AFECTADOSPORLAHIPOTECA* :
La mañana del 3 de noviembre de 2010 cerca de 30 integrantes de la PAH nos desplazamos hasta la Bisbal del Penedés, en las afueras de Barcelona, donde residía Lluís y su hijo, con algunas pancartas, camisetas verdes, ropa de abrigo y muchos nervios. Ese 3 de noviembre era la fecha que había fijado el juzgado para que Lluís, un hombre que se había quedado sin trabajo y que tan solo percibía 426 euros de prestación por desempleo, abandonara la casa después de que Catalunya Caixa se adjudicara la vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria. Además le seguían reclamando una deuda de más de 100.000 euros. Pero Lluís nunca se dio por vencido. Con un hijo de trece años al que adora, no podía darse por vencido, como suele decir. Así que decidió dar el paso. Un paso que iba a tener una enorme trascendencia. En aquel momento no era fácil. Resistir al desahucio no pasaba por la mente de las familias. No existía en el imaginario de las personas. La mayoría abandonaban la vivienda por su propio pie una vez subastada, temerosos de que un día para otro viniera la policía a desahuciarlos. Pero Lluís dijo basta. Hacía falta coraje y una fe ciega en los compañeros de la Plataforma, a los que había ido conociendo poco a poco, semana tras semana, en el fragor de las asambleas.
Así arrancaba la campaña StopDesahucios, que acaba de cumplir un año superando la simbólica cifra de los 100 desalojos paralizados.
Un año después Lluís sigue viviendo en su casa de la Bisbal después de haber evitado el desalojo hasta en cinco ocasiones. Pero no solo eso; la denuncia y la constante presión ejercida sobre Catalunya Caixa ha obligado a esta última a rendirse. A día de hoy Lluís duerme más tranquilo. El desahucio se ha suspendido de manera indefinida. Lluís ya no está preocupado por su caso. Ahora le preocupan las personas que se encuentran en la misma situación en la que se encontraba él, hace apenas unos meses. Por eso no se pierde nunca un desahucio. Por eso no se pierde nunca una asamblea. Por eso, junto a otros compañeros, ha impulsado una PAH local cerca de la Bisbal.
Y es que la historia de Lluís es también la historia de muchos y muchas que hemos decidido perder el miedo. Que hemos entendido que juntas podemos y nos hemos puesto a trabajar. Porque cada día somos más los que nos ayudamos y remamos en una misma dirección. Porque cada día conseguimos pequeñas grandes victorias que nos señalan el camino. Y aunque todavía nos queda mucho recorrido, volvemos a gritar alto y claro que sí se puede y que lo estamos consiguiendo:
- La PAH, con la ayuda del 15 M, ha conseguido paralizar decenas de desahucios.
- Hemos logrado daciones en pago.
- Hemos logrado que se realojen a familias sin ingresos en viviendas sociales
- Hemos elaborado propuestas viables, posibles y necesarias que se han hecho un hueco en la agenda política. Propuestas que la inmensa mayoría de la población respalda.
- Se ha conseguido que bancos y cajas sean más receptivos y estén más dispuestos a negociar daciones y alquileres. No porque sean más buenos, sino porque les hemos obligado a cuidar más su imagen.
- Hemos obligado a las administraciones a mover ficha. Primero aumentaron la cantidad de sueldo inembargable. Después introdujeron modificaciones en la LEC y ahora los bancos se adjudican las viviendas por un 60%, y no un 50%. Un cambio ridículo e insuficiente, pero que nos marca el camino.
- En Catalunya, donde la PAH nació en 2009 y donde ya existen más de 20 PAH’s locales, la administración se han visto obligada a crear un servicio de mediación para afectados y a estudiar otras propuestas, espoleada por una fuerte movilización social.
- Más de cien ayuntamientos ha aprobado mociones instando al gobierno central a modificar la legislación hipotecaria. En algunos ayuntamientos se han creado comisiones mixtas para abordar la problemática y discutir medidas concretas.
No podemos bajar los brazos, ni mucho menos. Pero de vez en cuando no está de más hacer un alto en el camino, girar la vista atrás y darnos cuenta de lo que hemos avanzado. Todavía nos quedan muchas batallas por librar. Pero si seguimos unidos como hasta ahora, lo vamos a conseguir.
* Plataforma Afectados por la Hipoteca - 27.11.11
Foto: PAH
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ELPAÍS/Valencia* : El Consell es la única Administración dispuesta a tropezar dos veces en el mismo ladrillo. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, presentó ayer ante el comité ejecutivo del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana un plan para reactivar la actividad productiva y el empleo mediante el sector inmobiliario enfocado a la compra, alquiler y uso de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros.
"Tenemos que detectar dónde está el stock y cuáles son los posibles compradores", explicó ayer Bonig, tras constatar que, según el Ministerio de Fomento, en el segundo trimestre de 2011 los extranjeros han comprado 2.887 viviendas en la Comunidad Valenciana. "La compra de vivienda por parte de nacionales está bajando", reconoció Bonig, aunque aseguró que los extranjeros aportan ya el 22,5% de las compras totales. "El 30% de toda la venta que se hace a extranjeros se hace aquí, en nuestra Comunidad Valenciana, liderada por la provincia de Alicante, con el 85%", aseguró. Valencia aportaría, según la consejera, el 10% de las ventas y Castellón, el 5%.
