Despilfarros históricos que causan vergüenza: La Peineta

ELSOPLÓN/Madrid* : El 6 de septiembre de 1994, La Peineta fue inaugurada por todo lo alto, con 21.000 espectadores y la presencia de importantes deportistas de élite internacionales. El éxito de los Juegos de Barcelona 92 aún estaba reciente y Madrid soñaba con sumarse a la carrera olímpica.
Ahora, dos décadas después, el estadio se encuentra desolado. Su remodelación sufre continuos retrasos. El que se supone que será el nuevo estadio deportivo del Atlético de Madrid tiene pendiente iniciar las obras del proyecto que lo convertirán en un moderno campo de fútbol. Sin embargo, aún no se sabe cuándo comenzarán a ejecutarse, pese a que las obras tenían que haberse iniciado hace más de dos años. Achacan el abandono del proyecto a la crisis económica.

Las obras de La Peineta han sido anunciadas en diversas ocasiones desde que el club rojiblanco firmó con el Ayuntamiento el convenio para el traslado al nuevo estadio. Sin embargo, han pasado tres años desde esa firma y las obras continúan sin iniciarse.

En 2009, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, señaló que las obras estaban en marcha y que finalizarían en 2013. Sin embargo, no fue así y, a día de hoy, La Peineta sigue siendo un páramo desolado.

Después de haber sido proclamado uno de los mejores espacios deportivos del mundo y recibido numerosos elogios, La Peineta es un campo abandonado. 45 millones de euros despilfarrados.


* El Soplón - 24.2.12
Foto: la peineta

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San Glorio, una estación de esquí sin nieve y de espaldas a la ley

DIAGONAL/Palencia* : La crisis económica ha ralentizado, de momento, un proyecto cuyo desarrollo pone en peligro la cordillera Cantábrica: la estación de esquí de San Glorio, en el norte de las provincias de Palencia y de León, que afectará al Parque Natural de Fuentes Carrionas, Fuente Cobre y Montaña Palentina y al Parque Regional de Picos de Europa de León.
El proyecto, que surge en 2003, prevé la construcción de un centro de ocio invernal, mediante un proceder que Javier Escudero, miembro de Ecologistas en Acción de Palencia y portavoz de la Plataforma en Defensa de San Glorio (PDSG), califica como ejemplo “de libro” de cómo funciona la especulación inmobiliaria en este país: “Hacerse con los terrenos circundantes, rústicos y urbanos a bajo precio, construir urbanizaciones, venderlas a un precio mucho más alto y con las plusvalías mantener en funcionamiento la estación que por sí misma es deficitaria”.

Las reacciones no se hicieron esperar. En 2003 se creó la Plataforma en Defensa de San Glorio, integrada por más de cien colectivos y miles de personas a título particular. Han recogido más de 20.000 firmas en contra del proyecto, realizado concentraciones, charlas explicando la conexión esquí y ladrillo, han elaborado informes técnicos, enviado una queja a instancias comunitarias europeas, etc.

Grave impacto ambiental

La zona, dedicada a la actividad ganadera, no cuenta con infraestructuras de ningún tipo. Por lo tanto, el proyecto incluiría la construcción de urbanizaciones, carreteras, ca- minos, redes eléctricas, alcantarillados, antenas de telefonía, balsas de agua, contenciones y desvíos de corrientes de agua, vallas de contención de aludes, etc., para lo que serán necesarios corrimientos de tierras, remontes, etc.

Para Escudero, las consecuencias más importantes serán la “contaminación de las aguas en sus tramos más puros; erosión de los terrenos por la captura y desvío de los cursos fluviales y los movimientos de tierra; la contaminación del aire por la emisión de CO2 de miles de coches circulando por el terreno, así como la

ENTRE OTRAS CONSECUENCIAS, EL PROYECTO CONTAMINARÁ EL AGUA, EROSIONARÁ EL TERRENO Y PROVOCARÁ LA EXTINCIÓN DEL OSO PARDO EN LA ZONA

emisión de ruidos constantes provocando la huida de la avifauna”. El representante de Ecologistas añade que además la zona donde se pretende construir la estación de esquí está incluida en la Red Natura 2000, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, la estación llevará consigo la desaparición de especies emblemáticas vegetales únicas y la destrucción del hábitat osero más importante de la población oriental, que incidiría, según los expertos en la consiguiente extinción del oso pardo en esta parte de la cordillera Cantábrica.

Por su parte, la Administración regional no facilita información sobre el proyecto, por lo que se desconoce incluso si existe un estudio de impacto ambiental. El geógrafo de la Universidad de Valladolid, Ramón Pellitero, considera que la estación de esquí será “una agresión” si no se replantea su diseño.

Con fondos públicos

Según los propios promotores, el proyecto necesitaría de la pista de esquí y supondría un coste de alrededor de 100 millones de euros, a los que habría que añadir los costes de las infraestructuras de accesos que superarían los 60 millones. La Junta de Castilla y León se haría cargo del coste de las infraestructuras y de un tercio de los costes de construcción y gestión de la pista, amparándose en la declaración del proyecto como iniciativa empresarial de interés publico prioritario, lo que Escudero califica como “una auténtica blasfemia social y económica”.

Las empresas promotoras son principalmente inmobiliarias: Fuentes Carrionas SL, Estación de esquí Tres Provincias SA, (de la que son accionistas empresas como Hormigones Saldaña, Fraya, El Enebro –del grupo Eulen– y con ellas empresarios como Crescenciano Lora Hernández, Jesús Alfonso Hervella y David Álvarez, entre otros.

Maniobras legales

La Ley del Parque Natural Fuentes Carrionas prohibía la instalación de estaciones de esquí (junto con el almacenamiento de residuos nucleares). Ante ello, la Junta de Castilla y León elaboró un Real Decreto en el año 2006 modificando dicha normativa. Pero el Tribunal Superior de

LA JUNTA PAGARÁ LAS INFRAESTRUCTURAS, 60 MILLONES DE EUROS, Y UN TERCIO DE LOS 100 MILLONES QUE COSTARÁ LA PISTA

Justicia de Castilla y León emitió a principios de 2008 hasta tres sentencias anulando las modificaciones hechas por el ejecutivo regional. Pero la Junta no acató estas sentencias. Para ello puso en marcha varias maniobras y finalmente modificó algunas leyes. Por un lado, modificó la Ley del Territorio, posibilitando la aprobación de cualquier proyecto regional como proyecto de ley, con la consideración de utilidad pública, lo que impidió interponer contra esos proyectos.

Por otro lado, modificó la Ley de este parque natural, sustituyendo el decreto suspendido por el Tribunal de Justicia regional por una ley (Ley 5/2010 de 28 de mayo). Además aprobó la Ley de Directrices de Ordenación Territorial de la Montaña Cantábrica Central, único documento existente en la Junta que incluye territorios diferentes de dos provincias (Palencia y León), y que no cumple los requisitos legales. Incluso, la Junta ha sido acusada de plagio porque encargó la redacción de esa ley a una empresa externa (con un coste de 300.000 euros) y ésta lo realizó mediante ‘corta y pega’ de varias páginas web, principalmente de rincondelvago.com.

Ley para blindar el proyecto

Por último se propone sacar adelante el proyecto mediante la ley de caso único o ley ad hoc (para blindar el proyecto) declarándolo de interés regional y eludiendo así cualquier tipo de responsabilidad jurídica y presentar un tipo de estudio técnico que demuestre la compatibilidad de esta actividad con la conservación del patrimonio natural que conforma el parque. Este procedimiento se plasmó en 2010, con la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Fomento de Castilla y León, para ahorrar gastos; lo que supone fusionar intereses contrapuestos, supeditando las actuaciones medioambientales a las iniciativas de Fomento. Para Ecologistas en Acción el proyecto no es viable ni económica ni técnicamente. Porque su puesta en funcionamiento depende de ayudas que acarrearán un déficit público importante, y cuando esas ayudas cesen la estación de esquí irá a la ruina.

SEGÚN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EL PROYECTO NO ES NI ECONÓMICA NI TÉCNICAMENTE VIABLE POR LA AUSENCIA DE NIEVE

La Organización Mundial del Turismo ha reconocido la crisis en el sector del esquí, en los países del Sur, por el cambio climático y por el aumento de precios de la hostelería. A eso se une la escasez de precipitaciones derivada del aumento progresivo de las temperaturas y la mala calidad de la nieve por la humedad en esa zona debido a la cercanía del mar.


* Diagonal - FERNANDO PASTOR - 9.2.12
Foto: SAN GLORIO. Panorámica de la cordillera donde se construiría la estación de esquí.- Álvaro L.G.

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La Xunta abre toda la costa a la instalación de piscifactorías

ELPAÍS/Galicia* : Toda la costa gallega, incluidas las islas Cíes y el resto del Parque Nacional Illas Atlánticas, es susceptible de albergar piscifactorías, de acuerdo con el adelanto del Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL) realizado ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana. La única diferencia radicará en las distintas medidas de protección ambiental que deberán superar, aunque ni Feijóo ni Quintana explicaron en qué consistirán. En cualquier caso, más de la mitad del litoral, hasta15.000 hectáreasde un total de 28.000, las consideradas de menor valor medioambiental, quedaron ayer desbloqueadas para la implantación de piscifactorías anticipándose al propio plan director.

El Consello de la Xunta facultó ayer a Mar a “impulsar” del PDAL. Feijóo fue más allá y anunció, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno gallego, “la aprobación” misma del plan. Lo que sí se aplica desde hoy es una clasificación del suelo litoral en cuatro zonas, de la1 ala 4. Laszonas 1 y 2, consideradas de menor valor, no tendrán que someterse a más requisitos que una orden conjunta de las consellerías de Mar y Medio Ambiente sobre el régimen de evaluación ambiental. La 3 y la 4 entrarán en vigor en octubre, con el propio PDAL, pero se desconoce con qué exigencias. De la orden conjunta, que no fue facilitada a los medios de comunicación, solo ha trascendido que quedan exentas de evaluación de impacto ambiental todas las plantas con una producción anual inferior a 500 toneladas y que no afecten ala Red Natura, sean en la zona que sean.

