenían de “dinero blanco de mis empresas y también de dinero mío”.

La versión del también empresario taurino es diametralmente opuesta a la que mantiene Roca. El considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí declaró ante el fiscal- el 7 de noviembre de 2011- que él había recibido pagos de San Román pero “en concepto de asesoramientos privados”, concretamente más de un millón de euros. El promotor, acusado de cohecho y blanqueo de capitales lo negó tajantemente: “En nuestras empresas no hemos tenido asesoramiento de nadie más que de nuestro equipo”.

El caso de Fidel San Román es distinto a otros como el del promotor granadino José Avila Rojas, que también pagó, presuntamente, sobornos a Roca pero quizás sea el empresario que más construcciones edificó de forma ilegal en Marbella. Luego, salvo excepciones, han sido legalizadas por el nuevo PGOU aprobado entre el PP y la Junta de Andalucía.

A la hora de analizar las salidas y entradas de fondos en la caja B de Roca los inspectores de la Udyco lo han tenido claro este martes en el caso de la empresa Aifos, vinculada a los hoteles Guadalpín, entre otras promociones: “Hay proporcionalidad entre la salida de fondos de Aifos y lo que recibe García Marcos. Se trata de una aportación coetánea en el tiempo”, ha aclarado Romarís.

El abogado de la tránsfuga socialista, José Luis Rueda, ha insistido en que su defendida no firmó el convenio con Aifos del que la Policía deduce que percibió sobornos. Los investigadores han replicado que “en algunos casos existe esa firma de convenio y en otros no”.

Pero a la vista de sus pesquisas policiales “al parecer existió un acuerdo tácito, entre los ediles, de repartirse las cargas de ir al juzgado”, como imputados. Han hablado de un “concierto de voluntades” entre ellos y “los cobros vendrán de acuerdo a ese concierto y no a haber firmado, o no, los convenios” de promotores que pagaron ilícitamente a Roca.

Escolta de Yagüe

En otro orden de cosas, este martes también ha testificado, a petición de la ex alcaldesa Yagüe, una agente de la Policía Local de Marbella que se convirtió en su escolta de mayor confianza durante su gestión como regidora. Dolores Sánchez ha asegurado, a preguntas de la defensa, que durante el verano de 2005 detectó seguimientos a la primer edil marbellí.

“Eran vehículos con placas que correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concretado la escolta personal de Yagüe a preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero. El Ministerio Público se ha interesado en conocer qué gestiones hizo la Policía Local de Marbella ante el Ministerio del Interior, pero no parece que fueran muchas las indagaciones.

El testimonio de Dolores Sánchez sustenta las tesis de las defensas de los procesados sobre que la Policía Nacional comenzó a investigar meses antes de que, en noviembre de 2005, el juez Torres dictara el auto de apertura de diligencias previas 4796/2005 que dio pie a la operación ‘Malaya’. Si así fuera la investigación judicial quedaría invalidada.


* El Mundo - José Carlos Villanueva - 8.5.12
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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El 15M convoca el sábado a tomar la calle en 160 ciudades de todo el mundo

EUROPAPRESS* : El movimiento ciudadano del 15M, también conocido como el de los indignados, tiene previsto tomar las calles de todo el mundo el próximo sábado 12 de mayo para reclamar "un cambio global" y para demostrar que el espíritu que movilizó a ciudadanos de cientos de ciudades el pasado 15 de octubre sigue vivo. En España, las manifestaciones pretenden además conmemorar el origen del movimiento, surgido a raíz de la primera manifestación convocada el 15 de mayo de 2011 y que dio nombre al colectivo.
Para celebrar el que han bautizado como 'Mayo Global', o 'Global May' en inglés, y que en las redes sociales se conoce como #12M15M, los indignados de más de 34 países en cuatro continentes han convocado para el próximo sábado manifestaciones y concentraciones en más de 160 ciudades, entre las que destacan algunas tan importantes como París, Berlín, Londres, Bruselas, Nueva York, Río de Janeiro o Caracas.

Desde Australia hasta Kazajistán, pasando por Canadá, Israel y Corea del Sur, el movimiento de indignación ciudadana tiene previsto reclamar "con total firmeza y de un modo no violento la justicia social, la distribución de la riqueza y una ética pública", así como condenar "la pobreza, la desigualdad, la devastación medioambiental y la corrupción como herramienta de sometimiento de los poderosos sobre las sociedades".

Según defienden en un manifiesto difundido a través de la web desde la que coordinan las movilizaciones, www.may12.net, recogido por Europa Press, su intención es volver a convertir las calles "en el mayor altavoz del mundo el 12 de mayo". "Han pasado más de seis meses y seguimos alzando la voz para dejar claro a los políticos y banqueros que no nos representan, que estamos coordinados", aseguran.

Así, advierten de que no tienen pensado desistir hasta conseguir sus objetivos, que son, aseveran, "los del 99 por ciento de la población". "Saldremos a la calle una y otra vez hasta que podamos decidir entre todos y todas el mundo en el que queremos vivir. Queremos un cambio global", sentencian.

MÁS DE 75 CIUDADES ESPAÑOLAS

En España son casi 80 las ciudades que de momento se han sumado a la movilización global y en las que han convocado manifestaciones y concentraciones para el sábado, protestas que en este caso tienen previsto prolongar en muchos casos hasta el próximo 15 de mayo para celebrar el primer aniversario del movimiento en España.

Fueron precisamente las manifestaciones celebradas en toda España el domingo 15 de mayo de 2011, convocadas por la plataforma ciudadana 'Democracia Real Ya', las que dieron origen a las acampadas que ocuparon las plazas de España durante más de un mes y que supusieron el origen y la consolidación del movimiento, ya conocido como el 15M, en honor a esta fecha.

Así, 77 ciudades como Madrid, Alicante, Badajoz, Bilbao, Ciudad Real, Granada, Huesca, Vigo, Sevilla, Barcelona o Valencia acogerán el sábado manifestaciones para volver a defender que los ciudadanos no son "mercancía en manos de políticos y banqueros".

En Madrid, donde hasta el momento se han venido produciendo las protestas más numerosas del 15M, los indignados tienen previsto marchar hasta la Puerta del Sol desde cuatro puntos de la capital en los que confluirán a las 19.00 horas las cuatro "columnas" procedentes de los distintos barrios y municipios madrileños.

Así, la marcha procedente del norte saldrá desde San Bernardo y bajará hasta Sol por la calle Preciados, la sur desde Atocha y hará lo propio por Carretas, la Este iniciará su etapa final en Cibeles y marchará por la calle Alcalá, y la columna Oeste desde la Plaza de Oriente, para llegar a Sol por la calle Arenal.

"En estas cuatro plazas confluirán las marchas que vengan desde los distintos barrios y que finalizarán con la llegada simultánea a la Puerta del Sol por cuatro calles. Con esta división se trata de facilitar el acceso a Sol y dejar las otras calles adyacentes como vías de salida", explican en la web de la vertiente madrileña del 15M.

"ASAMBLEA PERMANENTE" EN SOL

Una vez en la céntrica plaza, convertida ya en un símbolo del movimiento, los indignados tiene previsto proceder a la lectura de manifiestos, proyectar videos, conectar por streaming con otras plazas y celebrar un "picnic". A media noche han programado un "minuto de silencio", tras el cual harán ondear "pañuelos blancos para que cese la violencia económica y las guerras".

Asimismo, los indignados ya han manifestado su intención de instalar en la Puerta del Sol, que acogió hace un año la primera acampada, una "asamblea permanente de reflexión y de acción" que se extenderá desde el 12 de mayo hasta el día 15 para celebrar el aniversario, así como actividades "temáticas" en las plazas aledañas para "visibilizar las diferentes mareas surgidas a lo largo del año".

