ABC/Sevilla* : La Exposición Universal de Sevilla de 1992 marcó un hito en la historia de la ciudad, que aún mira a esa fecha para buscar inspiración con que afrontar el futuro. Este año cuando se cumple el XX aniversario de su celebración, la ciudad ha decidido sacar partido a la efeméride y ABC ha podido saber que la próxima semana el Ayuntamiento va a llamar a los grupos para constituir una comisión encargada de gestar los actos conmemorativos. La idea fue llevada a Pleno por el Grupo Socialista y el Gobierno del PP recogió de inmediato el guante con la idea de revitalizar el legado de la Expo 92, algo considerado por el Ayuntamiento como «absolutamente asumible» y muy bueno para potenciar «la marca Sevilla».
Del magnífico legado que dejó la muestra parte se ha perdido, otra muy importante se ha reutilizado y hay activos que están a la espera. A falta de sólo meses para que se celebre el XX aniversario de la Expo repasamos algunos lugares señeros.
En este apartado son, sin duda, el parque tecnológico Cartuja 93 y el parque temático Isla Mágica, los grandes herederos de la Expo 92, pues el espacio de la isla se planteó con la vocación de reconvertirse en un espacio económico, científico y tecnológico que sirviera de revulsivo para la ciudad después de la muestra universal.
Helipuerto. El Helipuerto de la Cartuja es público y sigue operativo. Fue construido en 1988 dentro del recinto de la Expo 92 y actualmente es gestionado por la UTE formada por Transportes Aéreos del Sur y Helisureste. Durante la muestra, estas instalaciones fueron utilizadas para la llegada de autoridades al evento y para vuelos panorámicos. Ahora además es utilizado por los servicios de tráfico, emergencia y extinción de incendios.
Caracolas de Urbanismo. La urbanización de salas prefabricadas que sirvió para la zona de oficinas durante la Expo se ha revelado como la edificación efímera que más ha durado en uso de todas las que hicieron para la Muestra Universal. Se trata de las ahora llamadas Caracolas de Urbanismo, donde tiene sede la Gerencia, que en anteriores mandatos municipales se trató de reubicar en nuevos edificios sin que haya sido posible. El último emplazamiento previsto por el Gobierno socialista para sede de Urbanismo fue la Torre Pelli, que ha sido descartado.
Lago. El gran lago que sirvió de núcleo alrededor del cual se ubicaron los pabellones autonómicos es otro de los activos de la Expo que Sevilla ha podido seguir disfrutando al haber sido reutilizado por el parque temático Isla Mágica. Durante la muestra del 92, el lago cumplió un papel relevante, ya que servía de escenario para el espectáculo de luz y sonido que cerraba la jornada. Ahora en Isla Mágica el lago sigue como soporte de un espectáculo similar para el cierre.
Espacios perdidos
De todo lo que se perdió de la Expo, lo más llamativo puede ser el sistema de bioclima que se logró en la Cartuja. La urbanización y ajardinamiento del recinto jugaron un papel fundamental, en el que sobresalieron dos elementos llamativos: las pérgolas vegetales y la esfera bioclimática. De las pérgolas una parte se sigue utilizando en el parque tecnológico, mientras que otras piezas se han reubicado en puntos de la ciudad como Puerta de Triana o delante de la Estación de Santa Justa. La esfera bioclimática no ha sido puesta en valor y se mantiene solamente como adorno en la avenida de Marie Curie.
Canal. El presidente de Cartuja 93, la sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico, Isaías Pérez Saldaña, lleva años reivindicando la recuperación de la esfera, como también anunciando la construcción de una bolsa de aparcamientos en lo que fue el antiguo canal, que mantiene el sistema de compuertas por el que se alimentaba de agua del río. Sin embargo, el canal sigue seco y de los aparcamientos no se sabe nada más que los deseos de Pérez Saldaña.
Auditorio. El gran espacio escénico de la Expo 92, el auditorio al que se accede a través de una pasarela sobre el citado canal, ha sido bautizado en homenaje a la desaparecida Rocío Jurado, pero los planes para cerrarlo con una cubierta sigue sin proyecto.
Palenque. Es otro de los lugares emblemáticos de la Expo por su singular estructura, basada en una cubierta de lonas, que se perdió con el fin de utilizar los 11.247 metros cuadrados de superficie que ocupaba para oficinas. Esta edificabilidad era parte del acuerdo entre Agesa y el Ayuntamiento, pero si la empresa pública dependiente de la Consejería no cumple sus compromisos de pago con el Gobierno local, el Palenque perdería su edificabilidad y volvería a tener usos de ocio, con lo que el futuro del solar sigue en el aire.
Pabellón del Futuro. Usar el edificio como sede del Archivo General de Andalucía ha sido una de las últimas propuestas para el gran edificio de 25.000 metros cuadrados que se alza al pie del canal y junto a Isla Mágica en Cartuja. Sin embargo, no es la primera propuesta que se hace en relación a este edificio, para el que también se pensó que albergara el Museo de la Ciencia y un museo Aeronáutico y se llegó a hablar de convertirlo en hotel de cuatro estrellas. Nada de ello fraguó y Agesa sólo ha conseguido ubicar allí eventos efímeros, como las ferias de las ciencias.
Cine Omnimax. Esta atracción se convirtió en el emblema y el superviviente del malogrado pabellón de los Descubrimientos de la Expo 92, que ardió dos meses antes de la inauguración. Pese a ser muy visitado y a perdurar algunos años después del fin de la muestra, el cine fue cerrado y en el verano de 2005 la empresa Imax se llevó el proyector que estaba alquilado. Hubo oposición al cierre y se llegó a decir que construir un nuevo Omnimax en la ciudad de Sevilla costaría más de cinco millones de euros. El técnico Marko Markovitz, montador del sistema Imax en la Ciudad de las Artes de Valencia aseguró que el Omnimax sevillano era de los mejores del mundo en imagen y acústica.
Telecabina. Fue otra de las grandes atracciones de la Expo 92 que, además cumplió una función como medio de transporte y acceso. Las cabinas estaban colgadas a 25 metros y en ellas se podía llegar desde Torneo al recinto de la Expo y sobrevolar parte de la isla. Pero el telecabina dejó de funcionar en 1995 y aunque el Ayuntamiento propuso recuperarlo y usarlo para llegar al parque del Alamillo, nada de eso se hizo. Incluso otras ciudades como Jaén se interesaron por la infraestructura y tampoco cuajó.
Monorraíl. El tren elevado que se deslizaba por una viga era otro emblema de la Exposición Universal y también uno de los que han desaparecido de la Cartuja sin que haya sido reutilizado en la ciudad. Hubo propuestas para que sirviera de conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, una idea que formuló el PP y cuyo coste rondaría los 7,5 millones de euros. Terminó por desaparecer.
Esperanza de uso
La Cabalgata. Recuperar la cabalgata de la Expo es una de las intenciones de Isla Mágica, que tiene expuestas en el parque temático buena parte de las carrozas que desfilaron durante la Expo tras haber sido restauradas. Entre los actos que el parque prepara para conmemorar el XX aniversario de la Exposición Universal se ha propuesto que la cabalgata vuelva a desfilar por la Cartuja.
Espacios recuperados
Estación Expo. Aunque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias entregó a Renfe a finales de año la línea C-2, que comunicará la Cartuja con la estación de Santa Justa, aún no hay fecha para su puesta en servicio debido a que no ha entrado en funcionamiento la línea.
Pabellón de la Navegación. El día 2 de enero se abrió al público el Pavellón de la Navegación y tras permanecer doce años cerrado vuelve a ofrecer al público parte de los contenidos que tuvo en la muestra universal, como la colección de maquetas de barcos históricos, además de audiovisuales interactivos nuevos. El edificio ha requerido una inversión de once millones de euros para la remodelación.
Jardín Americano. Sevilla ha conseguido también recuperar una joya botánica como es el Jardín Americano, que se inauguró en abril de 2010, aunque la multitud de plantas que se mostró en este parque en el 92 ha quedado reducida a poco más de la mitad. Para la rehabilitación del Jardín Americano se han invertido 8,5 millones.
Ciudad efímera
ADRIANO
Esta ciudad fue siempre tan dada a lo fugaz que necesitaba consagrar ese espíritu del «carpe diem» con un acontecimiento definitivo: la Expo. Dos décadas después de la celebración de este hito que cambió la fisonomía de Sevilla, lo que queda de ella es su consecuencia, porque el tiempo ha demostrado que gran parte de ella misma no fue más que un avance de cartón piedra.
* ABC - A.ESTRELLA YÁÑEZ 05/02/2012
Foto: El Pabellón de la Navegación ha sido recientemente recuperado para la ciudad, después de que tras pasar la Expo quedara abandonado - abc
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ELPAÍS* : Construcciones de viviendas, vertidos de residuos, infraestructuras o simplemente laxitud en la protección. Los ecologistas valencianos ven pocos motivos para celebrar el décimo aniversario de la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas, un registro de 48 que se logró sacar adelante con casi siete años de retraso y para el que la crisis puede suponer un respiro en forma de menor presión urbanizadora. También una amenaza por la falta de fondos para labores de conservación, aunque nunca fue el área más mimada a nivel presupuestario. “La tendencia es negativa. El catálogo fue una mera declaración de intenciones porque luego no se acompañó de normas para su gestión y criterios para la conservación de las faunas y floras de esos ecosistemas”, apostilla Carlos Arribas, portavoz en Alicante del grupo Ecologista en Acción del País Valenciano.