¿En qué se va a sustanciar el plan del Consell? De momento se va a crear una comisión, en la que estén integradas la consejería de Territorio, la de Economía, Industria y Comercio, los colegios profesionales de registradores de la propiedad y de notarios, y las cámaras de comercio, para estudiar de qué manera fomentar el acceso de los extranjeros a la vivienda. Según Bonig, es prioritario dar a conocer a los ciudadanos de otros países "la calidad técnica de edificación" y "la seguridad jurídica de nuestro sistema de viviendas". En concreto, la consejera hizo referencia a la sentencia de mayo del Tribunal Europeo "que dio el visto bueno" y "la convalidación del sistema urbanístico valenciano", después de que el Parlamento Europeo se hiciera eco de denuncias de particulares. Eso sí, "algunos abusos y excesos se han producido", reconoció la consejera.
Bonig no titubeó en sus palabras de nostalgia para los años del boom del ladrillo. "Estamos hablando de un sector importantísimo, donde hay un repunte en la compra de viviendas", aseguró, "que supuso en el año 2006, que fue el año de más auge, o de más transacciones económicas de ventas en la Comunidad Valenciana, alrededor de los 4.000 millones de euros, por lo tanto, es un sector equiparable a los principales sectores de exportación, como el agroalimentario, el citrícola o el sistema de automoción".
Bonig subrayó que se trata de estudiar los mercados tradicionales, con mención para los ingleses y alemanes, y abrir otros como el de los compradores rusos. Aunque no dio muchas más pistas, la consejera explicó que la comisión establecerá "nuevas fórmulas de venta" y se fijará en nuevos países extranjeros. El primer acto de promoción será a principios de 2012, y habrá una campaña de difusión del sistema de promoción y adquisición de la vivienda, que incluirá una página web específica y puntos de información.
* El País - FEDERICO SIMÓN - Valencia - 01/12/2011
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo
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ELMUNDO/Mallorca* : El caso Andratx ha sumado su décimoquinta sentencia condenatoria -los 15 juicios celebrados hasta el momento se han saldado con imposición de penas- después de que el exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y exalto cargo del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, se haya conformado este miércoles a seis meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación para cargo público por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido.
Mientras, tanto la Fiscalía como la acusación particular han retirado sus acusaciones contra el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, quienes también han vuelto ha sentarse en el banquillo de los acusados a pesar de que finalmente no han sido juzgados por estos hechos. De esta forma, Mir ha abandonado la sala mientras que, en el caso de Gibert, el presidente del tribunal, Eduardo Calderón, le ha indicado que "puede irse pero de forma simbólica", ya que de nuevo debía ser conducido a la cárcel de Palma, donde cumple condena en el marco de esta causa.
En concreto, la Fiscalía pedía las mismas penas que a Massot para Gibert, por un delito de prevaricación urbanística y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento de Andratx, solicitaba dos años de prisión para Massot, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.
Tal y como declara probado el escrito de conformidad, relativo a la pieza número 55 del caso, el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando Massot entró en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.
Así, el también exalto cargo del Govern de Jaume Matas emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Área Natural de Especial Interés (Anei) y Área Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer "perfectamente" la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx.
Es más, el acusado también omitió el trámite de información pública y la remisión del expediente al Consell de Mallorca para la emisión del informe, evitando de esta forma el informe negativo de la Administración insular y posibilitando una ampliación de hasta un total de 226,1 metros cuadrados, es decir, un cien por cien del inexistente volumen inicial. "Se infringía así la Ley de Disciplina Urbanística por cuanto sin informes preceptivos no se puede otorgar licencia y en caso de concesión son nulas de pleno derecho".
Mientras tanto, el escrito recuerda cómo el celador de obras emitió un informe oficial en el que afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que "parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca". Del mismo modo, el asesor jurídico emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable, lo que posibilitó de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.
Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.
* El Mundo - EP. _ 30.11.11
Foto: Andratx (Mallorca) - google
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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : La fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Patricia Navarro, ha denunciado a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento portuense, Patricia Ybarra, por un presunto delito urbanístico al permitir la realización de obras sin licencia en un núcleo de viviendas ilegales. La acción de la Fiscalía parte de varias denuncias presentadas por Fevema, una federación de asociaciones de propietarios de casas fuera de ordenación, y de Fernando Jiménez Fornell, el funcionario de Urbanismo imputado por varias causas, entre ellas por autorizar obras en suelo no urbano.
La popular Patricia Ybarra, ahora a frente de la concejalía de Turismo, se negó ayer a realizar declaraciones públicas. «No hay nada de lo que hablar». Al parecer aún no ha recibido notificación judicial alguna sobre su imputación. Pero lo cierto es que la fiscal ha advertido la existencia de indicios de delito en su gestión por permitir la realización de obras en tres calles: Jacaranda, Olivo y Laurel, ubicadas en el Pago San Antonio, en las inmediaciones de la Hijuela del Tío Prieto. Según las fuentes consultadas por La Voz, los propietarios de las viviendas de estas calles comenzaron a realizar obras de enganches de luz y agua hace dos años.
Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que a su vez trasladó al Ayuntamiento la orden de paralizar aquellos trabajos. Así lo hizo la administración local, sin embargo, varios meses después esas obras fueron retomadas y finalizadas ya que, según la fuentes, sus promotores consiguieron una licencia en Urbanismo que se amparaba en motivos de seguridad por la situación de peligrosidad en que habían quedado las calles con las obras paralizadas. El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, consideró que las denuncias presentadas por Fevema son una cuestión de «venganza» por el trato desigual que Urbanismo podría haber dispensado a otros diseminados de viviendas, como el Pinar de Coig o El Barranco, que no serán legalizados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En cuanto a las tres denuncias presentadas por Fernando Jiménez Fornell, al parecer se enmarcan en su defensa judicial, que en parte se basa en las infracciones cometidas por los responsables políticos que le han salpicado como funcionario. Según las fuentes a raíz de estas denuncias se han abierto catorce procedimientos que se investigarán en los juzgados.
Cabe destacar que Fevema envió recientemente un comunicado en el que aseguraba que además de Ybarra, la Fiscalía también había denunciado al alcalde, Enrique Moresco, a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones federadas. «Estando todos en las mismas circunstancias ante un documento como el PGOU, en la actuación del Gobierno Municipal con los diferentes diseminados no ha primado la igualdad de trato». Por otro lado, Independientes Portuenses, partido de la oposición, también presentó una denuncia por cuestiones urbanísticas que fue admitida a trámite por la Fiscalía, aunque no se ha podido confirmar que relación con la imputación de Ybarra. Ésta será llamada a declarar dentro de las diligencias previas que abrirá el juez instructor del Juzgado de El Puerto para comprobar que los hechos son constitutivos de delito. La denuncia de la Fiscalía de Cádiz ha sido derivada al edificio de Las Salinas.
* La Vos Digital - 1.12.11
Foto: El Puerto (Cádiz), vista - masmar
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ANATXU ZABALBEASCOA* : El Urbanismo no tiene buena reputación. Se confunde con la especulación y se le relaciona con la corrupción. Sin embargo, posee la capacidad de transformar las ciudades. Los arquitectos Manuel Saravia Madrigal y Pablo Gigosos Pérez proponen en este libro un urbanismo de los derechos humanos capaz de considerar a quien tiene que jugarse la vida atravesando una carretera tanto como al icono de una urbe. Ni complaciente con nadie ni beligerante contra todos, el ensayo es el resultado de un taller que organizó la Fundación César Manrique de Lanzarote en mayo de 2007. Y está tan magníficamente escrito y estructurado que se devora sin desperdicio. Sus autores han compilado y ordenado muchas de las ideas que se desarrollaron en el taller con un resultado apasionante y demoledor. Así, su lectura ofrece la oportunidad de ver, desde muchas otras perspectivas, la pluralidad de problemas que plantea una ciudad: casi todos asuntos en los que ni arquitectos ni ciudadanos solemos reparar suficientemente. Así, el libro conjuga datos -"en París, todavía el 11% de las viviendas no tienen baño". "En El Cairo, 1,5 millones de personas habitan en las azoteas en lo que se conoce como 'la segunda ciudad"- con observaciones: "La mitad de los presos del mundo están encarcelados en Estados Unidos, China y Rusia. Llama la atención el incremento de la población carcelaria en Estados Unidos, donde, desde 1980, se extiende la privatización de las cárceles".
Hay opiniones ajenas -"los grandes propietarios del suelo son, en palabras de Joaquín Leguina, 'una formidable máquina para alterar el precio de las cosas"- y opiniones propias -"la política urbanista mejora el paisaje de los ricos y hace funcional el de los pobres"-; propuestas: "En materia escolar un asunto define a los padres: los que valoran la mezcla y los que buscan la selección. Antes de saber hacer una ecuación, ¿deberíamos saber dónde vivimos?", y críticas, como cuando apuntan que el Plan Estratégico del País Vasco habla de edificios escolares que "reflejen ante el alumnado el interés por el ahorro energético" y los autores proponen sensibilizar también al alumnado sobre el hecho de que vivimos en un solo mundo. Con todo ese material, el libro ilustra la responsabilidad del urbanismo, su influencia en la vida de la gente y la posibilidad de realizarlo con más amabilidad que tiralíneas, recordando los "placeres sencillos" de Mumford como tumbarse en un parque. Además propone, como sucede con los abogados, la figura del arquitecto de oficio: un asesor para quien no puede pagar uno, no como salida profesional sino como obligación ética. Y también arremete contra la profesión: Gigosos y Saravia recuerdan la conveniencia de no dar carta blanca al diseñador, reclaman menos autosuficiencia, una metodología de trabajo menos ensimismada y un esfuerzo colectivo para tratar de entender (nos).
Urbanismo para náufragos - Pablo Gigosos Pérez y Manuel Saravia Madrigal
Fundación César Manrique. Lanzarote, 2011
* El País - Opinión - 11.06.11
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ELPAÍS/Reportaje* : Las Administraciones locales están facultadas para poner coto al tráfico privado, pero falta valentía política.
Corría el año 1989 cuando se propuso por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid cerrar al tráfico determinadas zonas de la ciudad que superasen los límites de contaminación. Desde entonces, los vehículos en la capital no han hecho más que avanzar, salvo en alguna zona del centro donde ha aumentado la peatonalización. La idea, que desde entonces ha sido aplicada con métodos diversos en otras ciudades europeas, resurge de la mano del Plan de Calidad del Aire que aprobó a principios de noviembre el Consejo de Ministros. Pero, tal y como sucedió hace 22 años, el Consistorio madrileño no tiene mucha intención de ponerla en marcha, a pesar de las numerosas zonas que existen en la ciudad con más dióxido de nitrógeno (generado sobre todo por los coches) de lo que permite la ley.