Según avanzó Rosa Quintana, en todas las zonas se podrán implantar plantas acuícolas. La polémica piscifactoría de Touriñán, impulsada por Pescanova, que la conselleira aseguró que se impulsará en octubre, esta clasificada en una zona 4, con el mismo grado de protección que las islas Cíes, por poner un ejemplo que Quintana no excluyó por razones ambientales ni del PDAL, sino de renbailidad, debido a la dificultad de las comunicaciones.

“Cualquier planta se puede colocar en cualquier zona”, reiteró la conselleira, que recordó quela Unión Europeapermite la implantación de piscifactorías en Red Natura. Las intenciones de la Xunta quedaron claras con la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, que autorizaba la instalación de plantas acuícolas incluso en el área de mayor protección de las tres en que dividióla costa. Lazona que ayer quedó abierta a la libre instalación de piscifactorías supone el 53% del abarcado por el PDAL y el 7,5% del incluido en el Plan del Litoral.

Las únicas exigencias que se conocen hasta ahora figuran en una guía, aprobada ayer, de “criterios de sostenibilidad e integración paisajística”, en la que figura únicamente “un conjunto de recomendaciones” a las empresas que promuevan instalaciones de producción acuícola. Consultada al respecto la consellería, ofreció la siguiente contestación: “La diferencia en la tramitación de establecimientos acuícolas en los diferentes niveles de protección estriba en los niveles de exigencia que se adoptarán en función de cada caso, e irá estrechamente vinculada al nivel de protección medioambiental de la zona”.

Feijóo y Quintana aseguraron no obstante que la Xunta será “rigurosa” en las exigencias ambientales. Junto con la guía, la Xunta aprobó ayer la cartografía en la que se distinguen las cuatro zonas de distinta protección, fruto de un trabajo conjunto de las consellerías de Mar y Medio Ambiente.

La conselleira de Medio Rural e do Mar admitió que “hay interés” en el sector para la promoción inmediata de proyectos acuícolas. Quintana no aclaró si Pescanova y su proyecto para Cabo Touriñán están entre esas propuestas para el desarrollo inmediato. El presidente de la Xunta aseguró que con el impulso al Plan Acuícola, su Gobierno pone fin a “cuatro años de parálisis” en la acuicultura. “Dotamos a los emprendedores del instrumento necesario para crear trabajo, siendo respetuoso con el medio ambiente”, añadió.


* El País - PABLO LÓPEZ Santiago de Compostela 9 FEB 2012
Foto: Imagen de la planta acuícola de Stolt Sea Farm en Cabo Vilan. / ANXO IGLESIAS

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Los bancos abaratan sus viviendas pero no la financiación

JUANDE PORTILLO* : Esta reforma busca, uno, que salgan viviendas al mercado a precios reducidos, de lo que se van a beneficiar todos los españoles. O los españoles que quieran comprar vivienda", avanzaba hace una semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, al presentar la reforma del sistema financiero español aprobada por el Gobierno. "Y dos, que las entidades españolas, al ser más saneadas, más fuertes, más transparentes y al tener mejor gobierno corporativo, puedan dar crédito, que no está ocurriendo en estos momentos", concluyó. Sin embargo, mientras que los expertos coinciden en que el primer objetivo se cumplirá, en mayor o menor medida, y el precio de los inmuebles seguirá cayendo, desde las propias entidades admiten que las condiciones de financiación, más duras hoy que hace un año, no tienen visos de mejorar.
Basta con darse una vuelta por algunas sucursales de las principales entidades del país para comprobar ambas tendencias. "No es el mejor momento para comprar. Las condiciones son mucho peores que hace unos meses", admiten desde una oficina de Banco Santander situada en Madrid. Esta entidad ofrece financiación sobre el 70% del precio de la compra, frente al 80% que llegan a cubrir la mayoría, con un tipo de interés de euríbor (sobre el 2%) más 2,75%, revisable anualmente, para una hipoteca a 30 años. Estas condiciones impiden pasar el filtro de riesgo a un cliente sin préstamos previos, con una nómina mensual de 2.000 euros interesado en adquirir una vivienda de 250.000 euros -más un 10% de gastos- pues, aparte de que tendría que contar con un ahorro previo de 100.000 euros, la cuota mensual, al 4,75%, asciende a unos 915 euros. Para cumplir con el límite del 35% de ingresos mensuales dedicados a la hipoteca que establece el banco, la cuota mensual no puede superar los 770 euros.

Existe, claro, la posibilidad de optar por un inmueble embargado por la entidad, que suele contar con precios y condiciones más ventajosos. Así, para los inmuebles gestionados por Altamira, la filial inmobiliaria de Santander, el banco llega a financiar un 100% de la compra y reduce el diferencial sobre el euríbor al 1,25% (interés final del 3,25%, aproximadamente). Así, la entidad permitiría al cliente antes mencionado adquirir una vivienda de 200.000 euros, con una hipoteca a 40 años por todo el montante de la transacción, y una cuota mensual media de 745 euros.
Aun así, en el propio banco reconocen que, aunque "ya hay auténticos chollos" en la cartera inmobiliaria de pisos adjudicados por los bancos, aún hay mucha rebaja pendiente. "Los pisos ya están bajando, pero ten en cuenta que como ahora se da uno o dos años a las entidades para sanear en función de si deciden fusionarse o no con otras firmas los precios seguirán abaratándose hasta 2014", estiman.
Al preguntar en BBVA, la entidad ofrece, de entrada, cubrir el 80% de la compra de un piso ajeno a la cartera inmobiliaria de la entidad, con lo que el interesado solo tendría que cubrir 50.000 de los 250.000 euros del inmueble (gastos aparte). Con unos ingresos de 28.000 euros anuales, sin embargo, BBVA adjudica al cliente un perfil de "riesgo alto" por lo que le recomienda firmar la hipoteca a 40 años para diluir el coste mensual a 714 euros. El diferencial de partida sobre el euríbor es ahí del 2,72% (4,72% en total) pero al cliente se le aconseja firmar un fijo del 2,989% durante los tres primeros años para "compensar posibles subidas del euríbor". Rebajar este coste pasa, principalmente, por aumentar la vinculación con la entidad, que reduce 0,20 puntos si se domicilian nómina y recibos y se contrata un seguro de hogar; 0,25, si además se acepta la tarjeta de crédito y un seguro de vida y hasta 0,30 puntos menos sobre el diferencial si se hace una aportación anual de 600 euros a un plan de pensiones. En el caso de interesarse por las viviendas de la entidad, BBVA promete alcanzar un 100% de financiación y valorar el resto de costes en función del cliente.
Mucho más proactivos en la venta de su propio stock de viviendas -uno de los mayores del sector- se muestran en las sucursales de Bankia, donde se propone un coste de euríbor más 1% a 1,5% para el catálogo de www.hogares.es, frente al diferencial del 2,5% al 3% (hasta un 5% de interés final) al comprar un piso que no sea del banco. En la oficina plantean incluso la posibilidad de que los gastos asociados, en torno a un 10% de la compra para pagar al notario y los impuestos, sean incluidos en la factura de la hipoteca, con lo que la financiación excede del 100% del inmueble.
"Todos los precios son negociables", conceden en CaixaBank, donde invitan a pujar por las viviendas recogidas en Servihabitat. La entidad catalana, que permite al cliente dedicar hasta un 40% de sus ingresos al pago de la hipoteca, se muestran más reacios a rebajar el diferencial sobre el euríbor del 2,5%.
Con independencia de que existen algunas ofertas más ventajosas que las aquí citadas, y que cada situación particular es negociable, lo cierto es que todas suponen un fuerte desembolso en intereses en comparación al requerido hace un año (ver tabla). Entonces, el cliente tipo mencionado tenía la posibilidad de acceder a una hipoteca a euríbor más 0,25%, mientras que hoy se iría al euríbor más 1% con suerte. Según los datos recogidos por la página de inversión www.helpmycash.com, la TAE en 2011 oscilaba entre 1,73% (Bankinter) y 2,58% (Caja Granada), en 2012 va del 2,19% (Caja de Canarias) al 3,85% (BBVA). "El precio de la financiación que dan los bancos para sus pisos es hoy más alto que el que daban en 2011 para otros pisos", analizan.
El coste neutraliza la exención
De hecho, este sobrecoste, llega a anular el reclamo que supone la rebaja de precios de la vivienda. Esta es la conclusión a la que ha llegado Sociedad de Tasación en un reciente informe sobre la comercialización de inmuebles en España, que detalla como el diferencial medio aplicado por la banca en 2007 rondaba el 0,7%. El actual precio del crédito inmobiliario, sostiene el director general de la tasadora, Juan Fernández Aceytuno, incluso "neutralizará la ventaja de la deducción fiscal para la compra de casas o el IVA superreducido que pasó del 8% al 4%".
"La reforma puede influir en el precio de la vivienda, provocar correcciones del 30% o 35%, pero las entidades no van a ser más activas de lo que ya son en cuestión de porcentaje de financiación o diferenciales", desarrolla María Romero, de Analistas Financieros Internacionales, donde se muestran "reacios a pensar que la reforma vaya a traer más crédito". De un lado, continúa, "los mercados mayoristas están cerrados, y aunque ya ha habido alguna emisión de deuda y el Banco Central Europeo ha abierto una ventana de liquidez, ese crédito está yendo a cubrir vencimientos y exposición a deuda soberana: no llega a la economía real", asume. De otra parte, la banca cobra más por prestar dinero "ante la probabilidad de incumplimiento del cliente y a día de hoy el riesgo de impago es mayor con la tasa de paro", explica Romero. "No volveremos a los 50 puntos básicos sobre euríbor que vimos en 2006 o 2007". Para rentabilizar la operación, concluye, la entidad asociará la hipoteca a productos como seguros.
Y a más coste, menos clientes potenciales. Por lo pronto, el volumen de préstamos hipotecarios bajó un 30% el pasado año. "Hay que entender que el riesgo y las expectativas son complicadas", expone el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, que admite que el sobreesfuerzo de saneamiento y recapitalización de las entidades no permitirá una expansión de crédito al menos "durante este año". Santos confía, sin embargo, en que a la larga "cuando haya estabilidad económica, más liquidez y el efecto de la recapitalización, los diferenciales tiendan a relajarse un poco".
Las cifras
70% es el máximo de financiación que Banco Santander está dispuesto a cubrir sobre una vivienda que no sea de su propiedad, frente al 80% que da la mayoría de entidades.

