PÚBLICO* : Casi la mitad de las estaciones de contaminación de Madrid registran picos de NO2 de hasta 200 ug/m3. Son los datos aportados por Ecologistas en Acción, que, valiéndose de las cifras publicadas en la página web del propio Ayuntamiento de la capital, denuncian que la media de concentración de dióxido de nitrógeno desde el 1 al 29 de febrero se cifra en 54 microgramos por metro cúbico y supera en 14 puntos lo exigido por la normativa vigente.
Para Ecologistas en Acción, esto indica que se "continúa lamentablemente por el mismo camino que en años anteriores y que, a falta de medidas contundentes, este año tampoco se podrá respirar un aire que evite la muerte prematura de 2.000 personas en la región madrileña, según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente de la Unión Europea".
"La ola de frío pasada solo logró aliviar los niveles de enero que dieron una cifra de 59 ug/m3 de concentración de NO2. Ni tampoco conseguir que fueran sólo tres estaciones las que registren un aire ligeramente mejor que lo que exige la normativa: Casa de Campo (37), El Pardo (34) y Juan Carlos I (33). El resto de estaciones superan los 40 de referencia legal", explican.
Por otro lado han añadido que son ya 19 estaciones las que alcanzan "picos" de concentración horaria de 200 ug/m3 o más . "En la red de Madrid-ciudad, son 10 de las 24 y en la red de la Comunidad son 9 de las 23, yendo en cabeza Barrio del Pilar con 34; Getafe (20), Elíptica (18) y Coslada (13) hasta un total de las 19 citadas. Superar este umbral en 18 ocasiones horarias supone situarse fuera de norma", han añadido.
Ecologistas en Acción considera que las dos administraciones "apenas mueven ficha en la mejora de la calidad del aire". Ya han tenido diez años en los que se les advertía desde la normativa europea de la obligación de ir rebajando estos altos niveles de NO2, no llegando al objetivo en el año 2010", han apuntado antes de señalar que, sin embargo, la Comunidad ha vuelto a solicitar una moratoria de cinco años más para intentar llegar a los 40 ug/m3 de media anual en NO2, algo que, consideran, redundará en nuevas víctimas de la contaminación.
El pasado mes de enero, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, criticaba la excesiva rigurosidad de los niveles exigidos por la Unión Europea a los países miembros, con ocasión del informe publicado por Ecologistas en Acción y en el que se analizaba la contaminación del aire madrileño en 2010. La mujer de Aznar comparaba las exigencias de Europa con las de EEUU, mucho más laxas: el límite se sitúa en el doble de contaminación de nitrógeno (NO2) en ese país.
* PÚblico - 1.3.12
Foto: Vista de Madrid.-EMILIO NARANJO/EFE
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ELPAÍS/Pontevedra* : La historia de los bienes culturales acumulados por la familia Franco durante los 40 años que pervivió el régimen no acabó de escribirse con la apertura parcial del Pazo de Meirás. La asociación en defensa del patrimonio medieval gallego O Sorriso de Daniel añade un nuevo capítulo, al reclamar por carta a la hija del dictador, Carmen Franco Polo, que devuelva a la catedral de Santiago dos esculturas románicas ejecutadas por el taller del Mestre Mateo y que formaban parte de la fachada exterior que cubría el Pórtico de la Gloria.
Se trata de dos estatuas-columnas de finales del siglo XII y comienzos del XIII, esculpidas en el característico estilo expresivo del Mestre Mateo, y que pertenecían al mismo grupo que el David y el Salomón que hoy se sitúan en el pretil de la escalinata de la entrada occidental al templo. Se cree que representan a Abraham e Isaac, y estan relacionadas con otras dos de las que se conserva una cabeza y que también encarnaban en piedra a personajes del Antiguo Testamento.
En la misiva, la entidad cultural expresa su rechazo a entrar en cuestiones políticas y en discusiones sobre la legitimidad de la posesión de las piezas. No obstante, pide que sean reintegradas a su lugar de origen, la basílica compostelana, para que puedan mostrarse en su museo junto al resto de un conjunto “creado como tal y durante cientos de años custodiado como tal”. En este sentido argumenta que “el patrimonio, siempre que sea posible” debe ser contemplado “en el entorno más inmediato” al de su creación. Sería, a su juicio, el remate ideal para conmemorar los 800 años desde la consagración del templo catedralicio.
Las tallas abandonaron su origen primigenio mucho antes de que Franco derrotase a la II República. La primera noticia llegó en 1933 de la mano de Fermín Bouza Brey, que las localizó en un pazo del Ulla, propiedad del conde de Ximonde. Según el historiador, un antecesor del aristócrata las había trasladado allí a finales del siglo XVIII. Ya con el régimen franquista asentado, el conde vende las piezas al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas, con la única condición de que nunca saliesen de la ciudad. De lo contrario debía ser indemnizado con 400.000 pesetas. Las imágenes decoraron las escaleras del Pazo de Raxoi durante unos años. En 1961, en la exposición El arte románico —la madre de todas las muestras sobre este periodo artístico, con doble sede, en Santiago y Barcelona— las estatuas ya aparecen identificadas como propiedad de “Su excelencia el Jefe del Estado”, y provenientes del Pazo de Meirás. No hay ningún documento que acredite la donación, pero debió producirse durante una visita del Generalísimo al consistorio compostelano en fecha cercana a la exposición. El conde de Ximonde no cobró la indemnización estipulada. De la residencia veraniega pasaron a otra de sus propiedades, la Casa de Cornide, en A Coruña, también regalada por las autoridades municipales de la época y en la que todavía se conservan.
Fuentes de la Fundación Catedral de Santiago apuntan que no es la primera vez que se le pide a la familia Franco que restituya las piezas a su lugar original. Varias instituciones religiosas, públicas y privadas, lo intentaron en otras ocasiones, sin respuesta. La Fundación Nacional Francisco Franco confirma que ha recibido la carta, pero declina hacer comentarios, porque aún no se le ha podido hacer llegar la petición a su presidenta, Carmen Franco. Eso sí, las estatuas han sido expuestas al público al menos en otras dos ocasiones desde 1961, una en A Coruña, en 2008, y la última en Santiago el año pasado, en la muestra Dominus Iacobi. La Fundación Catedral de Santiago resalta las facilidades que dieron los propietarios para el préstamo. Entonces estuvieron en el Colexio de Fonseca de Santiago, a un paso de donde fueron colocadas hace ocho siglos.
* El País - ALBERTO LEYENDA - 2.3.12
Foto: Imágenes de Abraham e Isaac que atesora la familia del exdictador Francisco Franco - elpais
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20MINUTOS/Madrid* : No son políticos profesionales (ni quieren), siguen siendo amigos pese a las dificultades que entraña la gestión del dinero público y algunas de sus fotos institucionales no desentonarían en absoluto en cualquier página personal de Facebook.
Con corbata o sin ella, con camisa de manga corta o incluso luciendo los colores de la selección española. Así posan los concejales del equipo de Gobierno que, con la alcaldesa Elena Biurrun al frente, ha conseguido que Torrelodones alcanzase en 2011 hasta 5,4 millones de superávit.
El único secreto, asegura el primer teniente de alcalde y uno de los fundadores del partido Vecinos por Torrelodones (VxT), Gonzalo Santamaría, es administrar las cuentas de todos como cada uno haría con su libreta de ahorros: "Si hay dinero, arreglamos el baño primero, que es lo prioritario, en lugar de comprarnos una tele de plasma en el comercio más caro, que es lo que se había estado haciendo hasta ahora".
Más que un casino
Este municipio de carácter eminentemente residencial, con 22.354 habitantes y situado al pie de la autovía A-6, en el norte de Madrid, se ha acostumbrado a las cosas poco comunes. En primer lugar, en sus terrenos alberga el hasta hace poco único gran casino estilo 'Las Vegas' de la región, al que ahora hace la competencia el de Aranjuez.
Su alcaldesa, abogada y trabajadora, entre otras empresas, de Páginas Amarillas, pertenece a un partido fundado hace apenas seis años por vecinos del pueblo. Nada más llegar al cargo en 2011, y a la inversa de lo ocurrido en otras localidades de Madrid como Alpedrete, Tres Cantos o Collado Mediano, se bajó el sueldo un 20%. Fue su primera promesa electoral cumplida.