Los tubos de escape son los principales causantes de la polución en las grandes urbes, pero los Gobiernos no quieren, no pueden o no se atreven a frenar su proliferación de forma tajante.
El plan del Ministerio de Medio Ambiente es un Libro Blanco lleno de buenos propósitos que en su mayoría competen a autonomías y, sobre todo, a los municipios.
Las Administraciones locales y autónomas lo miran como un manual de buenas prácticas que puede servir como referencia, pero no como una hoja de ruta a la que seguir punto por punto. Consta de 90 medidas, pero carece de memoria económica. "Es ideal. Es muy bonito y muy bueno, pero cuesta dinero y hay que ver quién lo financia", resume el director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo. Aunque ha sido consensuado con comunidades autónomas y municipios, los del PP -es decir, la mayoría-, echan en falta una financiación que lo sustente, porque muchas de las propuestas verdes que incluye -renovación de flotas de vehículos, creación de aparcamientos disuasorios, aumento en la frecuencia del transporte público, abaratamiento de sus títulos, creación de carriles bici, por poner unos cuantos ejemplos- son costosas. Consultadas las grandes ciudades españolas, las que más polución soportan y por tanto las que más necesitan mejorar la calidad de su aire, ninguna apuesta por desarrollar actuaciones inmediatas ni un cambio apremiante en su planificación medioambiental como consecuencia del plan.
Las pegas de índole económica por parte de las Administraciones responden a una visión cortoplacista, según la mayoría de los expertos consultados. Argumentan que el ahorro que se produce a medio y largo plazo en gasto sanitario compensa con creces las inversiones para reducir la polución.
Más allá de inconvenientes puramente contables y de las penurias en las cuentas de las Administraciones, José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Barcelona, asegura que hay una clara falta de voluntad política para ejecutar verdaderos cambios. "Falta decisión con los coches. Hay una prevención excesiva por parte de las comunidades y municipios de abordar el tema del tráfico y ahí hay un problema serio. Es verdad que hubo un momento que se necesitaba el coche como motor de dinamización, pero el péndulo ha pasado al lado opuesto y ahora las ciudades están saturadas". Propone dos soluciones que califica de muy efectivas y baratas: limitación de la velocidad y restricción de los vehículos a determinadas zonas. "No se trata de atacar al coche, como se pretende hacer creer desde el ámbito neoliberal. Son medidas efectivas y de coste limitado que, eso sí, se tienen que complementar con otras, como la mejora del transporte público o la modernización de la flota circulante".
Todo lo anterior está incluido en el plan de mejora de calidad del aire, pero prácticamente sin plazos ni sanciones para las ciudades que no hagan nada. "El ministerio es un mero mediador, pero es Bruselas la que se encarga de las multas. Si no se actúa con severidad, los Ayuntamientos no serán valientes porque políticamente es muy impopular restringir el coche y puede suponerles un castigo electoral", asegura Susana Huertas, secretaria de Medio Ambiente de UGT.
El que las competencias para gestionar estas mejoras del aire conciernan a varias Administraciones y, dentro de ellas, a diferentes organismos, tampoco ayuda a que las medidas se puedan concretar de la noche a la mañana. La legislación y la normativa están en poder de las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero son las ciudades las que tienen que ejecutar buena parte de las acciones. Una de las medidas más visibles para los ciudadanos dentro del plan del aire es la creación de etiquetado para los automóviles en función de cuánto contaminan y la restricción al tráfico rodado en determinadas zonas de las ciudades siguiendo esta clasificación. Sobre las pegatinas, todavía nadie sabe cómo se van a arbitrar y colocar. "El plan está recién creado y ahora se están reuniendo los técnicos de los departamentos competentes para ver cómo se desarrolla", asegura una portavoz del Ministerio de Industria. Respecto a las Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida, aquellas en donde las localidades podrán restringir el acceso a determinado tipo de vehículos, tampoco habrá grandes cambios en el corto y medio plazo, a tenor de la respuesta que dieron los Consistorios.
El ejemplo más claro es Madrid, una de las ciudades diana de este plan: será multada por Bruselas si no consigue una moratoria para cumplir la legalidad ambiental y una de sus medidas más sonadas para combatir la polución fue cambiar los medidores a lugares con menos tráfico. La concejal delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, explica que hay zonas con la circulación muy restringida, como el barrio de las Letras o las Cortes que ya están consideradas por el Ayuntamiento de bajas emisiones. Botella asegura que en la capital no se cambiarán estas áreas como consecuencia del plan ni se incorporarán las otras de velocidad variable que aconseja. "La velocidad ya está muy limitada en los túneles de la M-30, lo que evita contaminación y accidentes", zanja. Su departamento está preparando un plan del aire local y evita dar detalles sobre sus proyectos más allá de las actuaciones que ya están en funcionamiento, como la información en los paneles y en Internet o el anillo ciclista.
El Consistorio de la segunda ciudad más contaminada de España por dióxido de nitrógeno, Barcelona, se limita a señalar a través de una portavoz que está trabajando "en nuevas medidas para adaptarse a la normativa recién aprobada". "En Zaragoza llevamos tiempo trabajando en esto y lo seguiremos haciendo", explica un portavoz municipal, que relata cómo la ciudad ya ha adoptado muchas de las recomendaciones del plan: "La web con información sobre la calidad del aire, los carriles bici, el aumento de las zonas verdes, la peatonalización de las zonas del centro". Tampoco está en la agenda aumentar la restricción de movimientos a los vehículos.
