DIARIODEMALLORCA* : El grupo ecologista Gob ha tildado de "disparate urbanístico" y "operación especulativa" el hotel de 1.200 plazas con campo de golf planeado en la finca de Son Durí de Sa Ràpita, junto a la playa de Es Trenc, y critica que el Govern promueve con él "el peor urbanismo posible en Campos".
En un comunicado difundido hoy, los conservacionistas también mencionan otro proyecto de hotel en este mismo municipio, el de la finca de Sa Vinyola, y añade que ambos son "un exponente de lo que representa el modelo económico basado en la construcción, la especulación y la destrucción" que el presidente José Ramón Bauzá y el equipo de gobierno de Campos "retoman como solución".
Afirma que el complejo hotelero que impulsa una promotora con el apoyo del Govern en Son Durí, que el Gob sitúa a unos 150 metros del Arenal de Sa Rápita, se debe evitar, ya que "transformará una gran cantidad de territorio y tendrá un elevado impacto sobre un entorno único gran valor ecológico y paisajístico".
Recuerda el caso de Sa Vinyola, una "operación urbanística fracasada" se vendió en su día como "la salvación de la economía, que tenía que generar miles de puestos de trabajo y riqueza para Campos, mientras que lo único que ha dejado son monstruos de cemento a medio hacer, sometidos a un proceso de degradación constante y dejando un paisaje desolador de cemento y tierra quemada".
Sa Vinyola, agrega, se encuentra a pocos metros de Son Durí y del Arenal de Sa Ràpita, y es ahora una urbanización de 37 hectáreas de las que se han edificado 20, las mismas que ocuparía el complejo hotelero de Son Durí.
"Cada vez se hace más evidente que el Govern Bauzá decide la política territorial a puerta cerrada en su despacho y para favorecer los intereses de unos pocos, ignorando a la sociedad o, lo que es peor, engañado haciéndola creer que lo hacen por el bien general (interés autonómico) porque generará dinero y creará puestos de trabajo", afirma el Gob.
Por ello, el Gob y la plataforma Salvem Sa Ràpita se marcan como objetivo evitar este "macro-proyecto" porque se trata, afirman, de una zona natural emblemática de importancia internacional, su imagen se usa para promocionar Mallorca, rompería "para siempre" la vocación residencial y de descanso del pueblo y consumiría cerca de 20 hectáreas de terreno bien conservado.
También se oponen porque en su opinión tendría un impacto visual a kilómetros de distancia, supondría una masificación del Arenal y representaría una grave amenaza a la conservación del ecosistema costero protegido bajo las figuras de ANEI, LIC y ZEPA.
* Diario de Mallorca - EFE - 4.4.12
Foto: Mallorca, playa de Es Trenc - elpais
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LAOPINIÓN* : La Oficina de Rehabilitación y Vivienda abrió, en el último medio año, 640 expedientes de Inspección Técnica de Edificios (ITE), una revisión obligatoria para inmuebles que superen las cuatro décadas de vida o que estén catalogados. Algo más del 20% de estas casas revisadas en la ciudad desde septiembre tendrán que hacer obras para obtener el visto bueno municipal y no exponerse a sanciones.
El Ayuntamiento coruñés informó ayer, a petición de este diario, de que son 130 los edificios que han obtenido una resolución desfavorable, un 20,3% de los 640 expedientes abiertos.
Los propietarios de inmuebles la inspección suspensa han recibido ya la orden de ejecución para realizar las obras oportunas que permitan que el resultado sea positivo. "En algunos casos la orden de ejecución comprende la adopción de medidas urgentes con el objetivo de garantizar la seguridad", señala la Concejalía de Urbanismo.
Según la información aportada por el Concello, solo 26 inmuebles no tendrán que hacer reformas y existen 67 expedientes que cuenta con un decreto de suspensión por estar ya realizando las actuaciones necesarias para obtener el aprobado del ITE y encontrarse dentro del plazo para hacer esas obras de mejora. La mayor parte de los expedientes, un total de 279, se hallan en distintas fases de tramitación y todavía no hay resolución en torno a ello
La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es un requisito regulado por la Ley de Ordenación Urbanística de la Xunta, que obliga a pasar una revisión a todos los inmuebles que están catalogados y aquellos que tienen más de 40 años, contados desde el momento en el que fueron levantados. El Concello coruñés compara el ITE con la ITV de los vehículos, como "forma de detectar los problemas existentes y darles solución antes de que los daños sean irreversibles".
La Oficina de Rehabilitación y Vivienda añade que, por ello, hubo de realizar requerimientos en 120 expedientes porque los dueños de los edificios no cumplieron el requisito de presentación de la inspección obligatoria en plazo. La Ordenanza de Conservación y Rehabilitación del Concello dispone que la siguiente inspección se hará una década después de la anterior. En estos casos disponen de tres meses para presentar el acta de la revisión.
Para aprobar la ITE la ordenanza determina que se analicen una serie de aspectos de los inmuebles sensibles al paso del tiempo. El artículo 34 indica que la revisión tiene que hacer referencia obligatoria a aspectos como el estado de la estructuras y la cimentación y el estado de las fachadas interiores, exteriores, medianeras y otros elementos, en especial aquellos que pudiesen suponer un peligro para la vía pública, como terrazas y placas.
La Inspección Técnica de Edificios revisa también el estado de conservación de las cubiertas y azoteas y de las redes generales de electricidad, fontanería y saneamiento del edificio. Un último punto determina que se evaluará la adecuación de los inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de salubridad, accesibilidad y ornato.
* La Opinión - ANA RODRÍGUEZ - 6.4.12
Foto: Edificio de Puerta de Aires (29) que obtuvo informe desfavorable en marzo en la ITE. / carlos pardellas
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ELMUNDO* : El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha sido uno de los más perjudicados por los recortes presentados por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Si la media de rebaja en todos los ministerios es del 16,9%, en el caso del MAGRAMA el descenso en el presupuesto de gastos llega al 31,2%, lo que es el doble de la media. Se ven afectados prácticamente todos los apartados, pero es especialmente el medio ambiente, y materias como la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural sostenible y la lucha contra el cambio climático los que peor parados salen del recorte.
Así el programa de Desarrollo Rural Sostenible, que contaba con 200 millones de euros en 2011, se queda en 28,33 millones, es decir, sufre una bajada del 85,9%. El Organismo Autónomo Parques Nacionales se queda con un presupuesto de 66 millones, un 29,1% menos que en 2011. Las partidas destinadas a gestión forestal y conservación de la biodiversidad no merecen mención específica y quedan subsumidas en capítulos más amplios.
En general, todas las partidas relacionadas con la gestión del medio natural sufren severos recortes. El programa de Calidad del Agua pasa de 281 millones a 199 y baja un 29,35%. El programa de Protección y Mejora del Medio Ambiente pasa de 30 millones a 18, y se reduce un 37,7%. La Protección y Mejora del Medio Natural pasa de 225 millones a 190, con una rebaja del 15,6%. Las Actuaciones en la Costa descienden desde 162 millones a 104 millones, un 35,6%. Por último, la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático se lleva la palma, con un recorte del 48% desde 101 millones a 52 millones.
El MAGRAMA ha sido tradicionalmente un ministerio muy inversor y con mucho presupuesto, por tener a su cargo materias como la gestión del agua o las costas, que implica realizar grandes gastos públicos en infraestructuras. Ahora, la época de vacas flacas le pasa factura. En 2012 tendrá 1.064 millones para inversiones directas, un 21% menos que el año pasado.
Explicaciones del ministro
"Es obvio que los ministerios inversores son los que tienen más posibilidades de reducción de gasto frente a otros ministerios que tienen menos margen y nuestro ministerio es solidario con el resto de los departamentos», afirmó el ministro Miguel Arias Cañete, quien se encontraba en Roma reunido con su homólogo italiano. Según el ministro, son "unos presupuestos realistas para hacer frente a una situación muy complicada". Cañete considera que los presupuestso son "rigurosos y serios" y que cumplen los objetivos de déficit pactados con la UE para que España siga siendo "un país serio en el que confíen los mercados".
Reacciones en contra
Frente a las palabras del ministro, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calificó de «desmedido y brutal» el recorte anunciado. Según COAG, en sólo cuatro años el presupuesto de agricultura y medio ambiente se ha reducido un 60%, desde los 4.809 millones de euros de 2008 a los 1.932 millones presupuestados para 2012.
Hay que tener en cuenta que, aparte del presupuesto del Ministerio como tal, en los Presupuestos de 2012 se recuerda que los presupuestos agrícolas y ganaderos dispondrán de 8.500 millones de euros, sólo un 0,8% menos que en 2011. Se trata de fondos europeos correspondientes a los pagos de la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC).
«Los severos recortes afectarán especialmente a las ya de por sí castigadas pequeñas y medianas explotaciones familiares y al desarrollo del medio rural, al tiempo que pondrán en peligro el empleo agrario», cree.
En el mismo sentido se han manifestado portavoces del área ambiental. Así, Equo, la formación política verde con la que Juan López de Uralde concurrió a las últimas elecciones generales, considera que el Gobierno, "obsesionado por el déficit y por la presión de los especuladores", ha renunciado a "crear empleo, defender el Estado de bienestar y aprovechar esta crisis para comenzar la transición hacia otro modelo más sostenible y justo socialmente".
