Castellón - El juez abre juicio oral contra Carlos Fabra y le impone 4,2 millones de fianza

20MINUTOS* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Nules (Castellón) ha abierto fase juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, por el 'caso Naranjax'.
Se le ha impuesto una fianza de más de 4,2 millones de euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el resto de personas a las que se juzgará son su exesposa, María Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives.
Así, la exesposa de Fabra tiene una fianza de 1.718.192,8. Por su parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives.
Los delitos de los que se les acusa a los cuatro implicados son cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas.

En caso contrario se les embargarán "bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza de Responsabilidad Civil".

Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad".

En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.

En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003.

En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.

Defensa

El juez da diez días a las defensas para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse.

El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.

Autorización para los productos fitosanitarios

El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Catellón) y dedicada a la fabricación y formulación de productos fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer Montserrat Vives.

Hay que señalar que la exesposa de Vilar era amiga de la exmujer del presidente provincial del PP.

Por lo tanto, indica que existen indicios de que Vilar se puso en contacto con Carlos Fabra porque Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad.

Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del grupo de empresas y a mediar ante autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de los productos fitosaniatrios "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación".

A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular, entonces Jesús Posadas; Fabra; el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.

Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el entonces director general del Ministerio Rafael Millán, para informar del estado administrativo de los productos de Naranjax.

El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como consecuencia de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros en reconocimiento a su labor.

Oferta de compra

La empresa portuguesa Sapec, representada en España por Ginés Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que Fabra se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó con el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo Costa y Emilio González.

Para ello, a principios del 2000 se celebró una cena en Naranjax con la mayoría de estas últimas personas presentes, de ahí salió la venta a Sapec por parte de Naranjax del producto Piclor, por 1.093.842,03 euros.

Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo.

Además, sus esposas serían las socias de dicha empresa.

A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50% una empresa carente de actividad, 'Artemis 2.000 S.L', que era la "mera titular" de los productos que obtenía Naranjax.

El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la administración para agilizar la concesión de licencias, y hace constar que se llegó a reunir con el entonces director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos.

El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.


* 20 Minutos - 20.1.12
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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Cajasol defiende su rascacielos en la Cartuja y desacredita el informe de la Unesco

ELMUNDO* : Cajasol, entidad promotora del rascacielos que se construye en la isla de la Cartuja, defendió ayer la viabilidad del proyecto y restó valor al informe de expertos de la Unesco en el que se pide la paralización de las obras y el recorte de su altura. A través de un comunicado, la entidad de ahorro anunció que va a pedir a las administraciones su respaldo "explícito" para defender el rascacielos ante la Unesco.
La promotora trata de desacreditar el informe asegurando que contiene errores graves, que se trata de un documento "provisional", que no está redactado por la Unesco y que ningún miembro de este organismo ha visitado la ciudad para elaborarlo.
Sus firmantes son, efectivamente, dos miembros de Icomos (órgano sesor en materia de patrimonio), enviados expresamente por la Unesco a Sevilla. El contenido de su informe, además, ha sido asumido y difundido por la Unesco, que lo utilizará como base para una toma de decisiones en la asamblea del próximo junio en San Petersburgo.

Cajasol, pese a defender el proyecto, deja abierta una posibilidad a la negociación. En su comunicado, señala que está dispuesta a "colaborar con las administraciones en todo lo que sea necesario y poner todas las herramientas que demuestren que la integración de un proyecto de esta envergadura con la ciudad es una realidad".

Los constructores opinan

Por su parte, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) ha solicitado la apertura de una línea de "consenso" y "diálogo" con la Unesco para intentar cambiar el sentido del informe para mantener el proyecto "en su integridad".

El gerente de Gaesco, Manuel Sillero, ha explicado a Europa Press que, con independencia del hecho de que cuando se concedieron las licencias "quizás, a la vista del informe, no se hiciera con todas las cautelas", la realidad es que, a día de hoy, el rascacielos de la Cartuja es "un proyecto con licencia concedida y con todos los requisitos legales establecidos para que el proyecto pudiese llegar hasta su conclusión final".


* El Mundo - Francisco Javier Recio - 20.1.12
Foto: Una vista del rascacielos de la Cartuja desde el puente de San Telmo. | Efe

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El Supremo rechaza la privatización del colegio de El Álamo

ELPAÍS/Madrid* : El colegio Miguel Ángel Blanco, en el municipio madrileño El Álamo, acumula ya tres sentencias judiciales contrarias a su privatización. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo que no admite el recurso que presentó la Consejería de Educación en una sentencia del pasado 1 de diciembre y comunicada ayer, según informa CC OO. Educación había recurrido contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que declaró nulo el decreto que permitió a la Consejería de Educación privatizar este colegio público. El alto tribunal tumbó un primer decreto en 2009 y la consejería lo cambió por otro, que el juez volvió a tumbar.
En mayo de 2008, la Consejería de Educación sacó el centro de la red de colegios públicos para convertirlo en un concertado, sentando un precedente. Además de la cesión de suelo municipal, la Comunidad había costeado parte de su construcción, casi dos millones de euros para el edificio central que dio por perdidos.

La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto.

Tanto la FAPA como el sindicato han reclamado que se ejecute la sentencia, que el centro vuelva a la red pública y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas por una actuación que ha sido reiteradamente condenada por los tribunales de justifica", según un comunicado emitido hoy por CC OO. No es la intención de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Educación ha indicado esta mañana que tramitará un nuevo decreto para "subsanar" el trámite de solicitar el informe "no vinculante" al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según declaraciones de fuentes de la consejería a la agencia Efe. Educación considera que las sentencias aluden a un "defecto de forma" porque no se pidió el informe al Consejo. Ya con la sentencia anterior, señalaron que el fallo no tenía "ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".

El Ayuntamiento de El Álamo (7.265 habitantes), gobernado por el Partido Popular, quiso que el nuevo colegio público (solo hay uno en el municipio), construido en la localidad y sin estrenar, se convirtiera en un centro privado concertado. Para justificar tal pretensión, el gobierno local echó mano de la "crítica situación" de las arcas municipales, con una deuda de unos 18 millones de euros, que impedía al Ayuntamiento hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del centro que le correspondían. También alegó que con esta privatización, los padres tendrían mayor libertad a la hora de elegir para sus hijos un colegio público o privado.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 19 ENE 2012
Foto: Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel ángel Blanco de El Alamo. / SANTI BURGOS

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Harto de la milonga

CONCHA CABALLERO/Andalucía* : La marea azul es tan intensa, la debilidad de la oposición tan patente que empieza a emerger el contenido políticamente incorrecto. Arenas proclamó la semana pasada que está harto, más que harto “de la milonga del desarrollo sostenible”. Le aplaudieron a rabiar. Harto de pajaritos, de ecologistas, de perroflautas que ponen en tela de juicio las urbanizaciones a pie de playa, que se enfrentan a los molinos de viento de hoteles como El Algarrobico; que pretenden delimitar zonas en las que no se puede construir: con lo bonita que está la costa llenita de casas desde el cabo de Gata hasta Ayamonte.
Tiene las cosas muy claras el aspirante presidencial: la primera tarea es derogar todas las normas que restrinjan el uso del terreno residencial en Andalucía: la ley del Suelo, los planes subregionales y el POTA (perdonen el nombrecito, la c consejería no anduvo muy fina con el acróstico). Nada de controles, nada de zonas protegidas, nada de planificación territorial. Puro Far West: quien quiera construir en Andalucía que venga y coloque su caravana sobre la tierra elegida. Andalucía comunidad abierta, sin límites y sin milongas ambientalistas. Cada rincón, cada playa, cada montículo con buenas vistas podrá ser proclamado “zona residencial privilegiada para los europeos”. ¡Qué libertad, oigan!
Cualquiera diría que la Administración andaluza tenía el carnet de Greenpeace cuando, por el contrario, tardaron años en proclamar algunas leyes proteccionistas y solo lo hicieron cuando ya nuestras costas estaban cubiertas, de punta a cabo, por el ladrillo y nuestros Ayuntamientos enfangados en las plusvalías y en los convenios urbanísticos.