Arribas asegura que una década después los humedales más emblemáticos de la Comunidad Valenciana siguen amenazados por los mismos factores, a saber, presión urbanísticas en sus áreas de protección, vertidos de residuos sólidos y aguas residuales indiscriminadas, falta de agua o, en su defecto, de mala calidad por nutrientes como el fósforo. Como sea, no hay cifras al no existir una estadística de denuncias o multas incoadas por la Consejería por construcciones o vertidos en estas zonas.
De norte a sur del territorio valenciano, el panorama de los humedales es desalentador. En la provincia de Castellón, parajes tan emblemáticos como el Prat de Cabanes presentan las secuelas, entre ellas de la urbanización de Torre la Sal y el macrocomplejo Marina d'Or, aunque este un poco más alejados del perímetro de protección. En idéntica situación se encuentra el Marjal de Peñiscola. Aunque en este apartado del corrosivo efecto del ladrillo se lleva la palma el Marjal de Nules, prácticamente ocupado por edificaciones.
En la provincia de Valencia, el humedal de referencia es la Albufera. Ecologistas en Acción señala que el humedal presenta las mismas carencias que hace una década.
Es decir, sigue habiendo vertidos incontrolados y la aportación de agua no está asegura por el efecto depredador de los recursos de los nuevos sistemas de riego por goteo. Además, el agua del lago tampoco es de buena calidad, por excesos de nutrientes, especialmente el fósforo procedente del agua de los regadíos o de residuales. En esta provincia, hay otros dos humedales destacados: el Marjal del Moro, en Sagunto, y el Marjal Xeresa. El primero está amenazado por el crecimiento del puerto hacia el sur con un nuevo polígono industrial; y el segundo por las urbanizaciones levantadas a su alrededor.
Mientras, en la provincia de Alicante, el humedal de mayor envergadura el Saladar de Agua Amarga, al sur de la capital alicantina, presenta un panorama que para un lego en materia medioambiental más bien semejaría un secarral. El entorno, a la presión de la presión urbanística del enclave de Urbanova ha sumado el efecto desecación por la actividad de la planta desaladora. Pero su futuro no parece más halagüeño para un humedal cuya única figura de protección es formar parte de este catálogo: el aeropuerto de l’Altet planea una segunda pista de aterrizaje que se adentraría hasta las entrañas del humedal.
Otro entorno destacado son las Lagunas de Rabassa (fuera del catálogo), en el extrarradio de la capital. Ese entorno tampoco se ha caracterizado por su grado de protección y ahora está amenazado por la futura macrourbanización proyectada, el plan Rabassa con cerca de 14.000 casas. El paraje del Hondo igualmente ha gozado de unos niveles de protección bajos, sobre todo a la hora de facilitar la vida a la colonia de aves protegidas, la cerceta pardilla.
“La crisis supone un respiro porque la principal amenaza, al menos para los humedales de Alicante, es la presión urbanística”, enfatiza Miguel Ángel Pavón, responsable de protección del territorio de EU en Alicante. El paradigma del acoso urbanístico a humedales protegidos es el parque de las Salinas de Santa Pola y Torrevieja. El primero, además de las decenas edificaciones levantadas alrededor de su perímetro de protección se ve ahora agredido por la construcción de un camping, que impulsa el Ayuntamiento de Elche en el límite con el término municipal de la vecina Santa Pola. Y algunas de las viviendas ilegales de Catral están levantadas sobre el perímetro de protección del Hondo. “Se ha hecho la vista gorda”, denuncia Pavón.
Los colectivos ecologistas reclamaron sin éxito antes de que se cerrara el catálogo de zonas húmedas aprobado definitivamente en septiembre del año 2002 la incorporación de otras muchas zonas en el citado registro. El catálogo llegó con casi siete años de retraso, ya que la ley de Espacios Naturales Protegidos, aprobada en diciembre de 1994, daba un plazo de un año para cerrar esta lista. Casi siete años en los que quedó por el camino una lista elaborada por los socialistas en 1995 y un proyecto de catálogo presentado por el consejero de Medio Ambiente que precedió a Fernando Modrego, el regionalista José Manuel Castellà, socio de Gobierno del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, merced a su pacto con Unión Valenciana. Aquel catálogo de los regionalistas no fue del agrado del Consell, que bloqueó el documento, lo que ha supuesto un retraso de otros tres años.
En este apartado, Pavón recuerda que el catálogo de Castellà tenía un aspecto positivo que desapareció con la llegada de Modrego, ya que el perímetro de protección que preveía para las zonas húmedas “se intentaba ligar a la cuenta hidrográfica” correspondiente, lo que en la práctica ampliaba la zona de protección.
El responsable de Esquerra Unida de Alicante lamenta también que diez años después este catálogo siga sin apenas ampliaciones a pesar de las constantes reclamaciones de los colectivos ecologistas y conservacionistas. “Se optó por un catálogo restrictivo y así se ha mantenido”, lamenta el dirigente de EU. Una crítica que desde la Consejería de Infraestructuras rechazan de plano. “Todas las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana están protegidas mediante la Ley de Espacios Naturales, con independencia de si están catalogadas o no. En el catálogo figuran las más significativas”, esgrime el departamento que dirige Isabel Bonig.
Pavón, por otro lado, asegura que el catálogo tendría que haberse completado con una reglamentación de los usos permitidos en los perímetros de protección de las zonas húmedas para que los proyectos que se presentan y que les afectan o invaden de alguna forma no dependan de “la arbitrariedad de la administración” sino de criterios objetivos previamente regulados. Infraestructuras, sin embargo, lanza la pelota al tejado de los ayuntamientos y de las confederaciones hidrográficas, a quien asegura, les “compete adoptar las medidas oportunas en cada caso”, aunque admite a renglón seguido que con la supervisión de la Consejería.
* El País - ROSA BIOT / SANTIAGO NAVARRO Alicante 4 FEB 2012
Foto: El humedal de la Marjal del Moro - elpais
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EUROPASUR/Cádiz* : A mediados de 2009, se fue 'fichado' por el ministro socialista Francisco Caamaño como asesor de Justicia. En principio, para seis meses, que se terminaron prolongando hasta los dos años y medio. Tras la victoria electoral del PP, ha retornado a la Fiscalía provincial con un regusto agridulce: muy satisfecho de la labor realizada pero consciente de que demasiadas cosas no llegaron, no ya a salir del tintero, sino incluso ni a entrar. Y que no pocas de las que se han abordado, no serán puestas negro sobre blanco.
Ángel Núñez, que era entonces el fiscal delegado de Medio Ambiente, ahora, prácticamente recién aterrizado en el Palacio de Justicia, está pendiente aún de una reorganización que el Ministerio Público va a realizar para saber exactamente cuál va a ser su cometido a partir de ahora. En su ausencia, fue nombrada delegada de Medio Ambiente la fiscal Patricia Navarro. Él aún no tiene tomada una decisión al respecto, aunque se le escapa un "tampoco es mi intención volver a Medio Ambiente".
Dice que prefiere reservarse su opinión sobre los resultados de la titánica lucha contra el urbanismo ilegal emprendida en la Fiscalía, con la defensa a ultranza de la demolición como punta de lanza que le reportó reconocimientos y a la postre, su pasaporte a Madrid, cosechados en los últimos tiempos en la provincia. Tiempos en los que la piqueta apenas ha entrado en acción, y con sucesivas resoluciones judiciales paralizando o posponiendo derribos. Pero, nobleza obliga, se le escapa también una rotunda afirmación que suena a corolario: "Hay una absoluta falta de voluntad de imponer la legalidad urbanística".
El desalentador panorama, lejos de mejorar, lleva camino de empeorar bastante. Así lo deja entrever Núñez aludiendo a la anunciada profunda reforma de la Ley de Costas por parte del ministro popular Arias Cañete, con objeto de hacerla compatible "con el crecimiento". El comentario del fiscal al respecto es breve pero elocuente: "No parece que vengan buenos tiempos para el medio ambiente".
Sí se explaya y se le nota emocionado al otro lado del teléfono al efectuar un balance de su etapa como asesor de Justicia. "Ha sido magnífico. Hemos hecho la reforma del Código Penal más importante desde 1995, y el primer anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 en tres siglos. Hemos contado en Justicia con los presupuestos más elevados de la democracia, y se ha avanzado en la Nueva Oficina Judicial y en la informatización del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. El trabajo ha sido apasionante", suelta de carrerilla.
Especialmente orgulloso está de su trabajo en la comisión creada para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La actual, con tres siglos de antigüedad, es 'frankenstein', está llena de remaches y ya no caben más. Nuestro anteproyecto es ahora objeto de estudios doctrinales en las Universidades. No sé qué piensa hacer con ello el nuevo Gobierno".
A su juicio, la reforma urge porque el sistema procesal penal español "es un desastre". Entre otras cosas, porque "no favorece la agilidad, provoca que la contradicción se traslade a la instrucción. Y carecemos de regulaciones vitales como en el caso de las escuchas telefónicas. Hace falta una ley de nueva planta íntegra".