Sobre la reducción en innovación y medio ambiente, Uralde opina: "Se quiere salir de la crisis apostando por el mismo modelo que nos ha llevado a ella. Nos parece un disparate y una irresponsablidad".
Respecto a la conservación de la naturaleza, el director ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, cree que "la biodiversidad queda laminada en estos presupuestos". Según el portavoz ecologista, se trata de una tendencia generalizada en los últimos años, tanto en la administración del Estado como en la autonómica. "Vamos a retroceder 20 o 30 años en materia de conservación de la naturaleza con estos recortes" asegura Del Olmo, para quien está claro que el MAGRAMA es "el ministerio de Agricultura, no el de medio ambiente", pues relega por completo las políticas destinadas al cuidado del medio natural.
En realidad, asegura Del Olmo, el presupuesto del ministerio que dirige Miguel Arias Cañete es el de las ayudas europeas a la PAC y la pesca y el de las inversiones para obras hidráulicas y en la costa. El resto, no existe, asegura.
* El Mundo - Pedro Cáceres - 4.04.12
Foto: Doñana, parque nacional - wikipedia.org
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EFE* : La oficina del Defensor del Pueblo considera que "numerosos" ayuntamientos se escudan en la falta de medios económicos como excusa de su "pasividad" a la hora de velar por el buen orden del uso del suelo, por lo que mantiene abiertas "numerosas investigaciones" al respecto. En su último boletín, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, asegura que la crisis económica ha podido paralizar la actividad urbanística nueva, pero "no puede suponer una suspensión de las obligaciones de administraciones y promotores".
En opinión de Cava de Llano, el urbanismo es una función pública, esté en manos de empresas particulares o de las administraciones.
La institución cita como una de las situaciones "más injustas" la de las urbanizaciones incompletas, que no tienen servicios básicos tales como el saneamiento y depuración de aguas.
Las investigaciones del Defensor muestran, según el boletín, que en "muchos casos" la denuncia de estas deficiencias, que persisten durante años, no bastan para que los ayuntamientos solucionen la situación y obliguen a cumplir sus compromisos al responsable, "generalmente una empresa urbanizadora que, a veces, ha dejado de existir".
Como ejemplo, indica la urbanización Esquinzo/Marabu, en Pájara (Fuerteventura), que vierte las aguas residuales al río, y así fue ya advertido por un técnico municipal en 2008.
El arquitecto del consistorio de este municipio fue requerido por la alcaldía hace dos años para que informara al respecto, "sin resultado", además sigue a la espera del dictamen del funcionario, al que, según el Defensor, volvió a requerir el pasado 24 de enero.
"Los municipios escudan su pasividad en la falta de medios económicos", afirma la institución, que destaca también el caso del Ayuntamiento de Cáceres porque lleva cerca de quince años de retraso en la elaboración del plan especial de protección arqueológica.
La oficina del Defensor "no comparte" que el consistorio cacereño señale a la crisis como la culpable de esta situación y "sospecha" que el motivo del retraso "es más bien el desinterés municipal en actuaciones poco rentables, electoral o económicamente".
* Expansión - EFE - 4.4.12
Foto: Sede Defensor del Pueblo (Madrid) - google
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ELPAÍS* : Xavier Solà, secretario general de Cultura, compró un piso en Cadaqués (Alt Empordà) con los 193.853 euros —167.115 euros más IVA— que facturó en un mismo día a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por trabajos relacionados con el catálogo de masías, un proyecto que él mismo impulsó desde la entidad municipalista cuando era su jefe de servicios jurídicos. Solà comparece hoy en el Parlament a petición de todos los grupos de la Cámara para dar explicaciones de las irregularidades cometidas en la ACM y que han sido publicadas en las últimas semanas por EL PAÍS.
La compra del inmueble al antiguo propietario, un ciudadano de nacionalidad alemana que llevaba tiempo residiendo en Cadaqués, tuvo lugar el 29 de marzo de 2010, tres meses exactos después de la emisión de las facturas. La compra del piso se realizó a través de la empresa EiL Sau y el coste de la operación rondaría los 150.000 euros. La compra del inmueble —la parte superior de una casa dividida en dos por su anterior propietario— tuvo lugar al contado, pues no existe constancia alguna de hipoteca sobre el inmueble.
El piso del matrimonio Solà no aparece en el Registro de la Propiedad, algo inhabitual pues, a pesar de que este no es un trámite obligatorio —excepto cuando hay una hipoteca sobre el mismo,— por la seguridad jurídica que implica y porque es el único título de propiedad válido frente a terceros. Los expertos consultados apuntan que no inscribir un inmueble supone asumir unos riesgos, incluso para un abogado como Solà, que podrían explicarse por el deseo de ocultar la propiedad.
La adquisición del piso de Cadaqués es la culminación de una serie de irregularidades que empiezan con una batería de facturas que Solà emitió a la ACM el 29 de diciembre de 2009 por la redacción de las normativas del catálogo de masías y casas rurales. Su trabajo en este proyecto se circunscribía al periodo comprendido entre 2004 y 2007, pues en este último año dejó su cargo en la ACM para presentarse a las elecciones municipales de Vic.
Tras la victoria de CiU, Solà fue nombrado primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Cultura. Así, dos años y medio después de dejar su cargo en la ACM y de desvincularse del catálogo de masías, Solà facturó a la entidad municipalista 193.853 euros en 65 facturas, una por cada catálogo realizado desde la entidad.
Las facturas en cuestión eran por los “trabajos de redacción normativa, revisión general del catálogo y revisión estilística y de contenido”, conceptos muy parecidos al de las facturas emitidas un año antes por el diseñador Lluís Tresserres Matas, primo de Josep Maria Matas, el exsecretario general de la ACM al que investiga la fiscalía por las irregularidades cometidas cuando estaba al frente de la entidad municipalista.
El importe de las facturas de Solà y Tresserres era el mismo: 2.982 euros. Solà aseguró a EL PAÍS que no sabía nada de las facturas de Tresserres. Además, las normativas de los catálogos de masías por las que Solà facturó aquella cantidad de dinero son muy parecidas unas y otras, y algunas son iguales en el 97%, pues se trata de un texto base en el que se introducen una serie de cambios.
Sin embargo, Solà —a quien este periódico ayer no consiguió localizar— no emitió las facturas a su nombre, sino de EiL Sau, una empresa de Vic (Osona) dedicada a actividades lúdicas que llevaba cinco años inactiva y que el entonces primer teniente de alcalde de Vic y su esposa, la arquitecta Meritxell Inaraja, habían adquirido dos semanas antes, el 14 de diciembre, para girar las facturas a la ACM. Solà reconoció haber tramitado las facturas a través de una empresa por temas fiscales. Así, en lugar de tributar el 43% correspondiente a sus ingresos como persona física, solo pagó un máximo del 30% que corresponde a una sociedad.
La prueba de que Solà solo utilizó EiL Sau como empresa pantalla es que nunca más ha realizado operación alguna con la misma. En el ejercicio del 2010 esta sociedad no ingresó ni un solo euro y actualmente está inactiva. En 2010 EiL Sau puso todo su activo (180.000 euros) en inversiones inmobiliarias. Además, tras hacerse con la empresa, Solà y su esposa habían cambiado el objeto social por el de arrendamiento y gestión de fincas urbanas.
Así pues, la inversión en cuestión se concretó con la compra del piso de Cadaqués, que está situado en una urbanización a las afueras del pueblo, en la península de Caials, un lugar tranquilo ubicado a pocos metros de la costa. Al comprar el inmueble a través de la empresa, Solà y su esposa se ahorraron tener que pagar el impuesto de sociedades. Además, al no repartir beneficios en la empresa —pues todo el activo estaba como inversión inmobiliaria— tampoco tuvieron que pagar los impuestos correspondientes.
La compra del piso en Cadaqués precedió en el tiempo a la adquisición de otro inmueble en la Costa Brava que también se pagó dinero procedente de la ACM. En este caso, el piso se encontraba a 43 kilómetros de allí, concretamente en L’Escala. El 21 de julio de 2011 Josep Maria Matas, amigo de Solà y excoordinador de la Diputación de Barcelona —que cesó de este cargo tras conocerse las irregularidades que cometió en su etapa de secretario general de la entidad municipalista— adquirió un piso en esta población costera. Matas también lo hizo a través de una empresa de Vic, —Parés i Solé SL— que, al igual que EiL Sau, tan solo tenía sentido para facturar a la ACM.
Cobrado, pagado y comprado
Impulsa el proyecto.
Entre 2004 y 2007 Solà impulsó desde la ACM el Catálogo de masías y casas rurales por el que el Gobierno pagó a la ACM entre 2004 y 2007 un total de 1,2 millones de euros.
Adquiere EiL Sau.
El 14 de diciembre de 2009, dos años y medio después de desvincularse del proyecto y de la ACM, Solà y su esposa compran una empresa de Vic que llevaba cinco años inactiva.
Factura a la ACM.
A los 15 días, el 29 de diciembre, a punto de cerrarse el ejercicio anual, emite 65 facturas iguales que ascienden a 193.853 (IVA incluido) por su trabajo de redacción de las normativas de los catálogos.
Compra el piso.
El 29 de marzo de 2010, tres meses exactos después de la emisión de las facturas, Solà compra el piso a las afueras de Cadaqués a través de EiL Sau.
