ELPAÍS/Mallorca* : El entorno de la célebre playa llamada Es Trenc, un arenal de más de cuatro kilómetros de la costa sur de isla de Mallorca, está en peligro. El Gobierno de Baleares, del PP, decretó el viernes pasado el “interés autonómico” del proyecto de construcción de un complejo hotelero, gigante para el enclave, de 1.200 plazas, más un campo de golf y zonas polideportivas. Estará ubicado en un extremo de S'Arenal de Sa Ràpita-Es Trenc, una franja arenosa discontinua sin urbanizar. La inversión de 120 millones de euros creará más de 200 empleos, según la autoridad que la celebra.
La parcela del hotel es de 20 hectáreas y la clientela estará a 150 metros del ámbito de una las playas más espectaculares de Europa. El territorio litoral comúnmente llamado Es Trenc quedó preservado por la presión ciudadana, las leyes baleares y la norma estatal de Costas. Así quedó fuera del desarrollismo. No tiene murallas hoteleras en el borde del mar ni las extensivas urbanizaciones habituales ante playas extensas.
El aval autonómico balear a este y otros proyectos reduce a la mitad el tiempo de trámite y aprobación de licencias. Previamente, el Gobierno regional adecuó un marco legal urbanístico de medidas urgentes para alzar las barreras proteccionistas sobre terrenos y complejos residenciales bloqueados en el conjunto del archipiélago. Una de las primeras acciones del PP, tras derrocar al PSOE, en mayo de 2011, fue borrar determinados vetos proteccionistas que se dictaron en las dos etapas de mayoría de socialistas con nacionalistas.
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, del PP, quiere atraer capitales, reactivar empresas constructoras y crear empleo. Son tiempos de angustia social y las arcas regionales y locales están vacías. Bauzá ayuda a resucitar planes e iniciativas privadas aletargados o prohibidos. La derecha goza de mayoría absoluta en todos los frentes (Ayuntamientos, Consell y Gobierno regional) para actuar en el terreno urbanístico y turístico. Ofrece “seguridad jurídica” y transparencia.
En este contexto, el PP impulsa la construcción y ampliación de puertos deportivos en Ibiza y Mallorca y ha bendecido oficialmente hasta cuatro nuevos complejos hoteleros de lujo; además del citado de Es Trenc-Sa Ràpita, otro en Canyamel, Capdepera, y otros dos más en Magaluf, Calvià. En Es Trenc, Canyamel y Magaluf, los establecimientos estarán en la vecindad de espacios naturales frágiles. Más de dos decenas de urbanizaciones que estaban congeladas se han reactivado por decreto. Un centenar de parcelaciones ilegales fueron legalizadas.
Es Trenc-S'Arenal de Sa Ràpita ocupa un litoral casi virgen. Su eje central, Es Trenc, es área natural de especial interés, con sistemas de dunas, zonas húmedas, salinas arcaicas y artesanas. Es un hábitat de escala en la migración de aves entre África y Europa. Está en el sur de Mallorca, con los núcleos urbanos de Sa Colònia-Ses Covetes-Sa Ràpita, ante el parque nacional de la isla de Cabrera. Es Trenc, en sentido estricto, está preservado por ley desde el estreno de la autonomía en 1983, por la presión de ecologistas y progresistas que salieron a la calle en masa en 1977 contra una urbanización que rozaba la playa y devastaba el pinar. La ley balear de Espacios Naturales consagró la protección. Desde entonces, se bloquearon proyectos de urbanizaciones en zonas de influencia.
Las muchas sentencias nacidas del cúmulo de pleitos entre empresarios, proteccionistas y administraciones respaldan en general el blindaje protector en Baleares. En uno de los vértices de Es Trenc, en la antigua colonia de veraneo de ses Covetes, en el mismo municipio de Campos, están pendientes de derribo 68 apartamentos inconclusos, alzados ilegalmente en 1994 —contra la Ley de Costas—, en primera línea. Hay dos decenas de decisiones judiciales en contra, es un caso como el del hotel El Algarrobico (Almería), pero en Mallorca.
Es Trenc y S'Arenal de Sa Rápita son un paréntesis, lo que fue la costa del Mediterráneo antes de la modernidad del ocio y la explotación residencial. Este paisaje ha sido el cartel publicitario del negocio del resto de Mallorca, foto fija de la idea de un paisaje del turismo sostenible y no depredador. Ha sido escenario de anuncios de eco caribeño y películas de cine. En primavera y verano miles de bañistas acuden a Es Trenc, por tierra y en barco, por su entidad no vulnerada por una muralla de cemento. Es tan popular que en días puntas tiene áreas con saturación de bañistas.
Los ecologistas de GOB (Grupo de Ornitología Balear) y los colectivos nacionalistas y de izquierda del PSOE y del PSM han alzado la voz de alarma contra la decisión del Gobierno balear de avalar el macrohotel de Sa Ràpita. Los proteccionistas consideran que será “una destrucción territorial sin precedentes”, “una provocación social”. El portavoz del Gobierno balear, Rafael Bosch, afirma que “no se trata ni de grandes complejos, ni supondrán un gran consumo de territorio”.
Bosch dice que “se cumplirán las leyes medioambientales” y que la iniciativa tiene consenso municipal. “El modelo de construcción es una actividad legítima generadora de puestos de trabajo, sea con Gobiernos de izquierdas o de derechas”. Los cuatro empresarios promotores del nuevo complejo, sabedores del rechazo entre un sector de vecinos (hay más de 17.000 firmas contrarias) buscaron una etiqueta de hotel “invisible” con el apoyo de gestores verdes europeos.
El PP, aun antes de la preservación de Es Trenc, abanderó un movimiento contra lo que considera “el castigo” económico a Campos por no poder “explotar” su tesoro paisajístico y medioambiental que disfrutan el resto de Mallorca y los turistas. Ahora, el Gobierno Bauzá cree que el sector privado “se involucra de lleno en la mejora y el aumento de la calidad” y “se posiciona como motor del crecimiento económico y social del lugar para generar sinergias positivas en el entorno”.
Negocio del suelo
En 10 meses, la dialéctica histórica de la política balear, negocios del suelo frente a medio ambiente, se ha recrudecido. El presidente, José Ramón Bauzá, y los consejeros de Turismo, Carlos Delgado, y Medio Ambiente, Biel Company, alientan proyectos para salir de la crisis que afectan ámbitos naturales sensibles: tramitan obras en humedales urbanos, Ses Feixes (Ibiza) y Ses Fontanelles (Mallorca) y que se pueda construir en Son Real, Es Verger, Es Guix en Escorca-Lluc, que fueron campo de batalla de los ecologistas. Es Trenc y otro hotel en Canyamel son la primera derrota.
La idea del macropuerto deportivo privado de Ibiza ha reaparecido. Su promotor, el exministro Abel Matutes, asegura que será más ecológico y sostenible del mundo. La izquierda y la vecindad, que lo pararon ya dos veces, creen que supondrá un atentado ecológico.
* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 2 ABR 2012
Foto: La playa de Es Trenc, en Mallorca. El macrohotel está proyectado en la zona boscosa tras el puerto deportivo. / TOLO RAMÓN
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ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº35 de Madrid investiga por blanqueo de capitales al arquitecto y exfuncionario de la Comunidad Leopoldo Arnaiz, responsable del desarrollo urbanístico de buena parte de los grandes municipios de la región (Alcorcón, Boadilla, Pinto, Soto del Real...). Los trazos de este urbanista podían convertir un suelo rústico en urbanizable y deparar a sus dueños suculentos dividendos. Arnaiz —quien fue vinculado al llamado Tamayazo y durante años estuvo bajo la lupa del exfiscal de Medioambiente Emilio Valerio por supuestas irregularidades urbanísticas— está siendo investigado ahora en la vía penal junto a su exsocia María Rosa Llano González y los presuntos testaferros de ambos, Constantino Díaz, Félix Ruiz y María Teresa Moya. Arnaiz controla por medio de testaferros una vasta red de sociedades que poseen o han tenido grandes extensiones de suelo recalificado en la región, según fuentes jurídicas.
El Juzgado número 35 dictó una resolución el pasado 3 de febrero en la que ve indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales contra los citados imputados por no haber satisfecho al erario público las cuotas correspondientes a la venta de unas acciones de la empresa Beltraex Nexo a Fersa Gestión. Y, en concreto a Arnaiz, le investiga por una serie de “operaciones jurídico financieras” mediante la que los imputados “ocultaron el origen ilícito de unas ganancias haciéndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tráfico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales”, señala el juez.
Las diligencias penales han sido enviadas a la Fiscalía de Madrid para que presente acusación o, en cambio, pida nuevas pruebas.
El magistrado solo está investigando a las dos sociedades citadas, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y de la Abogacía del Estado, pero, de momento, ignora que estas firmas formen parte de un vasto entramado integrado por ocho empresas matrices de las que cuelgan una treintena de sociedades. Todo este conglomerado societario, al frente del cual hay testaferros, ha sido destapado por Llano González ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. Llano González señala que el auténtico dueño del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, tal como consta en escrituras hechas en notarías de Reino Unido que ahora están en poder del citado juzgado de lo mercantil. Arnaiz posee el 90% de las acciones y González Llano, el 10%. Por su 10%, Llano González reclama al arquitecto 50 millones de euros, de lo que se colige que el patrimonio de las sociedades puede rondar la nada desdeñable cifra de 500 millones.
Arnaiz señaló en septiembre de 2010 que, cuando compró terrenos en los municipios que diseñó, nunca usó información privilegiada. Este periódico contactó ayer con su despacho profesional para dialogar con él. No tuvo éxito. Tampoco ha querido hablar su exsocia.
* El País - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 3 ABR 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
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LAVOZ/A Coruña* : El descenso desde A Capela hasta la presa del Eume es traumático, doloroso. Todavía hay fumarolas que alimentan el poso de humo que lo impregna todo y que deja un intenso olor acre. El incendio ya está controlado y las brigadas matan los restos para que no rebrote. No parece fácil en esta mañana fría y húmeda, de resaca del gran infierno que consumió las abruptas laderas de la fraga durante el fin de semana.
Por la pista circulan algunas personas que han tenido que ver con la extinción, pocos vecinos y bastantes turistas de catástrofe armados con sólidos equipos que compiten con los de los profesionales de la información, desplazados en masa para cubrir el desastre: «Eu entereime no Algarve. O sábado xa o deron a todo meter no informativo. Dicían que ardía o parque natural máis importante de Europa», explica un vecino de As Pontes, que busca ahora la mejor perspectiva de la tragedia.
El olor a quemado tiene sus matices, varía en función del árbol calcinado; el tono del eucalipto se diluye a medida que el bosque se ennoblece. No solo han caído los eucaliptos, el fuego se expandió sin control y arrasó con todo: «Era como o gas», recuerda Manuel, un jubilado de Teixido, uno de los pueblos evacuados y cercano al origen del fuego. Él y su mujer todavía están temblando y conjugan el miedo y la indignación a partes iguales: miedo a un incendio descomunal, nunca visto, e indignación por tener que salir de su casa, por la reacción ante el fuego, por el desastre. «Non sei canto tardará isto en recuperar, pero nós xa non o veremos», lamenta Marina, su mujer. Manuel no quiere ni pensar en los árboles perdidos, dinero carbonizado. Le duele más su mundo, quemado y, según su opinión, muy mal defendido.
José también está noqueado. «Isto foi moito, moito», repite una y otra vez como un mantra. Tiene 54 años y el sábado fue el único vecino al que la Guardia Civil no pudo evacuar de Teixido: «Non marchei porque ardíame a casa». Efectivamente, a la mancha negra apenas le restaron diez metros para conquistar las paredes de un pajar cercano a la vivienda. Faltó poco. Como el resto de los vecinos, como todo el mundo, José no recuerda nada semejante en la zona. Todos tienen muchos culpables, pero solo uno en común: la sequía
La visita de los militares
«Sí, a Galicia venimos todos los años, pero a esta zona, nunca. Y en este tiempo, menos. Salir en abril no es normal», confiesa el sargento primero Sindín, a cargo de un pelotón de la UME que asegura una zona en A Capela. Ellos han venido desde León, y el otro batallón, desde Madrid. Están diseminados por toda la zona del incendio, vigilando y a la orden de la dirección de un intenso operativo que ya trabaja con el incendio controlado. Mientras explica la fatiga que supone trabajar en laderas tan escarpadas como las de las fragas, controla la llegada de un helicóptero que acude a sofocar una chimenea en una vaguada, y al que avisó un cuarto de hora antes: «Yo estuve el verano pasado aquí, de vacaciones. Da mucha pena ver esto así».
Todo el mundo anda con el corazón roto
Turistas, bomberos, vecinos... todo el mundo anda con el corazón roto por la ribera del Eume, que huele a hoguera. Entre las localidades de A Capela y Vilariño, la carretera atraviesa un riachuelo típico de las fragas. El cauce se ha convertido en una línea de vida, el lugar donde se detuvo el fuego tras arrasar las dos márgenes. Desolador.
Desde Pontedeume, la ruta más popular, el acceso se encontraba ayer cerrado. Un guarda confirma a la puerta del parque que el fuego afectó a zonas de gran valor, pero no me puede decir cómo está el entorno del monasterio de Caaveiro, una subida en la que cientos de miles de visitantes disfrutaron de una obra cumbre de la naturaleza. Al poco llega la responsable del bar que se encuentra en aquel cruce. Trae en su cámara unas fotos que muestran el camino con una ladera intacta y la otra arrasada. «No fue nada para lo que pudo haber sido», opina. La cuenta de daños está todavía por echar, pero no va a ser barata.
«Venimos todos los años, pero a esta zona nunca, y menos en abril», dicen en la UME
Galicia clama contra el fuego
Cientos de personas se manifestaron ayer en repulsa por los incendios forestales que azotan Galicia y en particular contra el que este fin de semana ha arrasado más de 750 hectáreas en el parque natural de las Fragas do Eume y sus inmediaciones.
La concentración convocada en la plaza de Armas de Ferrol reunió a medio millar de participantes que portaban banderas similares a las de Nunca Máis, aunque sobre un fondo de llamas, y carteles en las que se exigían responsabilidades por el desastre. Entidades ecologistas protagonizaron la protesta, a la que también acudieron líderes sindicales y representantes políticos.