Pero Arenas tiene la receta: más libertad para el ladrillo. Como si hubiesen sido los tímidos controles de la Administración los que provocaron la crisis y no el exceso y la desproporción del negocio urbanístico. En Andalucía, según los expertos, hay un stock de viviendas en torno a las 390.000 que no se venden a pesar de la bajada de precios. La Junta de Andalucía acordó un plan para sacarlas a la venta con el máximo de facilidades y, sin embargo, aún siguen ahí, deteriorándose día tras día. Más de la mitad de ellas están en las zonas costeras: miles de urbanizaciones cerca de la playa por donde ulula en las tardes de viento el solitario fantasma de la crisis. Pero nada de esto importa, los nuevos gestores de nuestras vidas tienen un plan y es potenciar a tope la construcción.

No debe de ser una manía solitaria de Javier Arenas porque el flamante ministro de Agricultura —y de Medio Ambiente, que se le ha olvidado— ha anunciado que va a reformar la ley de Costas para idéntico fin: acabar con la milonga del desarrollo sostenible y “poner en valor” cada centímetro cuadrado de las playas españolas.

Y es que, en esto del medio ambiente, España está a años luz de Europa. Tanto la derecha como la izquierda tienen un marcado carácter productivista y escasísima conciencia ecológica. La derecha tiene “primos” que le desmienten el cambio climático y empresas que les exigen acabar con los controles públicos. Por su parte, la izquierda ha reducido el ecologismo a una declaración desvaída relegada a las últimas líneas de su programa electoral. Han hablado de desarrollo sostenible, pero su práctica urbanística y económica ha ido por el camino opuesto. Todo esto unido a la inexplicable inexistencia del ecologismo como opción electoral. Mientras en Europa Los Verdes son una opción política potente, en nuestro país, desgraciadamente, no levantan cabeza y hay mucho más ecologismo en la sociedad que en las instituciones. La política, como la vida, es un tour de force; el espacio que ocupan las ideas que se abandonan es inmediatamente invadido por el oponente. La derecha se vuelve más agresiva cuando la izquierda es más débil o incoherente. Por eso Arenas se permite hoy lo que no se hubiese permitido hace años: poner fin al desarrollo sostenible de un plumazo, con ese tono de fastidio del que ha tenido que aceptar ideas que le desagradaban profundamente.

* El País - Opinión - 20.1.12

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Valencia.- El TSJM también considera expolio el plan urbanístico de El Cabanyal

ELPAÍS* : La orden del Ministerio de Cultura que calificó de “expolio” el plan de urbanismo diseñado por el Ayuntamiento de Valencia para el barrio de El Cabanyal es válida y cumplió la ley. Es lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una respuesta a la demanda de ejecución del Ayuntamiento que pretendía anular la orden aprobada por el ministerio en diciembre de 2009.
La sentencia desmonta los argumentos del Ayuntamiento y confirma que el ministerio podía ejercer la tutela: “La competencia es de la ministra [entonces Ángeles González Sinde]. Por tanto, todo lo alegado en su contra carece de fundamento”. Asimismo, considera que la finalidad de la orden era “velar por el patrimonio del conjunto histórico” del barrio y de la trama urbana.
Según el texto, el ministerio actuó correctamente paralizando el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, un proyecto urbanístico que pretendía abrir una ancha avenida hasta el mar a costa de 450 edificios. El tribunal indica que el ministerio emitió una resolución “motivada y contrastada por numerosos informes técnicos”, en contra de las acusaciones del Ayuntamiento.

La plataforma Salvem El Cabanyal comunicó su “satisfacción” y consideró el auto “un nuevo espaldarazo judicial”. El colectivo hizo una llamada “al consenso social” y solicitó “una reunión con todas las partes interesadas” en el desarrollo “de El Cabanyal y de la ciudad de Valencia” para “replantear de una vez por todas el futuro de nuestro barrio”. Salvem el Cabanyal urgió a la Administración a contar con “vecinos, partidos políticos y otras fuerzas sociales y sindicales” para redefinir el destino del barrio: “Nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad”. A modo de consejo, la asociación hizo hincapié en la rehabilitación del espacio “porque crea puestos de trabajo y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que cuesta dinero y retrasa la solución”.

Por último, una portavoz de la plataforma insistió en que “los intereses económicos de la ciudad pueden llevarse a cabo sin necesidad de destruir” y tildó de “irrespetuosa” la actitud de la alcaldesa, que “entiende que su deseo debe ser cumplido por encima de las sentencias judiciales”. El colectivo valoró como “muy positiva” una sentencia “perfectamente documentada” y la tomó como “otro motivo para la esperanza y para mantener la lucha”, porque “es muy duro vivir amenazado”.

Una sentencia para rectificar y mirar al futuro

La decisión del tribunal ha provocado una reacción en cadena en los líderes de los grupos parlamentarios. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quitó ayer hierro a la sentencia: “Según el informe que tengo del servicio jurídico, la resolución del tribunal de Madrid no entra en el fondo”. Insistió en que el Ayuntamiento “ya está trabajando con el Gobierno central” para desbloquear el recurso y que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal-Canyamelar pueda seguir adelante: “No les oculto que estoy trabajando con el Gobierno. Lo que no puedo decir son datos ni plazos, porque son temas que se tienen que estudiar, y también son temas jurídicos”. Barberá sostuvo que El Cabanyal “tiene un plan aprobado desde hace años” que “en estos momentos está paralizado”: “El PEPRI cuenta con 12 sentencias que lo avalan”, indicó, “y vamos a seguir adelante”.
En la oposición, la sentencia fue recibida de otro modo. El portavoz socialista Joan Calabuig remarcó la “evidencia” de que el plan de Barberá “no tenía ningún fundamento” y acentuó la posibilidad de “rectificar” ya que, según dijo, “es hora de mirar al futuro” teniendo en cuenta a todas las partes involucradas “para orientar la rehabilitación y relanzar el barrio. Una esperanza que comparte la mayoría de sus vecinos”. Calabuig defendió que los vecinos del Cabanyal “tienen que estar orgullosos de vivir en el barrio”, e insistió en que es necesario “poner fin a una paralización de más de 20 años”. En ese sentido, remarcó que el auto es “una nueva oportunidad de buscar el acuerdo y relanzar el barrio”.
Amadeu Sanchis, portavoz de EU en el Ayuntamiento, mostró “satisfacción” ante la decisión que respalda la orden de Cultura: “A lo largo de estos dos años”, comentó Sanchis, “el equipo de gobierno del PP, y especialmente la alcaldesa Rita Barberá, se han empecinado en mantener una batalla legal contra una decisión que tiene como objetivo la conservación de nuestro patrimonio”. También consideró que el TSJM “deja en evidencia una política urbanística que, si nunca tuvo justificación, se ve acorralada por una crisis de gran envergadura que imposibilita invertir recursos públicos en el derribo de inmueble y que, además, sería un expolio”.


* El País - 19.1.12
Foto: Imagen de la calle Lluís Despuig, en el barrio de El Cabanyal de Valencia. / JORDI VICENT

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La Unesco aconseja "parar" la Torre Pelli en Sevilla

CANALSUR* : El informe redactado tras la misión desplegada en Sevilla el pasado mes de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), que el próximo mes de junio debatirá tal documento en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, concluye que la torre promovida por la sociedad Puerto Triana en el sector sur de la isla de la Cartuja "tiene un excesivo e indudable impacto negativo en el territorio de transición y la percepción" de los tres monumentos hispalenses declarados Patrimonio de la Humanidad. A tal efecto, este informe señala que las autoridades "deben encontrar formas de parar la construcción y revisar el proyecto (...), estudiando la modificación de su escala y altura".
El informe en cuestión, recogido por Europa Press, está firmado por Elvira Petroncelli, perteneciente a la Universidad Federico II de Nápoles (Italia), y por José Aguiar, de la Universidad de Lisboa (Portugal). Ambos protagonizaron entre el 7 y el 9 de noviembre de 2011 una visita a Sevilla al objeto de recabar 'in situ' información para el expediente que la Unesco tramita acerca de los efectos del mencionado proyecto urbanístico, ya en marcha, sobre los monumentos de la capital andaluza declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias.

El proyecto, promovido por una sociedad participada mayoritariamente por Cajasol-Banca Cívica, ha generado un intenso debate en la ciudad de Sevilla, toda vez que el enclave en el que ya se desarrollan los trabajos, en el sector sur de la isla de la Cartuja y a un ritmo de un nivel por semana, dista aproximadamente 500 metros del borde del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla y unos 1.500 metros del triángulo formado por La Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias.

La Unesco, en el marco del expediente promovido al respecto, había requerido a España para que antes del 1 de febrero de 2012, entregue un informe sobre el "estado de conservación" de los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad, dando además cuenta de la evolución de la torre de 178 metros que promueve la sociedad Puerto Triana según el diseño del arquitecto César Pelli.