"Las ciudades se pensaron hace decenios para los coches y los ciudadanos somos muy sufridos", reflexiona Eduardo Peris Mora, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. "Ya está todo inventado y hay localidades fuera de España a las que le va bien", subraya. También destaca la correlación entre picos de contaminación y muertes: "Está clarísima la causalidad, pero como la responsabilidad es difusa, es complicado señalar culpables y pedirles actuaciones".
El Ministerio de Medio Ambiente es consciente de que uno de los retos es coordinar e impulsar el trabajo de todas las Administraciones implicadas, por lo que esto se convierte en su prioridad tras aprobar el plan. A la pregunta de qué será lo que los ciudadanos verán antes como resultado de la norma, un portavoz responde que una de las primeras acciones palpables será la puesta en marcha de los boletines de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): "Se difundirán las predicciones de calidad del aire a 24 horas a través de la página web, generando boletines diarios accesibles para todo el mundo a partir del 1 diciembre. Otro ámbito avanzado permite relacionar la información sanitaria y de calidad del aire en el Sistema de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad. Con ello dispondremos en tiempo real de los datos epidemiológicos del recientemente aprobado Sistema de Información en Salud Pública".
Todos los pasos, por pequeños que sean, son positivos en opinión de los expertos consultados, que ven en el plan un buen modelo si se llegase a implementar. Pero en su opinión hace falta decisión para seguirlo. "El panorama es desolador. No hay ninguna voluntad real", afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo de la limitación de velocidad que se puso en marcha en el entorno metropolitano de Barcelona en 2007 que, "pese a suponer un descenso de la contaminación del 15%, la Generalitat se lo ha cargado". "Los carriles de acceso a las ciudades preferentes para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO) son un gran ejemplo, pero solo tenemos el de la A-6 de entrada a Madrid. El Gobierno, que ahora quiere fomentarlos, no ha hecho nuevos desde 1995, se dedica a los AVE y las autovías. Las restricciones de tráfico a las zonas más saturadas de polución funcionan en 400 ciudades europeas, aquí ninguna de las importantes, de las que realmente lo necesitan, lo ejecuta", resume.
Tomás Santacecilia, del Real Automóvil Club de España (RACE), comparte soluciones como los carriles bus-VAO, pero no otras como la restricción de vehículos a determinadas zonas de las ciudades: "Con esta medida lo único que estamos haciendo es trasladar el problema de la contaminación a zonas periféricas de la ciudad, en otras palabras, trasladar el problema a otro sitio. Como medida eficiente se trataría de potenciar, fomentar e incentivar la compra y adquisición de vehículos nuevos, menos contaminantes y más respetuosos con el medio ambiente".
Esto último también está en el plan del ministerio: continuar con las subvenciones a los vehículos eléctricos y hacer un llamamiento a las ciudades para que faciliten su circulación y aparcamiento, para que los conductores con coches verdes tengan ventajas añadidas. Paradójicamente, al mismo tiempo, el Gobierno también ha primado la adquisición de vehículos diésel, los que más dióxido de nitrógeno generan, al grabar este combustible con menos impuestos que la gasolina. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha usado en más de una ocasión este argumento para quitarse responsabilidad en la polución de la capital.
El peso de los automovilistas y de la industria del sector es uno de los culpables de que no haya mayor voluntad de atajar el problema, en opinión de Raquel López, que desde el grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid trata de impulsar medidas que se encuentran una y otra vez con el rechazo del PP. Igual que sucedió en 1989, cuando su coalición política presentó en el pleno un plan para limitar el uso del coche que fue igualmente ignorado por los gobernantes de entonces.
El mapa de la contaminación en España
- Territorios que superaron en 2010 los niveles permitidos de NO2 (consecuencia directa del tráfico): Área metropolitana de Granada, Palma de Mallorca, Barcelona y área metropolitana, área metropolitana de Bilbao, Madrid y área metropolitana, Murcia, L'Horta (Valencia).
- Según un informe de Ecologistas en Acción, en España hay 34,6 millones de personas (el 74% de la población) que están expuestos a niveles que superan el máximo recomendado por la OMS de partículas PM-10 (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen). Respecto al dióxido de nitrógeno, son el 10% quienes respiran niveles superiores a lo permitido. En el caso del dióxido de azufre el porcentaje es del 5%. Respecto al ozono (una sustancia que no se genera directamente, sino que es fruto de la reacción química de los óxidos de nitrógeno con la luz solar), un 27% está expuesto a niveles superiores a los legales, a los que hay que sumar otro 17% por encima de lo aconsejado, lo que hace un total de 20,8 millones de personas.
- Las ciudades con más partículas PM-10 son Zaragoza, Sevilla, Granada, Torrejón de Ardoz, Albacete, Jaén, Cádiz y Málaga, con 32.
- Las ciudades menos contaminadas con partículas PM-10 son Santiago de Compostela, Logroño, Badajoz, Vitoria, Palma de Mallorca y Valladolid.
* El País - PABLO LINDE 30/11/2011
Foto: Los tubos de escape sonlos principales responsables de la contaminación en las grandes urbes.- elpais
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LAOPINIÓN/Málaga* : Exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 2003 a 2006 y la exedil que formó parte del gobierno tripartito, Isabel García Marcos, han firmado hoy con la Fiscalía la conformidad de una causa urbanística que iba a ser juzgada hoy.