Los ecologistas subrayaron que la declaración de parque natural de 1997 no ha ido acompañada de medidas que garanticen la conservación de las fragas y denunciaron que el parque continúa «sen plan de usos e xestión e sen plan forestal». Señalaron además que la zona ha sido sometida a un progresivo proceso de eucaliptización.
También destacaron la «falta de medios» para la lucha contra los incendios, y denunciaron la política del Gobierno gallego de «reducir» personal en los servicios de prevención y extinción.
Al final de la concentración se pidió un plan inmediato de «medidas de restauración» para que la fraga vuelva a su estado anterior al incendio.
Unas 1.500 personas se reunieron en el Obelisco de A Coruña. Después de una media hora de concentración, los asistentes se desplazaron hasta la plaza de María Pita y a lo largo de la calle Real continuaron coreando consignas como «O monte cóidase, non se queima», «Lume, nunca máis».
El Obradoiro fue el lugar elegido por unas mil personas para concentrarse en Santiago de Compostela. Dos centenares de personas protestaron en la viguesa Porta do Sol. Portaron lemas como: «Non aos recortes na loita contra o lume», «Galicia en loita, Galicia en loito».
En Pontevedra se concentraron varios cientos de personas en la plaza de A Ferrería. Delante del Concello de Lugo se reunieron unos trescientos manifestantes a la misma hora en la que salía la procesión de la Virgen de la Esperanza y esperaron a que saliera esta para efectuar un recorrido hasta el edificio administrativo de la Xunta. Los participantes cortaron el tráfico en un tramo de la Ronda da Muralla y leyeron un manifiesto al final.
En Ourense la convocatoria tuvo lugar en la plaza Mayor. Centenares de personas acudieron a la llamada de SOS Fragas do Eume.
Texto elaborado con las aportaciones de R. Suárez, M. Ascón, J. Capeáns, D. Cela, A. L. Penide y A. Paniagua
* La Voz de Galicia - JORGE CASANOVA - 3.3.12
Foto: Imagen de la concentración en Pontedeume / GABRIEL TIZÓN
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LAREGIÓN* : El Tribunal Superior de Xustiza vuelve a dejar en evidencia la ordenación urbanística de la ciudad al anular el plan parcial del sector de suelo urbanizable 18 en Cantareliña (en la zona de A Cuña), en la ciudad, en el que se contemplaba la construcción de 467 viviendas, de las que 387 eran edificación plurifamiliar y 80 unifamilares. En este mismo proyecto se incluían dos parcelas para sendos equipamientos públicos, uno sin un uso definido, y el otro de carácter deportivo.
La sentencia, que estima parcialmente el recurso presentado por el propietario de un terreno afectado por ese plan parcial, basa principalmente su fallo en la nulidad del planeamiento urbanístico que lo sustentaba (el de 2003).
'Una vez que esa sentencia (la que anula el Plan Xeral) ha ganado firmeza con su confirmación por el Tribunal Supremo, ya no es sólo que no sea necesario pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de tal plan, sino que su previa anulación afecta a la modificación operada en el año 2006 y al plan parcial al que servía de cobertura'.
RECLAMACIÓN
Aunque por el estado en el que se encontraba la tramitación urbanística -restaba por aprobar los proyectos de compensación y urbanización- el desarrollo de la zona se veía ya afectado por la anulación del Plan Xeral, este suelo es uno de los 33 sobre los que se han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Concello por la caída del Plan Xeral de 2003, la misma que ahora sustenta la nulidad de su plan parcial. De esta forma, la indemnización solicitada por el cambio de clasificación del suelo a raíz de la entrada en vigor del anterior planeamiento, de 1986, asciende a más de 12,9 millones de euros.
Las defensas del Concello de Ourense y de la promotora alegaban que la anulación del Plan Xeral no afectaba a los actos ya firmes -como era la aprobación definitiva del plan parcial, producida en marzo de 2010-, pero el tribunal entiende que 'ni existe firmeza ni se ha impugnado un acto singular, sino general', de forma que si 'tras aprobarse el plan de 2003 vino su primera modificación puntual en el año 2006 y la aprobación de un plan parcial en 2010, lo que procede es anular ambos'.
Por su parte, el abogado recurrente, Antonio Feijóo, matiza que su representado ha recurrido el plan parcial 'por considerarse perjudicado por el contenido del mismo, por la edificabilidad que se planteaba y la ordenación urbanística que se diseñaba, que afectaba a sus derechos'. El desarrollo de este suelo llevaba consigo también la construcción de una glorieta en la carretera de Seixalbo.
* La Región - 1.04.12
Foto: Zona de Cantareliña, en cuyas inmediaciones se preveía construir más de 400 viviendas. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
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ELPAÍS* : Al cabo de 18 años de aprobarse la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía , el mapa de la planificación territorial que contemplaba está prácticamente cerrado. El objetivo llega tras una prolífica legislatura en la que la administración autonómica se propuso culminar un proceso jalonado de dificultades y controversias políticas partidistas y localistas y que se ha saldado con la aprobación de más de la mitad de los planes en vigor.
Con los nueve planes subregionales aprobados en estos últimos cuatro años, toda la franja litoral y las principales aglomeraciones urbanas de la comunidad autónoma tienen un instrumento de planificación con directrices para ordenar su crecimiento. Otros dos, los de Huelva y Jaén, están en su última fase de tramitación.
Desde el año 2000, cuando se aprobó el primero (Aglomeración Urbana de Granada), hay ya en vigor 17 Planes de Ordenación Territorial (POT) que afectan a 245 municipios. Estas localidades, pese a no representar ni la tercera parte del territorio (32%), concentran al 66% de la población andaluza, más de 5,5 millones de habitantes.
Los dos últimos planes en aprobarse han sido los del Sur de Córdoba y Campo de Gibraltar, pendientes aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Ambos pueden considerarse casos paradigmáticos de la evolución que ha experimentado la práctica de la ordenación del territorio en Andalucía. El del Campo de Gibraltar porque ha atravesado numerosas vicisitudes desde mayo de 1994. Fue el primer plan subregional en formularse; aunque luego el proceso se ha tenido que reiniciar en dos ocasiones más, la última en 2007. El plan del Sur de Córdoba es todo lo contrario. Apenas ha requerido dos años para completar todos los trámites, lo que, según la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, demuestra que el procedimiento de elaboración de los planes de ordenación no tiene por qué ser necesariamente largo.
Vega asegura que la consejería de Obras Públicas y Vivienda está muy satisfecha “porque se ha cumplido el objetivo y se ha cerrado una etapa de algo más de diez años en los que se ha conseguido un consenso político general sobre la importancia de la ordenación territorial, algo que ya es irreversible”. Recuerda que el proceso ha estado plagado de dificultades y que ha habido que aprender “sobre la marcha”, porque apenas había precedentes, y ahora mismo Andalucía es la comunidad que más ha avanzado en la ordenación.