100% de cobertura sobre la compra de un inmueble dan la mayoría de entidades si la vivienda es de su propiedad. Algunas llegan a ofrecer incluso algo más.

30% de descenso en el volumen de concesión de préstamos hipotecarios se registró el pasado año, según la Asociación Hipotecaria Española.

10% aproximadamente sobre el coste de la vivienda tiene que pagar el cliente por los gastos asociados al pago del notario y otros trámites.

40% es la cuantía de los ingresos mensuales que llega a permitir CaixaBank que sus clientes dediquen a pagar la hipoteca, frente al 30% o 35% que imponen otros bancos.

100.000 euros de ahorros le requiere Banco Santander a un cliente con una nómina de 28.000 euros brutos anuales si quiere acceder a una vivienda de 250.000 euros.


* Cinco Días - Opinión - 11.2.12

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Qué hay detrás del Algarrobico: el juez que paró las obras del hotel denuncia presiones

PACA BLANCO* : El hotel de la promotora de Azata del Sol, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, continúa levantando ampollas. El último capítulo de esta novela negra lo denuncia el juez Jesús Rivera, que, tras paralizar las obras, declaró ilegal la licencia en 2008. El urbanismo salvaje ha destruido en las últimas dos décadas 7,7 hectáreas de litoral al día. Sólo en los últimos 20 años se ha deteriorado en la costa española una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. En el caso de Andalucía, el 59 por ciento de su litoral está ya urbanizado. Y es en esta tierra donde un hotel mastodóntico se convierte en el emblema del daño sin sentido que se ha hecho a la costa antes de que la crisis pusiera el freno.
Conocido como El Algarrobico, el hotel de Azata del Sol, ubicado dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, marca no sólo un antes y un después en la España del ladrillo, sino también en el día a día de aquellos que se opusieron a este hotel cuyo destino final está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia en Granada dicte una sentencia firme.

El último capítulo de esta negra historia de presión urbanística la denuncia a este semanario el juez Jesús Rivera, «culpable» de paralizar las obras el pasado 21 de febrero de 2006 y de declarar ilegal la licencia de obras del hotel el 5 de septiembre de 2008. La presión que él ha sentido se evidencia en el trajín de Rivera en los tribunales. Y curiosamente en todas ellas se repiten dos nombres: el juez decano, Luis Miguel Columna, y el juez Cobo Olvera.

Desde que paralizó las obras, el juez Rivera, con más de 30 años de experiencia, ha tenido que interponer una decena de demandas, cuando según él, «jamás había interpuesto una». Ha recibido ocho resoluciones en contra y aún tiene abiertos tres recursos de amparo pendientes de revisión. Dos de ellos, por la modificación de reparto de las causas judiciales entre los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería.

Dicho de otro modo, de repente tuvo más y más trabajo. Rivera alega que pasó «de tener unos 700 asuntos de media a más de 1.100». La sentencia que él recurre alega que en caso de asuntos judiciales el número no es lo importante, sino la complejidad de los casos a tratar. Sin embargo, ¿hasta duplicar el trabajo? Curiosamente, el que dicta la norma de reparto es Columna, y Cobo, el «beneficiado», al ser el juez del juzgado número 1. Columna asegura que «yo no voté este cambio de reparto de trabajo, sólo presido la Junta de jueces que hace la propuesta».

Abuso de poder

Pero Rivera piensa que «es sospechoso que el decano y el juez del juzgado número 1 incidieran en perjudicarme con un injusto reparto doble». Pero, si cabe, lo que más indigna a Rivera es que «se aprobara el cambio de normas de reparto sin darle ninguna publicidad, sólo lo hicieron por correo, a través de una copia certificada, cuando el Consejo siempre lo notifica en el BOE». Motivo por el cual presentó un recurso de amparo pendiente de resolución. Los demandados alegan que «al citado acuerdo se le dio la publicidad establecida en las normas citadas», según dice la sentencia del Supremo. Y Columna precisa que «no hay que publicarla en el BOE». Rivera discrepa.

Las presuntas presiones las confirma el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez. «La persecución al juez Rivera comienza a raíz de publicar la sentencia contra el Hotel del Algarrobico». Domínguez no es ajeno a las presiones del entramado urbanístico provincial. «Me han abierto cuatro procesos por calumnias y uno por impedimento a la justicia y todas ellos han quedado archivadas», afirma.

Las presiones sobre Domínguez comienzan antes del Algarrobico. De hecho, los ecologistas lograron que se dictaran tres sentencias por abuso de poder sobre el ex alcalde de Níjar, Joaquín García. La presión llegó hasta tal punto que en 2008, presentan un escrito contra el juez decano ante el Consejo General del Poder Judicial donde se citan algunos casos en los que ha actuado Columna en el que se expone que «el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, ha llevado a cabo distintas actuaciones que perjudican los derechos de los ciudadanos que actúan en defensa del medio ambiente y/o mantienen una relación de enemistad con el ex alcalde de Níjar, Joaquín García». Columna niega estos hechos, y alega que «sólo conozco al ex alcalde por un día que fue García como testigo a un juicio».

Pero las presuntas presiones no acaban ahí. Domínguez recuerda que Columna ha llegado a poner las mayores costas de la historia penal almeriense a una ONG querellante por denunciar que se había instalado una tubería en una zona de máxima protección dentro del Parque Natural de Cabo de Gata en la que hay un endemismo, el Androcymbium Europaeum, que podía verse dañado.

Las presiones también van del otro lado. La Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras pidió en septiembre, refiriéndose a los ecologistas, que «cesaran las presiones hacia jueces y Gobierno» en torno al hotel del Algarrobico, cuyo «futuro y apertura está en manos de los jueces y debemos dejar que sean sólo ellos los que decidan».
Pero este hotel no es el único ejemplo de presión urbanística. «El Confidencial» denunció hace unos meses que «en el mismo Parque Natural del Cabo de Gata existían otros 50 Algarrobicos listos para ser aprobados por la Junta de Andalucía». «No aprendemos, sólo faltaría tener pagar indemnizaciones a los promotores si al final se demuele», concluye Domínguez.

La Polémica

El hotel, con 22 plantas de altura, está a 20 m de la orilla, cuando la Ley de Costas, del año 98, establece una servidumbre de protección de 100 m. Para ser más exactos la pared del hotel está a 50 m, es el resto de los potenciales equipamientos los que estarían a 20 metros de la orilla.

De ahí que el Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol recurrieran la sentencia del juez Rivera, ya que el plan especial de protección del litoral andaluz de 1997, decía que a partir de 50 metros se puede construir si el suelo es urbanizable. Pero, ¿por qué el Ayunta-miento de Carboneras dio a la promotora una licencia a sólo 20 m? En cualquier caso, el plan andaluz es anterior a la Ley de Costas y de rango inferior, por ser una norma regional frente a una nacional. Y es esto lo que alegan unos y otros ante el TSJ de Granada, a pesar de que las tres sentencias de la Audiciencia Nacional dicen que la servidumbre de protección es de 100 m.

También difieren sobre si es o no terreno urbanizable. El motivo: la playa del Alga-rrobico se clasificó como urbanizable en los 80, quedando fuera de la declaración del parque. Sin embargo, en el 94 se declara el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que amplía la protección incluyendo esta playa como área natural de interés general no urbanizable (C1). Pero, «sólo tres años después la delegación de la Consejería de Medio Ambiente, de la que era responsable el socialista Martín Soler Márquez, modificó la planimetría del plan sin expediente alguno. Cambiado C1, no urbanizable, por D2, área urbanizable. Y todo ello sin que dicho cambio fuera publicado, y ahí está la gravedad, ya que el PORN es un decreto de mayor rango», recuerda José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción.



* Extremadura Progresista - Opinión - 7.2.12
Foto: Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org

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Imputados por presunta prevaricación dos exalcaldes de Benaocaz

DIARIODEJEREZ* : El Juzgado de Ubrique ha decidido continuar la tramitación de las diligencias previas abiertas contra José Rafael Reyes Pérez y Elisa Sánchez Girón, exalcaldes socialistas de Benaocaz, que están imputados por un presunto delito de prevaricación. En un auto fechado el pasado 24 de enero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique, Raquel López-Vizcaíno Castro, entiende que hay indicios de que ambos exregidores pudieron cometer un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, en su modalidad de prevaricación, al conceder nueve licencias de obra en esta población serrana "a sabiendas de que eran contrarias a las normas de ordenación territorial y urbanística vigentes en el momento de la concesión", según refleja el auto de procedimiento abreviado suscrito por la jueza y al que ha tenido acceso este periódico.

La titular del Juzgado de Ubrique ha remitido ya la causa a la Fiscalía de Cádiz para que se pronuncie a favor de la apertura de juicio oral contra ambos regidores o, en el caso de que no aprecie delito, por el sobreseimiento de la causa. Igualmente se pronuncia a favor remitir el caso a los Juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.

La denuncia contra José Rafael Reyes Pérez y Elisa Sánchez Girón fue presentada el 1 de febrero de 2008 por Juan María Mangana, que tanto en esa fecha como en la actualidad es el regidor de la localidad benaocaceña y líder del PP en esta población.

A la vista de esta denuncia y de la instrucción llevada a cabo en el Juzgado ubriqueño, la jueza aprecia indicios de delito en la concesión, en los años 2005 y 2006, de nueve licencias de obra contraviniendo las normas legales. En lo referente a Reyes Pérez, que fue alcalde de Benaocaz entre junio de 1991 y enero de 2007, el auto de procedimiento abreviado matiza que "ha resultado acreditado que concedió licencia urbanística en nueve expedientes mediante silencio positivo, sabiendo que eran contrarios a las normas de planeamiento vigentes".

Siempre según este auto judicial, Reyes solicitaba previamente, y como es preceptivo, informes sobre estas licencias urbanísticas al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) dependiente de la Diputación de Cádiz. En los casos en los que el informe tardaba más de tres meses en elaborarse, el Ayuntamiento concedía la licencia mediante silencio positivo. Pero incluso en los casos en los que los informes del SAM eran negativos, Reyes Pérez autorizaba igualmente las licencias aún en contra del organismo asesor.