De este modo, la Plaza Mayor se teñirá de verde para acoger las actividades relacionadas con la Educación Pública, Tirso de Molina hará lo propio de azul y será escenario de las actividades sobre "Agua Pública" y Migración, la de Santa Ana será la "plaza blanca por la Salud Pública y de calidad" y la de Callao, "la plaza roja contra el desempleo", entre otras.

De las actividades que tendrán lugar en la misma Puerta del Sol enmarcadas en la "asamblea permanente", destaca la presentación del "Tribunal Ciudadano de Justicia", iniciativa con la que pretenden "investigar los delitos que han cometido los banqueros", así como la celebración de una asamblea general al finalizar cada jornada para poner en común lo hablado en las diferentes plazas.


* Europa Press - 7.5.12

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Mijas se declara ´desbordada´ por la construcción de casas en el campo

LAOPINIÓN/Málaga* : En Mijas siguen haciéndose casas en el campo, y desde el Ayuntamiento están dispuestos a llamar a todas las puertas necesarias para acabar con esta práctica pese a las muchas advertencias realizadas por el actual equipo de gobierno municipal. Ayer se supo que su alcalde, Ángel Nozal, ha solicitado a la Guardia Civil que colabore con la Policía Local para evitar más obras irregulares en el extenso término municipal.
Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo en la institución local, Manuel Navarro, quien lamentó tener que comparecer de nuevo para abordar este asunto. «Se ha consentido durante muchos años, pero este equipo de gobierno no mirará a otro lado, como hicieron otros en su momento. Es importante que todos sepan que toda obra en el campo que se inicie ahora nunca será regularizada», zanjó el edil.

Manuel Navarro añadió que en el Consistorio se sienten «desbordados» por las numerosas acciones irregulares de este tipo llevadas a cabo por algunos vecinos. De ahí que pidan ayuda a otras entidades para que vigilen y controlen esta conducta incívica.

Y es que, en cifras, durante el pasado mes de abril el área de Urbanismo del organismo municipal contabilizó hasta 50 precintos de obras sin licencia, «no sólo en el campo, también en áreas urbanas», como indicó el propio responsable municipal. En este sentido, Navarro llegó a asegurar que dicha cifra supone más precintos de los que el Ayuntamiento de Mijas ha practicado desde la llegada de la democracia.
Las incidencias, según apuntó el concejal, van desde ampliaciones de terraza, cerramientos de balcones, hasta obras de construcción de viviendas nuevas, tres de las cuales se estaban construyendo en zonas rurales.

Entorpece la regularización. Estos datos, que no arrojan un cambio en este fenómeno irregular en el municipio como señaló el edil, vienen a dificultar el proceso de regularización de viviendas iniciado por el presente equipo de gobierno mijeño que, según avanzó el concejal Manuel Navarro, se encuentra ahora en la última fase de catalogación de construcciones irregulares.

Se trata de aquellas casas que se construyeron hace más de cuatro años y que, después de un estudio y de abonar las correspondientes tasas urbanísticas, podrán o no convertirse en legales.


* La Opinión Málaga - JOSÉ LUIS JIMÉNEZ 9.5.12
Foto: Mijas-Calahonda (Málaga) - J.Rojas, elpais.com

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Piden cárcel y nueve años de inhabilitación a exedil de Urbanismo de Zurgena por 67 viviendas

EUROPAPRESS/Almería* : La Fiscalía ha solicitado penas de 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para el exedil de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras (PA), y el arquitecto municipal Carlos Domingo B.F., por autorizar presuntamente una promoción de 67 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable y a sabiendas de que no podían ser susceptibles de autorización de acuerdo a legislación urbanística vigente en la pedanía de La Alfoquía. En el procedimiento, sobre el que el juez instructor ordenó apertura de juicio oral el 30 de abril, se ha formulado, asimismo, acusación contra los administradores de las mercantiles Sumlit SL y López y Silvente SL, promotora y ejecutora de la obra, respectivamente, y contra la arquitecto que elaboró el proyecto para la primera de las empresas por presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio. Todos se enfrentan al pago de 847.227 euros para sufragar el coste del derribo ya que 45 viviendas fueron vendidas antes de que la obra fuese paralizada en 2007 y están habitadas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa decretó, sin embargo, a petición del Ministerio Público, el sobreseimiento de las actuaciones contra parte de la corporación que ejerció hasta 2007 y contra el exalcalde y actual concejal de Urbanismo, Cándido Trabalón (PA) y la secretaria municipal, Trinidad L.G., al estimar que de las actuaciones practicadas no se desprende la perpetración de un delito de prevaricación urbanística ya que, al existir un informe favorable a la concesión de la licencia, no se puede apreciar dolo.

Según se recoge en el escrito de calificación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados Francisco S.G. y José L.A. como administradores de la mercantil Sumlit SL, así como Luis S.D. y José Antonio L.A., administradores mancomunados de López y Silvente SL, construyeron 67 viviendas en la parcela 68 del polígono 16 del término municipal de Zurgena "con conocimiento de que el suelo sobre el que se levantaban era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación urbanística".

Por su parte, Adoración G.F. elaboró el proyecto a petición de Sumlit para la promoción, un proyecto que fue ejecutado en calidad de arquitecto técnico por Carlos Domingo B.F. con el mismo conocimiento, según subraya. En el caso de Carlos Domingo B.F. resalta, además, que en su condición de asesor técnico del Ayuntamiento, emitió dos informes favorables a esta actuación en mayo de 2005 y en marzo de 2005 pese a saber de "su ilegalidad" y manifestando "mendazmente" que el suelo era urbano y que, por tanto, era posible construir.

A partir de ese informe, el exconcejal de Urbanismo zurgenero, "pese a que conocía que el tipo de suelo imposibilitaba la concesión de la licencia", emitió sendos decretos en los que autorizaba la construcción de la promoción y, además, concedió, a partir de julio de 2006, la licencia de primera ocupación para cada una de las 67 viviendas.

El acusado Carlos Domingo B.F. se enfrenta, asimismo, a la pena de 12 meses de multa a razón de 50 euros al día como supuesto autor de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios ya que "compatibilizó" el cargo de arquitecto técnico de la ejecución de la obra y sus funciones como asesor técnico del ayuntamiento, "lo que le hizo --ahonda-- perder toda la objetividad a la hora de hacer valoraciones y emitir informes favorables a la obra".

El Ministerio Público exime, sin embargo, de responsabilidad al resto de imputados ya que el informe de la secretaria del Ayuntamiento de Zurgena "no era ni favorable ni desfavorable a la concesión pues se limitaba a señalar que debían ser los servicios técnicos los que determinaran la adecuación del proyecto a la normativa urbanística".

Tijera, junto al exregidor, acumula más de una decena de procedimientos penales abiertos, entre ellos, el derivado de la macrooperación conocida como 'Costurero' que se saldó en el año 2007 con su detención. El juez instructor de esta causa ordenó incoar procedimiento abreviado hace más de un dos y medio contra él y otras 24 personas, entre ellos parte de la corporación local, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.


* Diario del Derecho - EP - 7.5.12
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net

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El juez abre la puerta al procesamiento de Millán y Novoa por el caso Hiconsa en Cartaya

HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ayamonte ha dictado un auto, con fecha 30 de abril de 2012, por el que ordena la continuación de las diligencias del llamado caso Hiconsa de Cartaya y mete de lleno al ex alcalde, Juan Antonio Millán; y a su primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, en la senda de un juicio oral en el que se deberá sustanciar y dilucidar si hubo corrupción urbanística en el municipio bajo su mandato.
El auto deja claro el procesamiento, tras el fin de la instrucción judicial, de Millán, Novoa y otras tres personas, implicadas presuntamente en un caso de supuesta prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.