Los POTs son instrumentos que establecen las directrices para un crecimiento armónico y ordenado en un ámbito determinado y sirven de marco de referencia para los municipios afectados. Estas localidades deben respetarlos en sus planes generales de ordenación urbana y tenerlos en cuenta en la coordinación de políticas sectoriales de las distintas administraciones, por ejemplo en materia de transportes, energía, o abastecimiento, ya que fijan las infraestructuras básicas necesarias, y localizan zonas estratégicas para el desarrollo.
Los POTs no califican suelo, pero si pueden determinar reservas de espacios para equipamientos estratégicos y de interés para todo el ámbito como parques, polígonos industriales, desarrollos turísticos, o equipamientos públicos educativos, sanitarios o de otro orden, o áreas recreativas. También establecen parámetros que los municipios deberán respetar en sus planes municipales concretos, y es que toda figura recogida en un plan subregional tiene que ser contemplada y desarrollada en la planificación urbanística que compete a los ayuntamientos.
Una de las notas destacadas de los POTs por ejemplo es que amplían hasta 200 metros el corredor litoral libre, de forma que multiplican por dos los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre que establece la Ley de Costas sin posibilidad de ningún uso. Además, donde aún es posible, no permiten ningún uso residencial ni industrial en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, de forma que solo serán permitidos equipamientos de uso público o de carácter turístico.
Precisamente uno de los elementos de dificultad para la ordenación territorial ha sido el conflicto de competencias planteado en algunos casos por municipios y resuelto hasta ahora con resoluciones judiciales que reconocen la competencia autonómica de la planificación de ámbito supramunicipal.
Conciliar los intereses localistas y partidistas no ha sido sencillo. La secretaria general reconoce que gran parte del atasco en la elaboración de los planes ha venido por el empeño de llegar a acuerdos. “Estos planes no tienen sentido si no reúnen un consenso, pero llegar al 100% es prácticamente imposible, y hemos atravesado momentos fáciles y otros más difíciles”.
Hay algunas cuestiones que son además objeto de especial discrepancia competencial, pero también ideológica o conceptual, de forma que hay cuestiones que se cierran y que son objeto de impugnación judicial por parte de algún ayuntamiento. Con todo, Vega insiste en que aunque son más sonados, “los conflictos son anecdóticos y aislados y por encima de todo ha habido mucho acuerdo”.
En los 12 años transcurridos desde la aprobación del primer plan se han atravesado varias etapas diferenciadas, condicionadas por la presión urbanística y las distintas expectativas de crecimiento y desarrollos residenciales y de actividad económica. Vega admite que ahora posiblemente haya que revisar cuestiones de algunos planes, pero que lo importante hasta ahora ha sido determinar la importancia de la ordenación y la práctica de los acuerdos.
Ahora, la Junta se propone iniciar un proceso de “armonización” de los planes y, por ejemplo, ya se ha iniciado la redacción de un segundo plan para el ámbito Bahía de Cádiz-Jerez.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 1 ABR 2012
Foto: Vista aérea del litoral de Benalmádena (Málaga) / JULIÁN ROJAS
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JORDI BORJA* : Mister Marshall ha llegado y anuncia puestos de trabajo y diversiones, luces y juegos, vicio y fornicio. Cerca del aeropuerto, a un cuarto de hora del centro de la ciudad. Prometen unos 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos. No se especifica el origen de estas cifras. Sin embargo, en todo el Estado de Nevada, que incluye Las Vegas y la lejana Reno existen 300.000 empleos en el sector del ocio. Solo Las Vegas posee 78 grandes hoteles con casino y en el Baix Llobregat se crearían 12 hoteles, seis con casino. Los números no salen. El impacto sobre el empleo no parece que en Las Vegas haya sido muy eficaz, pues llega casi al 13%, cuando la media de EE UU es poco más del 8%. Se trata de un empleo poco calificado: solo el 14% de la población joven alcanzó a iniciar estudios universitarios, cuando la media norteamericana es el doble. En Las Vegas están censadas 16.000 personas sin techo y 40.000 en la región metropolitana (gran parte de los datos citados proceden de un informe del blog latramaurbana.net).
El argumento del empleo no es convincente. Otros aspectos del modelo, aún menos. Las Vegas creció en un desierto a partir de la década de 1930 y especialmente de 1941, cuando un gánster, Bugsy Siegel (Warren Beatty en el cine), fue el promotor del primer hotel Flamingo con casino. Fue rebautizada como Sin City, Ciudad del Pecado. Sus promotores principales eran las mafias del este. En 1959 la ciudad inició un nuevo boom cuando el triunfo de la revolución cubana hizo que La Habana dejara de ser el gran casino y el superprostíbulo de los norteamericanos. El centro de Las Vegas, inicialmente ciudad compacta, fue perdiendo fuerza y la ciudad se expandió de forma difusa y segregadora. Gradualmente se ha ido privatizando, ha dejado de ser ciudad.
¿Eurovegas será la nueva versión del modelo Barcelona 92 y de Catalunya ciutat? A Madrid lo definió en los años cincuenta Camilo José Cela como una mezcla de Kansas City y Navalcarnero. ¿Seremos nosotros algo parecido medio siglo más tarde?
En EE UU era y es impensable que un Las Vegas se instale en la megalópolis del noreste (Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, etcétera), un continuo urbano con más de 55 millones de habitantes. El gran centro del ocio se creó a algunos miles de kilómetros del mercado más potente. Eurovegas pretende instalarse en un tejido urbano ya muy saturado que requiere proyectos de escala media, más acupuntura que cirugía. La copia local es menor que el original, pero se prevén 150 hectáreas para el complejo y 100 más para campos de golf, un estadio y otros equipamientos, más las cesiones de suelo público e infraestructuras y los complejos habitacionales que los promotores exigen, crear unos para su negocio y eliminar otros que no interesan. El impacto sobre el territorio será enorme. A la zona afluirán los desocupados locales y los que acudirán de otras partes como si se hubieran descubierto minas de oro. Sin contar a los centenares de miles de futuros clientes. ¿Es este el lugar adecuado o no correspondería más a los Monegros?
El despropósito que más llama la atención son las condiciones del promotor, que aparentemente no han sido cuestionadas por las autoridades españolas. Modificación de la Ley de Extranjería para importar trabajadores y del Estatuto de los Trabajadores para no depender de convenios colectivos, moratoria de dos años para pagar la Seguridad Social, exenciones de impuestos y tasas, flexibilizar las medidas destinadas a evitar el blanqueo de dinero, autorizar el ingreso de menores de edad y ludópatas, y el derecho de fumar, garantizar el crédito que se solicitaría al Banco Central europeo. Por vergüenza ajena, sin comentarios.
No creo que este proyecto fantasma llegue a cuajar, y menos en Cataluña. Pero reconozco que me dejará un recuerdo imaginario perdurable. Una inauguración presidida por las autoridades, algunos cardenales acompañados de políticos locales y financieros del Opus, rodeados de mafiosos y tahúres, traficantes de drogas y de dinero negro, empresarios de prostíbulos y gestores de la corrupción. Un espectáculo de risa amarga.
* Jordi Borja es urbanista.