Esta petición figura en una resolución emitida por la Unesco tras examinar, en la XXXV sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, un informe elaborado por una comisión de expertos en cuanto a los efectos de este proyecto sobre el paisaje histórico de la capital andaluza. Las pretensiones de la Unesco pasan por revisar de nuevo este expediente en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se celebrará el próximo mes de junio en San Petersburgo (Rusia).

De cualquier modo, este informe elaborado por Petroncelli y Aguiar tras su visita a Sevilla señala un "impacto visual altamente negativo" de la torre en cuestión, --proyectada para alcanzar 178 metros de altura--, sobre el entorno de los monumentos declarados Patrimonio Mundial, además de sobre "su contexto y su relación con el río y otros edificios que apoyan los atributos que expresan el valor universal excepcional" de estos tres famosos monumentos de Sevilla.

Y es que la torre, según este informe, "se alzará" hasta 178 metros de altura en un "lugar particularmente sensible entre el conjunto de la Cartuja, el histórico barrio de Triana y el casco histórico de Sevilla". En ese sentido, avisa el informe de estos expertos, de que "hay ciertos aspectos donde la nueva torre cambiará dramáticamente la actual prominencia y significado" de la Giralda, el antiguo y célebre minarete almohade que corona la Catedral de Sevilla.

"La prominencia volumétrica y la dimensión vertical de la Catedral y el minarete de la Giralda siempre han sido una imagen característica, un poderoso referente, un imaginario colectivo, un signo que expresa un largo proceso de desarrollo. Si esas relaciones cambian, afectaremos o comprometeremos los principios sobre los que el 'valor universal' fue establecido o definido", señala el informe en cuanto a los motivos por los que estos monumentos gozan de una declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Dado el caso, el informe concluye que "las autoridades locales deben encontrar formas de para la construcción de la torre y revisar el proyecto, a través de la modificación de su perfil en relación con el impacto percibido que éste podría tener en conexión con el contexto histórico" y los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Y es que los expertos abogan además por "la protección de la zona de amortiguamiento (que rodea a los monumentos) y un entorno más amplio" de los monumentos en cuestión.

"Su proceso de revisión debería comenzar estudiando una modificación de su escala y su altura", señala así este informe que será examinado el próximo mes de junio en el seno del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.


* Canal Sur - 19.1.12
Foto: Sevilla, vista Torre-Pelli y Giralda - agencias

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El alcalde malagueño condenado por cohecho no dimite porque es "de cobardes"

LAINFORMACIÓN* : El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), condenado por cohecho a un año de suspensión para empleo o cargo público y a pagar una multa en el "Caso Troya", ha dicho hoy que no dimitirá porque sería "de cobardes" y ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
En una rueda de prensa que ha ofrecido en su municipio, ha detallado que tras conocer ayer la sentencia -que también le impone una multa de 200.000 euros- le transmitió a los concejales la idea de dimitir para no dañar la imagen del pueblo, pero éstos le advirtieron de que en caso de que se fuera "se iban todos".
El fallo, al que tuvo acceso Efe, condena también al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a la misma pena por un delito de cohecho, y les absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal.
Martín Serón ha explicado que irse sería "de cobardes", además de que cree que tiene que defender algo "sagrado" que recoge la Constitución, como es la presunción de inocencia y que por ello van a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia, por lo que "confían que sin pruebas no les condenen".

Ha añadido que ve "injusta, desproporcionada" y "carente de rigor" la sentencia, por lo que tanto él como Guerra proclaman y defienden su total inocencia en el caso "Troya" contra la corrupción urbanística.

"La justicia habría ganado mucho en credibilidad con la valentía de la absolución total", ha añadido.

Ha dicho que el caso se ha convertido en el "caso Perola", apodo del empresario J.B.L., persona a la que, según la sentencia, el alcalde y el concejal venían "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo de 2006 el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006 funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.

La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.


* La Información - Efe - 19.1.12
Foto: El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), durante su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, para hablar sobre la sentencia por el caso "Troya", por el que ha sido suspendido un año para empleo o cargo público y tendrá que pagar 200.000 euros de multa.- redgente

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Escola Valenciana protestará en el aeropuerto de Castellón y en la F-1

ELPAÍS* : Escola Valenciana ha anunciado este jueves que las Trobades 2012 serán un espacio de reivindicación de la dignidad del mundo educativo y ha propuesto acciones concretas para que se visualicen los motivos del deterioro actual.
La entidad cívica ha enviado una carta a los centros educativos valencianos donde propone un marco de acción a la comunidad educativa para condenar el "ataque" del Gobierno valenciano al mundo de la enseñanza y anima a "hacer visible la indignación sin que esto afecte a nuestra tarea diaria en la escuela", ha explicado en un comunicado.
En este sentido, Escola ha afirmado que "no es momento de que alumnos y familias paguen la incompetencia del Gobierno valenciano, no es momento de ofrecer argumentos a los que aprovechan la crisis por atacar la dignidad de los docentes".
"Centrar la protesta en recortar las actividades dirigidas a nuestros alumnos y, por lo tanto, la calidad educativa no es el camino", ha subrayado la esta entidad, quien se ha preguntado: "¿De qué servirá no celebrar el carnaval? ¿qué utilidad tendrá cuestionar la semana cultural del centro?¿cambiará la política educativa si reducimos las salidas con nuestros alumnos?".

En su opinión, renunciar a actividades lúdicas "puede comportar como único resultado alejar los profesionales de la educación de las familias y echar piedras sobre nuestro tejado". En la carta, la entidad cívica invita a "llevar a la comunidad educativa al aeropuerto sin aviones, a la Ciudad de la Luz o al circuito urbano de la Fórmula 1 para visualizar por qué no podemos pagar la luz de nuestros centros, por qué continuamos en barracones, por qué se baja el sueldo a los docentes o por qué se retiran las ayudas a las familias.Visualizar el motivo real de todo".

En este sentido Escuela Valenciana ha explicado que está trabajando para presentar a la Plataforma por la Enseñanza Pública una propuesta de acciones concretas en espacios que muestren "la malversación que ha traído como consecuencia la situación actual".

Además, ha animado a asistir "masivamente" a las manifesaciones de este sábado, que convoca la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Public.


* El País - 19.1.12
Foto: Castellón, aeropuerto enero_2012 - elpais

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Burbuja inmobilaria, derecho a la vivienda y el futuro del 15M

JoSÉ J.MARTÍNEZ DE LA TORRE* : Es innegable que la cuestión del acceso a una vivienda es una de las necesidades, por su importancia y complejidad, que más preocupan al conjunto de las clases trabajadoras y populares en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad esta preocupación hace ya tiempo que se ha extendido a otras clases sociales que han visto cómo sus condiciones de vida se aproximaban a las de las clases trabajadoras y cómo problemas que hace tan sólo unos años les parecían muy lejados, se han convertido en realidades cotidianas de su existencia.
Puede decirse que el derecho a la vivienda que viene recogido en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en diversos acuerdos internacionales firmados por el Estado español, está muy lejos de ser un derecho real entre otras razones porque este derecho choca frontalmente con el único derecho sagrado en las sociedades capitalistas, el derecho a la propiedad privada. Mientras no se rompa con la lógica capitalista, la única lógica dominante que puede existir en el capitalismo, que sólo atiende a las necesidades de los seres humanos en tanto en cuanto éstas se transformen en mercancías y por lo tanto en objeto de una actividad de la que extraer beneficios, el derecho a la vivienda sólo puede ejercerse accediendo al mercado (a través de la compra o el alquiler), lo que generalmente implica un prolongado y enorme esfuerzo económico para las familias que condiciona sus proyectos vitales durante decenas de años.