Ha sido miembro de infinidad de comités y comisiones. Un recuerdo especialmente grato guarda de la comisión para la modernización del lenguaje jurídico, a la que pertenecían entre otros el presidente de la Real Academia Española, y periodistas de los principales diarios nacionales. También alude a sus encuentros con la comisión para la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. Una norma "totalmente desfasada. El partido judicial tenía razón de ser en el siglo XIX, ahora no. Los juzgados no pueden funcionar como islas, es perentoria la reforma".
Por último, menciona también su participación en el futuro estatuto de la carrera fiscal y en los trabajos previos para la redacción de la controvertida ley Sinde, contra la piratería de la propiedad intelectual.
Su retorno a su plaza de fiscal en Cádiz ha coincidido prácticamente con el fallo de la Justicia norteamericana a favor de España en el caso Odyssey , por el que la empresa cazatesoros tendrá que devolver a nuestro país el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. En total, una colección de 500.000 monedas de oro y plata halladas en 2007. Antes de irse como asesor a Madrid, Núñez era el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo, y por sus manos pasó el expolio del Odyssey. "Yo trabajé en las reuniones con la Armada para intentar recuperar el tesoro. Ha sido un resultado magnífico este fallo".
* Europa Sur - ROSA ROMERO 05.02.2012
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ELALMERÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras un plazo que expira dentro de cinco días (hasta el próximo día 10) para que declaren como "no urbanizable" el suelo sobre el que se levanta el hotel de la playa del Algarrobico. La resolución sigue la doctrina marcada por el Tribunal Supremo que el pasado mes de septiembre declaró que la zona debe estar amparada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 en lugar del de 2008 por garantizar el primero de ellos un mayor nivel de protección.
Las dos administraciones, local y autonómica, deberán acreditar en el plazo marcado, la "adopción de medidas" para restablecer a la zona el nivel de protección que tenía en 1994, es decir calificarlo como "espacio protegido no urbanizable". El requerimiento tiene lugar como consecuencia de un escrito dictado por la organización ecologista Greenpeace, que informaba tanto al TSJA como al Supremo, de los "incumplimientos reiterados" sobre los pronunciamientos de ambos órganos jurídicos.
Al hotel, por lo tanto, le queda ese tiempo (5 días) para estar considerado como un edificio ilegal' por estar construido en suelo no urbanizable. Su camino que parece inexorable hacia la demolición, se encuentra ahora más allanado.
El TSJA continúa la senda marcada por el Supremo quien en un fallo demoledor para los intereses de la promotora Azata del Sol, aseguraba que de continuar amparando la construcción del hotel dentro de los límites de protección determinados por el PORN de 2008 se produciría "un efecto devastador en la zona". Asimismo, la propia doctrina del Alto Tribunal Andaluz el marzo de 2009, "el interés público en proteger el medio físico es el que aconseja la suspensión del PORN de 2008", ya que la zona "queda mejor amparada" por la legislación de 1994.
El destino del hotel de 411 habitaciones parece pues sentenciado, a pesar de que contra el fallo cabe un recurso de casación, que al parecer va a interponer el Ayuntamiento de Carboneras. De hecho, ayer mismo el primer edil de la localidad, Salvador Hernández, quien criticó a la Junta de Andalucía por no haber puesto en marcha "los controles urbanísticos previos a la construcción del hotel de 20 plantas" e insistió en que la postura del equipo de Gobierno "apuesta por la apertura del hotel", algo que quedó demostrado por la negativa a ejecutar la sentencia que declaró nula la licencia de obras por los "daños irreparables que podía causar a la promotora, Azata del Sol".
La otra parte implicada en el cumplimiento de la resolución del TSJA, la Junta de Andalucía, se pronunció ayer en un comunicado de la Consejería de Medio Ambiente, en el que se aseguraba que se iba a "poner en manos de los tribunales, toda la información requerida y en el plazo marcado", a la vez que insistió en que su único interés es "recuperar la zona", al mismo tiempo que "respetar un procedimiento que permita alcanzar este objetivo con la totalidad de garantías jurídicas".
LA Consejería firmó a finales del año pasado un protocolo de actuación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para proceder a la demolición y a la posterior regeneración de la playa del Algarrobico, una vez que se produzca una resolución judicial en firme". Su hora parece haber llegado después de su construcción en 2003.
* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA /04.02.2012
Foto: El Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com
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ELSOPLÓN/Cantabria* : El Gobierno de Cantabria quiso dotar a Laredo de un Puerto digno de una ciudad que se convirtiera en un importante destino turístico. El proyecto tuvo un coste de alrededor de 90 millones de euros. Un lastre con el que aún tienen que continuar, debido a que no terminarán de pagar la deuda hasta 2019.
El Gobierno de Cantabria debe a los bancos cerca de 40 millones de euros como consecuencia de las obras del Puerto de Laredo. A eso hay que añadir una cifra más, 3,6 millones de euros por la lonja que se está construyendo y de la que queda pendiente la urbanización de su zona de servicios.
El Puerto de Laredo fue inaugurado por Revilla en la legislatura pasada. Pero está sin abrir. Ningún barco atraca en él. Un proyecto que ha supuesto un importante despilfarro para la comunidad autónoma y que no quedará totalmente pagada hasta 2019. Supone un gasto anual de 5 millones de euros, lo que condiciona el resto de las partidas presupuestarias del ejercicio.
El Puerto está protegido por un dique de abrigo exterior de 730 metros de longitud y un contradique paralelo a la playa Salvé de 380 metros. El puerto pesquero-recreativo tiene cabida para 1.043 atraques deportivos, pero nadie lo usa. A esos hay que sumar 200 plazas habilitadas en la marina seca para embarcaciones menores de 8 metros.
La dársena deportiva dispone de una superficie total de 126.000 metros cuadrados y la pesquera de 37.500 metros cuadrados, ambas separadas por un espigón.
El proyecto incluye la construcción de una nave que acoge la marina seca, las bodegas y talleres, la sede de Capitanía Marina y la estación depuradora, instalaciones a las que se añade la lonja y la fábrica de hielo. También se han construido nuevos aparcamientos.
90 millones de euros a un proyecto ambicioso que está en desuso.
* El Soplón - 27.1.12
Foto: elsoplon
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PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA* :
Subastas extrajudiciales. El caso de Banca (In)Cívica y el abuso de una legislación criminal.
Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. Su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida.
A la PAH han empezado a acudir personas afectadas por este tipo de procedimiento. Concretamente tenemos ya varios casos de Banca Cívica, a quien no hemos dudado en rebautizar como Banca InCívica y quien se podría convertir en una buena metáfora de la hipocresía de la banca española, que no contenta con engañar, extorsionar, robar, estafar y desahuciar a buena parte de la población, aún pretenden mantener una buena imagen pública con nombres como Banca Cívica, o con una obra social que jamás podrá compensar todo el daño que están causando.
A Banca InCívica, y al resto de entidades que pretendan seguir cometiendo estos abusos, las avisamos: no permitiremos más violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios. Exigimos no sólo que retiren inmediatamente los procedimientos notariales extrajudiciales, sino que liberen de deuda a las personas afectadas y les permitan mantener la vivienda en régimen de alquiler social asequible. En caso contrario, la PAH emprenderá las acciones necesarias para defender los derechos de la ciudadanía.
Y a la administración le recordamos que está tardando en cambiar una legislación a todas luces injusta. Mientras no se cambie una ley que sobreprotege a unos bancos y cajas totalmente irresponsables, capaces de abusar de las leyes existentes para conseguir el máximo beneficio, de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto. Igual que sería impensable mediar entre un agresor y la persona agredida, no se puede mediar cuando existen dos partes desiguales, donde la parte fuerte (las entidades bancarias) no duda en abusar de los más vulnerables para lucrarse. Aquellas administraciones que utilizan la mediación para retrasar el cambio de la ley, se acaban convirtiendo en cómplices de todos los abusos. Más allá de las palabras y las buenas intenciones, exigimos justicia.
* Madrilonia - Plataforma de Afectados por la Hipoteca - Enero 2012
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MADRILONIA* : En las últimas semanas el gobierno de la Empresa-España repite de forma machacona la necesidad de disminuir el déficit: “No podemos gastar más de lo que tenemos”. El lema simplifica las variables en juego hasta el grado de convertir el asunto de la austeridad en una cuestión moral que busca la complicidad de la ciudadanía. El mensaje pretende ser claro: quien se desvíe de los compromisos de ajuste del gasto público que se establecerán en la nueva ley de estabilidad y sostenibilidad se tendrá que atener a las consecuencias. Si no recortas serás procesado. Pero la amenaza del gobierno olvida convenientemente el pasado y dirige la mirada hacia el futuro. Importan más los recortes que vendrán que el despilfarro de años pasados. La hipocresía parece no tener límites. Es una broma pesada que el ex alcalde de Madrid, sin duda campeón olímpico de la deuda, sea el actual ministro de Justicia.