* El País _ Opinión - 21.3.12
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LAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJCyL ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid del 8 de abril de 2011 por el que se aprobó el tercer proyecto para restablecer la legalidad en el edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla, donde una sentencia de 2008 anuló la licencia de obras porque la actuación llevada a cabo en este céntrico inmueble infringió el PGOU. En el Auto, al que ha tenido acceso EP, se condena además al Ayuntamiento de Valladolid al pago de las costas y se requiere al alcalde, Javier León de la Riva, quien posee una vivienda en el edificio objeto de este litigio, a que bajo su "directa y personal responsabilidad" proceda a ejecutar la sentencia y ponga en conocimiento de la sala, en un plazo máximo de dos meses, el inicio de las obras para restaurar la legalidad.
Este tercer proyecto, que sigue a los que se presentaron en octubre de 2009 y octubre de 2010 por parte del Consistorio y que también fueron rechazados, no ha sido aceptado ya que el Plan Especial del Casco Histórico prohíbe que en las obras de reestructuración de un edificio catalogado se incremente el volumen y altura como así ocurre en este caso ya que la planta octava--trasteros y demás construcciones-- tienen una altura mayor que la que tenían antes de las obras realizadas al amparo de la licencia concedida en 2000 y que fue anulada.
Además, la sala considera que se ha ejecutado algo distinto a lo proyectado y se ha elevado "aún más" la altura de dicha planta -entre 0,53 y un metro-, según los informes de los peritos judiciales.
Asimismo, la sala recuerda que en el proyecto de 1946 todas las plantas tenían en la fachada interior a la calle María de Molina una terraza-corredor y en el proyecto examinado no hay terraza-corredor en la planta séptima, que ha sido cerrada y se ha integrando en la superficie de la vivienda, por lo que se ha alterado la fachada interior y se ha incrementado la edificabilidad tanto de la séptima como de la octava planta.
Por otro lado, se considera que en este proceso no se ha oído a los propietarios afectados por lo que se pide al Consistorio que les de audiencia.
Fue en abril de 2008 cuando una sentencia anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de junio de 2000 por el que se concedió la licencia de obras para la restauración del edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla. La licencia se anuló porque las obras no respetaban las limitaciones de la normativa urbanística, además de que se había alterado la cubierta y las fachadas tanto interiores como exteriores, y no se respetó el porcentaje mínimo del 50 por ciento de superficie construida destinado al uso básico de vivienda, por lo que se infringió el PGOU.
En junio de 2009 un auto requirió al alcalde de la ciudad, para que, "bajo su personal y directa responsabilidad", procediera a ejecutar la sentencia y se demolieran las obras anuladas, tras lo que el Consistorio presentó dos proyectos de restauración de la legalidad que fueron rechazados, al igual que ha ocurrido ahora con el tercer proyecto presentado que también ha sido anulado.
* La Información - EP - 30.3.12
Foto: Valladolid, edificio CajaDuero - elmundo
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MÁLAGAHOY* : La Policía resalta que Roca escondió sus negocios poniéndolos a nombre de otros.
El tribunal del caso Malaya suspendió ayer el juicio hasta el próximo 9 de abril, para permitir a las partes un descanso motivado por la Semana Santa. Malaya cumple hoy seis años de historia. La operación contra la corrupción político urbanística en Marbella comenzó el 29 de marzo de 2006, cuando fueron detenidos la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, gran parte de su equipo de gobierno y Juan Antonio Roca, el poderoso asesor de urbanismo que había asistido a los sucesivos equipos del GIL.
Este no es el único aniversario ha cumplido este asunto. El pasado martes, además, se cumplieron 18 meses desde que comenzó el que es uno de los juicios más largos de la historia de España con más acusados en el banquillo. Precisamente el martes concluyó la declaración de todos los procesados y comenzaron a declarar los testigos del último bloque en el que se analizan posibles cohechos de promotores inmobiliarios a Juan Antonio Roca y de este a los concejales.
Ayer declaró como perito el jefe de la unidad de blanqueo y delitos fiscales de la Comisaría General que subrayó cómo Juan Antonio Roca se ocupó de ocultar que la poderosa red de sociedades que había creado para gestionar importantes negocios inmobiliarios, la mayoría de ellos ubicados en el municipio donde él era gerente de la sociedad que se encargaba de revisar el plan general de ordenación urbana. Estas sociedades eran formalmente gestionadas por administradores fiduciarios.
* Málaga Hoy - 29.3.12
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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FARODEVIGO* : Las reclamaciones derivadas por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, no paran de llegar al Concello. Así, a las 17 que ya se venían tramitando, se les tienen que sumar ahora otras 16 que se presentaron, lo que hacen un total de 33 expedientes administrativos abiertos, y que alcanzan una cuantía económica total de 110 millones de euros.
Para dar trámite a los expedientes en el caso de reclamaciones patrimoniales, la legislación vigente exige que sean vistos por el Concello de Ourense, que comprueba que se dan los requisitos y condiciones para iniciar la tramitación de los expedientes administrativos, tal y como hizo en su reunión de ayer la Junta de Gobierno Local.
Tanto particulares y empresas exigen al Concello cantidades económicas que van desde los 20.000 euros hasta los 40 millones de euros, en virtud del procedimiento recogido en el artículo 6 del real Decreto 429/93 de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, como es el caso.
Nuevas reclamaciones
En estos momentos el área municipal de Urbanismo tiene recibidas un total de 33 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un importe total de 109.298.882,38 euros, cantidad que es susceptible de sufrir un incremento en fase de prueba del procedimiento administrativo, según advierte el gobierno bipartito.
Una posibilidad sobre la que ya avisó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, en el momento en que daba a conocer un avance, en el que las reclamaciones presentadas eran en total 16 y la cuantía económica que se reclamaba sumaban 53 millones de euros.
Responsabilidad solidaria
El bipartito señala la existencia de "solidaridad entre Administraciones" en la responsabilidad por las alteraciones por cambios de ordenación urbanística o por la nulidad de instrumentos de planteamiento –en este caso un Plan Xeral de Ordenación–, y que es reiterada por la jurisprudencia existente, como así lo concretan las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 y la del 11 de diciembre de 2002.
Compensación económica por el perjuicio sufrido, la justificación
Los reclamantes justifican la petición que formalizaron de la correspondiente compensación económica, en el perjuicio sufrido por la anulación del PXOM de 2003 con varias consecuencias: en primer lugar, porque la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística.
Por otro lado, dicha alteración implica la imposibilidad de ejercer la facultad de participar en actuaciones de la nueva urbanización, y por último motiva su reclamaración en los gastos derivados de la actividad empresarial, como el coste y financiación realizadas para iniciar y promocionar las actuaciones de ubanización, que quedan sin efecto al anularse el plan.
Los daños y perjuicios surgen de actos y actuaciones adoptados en "virtud de la confianza legítima en la validez del PXOM de 2003 y de su contenido", con el fin de desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición.
Es por eso que, una vez anulado definitivamente el Plan Xeral de Ourense por el Tribunal Supremo, la imposibilidad de urbanizar ocasiona daños que particulares y empresas reclaman ahora del Concello, por su responsabilidad solidaria en esta materia, por un importe millonario. Al amparo del Reglamento de la Ley del suelo, acreditan que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos con que contaban.