Están imputados, además, Juan Márquez (administrador de la empresa constructora), Francisco Benítez (arquitecto que hizo la valoración del convenio urbanístico y que era a su vez arquitecto de Hiconsa y de Miguel Novoa en una obra particular), y María Dolores Contreras (esposa del teniente de alcalde de Urbanismo).

En el auto, se subraya que se dé traslado al Ministerio Fiscal y simultáneamente y por medio de fotocopias a las acusaciones particulares personadas para que en diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa.

El caso se reabrió en octubre de 2011 porque la sala consideró que lo instruido es "insuficiente" para archivarlo, ya que a su parecer "faltan indagaciones de interés y no puede todavía razonarse que los hechos, algunos cuya existencia no se discute, deban considerarse en todo caso no punibles".

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por Izquierda Unida, Independientes por Cartaya, Partido Popular y Partido Andalucista, que están personados como acusación popular.

En la trama del caso estarían implicados Millán, el ex primer teniente de alcalde, un arquitecto; el administrador de Hiconsa y la esposa de Novoa.

A juicio de la oposición, la reapertura del caso Hiconsa permitirá investigar, entre otros aspectos, si era correcta o no la valoración de los terrenos donde la contructora ha edificado un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido 3,5 millones de euros en esa operación urbanística.

La operación tuvo su origen en el convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Consistorio en junio de 2005 para la construcción de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados. El arquitecto autor de las valoraciones de los suelos públicos y privados, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las realizó para que fuese económicamente viable la venta de las viviendas que la empresa pretendía construir.

Para los denunciantes de la operación, en la tramitación del caso ha quedado claro y demostrado que "el arquitecto denunciado trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y para Novoa", así como que éste dijo que la valoración de los terrenos se hizo para que las viviendas a construir por Hiconsa fuesen competitivas en el mercado.

A juicio de las partes denunciantes, eso quiere decir, subrayaron tras la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial, que la tasación se hizo "atendiendo a los intereses de la empresa en lugar de a los del Ayuntamiento".

ICAR, PP y PA, que hoy conforman el tripartito que gobierna Cartaya, siempre mantuvieron en las preliminares judiciales del caso que el Gobierno municipal del PSOE otorgó de forma ilegal licencia de obras a Hiconsa para la construcción de las viviendas, pues no estaba aprobado de forma definitiva el planeamiento urbanístico de esa zona, cuyo autor es el arquitecto denunciado.


* Huelva Información - 8.5.12
Foto: Cartaya (Huelva) - todohuelva.com

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Madrid admite el error de 15 años de crecimiento basado solo en el ladrillo

ELPAÍS* : Madrid soñaba hace 15 años con convertirse en una capital europea pujante en lo económico; compacta, verde y habitable para sus ciudadanos, y con un centro histórico y una oferta cultural a la altura de París o Londres. Preveía además engordar su población a costa de los municipios vecinos, así que optó por exprimir el suelo disponible, convirtiendo en urbanizable y casi exclusivamente residencial el doble de superficie (10.000 hectáreas) de la que ocupa la almendra central.

El diagnóstico llevado a cabo ahora por el Ayuntamiento sobre lo sucedido en esos 15 años es desolador: la oferta de viviendas en la capital es muy superior a la demanda; hay barrios enteros planificados —que en total suman 200.000 pisos más— cuya viabilidad futura es dudosa; la actividad económica se ha fiado exclusivamente a la construcción, descuidando comercio e industria; y todo para que el problema de la falta de vivienda haya persistido por culpa del fuerte incremento de precios, dificultando su acceso a parte de la población.

Ahora el ciclo ha cambiado, la burbuja del ladrillo ha estallado, la ciudad no está preparada para el desarrollo de otras actividades económicas y se encuentra además atada de pies y manos por el exceso de suelo residencial.

La hoja de ruta de este disparate es el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento en 1997. No contemplaba un plazo para su ejecución, pero revisarlo fue una de las promesas de Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue elegido alcalde en mayo y de Ana Botella cuando le sucedió en diciembre.

La concejal de Urbanismo, Paz González, lo explicó así la semana pasada: “Aquel plan pensó que Madrid debía crecer de forma indefinida; no se marcó unos objetivos claros sobre el modelo de ciudad que se quería. Pero estamos a tiempo de enmendar esos errores, a tiempo de resolver caminos que no tienen retorno, a tiempo de conseguir una ciudad para las personas”. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, lo resume así: “Los intereses de los ciudadanos quedaron por detrás de los de los promotores inmobiliarios”.

El primer paso de este proceso de revisión ha sido realizar un análisis del Plan de 1997, que “es ahora el mayor condicionante para definir el futuro de Madrid”, según admiten los responsables de Urbanismo. El documento resultante, de casi 250 páginas, señala otro obstáculo fundamental: la crisis económica. A ella se achaca que gran parte del plan solo se desarrollara sobre el papel, con “bajo costo económico en comparación con las altas inversiones que requiere la transformación física del territorio”.

Pero la crisis no llegó hasta 2008, 11 años después de la aprobación del plan, y después de (y, en parte, a causa de) una extraordinaria burbuja especulativa en torno al precio del suelo y de las viviendas.

“Para dar respuesta a la demanda existente”, cifrada en 309.298 viviendas, el Ayuntamiento optó por incluir en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 casi todo el suelo disponible. Fue más allá incluso, añadiendo Valdecarros y Valdebebas.

Anticipó la construcción de 371.114 viviendas, a las que hay que sumar 171.121 que se podrían levantar en el resto de suelo disponible. En total, 542.235. Entre 1997 y 2011 se concedieron licencias para 262.553 viviendas; hay otras 200.000 proyectadas, pero aún sin construir.

La revisión ahora del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 señala que “la producción no se corresponde con la demanda real en función de la evolución de la población”. Madrid ha ganado solo 390.000 habitantes en estos 15 años, y cada vez son más los que optan por irse a vivir a municipios vecinos. Además, el tipo de viviendas construidas no se adecuó a las necesidades de los ciudadanos.

El documento añade que “sistemáticamente se ha hecho hincapié en el uso residencial del suelo”, y no se han incentivado otros que promuevan la actividad económica. Es decir, se ha apostado por el modelo productivo de la ciudad a una sola carta: el ladrillo. Eso ha llevado, entre otras cosas, a que la actividad comercial se aglutine en la almendra central, “desplazando” a las tiendas tradicionales.

Durante los 15 años que median desde la elaboración del plan, el Gobierno regional han sido presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) y Esperanza Aguirre; la alcaldía la han ocupado José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Gallardón (2003-2011) y Ana Botella. Todos ellos han gozado de mayoría absoluta. Todos ellos pertenecen al Partido Popular.

» Los PAU, en el aire. El Ayuntamiento cree que la mayor parte de las actuaciones previstas en 1997 para la corona norte ha sido ejecutadas, con la “incógnita significativa” pendiente de la Ciudad de la Justicia y la Operación Castellana. Muy diferente es la situación en el sur, donde solo el Ensanche de Vallecas está avanzado (pero con “un importante remanente de edificabilidad”). Y concluye que las “dificultades” económicas a corto y medio plazo “plantean un importante interrogante respecto a la materialización de los desarrollos previstos en los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro (130.000 viviendas)”. Es decir, cuestiona el futuro de los Programa de Actuación Urbanística (PAU) de Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros.