En los años pasados, y de forma muy sensible en el periodo que va de 1997-2007, y de la mano de condiciones favorables facilitadas por las entidades bancarias, este derecho se ha ejercido a través de la adquisición en propiedad de una vivienda, de manera tal que el número de ventas
de viviendas y de establecimiento de créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda
en propiedad no dejó de crecer en dicho periodo a un alto ritmo. En estos años, el sector de la
construcción e inmobiliario junto con los precios de la vivienda crecieron como la espuma. Pero
si en los tiempos de crecimiento económico ya suponía un gran dificultad el poder acceder a una vivienda, en estos momentos, con un desempleo que supera los 4 millones de parados, se ha convertido en un auténtico drama para millones de trabajadores que se encuentran ante el peligro real de perder, ante la imposibilidad de satisfacer a la entidad bancaria las cuotas de la hipoteca, la vivienda que habían adquirido y no sólo eso sino que además se ven en la obligación de seguir haciendo frente a dicha deuda a través de un proceso infame derivado de una legislación hipotecaria que prima el derecho de propiedad (de los bancos) frente al derecho a la vivienda (de los ciudadanos).
A través de este breve trabajo vamos a intentar, en primer lugar, dar una visión general del proceso de formación y pinchazo de lo que se ha denominado la burbuja inmobiliaria y de la construcción para poder así entender la situación en la que nos encontramos en la actualidad y comprender algunas de las características particulares de nuestra realidad. En segundo lugar, abordaremos una de las más graves consecuencias que está teniendo la actual crisis económica: la proliferación de los desahucios sobre las familias, fundamentalmente de familias de las clases trabajadoras y populares, hecho éste que se produce como consecuencia de no poder seguir pagando la hipoteca y que en un contexto de paro masivo se ha convertido en una rutina diaria, alcanzando una cifras escandalosas en nuestros país y que tiene importantes y graves implicaciones, no sólo en lo inmediato sino en tiempos futuros, en lo referido a las posibilidades de «salir de la crisis» de estas familias. En tercer lugar, mostraremos algunas de las respuestas que se han estado dando (o se han planteado) para hacer frente a ese drama y cómo, a raíz de esto, han surgido estructuras organizativas que han convertido en el centro de su actuación la cuestión de la ayuda a los afectados por las hipotecas. En cuarto lugar, y para terminar (y de una forma breve), se reflexionará sobre las consecuencias de un proceso que, de una forma más o menos aguda, está teniendo lugar en lo relacionado con la convergencia en la actuación del denominado movimiento 15-M con las estructuras organizativas mencionadas anteriormente porque pensamos que este encuentro marca un camino lleno de posibilidades para encontrar una línea de actuación rica en matices y con capacidad para aglutinar y movilizar, en torno a propuestas y de forma favorable, a amplios sectores de las clases populares y explotadas que son los que de forma principal están sufriendo las consecuencias de la actual crisis económica.
* Artículo completo en el menú lateral de este blog

* Rebelión - Opinión - Enero 2012

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Un año de suspensión y 200.000 euros de multa para el alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo

MÁLAGAHOY* : El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados por el tribunal que ha juzgado el caso "Troya" contra la corrupción urbanística a abonar 200.000 euros de multa y suspendidos para empleo o cargo público durante un año.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena a ambos como autores de un delito de cohecho, y le absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal. La Fiscalía había solicitado para cada uno de los dos procesados una multa de dos millones de euros y la suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.
El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.

Además, señala que en los informes elaborados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la entidad Conextran SL -supuestamente usada como instrumento para materializar los pagos-, sólo se han detectado irregularidades contables por las que "se han esbozado unas sospechas".

Por ello, el examen de la contabilidad no ha permitido establecer una correlación entre los apuntes contables y los pagos que supuestamente se efectuaron y los archivos informáticos encontrados en el despacho del concejal imputado, indica la sentencia.

Respecto a la pluralidad delictiva, el tribunal argumenta que no se ha encontrado un incremento patrimonial relevante o inusitado (para serlo tendría que rondar los 783.005,60 euros) en los acusados y su entorno familiar.

En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señala que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

Tales hechos se consideran probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.

Además, el tribunal destaca que corroboran este testimonio circunstancias como la relación de amistad y de confianza que hay entre Serón y Guerra, el hallazgo de unas notas manuscritas en el despacho profesional del concejal en las que aparecía el nombre del testigo, y de un archivo informático con aspectos referentes a la citada licencia de obras.

La Sala señala que Martín Serón y Guerra "en cierto modo jugaban" con la confusión derivada de las normas urbanísticas vigentes.

El juicio comenzó el pasado 22 de septiembre contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

El pasado diciembre, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo, a los que redujo su acusación inicial hasta trece delitos de cohecho.


* Málaga Hoy - Efe - 18.01.12
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es

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Entidades ecologistas gerundenses piden un cambio de modelo urbanístico

EFE* : Las entidades ecologistas gerundenses han reclamado hoy un cambio en el modelo urbanístico tras hacer balance de diversas sentencias de 2011 que, en su opinión, suponen una victoria para estos grupos y evidencian el mal funcionamiento de la Comisión de Urbanismo de Girona.
Según un comunicado emitido hoy, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como la que anuló el plan urbanístico de Palafrugell y el proyecto del Polígono de Roses o que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento urbanístico de Vidreres en lo que se refiere al Parque de Actividades, SUS 10, "pone de relieve la necesidad de un cambio de modelo".
Estas entidades critican el funcionamiento y las decisiones de la Comisión de Urbanismo de Girona y consideran que debe aplicarse un nuevo marco de procedimiento, consiguiendo que su opinión sea considerada dentro de la comisión.

Los grupos ecologistas han lamentado "la falta de rigor en la planificación y prevención urbanística" y han calificado de "grave" que tengan que ser peritos independientes, a partir de juicios contenciosos, los que determinen las normativas de aplicación y su legalidad.


* ABE - Efe - 17.1.12
Foto: Palafrugell (Girona), plaza - viajes

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La cárcel de Carabanchel vuelve a caer en el olvido

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Interior incumplen la promesa de equipamientos en el solar de la prisión.
El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se apretaron las manos el 16 de junio de 2008 con la satisfacción de enterrar para siempre de la memoria colectiva del barrio de Carabanchel la historia de su emblemática cárcel. A cambio del olvido ofrecieron a los vecinos todo tipo de contrapartidas: un hospital, guarderías, bibliotecas, centros de mayores, viviendas protegidas, zonas verdes y oficinas que revitalicen el mercado laboral del barrio. Para culminar el intercambio, el exministro envió las excavadoras para derribar por completo la prisión a los cuatro meses de la firma. Tres años y medio después de la escenificación del acuerdo entre exalcalde y exministro (la firma se produjo un año después con la cárcel ya derribada), nada de lo prometido a los vecinos tiene apariencia de cumplirse a corto plazo.

La cárcel de Carabanchel fue inaugurada en 1944 para albergar a presos políticos. Esa fue su lúgubre función hasta la amnistía de 1977 y después alargó su vida como prisión de reos comunes hasta 1999. Los muros de esa araña de ladrillo marcaron a fuego la fisionomía del barrio. De sus celdas salieron una madrugada de septiembre de 1975 los últimos fusilados por el Gobierno franquista por poner un ejemplo de su simbolismo. Las viviendas de la colindante avenida de los Poblados y del vecino parque Eugenia de Montijo albergaron a numerosas familias de reclusos que con la cárcel cerrada exigieron un nuevo barrio para una nueva vida.

Papel mojado
"Parece que nadie tiene prisa. El convenio que firmaron se quedó en papel mojado, sin ningún desarrollo", explica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas. El Ayuntamiento culpa al Ministerio de la parálisis de la remodelación prometida para el solar de 172.164 metros. De hecho, en una carta enviada el pasado 22 de marzo a la Asociación de Vecinos de Aluche por parte de la concejal del distrito, Begoña Larrainzar, el Consistorio acusa a Instituciones Penitenciarias (propietaria del suelo) de negar la cesión de la parcela correspondiente al futuro hospital. "Al no incluirse [en el proyecto de reparcelación] el borrador de convenio para la cesión anticipada del suelo donde estaba prevista la construcción del futuro hospital, el Ayuntamiento entiende" que se "rechaza la propuesta", dice la misiva.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) confirma que las obras están paradas sin plazo determinado para su inicio por encontrarse el terreno actualmente "en proceso de reparcelación". Los vecinos, que llevan reclamando un hospital para el barrio desde hace 20 años, creen que detrás del olvido de los proyectos se encuentra la crisis. "Nunca han reconocido que haya habido un retraso en los trámites aunque es obvio que para construir las viviendas influye la crisis del ladrillo", añade Casas.

El cambio de Gobierno, que ha teñido del mismo color político a todas las administraciones implicadas, puede agilizar el inicio de la construcción de los nuevos equipamientos sociales. El reparto de culpas desatado en los últimos años tiene su culminación en 2009. Después de modificar el Plan Parcial para recalificar los espacios de la antigua cárcel, el Ayuntamiento se decide a reclamar la titularidad del suelo del hospital para que la Comunidad de Madrid lo construya. Según el Área de Urbanismo del ahora Gobierno de Ana Botella, Instituciones Penitenciarias se excusa en que los terrenos pertenecen a "Patrimonio del Estado" y que no pueden ceder la parcela.