Y añade el auto que si bien los informes del SAM no son vinculantes, "sí lo es que en ellos se ponen de manifiesto numerosas irregularidades en los expedientes de concesión de licencias y que pese a ello la Alcaldía no tenía reparos en concederlas".

En lo referente a Elisa Sánchez Girón, que fue alcaldesa de Benaocaz entre enero y junio de 2007, el auto refleja que rechazó una moción al pleno planteada por la oposición en la que se le instaba a revisar estas licencias de obra. Bien al contrario, Sánchez Girón permitió la continuación de las obras pese a ser contrarias a las normas de ordenación del territorio y urbanismo.

El auto de la titular del Juzgado Único de Ubrique, tras tomar declaración a los implicados y analizar la documentación aportada -en concreto los expedientes del Ayuntamiento de Benaocaz- concluye que existen elementos de juicio "para afirmar provisionalmente la existencia de un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación", previsto en el artículo 320 del Código Penal.


* Diario de Jerez - F.S.ZAMBRANO - 12.2.12
Foto: Benaocaz (Cádiz) - guiadecadiz.com

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Así estalló la burbuja inmobiliaria en Logroño

LARIOJA* : Promotores riojanos llegaron a pagar hasta 420 euros el metro cuadrado en los nuevos sectores de suelo que hoy son irrealizables.
«Se podían ganar cientos de millones en apenas unos días, pero no todo es como se ha contado: el promotor, al menos muchos de ellos, compraba suelo, hacía viviendas e invertía a un precio mayor cada día para seguir con su actividad». «Hoy, los promotores, la gran mayoría, están en una situación financiera muy complicada; nadie o casi nadie supo ver que la cosa iba a estallar de un día para otro».
Son palabras de un operador del sector que realizó importantes compraventas de suelo en Logroño . El punto álgido del ‘boom’ fue el año 2006 y el ‘crack’, el verano del 2007. «Todo el que quedó con suelo a partir de esa fecha, salvo los propietarios originales que partieron de precios de 2 euros el metro cuadrado cuando era rústico, hoy no tiene nada; sencillamente porque el suelo urbanizable de los nuevos sectores ahora no vale más que el rústico porque no hay comprador posible», explica otro intermediario.

La presión urbanística sobre Logroño y la urgente necesidad de los promotores, metidos en la vorágine de operaciones diarias de decenas o cientos de millones de euros, llevó al exalcalde de Logroño Julio Revuelta a plantear delimitar todo el suelo urbanizable de la capital para levantar 50.000 viviendas (año 2004): la fiebre de compras se desató y el ‘valor’ del metro se multiplicó. En la guerra política entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma (Revuelta-Sanz), el exprimer edil logró sacar adelante el llamado ‘plan puente’ (10.000 de las 50.000 viviendas en los sectores más atractivos), aunque aquella decisión le acabó costando su carrera en el PP. Los promotores, aunque ya muy tarde (2010), lograron que Urbanismo delimitase los principales sectores demandados, pero la burbuja había ya estallado y todo aquel suelo (Camino Viejo de Fuenmayor, Oeste, Sur, Cascajos…), aunque ahora está listo para urbanizar, está mayoritariamente en manos de entidades financieras que han acabado embargando a quienes fueron sus principales clientes.
Hubo en aquellos años en Logroño operaciones de compras millonarias, una de ellas, por ejemplo, en el sector Sur: 145.000 metros cuadrados a 270 euros el metro, es decir, 40 millones de euros, cuyo valor hoy es una incógnita o nada.
El sector Sur se planificó a la sombra del Parque Digital, hoy un proyecto sin viabilidad, que, con una inversión privada de 265 millones de euros, iba a liderar uno de los grandes promotores de la región. Detrás, 6.000 nuevas viviendas autorizadas para desarrollar que ahora son papel mojado.
Pero el récord, en suelo, se marcó en el sector Cascajos, al otro lado de la circunvalación. Allí, un promotor pagó hasta 420 euros el metro cuadrado (hasta 270 en el resto de sectores), apostando por una continuidad de la ciudad similar a Fardachón y La Cava, pero al otro lado de la carretera de Soria. Urbanismo delimitó parcialmente este área en el 2010 (Pedregales) con posibilidad de levantar 1.080 viviendas, pero hoy también son papel mojado.
Aquellos desarrollos, con urbanizaciones millonarias que iban a asumir en su mayor parte los promotores con las plusvalías del suelo y las de un precio de la vivienda que no tocaba techo, tienen hoy un valor incuantificable porque no hay viabilidad ni compradores: «Sólo ha habido en Logroño una promoción de vivienda libre en el último año, en Fardachón, porque el precio del suelo se compró antes del ‘boom’, y porque es una zona con servicios», explican las fuentes.
Dicha promoción, 40 viviendas de tres habitaciones, que se vende según el anuncio público a 177.000 euros la vivienda, se ‘colocó’ sobre plano, algo impensable en estos días. Lo que sucedió es que el promotor que había comprado el suelo a precios razonables en su día cedió el suelo a un segundo a unos 470 euros el metro cuadrado techo (es decir, listo para edificar, ya descontadas las cesiones y el coste de urbanización), una cantidad muy lejana a los 1.500 euros por metro techo que se pedían en la zona hace cinco o seis años.


* La Rioja - 10.02.12 - ALBERTO GIL
Foto: Logroño, plan - larioja

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Vigo.- El fracaso de Urbanismo: prevé gastos por 10,5 millones e ingresar apenas 1,1

ATLÁNTICO* : El fiasco del urbanismo vigués se puede constatar en los presupuestos municipales para 2012, cuyo proyecto señala de forma taxativa que el departamento que todavía dirige Carmela Silva prevé unos ingresos en torno a un millón de euros y un gasto que no bajaría de los 10,5 millones. Es decir, que al contrario de que ocurre en la mayoría de los ayuntamientos, Urbanismo supone una carga en lugar de servir para 'alimentar' las arcas municipales.
Según aparece en los presupuestos, el Concello asume unos remanentes de tesorería de 2.714.000 euros para cubrir el déficit de la Gerencia de Urbanismo de 2010 y otros tantos para 2011 y 2012. En total ocho millones de euros que se desvían sólo para cubrir el 'agujero' de la Gerencia, producto de tres ejercicios sin apenas actividad pero con importantes costes. A esta cifra se le añaden los sueldos y otros conceptos y el total que aparece reflejado en la partida de Urbanismo asciende a 10,5 millones de euros.

En el apartado de ingresos, en cambio, los números resultan muy pobres. Para 2012, no se ve salida: la previsión de los servicios municipales es recaudar apenas 34.000 euros por licencias de primera ocupación, lo que indica que la construcción continúa estando bajo mínimos. Por otras tasas, licencias de todo tipo, serían 818.525 euros lo que el ayuntamiento espera meter en caja. Por último, hay una expectativa de 240.000 euros por multas e infracciones urbanísticas.

En total, apenas 1.100.000 euros, lo que supone apenas el 8 por ciento de todos los ingresos contemplados en el ejercicio. Es la prueba de que el urbanismo se ha convertido en un negocio ruinoso para la Administración local, y que el Plan General aprobado en 2008 llegó tarde, en pleno inicio de la crisis, y además las limitaciones incluidas en los polígonos en teoría para dotar a la ciudad de suelo para pisos sociales llevó a que no se desarrollaran urbanizaciones y que tampoco se construyera vivienda protegida. La única excepción, el polígono de Navia, que ejecuta la Xunta de Galicia.


* Atlántico - JOSE TEO ANDRES / A.MARIÑO. VIGO - 12-02-2012
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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El gobierno de Ourense adjudicó a dedo una obra de 600.000 euros

ELPAÍS* : Las obras de la céntrica calle Bedoya de Ourense, contratadas en octubre de 2008 por procedimiento negociado, sin publicidad, y con reparos del interventor, por 593.000 euros, comenzaron antes de ser adjudicadas. La empresa contratista que se lanzó a la operación urbanística antes de haber conseguido la adjudicación es Ocasa, que tiene como apoderado a José Ramón Fernández Morgade, que fue de número 14 en la lista del PSOE en las municipales.
Ayer, uno de los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Ourense, Javier García Gago, denunció ante la propia entidad local la comisión de un posible delito por parte del gobierno municipal, el bipartito integrado por PSOE y BNG, que aprobó la adjudicación de la obra ya iniciada, en comisión de gobierno. García Gago registró un informe en el que asegura que se encuentra obligado a poner en conocimiento de la Administración local y de la justicia estos hechos “graves y posiblemente constitutivos de delito”.

En su opinión, la actuación del gobierno local supone una “desviación de poder” ya que se ha “utilizado” una potestad administrativa, la adjudicatoria, “no para otorgar el contrato a la oferta más ventajosa, sino a una empresa predeterminada” uno de cuyos apoderados está vinculado políticamente al gobierno local que le contrata “irregularmente”.

García Gago hace su denuncia después de que la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, señalase a un exasesor jurídico municipal —padre del ahora denunciante— como responsable de la tramitación de los expedientes urbanísticos para la construcción de dos edificios, en la Rúa Progreso y Avenida das Caldas, que podrían suponer el pago de indemnizaciones de en torno a un millón de euros con cargo a las arcas municipales.

Ahora, su hijo, funcionario de carrera con el mismo cargo de asesor jurídico, denuncia que la adjudicación de la obra de la calle Bedoya es especialmente grave ya que la ley solo permite prescindir de la difusión del concurso e ir a un procedimiento negociado sin publicidad cuando el valor estimado de la ejecución sea inferior a 200.000 euros “si se trata de contratos de obras”. Como el de la citada calle fue de 593.000 euros resulta “evidente” para el jurista que no podría haber sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad; esto es, mediante adjudicación directa.

García Gago suma a este hecho el de la “intención preexistente” de adjudicar la obra a una empresa concreta, cuyo apoderado está vinculado al gobierno local —“con relación directa con el alcalde”, que lo incluyó en su lista— que supuestamente incumplió, favoreciéndolo, la legalidad en lugar de buscar una oferta más ventajosa para los ourensanos.