Todos los sueldos de la corporación municipal están colgados en la página web del ayuntamiento. Solo ella, el concejal Gonzalo Santamaría (docente de profesión, portavoz y responsable de Régimen Interior, Seguridad y Educación) y su compañera Raquel Fernández (empresaria reconvertida a gestora de Fomento, Comercio, Sanidad y Turismo) cobran de manera exclusiva del Ayuntamiento. El resto reduce su nómina y compatibiliza sus tareas con sus empleos para ahorrar dinero al Ayuntamiento. El concejal de Deportes, Carlos Beltrán, es actor.
Cargos, coches, comidas y contratos
Por ahorrar empezó el nuevo gobierno municipal para llegar a ingresar 5,7 millones de euros más de lo gastado en 2011. Los primeros en sufrir la tijera fueron los cargos políticos de confianza nombrados por el anterior alcalde. "Ahorramos 300.000 euros anuales prescindiendo de ellos". Detrás fueron la grúa municipal, que, por sus dimensiones, ni siquiera podía maniobrar por muchas calles, la furgoneta de atestados de la Policía Municipal, que apenas se usaba, y el coche oficial del alcalde.
"Ahora, no pagamos ni el personal ni los seguros de la recogida de coches. Se llama a la grúa de Villalba y lo paga el infractor. El alquiler de la furgoneta policial eran 1.800 euros mensuales. El coche del alcalde, casi el doble. Además usaba a dos policías como chófer y escolta a los que hemos devuelto a sus funciones de seguridad y vigilancia de calles o colegios", explica el concejal. También se rescindió el contrato de 40.000 euros anuales del antiguo responsable de prensa, que, además, contaba con una ayudante adjunta.
Las medidas de ahorro han llegado a la luz, el agua o el papel de las fotocopias. Ello incluye la cancelación de las autorizaciones de gasto abiertas para comidas y aperitivos por valor de 25.000 euros. Además se han renegociado los contratos con las empresas de basuras, limpieza y demás servicios urbanos por valor de 400.000 euros. "Algunos no querían o decían que ya lo habían hablado con el anterior alcalde, pero han tenido que aceptar".
Solo con convertir una de las calles de la localidad en una vía de doble sentido le han arañado al Consorcio Regional de Transportes 140.000 euros anuales por el servicio de autobús.
De esta forma, mientras 'hermanos mayores' con muchos más recursos como Móstoles (el más grande de la región tras la capital con 205.015 vecinos), Parla (121.995), Alcorcón (168.299), el vecino Collado Villalba (63.545) o el propio Ayuntamiento de Madrid sufren la parálisis de sus arcas, Torrelodones paga "en tiempo y forma" a los proveedores con una tasa de efectividad del 94%.
Gonzalo Santamaría añade como factor determinante el crecimiento en la recaudación de impuestos (+7,9%), de las transferencias del Estado (900.000 euros) y los 2 millones de euros extra conseguidos por plusvalías sobre terrenos. "La bajada de sueldo a los funcionarios que ha venido del Gobierno central no ha permitido obtener otros 1,1 millones, pero podemos decir orgullosos que tenemos la mayor parte del mérito. Esperamos mejorar aún más", zanja.
Un partido de 'aficionados'
La historia de Vecinos por Torrelodones comenzó hace siete años como una plataforma que se oponía a la construcción de la urbanización con campo de golf que pretendía impulsar el entonces alcalde, Carlos Galbeño (PP). Su trabajo fue un completo éxito: consiguieron paralizar el desarrollo y, ya en 2011, la Comisión Europea ratificó la imposibilidad de levantar viviendas en los encinares protegidos de la Cuenca del río Manzanares.
Aprovechando el trabajo y el reconocimiento alcanzado entre los torresanos, decidieron constituirse como partido político apenas tres meses antes de las elecciones municipales que se celebraron el 27 de mayo de 2007. "Nos dimos cuenta de que había muchas cosas que funcionaban mal, no solo lo referente al medio ambiente", confiesa Santamaría.
El día de las votaciones, la formación dio su segunda sorpresa al obtener cuatro concejales frente a los nueve del PP, los tres del PSOE y el único edil logrado por la también formación independiente Actúa. Cuatro años más tarde, con el aval de haber ejercido durante cuatro años como primer partido de la oposición, los novatos dieron la sorpresa. El 26 de abril de 2011 la cabeza de lista Elena Biurrun se convertía en alcaldesa con nueve concejales.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 02.03.2012
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
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ELPAÍS/Castellón* : El Ayuntamiento de Vall d'Alba, que preside el popular Francisco Martínez, promueve un plan parcial que implica la desaparición de la planta de purines que se construyó en la localidad con 6,6 millones de fondos públicos repartidos entre la Diputación de Castellón (donde Martínez es vicepresidente) y fondos Feder. El planeamiento urbanístico se encuentra en la recta final. La consejería de Territorio ha confirmado que el pasado miércoles el plan parcial pasó por la comisión informativa, lo que supone “un paso adelante” en su tramitación y que se trata del último paso para que el documento pase por el pleno de la comisión territorial de Urbanismo que podrá aprobarlo total o parcialmente, aunque también denegarlo.
El plan se presentó después de que la Diputación adjudicara las obras de la planta a una UTE que debía gestionarla durante 25 años. Desde la consejería confirmaron ayer que el planeamiento urbanístico es incompatible con la instalación. En concreto, el sector residencial conocido como Mas de Lluna.
Tal como recoge la declaración de impacto ambiental, la falta de un informe de la Diputación sobre la inclusión de la planta de purines en la futura revisión de las instalaciones implica que “el desarrollo del sector está condicionado a la desaparición de dicha instalación”.
El portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció ayer que se prevea desmontarla y anunció que se pedirán responsabilidades tanto a la Generalitat, “además de informar a la Unión Europea por un posible uso fraudulento de los fondos” con los que sufragó la obra. Según Mulet, si el Ayuntamiento “ha continuado con este plan es porque la planta no ha tenido el más mínimo interés y su uso ha sido ruinoso”.
La de Vall d’Alba es la principal de las cinco plantas de tratamiento de purines promovidas por la Diputación de Castellón cuando Carlos Fabra era presidente. Ahora, solo esta y la de La Todolella tienen actividad, aunque con un rendimiento mínimo.
* El País - LORENA ORTEGA Castellón 2 MAR 2012
Foto: Vall D'alba (Castellón) - abc.es
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AMBIENTUM* : El comité técnico de expertos de la Red Española de Ciudades Inteligentes celebrará su primera reunión este miércoles en La Coruña un encuentro del que saldrán las primeras propuestas de la red, constituida, de forma inicial, por 16 ciudades y presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
Para De la Serna, es fundamental que la Red de Ciudades Inteligentes empiece a trabajar cuanto antes, ya que las iniciativas que se pongan en marcha podrán contribuir a generar actividad económica y a crear empleo, "algo enormemente necesario en estos momentos".
En un comunicado, el alcalde de Santander y presidente de la Red remarcó los beneficios que va a suponer esta Red tanto para las ciudades que forman parte de la misma como para el sector de la innovación y de las nuevas tecnologías en sus respectivos ámbitos de influencia.
"Este sector, que representa el cambio de modelo productivo por el que estamos trabajando, tiene mucho que ofrecer a nuestras ciudades y ciudadanos, no sólo con nuevos servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida sino también con la generación de nuevos nichos de empleo y de oportunidades para los emprendedores", apuntó.
Asimismo, recordó que el Ayuntamiento de Santander ha abierto un plazo de dos meses, hasta el próximo 15 de abril, para que las empresas del sector de la innovación y el desarrollo tecnológico de la ciudad presenten propuestas que trasladará a la Red de Ciudades Inteligentes para su posible aplicación en proyectos conjuntos.
Colaboración sector empresarial
Tras la reunión, a mediados de enero, en la que las ciudades de Logroño, Huesca, Cáceres, Pamplona, Valladolid, Palencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria, Burgos, La Coruña, Málaga, Castellón y Salamanca se adhirieron a esta propuesta, cada una de las ciudades está llevando a cabo ya la tramitación correspondiente de cara a su constitución oficial. Además, otras ciudades se han dirigido a la Red para solicitar su adhesión a la misma.
Por otro lado, se han establecido los primeros contactos con el sector empresarial de cara a la colaboración en diferentes proyectos, empezando por los de carácter organizativo, como la elaboración de la página web de la propia Red.
Las ciudades que forman parte de la Red pretenden intercambiar sus experiencias en el ámbito de la innovación, impulsar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar y hacer más eficientes los servicios públicos y promover la colaboración público-privada en este sector.
Otro de los objetivos consiste en que los miembros de la Red mejoren sus servicios públicos, ahorrando costes, y que puedan acceder en conjunto a programas europeos para conseguir financiación para sus proyectos.