* El País - JORDI ROVIRA Barcelona 4 ABR 2012
Foto: El piso de Cadaqués —en la parte superior de la casa de la derecha— fue comprado en 2010. / PERE DURAN
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ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana revocó ayer la adjudicación del PAI Armanello de Benidorm, un plan parcial aprobado y concedido definitivamente a Enrique Ortiz e Hijos, SA, por el Ayuntamiento benidormense el 29 de octubre de 2002. Este plan parcial contemplaba la construcción de 23 rascacielos de 29 alturas.
Según la sentencia del tribunal, se estima el recurso presentado contra el acuerdo que aprobó la alternativa técnica y adjudicación del PAI del sector PAU 1 Armanello, por el que “se dispuso que la cesión del 34% del aprovechamiento de este sector se hiciera en dinero y no en suelo, alcanzando la cantidad de 1.425.847.698 pesetas”, una sentencia que, según el TSJ, se basa “en la medida en que en ellos se obliga a los propietarios a ceder aprovechamiento que excede del 10% del aprovechamiento del sector”, el máximo al que obliga la legislación.
La sentencia del TSJ conduce “a la anulación total del programa impugnado, pues la asignación de un nuevo porcentaje de cesión obligatoria implica, siempre y necesariamente, la modificación del plan parcial del sector por la necesidad de repercutir los nuevos aprovechamientos entre todos los propietarios”.
Este plan parcial se anula a instancias de diferentes propietarios porque introdujo “modificaciones sustanciales posteriores al acto de aprobación sin seguir el procedimiento necesario, ni dar audiencia a los interesados”· Según el TSJ, el PAI mutó desde su aprobación inicial para conseguir una edificabilidad superior a la originaria, hasta alcanzar 0,7 metros de techo por metro cuadrado de suelo, al margen de otras irregularidades que el juez considera para tumbar el proyecto de Ortiz. De hecho, los demandantes actuaron contra el Ayuntamiento de Benidorm (entonces presidido por el popular Vicente Pérez Devesa) el adjudicatario y la mercantil Coricam Mediterránea, SL, que fue codemandada.
El juez considera que “los afectados no saben cuál va a ser el coste de las cargas de urbanización ni la retribución al urbanizador, aprobándose y adjudicándose por tanto el PAI sin conocer estos datos, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello comporta”.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 3 ABR 2012
Foto: benidorm - EFE
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ELPAÍS* : La concentración de zonas ambientales sensibles, que la Unión Europea insta a proteger, dobla en Galicia la media de España. La comunidad, sin embargo, está a la cola de porcentaje cubierto por la Red Natura, la malla ecológica que creó Europa para preservar los hábitats de interés y prioritarios en el continente. En cada 100 kilómetros cuadrados de Galicia se cuentan una media de 17,4 hábitats, mientras que en el resto de España se concentran 8,2. La ampliación de la Red Natura que propone la Xunta eleva el terreno protegido del 11,8% al 15%, pero esos tres puntos más no sacan a Galicia de la cola de España y deja fuera, como denuncian las asociaciones ecologistas, áreas importantes, las zonas de corredor entre los diferentes Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) —lo que, insisten, le daría esa dimensión de malla— y abre huecos donde “casualmente están previstos varios desarrollos eólicos y canteras”.
Con 72 tipos de hábitats, de los cuales 18 tienen la consideración de protección prioritaria para Europa, Galicia es la tercera comunidad, por detrás de Cataluña y Andalucía, en número total de hábitats. Cuatro de ellos solo pueden encontrarse en la comunidad.
Que Galicia acumule tanta diversidad de espacios de interés y prioritarios muy repartidos por el territorio —solo dos áreas de 100 kilómetros cuadrados en toda la comunidad no tienen hábitats cuya protección es preferente para la UE y son los que coinciden con las ciudades de A Coruña y Vigo— pero su Red Natura sea insuficiente, como dice la Comisión Europea, “no se entiende”. El catedrático de Botánica en la Universidade de Santiago, Javier Guitián, deriva a “razones políticas” para entender esa extraña relación. “La propuesta inicial de la primera Red Natura contemplaba un mayor territorio”, explica el profesor, que trabajó en la elaboración de los mapas de especies vegetales en esa redacción inicial. Tras el trabajo de los expertos, llegó el filtro político. La ampliación hasta el 18% de la Red Natura que prometió hasta la saciedad el Gobierno bipartito pero que nunca llegó a aprobar y la que que tiene en exposición pública el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo que se queda en el 15% está redactada por, prácticamente, el mismo equipo del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) de la Universidade de Santiago. Sus firmantes editaron en 2008 Os hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Descrición e Valoración Territorial, un documento que analiza la “elevada diversidad gallega de hábitats”. La ampliación de la actual Xunta se centra en recoger bajo esta figura de protección los hábitats prioritarios que la Unión Europea señala que son deficientes en Galicia, sin tener en cuenta los de interés que podría amparar.
En ese trabajo del Ibader se destaca la costa, sobre todo en las provincias de A Coruña y Lugo, como la línea de oro de la comunidad donde se aglutinan, por la confluencia del espacio marino y terrestre, el mayor número de hábitats. Al norte, entre los ayuntamientos de Viveiro y Xove, se cuentan 39 hábitats de importancia y nueve prioritarios: no es posible encontrar en España una mayor acumulación de entornos a proteger. Es la confluencia de los LIC de Monte Maior, río Landro y Costa da Mariña Occidental. A pesar de que el Plan Director de la Red Natura, que regula las actividades que se pueden realizar, excluye nuevas minas y desarrollos eólicos, la Xunta da cabida a las piscifactorías en esta línea de costa, incluidas las zonas más sensibles. La Red Natura gallega está dividida en tres zonas con diferentes grados de protección: la más restrictiva, llamada de conservación, representa el 26,3% de la Red Natura. En el 67,7% entran las zonas más humanizadas y admiten actividades no tradicionales además de carreteras y gasolineras. El 6% que resta se extiende por las áreas con alto nivel de urbanización. Guitián avisa que los ecosistemas de los litorales “son más vulnerables” que otros de interior. “Son más susceptibles de ser alterados, que se modifique su nivel de agua dulce, de salinidad o que se modifiquen las dunas y soportan una gran presión urbanística. Un brezal, por ejemplo, tiene más capacidad de absorción. A los ecosistemas de litoral hay que mimarlos”.
Solo en Galicia es posible contar más de 35 hábitats en 100 kilómetros cuadrados. Cuatro celdas de ese valor se encuentran en A Coruña, justo en los LIC Costa da Morte y Carnota-Monte Pindo, que el PP rechazó convertir en Parque Natural, y una, la de LIC Monte Maior, río Landro y Costa da Mariña Occidental, marca en Lugo el tope español. Guitián lo explica por la hetereogenidad de Galicia. “Hay una diversidad climática grande, con una zona mediterránea y otra atlántica, también hay hetereogenidad en los sustratos y la diferencia que supone frente a otras comunidades tener mar. La conjunción de todos estos factores y la diversidad de usos, como algunos bosques de castaños y pastizales, condicionan que Galicia sea tan rica”, detalla.
Lugo, que aúna los entornos naturales de litoral y montaña, suma 69 hábitats, 18 de ellos prioritarios. Le siguen A Coruña con 55, Pontevedra con 52 y Ourense con 40. Aunque la provincia de interior se queda de última en la clasificación, si tuviera un tramo de costa “podría ver incrementado su número de hábitats en 20, colocando a esta provincia en segundo lugar”, indica el informe del Ibader. La diversidad de entornos sensibles de las provincias puede competir también con comunidades enteras. En esa clasificación, Pontevedra y Ourense estarían en el número undécimo y duodécimo, A Coruña competiría en el séptimo lugar, mientras que Lugo se situaría de cuarta, justo detrás de Galicia. En todas las provincias, además, existe una “elevada proporción” de hábitats cuya protección la Unión Europea considera prioritaria.
Espacios valiosos, pero que ya están preservados en Europa
Antes de que la dirección general de Conservación da Natureza emigrara de Medio Rural a la Consellería de Infraestruturas, Territorio e Medio Ambiente, su responsable por entonces, Samuel Juárez, insistía en la UE no exige que se cumpla un porcentaje mínimo de territorio bajo Red Natura, sino que se incluyan las especies y hábitats de interés prioritario bajo esta figura. Cada vez que se le preguntaba por qué Galicia cierra la lista de porcentajes de esta protección por comunidades, Juárez ponía de ejemplo a Dinamarca que, con un 9% de áreas protegidas ya ha cerrado su red ecológica, y recordaba que la bioregión atlántica, la mayoritaria en Galicia, es más frecuente en Europa. Canarias, por ejemplo, con 22 hábitats protege el 71,5% de su territorio. Esto se debe a que las islas tiene prácticamente todos los ejemplos de hábitats de la región macaronésica, de origen volcánico, que hay en Europa.
Para Guitián, sin embargo, esto supone “una limitación” de la Directiva Hábitats de la UE. “Hay bosques atlánticos en Galicia que no están incluidos en la Red Natura porque están bien representados en el centro de Europa, ocurre con algunas carballeiras por ejemplo, que no se incluyen. Eso es una limitación porque muchas de estas comunidades están en su límite sur de expansión, lo que les da muchas peculiaridades”, argumenta. La asociación ecologista Adega clama contra una ampliación que “no está a la altura” de las especies y hábitats que atesora Galicia e insiste en que “no satisface las demandas de la Comisión Europea”. También el colectivo Galiza non se vende, que acaba de presenta sus alegaciones a la ampliación, considera que los espacios protegidos “son muy escasos en comparación con el valor ambiental del territorio” y, como Adega, reclama la creación de nuevos LIC.