El asesor jurídico reclama ahora que se depuren responsabilidades y que se informe a los correspondientes órganos jurisdiccionales para que investiguen estos hechos así como el “eventual aumento del patrimonio” de las personas que formaron parte del órgano administrativo que adjudicó el contrato e incluso “de los familiares y amigos cercanos” de ellos ya que, de ser así, podría “encubrir conductas más graves”.

Los principales directivos de Ocasa están imputados —y han prestado declaración— como presuntos autores de un delito fiscal y de falsedad documental tras admitir a trámite la fiscalía en julio pasado una querella criminal por la supuesta emisión de facturas falsas por parte de la constructora que, de esta forma, evadiría una considerable cantidad de dinero al fisco. La empresa, con sede central en Ourense, tiene delegaciones en Santiago, Pontevedra, Lugo, Valladolid, Madrid, Barcelona y Granada.

Aunque la obra de la calle Bedoya fue adjudicada definitivamente en octubre de 2008, en mayo de 2011 la junta de gobierno en funciones le rescindió el contrato apoyándose en el hecho de que la Administración local no había firmado el acta de recepción definitiva de las obras. La decisión del gobierno local permitió al Ayuntamiento recuperar su dominio sobre una calle abierta al público sin que formalmente hubiera finalizado la obra.


* El País - CRISTINA HUETE - 9.2.12
Foto: Panorámica de las obras de la calle Bedoya en 2009. / NACHO GÓMEZ

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La jueza investiga la ONG del ex alcalde de Ayamonte y a varios constructores

HUELVAINFO* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Ayamonte ha levantado el secreto que pesaba sobre las actuaciones del procedimiento por el que se investiga la posible implicación del ex alcalde de Ayamonte, Rafael González, personal de la anterior Corporación municipal y empresarios de la construcción en una trama de corrupción urbanística vinculada al núcleo costero de Isla Canela.
La Fiscalía halló en los documentos intervenidos -hace ahora un año- en la Casa Consistorial ayamontina indicios de la comisión de delitos urbanísticos, de prevaricación y de cohecho, según confirmaron a Huelva Información fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las pesquisas han sido desarrolladas en gran parte por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

El caso, que se halla en fase de instrucción, se centra tanto en la persona de Rafael González como en la de otros miembros de su Corporación, de diferentes áreas y niveles de responsabilidad.

La jueza trata de esclarecer también la relación que con todos ellos mantuvieron cuatro constructores y promotores, así como la conexión de este asunto urbanístico con la ONG que fundó el propio alcalde Rafael González y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala.

Las diligencias continúan abiertas y se espera que en los próximos días se incorporen al expediente diversos informes que han sido solicitados por el Juzgado número tres de Ayamonte a varios departamentos de la Junta de Andalucía, así como otros documentos técnicos que debe aportar la Delegación de Urbanismo.

La investigación judicial abrió de lleno el melón urbanístico de Isla Canela hace justo un año y desde entonces se han acumulado ya varios miles de folios de documentación, casi toda relacionada con los procedimientos urbanísticos que se han usado en el Ayuntamiento ayamontino y que fueron muy cuestionados por grupos como Ecologistas en Acción, Ojo con el Guadiana, IU e incluso por la Oficina del Defensor del Pueblo.

La Fiscalía de Huelva ya abrió diligencias informativas en marzo de 2010 para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que alberga 800 viviendas. El Consistorio parceló una zona verde de 148.214 metros cuadrados para hacer residenciales. Los cambios urbanísticos se llevaron a cabo a través de estudios de detalle, de ámbito municipal que no llegan a las manos de la Administración autonómica.

La investigación abierta abarca desde 1993 en adelante, tras la llegada de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística a través de campos de golf y puertos deportivos. Los proyectos siempre contaron con las sucesivas bendiciones de los gobiernos municipales presididos por Isaías Pérez Saldaña y Rafael González, además de la aprobación del entonces consejero andaluz Jaime Montaner, defensor desde sus inicios del proyecto que ha convertido Isla Canela, en plena marisma, en una zona turística de primer orden que ocupa una marisma rodeada de espacios naturales protegidos.

El único alcalde que se opuso al voraz desarrollo urbanístico fue José Nicolás de Jesús Rodríguez. Ni la Dirección General de Costas del Ministerio, ni la Junta de Andalucía, ni el Consistorio ayamontino pusieron cortapisas al futuro de Isla Canela. El no de Nicolás le valió un enfrentamiento con su partido, el PSOE, que optó por el entonces concejal de Cementerio, Rafael González, para presidir Ayamonte en 1996-97. Y duró hasta 2007.


* Huelva Información - RAQUEL RENDÓN · R. MORENO - 11.2.12
Foto: Miembros de Ecologistas visitando una promoción de Isla Canela denunciada por ser zona verde.- huelvainfo

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Las Palmas.- El fiscal pide que se anule el archivo del ´Canódromo´

LAPROVINCIA* : La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un recurso de reforma contra el auto que acuerda el sobreseimiento del caso Canódromo y pide al juez que anule dicho archivo y dicte un nuevo auto para motivar por qué dio carpetazo a las actuaciones en lo relativo a la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. En un extenso escrito de 45 folios, el fiscal sostiene que "la conducta delictiva de la presunta prevaricación administrativa y/o malversación quedaría ceñida a la firma del convenio urbanístico de planeamiento" sobre el Canódromo realizada en mayo de 2000 por el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, con la entidad Inprocansa y a la rúbrica del convenio definitivo, dos años después. Además, recuerda que el Ministerio Público ya solicitó la investigación de esa fase del proceso, así como la declaración como imputados de las personas señaladas por los denunciantes del caso, y que el tiempo es limitado, dado que los presuntos delitos prescribirían el 22 de marzo próximo.

En un recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado hace poco más de una semana, la delegación de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que anule el archivo de las diligencias previas que dictó el pasado mes de diciembre por dos cuestiones. En primer lugar, el fiscal entiende que no se motivó adecuadamente el archivo de las actuaciones por prevaricación contra la exalcaldesa Pepa Luzardo y su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso, en la aprobación del Plan Especial 'El Canódromo' y solicita al juez que dicte otro auto en el que sí se argumente el sobreseimiento, con el que se muestra conforme.

A continuación, el escrito se detiene en la segunda rama de la investigación del supuesto pelotazo: la aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento y las permutas en ejecución del convenio.

En este caso, el Ministerio Público se muestra en contra de su archivo al entender que ni se ha motivado, ni se han practicado las diligencias instructoras que solicitaron las partes en su momento, entre las que se encuentra la declaración de Cardona como imputado. Según el recurso, fue él, como concejal delegado de Urbanismo, quien firmó los convenios con Inprocansa y Urbacan para el Canódromo y que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria el 22 de marzo de 2002 con los votos a favor del PP y de CC, la oposición del PSOE y la abstención del Grupo Mixto. Además, el fiscal advierte que en un mes "los delitos -en caso de haberse perpetrado- quedarán prescritos".


* La Provincia - 9.2.12
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - Q.Curbelo, canariasahora.es

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Desarrollismo o decrecimiento en el modelo territorial vasco

IRATXE MENÉNDEZ URIBARRI* : El documento, Euskal Hiria.net (ciudad vasca.net), redactado por el Taller de Ideas de Alfonso Vegara será aprobado en las próximas semanas por el Gobierno Vasco. Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) definen la política territorial de la Comunidad Autónoma Vasca sin responder a la necesidad de un cambio de paradigma. Tal como señalaba el entonces exconsejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, “nuestros actuales modelos de consumo, movilidad y desarrollo son insostenibles” (Gara, 9/11/2004). Aun así, Euskal Hiria.net da continuidad a la política territorial de los últimos 20 años bajo el paradigma capitalista que equipara desarrollo y crecimiento.
El citado informe apuesta por crear una ciudad-región global articulada en torno a polos tractores situados en las tres capitales de provincia. Un buen ejemplo es la autopista Supersur de Bilbao que, con una inversión de 821 millones de euros y con una circulación por debajo de sus expectativas ha motivado bajadas de peajes y rebajas en las previsiones oficiales de uso.

Proyectos como éste han contribuido a la artificialización de 8.815 hectáreas en la última década para la construcción de infraestructuras de transporte. Según los datos de Udalplan 2010, en la última década se han construido, en total (viviendas, centros comerciales, zonas industriales y redes de transporte), 15.832,77 de hectáreas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

En respuesta a los planes del Gobierno, el pasado 20 de diciembre sindicatos, ecologistas, docentes universitarios, profesionales de urbanismo y feministas hicieron público un Manifiesto a favor de unas directrices de ordenación y cohesión territorial. (PDF). Ha sido el primer paso tras un año de trabajo del grupo DOT-desazkundea.

Si bien algunos grupos políticos (Bildu, Antikapitalistak, IU y Aralar) han mostrado su interés en la propuesta, la plataforma ha considerado conveniente trabajar de forma independiente. A mediados de enero, los firmantes del manifiesto se reunieron con Pilar Unzalu, consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, e Iñaki Atxukarro ,viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas.

Cambio de paradigma

En dicha reunión trasladaron la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas territoriales, frente a lo cual la consejera valoró el documento de análisis como “interesante en el nivel académico” y mostró su molestia por tildar de “neoliberal” su política territorial. Sin embargo, no hubo capacidad de réplica a un segundo documento de propuestas para un nuevo modelo territorial.

Según fuentes presentes en ese encuentro, la consejera mostró una actitud abierta al debate, pero dejó claro que el documento Euskal Hiria.net se aprobará. Y lanzó la propuesta, que ya había hecho pública en otros foros, de abrir un “proceso participativo” desde febrero a junio de este año, sin especificar calendario, estructura y objetivo de dicho proceso. A fecha de hoy no se sabe quién y cómo gestionará dicho “proceso participativo”.

Para el grupo DOT-desazkundea, el modelo propuesto por el think tank de Alfonso Vegara reincide en polarizar la actividad, equipamientos y servicios en las tres capitales, suburbializando el resto del territorio, lo que generará mayores índices de movilidad obligada, destrucción de tierra agraria, pérdida de soberanía alimentaria, desaparición de los pequeños comercios, entre otros efectos que consideran nocivos. A este respecto, en la reunión con la Consejería se reclamó una moratoria para la construcción de nuevos centros comerciales en la CAV.