Entre los fines de la Red, destacan el impulso a la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances tecnológicos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a ofrecer servicios públicos inteligentes más eficientes y de la investigación y el uso de las nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo y la innovación desde un punto de vista municipal.
También promoverá la divulgación de los avances tecnológicos y proyectos desarrollados por las ciudades, el fomento del uso de las nuevas tecnologías entre los ciudadanos, empresas y el propio ciudadano para lograr una ciudad más eficiente e interactiva y la promoción, dentro de la Red, de la transferencia de tecnología, mediante la cooperación entre las administraciones, empresas y agentes del sistema de innovación.
La Red de Ciudades Inteligentes apostará por las estrategias de inteligencia colectiva para incrementar la prosperidad y competitividad local, la colaboración en el desarrollo de capacidades y el desarrollo de estrategias conjuntas de innovación urbana inteligente.
* Ambientum - 22.2.12
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)
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JOAN SERRA* : El Govern balear ha recurrido a un instrumento como el decreto-ley, previsto exclusivamente para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», para poner en vigor de inmediato unas medidas que denomina de «ordenación urbanística sostenible», en un ejercicio de retorcimiento semántico que pretende encubrir el verdadero propósito de ese conjunto de normas desreguladoras. Solo puede hablarse de sostenibilidad si una actuación satisface las necesidades actuales sin comprometer las de futuras generaciones, y no parece que favorecer otra vez el consumo intensivo de territorio, encomendarse de nuevo al hormigón y al ladrillo, cumpla ese requisito.
Para justificar su precipitado paquete de reformas, confuso y chapucero desde su misma exposición de motivos, invoca el Govern los males que a su juicio aquejan al urbanismo y a la ordenación territorial en Balears: falta de seguridad jurídica, dispersión y rigidez normativa y procedimental e imposibilidad de innovar el planeamiento en un tiempo razonable, en una situación de crisis que requiere «respuestas rápidas y decididas para impulsar la recuperación». Pero sus recientes medidas no se limitan a simplificar y agilizar los procedimientos, sino que en realidad suprimen controles y crean un marco legal claramente más permisivo para la edificación.
Hay en todo ello notoria contradicción con los propósitos enunciados por el presidente José Ramón Bauzá en su investidura, donde recalcó que no pretendía dar rienda suelta a la construcción porque «eso es parte del pasado y un modelo que no queremos para el futuro». Pero si con maraña normativa, rigideces varias y gobiernos insulares y municipales más proclives a la contención y el proteccionismo fue posible el desmadre urbanístico y la burbuja inmobiliaria del pasado, ¿qué no podrá hacerse en el futuro con menos obstáculos legales para urbanizar y mayorías políticas más proclives a la expansión?
Con arreglo al Estatut, el urbanismo y la ordenación del territorio son competencias exclusivas de la Comunitat Autònoma que no corresponde ejercer al Govern, sino a los consells, que las tienen como competencias propias y con potestad reglamentaria, aunque el Parlament puede legislar sobre ellas y el Govern esté facultado también para fijar «principios generales», y no detalles concretos hechos a medida de un paraje u otro. Con esta estructura de distribución de responsabilidades y con la holgada mayoría de que dispone el PP en el Parlament, recurrir al decreto-ley para intervenir en el urbanismo y la ordenación territorial de las islas era innecesario, pero hacerlo sin contar con los consells es un atropello injustificado. Y poco se les habrá tenido en cuenta cuando las propias instituciones de Eivissa, todas del PP, han tenido que pedir explicaciones al Govern para que aclare cómo afectará la nueva normativa a determinadas zonas. Brillante muestra de seguridad jurídica.
La seguridad jurídica la dan la estabilidad y la claridad de las normas, pero no es una condición ligada a la permisividad ni a la inmutabilidad de la clasificación del suelo; también puede haber seguridad jurídica en la protección y en la desclasificación. ¿Dónde queda «el compromiso con el Medio Ambiente y la conservación de nuestro patrimonio natural» que, según Bauzá, había de ser «uno de los ejes principales» de su programa de gobierno?
* Diario de Ibiza - Opinión - 26.2.12
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ELPAÍS/Madrid* : El exjuez Baltasar Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio, considerado el epicentro del mayor caso de corrupción de la democracia ligado a un partido político, perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía al que ha tenido acceso este diario. Cuando todo estaba cerrado y el Consistorio dirigido por el entonces alcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel,había adjudicado a una de las empresas de la red la concesión para construir y explotar un polígono en la zona conocida como Prado del Espino, muy cerca de la Ciudad del Santander, el exjuez Baltasar Garzón puso en marcha el operativo que acabó con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y del resto de implicados.
En febrero de 2009 todo se fue al traste. Los pingües beneficios que esperaba la trama en esta operación se convirtieron en una pérdida de 239.000 euros por la fianza depositada. Esa cantidad era el aval que había presentado la firma ganadora, CIP Dealer, tras resultar adjudicataria del concurso, que según la oposición había sido amañado. Los auténticos propietarios de la empresa eran el empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins y Tomás Martín Morales, este último uno de los miembros más importantes de la trama, que entonces era funcionario de Boadilla.
Precisamente, gracias a la intervención del exjuez Garzón la trama no llegó a hacerse con los polígonos. La adjudicación decretada por el Ayuntamiento se produjo en noviembre de 2008 y la operación policial ordenada por Garzón se desplegó en febrero de 2009. Apenas unos meses después, en junio de 2009, y ya estando fuera de la alcaldía González Panero, la empresa de la red no prosiguió con la adjudicación, perdiendo la fianza presentada, 239.000 euros.
Dinero confiscado por el Ayuntamiento
El presunto testaferro que estaba el frente de la empresa tenía mucho que perder si daba la cara, al igual que sus dos verdaderos dueños, Martín Morales y García Pozuelo Asins. Los unos por los otros, perdieron el dinero, que fue confiscado por el Ayuntamiento de Boadilla tras incumplir la empresa las condiciones de adjudicación.
El informe de la policía, que explica los pormenores de este pelotazo de la trama, hasta ahora inédito porque fue abortado por Garzón, está sobre la mesa del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que sustituye al propio Baltasar Garzón después de que este ha sido apartado de la Audiencia Nacional tras ser denunciado por tres de los imputados en el caso Gürtel: el presunto cabecilla, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el empresario leonés José Luis Ulibarri.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en noviembre de 2008, adjudicó un polígono en la urbanización Prado del Espino de una forma muy polémica: de las dos ofertas el Ayuntamiento optó por la que menos beneficiaba al Consistorio. La sociedad CIP Dealer Madrid propuso el pago de 358.500 euros anuales a cambio de construir y gestionar durante 99 años un polígono aledaño a la ciudad y al campo de golf del Banco Santander. Esta cantidad, según la policía, era 126.755 euros menos que la de su competidora, que recurrió a los tribunales.
Esta operación fue criticada por la oposición. Tanto el socialista Pablo Nieto como el independiente Ángel Galindo alertaron de posibles corruptelas, destacando que la decisión municipal se había basado en un informe realizado por un cargo de confianza del Ayuntamiento, que alegando temas menores le daba la adjudicación a CIP Dealer Madrid.Incluso Nieto hizo gala de un gran olfato llegando a asegurar que el informe era “harto discutible”. “Esta adjudicación me recuerda otras sospechosas, como la Ciudad del Deporte que ha aparecido relacionada con la Operación Gürtel o con la parcela UFC, que también suponía una pérdida para el Consistorio”, apuntó Nieto.
El mencionado informe de la policía del pasado 1 de febrero destaca que tanto Nieto como Galindo estaban en lo cierto. La adjudicación de los suelos del polígono del Prado del Espino estaba relacionada con otras que también tenían irregularidades, y que están en el caso Gürtel: la Ciudad del Deporte, de Constructora Hispánica; y la parcela adjudicada a la empresa UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los que han conseguido acabar con la carrera judicial de Garzón.
Los agentes han detectado que la empresa CIP Dealer, que se había creado en 2006 y que a finales de 2008 se hizo con el polígono del Prado del Espino, era en realidad propiedad de un miembro de la trama y excargo de Boadilla Tomás Martín Morales. Pero también del empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins. Ambos utilizaron firmas interpuestas a nombre de terceros, que actuarían como testaferros.