» Atascos y contaminación. En materia de transportes, “el objetivo general de desincentivar voluntariamente el uso del vehículo privado” no se ha alcanzado, sobre todo fuera de la almendra central.

Se pensó que Madrid crecería a costa de los municipios vecinos, y ha sido al revés, lo que ha incrementado los desplazamientos entre el centro y la periferia urbana y regional, con mayor peso además del vehículo privado. El informe critica los “avances muy limitados” realizados por el Gobierno regional para paliar la “escasez” de aparcamientos disuasorios.

Tampoco se ha logrado que los promotores de los nuevos barrios se hagan cargo de las infraestructuras de transporte público, con la excepción de la prolongación de la línea 1 de metro en el Ensanche de Vallecas y de la 10 en la Castellana. Ni desatascar la N-V llevando el tren de cercanías a los nuevos desarrollos en el área de Alcorcón.

» Dotaciones insuficientes. No se han alcanzado los objetivos previstos en materia de escuelas, polideportivos, etcétera, sobre todo en las áreas urbanas ya consolidadas. Una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a emplear la expropiación en lugar del intercambio de terrenos para lograr el suelo donde construir esas dotaciones, lo que elevó su coste y limitó las actuaciones, dejando la almendra central sin las instalaciones que precisa. Se obtuvo menos de la mitad del suelo (35 millones de metros) que se deseaba, y no siempre donde se deseaba.

» Fracaso en la rehabilitación. El centro adolece además de otro problema: el método con el que se planteó su rehabilitación (por ejemplo, los patios azules y los patios de manzana) no ha funcionado, “lo que se refleja en la persistencia de infraviviendas y de carencias dotacionales”. Además, la catalogación de edificios a preservar por su valor histórico ha trabado aún más esta regeneración, al haberse hecho de forma “discrecional”, sin aportar valor al patrimonio artístico e impidiendo en muchos casos modernizar las construcciones para hacerlas habitables.

» Los parques no interesan. Las zonas verdes se han ampliado en estos 15 años en 2.800 hectáreas, frente a las 3.450 previstas; el documento destaca el fracaso en el Parque Manzanares y la Casa de Campo.

Pero, sobre todo, concluye que las operaciones que podrían haber hecho de Madrid una ciudad más sostenible en términos medioambientales, mejorando su habitabilidad, “suponían un conflicto” con el propósito último del plan: exprimir al máximo el territorio convirtiéndolo en urbanizable.

» ¿Qué solución cabe? La revisión del Plan General está aún en sus primeras fases, pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que está dispuesto a cambiar el uso del suelo, aunque tenga derechos adquiridos, para evitar la parálisis provocada por el exceso de viviendas. Su intención es que los promotores dediquen esas decenas de miles de metros cuadrados donde no será rentable construir pisos en al menos 20 años, si es que alguna vez lo es, a otros propósitos, el principal de ellos atraer a empresas que quieran asentarse allí.

“El modelo urbano previsto por el Plan de 1997 se predeterminó con excesiva antelación y considerando demandas pasadas que no necesariamente se mantendrán en el futuro”, concluye el documento. En resumen: ladrillo, ladrillo y ladrillo, devenido ahora en solares baldíos, fragilidad económica... y dificultad de acceso a la vivienda.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 7 MAY 2012
Foto: Obra sin acabar del Programa de Actuación Urbanística de Vallecas. / GORKA LEJARCEGI

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Ourense.- Baltar financió un asilo ilegal para la empresa de uno de sus alcaldes

ELPAÍS* : A tres bandas. La Diputación de Ourense pagaba la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde ponía terrenos municipales gratis y la empresa de otro alcalde baltarista se quedaba con el asilo tras finalizar la obra. El negocio parecía redondo, hasta que llegó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) de la Xunta y tumbó el proyecto. La crisis también hizo lo suyo.
En junio de 2001, el pleno del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa autorizó a la Fundación Valdegodos —empresa propiedad de un exalcalde baltarista— la construcción de un asilo en una parcela rústica de propiedad municipal en la aldea de Celeiros (70 habitantes). La obra se presupuestó en 1,3 millones, pero sólo se ejecutaron 662.000 euros pagados íntegramente por la Diputación de Ourense a través de una subvención directa de 150.000 euros y de seis anualidades (de entre 84.000 y 88.000 euros) a cargo del Plan Operativo Local del ente provincial.

La inversión sirvió para construir, en una parcela de 3.371 metros cuadrados, un edificio de cuatro plantas inacabado, ubicado en un paraje natural dominado por un enorme embalse y por las vírgenes montañas del Macizo Central. El dinero para la obra se acabó y la residencia se convirtió en una mole de ladrillo inacabada e ilegal.

En agosto de 2010, la APLU certificó la ilegalidad y ordenó su demolición. La construcción se levanta en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplica la altura permitida (7 metros) y excede la ocupación máxima del terreno. La APLU también dictaminó que “no se adapta al ambiente en que está situada” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia concluyó que las obras no eran legalizables por lo que instó a “la reposición de la legalidad” tirando el edificio que, una vez finalizado, iba a gestionar la fundación de Manuel Candal, exalcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras fallecido en 2009.

El diputado provincial y alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, presentó alegaciones contra la orden de derribo, pero lo hizo sin pruebas, según la agencia. El regidor alegó que la parcela podía considerarse suelo urbano “por estar al lado de una carretera”. Además cambió la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados y en la certificación del Catastro, con 3.371. La agencia se ratificó en lo dicho y añadió más ilegalidades: la obra se levantó sin autorización urbanística de la Xunta, el proyecto no incluía la obligatoria previsión de aparcamientos y nunca se aprobó un expediente de delimitación del suelo. Además, mantenía su principal argumento: la ocupación de suelo rústico. La Ley del Suelo de 1997 establece que en los municipios sin plan de urbanismo solo se podría construir en parcelas de suelo urbano consolidado. Una inspectora llegó a certificar en un informe que en la aldea de Celeiros “no existe malla urbana alguna”.

La APLU concedió en octubre de 2010 un máximo de tres meses para tirar el edificio. Pero un año y medio después la mole sigue en pie y Chandrexa está pagando multas coercitivas de 1.000 euros por no materializar el derribo. Podían ser sanciones de 700 euros por pronto pago, pero el Ayuntamiento obvió la primera notificación de noviembre de 2011, por lo que el pasado 13 de enero abonó íntegramente la primera sanción.

Íntimo amigo de José Luis Baltar y del regidor de Chandrexa, Manuel Candal, fue durante 36 años el férvido alcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras. También creó la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial que controla asilos en Galicia y Canarias. Falleció en noviembre de 2009. La pasión que sentía por José Luis Baltar era tan mayúscula que plantificó un busto del exbarón en la sede de su empresa. Además, bautizó un puente de la localidad con su nombre. Ignacio Candal, su hijo, controla ahora la fundación creada en 1975. Su hija, María Jesús, le sucedió en el ayuntamiento hasta las pasadas municipales, cuando fue destronada del sillón de la alcaldía por el candidato del PSOE. Ahora ejerce como líder de la oposición. Si el proyecto hubiese llegado a fin, Candal habría añadido a su cartera de negocios el asilo ilegal pagado por la Diputación en unos terrenos controlados por uno de sus diputados.