Hacinamiento del CIE
Después de décadas de lucha, la única transformación apreciable del complejo penitenciario ha sido la construcción junto a una comisaría de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La asociación de expresos del franquismo La Comuna, que reclama la creación de un centro cultural en Carabanchel que recuerde las torturas de la prisión, ha hecho suya la pelea por las condiciones de los extranjeros. "La resistencia por la dignidad del ser humano nos ha llevado a reclamar que los CIE no tienen razón de ser. Como dejó claro en diciembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, el hacinamiento, el régimen carcelario, la falta de instalaciones... son denuncias que nosotros hemos incorporado a la asociación. Los derechos del preso son los derechos de un ser humano", denuncia Acacio Puig, expreso de Carabanchel en 1973 como militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

El acuerdo entre Gallardón y Rubalcaba incluye la creación de un monumento "en recuerdo y homenaje a todas las personas encarceladas por defender los derechos y libertades que hoy garantiza la Constitución". Quizá para respetar este compromiso las excavadoras dejaron en pie una de las puertas de entrada a la prisión cuando se decidió derribar la cúpula, donde los vecinos querían crear un museo. "Lo único que queda en pie es el antiguo hospital penitenciario", advierten los vecinos.


* Público - DIEGO BARCALA - 15/01/2012
Foto: Demolición de la cúpula: apenas tres meses después de que Rubalcaba y Gallardón firmaran en 2008 un acuerdo, las excavadoras se apresuraron a derribar los restos de la prisión.-ÁNGEL NAVARRETE

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Viviendas irregulares: el decreto

M.A.GONZÁLEZ FUSTEGUERAS/Andalucía* : Se acaba de aprobar el decreto conocido como el de las viviendas irregulares, que tiene como objetivo principal clarificar (en cuanto valor propio de la seguridad jurídica) el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para que, en su caso, puedan ser reconocidas por los ayuntamientos y cuál debe ser su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
La cuestión básica del debate sobre las viviendas irregulares siempre ha sido si la realidad debe doblegarse ante la ley o ésta debería adaptarse a aquélla, comprendiendo fenómenos complejos de gran trascendencia que no pueden abarcarse en uno o varios artículos de la normativa. Las construcciones clandestinas en suelo no urbanizable plantean serios problemas, no por ser ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están antes de la misma existencia de la ley.
No se trata de que el urbanismo tenga que aceptar la naturaleza positiva de las construcciones ilegales tal y como se presentan, ni mucho menos; pero sí es preciso que se reconozcan sus causas y manifestaciones, y se contemplen en toda su complejidad, no bastando una simplista y cómoda declaración de ilegalidad para tranquilizar la conciencia del planificador. El acercamiento de la legalidad urbanística a la realidad y la tensión que aquélla crea, para corregir o dirigir ésta por los caminos del interés social general, sería la conducta deseable.

En ese sentido creo que el decreto, con todos sus defectos, que los tiene, sí intenta coger al toro por los cuernos. Primero, porque, contra lo que se comenta, no supone una amnistía general, sino el reconocimiento de las distintas realidades existentes. En segundo lugar, porque sólo habilita a regularizar aquellas edificaciones en suelo no urbanizable donde la capacidad de reacción de la Administración ha caducado y, además, no se asienten sobre suelos protegidos o con riesgos diversos. En tercer lugar, porque aclara una situación un tanto confusa en la que habían quedado las edificaciones que podríamos llamar históricas (anteriores a 1975) y de las edificaciones con licencia construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la actual ley urbanística en Andalucía (LOUA), que es la que prohibió de forma taxativa las viviendas en el suelo no urbanizable que no estuvieran vinculadas a las explotaciones agropecuarias.

En cuarto lugar, porque distingue entre las edificaciones aisladas y las que se ubican en lo que se denominan asentamientos urbanísticos, es decir, las parcelaciones urbanísticas ilegales. Mientras las primeras, las edificaciones aisladas, pueden quedar en un régimen singular de reconocimiento de su existencia, porque existen y la Administración no tiene capacidad de reacción frente a ellas por haber transcurridos los plazos legales; las segundas, las ubicadas en ámbitos generadores de actividades propiamente urbanas y con entidad suficiente para necesitar dotaciones y servicios urbanísticos colectivos, sólo podrán regularizarse mediante la vía correcta, que no es otra que el Plan General de Ordenación Urbanística, que tiene que garantizar su adecuada incorporación a la estructura general y orgánica que plantee, debiendo los propietarios correr con todos los costos de la urbanización, la implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos. En quinto lugar, porque aclara el papel del Hábitat Rural Diseminado, figura novedosa incorporada por primera vez en la LOUA para reconocer un hecho territorial existente en muchas comarcas de Andalucía, pero que hasta ahora ha tenido una casi nula efectividad por su falta de regulación. Y por último, porque respeta la autonomía municipal, algo no baladí en los tiempos que corren.

Se entiende que algunos tachen el decreto como "electoralista", como a toda norma que se dicta cercana a unas elecciones y que se supone beneficia a un importante colectivo. Adjetivo que posiblemente se matizaría si se activaran inmediatamente los mecanismos para restaurar el orden urbanístico infringido para aquellas edificaciones que no pueden ser regularizadas de ninguna manera, especialmente las que se ubican en zonas de riesgo de incendio o inundación y las que se asientan en suelos especialmente protegidos, los parques naturales, preferentemente. Y queda una duda. Si una de las concausas del proceso de construcción ilegal ha sido la inactividad, la omisión o la impotencia de la Administración para imponer la disciplina urbanística o hacer respetar la legalidad, que las normas obligan a imponer sin excepciones, la cuestión clave es preguntarse: ¿Qué circunstancias han cambiado en este momento para suponer que, desde ahora, ya no se va a seguir produciendo la presión social o van a desaparecer las infracciones?

La respuesta hay que buscarla en la conjunción de varios factores: la experiencia acumulada en el análisis de este fenómeno; la necesidad de convencer al conjunto de la sociedad de que, al igual que hay que dar una solución al pasado, hay que evitar que se repita en el futuro, ya que sus repercusiones son nefastas tanto económicamente, como sobre el medio físico o sobre las condiciones en que viven las personas; en que las administraciones realicen una eficaz política disciplinaria, en especial desde el punto de vista preventivo; y en una adecuada planificación y reforzamiento de la infraestructura organizativa capaz de gestionar la forma de abordar la ejecución posterior de las medidas planificadoras.
* M.A. González Fustegueras es arquitecto urbanista

* Diario De Sevilla - Opinión - 18.1.12

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Jerez.- La Junta deja en el limbo al 73% de las viviendas ilegales de la zona rural

ANDALUCÍAINFO* : El decreto promovido por la Junta de Andalucía hace apenas una semana para la regularización de las viviendas ilegales deja en el limbo al 73 por ciento de las construcciones del término municipal que se encuentran en esta situación, según un informe elaborado por la Delegación municipal de Urbanismo que ayer presentó Antonio Saldaña.
El municipio cuenta en la actualidad con algo más de 1.500 viviendas ilegales. La mitad de ellas se encuentra ya en proceso de regularización, al haber sido incluidas por el PGOU en las áreas calificadas como Hábitat Rural Diseminado, una figura que ahora incorpora el decreto de rango autonómico.
Quedaría por regularizar la situación de otras 870 viviendas, de las cuales sólo 33 pueden legalizarse al amparo de dicho decreto, que permite la normalización de las edificaciones aisladas siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.

Otras 204 viviendas estarían en condiciones de ser legalizadas por la misma causa anterior. En 82 de estos casos debería demostrarse que han prescrito los plazos para la protección de la legalidad; mientras que en los 122 restantes habría que analizar la compatibilidad entre considerar la zona como huertos familiares y legalizar al mismo tiempo las viviendas.

Las 33 viviendas que podrían legalizarse acogiéndose al decreto están situadas en la zona de El Mayorazgo. Las otras 204 que en el mejor de los casos podrían beneficiarse de esta nueva normativa están distribuidas entre el entorno de la Cartuja, Los Cejos, los alrededores de la barriada rural de La Inmaculada, Mesas de Santiago y El Palomar.