Estas sociedades eran Robeco Inversiones, de Martín Morales, pero a nombre de otra persona de Getafe; y Acentia Concesiones, de Constructora Hispánica (ahora Assignia), propiedad de García Pozuelo Asins. Según el sumario, en 2007 Tomás Martín Morales recibió una comisión de 660.000 euros en metálico. Este cobro se produjo 15 días después de que el Ayuntamiento del que formaba parte adjudicara la denominada Ciudad del Deporte de Boadilla a Constructora Hispánica por un valor superior a los 30 millones de euros. El dinero de la comisión lo repartió entre los miembros de la red que habían participado en esta operación, la mayor de la historia en Boadilla del Monte.
Pero el informe de la policía va todavía más allá al descubrir, gracias a la Agencia Tributaria, que la firma Robeco Inversiones, de Tomás Martín Morales, también mantuvo relaciones comerciales con otras sociedades vinculadas a lo largo del sumario con la red de Correa. Entre otras firmas están Free Consulting, propiedad también de Martín Morales, y Tecnología de la Construcción (Teconsa). Llama la atención que Martín Morales fuera también, según la investigación realizada, quien realizara los pliegos de condiciones para la adjudicación a Teconsa de la instalación de la luz en la visita del Papa a Valencia.
La Agencia Tributaria resalta también en sus informes que de los ingresos declarados en 2007 por parte de Robeco, de Tomás Martín Morales, 104.400 proceden de la sociedad Virton, y de 60.320 de la UTE Boadilla. Ambas empresas trabajaban para el Ayuntamiento de Boadilla, especialmente la última, que también está siendo investigada por su vinculación a la financiación ilegal del PP de Boadilla del Monte.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 27 FEB 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
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ELPAÍS/Valencia* : Los planes parciales de Parcent, que aprobó el Gobierno local del PP el 30 de enero de 2006 en una localidad que acabó convertida en símbolo del urbanismo depredador, se elaboraron de forma poco transparente. La abogada Rosa María Olcina estuvo contratada como asesora urbanística municipal de Parcent al mismo tiempo que trabajaba en la empresa G&M Gestión del Suelo, de Javier Gutiérrez. Y este letrado ha acabado actuando en representación de Terras de l’Horta, SL, una mercantil del grupo Ballester que resultó adjudicataria de uno de los tres PAI (plan de actuación integrada) en suelo rústico, el más grande, llamado El Replà, donde se pretendía construir 1.423 viviendas en un área de reparto de 1,73 millones de metros.
La misma Olcina, que declaró como testigo el pasado 15 de febrero en el juzgado de Alicante que investiga el supuesto amaño del PGOU de la ciudad, dijo ante el juez que trabajó para Gutiérrez entre 2006 y febrero de 2008 en G&M.
El 3 de mayo de 2006 también fue contratada por la alcaldesa popular de Parcent Mari Carmen López por 12.000 euros anuales para funciones de “asesoramiento jurídico en materia urbanística”, que incluía “el estudio, la elaboración de informes y propuestas de resolución”. El 6 de julio de ese mismo año, el Gobierno local decidió sacar a información pública el concierto previo del Plan General de Parcent que contemplaba el PAI de Terres de l’Horta, mercantil a la que ha representado Gutiérrez y de la que ahora es abogado José Luis Castedo.
Gutiérrez se asoció al hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en noviembre de 2008 para crear Salvetti Abogados, un despacho desde el que supuestamente tramitaron alegaciones al Plan General de Alicante utilizando información privilegiada, por lo que ambos están imputados. Ahora, Castedo aparece como el abogado director de Salvetti Abogados en la demanda contencioso administrativa que Terres de l’Horta ha decidido presentar contra el Consistorio de Parcent para exigir una indemnización de 2.275.282 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, pese a que el plan parcial fue desestimado por la Consejería de Urbanismo el 29 de septiembre de 2009.
Pero antes de esa desestimación, en abril de 2009 Gutiérrez ya actuó en representación de la empresa de Ballester para presentar al Ayuntamiento de Parcent las posibles soluciones a una larga serie de deficiencias del proyecto de homologación y plan parcial El Replà, puestas de manifiesto por la entonces consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Para cerrar el círculo, Veïns de Parcent ha recordado en un comunicado que “cuando el PP perdió las elecciones en 2007 y el gobierno pasó a CDP [Coalició Democrática de Parcent], Rosa Olcina dejó de ser asesora urbanística, si bien continuó presentando documentación de Terres de l’Horta, SL. La asociación vecinal sostiene que “aquello que se está investigando en Alicante era ya el modus operandi en Parcent”. Y asegura que es “inmoral, escandaloso e ilegal que una persona asesores a un ayuntamiento sobre unos PAI a los cuales está vinculada”. El Gobierno del CDP de Parcent asegura que llevará el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 29 FEB 2012
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Los vecinos de El Toscal se mostraron ayer recelosos ante el nuevo ordenamiento del barrio que ultima la Concejalía de Urbanismo y cuyas principales características dio ayer a conocer este periódico. Aunque reconocen que han sido incluidas la mayoría de sus propuestas de mejora para esta zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), a las asociaciones les preocupa los detalles del Plan Especial.
Se preguntan si tras la peatonalización prevista de siete calles se garantizará el aparcamiento a los vecinos y visitantes con precios gratuitos o asequibles en los cuatro parking que se van a construir; si con cada actuación se respetará el BIC y si las medidas de dinamización económica y comercial serán las adecuadas para no convertir a El Toscal "en otra calle de La Noria".
Asimismo, las asociaciones vecinales sentencian que hasta que no vean las primeras obras no se creerán nada de lo que se plantee desde el Ayuntamiento, pues ya llevan demasiados años esperando por la recuperación de este núcleo deteriorado de la ciudad, sin que se haya hecho nada. Y critican que la Concejalía de Urbanismo, que dirige el edil José Ángel Martín, no se haya reunido primero con los vecinos de la zona para consensuar el texto antes de que se diera a conocer a los medios de comunicación.
El presidente de la Asociación de Vecinos Toscal de Las Tribulaciones, José Antonio Ramos, cree que los ciudadanos de esta zona histórica están contentos con el Plan Especial que está redactando Urbanismo, y cuya aprobación inicial podría producirse en verano, pero que también tienen muchas dudas con algunas de las intervenciones previstas. Según dicho texto, el nuevo barrio de El Toscal tendrá siete calles peatonales, un centro para mayores, una guardería, un centro de salud, una casa de la juventud, dos espacios con canchas deportivas (incluida una piscina cubierta) y cuatro parking. Y queda descartada la construcción de nuevos edificios de viviendas.
"Este documento, que nada tiene que ver afortunadamente con el redactado por la arquitecta Ana Zurita [edil del PP], en el que primaba la especulación, se acerca bastante a lo que hemos solicitado con las numerosas alegaciones que presentamos desde el año 2003. Pero una cosa es lo que se pretende hacer y otra cosa es la forma en la que se hará y en las condiciones en las que se va a ejecutar. Lo que queremos es que se respete siempre el BIC. Por eso, creemos que el Ayuntamiento debe reunirse con los vecinos para que nos expliquen todos los detalles", añade.
Esta asociación de vecinos espera que la peatonalización no provoque el desarraigo de algunos vecinos, que el parking de Tribulaciones no afecte al BIC, que se lleve a cabo una adecuada rehabilitación de la Casa Siliuto y que se ejecute un idóneo plan de dinamización basado en el pequeño comercio y en abrir el barrio a la ciudad. "No queremos parques bulevares ni otra calle de La Noria, centrada en la restauración y ocio nocturno. A esto nos negamos radicalmente los vecinos", sentencia Ramos.
Luciano Morales, presidente de la Asociación Ravina-Iberia, comenta que todo lo que se incluye en el Plan está "bien", pero ahora lo que queda es hacerlo. "Esto es como el cuento del lobo, hasta que no lo veamos, no nos lo creeremos, pues ya son demasiados años de promesas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y no se ha hecho nada por este barrio. Se trata de una obra faraónica y no sabemos de dónde van a sacar el dinero. Ahora hay que convertir en realidad eso que se ha dicho en papel", matiza.
Por su parte, Rosa Ramallo, presidenta de la Asociación Luz y Vida, no está de acuerdo con que el centro para mayores se ubique en la Casa Pisaca porque, según ella, hay otros espacios idóneos para este servicio. Asimismo, critica que el Ayuntamiento le haya dado primero la información sobre los avances de este Plan a los medios de comunicación antes que a los vecinos. También espera que las obras comiencen "pasado mañana" y no dentro de "muchos años".
* La Opinión Tenerife - ELOÍSA REVERÓN - 29.2.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, barrio del Toscal abandonado - barriodeltoscal.com
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FARODEVIGO* : La rescisión del contrato a la empresa redactora del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos sociales y empresariales del municipio, que llevan más de dos décadas esperando por la aprobación del documento urbanístico.