* El País - PABLO TABOADA Ourense 6 MAY 2012
Foto: Aldea de Celeiros, con el asilo inacabado al fondo, dominada por el Macizo Central. / NACHO GÓMEZ

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No es solo un tren, es un mundo

LUIS IRIARTE* : Siempre ha habido quien ha dicho que en un trocito de la realidad se condensan y concretan las lógicas y prácticas de un tipo de sociedad. De ahí que uno de los slogans de la oposición al TAV haya sido: No es solo un tren, es un mundo. Y es que el empeño por construir nuevas lineas ferroviarias de alta velocidad es un ejemplo paradigmático, es decir, ejemplar del tipo de realidad en la que nos desenvolvemos. En la exigencia de construir un TAV se concretan y condensan las lógicas, intereses y prácticas de nuestra singular, orgullosa e inconsciente forma de vida.
Es una agresión, como tantas otras a las que ya nos hemos acostumbrado, contra el frágil medio del que tan radicalmente dependemos. Un nuevo intento de romper las limitaciones impuestas por la resistencia del aire y del rozamiento. Un nuevo artefacto siempre hambriento de mayores dosis de energía y por tanto de centrales nucleares y térmicas a las que se añadirán las eólicas y solares. Además de forzado a controlar como sea sus lugares de extracción y distribución. O ponerse al servicio de quien lo hace. La carrera por controlar los denominados recursos del planeta (energía, agua, tierras, alimentos...) hace ya tiempo que se está intensificando y extendiendo. Un buen puñado de países y agencias financieras ya están promoviendo la compra de tierras fértiles.

Por supuesto el TAV es un buen ejemplo de cómo los fondos denominados públicos, pero en realidad al servicio principalmente de intereses privados, se destinan a permitir la aceleración de los viajes de una minoría de la población: aquella que necesita y se puede permitir desplazarse de forma habitual y lo más rápidamente posible entre grandes capitales. Atravesando los lugares a tal velocidad que ni es capaz de mirar los paisajes a través de la ventanilla. Constituye un caso entre otros de la ceguera de nuestra clase política y sus fieles, quien con la que está cayendo no parece cansarse de repetir la letanía de su modelo: acelerar selectivamente los desplazamientos de determinados viajeros y mercancías nos hará más competitivos y capaces de crecer económicamente. Se recitará el mantra del necesario e insoslayable crecimiento económico como condición para no venirnos abajo. Así pues, produzcamos y consumamos más, si cabe, todo tipo de bienes ya sean materiales, de servicios o relacionales. Y luego gestionemos el desastre que deja tras de sí.

Sí, el TAV es un mundo. Y se palpa en la selección y control de sus viajeros. En sus guardias jurados y sus azafatas. En la breves y educadas palabras que intercambian los clientes antes de alejarse de nuevo, esta vez mediante conexiones inalámbricas, del lugar en el que están. Es el signo de las ansias de los políticos de turno por dejar huellas grandilocuentes de su paso por los puestos de mando.

La construcción del TAV y del resto de macroinfraestructuras ya sean de transporte, energéticas o urbanísticas es un vano intento por volver a la época de la especulación constructora que tantos beneficios ha dado al mundo del hormigón y de las finanzas. Y tantas prebendas ha repartido entre sus impulsores administrativos.

Pero quizás todo esto no tendría lugar sin su justificación medular: hay que ganar tiempo, también en los desplazamientos. Es lógico. Una sociedad acuciada por la falta de tiempo recurre a cualquier tipo de aceleración de las actividades para disponer de unos cuantos minutos más. Sin embargo, los resultados son cada vez más abrumadores. Cuanto más se incrementa la velocidad, más crece nuestra sensación de falta de tiempo. De tener que estar repicando y en la procesión. El imperativo social de hacer el máximo de cosas posibles en el menor tiempo posible se posibilita, al menos para algunos, también con la aceleración de determinados desplazamientos. De Madrid a Zaragoza, Sevilla o Barcelona. Y París y Bilbao y...

El TAV no solo pertenece a un mundo que está cambiando el clima y envenenando el planeta, que es crecientemente dependiente de todo tipo de recursos en vías de agotamiento o que en su delirio de dominar aquello que hay de “salvaje” en la tierra, la está recubriendo y manipulando con un aparato técnico cada vez más poderoso y peligroso. El TAV también pertenece a este mundo porque impulsa una de las reglas básicas de la competitividad global: acelerar todos los procesos. La creciente velocidad es igual a eficiencia y beneficio, pero no a un tiempo humano, a un ritmo adecuado a los umbrales necesarios de toda vida.

Se extiende la sensación ya generalizada de falta de tiempo en la sociedad que más ha logrado acelerar sus actividades. Y para contrarrestarla se impone más de lo mismo: más velocidad, más actividad. No solo se trata de más producción y consumo, sino de más deprisa. Otra imposición de los “mercados”. El TAV es parte de este mundo que en su imperiosa aceleración provoca episodios crecientes de angustia, ansiedad y stress, que nos aboca a una precariedad existencial y amenaza con el colapso. No es poco.

Existen momentos creados mediante la conformación de espacios colectivos en donde lo que que todo el mundo intuía, sabía, murmuraba o gritaba, se hace evidente. Es lo que ha ocurrido en la toma de plazas, principalmente con la clase política: todo el mundo sabe que esta muy corruptible casta se ha convertido en un eslabón imprescindible en la creciente dictadura de “los mercados”. E igualmente, se está haciendo evidente que la incuestionable y poderosa necesidad de acelerar todos los procesos sobrepasa nuestras capacidades. Nos aturde, desasosiega y somete. Se ve de una forma provocativa y arrebatadora que el rey está desnudo.

Crear un ritmo adecuado que permita unas condiciones dignas de vida es también un asunto político. Cuidar algunos límites tanto en nuestros consumos, ritmos, formas de representación o manipulaciones tecnológicas de lo inerte y lo vivo es un asunto de formas de vida, de mundos. Y esto solo puede ser un asunto colectivo. Como lo es el anunciado inminente inicio de obras para construir uno de los tramos del TAV navarro. No es solo un tren, es un mundo.

Un mundo que, por cierto, se está descomponiendo tal ha sido su victoria. Su promesa de un trabajo se desinfla entre precariedad, explotación y absurdo al mismo tiempo que los trabajadores se vuelven superfluos. Su democracia se asemeja más que nada a un esperpento de guiñoles. Su modos de vida se han vuelto radicalmente dependientes de mercados e industrias globales. Sus formas sociales nos abruman con contactos y nos zancadillean los encuentros. Su consumo voraz revela su insatisfacción y su saqueo de esfuerzos, ideas y todo tipo de materiales. Su aceleración instituye una forma de control donde cada uno ya está suficientemente ocupado en mantener su vida a flote.

Los dioses se están desmenuzando tal es la cantidad y la grandeza de las mentiras que se han contado. Ante las enormes crisis que están a la vista de todos (climática, de recursos, de cuidados, financieras...), el Ministerio de Fomento, con la servil colaboración de las administraciones autonómicas, sigue promoviendo el mismo modelo que tan buenos réditos le ha dado hasta ahora, impulsando un TAV que es una muestra ejemplar de un mundo sin futuro. Y lo sabemos. El rey se tapa con andrajos.


* Rebelión - Opinión - 6.5.12

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Europa obligará a la Ciudad de la Luz a devolver las ayudas públicas

ELPAÍS/Alicante* : La Ciudad de la Luz existe porque la Generalitat invirtió en los estudios cinematográficos de Alicante más de 300 millones de euros. La paradoja es que esas mismas subvenciones pueden suponer el final de los platós que se levantan en Aguamarga. El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, le comunicó ayer al presidente del Consell que “la línea” que mantiene la Comisión Europea es que “existe una posibilidad” de que se tengan que devolver esas ayudas. El reembolso a las arcas autonómicas de ese dinero pondría en muy serio riesgo el futuro de los estudios. La Comisión Europea estudia el caso desde febrero de 2008.