* Faro de Vigo - V. RODRÍGUEZ - 31.3.12
Foto: La anulación del PXOM afectó a todos los ámbitos urbanísticos de la ciudad. // Jesús Regal
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ELLIBREPENSADOR/Zaragoza* : El Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción nº1 de Calatayud está investigando al Alcalde de Cetina por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio. Los hechos se refieren a la concesión de una licencia para construir una vivienda unifamiliar en septiembre de 2008, a la concejala de urbanismo, en una finca situada dentro del entorno de protección del castillo de Cetina, declarado Monumento nacional y BIC por la DGA en 2002 y donde no está permitido construir. Según el auto de 29/2/2012, dictado por dicho juzgado, habiendo recibido denuncia del ministerio fiscal, los hechos que resultan de dichas actuaciones pudieran ser constitutivos de un delito. Por todo ello, acuerda instruir diligencias previas encaminadas a determinar el delito, el procedimiento aplicable y la/s personas responsables.
También ha acordado oficiar al ayuntamiento de Cetina para que le remita todos los informes relativos a la concesión de la licencia, así como certificación de quien ocupaba el cargo de alcalde, y de concejales en la fecha de concesión de dicha licencia. El ayuntamiento de Cetina estaba presidido en esas fechas, y está actualmente, por José Miguel Velázquez Hernández, de la candidatura del PAR, contando con 3 concejales, al igual que el PSOE, que contaba con otros 3. Sin embargo el PP con 1 concejal, dio la alcaldía al PAR, siendo nombrado Teniente de Alcalde este concejal, Andrés Cerdán Moreno, el cual ha sido objeto de varias denuncias urbanísticas por los vecinos de Cetina, y por las que la Dirección General de Urbanismo, le ha retirado las competencias urbanísticas al ayuntamiento de Cetina, y se ha subrogado en dichas competencias para tramitar los expedientes de infracción y de protección de la legalidad urbanística, ante la pasividad y negativa del alcalde de cetina a tramitar estos expediente contra el concejal que le daba la alcaldía, pese a requerírselo expresamente la DGA. En esas fechas, cuando se concedió la licencia ahora investigada, también formaba parte de la corporación cetinera, Luis Marruedo Espeja, que compaginaba el cargo de concejal con el de Viceconsejero de Medio Ambiente con el Consejero Boné. En esta legislatura, Luis Marruedo renunció a su acta de concejal, siendo nombrado Director General de la Consejería de Agricultura, puesto que sigue desempeñando en la actualidad. * El Librepensador - Daniel Garrido Elorz - 28.03.12 Foto: Cetina (Zaragoza) - entrepueblos
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ABC/Sevilla* : Varios miembros de la plataforma Túmbala contra la Torre Pelli han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por la presunta vulneración del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales al desestimar el TSJA su recurso contra la licencia de edificación otorgada a Puerto Triana para construir el rascacielos. Según el TSJA, la plataforma Túmbala no recurrió en tiempo y forma las resoluciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) cuando Manuel Marchena estaba al frente y el alcalde de Sevilla era Sánchez Monteseirín.
Según el recurso, al que ha tenido acceso ABC, esos miembros de la plataforma Túmbala ejercieron la acción pública en materia urbanística e interpusieron una demanda contencioso-administrativa solicitando la anulación de las licencias concedidas por la Gerencia de Urbanismo en 2007 para hacer las pantallas y en 2008 para las obras del edificio en 2008. El Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Sevilla declaró en julio de 2011 inadmisible el recurso de Túmbala por no haberlo hecho en «tiempo y forma», ya que entendió que debió recurrirse en el plazo de dos meses desde que el Ayuntamiento le permitió acceder al expediente administrativo en 2009. La plataforma recurrió en apelación ante el TSJA y el Alto Tribunal confirmó en enero de 2012 la sentencia desestimatoria. Ahora, la plataforma se dirige al Tribunal Constitucional por entender que se ha vulnerado su derecho fundamental a una tutela efectiva de los jueces y tribunales argumentando que cuando se ejerce la acción publica en materia urbanística se tiene de plazo hasta cuatro años después de la terminación de las obras para recurrir las mismas. En el recurso se dice que «si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística».
Asimismo, en el recurso de amparo se subraya que parte de los miembros de la plataforma Túmbala solicitaron en 2007 al Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia Municipal de Urbanismo ver el expediente y que pudieron verlo desde diciembre de 2009, pero —advierten— no todos lo hicieron, ya que las dos asociaciones antes mencionadas no tuvieron acceso al mismo, por lo que para ellas no cuenta el plazo de dos meses para recurrir en sede judicial.
* ABC - M. J. PEREIRA - 30.03.12
Foto: Sevilla, Torre Pelli desde puente - EFE
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INMODIARIO* : En 2011 se recibieron 2.322 quejas relativas a estas materias y la Institución inició 43 investigaciones de oficio. Las quejas más numerosas tuvieron que ver con la vivienda, casi un millar, que se suman a las 220 investigaciones de años anteriores que aún se mantienen abiertas, según recoge el Informe Anual de la Oficina del Defensor del Pueblo, entregado por María Luisa Cava de Llano a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente.
Ante la restricción presupuestaria, la Oficina del Defensor del Pueblo ha insistido a las administraciones en que es necesario diseñar políticas más eficaces, políticas activas en coordinación con otras administraciones y adecuadas a la demanda real de vivienda, a la necesidad social.
En este contexto, destaca una investigación de oficio con todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante la existencia de viviendas protegidas que se encuentran desocupadas.
Otro grupo de quejas que ha sido objeto de seguimiento se refiere a las disfunciones en la tramitación de las ayudas al alquiler para jóvenes. Dado el alto número de quejas en los últimos años, se ha articulado con la administración central de vivienda un método de comunicación simplificada, que ha permitido agilizar la contestación a los beneficiarios que presentaron queja por los retrasos en el abono de sus ayudas, aunque ya tienen reconocido plenamente el derecho a ellas.
Asimismo, se investigaron los problemas en la gestión de los contratos celebrados entre propietarios particulares de viviendas y la Sociedad Pública del Alquiler, que ha procedido a modificar unilateralmente, en muchos casos, las condiciones de los acuerdos suscritos dejando sin efecto la garantía de pago de la renta de acuerdo con lo estipulado.
En cuanto a las quejas relacionadas con el Medio Ambiente, un año más, los ciudadanos denunciaron la tendencia existente a romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales y a debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno. Por otra parte, continuaron las actuaciones sobre la Cañada Real, Valdemingómez, el Catálogo Canario de Especies Protegidas y se abrió una investigación de oficio sobre la conveniencia de realizar una campaña antirruido en 2012.
* Inmodiario - 29-03-2012
Foto: Madrid, Defensor del Pueblo contra urbanismo - elpais.com
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ABC/Lugo* : Sara Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) entre los años 1991 y 2009, declaró el pasado lunes en el juzgado nº2 de Instrucción de esa localidad que el actual alcalde de la misma, Melchor Roel, encargó informes técnicos a asesorías legales externas para valorar licencias urbanísticas que no habían obtenido previamente el visto bueno del ingeneiro municipal.
Estos estudios dieron lugar en el año 2006 a aprobaciones ilegales de expedientes para casi 700 viviendas por la vía de la adquisión tras silencio informativo, que varias instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, condenaron en 2010. Estas sentencias han prvocado que ahora la justicia estudie en el proceso abierto la posible responsabilidad penal de la corporación local, ya entonces encabezada por el propio Roel, en la adquisición de las licencias.