Alberto Ruiz Gallardón ha conseguido llegar a un puesto en el gobierno nacional después de utilizar Madrid como puente de plata. En su primera comparecencia importante como ministro, el moderado y dialogante discípulo de Fraga ha demostrado que tiene tanta cintura política como su maestro. Las medidas que anunció en el Congreso han sido un guiño a la derecha más conservadora: repago en justicia laboral y civil, modificación de la ley del aborto para que las menores estén bien atadas a la decisión de sus padres o cadena perpetua en una país con las cárceles a rebosar. ¿Nos ha engañado a todos? No se preocupen, la política es un baile de máscaras.
En Madrid, ya sabíamos que la imagen progresista de Gallardón era puro teatro. Un rápido paseo por su mandato puede ayudarnos a conocer las claves del devenir de una ciudad que se transformó en un espectacular escaparate en construcción permanente. Un trampolín político a base de hipotecar dinero público en macroeventos y megaconstrucciones que han llevado a Madrid a una bancarrota económica sin precedentes.
En el año 2003, cuando Gallardón llegó a la alcaldía, la deuda del Ayuntamiento era de 1.167 millones. Según los datos del Banco de España, Madrid tiene actualmente 6.891 millones de euros deuda, o lo que es lo mismo, más de 2.200 euros por habitante. El agujero madrileño representa el 20% de la deuda total de los ayuntamientos de España y le supone al consistorio madrileño tener que pagar cerca de un millón de euros diarios en intereses. En 2012, uno de cada cuatro euros irán destinados directamente a las arcas de los acreedores.
Mientras se tacha de irresponsable a la gente que no puede hacer frente a los créditos hipotecarios, a un tipo capaz de endeudar de por vida a los madrileños le hacen ministro. La obra de la M-30, una operación ilegal, como han sentenciado los tribunales por no someterse a evaluación ambiental previa, ha costado a los madrileños más de 4.000 millones de euros reconocidos, a los que hay que sumar los grandes costes financieros que se prolongarán hasta 2035. Algunas estimaciones cifran el coste total de la obra de la M-30 alrededor de los 20.000 millones de Euros (López de Lucio). Las grandes beneficiadas de la M-30 fueron las de siempre: bancos y grandes empresas constructoras, que también desarrollaron las infraestructuras asociadas a las fracasadas candidaturas olímpicas. Gallardón repartió juego y los bonos del ayuntamiento de Madrid, pagados por todos nosotros, se encuentran bien distribuidos entre los principales bancos españoles y europeos. De hecho, cuando Lehmann Brothers quebró en Octubre de 2008 tenía en su posesión bonos de deuda del ayuntamiento de Madrid.
La demanda ciudadana de hacer una auditoría pública de los enormes gastos que supusieron las candidaturas olímpicas, habría puesto al descubierto las cantidades ingentes de dinero público destinadas a hacer de Madrid una gran tienda-escaparate. Parece que Ana Botella no tira la toalla porque nuestra ciudad lo que necesita es un gran evento para generar empleo gracias a la reactivación de la construcción.
Antes de despedirse de la alcaldía, el nuevo ministro de Justicia se definía así mismo como un servidor público . Pues bien, habría que recordarle que este año el Ayuntamiento de Madrid destinará cuatro veces más al pago de la deuda que a la atención social. Cuando recientemente Gallardón anunciaba la restauración de la cadena perpetua, los madrileños sabíamos de lo que hablaba.
* Madrilonia - 1.2.12
Foto: Madrid, exalcalde Gallardón preso - madrilonia
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DIARIOCRÍTICO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado este jueves que los edificios que se construyan en los terrenos de la operación urbanística Mahou-Calderón no podrán tener más de tres plantas más ático. Esto supone el bloqueo de una operación a cuatro bandas con importantes cambios para el distrito de Arganzuela.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Madridiario, estima parcialmente el recurso presentado por la asociación de aficionados del Atlético de Madrid, Señales de Humo. Esta impugnó la modificación del Plan General que contemplaba la operación y que secundó el 2009 la Comunidad de Madrid. La decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Constencioso Administrativo es recurrible.
El juzgado falla que no hay elementos que permitan establecer excepciones a la normativa general para que los desarrollos urbanísticos previstos tengan más de las cuatro plantas citadas (tres más ático).
Entiende que, aunque recoge que la Ley del Suelo permite a los ayuntamientos establecer excepciones con la construcción de edificios singulares, este caso no da lugar. Según ha informado Señales de Humo, la sentencia deslegitima el "proceso por el que los dirigentes del club, en connivencia con los responsables políticos municipales y regionales, que solo era beneficiosa para determinados particulares".
El problema está en que la viabilidad de la operación está sujeta a la construcción de los edificios de viviendas y de terciario. Los planes del Atlético de Madrid y de Mahou pasaban porque el club cedía su actual estadio y recibía a cambio el estadio de la Peineta. También recibiría un tercio de los réditos de la venta a FCC de los 61.251 metros cuadrados de suelo que ocupaba la antigua fábrica de Mahou, unos 120 millones, según Señales de Humo. La cervecera obtenía dos tercios de los beneficios de esta parcela, 245 millones.
En ella, el Ayuntamiento recalificó el terreno para permitir una edificabilidad de 175.000 metros cuadrados, que las dos empresas querían concentrar en cinco torres, cuatro de catorce pisos y una de diecisiete, en el espacio delimitado entre los paseos de Pontones e Imperial y la calle de Alejandro Dumas. En ellas se crearían entre 1.600 y 1.700 pisos, aunque incluso llegaron a ambicionar ampliar esta cifra hasta los 2.200. En este cuarto de círculo, la mitad noroeste (39.700 metros cuadrados de superficie) acogería las viviendas y edificios de terciario. La otra parte de este 'quesito' urbano serviría para crear una nueva calle que conectase la plaza de Francisco Morano con la glorieta de Pirámides (6.000 metros cuadrados) y la ubicación de un equipamiento educativo de más de 10.000 metros cuadrados y 5.600 metros cuadrados de zonas verdes. En este espacio se respetaría el edificio de Concasa y las viviendas anexas a la fábrica. Entre el cuadrado comprendido entre la calle de Alejandro Dumas y el paseo de los Melancólicos, Pontones y Pirámides se respetaría el instituto Gran Capitán y los edificios de viviendas.
El Consistorio recibiría en el trato 86.900 metros cuadrados que transformaría en zonas verdes (un parque con un lago en el espacio que ocupa a día de hoy el estadio y que llevará el nombre de Atlético de Madrid, y nuevas áreas medioambientales integradas en el desarrollo de Madrid Río). También se soterraría el tramo de la M-30 que todavía discurre sobre rasante, cuya transformación costaría, según cálculos municipales unos 140 millones de euros.
Todas estas acciones, más la remodelación del estadio Calderón, serían posibles gracias a la aportación de FCC, que sería la beneficiaria de la venta de los pisos. En estas circunstancias, las partes implicadas estudian recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. Independientemente del resultado en esa instancia, la situación supone la paralización del desarrollo de Madrid Río, la imposibilidad de que el Atlético de Madrid se traslade a la Peineta, el suspenso de las obras de este estadio y el bloqueo del aprovechamiento de los terrenos de la antigua fábrica cervecera, ya derribada.
* Diario Crítico - Madridiario 03/02/2012
Foto: estadio Calderón
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ELPAÍS/Pontevedra* : La Consellería de Industria ha rescatado en los últimos meses varios proyectos de canteras que provienen de la etapa final del Gobierno Fraga y que habían quedado larvados durante el bipartito. Uno de ellos, con el trámite administrativo ya avanzado, se situaría en el corazón de la Serra do Suído, incluida en la propuesta que Medio Rural presentó hace unas semanas para la ampliación de la Red Natura, donde también se tramita la explotación de otra cantera. En diciembre ya fue autorizada la de la sierra de la Enciña da Lastra, que la Xunta declaró parque natural en 2002, perteneciente igualmente a la Red Natura, en ayuntamiento ourensano de Rubiás, fronterizo con León.
Junto con los parques eólicos, las minas a cielo abierto están vetadas en los espacios con esa protección ambiental por su “impacto paisajístico crítico” y por las “mínimas posibilidades de restauración a corto o medio plazo”, según el propio Ejecutivo autonómico. Con una excepción de la que se podría beneficiar esta cantera: se permiten si su actividad es anterior a la declaración del espacio como zona protegida, de forma que Industria tiene en su mano adelantarse al incremento oficial de la Red Natura, previsto para julio de este año.
Se trata de la explotación granitera Longo, impulsada por la empresa David Fernández Grande Investroc SL y situada en el límite entre los municipios pontevedreses de Fornelos de Montes y Covelo, que comenzó su recorrido administrativo en 2003, cuando solicitó el permiso de investigación. El plácet para realizar las catas y las pruebas que determinen si la actividad es viable le llegó ya con la Xunta bipartita, en abril de 2006. Sin embargo, nada más se supo de ella hasta que, a través de una orden del 4 de agosto de 2011, se sacó a información pública el proyecto, la declaración de impacto ambiental y el plan de restauración. Las coordenadas de las cuadrículas mineras publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en las que se asentaría la cantera remiten al centro del LIC que la Consellería de Medio Rural e do Mar pretende crear en O Suído.