El debate sobre el porcentaje de representación se queda atrás para el catedrático porque, dice, está sin abordar algo más preocupante: la “ausencia absoluta de gestión” de los territorios que declarados Red Natura. “Hay espacios que nadie, ni siquiera los vecinos saben que están protegidos”, afirma. La Xunta presentó el pasado verano el Plan Director de esta red ecológica que regula sus usos, pero permite instalar piscifactorías y actividades industriales “compatibles”. “A veces hay el cartel que indica que es un LIC pero nadie hace nada por su conservación”, dice Guitián que considera que no vale de nada tener una norma directora del espacio “sin que sea un plan de protección efectivo y que beneficie también a la población”.
* El País - MARÍA PAMPÍN Santiago de Compostela 1 ABR 2012
Foto: El río Landro, Lugar de Importancia Comunitaria situado en el término municipal de Viveiro, en A Mariña. / ANXO IGLESIAS
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ABC* : La situación económica no favorece ni la construcción de nuevas viviendas ni su rehabilitación o reforma, pero en muchos de los edificios o solares abandonados que se ven en la ciudad a esa realidad hay que sumarle la dejadez de los propietarios que, por múltiples circunstancias, incumplen sus deberes de mantenimiento de inmuebles o de edificar en el caso de los solares. Urbanismo lleva a cabo una labor de vigilancia sobre solares y edificaciones y cuando ve que no se cumplen las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público necesarias abre expediente a la propiedad para que acometa las obras. En la mayoría de los casos, los propietarios atienden esa instancia, pero si no lo hacen el paso siguiente es incluir el inmueble en cuestión en el registro municipal de solares.
Incribir un solar o edificio en ese registro es un aviso más a sus propietarios, ya que supone que el inmueble en cuestión es declarado en ruina y a partir de ahí tiene un plazo de dos años para solicitar licencia de obra que palíe esa situación. Si pasado ese plazo —que se suele ampliar por recursos y autorizaciones de licencias que finalmente no se llevan a cabo—la propiedad no acomete ninguna actuación, el Ayuntamiento, a través de Urbanismo, puede llegar a expropiar el edificio o solar o bien favorecer la venta forzosa a un tercero por el justiprecio conforme a la ley (lo que suele conllevar una pérdida importante con respecto al valor del mercado), con lo que será el comprador quien se hará cargo de la recuperación del inmueble. En la actualidad, y dada la situación de las arcas municipales, es esta última la opción más usual.
Pues bien, actualmente, en el registro municipal de solares hay inscritos un total de 90 inmuebles. Su distribución señala que un tercio de los edificios en mal estado se encuentran en el casco histórico, 30, pero detras de ese distrito es el de Macarena el que más inmuebles en ruina acumula, hasta alcanzar los 21, junto con el distrito Este. Un barrio relativamente nuevo como Nervión acumula ya 9 inmuebles en el registro de solares municipal y otro que históricamente acumulaba muchos edificios en una situación ruinosa, Triana, ha reducido su número hasta 6, tras la revitalización del antiguo arrabal en la época del boom urbanístico. También el distrito Bellavista-La Palmera tiene inmuebles en este registro de ruinas, 2, y hasta el de Cerro-Amate tiene uno.
Muchos de ellos están afectados por la moratoria de 30 meses para el deber de edificar aprobada por el Ayuntamiento atendiendo a la crisis y que vence en noviembre de este año. Esa moratoria pone en suspenso los procedimientos de expropiación aunque no las actuaciones para garantizar la seguridad de los inmuebles aunque muchos propietarios no cumplen con ese deber. En 2011 Urbanismo realizó 47 ejecuciones subsidiarias de medidas de seguridad urgentes, tanto en inmuebles declarados en ruina como en aquellos en los que su situación suponía en riesgo. El número supera las 42 que se realizaron en 2010 pero es sensiblemente a las de 2009, cuando se acometieron 61, y en 2008, cuando alcanzaron 74. El coste de esas actuaciones se pasa a la propiedad.
* ABC - M. D. ALVARADO - 2.4.12
Foto: Casa de la calle Sol inscrita en el registro de solares del Ayuntamiento - abc
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FRANCESC VALLS* : El gobierno provincial fue utilizado en el franquismo a modo de satrapía dependiente del emperador. Si durante la dictadura se hacía más énfasis en la acepción despótica del término sátrapa, con la democracia se optó por poner el acento en otro significado del término: gobernante con astucia. Y astucia es lo que sobra en algunas de estas entidades provinciales.
Hay que aguzar el ingenio para justificar que se cobre más siendo presidente de Diputación que del Gobierno central. Eso sucedía en épocas de José Luis Rodríguez Zapatero con las máximas autoridades de una decena de corporaciones provinciales. No hay motivo para pensar que la proximidad de la Semana Santa haya reconvertido la política salarial en ayunos cuaresmales. Todo el mundo sabe que da más insomnio organizar servicios supramunicipales que el diferencial del bono alemán.
En la mente de todos resuena el nombre de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y conocida en el Partido Popular como “la mujer de los 13 sueldos”. Un cálculo somero y rápido realizado por este diario arrojaba la cifra anual (en 2010) de 158.000 euros. El que fue presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Celestino Corbacho, cobraba 144.200 euros brutos, más 1.800 en concepto de dietas por cada sesión plenaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet a la que acudía.
Es que las Diputaciones son tan ecuménicas que no saben de colores políticos. Y además, tienen indudables facultades de taumaturgia: convierten a sus más feroces detractores en fervientes defensores una vez que logran el poder. Lo que cuando se está en la oposición es un vestigio del franquismo se convierte, una vez logrado el bastón de mando, en una herramienta imprescindible para ayudar a los pequeños municipios.
Las Diputaciones Provinciales se han convertido en grandes oficinas de colocación de los partidos políticos, además de en apetecibles tartas con un saneado presupuesto. No se explicaría de otra forma esa especie de pacto de sangre que mantienen las formaciones políticas en los organismos provinciales. Es de sobras conocido el vía crucis por el que pasaron la mayoría de los partidos para destituir hace un par de semanas a Josep Maria Matas de su cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona: es decir, número dos de la entidad. Matas perdió el cargo el pasado 23 de febrero por haber facturado 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios mientras era su secretario general. La fiscalía abrió investigación al respecto y también lo hizo sobre las llamadas mochilas o sobresueldos que se pagaban en la Diputación de Barcelona bajo el mandato de los socialistas Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho y Antoni Fogué. Esas mochilas consistían en una compensación económica de la que se beneficiaban ciertos trabajadores cuando perdían un puesto de confianza y volvían a su plaza de funcionario.
Y es que la Diputaciones son confortables refugios salariales. Un total de 20 denodados diputados provinciales barceloneses son cienmileuristas, gracias a que complementan sus ingresos salariales con dietas. En 2009, de cada 100 euros que ingresaba la Diputación de Barcelona, 37 se destinaban a pagar salarios. En 2011, un total de 2,53 millones sirvieron pagar a “personal eventual de confianza”, liberados de los partidos políticos.
¿Debe sorprender, pues, la complicidad, generosidad, camaradería y buen rollo que impera entre las distintas formaciones que comparten mesa en la Diputación de Barcelona? El pasado martes, todas las formaciones, excepto Iniciativa Verds, decidieron mantener el sueldo a Josep Maria Tous, el hombre ungido por CiU para relevar al destituido Matas en el cargo de coordinador general. Pues bien, ahí va la historia para los amantes del buenismo y de la reinserción social: Tous estaba ese mismo martes detenido y prestando declaración ante la juez por su presunta relación con la trama catalana del caso Campeón, una telaraña urdida para amañar concursos públicos y favorecer a determinadas empresas en la inspección técnica de vehículos (ITV).
No parece un buen principio estar detenido el día de tu toma de posesión. Menos aún si se trata de un cargo que ya lleva una víctima —Matas— y para una institución sobre la pesan demasiadas sospechas. ¿Hacen falta más argumentos para, en época de recortes, desmochar las Diputaciones? La austeridad y la responsabilidad lo están pidiendo a gritos.
En ese viaje a Ítaca al que Artur Mas ha invitado al pueblo de Cataluña, convendría empezar por aligerar y ventilar las bodegas. No sea que la pestilencia de las “pútridas aguas” a las que se refería Oriol Pujol en el congreso de CDC no provenga de España, sino que sea un viejo, conocido y familiar olor.
* El País - Opinión - 1.4.12
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ELPAÍS/Mallorca* : El entorno de la célebre playa llamada Es Trenc, un arenal de más de cuatro kilómetros de la costa sur de isla de Mallorca, está en peligro. El Gobierno de Baleares, del PP, decretó el viernes pasado el “interés autonómico” del proyecto de construcción de un complejo hotelero, gigante para el enclave, de 1.200 plazas, más un campo de golf y zonas polideportivas. Estará ubicado en un extremo de S'Arenal de Sa Ràpita-Es Trenc, una franja arenosa discontinua sin urbanizar. La inversión de 120 millones de euros creará más de 200 empleos, según la autoridad que la celebra.