Tal como se desprende del documento de propuesta elaborado por el grupo DOT-Desazkundea, es necesario generar un proceso de análisis deliberativo que determine objetivos, prioridades y necesidades desde un diagnóstico complejo: ambiental, socioeconómico, cultural, etc, que incorpore la participación ciudadana para garantizar la transparencia y pluralidad, y como vía para trabajar cuestiones sociales como el impacto de género o la relación pueblos- ciudades-capital. Así, llama la atención que en el documento Euskal Hiria.net no haya mención alguna a la cuestión de género ni a la Ley 4/2005 para la Igualdad.

Desde el grupo de trabajo DOT-Desazkundea se propone definir colectivamente un territorio en transición basado en pautas de proximidad, autonomía energética; reducción de la movilidad obligada; reducción de la huella ecológica; fomento del sector primario para paliar la dependencia alimentaria, reducción de las emisiones de carbono, y sobre todo, diferenciar las necesidades de los lujos en la toma de decisiones.

Por ello, desde este grupo se apunta que estas DOT deberían marcar directrices vinculantes que establezcan límites a los procesos de asentamiento en el territorio mediante indicativos de desarrollo ambientales y sociales. Reflejo de la exigencia de otro modelo territorial fue la convocatoria de diferentes agentes sociales para la manifestación del 4 de febrero con el lema: “Por un cambio del modelo social para una Gipuzkoa diferente: ¡paralización de las grandes infraestructuras!”.

LAS AMISTADES DE VEGARA

Alfonso Vegara ha sido el principal valedor del informe Euskal Hiria.net, en el que se basa el modelo desarrollista que está impulsando el Gobierno vasco. Vegara, arquitecto-urbanista de prestigio, preside la Fundación Metrópoli, con la que estuvo relacionado el miembro de la familia real Iñaki Urdangarin, según informó el diario El Mundo.

Entre los proyectos en los que ha participado Vegara se encuentran el club Málaga Valley, construido por José Luis Ullibarri, imputado en el caso Gürtel, así como en la Ecociudad de Sarriguren (Navarra), promovida por un constructor que aparece en el sumario de la Operación Malaya.

* Diagonal - Opinión - 4.2.12
Foto: La autovía del Cantábrico a su paso por Eibar. Foto: Gari Araolaza

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La Fiscalía de Granada pide 28 años de inhabilitación y dos de cárcel para el alcalde de Otura

IDEAL* : Está acusado de presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
La Fiscalía pide 28 años de inhabilitación especial y otros dos de cárcel para el alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), por presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita también 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y otros dos de cárcel para los cuatro miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron la operación junto al alcalde.
La Fiscalía atribuye a los cinco la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, mientras que al alcalde lo acusa también de un delito continuado de prevaricación ordinaria, según el escrito.

Los hechos se remontan a julio de 2007, cuando los acusados adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización del plan parcial de desarrollo de las normas subsidiarias, conscientes, dice la Fiscalía, de que este proceder era contrario a las normas urbanísticas vigentes.
Y ello porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente la concesión de licencias de primera ocupación sin la previa finalización de las obras.
Los acusados prescindieron también del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad, pese a que tal omisión había sido advertida por el secretario municipal.
En octubre de ese año, los acusados, también de forma unánime, votaron a favor de la concesión de licencia de ocupación para un total de 46 viviendas de la misma urbanización, "con idénticas infracciones legales", pues las obras seguían sin estar terminadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento, había un informe contrario del técnico municipal y se prescindió del informe jurídico.
Según el fiscal, la concesionaria de las obras pidió la recepción parcial de las mismas, si bien el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable al entender que éstas tenían importantes defectos y omisiones, entre otras consideraciones.
Pese a ello, la Junta de Gobierno Local acordó la recepción de las obras de urbanización sin hacer referencia a su "carácter parcial" (para favorecer así la recepción total) y condicionándola a que en el plazo de 90 días se subsanasen las deficiencias.
Pero "transcurridos solo quince días de los noventa fijados" y en virtud de un escrito de la concesionaria en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde "tomó la decisión de poner fin al procedimiento cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización" y en noviembre de 2007 ordenó al técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.
El técnico volvió a informar en contra de la recepción, pese a lo cual el alcalde, "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras (..) aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables y haciendo caso omiso a lo informado por el funcionario de la corporación", dio por subsanados los defectos y recepcionó las obras, según la Fiscalía.


* Ideal - 09.02.12 - EFE
Foto: Otura (Granada), ayuntamiento - foro-ciudad.com

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Tavernes defiende un plan urbanístico en la playa

LASPROVINCIAS/Valencia* : Tavernes se muestra predispuesta a que pueda desarrollarse un plan urbanístico en la costa vallera y a estudiar propuestas estratégicas para desarrollar la franja marítima.
Por lo menos eso es lo que se puede deducir de las manifestaciones realizadas después de la reunión que mantuvieron representantes del gobierno vallero con los miembros de la Associació per la Vall del Mar que defiende la ejecución de un PAI en la costa de Tavernes.
El encuentro tuvo lugar el martes y estuvo presidido por la concejala de Urbanismo, la socialista Mª Carmen Canet. Junto a ella, estuvieron técnicos municipales y los portavoces de la asociación que defiende el PAI, José Luis Gascón y Josep Enguix. En la reunión se habló del Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, sobre las medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas.

Tras el encuentro, la concejala manifestó: «Dentro de mi responsabilidad al frente del área de Urbanismo, daré apoyo a cualquier iniciativa que contribuya a la dinamización de la economía y la creación de empleo en Tavernes, mediante los procesos de planificación y gestión urbanística previstos en dicha ley».
Por su parte, los representantes de la asociación añadieron que darán apoyo al Consistorio en la búsqueda de posibles inversores con el fin de que se implanten en Tavernes proyectos que puedan mejorar la economía local. Así pues, se puede ver una predisposición a acoger un proyecto urbanístico que afecte a la costa vallera.
La Associació per la Vall del Mar pidió que se dé publicidad a esta predisposición y que el Ayuntamiento realice todos los esfuerzos para atraer el interés de promotores que quieran invertir en Tavernes.
Promoción del turismo
La nueva estrategia territorial podría ser acorde con lo que se conocía como PAI La Vall del Mar o con planteamientos diferentes. Todo dependería del promotor y su entendimiento con las diferentes administraciones.
Los miembros de la agrupación mantienen que la Vall cuenta con buenas comunicaciones y un entorno privilegiado que permite ejecutar un plan en el que tenga cabida la expansión urbanística, la promoción del turismo y la implantación de centros de investigación. «Debemos aprovechar los valores de Tavernes y apostar por un futuro que conlleve prosperidad y trabajo para todos», señalaron los representantes del colectivo.


* Las Provincias - CARLOS GIMENO - 10.2.12
Foto: Vista de la playa de Tavernes de la Valldigna. :: LP

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El alcalde de A Veiga autoriza a su hotel un aparcamiento en Red Natura

ELPAÍS/Ourense* : El alcalde de A Veiga, Edesio Yáñez, del PP, ha construido contra viento y marea un aparcamiento de algo más de 1.500 metros cuadrados en una zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Red Natura 2000 y dentro del hotel del que él es socio. Yáñez, presidente de la asociación cultural sin ánimo de lucro Santa María de Xares (vinculada al Partido Popular), pidió —y se concedió a sí mismo— la licencia municipal desde el Ayuntamiento que también preside. Después, construyó el aparcamiento en el interior del hotel El Corzo, de Xares del que es socio.
“La zona en la que construimos el hotel era ilegal en su día, pero la legalizamos, así que entendemos que el aparcamiento es también legal”, disipa de esta forma cualquier sombra de duda el regidor. “Fíjese si será legal el hotel, que vino a inaugurarlo Fraga en 1995”, sale Yáñez al paso de la denuncia del portavoz del PSOE, Fernando Fernández, amparada por el expediente incoado por la Agencia de Protección de la Legalidad de la Xunta que obliga al regidor a “reponer la legalidad” en una resuolución firmada en diciembre pasado.

Pero Yáñez ni derribó la obra ni piensa hacerlo. “Tengo autorización municipal y además todos los vistos buenos de la Xunta”, sostiene el regidor quien apunta que el Gobierno gallego le ha subvencionado a través de Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento rural) “con algo más de 30.000 euros” la construcción de la infraestructura en los jardines del hotel del regidor, en plena zona de Red Natura 2000 y LIC.

El alcalde sostiene que el aparcamiento de su hotel será de uso público. “Es para el pueblo” —con apenas 30 vecinos en invierno, aunque zona de atractivo turístico— sostiene, aunque matiza que “también lo podrán usar los clientes del hotel, que dispone de otras plazas de estacionamiento”.

La incoación del expediente le fue notificada al regidor por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras el pasado 5 de diciembre, según consta en el registro de salida. El escrito detalla que de la investigación de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística se desprende que las obras promovidas por el alcalde desde la asociación cultural Santa María de Xares obtuvieron la licencia municipal en enero de 2001. Pero el estacionamiento, ubicado en el interior de su hotel, se levanta sobre terreno calificado como “no urbanizable común que forma parte de la Red Natura 2000”, hecho que el alcalde admite, aunque le reste importancia por considerar que la legalización, en su día, del hotel, ampara también ese incumplimiento.

Sin embargo, el informe indica, además, que la construcción de la infraestructura supone “un uso prohibido en suelo rústico de protección de espacios naturales”. A Edesio Yáñez no le importa. Insiste en que “está todo en orden”. “No pienso derribar nada”, aduce, al tiempo que atribuye estos requerimientos legales a una “trama” del socialista del que dice: “Puede poner usted que solo cuenta mentiras”.

Fernando Fernández sostiene que Yáñez consiguió la subvención de los más de 30.000 euros de la Xunta para la construcción de la obra en zona altamente protegida “porque figura como aparcamiento turístico”, aunque no se explica el significado del adjetivo, teniendo en cuenta que está en el interior de un hotel privado del que es socio el regidor. Éste sostiene que es turístico porque “podrán aparcar en él todos los turistas” que acuden a esta zona, fundamentalmente a la práctica de la caza.