El informe de la Delegación de Urbanismo constata que las 633 viviendas restantes que se encuentran en situación de ilegalidad no podrían beneficiarse de este decreto. Hasta 381 viviendas se encuentran ubicadas en vías pecuarias y fueron construidas con posterioridad a 1975, por lo que no pueden acogerse a los beneficios de este decreto.

A esta cifra deben sumarse las 168 viviendas cuyo origen parte de una parcelación urbanística ilegal; así como las 84 que se levantaron sobre suelos de especial protección o inundables. El decreto no contempla la legalización en ninguno de estos casos.

El Gobierno local llevará al próximo Pleno una moción encaminada a propiciar que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vayan “de la mano” en la búsqueda de soluciones a uno de los problemas históricos del término municipal de Jerez.


* Andalucía Información - Francisco C. Aleu - 17.1.12
Foto: Jerez, inundaciones feb 2010- elperiodico.com

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El alcalde de Oroso y tres exconcejales declararán en el Juzgado de Ordes

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, y tres exconcejales de este Concello, Carlos Noya, Manuel Cendán y Manuel Suárez, tuvieron que declarar en el Juzgado de Instrucción 1 de Ordes el pasado jueves 12 de enero. Estaban citados "para prestar declaración" en las diligencias previas de un procedimiento abierto por unas irregularidades urbanísticas.
La denuncia fue interpuesta por el Partido Galeguista porque un edificio de la calle Portiño ocupa, según explica el abogado de la acusación, un trozo de "zona verde" y tiene "más altura de la permitida en algunos puntos". Y también porque "en Sigüeiro se construyó un túnel que une dos garajes privados en lo que era una calle pública".
Según el letrado de la acusación, "la licencia de ambas obras es del año 1999" cuando era alcalde el popular Eugenio Neira. Pero en abril de 2002 este regidor sufrió una moción de censura y Manuel Mirás se convirtió en el nuevo alcalde con el apoyo de dos trásfugas, los ex ediles Manuel Cendán y Manuel Suárez. Según este abogado, "con Mirás en el gobierno local se dio la licencia de primera ocupación". Es decir, "le dieron viso de legalidad a obras que eran absolutamente irregulares".

Mirás Franqueira, explica, sin embargo, que la jueza Sandra María Iglesias solo le preguntó por el edificio de la rúa Portiño. Y que este inmueble "cuenta con una licencia del año 1999, fecha en la que yo no tenía ninguna responsabilidad de gobierno en el Concello".

Franqueira añade que "desde que entré en la Alcaldía de Oroso todas las diligencias que se otorgaron se hicieron con la mayor transparencia del mundo y con arreglo a la legislación vigente y con los informes técnicos y jurídicos al efecto". Y recuerda que "fue precisamente mi gobierno el que puso orden en el urbanismo de Oroso, quien aprobó un Plan Xeral y quien creó una oficina técnica de urbanismo".

El alcalde considera, también, que esta denuncia "forma parte de la campaña de persecución y acoso continuo contra mi persona que desde hace diez años sigue Siverio Mirás y por la que tiene incluso diligencias judiciales abiertas". Y lamenta que el portavoz del PP, José Manuel Balado, "se sume a Siverio".

En cuanto a los exediles que también declararon ante la jueza, éstos también señalaron a este semanario que "esas obras se licitaron en 1999". Si bien, y según testimonio del abogado de la acusación, a las preguntas de la magistrada aseguraron que "no recordaban nada".


* El Correo Gallego - 17.1.12
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org

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Sevilla.- La revisión encubierta del PGOU

DIARIODESEVILLA* : El gobierno municipal ha iniciado de forma discreta una ronda de contactos con algunos agentes económicos para alterar el planeamiento urbanístico de Sevilla. La participación de entidades ciudadanas y sociales es nula.
El gobierno municipal que preside desde hace ya siete meses Juan Ignacio Zoido (PP) considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), el documento que regula la evolución urbana de la ciudad hispalense durante los próximos quince años, aprobado hace apenas un lustro tras un largo proceso de gestación técnica y después de una amplia campaña pública de participación ciudadana, es un obstáculo para sus planes políticos inmediatos.
No sólo lo ha sugerido de forma expresa -aunque siempre con argumentos suaves, en positivo- durante la campaña electoral que le permitió lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones locales, sino que su discurso político durante su primer medio año de gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de modificarlo "todo lo que sea necesario" con la excusa -para algunos una mera coartada- de "incentivar la actividad económica y empleo". Una lectura bastante simplista y parcial de las profundas repercusiones jurídicas y políticas que tendría tocar la nuez del máximo documento urbanístico de Sevilla.

El proceso de cambio del Plan General, sin embargo, ya está en marcha. Sólo que no se trata de una revisión pública, sino encubierta. La agenda de los cambios no sólo ha empezado a ejecutarse porque el ejecutivo de Zoido esté negociando en secreto -sin luz y sin taquígrafos- diversos acuerdos de recalificación urbanística con empresas concretas (Ikea, Altadis) o entidades privadas (Betis, Sevilla FC), sino porque incluso ha iniciado un proceso secreto (no reconocido públicamente) de consultas técnicas con determinados agentes económicos y empresariales de la ciudad para preparar el camino de lo que será una probable revisión sustancial del Plan. Un proceso que, en todo caso, no está previsto que se acometa a fondo hasta después de las elecciones regionales que se convocarán en marzo.

La decisión del PP de desmontar el Plan General se incluye en la hoja de ruta que un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo -uno de los que han sobrevivido al cambio de gobierno en el Ayuntamiento- elaboró para el actual alcalde casi un año antes de ganar las elecciones. En dicho documento interno, una guía secreta en la que se explica toda la estrategia de gobierno del PP para la Gerencia, y cuyas principales propuestas han comenzado a convertirse ya en realidad, se aboga de forma rotunda por iniciar una revisión oficiosa del Plan General a pesar de que éste apenas si ha cumplido el ecuador de su teórico periodo de vigencia.

El documento interno del PP obvia un factor importante: muchas de las operaciones previstas en el PGOU están sin desarrollar por falta de inversión pública y de colaboración privada. Consecuencia en buena medida de la crisis. Esta falta de ejecución del Plan General no responde a que sus criterios de ordenación sean incorrectos o hayan quedado superados por el tiempo, sino sencillamente a que no cuenta con la gestión adecuada. Una misión de dependía en exclusiva del trabajo de los servicios de la Gerencia de Urbanismo, que es el brazo ejecutor de la política urbanística.

El PP, sin embargo, no es partidario de gestionar bien el Plan existente, sino que aboga por modificarlo en base a un inconcreto programa en favor del empleo que ni siquiera ha sido capaz de poner por escrito. Con independencia de lo etéreo de su posición política, lo cierto es que la mayoría absoluta con la que Zoido cuenta en el Pleno le permitiría iniciar una revisión del planeamiento urbanístico de Sevilla. ¿Por qué no lo hace directamente de forma abierta y sin recurrir a subterfugios?

Fundamentalmente por una cuestión táctica. Los planes son otros. Responden a otros intereses. Una revisión ortodoxa del Plan General obligaría al alcalde a reabrir de nuevo -apenas cinco años después de haber concluido este mismo proceso- un debate público sobre el modelo urbano de Sevilla. Una discusión que debería ser, en términos políticos, abierta a todos los sectores. Esto es: en ella participarían entidades ciudadanas, vecinales, agentes económicos e inversores. Todos, en principio, en una teórica igualdad de condiciones. Por otro lado está el factor tiempo: el PGOU vigente tardó casi cinco años en redactarse desde su primer impulso político. Hablamos de un proceso reglado: hay que convocar mesas públicas de participación, aprobar un Avance y someter el nuevo documento conforme vaya superando sus distintas etapas administrativas a votaciones en Pleno. La última -la legalmente trascendente- no depende además del gobierno local, sino de la Junta de Andalucía.

Este proceso, además de difícilmente justificable -el Plan vigente es demasiado reciente-, está lleno de obstáculos. Podría prolongarse incluso más allá del mandato municipal. Demasiado complicado. Zoido apuesta por otra fórmula. Así se explica con meridiana claridad en la hoja de ruta del PP elaborada para gobernar la Gerencia de Urbanismo, redactada por el alto cargo de este organismo municipal que asesora al alcalde. En dicho informe, cuyas propuestas son justo las que viene aplicando el actual gobierno desde hace siete meses, se propone "abrir directamente una ronda de contactos con las entidades empresariales y sociales [ni vecinales ni ciudadanas] en orden a recibir sus aportaciones para la modificación del PGOU". Y se añade: "Con esto se logra participación, transparencia y una legitimidad incontestable, al tiempo que llenamos de gestión una época demasiado temprana [el arranque del mandato municipal] para estar haciendo obras".