Fuentes de la Generalitat se esforzaron ayer en quitar importancia al mensaje que Almunia transmitió al presidente Alberto Fabra, pero lo cierto es que este no pudo ocultar su inquietud tras la entrevista: “Eso [la devolución de las ayudas por parte de la Ciudad de la Luz] nos preocupa”. No es para menos.

La Administración autonómica tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de crédito que tiene que afrontar por su elevado endeudamiento y cada vez le cuesta más pagar la refinanciación de los mismos. El pasado jueves tuvo que ofrecer un interés del 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones. Si la Ciudad de la Luz, que es una empresa 100% pública, tiene que devolver una cifra que muy probablemente esté alrededor de los 200 millones a las arcas autonómicas, la ya maltrecha economía del Consell puede sufrir un auténtico colapso.

La decisión última de la Comisión Europea se conocerá de forma inminente, probablemente dentro de unos 30 días. Un fallo que culminará un expediente que se abrió hace algo más de cuatro años a raíz de una denuncia.

"Las noticias no son buenas"

“Las noticias no son buenas”. Alberto Fabra salió preocupado de su entrevista con Joaquín Almunia. El presidente de la Generalitat había viajado hasta Bruselas para acudir a la sesión del Comité de las Regiones donde defendió el corredor mediterráneo y enmiendas sobre la Política Agraria Común, varias de las cuales obtuvieron el respaldo de las regiones europeas. Pero el tema más urgente que llevaba en cartera era conseguir mitigar la más que probable sanción de la Comisión Europea por las ayudas a la Ciudad de la Luz.

El conflicto entre los intereses de la Generalitat con Europa comenzó hace cinco años cuando dos empresas del sector cinematográfico, entre ellas la británica Pinewood, el principal estudio europeo, denunciaron al Gobierno valenciano por conceder a la Ciudad de la Luz subvenciones públicas ilegales que distorsionaban la competencia en el sector. Como consecuencia de estas denuncias la Comisión Europea inició una investigación pormenorizada con el objetivo de determinar si las ayudas eran compatibles con las normas de la Unión Europea.

Neelie Kroes, que en aquella época ocupaba el cargo de comisaria de la Competencia, ya manifestó su “preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos”. En el expediente abierto en su día por el organismo europeo los fondos públicos dispuestos se cuantificaban en 200 millones, aunque la cantidad última es mucho mayor. José Camarasa, que en aquel tiempo era portavoz socialista de Grandes Proyectos en las Cortes Valencianas, aseguró que el Consell había invertido más de 300 millones de euros en las instalaciones de Aguamarga.

El expediente abierto por Europa hace años está a punto de sustanciarse y, como adelantó ayer Almunia a Fabra, las noticias no son buenas. El presidente de la Generalitat ya adelantó que su gobierno va “a seguir defendiendo los intereses de los valencianos porque nuestros servicios jurídicos nos dicen que obramos correctamente en la concesión de las ayudas. Hemos insistido en que nuestro proceso estuvo amparado por la ley, que no hemos hecho competencia desleal y que no hemos actuado fuera de lo que son los criterios de inversión privada dentro de una economía de mercado”.


* El País - 5.5.12
Foto: Alicante, ciudad de la luz (archivo) - ciudaddelaluz.com

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Galicia.- El Constitucional tumba la solución de Cuiña a los núcleos del litoral

ELPAÍS* : El Tribunal Constitucional acaba de anular una disposición de la Lei do Solo de Galicia de 2002 vigente hasta ahora que pudo haber solucionado en parte el problema de los núcleos litorales gallegos que no reconoce la Ley de Costas estatal, lo que condiciona la propiedad de esas viviendas. El alto tribunal invalida así la primera solución prevista para esos núcleos por el entonces conselleiro popular José Cuiña, pero tiene aún pendiente de analizar una nueva solución propuesta por el bipartito, que está en suspenso desde que fue recurrida en 2009 por el Gobierno central.

La sentencia del Constitucional tiene su origen en un recurso presentado en 2003 por el Ayuntamiento de Laxe contra el deslinde marítimo-terrestre aprobado entonces por la Dirección General de Costas para el núcleo de Mórdomo, junto a la playa de Traba. El Ayuntamiento intentó anular ese deslinde, que dejaba sin reconocer diversas viviendas preexistentes, argumentando una disposición de la Lei do Solo impulsada por Cuiña unos meses antes. En esa disposición se señalaba que a los “núcleos rurales preexistentes de carácter tradicional” se les podría aplicar, a la hora de realizar su deslinde marítimo-terrestre, una excepción que la Ley de Costas estatal de 1988 solo contemplaba para terrenos clasificados como suelo urbano. De aplicarse esa excepción a Laxe, que luego se podría haber extendido a otros núcleos gallegos, se habría rebajado la servidumbre de protección de costas, quedando así esas viviendas regularizadas.

Al tener conocimiento de la ley autonómica esgrimida en ese recurso puntual de Laxe, la Fiscalía General del Estado presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra esa disposición de la norma gallega, recurso apoyado posteriormente por la Abogacía del Estado. En sentencia del 18 de abril que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado el Constitucional da la razón a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y considera que Galicia no puede “establecer supuestos de aplicación” de la norma estatal, como hizo en la ley autonómica. Dice el Tribunal que “las comunidades autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales”.

Esa disposición de la Lei do Solo ahora anulada por el Constitucional fue la misma que quiso modificar el bipartito en 2009 a través de la denominada “enmienda Lueje”, apellido del entonces director general de Urbanismo, que reformulaba el texto original de 2002 para conseguir el mismo objetivo. Ese cambio fue también impugnado por el Estado, que pidió y consiguió la suspensión cautelar de esa modificación por parte del Constitucional. Esto es, con la “enmienda Lueje” en suspenso desde 2009 a la espera de la sentencia del Costitucional, era la redacción original de Cuiña de 2002 la que seguía vigente en la actualidad, pero acaba de ser anulada.

No son estos dos los únicos intentos por solucionar el problema de los núcleos del litoral gallegos que se han intentado en los últimos años. Los tres principales partidos gallegos han intentado forzar una solución de una u otra forma, ya sea a través de las dos reformas legales citadas o a través de decretos específicos como los aprobados en su día por el popular Enrique López Veiga y la socialista María José Caride.

Tras todos estos intentos, la solución a los núcleos gallegos podría venir de la mano de la reforma de la Ley de Costas estatal que quiere acometer ahora el Gobierno central y que los ecologistas miran con recelo por temor a que se abra la mano a la construcción en el litoral.

* El País - DAVID REINERO Santiago de Compostela 4 MAY 2012
Foto: Núcleo de Mórdomo, en Laxe, junto a la playa de Traba, en una imagen del Plan de Ordenación del Litoral.- elpais

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El transporte ha pasado de inversión a despilfarro

J.E.VILLARINO/Madrid* : Decíamos que de aquellos polvos, estos lodos y que “el tarifazo” obedece a tener que pagar, los de siempre, los platos rotos de tanto derroche y despilfarro. Un filón que descubrió el PP a su llegada al poder fue Metro de Madrid, que en manos de Gallardón, lo convirtió en su principal arma política. Metro a Arganda, a más de 20 km de la capital porque sí, y Metrosur, porque también. Dos fracasos sonados. El metro es un transporte de ámbito fundamentalmente urbano, que sirve para “coser” subterráneamente las ciudades, ya que para satisfacer las demandas de movilidad de la periferia metropolitana, y entre ésta y la ciudad, está el ferrocarril de cercanías, más eficiente. Metrosur es un anillo que une entre sí los principales municipios del llamado “Gran Sur Metropolitano” -no todos-, cuando la movilidad más importante se produce entre ese gran sur y la capital. Ya lo hemos dicho en más ocasiones, mucho más barato y eficiente hubiese sido cerrar la línea C-5 de Cercanías.