La exsecretaria, que en los pasados procesos había testificado que los miembros de la corporación bipartita estaban advertidos de la extencia de los informes en contra de la licencias que finalmente aprobaron, apuntó en su declaración al regidor socialista como principal responsable de lo ocurrido. Estas aprobaciones de expedientes por la vía del silencio administrativo cobran especial gravedad si se tiene en cuenta que tuvieron lugar cuando la Xutna de Touriño ya había suspendido por decreto las competencias urbanísticas municipales en Viveiro.
Hasta ahora, a la exsecretaria que también está imputada, le habían echado la culpa tanto el alcalde como los concejales y exconcejales de PSOE y BNG implicados en el caso (hata siete, tras la aplicación de la denuncia inicial del PP local). Todos han pasado por dependencias judiciales, donde uno tras otro aseguraron que era responsabilidad de la secretaria informar a los políticos de la legalidad de las actuaciones solicitadas. Fernández negó ante juez y fiscal este extremo: ella leía los informes sin hurtar información, pero no advertía sobre si eran legales o no.
El lunes, ésta se defendió. Primero, resaltó que las competencias urbanísticas descansan en la junta de gobierno, tras delegar en ella el alcalde, y que éste siempre tenía los informes preceptivos en los expedientes que se votaban. Después, colocó en el centro de la diana al alcalde, al que en varias ocasiones achacó el haber encargado diferentes estudios a varios despachos de abogados externos -alegando una excesiva carga de trabajo de los funcionarios locales- para solventar cuestiones técnicas en expedientes en los que había un informe negativo del funcionario local.
Estos expedientes, añadía, acababan con duplicidades y contradicciones. Los trabajos de la asesoría externa servivirían para dar viso de legalidad a las decisones tomadas por la junta.
Presiones al ingeniero
Martínez acusó además a Roel de presionar e incluso insultar en público al funcionario municipal, un ingeneiro, que se encargaba de realizar los informes previos destinados a marcar la legalidad o ilegalidad de las licencias solicitadas en el Ayuntamiento.
Este funcionario, por estos supuestos malos modos, decidió dejar de ir a las comisiones informativas que precedían a la aprobación de las licencias. Cuando un análisis de este no permitía dar un permiso, se pedía otro, como ocurrió en el caso de la licencia 216/06, contó la exsecretaria.
Además, Martínez explicó que antes de la suspensión del urbanismo local por parte de la Xunta, nunca se habían aprobado licencias por la vía del silencio administrativo (al no haber respuesta oficial, el peticionario se limita a pagar las tasas).
Precedente
Poco después de la presentación de la denuncia penal que ha dado lugar a este caso, y aún con el bipartito en la Xunta, un juzgado de Lugo anuló una licencia para unas 200 viviendas en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
Entonces, la sentencia rezaba que no podría entenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planteamiento urbanístico. En este caso, la sentencia añade que el mecanismo para tapar a posteriori esta ausencia de legalidad por parte del Ayutnamiento fue la contratación ex profeso de un consultor externo para que elaborase un informe a medida con el que conceder el permiso.
* ABC - E. AMADO - 28.3.12
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
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LAVOZDIGITAL* : Llegó la hora de enfrentarse ante la jueza para José Luis López, alias El Turronero, y su socio, Francisco Chaves López, por un pelotazo urbanístico denunciando por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2010. Una causa que se ha mantenido secreta pero que destapó este periódico días atrás, dando a conocer los detalles de la denuncia más grave a la que se enfrenta Pedro Pacheco, también imputado por haber participado presuntamente en la descapitalización de las arcas municipales mediante la venta de la estación de autobuses. Un bien público que según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria -encargada de las pesquisas iniciales-, se vendió a un precio muy inferior al de mercado a una sociedad que controlaba El Turronero, amigo del exalcalde. Ayer le tocaba responder a las preguntas de la jueza instructora y negó su relación de amistad con el exregidor cuando se gestó la desafectación de la estación.
La titular del juzgado nº 4 de Instrucción de Jerez había citado en su despacho a El Turronero y Chaves López. El primero compareció y el segundo no. Según confirmaron fuentes judiciales, el socio de El Turronero presentó un parte médico de su cliente, el cual había sido atendido de madrugada por una gastroenteritis. Las mismas fuentes no se extrañaban de que la dolencia repentina obedeciera a una simple estrategia procesal para conocer antes de declarar qué había testificado su compañero de negocios. Algo similar al movimiento realizado por Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín en la Fundación Nóos, cuando optó por guardar silencio a la espera de conocer la versión del yerno del Rey en la pieza separada del 'caso Palma Arena', que se investiga en Baleares.
José Luis López sí respondió a todas las preguntas que le formuló la instructora y el fiscal. También estaba presente el letrado de Pedro Pacheco en la comparecencia de ayer. El Turronero negó ante la jueza ser amigo de Pacheco antes de 2006, sino que por esas fechas eran simples conocidos. En abril de 2005, a propuesta del entonces teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el Ayuntamiento se deshacía de la antigua estación que pasaba a manos de la empresa pública de suelo (Emusujesa). A cambio, las arcas municipales recibían 1,7 millones y el compromiso de beneficiarse del 40% de los beneficios que se obtendrían por la explotación del espacio como un centro de ocio. Un proyecto que nunca se ejecutó.
Once meses después de esa primera transmisión patrimonial (1 de marzo de 2006), Emusujesa vendía las instalaciones a una de las tres sociedades que se habían interesado en ese espacio. Según dijo ayer El Turronero, cuando se cerró esa operación no tenía relación de amistad con Pacheco, pero luego sí.
La Agencia Tributaria, durante una inspección rutinaria sobre la facturación de varias empresas, detectó irregularidades en la sociedad Ingeniería Jienense S. L., que fue la que adquirió la antigua estación. Si bien se deshizo de ella, siete meses después, para revenderla a una tercera (Bogaz). En esa operación, Ingeniería Jienense se embolsó un beneficio neto de cerca de 400.000 euros.
Los mismos compradores
Tirando del hilo, el fisco comprobó y así consta en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que la desafectación de un bien público, que se vendió a una sociedad privada, se hizo sin convocar concurso alguno ni darle publicidad. Sin embargo, a Emusujesa llegaron tres ofertas antes incluso de que se hiciera con el control de estas instalaciones. El fiscal concluye que detrás de esas tres sociedades estaban las mismas personas, El Turronero y su socio.
La jueza le preguntó ayer a José Luis López qué relación tenía con estas empresas y él negó cualquier vinculación empresarial. Sin embargo, el administrador de la primera compradora de la estación ya ha reconocido que ejerció de testaferro. En cuanto a las otras dos empresas (Híspalis Arrendamientos y Diseño y Construcciones Cervera), una está gestionada por un cuñado suyo y la otra percibe rendimientos del trabajo de dos sociedades participadas o propiedad de El Turronero y Chaves López.
Este periódico se puso en contacto ayer con el abogado de José Luis López, quien declinó a hacer cualquier tipo de valoración.
* la Voz Digital - 28.03.12 - SILVIA TUBIO
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
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PÚBLICO/Almería* : El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005 amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de veintiún plantas y 411 habitaciones.