Los contactos comenzaron el pasado verano. En secreto. El gobierno local comenzó así a orillar cualquier posibilidad de ir a una revisión ortodoxa porque tal decisión le obligaría a cumplir con la llamada cuota social. No es lo que se quiere: los contactos, hasta ahora discretos, se están concertando por ahora únicamente con determinados lobbies económicos y agentes urbanísticos. Sin luz y sin taquígrafos. En dichos encuentros el equipo directivo de Zoido en Urbanismo plantea a sus interlocutores su análisis sobre el PGOU y les insta a que propongan cambios. No se están cerrando todavía acuerdos concretos, pero sí se les anima a formular ideas sin dar cuenta a nadie.

Uno de los interlocutores privilegiados es Gaesco, la asociación empresarial de constructores de Sevilla. Este verano organizó un foro (restringido) monográfico con la dirección de Urbanismo del PP para tratar todas estas cuestiones. Desde entonces, Gaesco ha pasado a defender con vehemencia la nueva política urbanística del Ayuntamiento. Un cambio de posición significativo con respecto a la etapa política anterior.


* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 18.1.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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SICAV, paraíso fiscal

INFORMACIÓNPORLAVERDAD* : Los que tienen más de 2.404.048€ pueden tributar solo un 1%.
Hoy os traemos un “detallito sin importancia” acerca del sistema económico, que debería ser suficiente para que el pueblo se levantase y metiese en la carcel a todos los políticos del planeta.
En el artículo se nombra a Guillermo Rocafort, autor del libro “SICAV, paraiso fiscal” que es un personaje muy escorado a la derecha. Aclaramos que “Información por la Verdad” no se alinea ni con la izquierda ni con la derecha ni con ninguna ideología partidista existente, tan solo aportamos información lo más verídica posible a nuestro entender, con la finalidad de que la gente deje de una vez de ver la televisión y salga a la calle a señalar y, ya que se pone uno, a coger de los pelos a la élite. Desde el cariño, por supuesto…
La SICAV es un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades. Este vehículo de inversión, que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, es el favorito de los ricos y famosos.

El cineasta Pedro Almodóvar, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y el ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, porque lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1% por él, a diferencia de lo que le sucede a cualquier otro español.
No son los únicos, ya que personajes de la élite financiera como la ex ministra socialista Mercedes Cabrera, el directivo del Málaga Fernando Hierro o la mediática familia Polanco también. Y todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España ¿Cómo lo hacen?
SICAV, PARAÍSO FISCAL
Para no pagar por su dinero nada más que el 1% sólo tienen que invertirlo en una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y para lo que únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.048 euros.

Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesita llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España puede tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Así lo explica en su libro “SICAV, paraíso fiscal” el profesor de Derecho y Economía en la Universidad Autónoma y Carlos III, Guillermo Rocafort.
Tal y como desvela en su libro el profesor Guillermo Rocafort, algunos destacados progresistas que se han caracterizado por apoyar proyectos socialistas, cuando no comunistas, como Pedro Almodóvar, cuya SICAV está gestionada nada menos que por la Banca March, o la ex ministra de Cultura Mercedes Cabrera y la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, que se ha hecho célebremente famosa por sus discursos moralizantes en la televisión, no pagan como los demás.
El profesor Rocafort ha señalado a Diario El Aguijón que “una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV, y por tanto en un limbo seguro, fuera del alcance y supervisión de la Agencia Tributaria y pagando lo mínimo, mientras que el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos y paga una media de 35 veces más que esta nueva aristocracia del dinero que puede acceder a estos paraísos fiscales encubiertos”.El dinero invertido en las SICAV, y que en algunas ocasiones son constituidas por hombres de paja a los que en el argot financiero se les denomina “mariachis”, está únicamente controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cuyos vicepresidentes, Carlos Arenillas -y marido de la ex ministra socialista del PSOE Mercedes Cabrera- era a la vez, y en una claro conflictos de intereses, tal y como señala el autor, propietario de la SICAV Tagomago, constituida junto con el ex Secretario de Estado de Economía David Vergara.
Algo que el autor del libro ha señalado gráficamente a Diario El Aguijón como “si pones a las zorras a guardar las gallinas”. Rocafort señala en su libro que “llama la atención que fue este –en referencia a Carlos Arenillas- cuando ejercía sus funciones descritas, que la CNMV paró en 2005 la ofensiva de Hacienda contra las SICAV de manera fulminante”.
El debate ha sido abierto por este polémico libro editado por la editorial Rambla, y por la exposición del profesor Guillermo Rocafort, en un momento en que la clase media y la mayoría de los trabajadores ven cómo se le suben sus impuestos y la crisis hace mella en su economía. Pero no todos, pagaremos la crisis igual, o al menos eso parece…
Autora: Ana Burrieza.
Fuente: Diario el aguijon


* Información por la Verdad - Opinión - 16.1.12
Viñeta por Manel F.

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Dejar el aeropuerto de Castellón le cuesta al Consell más de 80 millones

ELPAÍS* : La ruptura unilateral del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón con la empresa que resultó adjudicataria del servicio, Concesiones Aeroportuarias, puede costarle a la Generalitat valenciana más dinero que el cumplimiento de las condiciones pactadas en él. El Consell, si cumple al final su anuncio, tendrá que devolver los 83,88 millones que Concesiones ha invertido en la obra. En cambio, si decide respetar el acuerdo con la empresa pagará 19,73 millones durante los 8 primeros años de explotación en concepto de pérdidas, tal y como figura en el texto. La operación de "ahorro" anunciada por Alberto Fabra corre el riesgo de convertirse en un nuevo desastre financiero que exprima las ya enjutas arcas del Gobierno valenciano.
La Generalitat, a través de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas, anunció el pasado 30 de diciembre la ruptura del contrato con la empresa Concesiones Aeroportuarias, que debía explotar la infraestructura y buscar aerolíneas que operasen en él para la fecha de apertura, prevista durante el próximo mes de abril. El Gobierno de Fabra rompió el acuerdo un día después de que la empresa presentase una demanda ante el juzgado nº1 de Castellón por incumplimiento contractual, debido a que la Administración valenciana no había aportado la carta de patrocinio; un aval por el que el Ejecutivo valenciano se comprometía a asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión.

Alberto Fabra aclaró la semana pasada las causas de su decisión. Dijo que las condiciones del contrato eran "inasumibles" para el erario público que no podía afrontar unos gastos planteados "en época de bonanza". Sin embargo, el contrato fue firmado el 23 de marzo de 2011, ya en lo más profundo de la crisis y los costes de la ruptura son mucho mayores, según las cifras que maneja la propia Generalitat.

La obra del aeropuerto de Castellón ha tenido un coste reconocido por el Gobierno valenciano de 123,88 millones de euros, a los que hay que sumar otros gastos en contratos, terrenos, arrendamientos y cánones que sitúan el precio final por encima de los 150 millones.

Los casi 124 millones en obra material se desglosan en 40 aportados por la administración valenciana a través de un préstamo participativo y los 83,88 abonados por la adjudicataria en construcciones y sobrecostes. Esos casi 84 millones de gasto en la construcción es el mínimo que reclama ahora la empresa concesionaria por verse apartada del proyecto, sin contar con los aproximadamente 7 millones de intereses del capital social depositado en su día, ni los posibles daños y perjuicios o el lucro cesante por la explotación del aeropuerto.

De haber cumplido el contrato, el Gobierno de Fabra tendría que haber pagado a Concesiones Aeroportuarias 19,73 millones en ocho años por las pérdidas previstas en cada ejercicio. Pero ni siquiera se ahorra esta cantidad con la ruptura contractual, ya que fue el propio Gobierno valenciano quien estableció que se producirían tales pérdidas y tendrá que asumirlas si, como ahora plantea, gestiona directamente y en solitario las instalaciones a través de la empresa pública Aerocas, que todavía preside Carlos Fabra.