El juicio estaba previsto hoy en el Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga y en el banquillo de los acusados estaba previsto que se sentaran doce acusados por dar licencia al proyecto básico y al de ejecución para la construcción de más viviendas de las que presuntamente se permitían.
Entre los acusados se encuentra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que junto a Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez (en situación de rebeldía), ya se habían acogido con anterioridad al acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
En dicho acuerdo se fijaba un año de prisión para los ediles de la primera Corporación del GIL (1995-1999) y de nueve meses para los de la segunda (1999-2003).
Además de estos ocho procesados, quedan cuatro, los que presuntamente aprobaron el proyecto de ejecución, que son los que hoy se han conformado con la petición del fiscal García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez.
Tras el acuerdo con estos cuatro últimos procesados, el fiscal les pide doce meses de multa a diez euros por un delito de prevaricación urbanística.
Excepto estos cuatro acusados y el exedil que está fugado, el resto de exconcejales ha estado en prisión cumpliendo condena por delitos urbanísticos.
Estos acuerdos con el fiscal se enmarcan dentro de los pactos a los que los exediles están llegando con la Fiscalía para no celebrar juicios urbanísticos en los que se encuentran imputados, exconcejales del GIL de tres corporaciones consecutivas entre 1995 a 2006, cuando se destapó el caso Malaya.
El pacto entre la Fiscalía y los exediles establece una condena por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad.
En este último caso de prevaricación urbanística el fiscal asegura en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, que en la comisión de gobierno de abril de 2002 acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico, presentado por un grupo inmobiliario, para la construcción de 20 viviendas adosadas.
Posteriormente, los cuatro últimos procesados aprobaron el proyecto de ejecución en marzo de 2004.
* La Opinión - EFE - 1.12.12
Foto: La Fiscalía pide multa, pero la acusación particular, ejercida por el PSOE, solicita un año y 10 meses de prisión - EP
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MADRILONIA* : Las Asambleas Populares-15M de Chamberí, Tetuán, Moncloa, Malasaña y Chueca, reunidas el pasado sábado 26 de noviembre en el parque De Santander han acordado hacer pública su posición común ante la pretendida privatización del 49% de la Empresa pública Canal de Isabel II:
1º Todo el mundo sabe que un grupo privado que posee el 49 % de las acciones de una empresa, la gobierna. La filosofía de la empresa mixta es entonces la del grupo privado, que no puede ser otra que aumentar los dividendos de sus accionistas, es decir, lograr el crecimiento de los beneficios económicos del grupo.
Aumentar los beneficios de una empresa del agua pasa por encarecer la factura y por disminuir los recursos económicos necesarios para mantener la calidad del agua a la llegada a su destino. La experiencia dice que a los grupos privados del agua les interesa que baje la calidad del agua del grifo para facilitar la comercialización de agua embotellada, cuyo precio es 1000 veces mayor.
Reconocemos la excelente calidad que tiene ahora el agua que llega los grifos de los hogares Madrileños. Según la OCU es la de mejor calidad de España. Esto es debido sin duda a que la empresa que la gestiona ha pensado prioritariamente en el bien público, a su excelente gestión, y a la consolidada competencia de su plantilla.
Como se ha dado tan poca información al respecto a la población madrileña en los últimos años, nos vemos obligados a informar que la empresa pública “Canal de Isabel II”, tiene unos beneficios anuales de unos 100 millones de euros, que se invierten en servicios para toda la comunidad (obras públicas, metro, polideportivos, teatros, etc….) Es fácil prever que el grupo que dominara la empresa, en caso de que el 49% de Canal de Isabel II fuese privatizada, trataría de quedarse con todos los beneficios.
Entendemos que la privatización de un bien tan esencial para la vida humana dejaría a la población madrileña al arbitrio de los intereses de una empresa privada que, como es lógico, antepondría sus intereses privados al bien público.
En conformidad con todo lo expuesto consideramos que dicha privatización sería contraria al bien público.
2º La privatización del 49 % de Canal de Isabel II no ha figurado en ningún programa electoral de ninguno de los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, institución que tendría que tomar finalmente la decisión de sacar a la venta el 49 % de las acciones de esta empresa.
Así, su decisión, cualquiera que esta fuese, sería tomada de espaldas a todos los madrileños sin excepción. Entendemos que esto no es lo correcto ya que el agua es un bien esencial para la ciudadanía, y que esta es la única que tiene la potestad de vender total o parcialmente lo que es suyo.
En consecuencia, las cinco Asambleas Populares presentes en este acto reclamamos un referéndum vinculante acerca de la pretendida privatización de Canal de Isabel II.
* Madrilonia - Nov 2011
Foto: Madrid, no privatización Canal - madrilonia
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ELPAÍS/Almería* : Ahí está. Y ahí va a seguir un buen tiempo, blanco sobre la arena negra de la playa de El Algarrobico. Es un recordatorio de los años en los que España soñaba con gigantes de hormigón armado.
El sueño de la promotora Azata del Sol para la playa almeriense de El Algarrobico era un complejo de siete hoteles, viviendas y un campo de golf. Y la punta de lanza de este proyecto inmobiliario para este paraje del municipio de Carboneras era un enorme hotel que empezó a levantarse en 2003 sobre una parcela de 32.660 metros cuadrados que la empresa adquirió por algo más de diez millones de euros.