La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.
En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.
De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.
"Proceder irrespetuoso"
"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".
El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".
La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.
Licencia nula
La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.
* Público - EP - 27.3.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)
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FARODEVIGO* : Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. Un modelo a seguir, según defiende el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es el que aplica Portugal desde el año 2008 y que supondría la creación de un consejo de prevención de la corrupción en la comunidad bajo la supervisión del Consello de Contas, así como la formación de equipos de control en la Xunta y en los ayuntamientos. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se encargaría de identificar las áreas de riesgo y de hacer un seguimiento de las actuaciones de cada departamento administrativo con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación o tráfico de influencias.
"Para no hacer gravitar todo sobre la vertiente represiva, establecida por las normas penales, es importante adoptar sistemas de prevención de riesgos de corrupción y otras infracciones conexas", sostiene Carlos Varela.
En la actualidad distintos organismos internacionales y gobiernos de países del entorno europeo ya trabajan en la elaboración de documentos que el fiscal jefe de Galicia pone como referencia para aplicar también en las administraciones públicas de la comunidad. Portugal o Reino Unido ya han puesto en marcha medidas legales para prevenir la comisión de delitos de corrupción por parte de sus cargos públicos.
Desde el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya se dio la voz de alerta en el año 2003 al advertir de que las instituciones financieras deberían adoptar medidas de vigilancia sobre las "personas políticamente expuestas", así como poner en marcha sistemas de gestión de riesgo adecuados.
¿A quién se debería someter a esa especial vigilancia por parte de las instituciones financieras para advertirles ante un intento de corrupción? Según el GAFI a aquellas "personas políticamente expuestas" que son aquellas que desempeñan o desempeñaron funciones públicas importantes e incluso a sus familiares y colaboradores más próximos.
En cuanto a las medidas en materia de anticorrupción tomadas por países del entorno europeo destaca Reino Unido, que el pasado mes de junio puso en marcha la Bribery Act 2010, una ley contra la corrupción considerada la más severa del mundo ya que se aplica a los casos de soborno cometidos por cualquier persona o empresa relacionada con Reino Unido independientemente de donde cometiera el delito.
En Portugal, la Ley 54/2008 del 4 de septiembre creó el denominado Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC), una entidad administrativa independiente que funciona bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. "Creo que este es el camino a seguir", defiende el fiscal superior de Galicia. "Se trata €añade Varela€ de que las entidades que manejan fondos púbicos establezcan planes de prevención de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Por ejemplo, en un concello se definiría el área urbanística, que digamos es la más sensible, y se marcarían los comportamientos de riesgo de ese departamento, algo que se sabe por experiencia, y a continuación se determinaría cómo neutralizar esas conductas y se designaría a la persona encargada de controlar esos comportamientos de riesgo y de dar la alerta".
Pero los planes de prevención no son la única medida que defiende la Fiscalía gallega para evitar operaciones como Orquesta, Arena o Campeón que salpican a alcaldes, diputados autonómicos e incluso ministros. El fiscal superior de Galicia también apuesta por reforzar el papel de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel clave en el "control interno" de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes "a medida" a través de un asesoramiento externo para así saltarse las legalidad urbanística vigente.
En esa labor contra la corrupción, Varela también apela a la colaboración de la Xunta, a la que recuerda que es imprescindible que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) mantenga una colaboración permanente con la Fiscalía para detectar y corregir ilegalidades urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación. Además, propone la creación en Galicia de una fiscalía específica sobre corrupción.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 24.12.11
Foto: Uno de los acusados en la operación "Arena" a su llegada a los juzgados de Corcubión. // FDV
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ELPAÍS* : Veintiuno: estos son los días que lleva Josep Tous (CDC) en el cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona. Tous era el hombre al que el presidente de la institución provincial, el también convergente Salvador Esteve, había encomendado la tarea de calmar las aguas tras la destitución del anterior coordinador, Josep Maria Matas, por sus presuntos negocios irregulares cuando era secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fórmula de Esteve, amparada por Oriol Pujol, falló y Tous fue detenido ayer por su supuesta participación en una presunta trama de adjudicación de estaciones para la inspección técnica de vehículos, una pieza separada del caso Campeón.
La detención de Tous ocurrió un día después de que el vicepresidente primero de la Diputación, Alberto Fernández Díaz (PP), anunciara en una entrevista a BTV que en otoño dejará el cargo para dedicarse por completo a su tarea de presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Fernández Díaz aseguró ayer que su renuncia a la Diputación es una cuestión personal y no de partido. Sin embargo, suma incertidumbre a una entidad ya golpeada por los escándalos.
Estos dos espisodios son el colofón del annus horribilis de la institución. En febrero, este diario reveló los negocios que había realizado Josep Maria Matas, entonces mano derecha de Esteve, cuando era secretario general de la ACM. La fiscalía estudia una posible malversación de fondos en la facturación irregular de 900.000 eros de la asociación por parte de una empresa de Matas. El presidente de la Diputación mantuvo a Matas en el cargo 10 días, hasta que finalmente le dejó caer. “Lo de Matas es amoral aunque no sea delito”, dijo en su día Esteve.
Pero Matas no es el único investigado. Ferran Civil (UDC), vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde de Cercs (Berguedà), está imputados en dos causas judiciales e investigado por la fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña. Entre otras, el fiscal pide para él una pena de tres años y medio de prisión por autorizar la construcción de tres naves industriales en suelo protegido.
Esteve también ha tenido que gestionar el escándalo de las mochilas, los sobresueldos que desde el año 2000 —cuando los socialistas estaban en el poder— se pagaban a algunos funcionarios que habían sido promovidos temporalmente a un cargo superior y volvían a su plaza. En ellas se han gastado casi un millón de euros. Unos 50 trabajadores de la Diputación siguen cobrándolas.
* El País - CAMILO S. BAQUERO Barcelona 27 MAR 2012
Foto:
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ELPAÍS/Alicante* : El industrial Ángel Fenoll, considerado como el cabecilla de la trama corrupta del caso Brugal, ha acumulado una nueva imputación. La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela, que también instruye la causa general de Brugal, acusa a Fenoll de un delito contra el medio ambiente vinculado a enterramientos ilegales de basuras en plantaciones de naranjos próximas a su planta de residuos de Abanilla (Murcia).
La juez interrogará a Fenoll, en calidad de imputado, el próximo día 17 de abril, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Las mismas fuentes han señalado que la juez tomará declaración a 18 testigos y perito y a los dueños de las fincas "donde aparentemente" se que se hayan realizado catas.
La investigación judicial de esta nueva causa contra Fenoll tiene su origen en una denuncia de un exempleado del industrial, los vecinos de la pedanía oriolana de la Murada y del Ayuntamiento de Orihuela, presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y el Seprona. Según los denunciantes, Fenoll enterró miles de toneladas de residuos sin reciclar en una docena de campos adyacentes a su planta de basura. Esta instalación está ubicada justo en el límite entre los términos municipales de Orihuela y Abanilla.
Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja, está en la actualidad en libertad bajo fianza e imputado en dos de las principales ramas del caso Brugal: el supuesto amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela y un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 26 MAR 2012
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
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