La parcela del hotel es de 20 hectáreas y la clientela estará a 150 metros del ámbito de una las playas más espectaculares de Europa. El territorio litoral comúnmente llamado Es Trenc quedó preservado por la presión ciudadana, las leyes baleares y la norma estatal de Costas. Así quedó fuera del desarrollismo. No tiene murallas hoteleras en el borde del mar ni las extensivas urbanizaciones habituales ante playas extensas.
El aval autonómico balear a este y otros proyectos reduce a la mitad el tiempo de trámite y aprobación de licencias. Previamente, el Gobierno regional adecuó un marco legal urbanístico de medidas urgentes para alzar las barreras proteccionistas sobre terrenos y complejos residenciales bloqueados en el conjunto del archipiélago. Una de las primeras acciones del PP, tras derrocar al PSOE, en mayo de 2011, fue borrar determinados vetos proteccionistas que se dictaron en las dos etapas de mayoría de socialistas con nacionalistas.
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, del PP, quiere atraer capitales, reactivar empresas constructoras y crear empleo. Son tiempos de angustia social y las arcas regionales y locales están vacías. Bauzá ayuda a resucitar planes e iniciativas privadas aletargados o prohibidos. La derecha goza de mayoría absoluta en todos los frentes (Ayuntamientos, Consell y Gobierno regional) para actuar en el terreno urbanístico y turístico. Ofrece “seguridad jurídica” y transparencia.
En este contexto, el PP impulsa la construcción y ampliación de puertos deportivos en Ibiza y Mallorca y ha bendecido oficialmente hasta cuatro nuevos complejos hoteleros de lujo; además del citado de Es Trenc-Sa Ràpita, otro en Canyamel, Capdepera, y otros dos más en Magaluf, Calvià. En Es Trenc, Canyamel y Magaluf, los establecimientos estarán en la vecindad de espacios naturales frágiles. Más de dos decenas de urbanizaciones que estaban congeladas se han reactivado por decreto. Un centenar de parcelaciones ilegales fueron legalizadas.
Es Trenc-S'Arenal de Sa Ràpita ocupa un litoral casi virgen. Su eje central, Es Trenc, es área natural de especial interés, con sistemas de dunas, zonas húmedas, salinas arcaicas y artesanas. Es un hábitat de escala en la migración de aves entre África y Europa. Está en el sur de Mallorca, con los núcleos urbanos de Sa Colònia-Ses Covetes-Sa Ràpita, ante el parque nacional de la isla de Cabrera. Es Trenc, en sentido estricto, está preservado por ley desde el estreno de la autonomía en 1983, por la presión de ecologistas y progresistas que salieron a la calle en masa en 1977 contra una urbanización que rozaba la playa y devastaba el pinar. La ley balear de Espacios Naturales consagró la protección. Desde entonces, se bloquearon proyectos de urbanizaciones en zonas de influencia.
Las muchas sentencias nacidas del cúmulo de pleitos entre empresarios, proteccionistas y administraciones respaldan en general el blindaje protector en Baleares. En uno de los vértices de Es Trenc, en la antigua colonia de veraneo de ses Covetes, en el mismo municipio de Campos, están pendientes de derribo 68 apartamentos inconclusos, alzados ilegalmente en 1994 —contra la Ley de Costas—, en primera línea. Hay dos decenas de decisiones judiciales en contra, es un caso como el del hotel El Algarrobico (Almería), pero en Mallorca.
Es Trenc y S'Arenal de Sa Rápita son un paréntesis, lo que fue la costa del Mediterráneo antes de la modernidad del ocio y la explotación residencial. Este paisaje ha sido el cartel publicitario del negocio del resto de Mallorca, foto fija de la idea de un paisaje del turismo sostenible y no depredador. Ha sido escenario de anuncios de eco caribeño y películas de cine. En primavera y verano miles de bañistas acuden a Es Trenc, por tierra y en barco, por su entidad no vulnerada por una muralla de cemento. Es tan popular que en días puntas tiene áreas con saturación de bañistas.
Los ecologistas de GOB (Grupo de Ornitología Balear) y los colectivos nacionalistas y de izquierda del PSOE y del PSM han alzado la voz de alarma contra la decisión del Gobierno balear de avalar el macrohotel de Sa Ràpita. Los proteccionistas consideran que será “una destrucción territorial sin precedentes”, “una provocación social”. El portavoz del Gobierno balear, Rafael Bosch, afirma que “no se trata ni de grandes complejos, ni supondrán un gran consumo de territorio”.
Bosch dice que “se cumplirán las leyes medioambientales” y que la iniciativa tiene consenso municipal. “El modelo de construcción es una actividad legítima generadora de puestos de trabajo, sea con Gobiernos de izquierdas o de derechas”. Los cuatro empresarios promotores del nuevo complejo, sabedores del rechazo entre un sector de vecinos (hay más de 17.000 firmas contrarias) buscaron una etiqueta de hotel “invisible” con el apoyo de gestores verdes europeos.
El PP, aun antes de la preservación de Es Trenc, abanderó un movimiento contra lo que considera “el castigo” económico a Campos por no poder “explotar” su tesoro paisajístico y medioambiental que disfrutan el resto de Mallorca y los turistas. Ahora, el Gobierno Bauzá cree que el sector privado “se involucra de lleno en la mejora y el aumento de la calidad” y “se posiciona como motor del crecimiento económico y social del lugar para generar sinergias positivas en el entorno”.
Negocio del suelo
En 10 meses, la dialéctica histórica de la política balear, negocios del suelo frente a medio ambiente, se ha recrudecido. El presidente, José Ramón Bauzá, y los consejeros de Turismo, Carlos Delgado, y Medio Ambiente, Biel Company, alientan proyectos para salir de la crisis que afectan ámbitos naturales sensibles: tramitan obras en humedales urbanos, Ses Feixes (Ibiza) y Ses Fontanelles (Mallorca) y que se pueda construir en Son Real, Es Verger, Es Guix en Escorca-Lluc, que fueron campo de batalla de los ecologistas. Es Trenc y otro hotel en Canyamel son la primera derrota.
La idea del macropuerto deportivo privado de Ibiza ha reaparecido. Su promotor, el exministro Abel Matutes, asegura que será más ecológico y sostenible del mundo. La izquierda y la vecindad, que lo pararon ya dos veces, creen que supondrá un atentado ecológico.
* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 2 ABR 2012
Foto: La playa de Es Trenc, en Mallorca. El macrohotel está proyectado en la zona boscosa tras el puerto deportivo. / TOLO RAMÓN
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ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº35 de Madrid investiga por blanqueo de capitales al arquitecto y exfuncionario de la Comunidad Leopoldo Arnaiz, responsable del desarrollo urbanístico de buena parte de los grandes municipios de la región (Alcorcón, Boadilla, Pinto, Soto del Real...). Los trazos de este urbanista podían convertir un suelo rústico en urbanizable y deparar a sus dueños suculentos dividendos. Arnaiz —quien fue vinculado al llamado Tamayazo y durante años estuvo bajo la lupa del exfiscal de Medioambiente Emilio Valerio por supuestas irregularidades urbanísticas— está siendo investigado ahora en la vía penal junto a su exsocia María Rosa Llano González y los presuntos testaferros de ambos, Constantino Díaz, Félix Ruiz y María Teresa Moya. Arnaiz controla por medio de testaferros una vasta red de sociedades que poseen o han tenido grandes extensiones de suelo recalificado en la región, según fuentes jurídicas.
El Juzgado número 35 dictó una resolución el pasado 3 de febrero en la que ve indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales contra los citados imputados por no haber satisfecho al erario público las cuotas correspondientes a la venta de unas acciones de la empresa Beltraex Nexo a Fersa Gestión. Y, en concreto a Arnaiz, le investiga por una serie de “operaciones jurídico financieras” mediante la que los imputados “ocultaron el origen ilícito de unas ganancias haciéndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tráfico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales”, señala el juez.
Las diligencias penales han sido enviadas a la Fiscalía de Madrid para que presente acusación o, en cambio, pida nuevas pruebas.
El magistrado solo está investigando a las dos sociedades citadas, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y de la Abogacía del Estado, pero, de momento, ignora que estas firmas formen parte de un vasto entramado integrado por ocho empresas matrices de las que cuelgan una treintena de sociedades. Todo este conglomerado societario, al frente del cual hay testaferros, ha sido destapado por Llano González ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. Llano González señala que el auténtico dueño del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, tal como consta en escrituras hechas en notarías de Reino Unido que ahora están en poder del citado juzgado de lo mercantil. Arnaiz posee el 90% de las acciones y González Llano, el 10%. Por su 10%, Llano González reclama al arquitecto 50 millones de euros, de lo que se colige que el patrimonio de las sociedades puede rondar la nada desdeñable cifra de 500 millones.
Arnaiz señaló en septiembre de 2010 que, cuando compró terrenos en los municipios que diseñó, nunca usó información privilegiada. Este periódico contactó ayer con su despacho profesional para dialogar con él. No tuvo éxito. Tampoco ha querido hablar su exsocia.
* El País - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 3 ABR 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
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LAVOZ/A Coruña* : El descenso desde A Capela hasta la presa del Eume es traumático, doloroso. Todavía hay fumarolas que alimentan el poso de humo que lo impregna todo y que deja un intenso olor acre. El incendio ya está controlado y las brigadas matan los restos para que no rebrote. No parece fácil en esta mañana fría y húmeda, de resaca del gran infierno que consumió las abruptas laderas de la fraga durante el fin de semana.