Cuatro estrellas y 411 habitaciones, todas con terraza y vistas. El hotel se hizo literalmente a pie de playa. Tan en primera línea, que incumple los 100 metros de reserva que se fijaban como dominio público en la Ley de Costas de 1988. El Algarrobico, con sus locales comerciales y su helipuerto, era un sueño de hormigón pensado para un hermoso paraje. Tan hermoso, que se levantó dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
INCÓMODA ESPINA
El Algarrobico es hoy el símbolo más recurrente de la destrucción del litoral durante los años de la fiesta nacional del ladrillo. También es una incómoda espina que tienen clavada la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a los que los grupos ecologistas apremian para que dinamiten de una vez este proyecto.
El Algarrobico se quedó varado el 21 de febrero de 2006. Ese día el magistrado Jesús Rivera Fernández, titular entonces del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, ordenó la paralización cautelar de las obras, que se mantiene todavía hoy y que parece complicado que se pueda revertir.
El juez ordenó parar cuando las obras estaban al 94,41%. La estructura del edificio de 20 plantas estaba rematada y se iban a empezar a amueblar las habitaciones. Cinco años después, las grúas amarillas todavía siguen instaladas.
El retorno parece ya imposible con las sentencias y autos que han ido dictado los tribunales de primera instancia, el Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional y el Supremo. Hasta 16 fallos en contra del hotel tiene contabilizados Greenpeace. Pero, durante los últimos años, se ha ido engordando una complicada madeja de recursos judiciales.
¿Se derribará algún día El Algarrobico? "Sí, no hay otra salida, y cada vez menos", responde José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar, la asociación que ha encabezado la lucha contra el hotel. También dicen tenerlo claro el Gobierno y la Junta. Este proyecto fue apadrinado por el anterior alcalde socialista de Carboneras y respaldado al principio por la Junta.
El problema ahora no es tanto si el hotel acabará desapareciendo, sino cuándo se podrá derribar. Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, reconoce que los "enmarañados procesos judiciales" retrasan la salida debido a que la promotora está utilizando todas las "herramientas jurídicas posibles". Es una carrera de fondo. Ribero, pensando ya en el siguiente Gobierno, pide a las Administraciones y a los ecologistas que permanezcan firmes en la batalla que queda por delante. La secretaria de Estado pone el ejemplo otro hotel: el Atlanterra, levantado en los años setenta en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) y que no se pudo demoler hasta 2002. Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente con José María Aznar, fue el que accionó el mecanismo de demolición que terminó con aquel otro símbolo del urbanismo descontrolado. Paradójicamente, Matas, también expresidente balear, hoy se encuentra en libertad bajo fianza por su implicación en el caso de corrupción Palma Arena.
No será Rosa Aguilar, la todavía ministra de Medio Ambiente, la que accione el botón de demolición en El Algarrobico, pese a que cuando tomó posesión de su cargo se mostró esperanzada con que pudiera desaparecer en esta legislatura que termina.
LA FACTURA DE LA DEMOLICIÓN
Lo que sí ha dejado redactado Aguilar es un convenio con la Junta para que, cuando sea legalmente posible, las dos Administraciones se hagan cargo de la demolición, con independencia de que la factura se le pueda pasar luego a los responsables que permitieron que se levantara el hotel. Según el convenio, el Gobierno correría con los costes de derribo y la Junta con el desescombro y de la restauración de la zona.
Pero, ¿cuándo se podrá aplicar este convenio? Los grupos ecologistas han pedido que se haga ya. Sin embargo, los procesos abiertos en los tribunales eternizan la solución.
Tras el anuncio de la elaboración del convenio de demolición, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción presentaron el 14 de septiembre pasado un escrito en el que pedían la ejecución de la sentencia de 5 septiembre de 2008 que anuló, de facto, la licencia de obras de El Algarrobico. Según detalla el abogado José Ignacio Domínguez, la licencia es el único soporte legal que tiene el hotel para seguir en pie. El mismo magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería que ordenó en 2006 paralizar las obras fue el que en 2008 anuló la tramitación que hizo el Ayuntamiento de Carboneras de la licencia para la construcción del complejo. Jesús Rivera Fernández sentenció que el hotel invadía la zona de reserva de 100 metros fijada en la Ley de Costas y que, además, se levantó en suelo de especial protección, como se reflejaba en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque de Cabo de Gata-Níjar de 1994, que sigue vigente según el Tribunal Supremo.
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Este fallo de septiembre de 2008 está recurrido por la promotora ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, según el letrado de Salvemos Mojácar, se espera una respuesta en breve. Sin embargo, los ecologistas han querido forzar la demolición. Por eso reclamaron la ejecución de la sentencia de 2008 el pasado mes de septiembre. El nuevo titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo, Raúl Hugo Muñoz, ha rechazado decretar la ejecución provisional al entender que supondría "perjuicios ciertamente irreparables o irreversibles" para la promotora cuando aún se está a la espera del pronunciamiento del TSJA. El fallo que salga del alto tribunal andaluz, a su vez, podría ser recurrido ante el Supremo, lo que supondría otros cinco años más, calcula Domínguez.
Los grupos ecologistas han reclamado a la Junta y al Estado que presenten en el juzgado un millonario aval, que permitiría, según su interpretación, ejecutar la demolición. La empresa, como respuesta al último escrito de los ecologistas, señalaba que, de aceptarse sus pretensiones, "implicaría tener que destruir algo, con la posibilidad de que luego se declare la legalidad de lo construido, cuyo coste de construcción asciende a 34.282.222,5 euros", según un informe realizado en 2007 por Tasaciones Inmobiliarias.