Los representantes de las entidades vecinales expresan su decepción por el retraso que conllevará la resolución del contrato con Arteplán S.L., firma que gestionaba el planeamiento municipal desde el año 2001, y temen que la decisión de los responsables municipales –refrendada por el pleno de la corporación– suponga ampliar varios años la espera por un documento imprescindible para el desarrollo de Redondela. El urbanismo en el municipio se rige hasta ahora por unas Normas Subsidiarias aprobadas en 1988, con numerosas modificaciones puntuales a lo largo de los años, y que han generado un desarrollo desordenado –en algunos casos caótico– de los núcleos de población.
El presidente de la Asociación de Empresarios, José Antonio Gómez, no oculta su preocupación por la incidencia que tendrá en el municipio. "Es una mala noticia porque sin el Plan Xeral no podremos desarrollar los planes que tenemos sobre la mesa, como la creación de un polígono industrial, y también se frenará el desarrollo de los núcleos de población". Aunque se pueda aprovechas parte del trabajo realizado hasta ahora, señala que la llegada de un nuevo equipo redactor "implica planificar de todo desde el principio y eso conlleva tiempo y dedicación", por lo que no cree que el plan urbanístico pueda ser una realidad a corto plazo, a lo que suma los rumores de una nueva Ley del Suelo a nivel estatal, que obligará a adaptar todo el trabajo a la nueva normativa.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Marcial Pérez, sin entrar a valorar las razones de la rescisión del contrato –"pediremos explicaciones al alcalde, porque desconocemos las causas", afirma–, lamenta el retraso que causará la decisión. "Llevamos escuchando plazos que nunca se cumplen desde hace años, ya estamos cansados porque la aprobación del Plan Xeral es urgente", apunta. Pérez señala que actualmente, debido al parón del sector de la construcción, "es el momento idóneo para desarrollar un plan menos especulativo, al incidir menos la presión urbanística".
Más crítica se muestra la presidenta de la Comunidad de Montes de Chapela, Ángela Méndez, que considera un "escándalo" todo el dinero invertido a lo largo de los años en la redacción del plan para ahora empezar otra vez de cero. "Es una irresponsabilidad que se despilfarre tanto dinero para nada", dice en alusión a los 360.000 euros del contrato con Arteplán. "Están jugando con el dinero de todos los ciudadanos en un asunto de gran importancia y que parece que no tienen interés en que salga adelante". Méndez también responsabiliza al anterior gobierno local. "Estuvieron durante años diciendo que el plan estaba a punto de concluirse, pero la realidad es que nunca se presentó y ahora hay que empezar desde el principio", lamenta.
El presidente de la Comunidad de Montes de Chapela, Francisco Puch, considera" vergonzoso" que un municipio de la entidad de Redondela siga trabajando en base a unas normas del año 1988. "Esto demuestra el fracaso total del anterior equipo de gobierno que no fueron capaces de sacar adelante el documento más importante en un Concello", y pide que el futuro equipo redactor "tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos".
De la misma opinión es el portavoz del colectivo Alén Nós, Andrés Laxe, que destaca que los actuales responsables municipales llevaban en su programa la aprobación del PXOM, "y ahora parece que seguirán los pasos del anterior gobierno".
Por último, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cesantes, José Antonio Sánchez, lamenta el nuevo retraso del planeamiento, "por el que mucha gente esperaba y ahora vemos que está en el aire".
* Faro de Vigo - ANTONIO PINACHO - 2.3.12
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com
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ELPAÍS* : “Somos estudiantes mayores de 55 años. Tenemos el carnet de la Universitat de València”, defienden Manuel Martín Pérez, un catedrático de Sociología ya jubilado que amplía sus estudios, y Leonardo, que en esta etapa de su vida ha decidido estudiar la carrera de Historia del Arte. ¿Recortes? “Claro que los hay: en todas partes”, responde airado Leonardo. “Este mes me han bajado la pensión, despedido a mi mujer con 28 años de antigüedad en la Mostra de Cine de Valencia y mi hijo ingeniero agrónomo de un instituto tecnológico del Barcelona, fue despedido con un expediente de regulación de empleo ((ERE) que esperaron a hacer el día 14, solo dos después de la reforma laboral”.
“Se alquila mi centro por fórmula 1”. Es la particular denuncia que hace Carlos, estudiante del instituto nº3 de Villena, que protesta “contra los recortes de la Generalitat” y su política de grandes eventos como la Fórmula 1 y la Copa del América, que han llevado a la actual quiebra financiera al Gobierno valenciano.
La masiva y pacífica manifestación organizada por la Plataforma Interuniversitaria, que integra a estudiantes de los campus de la Politécnica y la Universitat de València, junto a todos los sindicatos estudiantiles de enseñanzas medias y universitarias, cruzaba el puente del Real, cuando los miles de manifestantes -20.000, según el cálculo de este periódico- han realizado su primera sentada con al grito de: “Una beca no es una hipoteca”.
Hasta la primera fila han llegado Jaime y varios compañeros del colegio concertado Nuestra Señora de Fátima para sostener durante un tramo la pancarta que ha presidido la marcha. “Por una enseñanza pública y de calidad”. Un gesto, con el que a enseñanza concertada valenciana se suma también, aunque en menor proporción, a las protestas por los “recortes” y los “impagos de la Generalitat Valenciana de los gastos para funcionamiento de 2011, que fueron transferidos hasta el pasado día 20.
Los estudiantes de Bachillerato del instituto público IES Juan de Garay conocen bien las estreches del centro para disponer de las cosas más elementales y básicas, como el papel higiénico o las pizarras. “Nos han quitado pizarras, el papel higiénico se distribuye para cada cada día, la calefacción es un lujo que ya no tenemos”, denuncia Marta. A su compañera Teresa, también de 2º de Bachiller, le preocupa la subida de tasas universitaria. “El año próximo quiero ir a la Universidad y para mi familia será muy complicado pagar la subida de tasas. No sé qué voy a hacer”.
La crisis presupuestaria en las universidades valencianas, con las que la Generalitat reconoce una deuda de más de 800 millones a pagar entre 2012 y 2023, tiene su impacto ya en la organización de los grupos y en la plantilla docente. La Universitat de València ofrecerá el curso que viene 8.400 plazas de nuevo ingreso, pero tendrá 1.100 grupos menos y, por tanto, 375 asociaciones menos también.
El efecto del recorte de grupos y plantilla lo padece la Facultad de Geografía e Historia, según explica el catedrático de Historia Contemporánea, Marc Baldó. “Volvemos a las clases masificadas. A grupos de 80 personas, a los que no se puede hacer el seguimiento individualizado y razonable que requiere la adaptación a los planes de Bolonia”.
“Estamos aquí porque sí hay recortes, en el caso valenciano, y además para criticar la actuación policial contra los estudiantes de instituto”, puntualiza este catedrático.
Una estudiante muestra una pancarta que anuncia: Esta primavera, se lleva el gris. / NEUS CABALLER
Jorge, universitario de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universitat Jaume I de Castellón, que las acompaña, denuncia la falta de profesores sustitutos para cubrir las bajas docentes. “No hay dinero para cubrir al profesor de baja”, durante lo que va de curso y se han organizado con otra profesora.
Vicente D. M., estudiante de Comunicación Audiovisual en la facultad de Filología de Valencia, y Noemi Zafra, tatuadora profesional de 19 años.
La conclusión para Irene y Carla, dos estudiantes de Administración y Empresa de la Universitat de València es que: “Al final, estudiar se va a convertir en un lujo. Los estudiantes que vienen de otros municipios, y solo tienen beca de transporte, tendrán que dejar los estudios.
Joan García Albiñano, estudiante de Medicina, y Joaquín Escrivá, de Derecho. Citan una frase de Gandhi: “Lo que puede hacer una persona es inútil pero absolutamente indispensable”.
La Facultad de Farmacia, las de Medicina, Geografía e Historia, Telecomunicaciones… todas han estado presentes. Los estudiantes de Farmacia afirman que: “Los recortes se están comiendo la Sanidad”. Los impagos al sector farmacéutico valenciano, al que la Generalitat todavía debe 360 millones de euros, afirman los universitarios Maria Isabel y Adolfo, han convertido “la profesión de farmacéutico (para la que estudian) en simples gestores que juegan con los ingresos por otras ventas para tapar el agujero de la Seguridad Social”.