Este podría no ser un caso aislado. La Asemblea do Suído, colectivo integrado en la Federación Ecoloxista Galega (FEG), alerta de que otra cantera de granito, Lebres, de la misma empresa, está “moviéndose en los despachos” y aventura que pronto saldrá a información pública. Aunque no su totalidad, la mayor parte estaría también en el interior del LIC, en la vertiente sudoeste, en los mismos ayuntamientos. La consellería explica que está pendiente de resolverse una prórroga del permiso de investigación, concedido en octubre de 2005, cuando el BNG desempeñaba esa cartera. “Cumpliendo con la normativa en materia de minería, se están requiriendo los informes necesarios para resolver, positiva o negativamente, según proceda”, afirma. Si finalmente la empresa consigue los permisos de explotación, su actividad podría prolongarse durante 30 años, prorrogables hasta un máximo de 75.
La Asamblea do Suído completa su denuncia con una tercera explotación de granito, de nuevo impulsada por David Fernández Investroc SL, denominada Castelo, aparecida en el DOG del 4 de enero de este año. Está proyectada en el nacimiento del Río Tea, entre los municipios de Carballeda de Avia, Melón (ambos en Ourense) y Covelo. A diferencia del resto del cauce, esa zona del Tea no pertenece a la Red Natura ni está incluida en la futura ampliación, por lo que en principio no existe traba legal para su instalación. Sin embargo, los ecologistas advierten de que la cantera puede afectar al LIC Río Tea igualmente.
En cualquier caso, la actividad de esta empresa, con sede en Vigo, no se reduce a estos tres expedientes. De hecho, durante los meses finales del Gobierno Fraga solicitó hasta 13 permisos de investigación en esta zona de Pontevedra colindante con Ourense. Doce de ellos están fechados el mismo día, 22 de febrero de 2005. Con el Ejecutivo en funciones se autorizaron cuatro de esas peticiones, dos de las cuales están ahora en la misma situación que la de Longo, sometidos a información pública su proyecto y la evaluación de impacto ambiental.
* El País - ALBERTO LEYENDA Vigo 31 ENE 2012
Foto: Zona de la Serra do Suído en la que está prevista la explotación de una cantera de granito./ LALO R. VILLAR
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ELCONFIDENCIAL* : La luz al final del túnel sigue sin vislumbrarse. Tal y como llevan meses advirtiendo promotores, agencias y otros expertos del sector inmobiliario, 2012 seguirá siendo muy duro para el sector inmobiliario tanto en cuanto a la venta de viviendas como a los precios, cuya caída comenzó a acelerarse a partir del verano de 2011. El ejercicio que acabamos de despedir ha sido el peor año para el ladrillo desde que pinchó la burbuja inmobiliaria, en 2006.
Por lo pronto, los primeros datos del año no invitan al optimismo. Los precios de la vivienda de segunda mano bajaron un 9,4% respecto al mismo mes del año pasado y un 1,9% respecto a diciembre de 2011, la mayor caída desde que comenzó la crisis, según los datos ofrecidos hoy por idealista.com. Este porcentaje supera al 1,8% registrado en octubre de 2011.
Con este descenso del precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.045 euros frente a los 2.258 euros de enero de 2011.
Los precios de los pisos usados inició su tendencia a la baja a principios de 2008. Según el índice Inmo50, elaborado por idealista.com y Cotizalia, el espacio financiero de El Confidencial. Este índice marcó su máximo en septiembre de 2007 en 192,7 puntos. En enero de este año se encuentra en 152,2, lo que supone un descenso del 21%.
El Imo50 tiene en cuenta criterios como la actividad y el peso económico regional de cada una de las ciudades. Para ello, una vez obtenido el precio por capital de provincia, el dato resultante es ponderado de forma independiente en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) provincial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El segmento de la segunda mano, de las viviendas en manos de los particulares, está acusando especialmente la dura competencia que están ejerciendo las entidades financieras para colocar sus inmuebles. Un competencia que dentro del sector inmobiliario se califica como 'desleal' y que está echando para atrás numerosas operaciones tanto de promotoras, como de agencias y particulares ante la falta de financiación.
Una situación que se ha traducido en un desplome de las ventas, lo que está obligando a numerosos propietarios a realizar importantes rebajas en los precios para poder dar salida en el mercado a sus inmuebles.
Castilla La Mancha, la comunidad más castigada
Los mayores decrementos se han producido en Castilla la Mancha, donde los precios han bajado un 2,3%; mientras que en Baleares, Asturias y Andalucía el precio descendió un 2,1% en los tres casos. En el lado opuesto de la tabla, con los menores descensos, se encuentra Aragón, con una bajada del 0,1%. Por detrás están Castilla y León (0,4%) y Euskadi (0,5%).
Euskadi (3.312 euros/m2) sigue siendo la autonomía más cara y la única en superar los tres mil euros el metro cuadrado. Le sigue la Comunidad de Madrid (2.921 euros/m2), Cantabria (2.316 euros/m2) y Catalunya (2.293 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.305 euros/m2), Murcia (1.306 euros/m2) y Castilla la Mancha (1.329 euros/m2), las comunidades más económicas.
Durante el mes de enero, 8 de las 50 provincias españolas han mantenido sus precios en positivo (tres más que en el pasado mes de enero). El mayor incremento se ha producido en Palencia, con un 2,8%, seguido por León (2,3%) y Guipúzcoa (1,7%). 42 provincias han caído de precio, siendo Cuenca donde el descenso ha tenido más fuerza, un 4,4%; seguido por Castellón (-3%) y A Coruña (-3%).
El ranking de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.609 euros/m2 y 3.367euros/m2 respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (2.921 euros/m2) y Álava (2.579 euros/m2). Barcelona queda relegada al quinto puesto (2.562 euros/m2). Cuenca se convierte en la provincia más económica (1.187 euros/m2), seguida por Ciudad Real (1.211 euros/m2) y Ávila (1.217 euros/m2).
Valladolid, la única capital donde suben los precios
Los grandes mercados nacionales han visto descender el precio de sus inmuebles de segunda mano durante el último mes. En Sevilla los precios han bajado un 1,8%, mientras que en Barcelona y Valencia la caída ha sido del 1,6%. En el caso de madrid el decremento ha sido del 0,7%, por un 0,5% que se ha registrado en Bilbao. Zaragoza cierra las caídas con un 0,3%. de entre las grandes ciudades, sólo Valladolid ha conseguido mantener sus precios en positivo en el primer mes del año (0,8%)
Además de Valladolid, otros nueve mercados han incrementado las expectativas de sus propietarios durante el mes de enero. Los mayores incrementos se han dado en Palencia (2,1%), Pontevedra (1,6%) y León (1,4%). Huesca en cambio ha registrado la mayor bajada (-2,9%), seguido por Cádiz (-2,7%) y Lleida (-2,5%).
El índice de precios inmobiliarios de idealista.com
Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista.com se han analizado 264.322 anuncios que están o han estado anunciados en su base de datos entre el 21 de diciembre de 2011 y el 30 de enero de 2012. Para asegurar la exactitud de los datos se han eliminado de la muestra aquellos inmuebles cuyos precios estaban fuera de mercado, además de las viviendas unifamiliares porque su presencia desvirtuaba el precio en algunas zonas.
No se ofrece el precio de aquellas capitales de provincia con un número de inmuebles inferior a 50, ya que la muestra no resulta suficiente. El índice inmobiliario de idealista está elaborado con precios de oferta sobre metros cuadrados construidos.
* El Confidencial - Elena Sanz - 2.2.12
Foto: elconfidencial
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PÚBLICO* : El Gobierno abre la puerta al trasvase del Ebro, la reducción de los objetivos de calidad del aire y la construcción en el litoral. Muchas de sus 66 propuestas no figuraban en el programa electoral de Mariano Rajoy.
Hace 12 años, cuando el presidente Aznar defendía el trasvase del río Ebro para regar las huertas de Levante, Miguel Arias Cañete confesó a unos agricultores murcianos: "Sale por cojones, porque el Plan Hidrológico o sale en esta legislatura o no sale nunca". No salió, pero el hoy ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció este miércoles que sí saldrá con Mariano Rajoy en el poder, sin dar detalles de en qué consistirá.
Arias Cañete hizo este anuncio en su primera comparecencia en el Congreso, en la que anunció un vuelco total a la legislación medioambiental en España, con 66 propuestas en todos los ámbitos que regula su Ministerio. Es difícil encontrar precedentes en los que un ministro haya anunciado tantas reformas de leyes en tan poco tiempo.
En un discurso de más de tres horas leído a toda velocidad, en el que Arias Cañete se comió tantas palabras que el diputado de UPyD Toni Cantó admitió haberse perdido varias propuestas, el ministro anunció las modificaciones de la leyes de Costas, de Calidad del Aire, de Evaluación de Impacto Ambiental, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de anunciar el nuevo Plan Hidrológico Nacional. Casi nada de esto figuraba en el programa electoral del PP.
La tramitación de este terremoto legislativo en el Congreso, con mayoría absoluta del PP, será "un paseo militar", utilizando el término empleado por Arias Cañete en 2000 refiriéndose a la aprobación del trasvase del Ebro. Como trasfondo de esta reforma radical de la legislación española subyace un mantra pronunciado este miércoles por Cañete: "Sólo si la política medioambiental es viable económicamente puede mantenerse a largo plazo. Lo contrario es engañarse".