Por la pista circulan algunas personas que han tenido que ver con la extinción, pocos vecinos y bastantes turistas de catástrofe armados con sólidos equipos que compiten con los de los profesionales de la información, desplazados en masa para cubrir el desastre: «Eu entereime no Algarve. O sábado xa o deron a todo meter no informativo. Dicían que ardía o parque natural máis importante de Europa», explica un vecino de As Pontes, que busca ahora la mejor perspectiva de la tragedia.
El olor a quemado tiene sus matices, varía en función del árbol calcinado; el tono del eucalipto se diluye a medida que el bosque se ennoblece. No solo han caído los eucaliptos, el fuego se expandió sin control y arrasó con todo: «Era como o gas», recuerda Manuel, un jubilado de Teixido, uno de los pueblos evacuados y cercano al origen del fuego. Él y su mujer todavía están temblando y conjugan el miedo y la indignación a partes iguales: miedo a un incendio descomunal, nunca visto, e indignación por tener que salir de su casa, por la reacción ante el fuego, por el desastre. «Non sei canto tardará isto en recuperar, pero nós xa non o veremos», lamenta Marina, su mujer. Manuel no quiere ni pensar en los árboles perdidos, dinero carbonizado. Le duele más su mundo, quemado y, según su opinión, muy mal defendido.
José también está noqueado. «Isto foi moito, moito», repite una y otra vez como un mantra. Tiene 54 años y el sábado fue el único vecino al que la Guardia Civil no pudo evacuar de Teixido: «Non marchei porque ardíame a casa». Efectivamente, a la mancha negra apenas le restaron diez metros para conquistar las paredes de un pajar cercano a la vivienda. Faltó poco. Como el resto de los vecinos, como todo el mundo, José no recuerda nada semejante en la zona. Todos tienen muchos culpables, pero solo uno en común: la sequía
La visita de los militares
«Sí, a Galicia venimos todos los años, pero a esta zona, nunca. Y en este tiempo, menos. Salir en abril no es normal», confiesa el sargento primero Sindín, a cargo de un pelotón de la UME que asegura una zona en A Capela. Ellos han venido desde León, y el otro batallón, desde Madrid. Están diseminados por toda la zona del incendio, vigilando y a la orden de la dirección de un intenso operativo que ya trabaja con el incendio controlado. Mientras explica la fatiga que supone trabajar en laderas tan escarpadas como las de las fragas, controla la llegada de un helicóptero que acude a sofocar una chimenea en una vaguada, y al que avisó un cuarto de hora antes: «Yo estuve el verano pasado aquí, de vacaciones. Da mucha pena ver esto así».
Todo el mundo anda con el corazón roto
Turistas, bomberos, vecinos... todo el mundo anda con el corazón roto por la ribera del Eume, que huele a hoguera. Entre las localidades de A Capela y Vilariño, la carretera atraviesa un riachuelo típico de las fragas. El cauce se ha convertido en una línea de vida, el lugar donde se detuvo el fuego tras arrasar las dos márgenes. Desolador.
Desde Pontedeume, la ruta más popular, el acceso se encontraba ayer cerrado. Un guarda confirma a la puerta del parque que el fuego afectó a zonas de gran valor, pero no me puede decir cómo está el entorno del monasterio de Caaveiro, una subida en la que cientos de miles de visitantes disfrutaron de una obra cumbre de la naturaleza. Al poco llega la responsable del bar que se encuentra en aquel cruce. Trae en su cámara unas fotos que muestran el camino con una ladera intacta y la otra arrasada. «No fue nada para lo que pudo haber sido», opina. La cuenta de daños está todavía por echar, pero no va a ser barata.
«Venimos todos los años, pero a esta zona nunca, y menos en abril», dicen en la UME
Galicia clama contra el fuego
Cientos de personas se manifestaron ayer en repulsa por los incendios forestales que azotan Galicia y en particular contra el que este fin de semana ha arrasado más de 750 hectáreas en el parque natural de las Fragas do Eume y sus inmediaciones.
La concentración convocada en la plaza de Armas de Ferrol reunió a medio millar de participantes que portaban banderas similares a las de Nunca Máis, aunque sobre un fondo de llamas, y carteles en las que se exigían responsabilidades por el desastre. Entidades ecologistas protagonizaron la protesta, a la que también acudieron líderes sindicales y representantes políticos.
Los ecologistas subrayaron que la declaración de parque natural de 1997 no ha ido acompañada de medidas que garanticen la conservación de las fragas y denunciaron que el parque continúa «sen plan de usos e xestión e sen plan forestal». Señalaron además que la zona ha sido sometida a un progresivo proceso de eucaliptización.
También destacaron la «falta de medios» para la lucha contra los incendios, y denunciaron la política del Gobierno gallego de «reducir» personal en los servicios de prevención y extinción.
Al final de la concentración se pidió un plan inmediato de «medidas de restauración» para que la fraga vuelva a su estado anterior al incendio.
Unas 1.500 personas se reunieron en el Obelisco de A Coruña. Después de una media hora de concentración, los asistentes se desplazaron hasta la plaza de María Pita y a lo largo de la calle Real continuaron coreando consignas como «O monte cóidase, non se queima», «Lume, nunca máis».
El Obradoiro fue el lugar elegido por unas mil personas para concentrarse en Santiago de Compostela. Dos centenares de personas protestaron en la viguesa Porta do Sol. Portaron lemas como: «Non aos recortes na loita contra o lume», «Galicia en loita, Galicia en loito».
En Pontevedra se concentraron varios cientos de personas en la plaza de A Ferrería. Delante del Concello de Lugo se reunieron unos trescientos manifestantes a la misma hora en la que salía la procesión de la Virgen de la Esperanza y esperaron a que saliera esta para efectuar un recorrido hasta el edificio administrativo de la Xunta. Los participantes cortaron el tráfico en un tramo de la Ronda da Muralla y leyeron un manifiesto al final.
En Ourense la convocatoria tuvo lugar en la plaza Mayor. Centenares de personas acudieron a la llamada de SOS Fragas do Eume.
Texto elaborado con las aportaciones de R. Suárez, M. Ascón, J. Capeáns, D. Cela, A. L. Penide y A. Paniagua
* La Voz de Galicia - JORGE CASANOVA - 3.3.12
Foto: Imagen de la concentración en Pontedeume / GABRIEL TIZÓN
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LAREGIÓN* : El Tribunal Superior de Xustiza vuelve a dejar en evidencia la ordenación urbanística de la ciudad al anular el plan parcial del sector de suelo urbanizable 18 en Cantareliña (en la zona de A Cuña), en la ciudad, en el que se contemplaba la construcción de 467 viviendas, de las que 387 eran edificación plurifamiliar y 80 unifamilares. En este mismo proyecto se incluían dos parcelas para sendos equipamientos públicos, uno sin un uso definido, y el otro de carácter deportivo.
La sentencia, que estima parcialmente el recurso presentado por el propietario de un terreno afectado por ese plan parcial, basa principalmente su fallo en la nulidad del planeamiento urbanístico que lo sustentaba (el de 2003).
'Una vez que esa sentencia (la que anula el Plan Xeral) ha ganado firmeza con su confirmación por el Tribunal Supremo, ya no es sólo que no sea necesario pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de tal plan, sino que su previa anulación afecta a la modificación operada en el año 2006 y al plan parcial al que servía de cobertura'.
RECLAMACIÓN
Aunque por el estado en el que se encontraba la tramitación urbanística -restaba por aprobar los proyectos de compensación y urbanización- el desarrollo de la zona se veía ya afectado por la anulación del Plan Xeral, este suelo es uno de los 33 sobre los que se han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Concello por la caída del Plan Xeral de 2003, la misma que ahora sustenta la nulidad de su plan parcial. De esta forma, la indemnización solicitada por el cambio de clasificación del suelo a raíz de la entrada en vigor del anterior planeamiento, de 1986, asciende a más de 12,9 millones de euros.
Las defensas del Concello de Ourense y de la promotora alegaban que la anulación del Plan Xeral no afectaba a los actos ya firmes -como era la aprobación definitiva del plan parcial, producida en marzo de 2010-, pero el tribunal entiende que 'ni existe firmeza ni se ha impugnado un acto singular, sino general', de forma que si 'tras aprobarse el plan de 2003 vino su primera modificación puntual en el año 2006 y la aprobación de un plan parcial en 2010, lo que procede es anular ambos'.
Por su parte, el abogado recurrente, Antonio Feijóo, matiza que su representado ha recurrido el plan parcial 'por considerarse perjudicado por el contenido del mismo, por la edificabilidad que se planteaba y la ordenación urbanística que se diseñaba, que afectaba a sus derechos'. El desarrollo de este suelo llevaba consigo también la construcción de una glorieta en la carretera de Seixalbo.
* La Región - 1.04.12
Foto: Zona de Cantareliña, en cuyas inmediaciones se preveía construir más de 400 viviendas. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
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ELPAÍS* : Al cabo de 18 años de aprobarse la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía , el mapa de la planificación territorial que contemplaba está prácticamente cerrado. El objetivo llega tras una prolífica legislatura en la que la administración autonómica se propuso culminar un proceso jalonado de dificultades y controversias políticas partidistas y localistas y que se ha saldado con la aprobación de más de la mitad de los planes en vigor.