Como ejemplo de todo ello, traemos ahora el de Metro de Madrid, con sus principales datos de gestión del decenio 2000-2010, contenidos en su Memoria 2010. Como se puede observar en el gráfico, en el primer quinquenio sube todo, incluidos los viajeros (20%), cosa que cambia en el segundo, en el que casi todos los datos vuelven a crecer, incluso más que en el primero, a excepción de los viajeros, que no sólo no crecen sino que disminuyen.

En los 10 años, la plantilla creció un 30%, los gastos de personal el 100%, los kms de red el 70%, el nº de estaciones casi el 50% y el nº de vagones el 75%. La demanda de viajes, escasamente el 15%, y decreciente en el quinquenio 2005-2010. Pues vaya gestión. ¿Para qué y para quién tanta inversión y tantos kms de vía y tantos trenes y tanto personal y tantas estaciones? Quizá la pregunta deba ser ¿A quién beneficia tanta y tanta inauguración, tanta y tanta propaganda, tanta y tanta falsa eficacia? De acuerdo que la crisis ha influido, lo mismo que al resto de modos, pero nunca se volverán a alcanzar los niveles de demanda de viajes que justifiquen las cuantiosísimas inversiones que ha costado tanta y tanta obra. De ello da buena cuenta el gráfico de los gastos operacionales de METRO, con crecimientos espectaculares a partir de 1999.

Por si esto no fuese suficiente, ahí está un plan abracadabrante de Cercanías 2009-2015 del gobierno anterior que me imagino alguien habrá guardado en el cajón, no porque en las circunstancias actuales fuese como mentar la soga en casa del ahorcado, sino por su inviabilidad técnica, plagado de errores y, lo que es más importante, sin cuantificar su impacto sobre la demanda de viajes. A todo esto, la señora Botella, aprovecha cualquier sarao inauguracional para recordarle a la ministra de Fomento de las bondades de una línea AVE a Barajas. Hablan sin saber de qué hablan. Suele pasarle a casi todos los de la casta.


* José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).

* Zona Retiro - Opinión - 27.4.12
Foto: Las cuantiosas inversiones en Metro - zonaretiro

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El Puerto.- EA advierte que paralizar expedientes urbanísticos o dedicar las multas a gastos de urbanización puede ser constitutivo de delito

ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción indica, en un comunicado de prensa que, "de nuevo un partido político, ahora el PP, intenta hacer caja electoral prometiendo lo imposible a los miles de personas que han construido su casa de forma ilegal. La mayoría de los partidos políticos del municipio han venido haciendo estos últimos años promesas a los propietarios de viviendas ilegales imposible de cumplir por su manifiesta ilegalidad. Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo que no hay atajo para regularizar estas urbanizaciones ilegales que primero había que aprobar el PGOU, como ya se ha hecho, y después asumir todos los gastos de urbanización, gestión, cesiones…, igual que han hecho los que han adquirido una vivienda legal". Ahora "el equipo de Gobierno plantea suspender las sanciones y las multas coercitivas a los que han construido de forma ilegal, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Las sanciones no son una decisión potestativa, es un imperativo legal que se impone a aquellos que construyen ilegalmente; si además se niegan a paralizar las obras o a demoler lo ilegalmente construido, se les imponen multas coercitivas. Y no hay en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) posibilidad de suspenderlas incluso si están en proceso de legalización. Sería como suspender una multa de tráfico si el infractor se compromete a conducir bien en adelante".

Pero entienden que "más grave es aún la propuesta de dedicar las multas coercitivas para los gastos de urbanización de las EMAs. La LOUA deja claro que las multas y sanciones tienen carácter finalista y debe incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). El artículo 72 estipula que deben integrarse en el patrimonio público de suelos las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas. El artículo 197 incide más aún en el destino de estas multas al prescribir que los importes en concepto de sanciones… se integrará en el patrimonio público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada. Destinar el importe de multas y sanciones a la urbanización de las EMAs podría ser constitutivo de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos".

Si el Ayuntamiento "no ha gastado el dinero y dispone de estos fondos, no los podría gastar en urbanizar las EMAs sin incurrir en un flagrante delito; si lo ha gastado, las inversiones para urbanizar las EMAs tendrían que salir de las menguadas arcas municipales, o sea, del los impuestos de todos los portuenses, lo que sería más grave aún".
Ecologistas en Acción entiende que el PGOU "ha sido enormemente generoso con aquellos que han construido al margen de la legalidad, dándoles la posibilidad de regularizarse con obligaciones y cargas menores que las que se exigen a promociones legales desarrolladas dentro del planeamiento urbanístico. Cualquier medida que venga a favorecer aún más a los constructores ilegales vulnerando el PGOU y las leyes y normas urbanísticas, sería inadmisible, y supondría una burla a los ciudadanos que han venido cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales".

Ecologistas en Acción va a solicitar formalmente al alcalde, Enrique Moresco, y al concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, que hagan público el montante de las sanciones y multas que ha cobrado el Ayuntamiento en estos últimos cinco años por construcciones ilegales, y el destino que se le ha dado a estos fondos.


* Andalucía Información - 3.5.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Inutilidad de las sentencias urbanísticas

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : Máquinas excavadoras originando montículos de escombros, arañando y haciendo irreversible lo que durante millones de años la naturaleza había regalado. Mientras, un pleito pretendía, mediante una acción jurídica, combatir aquella destrucción en la umbría onubense que, para colmo, era Zona de Especial Protección para las Aves. Se concitaban así todos los despropósitos posibles contra el medio ambiente y el urbanismo. Pero, ¡el pleito se ganó! La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad radical de toda aquella horrenda construcción. Impugnada ante el Tribunal Supremo en casación, además de por la empresa promotora "en defensa de sus intereses" simultáneamente por el Ayuntamiento de Huelva (del PP) y la Junta de Andalucía (PSOE), coincidencia reveladora de un urbanismo preso en una maraña de regulaciones sin sentido y cuya descodificación arroja sabrosas enseñanzas sobre el poder. El TS confirmó lo que la Sala de Instancia había sentenciado: que toda la modificación del plan promovida por el Agente Urbanizador y al que habían obedecido tanto el Ayuntamiento como la Junta, era nula de pleno derecho. Pero la urbanización se hizo. No hubo medida cautelar que provisionalmente la paralizara. Y ahí sigue con evidente burla de las sentencias. Ahí está, para quien quiera verla.

Las personas que adquirieron sus casas no tienen nada que ver con la situación ilegal; se han encontrado con ella, son también víctimas del entuerto administrativo. Y si se lograra la reconstitución tendrían indudable derecho a la indemnización y al realojo.

Cuando se demostró hasta la saciedad que la torre construida pese a su extrema ilegalidad tenía que ser demolida, el TSJ abatió sus propias decisiones y las del Tribunal Supremo para evitarlo. Lo mismo que parece guiar ahora a la Xunta para salvar de la picota, en un proyecto de ley que cheira a inconstitucional, desde el edificio de Fenosa, en A Coruña, a la Colina de Castrelos, en Vigo, pasando por las 20 viviendas unifamiliares de A Guarda pendientes de derribo. Luego ¿sirven las sentencias urbanísticas para algo más que para ponerlas en un marco como antigualla de la más exquisita pero obsoleta orfebrería jurídica?