El fantasma de la “privatización” de la universidad española dentro de la Estrategia 2015 de la Unión Europa planea sobre las críticas de los universitarios valencianos. “Educación al 5% TAE. No a los recortes. No a Horizonte 2015”, denuncia Mateo, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Politécnica de Gandia, un campus que ha tenido una presencia masiva de estudiantes de las cuatro titulaciones que ofrece. “La educación no se puede comparar con un objeto comercial”, señala Mateo, ante la “temida” subida de precios de los doctorados y masters en la universidad pública española.
Bernardo Bunton, de 19 años y estudiante de farmacia, junto a tres compañeros. “Quieren que nos formemos y que trabajemos más para luego pagarnos menos”.
“Estamos aquí para demostrar que no estamos politizados por nada ni por nadie. Simplemente somos estudiantes”, remata Jose G. estudiante de Telecomunicaciones de la Politécnica de Gandia. “La gente no tenemos poder adquisitivo para poder pagar una carrera”, mientras sostiene una pancarta en la que reafirma: “No somos ni de derechas, ni de izquierdas. Somos los de abajo que vamos a por los de arriba”.
El horizonte de futuro que advierten los estudiantes es un futuro de baja cualificación. “Si continua la escala de recortes al final no sabremos ni escribir”, denuncia Irene, estudiante de Ciencias de la Comunicación de Gandia en su pancarta en la que se puede leer con muchas faltas de ortografía: “Llo vaig ser bictima dels retails en Educació / Yo fui victima de los recortes en educación”.
“Estoy avergonzado y muy afectado porque hemos dejado a nuestros hijos y nietos un mundo inhabitable”, concluye Marc Adell, que ha sido inspector de educación de la Generalitat y profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universitat de València durante 33 años.
* El País - NEUS CABALLER Valencia 29 FEB 2012
Foto: Carlos, estudiante del instituto nº3 de Villena, / NEUS CABALLER
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ELPAÍS* : Imaginemos que un ciudadano de Madrid, o de fuera de la capital, quiere saber si al día siguiente la calidad del aire será razonable. Porque quiere salir a correr, porque está valorando si coger el coche o usar el transporte público para ir a trabajar... Por lo que sea. Hace unos años podía entrar en la página web del Ayuntamiento de Madrid y consultar una predicción que se elaboraba en la Universidad Politécnica: nivel bueno, admisible, alto y muy alto de, por ejemplo, dióxido de nitrógeno (NO2), el contaminante por el que la capital incumple la legislación europea. Esa información ahora no está disponible. La web municipal anuncia, sin embargo, un “sistema de predicción de la contaminación atmosférica”. Es de uso interno.
Madrid ofreció la posibilidad de consultar predicciones a 24, 48 y 72 horas vista durante años. En 2001 contrató un sistema de mantenimiento de la red de calidad del aire a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), que a su vez encargó al catedrático de la Politécnica Roberto San José un modelo de predicción que elaboraban potentes ordenadores a partir de múltiples datos.
A finales de 2007 este periódico desveló que el Ayuntamiento había estado publicando en su web predicciones de niveles admisibles de NO2 cuando el modelo de San José auguraba niveles muy altos. En esas fechas, algunas estaciones superaron los 400 microgramos por metro cúbico de este contaminante mientras la web municipal decía que la situación era bastante buena.
Dos años después, el Ayuntamiento prescindió del modelo matemático de predicción de San José, un experto de prestigio internacional que ha trabajado en otras muchas ciudades y para empresas eléctricas. SICE volvió a ganar el concurso para mantener y explotar el “sistema integral de vigilancia, predicción e información de la calidad del aire” en marzo de 2010 por 3,5 millones de euros durante cuatro años. Pero ya no contrató al equipo del catedrático de la Politécnica.
Tanto el Ayuntamiento como SICE se han negado, a petición de este periódico, a precisar quién elabora el modelo de predicción actual. Según la web municipal, el sistema se llama Serena (sistema estadístico de predicción por redes neuronales).
Dos expertos consultados por EL PAÍS aseguran que se trata de un modelo “muy simple”, de carácter puramente estadístico y probabilístico que no funciona correctamente ni en Madrid ni en el resto de España porque su tasa de error es muy elevada. Es útil, añaden, en zonas con meteorología muy estable, como podría ser Holanda. Los sistemas de redes neuronales predicen máximos en un punto, el de la estación, pero no en el entorno, y no calculan en función de las emisiones, sino que solo usan estadísticas, señalan. En la página web de SICE sigue figurando que en Madrid el sistema de predicción es el de la Politécnica, cuando no es así.
El cuestionario que la candidatura de Madrid 2020 ha enviado al COI asegura en el apartado sobre calidad del aire que la capital cuenta con “un modelo de predicción matemático que permite realizar un pronóstico de la contaminación atmosférica en superficie con 24/48 horas de antelación”. No es el único dato incorrecto.
El texto asegura también que las fechas elegidas por Madrid para acoger los Juegos son ideales porque la calidad del aire “está en su nivel óptimo”, cuando en agosto suelen producirse episodios de alta contaminación por ozono troposférico. “La zona de la Villa Olímpica es precisamente de las más afectadas”, asegura Ecologistas en Acción. La ciudad afirma también que cumple “todos los niveles de control de contaminación establecidos por la legislación vigente en España y en la Unión Europea”. No es cierto. Ha superado, tanto en 2010 como en 2011, el límite que marca la UE para el dióxido de nitrógeno.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 27 FEB 2012
Foto: Madrid, contaminación - elpais
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20MINUTOS* : En los últimos años, en el debate entre viviendas y conservación de las costas, han parecido ganar estas últimas. Un Gobierno socialista impulsó en 1988 la Ley de Costas que ha intentado proteger el maltrecho litoral español. Eso ha supuesto la piqueta para decenas de edificios construidos en un terreno considerado público, la línea de costa.
Pero las cosas podrían cambiar, en favor de las viviendas y en contra del medio ambiente. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya anunció hace una semana la reforma de la Ley de Costas.
Arias Cañete garantizó que la nueva ley no introducirá "desmanes urbanísticos". Según el ministro, la reforma se pondrá en marcha para mejorar la seguridad jurídica y hacer compatible la protección medioambiental con "una actividad económica generadora de empleo y sostenible".
Si hacemos caso al ministro y a las palabras –este martes– de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma podría anteponer las viviendas al litoral y salvar muchas casas de la piqueta.
Seguridad jurídica de las viviendas
En el Senado, Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.
Respondía así al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que había mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", había dicho.
Asegura la vicepresidenta que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".
Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.
Ponerle puertas al litoral
La Ley de Costas establece que los bienes del Dominio Público Marítimo Terrestre estatal son la ribera del mar y de las rías, que incluye hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, y las playas, incluyendo escarpes, bernas y dunas.
La ley establece dos zonas de servidumbre, además de la servidumbre de acceso al mar: las zonas de servidumbre de protección, que comprenden los 100 metros de tierra desde el límite interior de la ribera del mar; y las zonas de servidumbre de tránsito, que comprenden la franja de 6 metros de tierra a partir del límite interior de la ribera del mar.
La aplicación de la Ley de Costas afecta a las viviendas y propiedades que se encuentran en el Dominio Público Marítimo Terrestre estatal y zonas de servidumbre.
* 20 Minutos - 29.2.12
Foto: Aguilas - bahía del hornillo - greenpeace 2006
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha otorgado al Ayuntamiento de Castellón un plazo de dos meses para que ejecute la sentencia que, en 2008, anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. La sentencia anuló el planeamiento por un defecto de forma y ahora el TSJ ordena al Consistorio que, en ese plazo, lleve a cabo el trámite de información pública “teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes, materiales y jurídicas, en el momento en el que se realice dicho trámite”, tal como señala una providencia notificada ayer.
El TSJ ya anuló, en 2008, el Plan General de Castellón pero el Ayuntamiento, que entonces presidía Alberto Fabra, interpretó el fallo y no lo declaró nulo, sino que trató de legalizar el planeamiento aprobado de forma irregular con un “simulacro de cumplimiento”, según dictó en una sentencia el Tribunal Supremo después de que varios vecinos exigieran el verdadero cumplimiento del fallo que lo declaraba “radicalmente nulo”.
“Es una oportunidad que tienen para hacer un planeamiento acorde al momento en el que nos encontramos y cumpliendo con todas las normas”, declaró ayer uno de los vecinos que exigieron la ejecución de la sentencia.
El actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, ya dijo la semana pasada que el Consistorio no iba a ejecutar la sentencia de forma voluntaria y señaló que hasta que el Tribunal Superior de Justicia no instara a la ejecución forzosa de la sentencia, el plan urbanístico “sigue vigente y se puede seguir aplicando”. Ahora, tendrá que ejecutarla porque así lo ha dictado ya la sala de lo Contencioso del TSJ.