Con los nueve planes subregionales aprobados en estos últimos cuatro años, toda la franja litoral y las principales aglomeraciones urbanas de la comunidad autónoma tienen un instrumento de planificación con directrices para ordenar su crecimiento. Otros dos, los de Huelva y Jaén, están en su última fase de tramitación.
Desde el año 2000, cuando se aprobó el primero (Aglomeración Urbana de Granada), hay ya en vigor 17 Planes de Ordenación Territorial (POT) que afectan a 245 municipios. Estas localidades, pese a no representar ni la tercera parte del territorio (32%), concentran al 66% de la población andaluza, más de 5,5 millones de habitantes.
Los dos últimos planes en aprobarse han sido los del Sur de Córdoba y Campo de Gibraltar, pendientes aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Ambos pueden considerarse casos paradigmáticos de la evolución que ha experimentado la práctica de la ordenación del territorio en Andalucía. El del Campo de Gibraltar porque ha atravesado numerosas vicisitudes desde mayo de 1994. Fue el primer plan subregional en formularse; aunque luego el proceso se ha tenido que reiniciar en dos ocasiones más, la última en 2007. El plan del Sur de Córdoba es todo lo contrario. Apenas ha requerido dos años para completar todos los trámites, lo que, según la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, demuestra que el procedimiento de elaboración de los planes de ordenación no tiene por qué ser necesariamente largo.
Vega asegura que la consejería de Obras Públicas y Vivienda está muy satisfecha “porque se ha cumplido el objetivo y se ha cerrado una etapa de algo más de diez años en los que se ha conseguido un consenso político general sobre la importancia de la ordenación territorial, algo que ya es irreversible”. Recuerda que el proceso ha estado plagado de dificultades y que ha habido que aprender “sobre la marcha”, porque apenas había precedentes, y ahora mismo Andalucía es la comunidad que más ha avanzado en la ordenación.
Los POTs son instrumentos que establecen las directrices para un crecimiento armónico y ordenado en un ámbito determinado y sirven de marco de referencia para los municipios afectados. Estas localidades deben respetarlos en sus planes generales de ordenación urbana y tenerlos en cuenta en la coordinación de políticas sectoriales de las distintas administraciones, por ejemplo en materia de transportes, energía, o abastecimiento, ya que fijan las infraestructuras básicas necesarias, y localizan zonas estratégicas para el desarrollo.
Los POTs no califican suelo, pero si pueden determinar reservas de espacios para equipamientos estratégicos y de interés para todo el ámbito como parques, polígonos industriales, desarrollos turísticos, o equipamientos públicos educativos, sanitarios o de otro orden, o áreas recreativas. También establecen parámetros que los municipios deberán respetar en sus planes municipales concretos, y es que toda figura recogida en un plan subregional tiene que ser contemplada y desarrollada en la planificación urbanística que compete a los ayuntamientos.
Una de las notas destacadas de los POTs por ejemplo es que amplían hasta 200 metros el corredor litoral libre, de forma que multiplican por dos los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre que establece la Ley de Costas sin posibilidad de ningún uso. Además, donde aún es posible, no permiten ningún uso residencial ni industrial en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, de forma que solo serán permitidos equipamientos de uso público o de carácter turístico.
Precisamente uno de los elementos de dificultad para la ordenación territorial ha sido el conflicto de competencias planteado en algunos casos por municipios y resuelto hasta ahora con resoluciones judiciales que reconocen la competencia autonómica de la planificación de ámbito supramunicipal.
Conciliar los intereses localistas y partidistas no ha sido sencillo. La secretaria general reconoce que gran parte del atasco en la elaboración de los planes ha venido por el empeño de llegar a acuerdos. “Estos planes no tienen sentido si no reúnen un consenso, pero llegar al 100% es prácticamente imposible, y hemos atravesado momentos fáciles y otros más difíciles”.
Hay algunas cuestiones que son además objeto de especial discrepancia competencial, pero también ideológica o conceptual, de forma que hay cuestiones que se cierran y que son objeto de impugnación judicial por parte de algún ayuntamiento. Con todo, Vega insiste en que aunque son más sonados, “los conflictos son anecdóticos y aislados y por encima de todo ha habido mucho acuerdo”.
En los 12 años transcurridos desde la aprobación del primer plan se han atravesado varias etapas diferenciadas, condicionadas por la presión urbanística y las distintas expectativas de crecimiento y desarrollos residenciales y de actividad económica. Vega admite que ahora posiblemente haya que revisar cuestiones de algunos planes, pero que lo importante hasta ahora ha sido determinar la importancia de la ordenación y la práctica de los acuerdos.
Ahora, la Junta se propone iniciar un proceso de “armonización” de los planes y, por ejemplo, ya se ha iniciado la redacción de un segundo plan para el ámbito Bahía de Cádiz-Jerez.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 1 ABR 2012
Foto: Vista aérea del litoral de Benalmádena (Málaga) / JULIÁN ROJAS
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JORDI BORJA* : Mister Marshall ha llegado y anuncia puestos de trabajo y diversiones, luces y juegos, vicio y fornicio. Cerca del aeropuerto, a un cuarto de hora del centro de la ciudad. Prometen unos 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos. No se especifica el origen de estas cifras. Sin embargo, en todo el Estado de Nevada, que incluye Las Vegas y la lejana Reno existen 300.000 empleos en el sector del ocio. Solo Las Vegas posee 78 grandes hoteles con casino y en el Baix Llobregat se crearían 12 hoteles, seis con casino. Los números no salen. El impacto sobre el empleo no parece que en Las Vegas haya sido muy eficaz, pues llega casi al 13%, cuando la media de EE UU es poco más del 8%. Se trata de un empleo poco calificado: solo el 14% de la población joven alcanzó a iniciar estudios universitarios, cuando la media norteamericana es el doble. En Las Vegas están censadas 16.000 personas sin techo y 40.000 en la región metropolitana (gran parte de los datos citados proceden de un informe del blog latramaurbana.net).
El argumento del empleo no es convincente. Otros aspectos del modelo, aún menos. Las Vegas creció en un desierto a partir de la década de 1930 y especialmente de 1941, cuando un gánster, Bugsy Siegel (Warren Beatty en el cine), fue el promotor del primer hotel Flamingo con casino. Fue rebautizada como Sin City, Ciudad del Pecado. Sus promotores principales eran las mafias del este. En 1959 la ciudad inició un nuevo boom cuando el triunfo de la revolución cubana hizo que La Habana dejara de ser el gran casino y el superprostíbulo de los norteamericanos. El centro de Las Vegas, inicialmente ciudad compacta, fue perdiendo fuerza y la ciudad se expandió de forma difusa y segregadora. Gradualmente se ha ido privatizando, ha dejado de ser ciudad.
¿Eurovegas será la nueva versión del modelo Barcelona 92 y de Catalunya ciutat? A Madrid lo definió en los años cincuenta Camilo José Cela como una mezcla de Kansas City y Navalcarnero. ¿Seremos nosotros algo parecido medio siglo más tarde?
En EE UU era y es impensable que un Las Vegas se instale en la megalópolis del noreste (Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, etcétera), un continuo urbano con más de 55 millones de habitantes. El gran centro del ocio se creó a algunos miles de kilómetros del mercado más potente. Eurovegas pretende instalarse en un tejido urbano ya muy saturado que requiere proyectos de escala media, más acupuntura que cirugía. La copia local es menor que el original, pero se prevén 150 hectáreas para el complejo y 100 más para campos de golf, un estadio y otros equipamientos, más las cesiones de suelo público e infraestructuras y los complejos habitacionales que los promotores exigen, crear unos para su negocio y eliminar otros que no interesan. El impacto sobre el territorio será enorme. A la zona afluirán los desocupados locales y los que acudirán de otras partes como si se hubieran descubierto minas de oro. Sin contar a los centenares de miles de futuros clientes. ¿Es este el lugar adecuado o no correspondería más a los Monegros?
El despropósito que más llama la atención son las condiciones del promotor, que aparentemente no han sido cuestionadas por las autoridades españolas. Modificación de la Ley de Extranjería para importar trabajadores y del Estatuto de los Trabajadores para no depender de convenios colectivos, moratoria de dos años para pagar la Seguridad Social, exenciones de impuestos y tasas, flexibilizar las medidas destinadas a evitar el blanqueo de dinero, autorizar el ingreso de menores de edad y ludópatas, y el derecho de fumar, garantizar el crédito que se solicitaría al Banco Central europeo. Por vergüenza ajena, sin comentarios.
No creo que este proyecto fantasma llegue a cuajar, y menos en Cataluña. Pero reconozco que me dejará un recuerdo imaginario perdurable. Una inauguración presidida por las autoridades, algunos cardenales acompañados de políticos locales y financieros del Opus, rodeados de mafiosos y tahúres, traficantes de drogas y de dinero negro, empresarios de prostíbulos y gestores de la corrupción. Un espectáculo de risa amarga.
* Jordi Borja es urbanista.
* El País _ Opinión - 21.3.12
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LAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJCyL ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid del 8 de abril de 2011 por el que se aprobó el tercer proyecto para restablecer la legalidad en el edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla, donde una sentencia de 2008 anuló la licencia de obras porque la actuación llevada a cabo en este céntrico inmueble infringió el PGOU. En el Auto, al que ha tenido acceso EP, se condena además al Ayuntamiento de Valladolid al pago de las costas y se requiere al alcalde, Javier León de la Riva, quien posee una vivienda en el edificio objeto de este litigio, a que bajo su "directa y personal responsabilidad" proceda a ejecutar la sentencia y ponga en conocimiento de la sala, en un plazo máximo de dos meses, el inicio de las obras para restaurar la legalidad.