* Doctor en Derecho Público

* El Correo Gallego - Opinión - 4.5.12

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Reclaman a través de las redes sociales que el “Toblerone” sea un gran centro social-cultural para Almería

TELEPRENSA* : La fisionomía de la ciudad de Almería cambiará de forma irremediable una vez se lleven a cabo las primeras obras en los terrenos de Renfe y Adif. El próximo mes de junio, el Ayuntamiento aprobará un plan especial, informado de forma favorable por el Ministerio de Fomento, que, entre otros, dará luz verde a la construcción de edificios de hasta catorce plantas en los terrenos del “Toblerone” la antigua nave destinada a almacenar el mineral de las minas de Alquife.
El futuro está aún por escribir, pero ya han surgido las primeras voces que a través de las redes sociales, principalmente Facebook, han iniciado un movimiento para evitar la desaparición de uno de los elementos arquitectónicos más conocidos de Almería, reclamando que en este espacio se cree un gran centro social-cultural.

En Facebook existe un grupo cerrado que se llama precisamente “Plataforma Salvemos el Toblerone”, y por las páginas y perfiles de esta conocida red circula una fotografía -la que ilustra a este artículo-, acompañada por el siguiente texto:

“.... el Ayuntamiento de Almería pretende tirar abajo el Toblerone, figura emblemática de la arquitectura industrial almeriense y ubicación ideal para un gran centro social-cultural para Almería....”

“.... en una ciudad en la que existen miles de viviendas vacías, el Ayuntamiento anuncia una vulneración del procedimiento urbanístico normal y 'habilitar' la construcción de bloques de catorce plantas (más de mil viviendas, al parecer)...”

“.... ¿por qué tanta prisa?... ¿por qué se quiere construir más y más en una ciudad con miles de viviendas nuevas en venta, vacías, y cientos de viviendas abandonadas en un casco histórico absolutamente desamparado y descuidado por el ayuntamiento?...”
“.... merece la pena que todos los almerienses luchemos por contar con nuestro espacio, con el que nos corresponde, por conservar nuestro patrimonio...... ¡¡¡LUCHEMOS POR ELLO!!!”.

No obstante, no ha sido la única iniciativa para dar un nuevo valor al “Toblerone”. En el marco de la BEAU XI (Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo) fue presentado un proyecto (http://bit.ly/IDRzoO) que transformaba estas instalaciones en un centro de convenciones que se ubicaría en pleno corazón de la ciudad de Almería.

“La especulación del suelo ha marcado una fecha de caducidad para El Toblerone. La imposibilidad de calificar la nave como Bien de Interés Cultural, la ha sentenciado a muerte y su desmantelamiento es inminente. Con él se llevarán una parte del pasado y la historia de Almería, pero nosotros debemos salvarla”, señalaban los diseñadores del proyecto en su exposición, añadiendo que su idea “nace como una reacción ante tal desacertada decisión. El reciclaje y la reactivación de la nave daría respuesta a un conjunto urbano hoy obsoleto. Reinventando un nuevo ciclo cultural y social del Toblerone ayudamos a tomar conciencia de la importancia y riqueza del patrimonio industrial, promoviendo así el importante papel que la industrialización ha jugado en la evolución de la arquitectura contemporánea y el urbanismo en Almería .”


* Teleprensa - 2.5.12
Foto: Almería, edificio Toblerone - teleprensa

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La glotonería inmobiliaria de Lima

FREDERICK COOPER* : Hace algún tiempo viene publicándose información sobre el destino de los terrenos que ocupan en Lima el Puericultorio Pérez Araníbar y el Hospital Larco Herrera. El fin de semana pasado los rumores respecto al supuesto abandono de la tarea cautelar de la Beneficencia Pública de Lima para con los huérfanos que ocupan el Puericultorio se tornaron más precisos, especulándose respecto al potencial inmobiliario de ambas propiedades y señalándose que, si bien las condiciones establecidas en el legado que lo originó disponen inequívocamente la obligatoriedad de mantenerlo a perpetuidad para el fin filantrópico para el que fue concebido, en el caso del Hospital Larco Herrera parecería que podría obviarse esa limitación, sugiriéndose que podría destinarse a un desarrollo inmobiliario que permitiera paliar la estrechez económica de la Beneficencia.

Las especulaciones en torno al destino que podría darse a dos importantes predios urbanos concebidos originalmente para un uso social altruista, devaluados arquitectónicamente a consecuencia del deterioro de sus pabellones y de su entorno paisajista, evocan la depredación que ha sufrido Lima el último medio siglo como consecuencia del desperdicio urbanístico de instalaciones de significativa envergadura devenidas arquitectónicamente obsoletas, funcionalmente inoperantes, o caídas en desuso. Lamentablemente en el Perú esta experiencia, en vez de haber sido procesada por las entidades públicas encargadas de velar por el equilibrio urbano de manera de lograr que reditúe en beneficio de la ciudadanía, ha sido malversada en provecho de una expansión inmobiliaria a la que se le ha permitido desarrollarse fácilmente, no reciclando áreas urbanas servidas, tugurizadas o subutilizadas.

Una consecuencia de ello es la paupérrima tasa de áreas verdes o recreativas con que cuenta Lima, y la ubérrima disponibilidad de espacios vírgenes –como el del Hospital Larco Herrera– a los que en vez de preservar a efectos de ampliar la magra oferta de espacios recreativos, culturales o recreacionales de los que dispone Lima, se insiste en brindarlos a la voracidad de la demanda inmobiliaria. La sugerencia de hacer uso del predio que ocupa el Hospital Larco Herrera para hacer otro conjunto habitacional, comercial o mixto anuncia la misma suerte que corrieron los antiguos espacios urbanos que ocupaban el hipódromo de San Felipe, los aeropuertos de Santa Cruz, Corpac y Limatambo, la antigua Penitenciaría, los cuarteles de La Pólvora y San Martín, o la amenaza que se cierne sobre el aeropuerto de Collique entre otros muchos predios cuya plusvalía ha sido malversada al anteponer su valor inmobiliario por encima de su importancia social y urbanística. Si a este dispendio se añade la incomprensible imprevisión que ha permitido autorizar formalmente –o permitir por razones de oportunismo político– la ocupación del íntegro de los valles del Rímac y el Chillón, sin provisionar espacios públicos recreativos o para usos culturales, así como la presión municipal distrital por vender o dar en uso comercial los terrenos de la Costa Verde, o la amenaza urbanizadora que se cierne sobre el valle del río Lurín, el panorama del futuro de Lima se percibe como el de una ciudad a la que se le ha impuesto una distorsión urbanística agobiante y perversa.

Lima, y en general todas las ciudades peruanas que en los últimos años han crecido vertiginosamente, se ha expandido carente de una política sensata y justa respecto al aprovechamiento de las áreas naturales o de los predios destinados antiguamente a usos devenidos ahora obsoletos. Esta penosa condición es otra de las consecuencias de haber librado su desarrollo a gestos improvisados, y no a proveer a sus ciudadanías con entornos funcionales y gratificantes. La escandalosa falta de espacios públicos –culturales o recreativos– consecuencia de la política depredadora que se sugiere continuar al insinuarse el aprovechamiento inmobiliario del Hospital Larco Herrera, constituye una prueba más de la urgencia de abordar su evolución futura con un sentido integral, no fragmentario.

* Nacido en Lima, Perú, en 1939. Estudia arquitectura en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería (1957-1961), que le otorga el título de arquitecto en 1961.

* La República - Opinión - 28.4.12
Foto: Lima (Perú), borde costa - transporte

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