Las organizaciones de conservación de la naturaleza reaccionaron con vehemencia a la batería de medidas del ministro. Para Ecologistas en Acción, los cambios suponen "un jaque mate al medio ambiente sin precedentes" con el "único objetivo de favorecer el crecimiento económico".
El ministro dio este miércoles algunos detalles de la "profunda" reforma anunciada hace unos días de la Ley de Costas, que defiende el uso público del litoral desde 1988. Cañete explicó que el objetivo es "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales". Para Greenpeace, cuando Cañete aseguró que "frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación" abrió la puerta a nuevos proyectos urbanísticos. La reforma de la ley incluye la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas" y el fomento de la "desafectación de espacios del dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales".
La Ley de Costas de 1988 dice todo lo contrario, como denuncia Juan Carlos del Olmo, de WWF: si un terreno en el litoral está degradado, la ley obliga a restaurarlo, no a desa-fectarlo, que es desvincularlo de su uso público. "Vemos con muchísimo miedo la reforma de la Ley de Costas, porque si se desafecta un terreno de dominio público el siguiente paso es privatizarlo", señala Del Olmo.
La nueva portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Leire Pajín, preguntó a Cañete si la reforma supone "una vuelta al pasado, volviendo al espíritu de su Ley del Suelo para construir en todas partes sin planificación, sin límite, volviendo a la depredación del territorio y del litoral y a una economía especulativa con los pies de barro".
En 1988, la Ley de Costas declaró dominio público todo el terreno de playa y hasta donde hubiesen llegado los mayores temporales conocidos. Las viviendas construidas en ese suelo antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para compensar la pérdida de propiedad. Los dueños no pueden venderlas. A partir de 2018, tocaría derribarlas. Arias Cañete desveló este miércoles que el Ministerio planea ampliar ese plazo.
Ante las críticas de Pajín, el ministro le restregó el caso del hotel El Algarrobico, una mole de 411 habitaciones construida en una playa de Carboneras (Almería) gracias a la permisividad de la Junta de Andalucía, la indecisión del Ministerio de Medio Ambiente socialista y, sobre todo, al apoyo del Ayuntamiento, regido por el PSOE. "Yo Algarrobicos no sé hacer, ni los pienso hacer. Aquí alguien me lo podría enseñar. Yo voy a dedicarme a poner en valor nuestras costas y playas. En el litoral español hay ejemplos nefastos y magníficos. Yo prefiero copiar los magníficos", espetó Cañete a Pajín.
Aguas
El ministro también anunció "un nuevo Plan Hidrológico Nacional" con el objetivo de garantizar el suministro de agua "de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional". Cañete evitó en sus primeras tres horas de comparecencia utilizar la palabra "trasvase", hasta que la empleó en sus respuestas a la oposición. "Hagamos las obras que haya que hacer, porque hay mucho sentido común que aplicar a la planificación hidrológica", declaró.
El responsable de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente justificó estas obras en la necesidad de "aprovechar aguas excedentarias". La Plataforma en Defensa del Ebro anunció inmediatamente que tomará las calles para protestar contra la política "claramente trasvasista" del PP, según informó su portavoz, Manuel Tomás, a la agencia Efe. La diputada del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) en el Congreso, Teresa Cunillera, criticó la "indefinición" del ministro, que hace "temer el peor de los escenarios" al PSC. "No ha dicho si este nuevo plan incluirá los trasvases del Ebro y ha enmascarado sus auténticas intenciones", lamentó Cunillera. La Directiva Marco del Agua de la UE no admite trasvases entre cuencas diferentes salvo en casos extremos.
Arias Cañete defendió con datos la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y lamentó "la herencia recibida", como ya hizo en la toma de posesión de sus altos cargos hace unas semanas. El ministro recordó el estado del plan de desaladoras del Gobierno de Zapatero, puesto en marcha tras tumbar el anterior Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar en 2004. De las 51 desaladoras previstas, sólo hay 17 en funcionamiento, otras 15 en construcción y el resto sólo están sobre el papel, según detalló Cañete. La inversión necesaria para completar el plan de desalación de Zapatero ascendería a 2.416 millones de euros, además de los 1.664 millones ya gastados.
El ministro también se comprometió a "alcanzar la plena depuración de la carga contaminante en aguas en España", comenzando por los grandes núcleos y las poblaciones en áreas de importancia ambiental. Este anuncio ha sido aplaudido por organizaciones ecologistas como WWF. Cañete recordó que Bruselas ya ha abierto dos expedientes sancionadores a España, uno por no depurar las aguas en 23 grandes núcleos urbanos y otro por verter aguas residuales en zonas de importancia ambiental, como ocurre en 912 municipios españoles, la mayoría gobernados por el PP.
Contaminación
La reciente Ley de Calidad del Aire, de 2007, tampoco se salva del seísmo en la legislación ambiental y será "revisada". Cañete abogó por fijar "objetivos realistas", lo que para Ecologistas en Acción "suena a retrasar su cumplimiento". En algunas ciudades gobernadas por el PP, como Madrid, se respira actualmente un aire ilegal, con incumplimientos generalizados de los límites legales de varios contaminantes marcados por la UE. La alcaldesa de la capital y exresponsable de Medio Ambiente, Ana Botella, siempre ha escudado el retraso en la toma de medidas contra la contaminación en que "el paro asfixia más".
Cambio climático
Cañete se desvinculó este miércoles de las declaraciones bienintencionadas del anterior Gobierno socialista, que pedía con otros países europeos que la UE aumente su objetivo de reducir sus emisiones de CO2 un 20% en 2020 hasta llegar a un recorte del 30%. Preguntado por Leire Pajín por su postura, el ministro fue tajante: "No vamos a asumir compromisos que no pueda cumplir nuestro país".
Cañete criticó los escasos avances del Gobierno de Zapatero para reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte, las viviendas y los residuos. Y lamentó que el cumplimiento del protocolo de Kioto, que permite que España aumente sus emisiones hasta un 15% respecto a 1990 en el periodo 2008-2012, esté todavía lejos por este lastre. El objetivo sólo se logrará desembolsando cientos de millones de euros para comprar derechos de emisión a otros países. "Yo no puedo asumir un 30% si no cumplo ni el 15% de Kioto, si estoy comprando derechos de emisión por un tubo", defendió. "Ser líderes mundiales en cambio climático no es hacer declaraciones voluntaristas que no sirven de nada, sino cumplir los objetivos de Kioto", remachó.
Para reducir las emisiones, el Gobierno conservador propone potenciar el papel de los bosques como sumidero de CO2, apoyar planes de movilidad urbana en las grandes ciudades e impulsar la rehabilitación de viviendas. En la campaña electoral de 2004, Rajoy prometió plantar 800 millones de árboles si ganaba las elecciones. En 2008, rebajó la cifra hasta los 500 millones de árboles. En 2011, las promesas desaparecieron.
Cañete aseguró este miércoles que la decisión del Ministerio de Industria de eliminar las ayudas a las energías renovables no suponen "un parón", sino una "ordenación temporal".
Océanos
Frente a la intención de Bruselas de eliminar los descartes, los peces pescados accidentalmente que se devuelven muertos o agonizantes al mar, Cañete propuso de manera confusa vincular esta medida "al establecimiento de posibilidades de pesca nacionales acordes con la composición natural de las capturas de cada pesquería". El ministro anunció un impulso a las áreas marinas protegidas, las grandes olvidadas en la legislación española.
Agricultura
Cañete adelantó la creación de un nuevo Plan Nacional de Regadíos para "reducir el consumo de agua". También se pondrá en marcha un Plan Nacional de Acción para el uso sostenible de pesticidas y fertilizantes y se revisará la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural para "acercarla más a la realidad".
* Público - MANUEL ANSEDE Madrid 01/02/2012
Foto: Arias Cañete, ministro de MA - genoveses
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MADRILONIA* : El Gobierno de la Comunidad de Madrid acelera los trámites para privatizar el Canal de Isabel II sin que nadie sepa cuánto vale y con una marea azul a la vista.
El 9 de enero los vecinos de El Ventorro de la Puñalá se quedaban sin agua. Este poblado de infraviviendas en el entorno de Getafe acoge a más de 70 familias que, desde ese día, no tienen agua corriente. Las explicaciones del Canal resultaron paradójicas. Tras las primeras acusaciones de impago llegó la explicación: obtenían el agua de manera fraudulenta y sin contrato, por lo tanto no podían tener impagos. La historia deja sin agua a unas 300 personas y, según fuentes de la oposición regional, ejemplifica el futuro que aguarda a los vecinos de Madrid si el líquido elemento pasa a ser gestionado por manos privadas. El proceso ha empezado.
En septiembre de 2008, el Canal de Isabel II necesitaba, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, 4.000 millones de euros en inversiones. Esperanza Aguirre sabía dónde buscar: “Qué mejor manera de obtenerlos que salir a Bolsa y hacer que los madrileños puedan ser propietarios de acciones de su empresa de aguas”. La frase, junto a la ley que aquel año apuntalaba la iniciativa, muestra toda la aparente lógica endiablada del capitalismo, pero, claro, es falaz. Los madrileños ya son propietarios de su empresa de aguas, aunque no sean accionistas.