* El País - MARÍA FABRA Castellón 29 FEB 2012
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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AMBIENTUM* : España admite que probablemente la Unión Europea le impondrá una multa de 20 a 50 millones de euros, un cálculo que se basa en sanciones anteriores que ya se han puesto a países como Luxemburgo y Bélgica, teniendo en cuenta el tiempo de incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, así como el número de procedimientos abiertos.
Así, el incumplimiento en cuanto a la existencia de colectores y por la falta de algunas estaciones depuradoras, ha provocado que el Reino de España esté incurso de dos procedimientos sancionadores y en una solicitud de información previa a un posible tercer procedimiento sancionador.
Respecto a la condena económica, se basa en las sanciones impuestas a Bélgica y Luxemburgo. Concretamente, Luxemburgo tiene un procedimiento abierto por 4 aglomeraciones urbanas de las 12 que tiene todo el país, en un país cuyo total del territorio nacional ha sido declarado zona sensible, mientras que España tiene un primer procedimiento abierto para 38 depuradoras.
Así, la Comisión Europea ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia Europeo las siguientes multas para Luxemburgo: Una multa coercitiva de "no menos de 2,3 millones de euros" que se ha calculado en 11.340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2006. Además, se propone una suma a tanto alzado de 1.248 euros desde el día en que se dictó sentencia hasta que se ejecute la sentencia dictada, lo que supondría 4,1 millones de euros al año por verter en zonas sensibles.
A este respecto, fuentes del MAAMA han manifestado a Europa Press que el ministro, Miguel Árias Cañete, mantuvo la semana pasada conversaciones en Bruselas con varios de sus homólogos y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, la semana pasada en Nairobi (Kenia) con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, para explicarles que la situación ha mejorado y que, aunque va despacio, se está trabajando "a marchas forzadas". De hecho, apuntan que de los 26 puntos difíciles que había en 2010, "ahora" se ha reducido a 20 aglomeraciones urbanas.
Entre otras tecnologías a utilizar, contempla el reciclado de 650 hectómetros cúbicos al año; la desalinización mediante nuevas inversiones y estrategias; la gestión de eventos extremos y sequías así como la recuperación medioambiental y el apoyo a las empresas españolas con experiencia en agua, tanto a nivel nacional como internacional.
* Ambientum - 28.02.12
Foto: Aguas residuales - renovablesverdes
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ELMUNDO/Huelva* : El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Palma, tribunal que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007, a denuncia de una vecina jubilada que asegura haber sido "profundamente engañada" por Sánchez.
Según la providencia del juzgado fechada el pasado lunes, el ex regidor socialista comparecerá ante la juez como imputado el próximo 5 de marzo, declaración que forma parte de las diligencias previas abiertas por el tribunal, que decidió reabrir el caso el pasado 4 de enero tras recibir denuncia ampliatoria sobre los hechos.
La denuncia presentada por María Josefa López Valenciano contra el ex primer edil de Bollullos, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, apunta a los delitos de estafa, hurto, daños, prevaricación y amenazas, ya que, según la denunciante, Sánchez le llegó a amenazar con "pasarlo muy mal" si finalmente tomaba la decisión de denunciarlo.
Según la denuncia, Josefa López heredó de sus padres, junto a su hermana, una casa construida en 1880 en la calle Calvario de la localidad, donde pretendía instalarse a pasar los años de jubilación tras regresar de Ginebra donde había emigrado. El Ayuntamiento estaba interesado desde la década de los 90 en adquirir la vivienda para demolerla y construir una plaza pública, pero nunca llegaron a un acuerdo. Así, durante años el consistorio le denegó licencia para realizar obras de rehabilitación, lo que provocó que en 2002 fuese declarada en ruinas.
En 2003, siendo alcalde Carlos Sánchez, se llega a un acuerdo verbal que sería ratificado por escrito en 2005, por el cual el consistorio se queda con la casa y a cambio autoriza a la vecina a construirse una nueva vivienda en un terreno no urbanizable bajo la promesa de que el solar sería recalificado. Además, los costes de urbanización "quedarían compensados con la cesión de su parte de la casa", valorada en poco más de 27.000 euros.
Sin embargo, tan sólo unos meses después empezaron los problemas que desembocaron en una orden de demolición de la nueva vivienda y en una multa que ya roza los 90.000 euros, que originó el embargo de su pensión. Además, el acuerdo nunca fue ratificado en pleno y la vieja casa de la denunciante fue echada abajo sin expediente de expropiación y sin previo aviso.
"Me han quitado todo lo que era de mi madre y los recuerdos de mi pasado", lamenta Josefa López en su denuncia, en la que destaca que a su hermana no le han pagado su parte y ni tan siquiera se pusieron en contacto con ella, y que, para colmo, aún le sigue llegando a nombre de su padre el recibo para pagar el IBI.
Cuarta imputación
Con esta imputación, el ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado suma ya cuatro. A falta de que la juez de La Palma determine si hay indicios de delito para seguir adelante con el procedimiento judicial y si es así especificar los delitos, Carlos Sánchez está imputado de prevaricación en tres causas anteriores, dos de ellas por irregularidades urbanísticas y otra por adjudicar el contrato de recogida de basuras a una empresa aún a sabiendas de que el Ayuntamiento no tenía dinero para pagarlo.
Según fuentes consultadas por este periódico, la dirección del PSOE de Huelva está tratando de "quitarse de en medio" a Sánchez y ya tiene sustituto. Sin embargo, hace tan sólo unos meses la cúpula socialista onubense, liderada por el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, defendió la candidatura de Sánchez a la Alcaldía de Bollullos para las elecciones municipales del pasado mayo, a pesar de que ya estaba imputado por irregularidades urbanísticas.
* El Mundo - José Carlos Aguado - 23.2.12
Foto: Bollullosdel Condado (Huelva) - visitingspain.es
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ELPAÍS/Madrid* : La Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA, la empresa municipal de la vivienda) ha presentado esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 6 concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago de 266 millones de euros que tiene de pasivo. Así lo ha comentado el primer teniente de alcalde y presidente de la sociedad, Óscar Romera, que ha asegurado que las cerca de 600 casas que quedan por entregar de las cinco promociones pendientes de construir se terminarán y se entregarán a sus adjudicatarios. El PSOE, por su parte, cree que la situación de la empresa no es "tan negativa como quiere vender el PP" y que su última intención es acabar con los pisos sociales que tanta fama han dado a Alcorcón.
Según Romera, EMGIASA no tiene liquidez para hacer frente a todos los pagos y a las obligaciones derivadas de la compra e hipoteca de parcelas, en su mayoría en el Ensanche Sur. Este nuevo barrio de Alcorcón está formado por un 85% de viviendas sociales. En su opinión, el principal problema es que se han acometido obras para los que no había como el macrocentro de cultura y ocio CREA que ha supuesto un desembolso de unos 80 millones de euros y que necesita un gasto adicional de otros 40 para concluirlo y dotarlo.
"El modelo de gestión de la empresa no era malo si solo se hubiera dedicado a construir viviendas sociales. El problema es cuando se genera un deudón como el que no hemos encontrado por hacer obras faraónicas para las que no había dinero ni necesidad", ha explicado el presidente de EMGIASA. "No queríamos adoptar esta medida de pedir el concurso de acreedores pero no ha quedado otro remedio dado que solo hemos podido rebajar 66 millones en los últimos meses", ha añadido.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, ha acusado al PP de querer desmantelar la empresa municipal sin haber aportado la documentación económica-financiera que acreditara la situación de EMGIASA. "Esto es una locura. Su principal intención es que quieren desmantelar la vivienda pública en Alcorcón, lo que no tiene sentido, sobre todo, cuando presentan unos presupuestos municipales con un superávit de 18 millones de euros", ha destacado De Andrés. Esta ha recordado que la empresa tiene un patrimonio ejecutable y libre de cargas de cerca de 200 millones de euros. "Solo se dedican a hablar de la deuda, pero no del activo ni de las cuentas pendientes de cobro. Han querido provocar la insolvencia cuando no existe", ha concluido la edil socialista.
* El País - 28.2.12
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org
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FRANCISCO SOLER DUQUE* : Con la solución que opera el Decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, la Junta ha decido convertirse en la gallinita ciega de este esperpéntico y macabro juego que se deja ayudar siguiendo las pistas de los ayuntamientos, quienes dándole vueltas y riendo le cantan: Gallinita, gallinita ¿Qué se te ha perdido en el pajar?/Una aguja y un dedal/Da tres vueltas y la encontrarás, le dicen.