Fernández insiste en la “impunidad” en la que se ha instalado el regidor para actuar “en beneficio propio” dentro de una zona protegida medioambientalmente siendo juez y parte al mismo tiempo. Según el socialista, la pequeña localidad dispondrá ahora de unas 80 plazas de estacionamiento —además de las que el alcalde asegura que tiene ya su hotel— en una propiedad privada.

Edesio Yáñez reconoce que hotel y aparcamiento están en zona de Red Natura y LIC, pero cree que el incumplimiento se solventó cuando, antes de 1995, obtuvo la licencia para levantar su hotel que después inauguró Fraga. Ahora, el alcalde se concede nueva licencia.


* El País - CRISTINA HUETE - 7.2.12
Foto: A Veiga (Ourense) - todopueblos

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'Vivienda Digna' denuncia ante la UE el IVA superreducido para todas las viviendas

PLATAFORMAVIVIENDADIGNA* : El colectivo ha presentado un escrito de denuncia ante la Comisión Europea, ya que la medida incumple claramente el derecho comunitario. También ha presentado una petición a la Defensora del Pueblo en el mismo sentido. La PVD no entiende que otros sectores empresariales sigan apoyando a Rajoy mientras se dedica a seguir fomentando el sobreendeudamiento familiar que tantas desgracias ha traído a este país y a canalizar la poca renta disponible que les queda a los ciudadanos de nuevo hacia el ladrillo.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un escrito de denuncia a la Unión Europea porque la reciente bajada del IVA no se ha limitado a la vivienda habitual, como había anunciado repetidamente Mariano Rajoy, sino que se ha hecho efectiva para cualquier tipo de propiedad inmobiliaria según el Real Decreto-ley aprobado el pasado 30 de diciembre y las modificaciones posteriores.
Con esta decisión Mariano Rajoy falta una vez más a su palabra y lleva al BOE algo contrario a lo prometido, y respalda además una medida que viola claramente la normativa comunitaria. La directiva comunitaria 2006/112/CE no permite aplicar un tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a cualquier tipo de vivienda, sino solamente a aquellas que sean generadas en el marco de la política social.

La extensión del IVA superreducido a todas las viviendas permite situaciones terriblemente aberrantes, como que la compra de un palacete o una tercera residencia en la playa pague tan sólo un 4% de IVA, mientras los ciudadanos y las empresas tenemos que soportar diariamente tipos que llegan hasta el 18% por bienes o servicios que son mucho más necesarios.

Pero además, la PVD se opone frontalmente a esta medida porque sólo busca ayudar a las entidades financieras y de promoción inmobiliaria en el enésimo intento de recuperar un modelo que a los ciudadanos sólo les ha aportado vivienda inaccesible, precariedad y endeudamiento, transfiriendo cantidades ingentes de renta presente y futura hacia instituciones públicas, promotores y bancos. Ha quedado demostrado que este tipo de medidas no suponen bajadas de precios, sino aumento en los márgenes de beneficio, por lo que lo único que se consigue al bajar el IVA es, además de ayudar a la entidades anteriores, recortar ingresos del Estado, tan necesarios en estos momentos para sostener nuestros servicios públicos y dinamizar la economía.

En concreto, se estima que el Estado dejará de ingresar por esta bajada más de 750 millones de euros mientras que, en el caso de beneficiar a algún comprador, en el contexto actual sólo beneficiará a las rentas más pudientes. Resulta realmente insultante que los módulos de protección oficial sigan sin adecuarse a un mercado a la baja, o que un hipotecado con problemas tenga que pagar este año un IBI más alto debido a la reciente subida impulsada por Rajoy -y probablemente más de IRPF-, mientras que un millonario ahora podrá comprarse su tercer chalé y hasta el garaje pagando un IVA superreducido del 4%.

Para la PVD, la medida es además un “regalo” tan evidente a las promotoras y entidades financieras que es necesario preguntarse por qué el Gobierno de España favorece de esta forma tan clamorosa a unos sectores económicos tan concretos, olvidando por completo el derecho a una vivienda digna. Esta plataforma muestra también su estupor ante el hecho de que los empresarios de los demás ámbitos económicos, también en crisis, no se opongan fuertemente a este tipo de políticas, porque canalizan la poca renta disponible de los ciudadanos de nuevo hacia el ladrillo.

La bajada del IVA incomoda, por si fuera poco, a las instituciones comunitarias e instituciones y empresas financieras internacionales, que no quieren ni oír hablar de incentivar nuevos endeudamientos ni públicos, ni privados. La agencia de calificación Fitch, la tercera en importancia internacional, ha criticado esta decisión alegando que “retrasará la necesaria bajada de precios de la vivienda”. Y es que tratar de seguir sosteniendo con recursos públicos la burbuja inmobiliaria que tanto daño nos ha hecho ecológica, social, económica y políticamente, ya no tiene perdón posible. Perseverar en este tipo de medidas ya no sólo es que atente contra las recomendaciones de decenas de instituciones nacionales e internacionales, sino que atenta contra los principios más elementales de la economía y contra el más básico sentido común.

La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado también una petición a la Defensora del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad, por entender que la bajada del IVA para todas las propiedades inmobiliarias vulnera también la Constitución Española. Concretamente, es contraria al artículo 31.1, que exige que el sistema tributario se inspire en principios de igualdad y progresividad.

Con esta medida, el gobierno de Mariano Rajoy se instala en la senda continuista de las políticas de favores, en lugar de tomar medidas estructurales que dinamicen la economía de las empresas y los ciudadanos. El gran problema es que esta actitud no sólo aleja un panorama de vivienda digna real en el futuro, sino que amenaza con dejar al país irrecuperable tanto a nivel ciudadano como empresarial, con niveles de paro jamás imaginados, con varios sectores desaparecidos y con las instituciones políticas clave en manos de instituciones extranjeras. Así, las personas que pensaban comprar con esta rebaja deben saber que es un paso más en el sistema que pone en riesgo sus empleos.

Por todas estas razones, y en especial en defensa de una política de vivienda orientada al conjunto de los ciudadanos en vez de al beneficio de unos pocos, la PVD se ha dirigido a la Comisión Europea y a la Defensora del Pueblo, esperando que estas instituciones tomen las medidas que estén en sus manos para forzar a dar marcha atrás a esta decisión.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org


* Plataforma por una Vivienda Digna - Febrero 2012

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Castellón.- “Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero”

ELPAÍS* : La Unión de Consumidores de España (UCE), acusación popular en el Caso Fabra, defiende en su escrito de conclusiones remitido al juzgado que instruye la causa en la localidad castellonense de Nules que el todavía presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. La UCE basa sus afirmaciones en el informe que los peritos de Hacienda presentaron por orden del juzgado, del que se desprende que en nueve años la familia Fabra logró 33 préstamos en una decena de entidades bancarias por un importe total de más de cinco millones de euros.
Según la UCE, Fabra pagaba las cuotas de sus hipotecas en metálico con el dinero que había recibido por su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que después vendía junto a su socio Vicente Vilar. Presuntamente, claro.
Los peritos de Hacienda detectaron que entre 1995, año en el que Carlos Fabra accedió a la presidencia de la Diputación de Castellón, y 2004, cuando concluyeron sus investigaciones, el mandatario provincial había suscrito créditos e hipotecas con Bancaja, CAM, BBVA, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, Cajamadrid, Ruralcaja, La Caixa, el BSCH, IberCaja y Banco de Valencia.

El matrimonio Fabra obtuvo entre 2002 y 2004 créditos por un total de 2,3 millones, en los que subsumió otros préstamos. Para hacer frente a las cuotas de estos, el presidente del PP de Castellón y su esposa contaban con unos ingresos brutos de 10.000 euros al mes, según el informe pericial. Los bienes e ingresos en efectivo del matrimonio, según los expertos de Hacienda, “en modo alguno se corresponden con la renta y el patrimonio declarado”. Los peritos explicaron que la mayoría de los ingresos en los bancos realizados por Fabra se hacían en billetes de “100, 200 y 500 euros”.

La UCE recuerda que la Audiencia Provincial de Castellón no descartó la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales en un auto emitido a finales del año pasado, aunque los magistrados instaron a solicitar la apertura de otro procedimiento para perseguir esta causa, en la que los supuestos responsables serían Carlos Fabra, los directores de siete oficinas bancarias castellonenses y el empresario Antonio Bonet, que pagó un crédito solicitado por el presidente provincial en el que participaron como avalistas el propio Bonet y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig.

La UCE ha intentado en varias ocasiones que el proceso abierto contra Fabra por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales se amplíe también al blanqueo de dinero. La acusación sostiene que Fabra lavaba el dinero negro que recibía del empresario Vicente Vilar como pago por sus favores políticos al destinarlo, presuntamente, a abonar las cuotas de sus numerosos préstamos e hipotecas. Unos ingresos en los bancos que en ocasiones, según los peritos de Hacienda, se hacían “en fajos” de billetes de 500 euros y que llegaron a efectuar los chóferes del mandatario provincial, quienes admitieron ante el juzgado de Nules que llevaron “bastantes veces” a los bancos “sobres cerrados” con dinero.

Ingresos multimillonarios

“No cabe duda de que todos estos movimientos económicos con ingresos multimillonarios en efectivo en cuentas corrientes no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias donde operaba el señor Fabra y con seguridad de algún superior de las mismas”, insistió la acusación. En respuesta a esta solicitud, la Audiencia de Castellón no admitió la imputación de los siete directores pero dejó abierta la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento, es decir, presentar una nueva querella contra ellos y el propio Fabra.

En el caso de Bonet, la acusación sostiene que fue un “falso avalista” y que el único fin fue que el empresario se hiciera cargo del pago “dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago debido por algún favor o algún negocio oculto”. La Audiencia tampoco admitió la imputación de Bonet, pero también dejó abierta la posibilidad de imputarle en otra causa.