Este tercer proyecto, que sigue a los que se presentaron en octubre de 2009 y octubre de 2010 por parte del Consistorio y que también fueron rechazados, no ha sido aceptado ya que el Plan Especial del Casco Histórico prohíbe que en las obras de reestructuración de un edificio catalogado se incremente el volumen y altura como así ocurre en este caso ya que la planta octava--trasteros y demás construcciones-- tienen una altura mayor que la que tenían antes de las obras realizadas al amparo de la licencia concedida en 2000 y que fue anulada.
Además, la sala considera que se ha ejecutado algo distinto a lo proyectado y se ha elevado "aún más" la altura de dicha planta -entre 0,53 y un metro-, según los informes de los peritos judiciales.
Asimismo, la sala recuerda que en el proyecto de 1946 todas las plantas tenían en la fachada interior a la calle María de Molina una terraza-corredor y en el proyecto examinado no hay terraza-corredor en la planta séptima, que ha sido cerrada y se ha integrando en la superficie de la vivienda, por lo que se ha alterado la fachada interior y se ha incrementado la edificabilidad tanto de la séptima como de la octava planta.
Por otro lado, se considera que en este proceso no se ha oído a los propietarios afectados por lo que se pide al Consistorio que les de audiencia.
Fue en abril de 2008 cuando una sentencia anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de junio de 2000 por el que se concedió la licencia de obras para la restauración del edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla. La licencia se anuló porque las obras no respetaban las limitaciones de la normativa urbanística, además de que se había alterado la cubierta y las fachadas tanto interiores como exteriores, y no se respetó el porcentaje mínimo del 50 por ciento de superficie construida destinado al uso básico de vivienda, por lo que se infringió el PGOU.
En junio de 2009 un auto requirió al alcalde de la ciudad, para que, "bajo su personal y directa responsabilidad", procediera a ejecutar la sentencia y se demolieran las obras anuladas, tras lo que el Consistorio presentó dos proyectos de restauración de la legalidad que fueron rechazados, al igual que ha ocurrido ahora con el tercer proyecto presentado que también ha sido anulado.
* La Información - EP - 30.3.12
Foto: Valladolid, edificio CajaDuero - elmundo
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MÁLAGAHOY* : La Policía resalta que Roca escondió sus negocios poniéndolos a nombre de otros.
El tribunal del caso Malaya suspendió ayer el juicio hasta el próximo 9 de abril, para permitir a las partes un descanso motivado por la Semana Santa. Malaya cumple hoy seis años de historia. La operación contra la corrupción político urbanística en Marbella comenzó el 29 de marzo de 2006, cuando fueron detenidos la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, gran parte de su equipo de gobierno y Juan Antonio Roca, el poderoso asesor de urbanismo que había asistido a los sucesivos equipos del GIL.
Este no es el único aniversario ha cumplido este asunto. El pasado martes, además, se cumplieron 18 meses desde que comenzó el que es uno de los juicios más largos de la historia de España con más acusados en el banquillo. Precisamente el martes concluyó la declaración de todos los procesados y comenzaron a declarar los testigos del último bloque en el que se analizan posibles cohechos de promotores inmobiliarios a Juan Antonio Roca y de este a los concejales.
Ayer declaró como perito el jefe de la unidad de blanqueo y delitos fiscales de la Comisaría General que subrayó cómo Juan Antonio Roca se ocupó de ocultar que la poderosa red de sociedades que había creado para gestionar importantes negocios inmobiliarios, la mayoría de ellos ubicados en el municipio donde él era gerente de la sociedad que se encargaba de revisar el plan general de ordenación urbana. Estas sociedades eran formalmente gestionadas por administradores fiduciarios.
* Málaga Hoy - 29.3.12
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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FARODEVIGO* : Las reclamaciones derivadas por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, no paran de llegar al Concello. Así, a las 17 que ya se venían tramitando, se les tienen que sumar ahora otras 16 que se presentaron, lo que hacen un total de 33 expedientes administrativos abiertos, y que alcanzan una cuantía económica total de 110 millones de euros.
Para dar trámite a los expedientes en el caso de reclamaciones patrimoniales, la legislación vigente exige que sean vistos por el Concello de Ourense, que comprueba que se dan los requisitos y condiciones para iniciar la tramitación de los expedientes administrativos, tal y como hizo en su reunión de ayer la Junta de Gobierno Local.
Tanto particulares y empresas exigen al Concello cantidades económicas que van desde los 20.000 euros hasta los 40 millones de euros, en virtud del procedimiento recogido en el artículo 6 del real Decreto 429/93 de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, como es el caso.
Nuevas reclamaciones
En estos momentos el área municipal de Urbanismo tiene recibidas un total de 33 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un importe total de 109.298.882,38 euros, cantidad que es susceptible de sufrir un incremento en fase de prueba del procedimiento administrativo, según advierte el gobierno bipartito.
Una posibilidad sobre la que ya avisó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, en el momento en que daba a conocer un avance, en el que las reclamaciones presentadas eran en total 16 y la cuantía económica que se reclamaba sumaban 53 millones de euros.
Responsabilidad solidaria
El bipartito señala la existencia de "solidaridad entre Administraciones" en la responsabilidad por las alteraciones por cambios de ordenación urbanística o por la nulidad de instrumentos de planteamiento –en este caso un Plan Xeral de Ordenación–, y que es reiterada por la jurisprudencia existente, como así lo concretan las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 y la del 11 de diciembre de 2002.
Compensación económica por el perjuicio sufrido, la justificación
Los reclamantes justifican la petición que formalizaron de la correspondiente compensación económica, en el perjuicio sufrido por la anulación del PXOM de 2003 con varias consecuencias: en primer lugar, porque la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística.
Por otro lado, dicha alteración implica la imposibilidad de ejercer la facultad de participar en actuaciones de la nueva urbanización, y por último motiva su reclamaración en los gastos derivados de la actividad empresarial, como el coste y financiación realizadas para iniciar y promocionar las actuaciones de ubanización, que quedan sin efecto al anularse el plan.
Los daños y perjuicios surgen de actos y actuaciones adoptados en "virtud de la confianza legítima en la validez del PXOM de 2003 y de su contenido", con el fin de desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición.
Es por eso que, una vez anulado definitivamente el Plan Xeral de Ourense por el Tribunal Supremo, la imposibilidad de urbanizar ocasiona daños que particulares y empresas reclaman ahora del Concello, por su responsabilidad solidaria en esta materia, por un importe millonario. Al amparo del Reglamento de la Ley del suelo, acreditan que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos con que contaban.
* Faro de Vigo - V. RODRÍGUEZ - 31.3.12
Foto: La anulación del PXOM afectó a todos los ámbitos urbanísticos de la ciudad. // Jesús Regal
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ELLIBREPENSADOR/Zaragoza* : El Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción nº1 de Calatayud está investigando al Alcalde de Cetina por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio. Los hechos se refieren a la concesión de una licencia para construir una vivienda unifamiliar en septiembre de 2008, a la concejala de urbanismo, en una finca situada dentro del entorno de protección del castillo de Cetina, declarado Monumento nacional y BIC por la DGA en 2002 y donde no está permitido construir. Según el auto de 29/2/2012, dictado por dicho juzgado, habiendo recibido denuncia del ministerio fiscal, los hechos que resultan de dichas actuaciones pudieran ser constitutivos de un delito. Por todo ello, acuerda instruir diligencias previas encaminadas a determinar el delito, el procedimiento aplicable y la/s personas responsables.
También ha acordado oficiar al ayuntamiento de Cetina para que le remita todos los informes relativos a la concesión de la licencia, así como certificación de quien ocupaba el cargo de alcalde, y de concejales en la fecha de concesión de dicha licencia. El ayuntamiento de Cetina estaba presidido en esas fechas, y está actualmente, por José Miguel Velázquez Hernández, de la candidatura del PAR, contando con 3 concejales, al igual que el PSOE, que contaba con otros 3. Sin embargo el PP con 1 concejal, dio la alcaldía al PAR, siendo nombrado Teniente de Alcalde este concejal, Andrés Cerdán Moreno, el cual ha sido objeto de varias denuncias urbanísticas por los vecinos de Cetina, y por las que la Dirección General de Urbanismo, le ha retirado las competencias urbanísticas al ayuntamiento de Cetina, y se ha subrogado en dichas competencias para tramitar los expedientes de infracción y de protección de la legalidad urbanística, ante la pasividad y negativa del alcalde de cetina a tramitar estos expediente contra el concejal que le daba la alcaldía, pese a requerírselo expresamente la DGA. En esas fechas, cuando se concedió la licencia ahora investigada, también formaba parte de la corporación cetinera, Luis Marruedo Espeja, que compaginaba el cargo de concejal con el de Viceconsejero de Medio Ambiente con el Consejero Boné. En esta legislatura, Luis Marruedo renunció a su acta de concejal, siendo nombrado Director General de la Consejería de Agricultura, puesto que sigue desempeñando en la actualidad. * El Librepensador - Daniel Garrido Elorz - 28.03.12 Foto: Cetina (Zaragoza) - entrepueblos
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