Chanzas a parte, la solución arbitrada por el decreto puede calificarse de premio a la mala gestión para aquellos que teniendo la obligación de conseguir que la actividad urbanística cumpliera con los fines de: desarrollo sostenible y cohesión de las ciudades; vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales; subordinación de los usos del suelo al interés general definido por la LOUA; así como el de las edificaciones y construcciones; decidieron jugar al juego de la gallinita ciega permitiendo por omisión la construcción de 250.000 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable en Andalucía se hayan regido por los principios de la política social y económica contemplados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española, a los que por mandato de la ley urbanística andaluza está subordinada la ordenación urbanística.
Hay en el decreto un dato concreto que confirma lo que he señalado y que nos lo proporciona el artículo 17: la no computación de los terrenos ocupados por asentamientos ilegales a los efectos de determinar los límites de crecimiento superficial que impone el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, en unión con los planes subregionales. Para ello parte de la ficción jurídica que tal ocupación no existe.
Inevitablemente la situación creada nos lleva a preguntarnos cómo ha quedado el Estado de Derecho en Andalucía. La respuesta no puede ser otra que: quebrado, ante el fallo generalizado de todos los mecanismos y controles previstos en la ley. Y esta quiebra no puede ser atribuida únicamente a una de las administraciones públicas implicadas pues tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía obviando el mandato de atribución competencial conjunta que les asigna la LOUA, decidieron mirar hacia otro lado. Los primeros permitiendo tales construcciones y no ejerciendo las potestades de disciplina urbanística que tienen atribuidas o aprobándolas en otros casos mediante expedientes urbanísticos que no cumplían los requisitos exigidos por la ley, pues no es creíble que se puede invocar desconocimiento en los pequeños pueblos donde todo se sabe. Pero hablemos claro, en los pueblos en la mayoría de los casos se pregunta al alcalde, aunque sea de manera hipotética. ¿Debemos creer entonces que los alcaldes pasaban el día encerrados en sus despachos sin contacto con la realidad de su municipio? Y respecto a la Junta de Andalucía: ¿acaso nunca llegaron denuncias de los ciudadanos, acaso nunca se comentó por los alcaldes y concejales del partido en el gobierno de la comunidad autónoma en las reuniones de conmilitones la situación que se estaba viviendo en sus respectivos municipios?. Cabe pensar pues que la Junta también miró hacia otro lado y decidió no ejercer las competencias urbanísticas atribuidas.
Resulta llamativo por demás que ninguna voz, desde ningún rincón, se haya alzado pidiendo la exigencia de responsabilidades a quienes permitieron tal estado de cosas. La explicación quizás haya que buscarla en el hecho que ante la magnitud del destrozo paisajístico y ecológico y la total ausencia de los principios de ética ciudadana que han demostrado (unos y otros), no han querido coger el toro por los cuernos pensando en que sería su muerte política, cuando de haber actuado como debían podría haber constituido el primer acto de valentía de nuestros responsables políticos frente a la corrupción, la primera actitud de cambio político que está reclamando la sociedad, sin perjuicio de los muertos políticos y las condenas judiciales que se hubieren debido derivar de aquella etapa. Cabe pensar pues que tal actitud fue una mezcla de cálculo interesado y cobardía política. En uno y otro caso quienes han actuado de esta manera no merecen ocupar el cargo de representantes de los ciudadanos o representantes de las instituciones en Andalucía. Señalar además que la quiebra del Estado de Derecho que ha supuesto esta situación de rebelión institucional de nuestros representantes a los principios y mandatos de la Constitución y la traslación a los ciudadanos del mensaje que todo vale, junto con la ausencia de voces críticas que desde dentro reclamen la exigencia de responsabilidades, ahondará la pérdida de confianza de los ciudadanos en representantes políticos e instituciones.
El decreto lejos de resolver el problema como proclama la administración autonómica, lanza el mensaje de que cuando el urbanismo salvaje vuelva a ser otra vez un problema insostenible se aprobará una norma que otorgue una nueva amnistía urbanística. Así, mientras el incumplimiento de la ley salga gratis a quienes son los encargados de su implementación y disciplina, continuaremos viviendo en el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje.
* La Opinión Málaga - 28.2.12
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ELPAÍS/A Coruña* : La Xunta “vulneró la legalidad ambiental” en la laguna litoral de A Frouxeira durante años y por partida doble. El Gobierno gallego carece del plan de gestión obligatorio para este hábitat prioritario y autorizó vaciados artificiales sin informes que lo justificasen saltándose la normativa europea, estatal y autonómica que regula el humedal. Así lo rubrica un informe del Seprona muy crítico con la errática gestión que la Consellería de Medio Ambiente ha realizado de un espacio único y cinco veces protegido por su valía ambiental (Red Natura, LIC, ZEPA, Zepvn y Ramsar) que se ha deteriorado notablemente en la última década a base de permitir aperturas abruptas con maquinaria pesada para rebajar la lámina de agua sin estudios científicos que lo acreditasen y sin medir los riesgos.
“La Xunta no cuenta con ningún instrumento de gestión oficialmente aprobado para este humedal (en fase de elaboración)”, señala el informe del Seprona, para subrayar que con cada vaciado la Administración autónoma “ha vulnerado doblemente la normativa ambiental: por realizar actuaciones no planificadas y por no contar con dicho plan”.
En un documento de 22 páginas, la Guardia Civil achaca buena parte de la culpa del precario equilibrio que arrastra la albufera de Valdoviño a los sangrados artificiales que se consintieron para desaguar el lago, especialmente los ejecutados de 2007 a 2009, y que casi desecan un humedal catalogado por la comunidad internacional por las peculiaridades de su flora y fauna. Señalan directamente a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente como “la autoridad responsable” de gestionar este espacio y eximen de culpas al Ayuntamiento de Valdoviño “que carece de competencias ambientales”.
El documento que ha redactado el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de A Coruña responde a la petición del juzgado ferrolano, que investiga si hubo un delito de daños durante el desborde de la laguna que del 12 de diciembre al 30 de enero anegó la carretera y el paseo marítimo y bloqueó la única pista de acceso a 17 fincas privadas con 14 viviendas y una treintena de vecinos.
El Seprona se remonta al Prestige para explicar los cambios que alteraron la dinámica de un lago que históricamente se nivelaba a través de un desagüe natural que serpenteaba por la playa hacia las rocas de A Percebelleira. Para cortarle el paso a la marea negra en 2002, la Xunta colocó una barrera de piedras que dos años después se retiró “de forma totalmente inadecuada”. Los investigadores exponen que de 2004 a 2008, el lago “ofreció un funcionamiento ecológico anómalo por las alteraciones en su ciclo hidrológico”. La situación se agravó durante los dos años siguientes cuando el Gobierno gallego consintió que las excavadoras partieran por la mitad la estrecha barrera de arena que separa el lago del mar para abrir un canal por el que se precipitó el agua en torrente.
En 2008, señalan, se produjo “un vaciado total y enérgico que destruyó 500 metros cuadrados del sistema dunar” y que condenó a la laguna a un “estado ecológico irregular”. El humedal se volvió a quedar prácticamente seco en 2009 tras una nueva chapuza medioambiental autorizada por la Consellería de Medio Rural y mal ejecutada —y pagada— por el Ayuntamiento de Valdoviño. En tres meses, el lago se sangró tres veces (26 de octubre, 20 de noviembre y 16 de diciembre de 2009) y el resultado fue tan desastroso que sublevó a los ecologistas y llegó al Parlamento gallego y a la UE a través de varias denuncias.
En 2010, y con los ambientalistas vigilando con lupa, la laguna no se tocó y a finales de 2011 se desbordó por completo ante la negativa de Medio Ambiente a intervenir en la zona. Durante mes y medio, la conselleria dejó que el humedal inundase el paseo pese a las quejas airadas de los vecinos afectados, y rectificó 49 días después para abrir una zanja inservible en la arena con maquinaria pesada.
Una ola solucionó el problema el 30 de enero abriendo un caño del lago al mar que acabó con el problema y sacó los colores a la Administración, que ya se había gastado una cantidad indeterminada de dinero público en una obra inútil. El Seprona también señala que el paseo marítimo se construyó por debajo de la cuota de inundación y Costas se plantea elevarlo.
* El País - LORENA BUSTABAD Ferrol 24 FEB 2012
Foto: Estado en el quedó el humedal de Valdoviño en enero de 2010 cuando lo secó la Xunta. / GABRIEL TIZÓN
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