Con aquel argumento empezaba la larga carrera del PP por poner en manos privadas una de las ‘joyas de la corona’ en la región y de todo el Estado: la empresa pública que gestiona el agua de los madrileños desde 1851. Aquel primer arranque de Aguirre no cuajó, en parte por sus rifirrafes con Gallardón, que se mostró reacio a la privatización en vísperas de un congreso regional del PP, cuando él y Aguirre pugnaban por el liderazgo del partido. El freno del alcalde, unido a las malas expectativas de venta en una crisis que estaba empezando y se preveía breve, aplazó entonces el afán de la presidenta.
Beneficios millonarios
El Canal de Isabel II es un trofeo muy codiciado, una de esas empresas públicas que, además de prestar un servicio a la ciudadanía, obtienen beneficios. El canal obtuvo unas ganancias netas de 120 millones de euros en 2010, último ejercicio contabilizado. El año anterior registró unos ingresos de 750 millones, con beneficios de 151 millones. Un pastel muy goloso en tiempos de crisis. En resumen, el plan privatizador del Gobierno de Aguirre contempla vender a accionistas privados el 49% de las acciones del Canal, aunque también entrega un 19% más a los ayuntamientos. La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones el proceso, que llega precisamente en un momento de recesión y falta de crédito en que los accionistas privados tendrían la excusa perfecta para ofrecer precios por debajo del valor potencial de una empresa de este calibre. Entonces, ¿por qué malvender el Canal?
En el PP tienen sus razones, desde la ideología neoliberal de la presidenta hasta los motivos crematísticos del Ayuntamiento capitalino, el más endeudado de España con un agujero de 6.891 millones de euros. En efecto, según el acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento, si el Canal se privatiza, un 10% de las acciones pasarían a estar en manos del Consistorio, que ya incluye la venta de su porción en los cálculos presupuestarios.
Según su particular cuenta de la lechera, las sedientas arcas municipales podrían ingresar 384 millones de euros con el negocio. De esa cifra, 39 millones de euros vendrían exclusivamente de la venta de un 14% de las acciones que le corresponden. El Ayuntamiento ya ha aprobado que pueda vender hasta un 70% de ese paquete. Con Gallardón apartado de la política madrileña, en plena sequía económica, con Ana Botella sedienta de liquidez y con los ingresos de la Comunidad bajo mínimos, la peor venta posible se hace buena. El resto de ayuntamientos madrileños se repartirán otro 9% del Canal y todos ellos pueden privatizar una parte. Según Carmen Villares, portavoz de IU en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, “el 63% del Canal puede acabar en manos privadas” durante medio siglo, el plazo de cesión que contempla la ley.
Una tasación difícil
Es imposible saber cuánto cuesta el Canal. La última tasación se hizo pública en 1989, hace casi un cuarto de siglo. En aquella época la empresa pública ya valía 500.000 millones de pesetas, unos 3.000 millones de euros. Ahora la cifra es un misterio; de hecho, la Comunidad pagó en 2011 más de un millón de euros a BBVA, Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas por tareas de consultoría y asesoramiento: es decir, para que preparasen el papeleo de la venta y le pusiesen precio a este gigante que maneja 14 embalses, más de 14.000 kilómetros de tuberías, siete empresas filiales, un parque de 200 viviendas y mucho, mucho suelo. En 2009, 20 años después de su primera tasación, la consultora American Appraisal volvió a ser contratada para lo mismo: ponerle precio al Canal. Nadie entre los empleados del Canal ni entre la oposición conoce el resultado de aquellas dos tasaciones. Villares explica que desde la oposición preguntan una y otra vez por el valor de la empresa: “En Europa no existe una empresa similar, con una red de distribución similar, con cuentas saneadas, con tanto suelo y tantas filiales, que llegan hasta Iberoamérica”, advierte.
¿Quién podría comprar un coloso de estas características? Los empleados del Canal no tienen ni idea. Ven pasar a su alrededor un sinfín de rumores, pero desde el comité de empresa se lamentan de la opacidad de la empresa: “Hemos hecho consultas, pero nada. El comité de empresa ha recibido cero notificaciones”, aseguran a DIAGONAL. La prensa económica hace conjeturas que alejan la posibilidad de una salida a Bolsa y se decantan por la venta a un consorcio internacional de socios industriales y constructoras. Entre rumores de correveidiles suena un nombre: otro mastodonte europeo del agua, el gigante francés GDF-Suez.
Hasta que se consume la decisión, sólo hay hueco para la resistencia. La Plataforma contra la Privatización del Canal YII coordina a una quincena de partidos políticos, organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos y sindicatos. El 11 de enero se reunió con miembros de 21 asambleas de barrios 15M. De esta confluencia están saliendo la mayoría de iniciativas contra la medida. La próxima reunión es el 8 de febrero, días antes de que empiece la semana de concienciación que la Plataforma trata de poner en marcha ante el desconocimiento de la ciudadanía y el silencio de los medios corporativos. El tiempo apremia: Aguirre está presionando a los municipios para que aprueben su proyecto antes de fin de mes. Al menos ocho ayuntamientos se han opuesto, lo que va a retrasar los planes de Aguirre, que tendrá que devolver el debate a la Asamblea.
INICIATIVA CONTRA EL EXPOLIO
Los Ayuntamientos madrileños de San Fernando de Henares, Leganés, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid, Getafe y Colmenarejo han presentado siete iniciativas legislativas municipales contra la privatización del Canal de Isabel II, lo que introduce modificaciones legales al proyecto de crear una sociedad anónima a partir de la empresa pública de aguas de Madrid. Esta iniciativa parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, integrada por diversas organizaciones políticas (Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista), sindicales (Comité de Empresa del Canal de Isabel II, CC OO Madrid), sociales y ambientales, (ATTAC o Ecologistas en Acción).
* http://www.diagonalperiodico.net/
* Madrilonia - Raúl F. Millares (Diagonal) - Enero 2012
Foto: Madrid, Canal oficinas - madrid
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MALLORCADIARIO* : La portada de un diario alemán se hacía eco del caos legal en el urbanismo de Baleares, aunque también se podría proyectar a otras zonas de nuestro país. Es un tema antiguo que ya ha ocupado la atención de muchos extranjeros y que ha provocado bastantes debates en el Parlamento Europeo. Como se imaginarán, no seremos nosotros quienes vamos a enseñar a los daneses, alemanes u holandeses como evitar grandes mamotretos de cemento en la primera línea de la playa. Ellos también están radicalmente en contra.
Lo que no entienden -yo creo que con razón- es que en España lo que hoy es blanco mañana es negro y al revés. Esto es inaceptable. Y más si un particular, acogiéndose a lo que dice la ley, ha comprado, ha invertido y se ha instalado a vivir en nuestro país. No pueden entender que después aparezca otra administración, a veces incluso la misma, y le diga que ha decidido que lo que ayer era urbano, hoy es un patrimonio de la humanidad que hay que proteger. Y allí se queda sin vivienda y con el derecho a abrir un interminable proceso legal en los tribunales que nada le garantiza vaya a acabar bien.
Esta es nuestra triste realidad: cada uno que llega hace su ley, de forma que la administración, el poder público, vive desdiciéndose. Y con ello nos llevamos por delante todo indicio de respeto a la ley.
* Mallorca Diario - Javier Mato el 02 Febrero 2012
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción, banderas negras
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NOTICIASDEGIPUZKOA/Irún/Entrevista* : Agustín González, de 50 años de edad, lleva muchos años vinculado al Foro Ciudadano Irunés, en especial, a los temas de urbanismo. Hace algunas semanas, tomó el relevo en la presidencia a Lucía Garbayo. Un relevo que es "una ilusión pero sobre todo, una responsabilidad". Agustín González trabaja en el Instituto Nacional de Estadística y reconoce que el no tener vinculaciones familiares le da "más tiempo que a otros para dedicarlo a proyectos como el del Foro Ciudadano Irunés".
¿Le costó dar el paso de asumir la presidencia del Foro? ¿Pesa más la ilusión o la responsabilidad?
Llevo mucho tiempo en este movimiento y Lucía Garbayo, la ya expresidenta, siempre me había animado a asumir el cargo. Ella se merecía ya un descanso después de tantos años y al final, entre todos, me convencieron. Es ilusionante presidir un colectivo que busca mejorar la vida de Irun, detectar los problemas y ayudar a solucionarlos. Pero, sobre todo, supone una responsabilidad, porque no podemos dejar todas las cosas en manos de los políticos, los ciudadanos tenemos que tener una actitud de contribuir a la solución de las cosas. Ese ha sido y será siempre el objetivo del Foro Ciudadano Irunés.
¿Qué opina del panorama político que nos han dejado las últimas elecciones forales y municipales? ¿Cree que estamos en nuevos tiempos para la participación?
Los cambios han sido más que interesantes. En Irun, hemos pasado de un PSE-EE en casi mayoría absoluta, con doce concejales sobre 25, a un Gobierno de nueve que necesita, imperiosamente, buscar el apoyo de al menos uno de los tres grupos fuertes de la oposición, como son PP, PNV y Bildu. Tanto en esta legislatura como en la anterior, en Irun vivimos una experiencia interesante, la de un PSE-EE que llega a acuerdos y coincidencias con todos, ahora con unos y luego con otros, aunque no en todo, como es lógico. En el ámbito guipuzcoano, el cambio es incluso más radical, con una fuerza política como Bildu que no tenía experiencia de gobierno y que está en minoría. Creo que puede ser bueno que unos acaben necesitando de otros.