Por otra parte, el titular del juzgado de Nules que instruye el caso, Jacobo Pin, anunció ayer que ha iniciado el procedimiento de embargo de los bienes de Carlos Fabra y de su exesposa, María Amparo Fernández, como pago por las fianzas impuestas, de 4,2 y 0,8 millones de euros, respectivamente, que ninguno de los dos abonó en el plazo inicialmente previsto.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tanto Fabra como Fernández han presentado al juzgado un listado de bienes susceptibles de ser embargados y el juez ha comenzado a tasarlos y a comprobar que cubren las cantidades exigidas.

Según los peritos de Hacienda, entre 1999 y 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández ingresaron un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones.

Préstamos privilegiados y amigos íntimos

33 préstamos. Carlos Fabra y su exesposa, María Amparo Fernández, suscribieron 33 préstamos e hipotecas con 11 entidades bancarias entre 1995 y 2004. La UCE entiende que el matrimonio Fabra utilizaba este método para blanquear el dinero que recibía de su socio Vicente Vilar, por las gestiones del presidente provincial ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para aprobar las licencias de fitosanitarios que después ambos comercializaban.
Un cliente privilegiado. Carlos Fabra firmó con Bancaja el 22 de diciembre de 2009 la ampliación por 100.000 euros de una hipoteca concedida años atrás para la adquisición de un piso en la plaza de Las Salesas (Madrid). La fecha de vencimiento del préstamo era enero de 2045, según informó la Cadena SER. Es decir, cuando Fabra hubiera cumplido los 98 años. Bancaja sostuvo ayer que el presidente provincial del PP ya ha liquidado toda la deuda, cuando han transcurrido poco más de dos años desde que se firmó el crédito. Esquerra Unida acusó a Fabra de utilizar Bancaja para sus “intereses oscuros”.
Amigos íntimos. Los empresarios Antonio Bonet y Fernando Roig avalaron a Carlos Fabra para que Ruralcaja le concediera un crédito de 390.000 euros. Fue el propio Bonet quien acabaría pagando el préstamo porque según la declaración judicial del empresario, Fabra “había dejado de abonar” las cuotas. Bonet desembolsó los casi 400.000 euros de principal y otros 110.000 euros en intereses de demora.


* El País - MIGUEL A. CAMPOS Castellón 6 FEB 2012
Foto: Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, en una imagen de 2010 / ANGEL SÁNCHEZ

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Sevilla.- Ikea: el segundo tropiezo jurídico

DIARIODESEVILLA* : La gestión urbanística del PP sigue sin arrancar. Siete meses después de que el alcalde prometiera desbloquear "en semanas" el proyecto inmobiliario que promueve la multinacional Ikea en el noreste de Sevilla, el gobierno local de Juan Ignacio Zoido no sólo ha sido incapaz de dar una solución válida a los problemas de legalidad existentes en la zona, sino que dicha operación vuelve a tropezar, de nuevo, con un segundo conflicto jurídico. Y no precisamente menor: los terrenos objeto del proyecto incumplen la legislación de vías pecuarias, lo que impide -desde el punto de vista legal- su desarrollo inmobiliario completo. Así, al menos, lo confirman fuentes técnicas de Urbanismo.
El área de San Nicolás Oeste, situada junto al aeropuerto, está afectada por varios tramos de vías pecuarias que no han sido ni deslindadas, ni desafectadas. Tampoco, tal y como establece la normativa vigente a nivel estatal y autonómico, la modificación de los trazados originales de estas antiguas vías ganaderas (la fórmula que contemplaba el Plan General para proceder a su urbanización) se ha gestionado por el Ayuntamiento.

Las vías pecuarias son patrimonio de dominio público. Esta naturaleza jurídica obliga al Consistorio y a la Junta de Andalucía a sacar adelante, si se quieren desarrollar urbanísticamente los suelos por los que discurren, un proceso administrativo bastante complejo que pretende garantizar que, si son modificadas por cualquier tipo de desarrollo urbano, su superficie íntegra sea compensada con trazados alternativos. El reto no es fácil: primero hay que delimitar la vía pecuaria; después desafectarla -al igual que ocurre por ejemplo con los bienes patrimoniales del Ejército- y, en su caso, sacar adelante un nuevo trazado alternativo.

El PGOU de Sevilla, que proyecta muchos de los nuevos barrios de la ciudad en terrenos periféricos, contemplaba en su informe de impacto ambiental una red alternativa de vías pecuarias cuya gestión dependía del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Urbanismo, sin embargo, aún no ha sacado adelante este proyecto, lo que supone que todos los suelos urbanizables afectados por vías pecuarias no podrán desarrollarse mientras no se cumplan estos requisitos jurídicos. La Gerencia ha hecho oídos sordos a esta exigencia legal y ha venido aprobando desde 2007 una serie de planes urbanísticos de desarrollo [planes parciales y planes especiales] que, tras su validación, venían a concretar los derechos urbanísticos de sus distintos propietarios antes de su reparcelación y posterior urbanización. El marco legal de todas estas grandes bolsas de suelo -las únicas que por ahora se han impulsado del PGOU- está ahora en cuestión, lo que dilatará su desarrollo y, en algunos casos, incluso lo impedirá debido a que además de obviar una obligación legal afecta directamente a sus infraestructuras de acceso. Es el caso de San Nicolás, donde la futura SE-35 está cruzada por vías pecuarias.

Ikea no es el único caso. Hay, al menos, cinco más. Los terrenos de San Nicolás Oeste son acaso los más significativos -por el proyecto de la multinacional sueca- pero la situación irregular incluye otras zonas cuyas previsiones urbanísticas son considerables. En el alambre están los desarrollos inmobiliarios privados de 5.277 viviendas [2.792 protegidas) y un volumen de espacios terciarios (zonas para usos comerciales y oficinas) de 274. 358 metros cuadrados, además de otros usos, como industriales y productivos. Para dar una idea de la magnitud del problema, baste recordar que sólo el proyecto Puerto Triana -que se desarrolla en la Cartuja- ocupa casi 70.000 metros cuadrados terciarios. Lo que significa que todos los espacios en situación de bloqueo urbanístico suponen casi cuatro veces este mismo volumen de zonas terciarias. Sin entrar a hablar de su impacto económico.

Las unidades urbanísticas afectadas, en principio, porque el problema puede extenderse a otras áreas, están en Pítamo Sur, Palmete, Torreblanca Este y Oeste, la Hacienda El Rosario y junto al aeropuerto (San Nicolás). Los planes urbanísticos de estas bolsas de suelo obviaron el trámite de desafectación de las vías pecuarias incluso a pesar de que algunas lo mencionan (en sus memorias técnicas) como necesario. Algo inexplicable desde el punto de vista de la gestión urbanística. Salvo que se trate de un olvido consciente.

El problema se complica porque el asunto está ya en manos de los juzgados. La ocupación irregular de una vía pecuaria no sólo es una irregularidad administrativa, sino un posible delito, ya que supone la apropiación de un bien colectivo. Justamente esto es lo que ahora tendrán que dirimir los tribunales, a los que la cuestión ha llegado por dos vías distintas. Primera: una denuncia relativa a la ocupación irregular de la vía pecuaria que discurre por los terrenos de la Hacienda El Rosario, en Torreblanca. Un desarrollo urbanístico que el propio gobierno local incluso subvencionó a una empresa con dinero público. Segunda: una denuncia sobre el fondo de la cuestión presentada por Ecologistas en Acción. La primera es la más avanzada: el juzgado ha abierto diligencias y la investigación la lleva la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Un portavoz de este cuerpo confirmó a este periódico dicha investigación, que ha comenzado por reclamar explicaciones tanto a Urbanismo como a la Junta. Los ecologistas han pedido al juez que anule todos los planes urbanísticos aprobados.


* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 8.2.12
Foto: Sevilla, establecimiento Ikea - abc

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Un año de cárcel para un constructor de Nigrán pillado con el Google Earth

LAVOZ/Pontevedra* : Un constructor de Nigrán fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia grave a la autoridad y otros seis meses por un delito contra la ordenación del territorio por haber ampliado ilegalmente su fábrica sobre terreno rústico y forestal y romper los precintos que colocó la Policía Local.
La Fiscalía de Urbanismo probó en el juicio el delito mediante varias capturas de fotografías por satélite difundidas en Internet por el buscador Google Earth. Las imágenes mostraban la evolución desde el 2001 al 2009 de las naves e instalaciones de la empresa de pretensados de hormigón y la reducción de los campos y bosques contiguos, en el barrio de Paradillas, en Nigrán.
Además, el Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo inhabilita al empresario José Luis B.R, dueño de Prefabricados Luis Barros SL, durante un año y un día para ejercer como constructor y como promotor inmobiliario. También lo multa con 2.190 euros y la jueza le obliga a demoler la construcción no autorizada ni autorizable.

La sentencia relata que el constructor obtuvo una licencia en 1981 para fabricar sus materiales de obra. Luego, adquirió una parcela rústica de protección forestal de 2.000 metros cuadrados, según el PGOM de 1991, que lindaba con la finca donde desarrollaba su actividad.
La jueza ve probado que, en el 2003, el acusado inició en dicha finca, sin haberlo solicitado y sin licencia municipal, obras de desmonte y de explanación de terrenos. Construyó un muro de contención de varias alturas y bases para la instalación de silos y tolvas de carga. Su objetivo era instalar una nueva planta de hormigón y aumentar así la actividad, para extenderla a la fabricación de hormigón fresco y distribuirlo, a pesar de que carecía de permisos para esas actividades.
El Ayuntamiento de Nigrán le incoó expediente en el 2003 y la Consellería de Política Territorial ordenó en el 2004 la demolición de dichas obras. El acusado ignoró la orden de paralización del Concello y continuó sus trabajos. La Policía Local fue en octubre del 2003 a precintar la obra, pero no hicieron nada al no ver actividad. Volvieron a precintar la maquinaria, pero alguien había roto las cintas para que entrasen y saliesen camiones. La situación se repitió hasta casi el 2005. La jueza ve una «grave actitud de rebeldía y contumaz y recalcitrante negativa a cumplir el mandato».
La Fiscalía mostró en el juicio fotos por satélite de una parcela rústica con naves industriales.


* La Voz de Galicia - E. V PITA - 4.2.12
Foto: Nigrán (Pontevedra), vista G.Earth - lavozdegalicia

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