La idea de construir un aeropuerto en Castellón surgió a finales de la década de los 90 del entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. A pesar de su insistencia, no consiguió que le financiasen la obra ni José María Aznar, con quien compartía veraneos en Oropesa (Castellón), ni el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Pero tras contar con el respaldo económico de un grupo de empresarios, logró que Aznar lo declarase de interés general y el primero de España de titularidad pública y gestión privada. Sin embargo, el proyecto tardaría unos años más en arrancar. Hasta que el carácter megalómano de Carlos Fabra encontró a Francisco Camps que sucedió a Zaplana en 2003. Fue a partir de ese año cuando se licita la construcción y la Generalitat entra de lleno en la financiación de la obra, con la aportación de préstamos y sucesivas ampliaciones de capital de la promotora pública aeroportuaria, hasta quedarse con el 99% de su accionariado. A pesar de ello, Carlos Fabra sigue presidiendo esta firma que ha desembolsado del dinero de los valencianos más de 30 millones en publicidad para un aeropuerto sin aviones, que cuesta sin funcionar más de 300.000 euros al mes y que aún carece de permisos de vuelo.

¿De qué se sorprende la Generalitat?
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado en la crisis y en las condiciones "inasumibles" del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón el anuncio de su ruptura. Sin embargo, Fabra no puede alegar sorpresa o desconocimiento de los supuestos planteados en el texto rubricado el 23 de marzo del año pasado porque uno de sus más firmes colaboradores ahora, el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha formado parte del consejo de administración de Aerocas desde 2004, prácticamente desde su fundación. Y el 11 de marzo del año pasado participó en la reunión en la que fueron acordadas las nuevas condiciones de gestión y explotación del complejo aeroportuario. Un acuerdo que Vela, entonces secretario autonómico de Economía, celebró con el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, con un apretón de manos.

Como consejero, Vela también ha aprobado los más de 30 millones de euros en gastos de publicidad, o los sueldos de casi 400.000 euros del director general y otros seis trabajadores de Aerocas. Entre ellos un jefe de gabinete para un aeropuerto sin aviones.

De marcado perfil técnico, José Manuel Vela fue nombrado consejero de Hacienda en junio pasado por el entonces presidente, Francisco Camps, y fue entonces cuando dejó de formar parte del consejo de la promotora pública aeroportuaria. La pasada legislatura Vela fue durante meses el consejero de Economía en la sombra, supliendo en numerosas ocasiones a su entonces titular, Gerardo Camps, en sus reiteradas ausencias. Ha tenido un papel destacado en la elaboración de los presupuestos autonómicos en los últimos años y su concurso ha sido ahora muy relevante en la aprobación del decreto de recortes de 1.057 millones para 2012, que ha provocado las críticas de parte de la sociedad valenciana. Los sindicatos atribuyen a Vela la subida de impuestos y el tijeretazo de 271 millones a los funcionarios, lo que provocó numerosas protestas la semana pasada.


* El País - MIGUEL ÁNGEL CAMPOS - Castellón - 16/01/2012
Foto: Castellón, aeropuerto - aerocas

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Galicia.- Inmuebles con sentencia se libran de la piqueta

LAVOZ/Pontevedra* : El paisaje gallego está salpicado de infracciones urbanísticas achacables a alcaldes, concejales, constructores, promotores y particulares. En ese escenario la comarca de Pontevedra no es una excepción. El urbanismo sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la comunidad, que sin embargo hasta diciembre del 2010 contabilizaba en solo cinco años 229 demoliciones de obras ilegales en el interior y la costa.
La anarquía urbanística que reinó en Galicia durante décadas parece agua pasada y la ejecución de derribos cobra fuerza. Desde la Xunta, que creó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanísticas (APLU), sostienen que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población.
Pese a ello, la piqueta se eterniza y hay casos que llevan muchos años enquistados. El hostal-asador levantado hace veinte años sin licencia y en suelo rústico en el lugar de Pazos, en la parroquia de Marcón, es un ejemplo paradigmático. El Concello de Pontevedra, pese a haber ganado los pleitos, lo mantiene en pie y ahora dice que hay que valorar si en tiempos de crisis el derribo es prioritario.

Otra edificación que está paralizada y amenazada por las máquinas es una de varias plantas situada en las cercanías de la playa de Lapamán, en el límite entre Bueu y Marín. En 1992 el Ayuntamiento de Bueu dio licencia para una vivienda unifamiliar y Marín recurrió al entender que era dentro de su término municipal. El juzgado falló a su favor y la licencia fue anulada. Al ser suelo rústico la demolición corresponde a la APLU. Pero esa construcción de ladrillos no es la única infracción. El año pasado el Concello de Marín denunció que el bajo y la finca se emplean como párking en verano. Un cartel a pie de carretera da fe de ello: «Párking 2 euros a la sombra, bajada playa».
En Poio, otro esqueleto de hormigón que lleva parado desde 1998 es el de A Piolla, en la parroquia de Raxó. Tras años de litigio entre la empresa constructora, que llegó a denunciar al alcalde, y el Concello, será finalmente la APLU quien se encargue del derribo. Luciano Sobral respira aliviado y confía en que la construcción sea demolida a lo largo de este 2012.
No es ni mucho menos la única batalla judicial relacionada con el urbanismo que arrastra Poio. También en Raxó sigue pendiente desde 1993 el derribo parcial del hotel Gran Proa. El exceso de edificabilidad obliga a tirar la quinta planta y su cubierta. Se invertirán 90.000 euros.
Desde el 2002 lleva litigando el Ayuntamiento de Caldas para evitar el derribo parcial de un edificio de la calle Real. Fue un particular quien emprendió la batalla judicial y la ganó. El inmueble, de tres plantas y ático, tiene catorce viviendas, además de bajo comercial y garaje. Está deshabitado. Se construyó con licencia, pero esta fue anulada por incumplir la normativa del fondo edificable. El exalcalde Tobío y Juan Manuel Rey, actual regidor, fueron multados.


* La Voz de Galicia - CRISTINA BARRAL - 15.1.12
Foto: El esqueleto de hormigón de A Piolla, en Raxó (Poio).

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La regularización de casas ilegales fracasa en Córdoba y Chiclana

ELPAÍS/Andalucía* : Darle una salida jurídica a las decenas de miles viviendas que se han levantado en Andalucía en terrenos no urbanizables. Ese es el espíritu que envuelve el decreto que la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada. En la mayoría de los casos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda plantea un "reconocimiento" de las casas aisladas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico en el que están y acceder a suministro de agua y luz. Sin embargo, también se requiere de la colaboración de los ciudadanos.
Varios Ayuntamientos andaluces han intentado solucionar este problema y regularizar las urbanizaciones ilegales que se han levantado en sus términos municipales. Pero en muchos casos estos procesos no han prosperado. Dos de los ejemplos más llamativos son Córdoba y la localidad gaditana de Chiclana. Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el término municipal cordobés, entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas.

En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color político o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -según quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos económicos que acarrea el proceso de regularización. Otro de los puntos en común de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate político y el poder de presión de los parcelistas. En Chiclana, incluso se creó un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan años cortejando a los dueños de las parcelas.

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprobó en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales, que habían proliferado desde los años ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obstáculos. En estos dos años solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayoría de los dueños no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Además, Chiclana tiene otro problema añadido. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue señalado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.

Fue el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que diseñó el proceso regularizador de viviendas. Dividió la ciudad en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan suponía ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, según el catálogo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recogía en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.

Lo que más echó para atrás a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalización de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el mínimo permitido para regularizar, podía costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento llegó a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Según cálculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondrá un coste de unos 360 millones de euros.

Los dueños de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. Las más concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscalía de Medio Ambiente viene calificando en sus últimas memorias como "auténticos lobbies de presión". En esta ciudad se llegó a dar un paso más con la constitución de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y llegó a sacar dos concejales en los últimos comicios.

El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. También confía en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulación del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento confía en que el interés crezca más allá de los únicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.

Córdoba ha visto en las últimas décadas cómo en áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La solución legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ya sea de IU -que gobernó los pasados 12 años- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.

El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensación de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrecía el aval del 7% para iniciar las obras de urbanización.

En la campaña electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quería dejar escapar. Uno de los últimos anuncios de IU en mayo fue que agilizarían los trámites para las obras de las juntas de compensación, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o títulos de propiedad.

Por su parte, el PP, una vez que logró gobernar la capital cordobesa, optó por un cambio de estrategia, pero también con el objetivo de agilizar la legalización. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularización e introducir el modelo de las juntas de cooperación, con lo que desaparecería el aval del 7% y el Ayuntamiento pagaría las obras para luego facturárselas a los vecinos.


* El País - P. ESPINOSA / M. J. ALBERT - Cádiz / Córdoba - 16/01/2012
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es

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