La pasada semana, en Irun, se vivió un desencuentro fuerte, cuando la oposición se mostró en contra de los cambios en el servicio de autobús urbano y el alcalde tuvo que dejar el asunto sobre la mesa. ¿Es un afán de recordar al Gobierno que está en minoría, como argumentó el alcalde Santano, o que no se había explicado y hablado lo suficiente?
Puede que sea una mezcla de ambas cosas, pero creo que tiene más de lo segundo. Creo que Santano no puede decir que esté sometido a una especie de boicot por parte del resto de grupos. Han sido muchos los puntos de encuentro con unos y otros, y seguirá habiéndolos. Y hasta puede ser legítimo, en un momento dado, que la oposición dé un toque de atención a quien necesita de sus votos. Pero creo que en esta ocasión, había más dudas y lagunas en el fondo del asunto, en las que el equipo de Gobierno tenía que haber tenido la iniciativa de buscar no solo el apoyo de un grupo para sacar el asunto adelante, sino el máximo consenso posible. Un asunto como el del transporte público urbano es algo muy importante para los iruneses y merece que sea debatido ampliamente y tratando de buscar el acuerdo, si no de todos, de casi todos.
¿Considera entonces que era necesario convocar la Mesa de Movilidad, que se reúne el martes?
Creo que es fundamental, porque las modificaciones de Irunbus se expusieron en la Mesa de Movilidad, pero se necesita tiempo para valorarlas y proponer alternativas o mejoras. Hablamos de un servicio público esencial en el que se va a hacer un recorte de presupuesto. Hay que mirar muy bien lo que se cambia y, sobre todo, hacerlo de forma que esté coordinado y complementado con los cambios que a su vez va a hacer la Diputación Foral de Gipuzkoa en las líneas interurbanas. Creo que en la Mesa de Movilidad podremos mejorar la propuesta que se quedó sin aprobar en el Pleno.
¿Cuáles son los caballos de batalla con la Diputación?
Seguimos a vueltas con la residencia de Arbes y con el desdoble de la N-I. Tenemos que reducir la lista de personas que esperan por una plaza en una residencia. Ha sido la pelea de diez años y esperamos que, tal como dijo el Gobierno foral, la de Arbes sea la primera en hacerse, en cuanto haya dinero disponible.
* Noticias de Gipuzkoa - XABIER SAGARZAZU - 2.2.12
Foto: Irún, ayuntamiento - gipuzkoa
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ELPAÍS/Pontevedra* : Lenta pero incesantemente, los órganos judiciales van emitiendo sentencias contra las prácticas urbanísticas del PP en el Ayuntamiento de Sanxenxo. La última llegó el pasado diciembre desde el Tribunal Superior de Xustiza, que a raíz de los cambios del criterio municipal respecto a la legalidad de las obras en una discoteca en Portonovo —primero desfavorable, después proclive— pone de vuelta y media a la Gerencia Municipal de Urbanismo. “Resulta patente la omisiva, errática y aun contradictoria, amén de ilegítima actuación administrativo-urbanística”, concluye el fallo, que tumba el que emitió el año pasado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra y declara la ilegalidad de las licencias.
El caso se remonta a 2007, ya con Catalina González en la alcaldía después de la marcha de Telmo Martín. Tras la aprobación del Plan General de 2003, una parte de los edificios en la franja costera de Portonovo quedaron fuera del planeamiento, lo que en la práctica supuso que sus propietarios solo podían llevar a cabo en ellos obras de mantenimiento y conservación. La empresa local Libelula decidió no obstante realizar una reforma extensa en un establecimiento afectado, que incluyó la demolición de los tabiques.
En abril de 2007 el Ayuntamiento entra en acción, en principio de modo impecable. Amparándose en la Lei de Ordenación do Territorio, la Gerencia de Urbanismo, que preside la alcaldesa, inició un expediente de reposición de la legalidad urbanística y mandó parar las obras. Los propietarios no hicieron caso y un mes después, tras un nuevo requerimiento, la Gerencia precintó el local. “El inmueble ya había quedado diáfano”, recuerda la sentencia.
El expediente nunca se concluyó, y la cuestión dormitó durante un año. En mayo de 2008, sin embargo, el mismo organismo municipal dictó en dos días dos resoluciones contrarias. La primera, el día 12, rechaza una nueva licencia de obra y otra de actividad, que en cambio concede al día siguiente. Más tarde, en enero de 2009 se levanta el precinto, en marzo se permite el acondicionamiento como discoteca y en abril se otorga la licencia de apertura. Estas dos últimas resoluciones fueron las que originaron el recurso.
Según el magistrado ponente, José Luis Ramírez, la “patente omisión” a la hora de concluir el expediente por unas obras de demolición que se empezaron sin licencia “no es en modo alguno subsanable por la concesión de licencia de ulteriores obras”. En el razonamiento se recuerda también que la ley de ordenación obliga a echar abajo las obras que no sean legalizables “e impedir los usos a que dieran lugar”.
La sentencia ha provisto de nueva munición a la oposición. “En vez de ejercer su labor de vigilancia, el Ayuntamiento opta por subterfugios jurídicos para garantizar lo que no es posible”, critica el portavoz local del BNG, David Otero, que acusa a la alcaldesa de no revelar el documento. “Este ocultismo es una de sus características, junto a la más que evidente pérdida de control sobre la situación urbanística con gravísimas consecuencias económicas”, añade, y reitera su petición de que una comisión de investigación en el Parlamento investigue la gestión municipal del urbanismo.
El fallo salió a la luz menos de 24 horas después de que el PP bloquease en un pleno extraordinario una comisión de investigación sobre los avatares urbanísticos del municipio porque la petición era “genérica” y estaba “mal redactada”. La solicitud la habían firmado los tres grupos de la oposición después de que a principios de mes se confirmase que el Ayuntamiento deberá devolver 3,8 millones de euros que había recibido de un grupo de constructoras a las que a cambio eximió de levantar vivienda pública en una parcela de Monte Faro. Este acuerdo, legal en su génesis, no se pudo completar por las modificaciones legales que introdujo el bipartito en la Xunta. Todavía se espera con temor en el Ayuntamiento, en ese sentido, la llegada de otra resolución por un caso paralelo en un terreno colindante, en el que el montante del litigio asciende a 4,8 millones.
* El País - VÍCTOR HONORATO Pontevedra 31 ENE 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), puerto - turismo
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LEVANTE* : Por segunda vez en cuatro años el Tribunal Supremo vuelve a poner en entredicho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló del año 2000. En 2008 la invalidó por no exponerse una segunda vez al público, tal como exige la ley urbanística estatal, y ahora cuestiona la modificación del PGOU al considerar que el Consell y el ayuntamiento han ejecutado de forma incorrecta la primera sentencia que derogó el planeamiento urbanístico. La Generalitat aprobó hace dos años nuevamente el PGOU de 2000 sin incorporar los cambios urbanísticos introducidos a posteriori. El Alto Tribunal insta a ambas administraciones a repetir el proceso, adaptándolo a las actuales circunstancias.
La resolución de la sala 5ª de lo contencioso-administrativo, con fecha del 8.11.2011 y a la que ha tenido acceso Levante de Castelló, atiende los recursos de casación presentados por tres particulares contra dos autos del TSJ que validaban el cumplimiento de la sentencia de 2008 por parte de la Conselleria de Urbanismo y que rechazaban su personación en la causa.
Además de dar vía libre a la petición de los demandantes, el Supremo también pone en jaque la última modificación del PGOU que aprobó la Conselleria de Urbanismo en enero de 2010 por no tenerse en cuenta en el periodo de información pública "las circunstancias materiales y jurídicas del momento en que se practique", según reza la resolución. Al respecto, ordena que la sentencia de 2008 se ejecute en "sus propios términos, partiendo que se declaró nulo el Plan General de Castelló", por lo que reclama a la Generalitat y al ayuntamiento que recojan el planeamiento urbanístico aprobado a partir de 2000.
"Una ficción legal"
Asimismo, el Supremo reprende la argumentación que esgrimieron en el anterior mandato el Consell de Francisco Camps y el equipo de gobierno local de Alberto Fabra para justificar el cumplimiento del primer fallo. El mismo tribunal declaró hace cuatro años nulo el PGOU de 2000 por no haberse expuesto al público una segunda vez tras su aprobación provisional y retrotraía "el procedimiento administrativo al momento anterior al acuerdo definitivo". Las dos administraciones aseguraron que el Plan General de 2000 no había sido anulado y que sólo tenían que exponerlo otra vez al público. La Conselleria de Urbanismo dio luz verde finalmente en enero de 2010 el PGOU con el mismo contenido que sacó adelante diez años atrás. Sus servicios jurídicos adujeron que la primera sentencia obligaba a realizar "una ficción legal con una reposición al momento que se llevó a cabo la aprobación provisional".
El Supremo contesta que el PGOU de2000 "fue declarado nulo de pleno derecho". "Los defectos formales en disposiciones de carácter general acarrean su nulidad radical, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones", abunda la resolución, que añade que "la información pública no es una ficción, sino es un trámite imprescindible".
* Levante - J.MESTRE - 1.2.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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