Teresa Ribera descarta que el Gobierno ponga un solo euro de aval. "Sería un ejemplo malísimo, además, con dinero del contribuyente". La secretaria de Estado remarca que el ministerio puso reparos al proyecto desde 1988, cuando el Ayuntamiento, con el beneplácito de la Junta, aprobó el plan parcial que daba cobertura legal al macroproyecto. Además, recuerda que el ministerio inició un proceso de expropiación, que se ha dejado en suspenso hasta que haya un pronunciamiento firme sobre la licencia de obras.
Al margen del litigio abierto por la licencia, hay una ristra de recursos y sentencias. Los más importantes son los que se refieren al plan urbanístico de finales de los ochenta y al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural. Estos dos asuntos podrían retrasar aún más la salida. "Es un lento proceso judicial", reconoce Ribera, "pero hay que ser firmes y pacientes, el momento llegará".
El empleo como excusa
El Algarrobico no fue visto con malos ojos por muchos habitantes de Carboneras, que esperaban una oportunidad de empleo. La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de esta localidad ha vuelto a defender recientemente el hotel, al considerarlo una "oportunidad de desarrollo económico y turístico".
El actual alcalde de la localidad, Salvador Hernández, del Grupo Independiente por Carboneras (Gicar), intenta mantenerse al margen de un proyecto del anterior equipo: "Abogo por una salida negociada entre la empresa, las Administraciones y los ecologistas". Aunque sostiene que el hotel "tiene todos los permisos del Ayuntamiento y de la Junta". Lamenta que "siga ahí sin dar frutos" y recurre al empleo que podría generar: "No estaría mal que se abriera".
El empleo siempre ha sido una de las bazas de los defensores del proyecto. Y, en tiempos de crisis, más. La promotora, en el escrito que presentó para que no se ejecutara la sentencia de 2008, defendía que la demolición del edificio va "en contra del interés general". Y adjuntaba parte de la encuesta del CIS de julio, en la que el paro (81,1%) y la economía (49,5%) son las principales preocupaciones de los encuestados. Y los problemas medioambientales solo para el 0,6%.
Teresa Ribera intenta romper con esta argumentación: "Eso no va a ningún lado, el empleo que se plantea es no sostenible en el tiempo". Y añade: "Es más fácil construir capital financiero que capital natural".
* El País - MANUEL PLANELLES 16/11/2011
Foto: Hotel El Algarrobico - elpais
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KAOSENLARED* : Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural exige al Ayuntamiento de Valencia y a la Consellería de Cultura que mantenga la protección máxima al Jardín Histórico de Ayora y Palacete, al ser un conjunto singular y único, que ha sobrevivido milagrosamente a la voracidad urbanística y a usos disparatados
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural considera inadmisible rebajar la protección de cinco espacios BIC situados en Valencia ciudad, pues los citados monumentos poseen la relevancia y valor extraordinario, tal y como en su día fueron calificados por los expertos que redactaron las declaraciones aprobadas por la Consellería de Cultura.
Nuestra entidad estima, que el Ayuntamiento de Valencia debe redactar y aprobar los Planes Especiales de los referidos BICs y sus entornos, en aras a evitar daños en un futuro inminente, así como permitir las rehabilitaciones y puestas en valor y uso de los monumentos referidos para permitir su disfrute adecuado.
A continuación transcribimos el texto que constan en la ficha del Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, en su apartado dedicado a la Descripción, donde se indica el valor y la historia del PALACETE Y JARDÍN DE AYORA, uno de los pocos jardines históricos junto al de Monforte, que merece especial protección y cuidado por parte de las instituciones competentes.
“En el barrio de Algirós, junto al antiguo camino de ese nombre, integrado en la trama urbana de la ciudad se encuentra este Palacete y su jardín. Fue levantado como villa de recreo en la zona suburbana de la ciudad en 1900, aunque en la actualidad está completamente integrado en la trama urbana. Fue un palacio de recreo realizado para José Ayora según proyecto de Pelegrín Mustieles. Su construcción se llevó a cabo entre 1899 y 1900.
En el extremo norte del jardín se levanta el palacete sobre una terraza en altura cerrada con una balaustrada, que rodea el edificio. En la fachada principal se encuentra la escalera que salva la altura y da acceso al palacio. Se trata de un edificio cuadrangular dividido en planta baja, noble y ático bajo la cubierta. Con una torre en la parte central cuadrada con esquinas achaflanadas cubierta con una cúpula que adopta forma bulbosa con teja dorada. En cada uno de los lados de la torre se abren dos arcos de medio punto.
Cada una de las fachadas presenta tres vanos por planta. Los mayoría de los vanos son adintelados a excepción de los centrales de la planta noble tanto en su fachada principal como en su trasera, al igual que en la torre. Estos son de arco de medio punto doble. Los vanos que se disponen en el ático son rectangulares apaisados.
Las fachadas combinan bicromía con paramentos de ladrillo rojo y apilastrados y recercados de los vanos pintados con un color claro. Destacan la fachada principal y la trasera por su remate. En la trasera se dispone en el centro un frontón curvo. En la fachada principal un frontón curvo partido alberga la imagen de mercurio bajo la que aparece la fecha de la realización del edificio. Los huecos de la planta noble de estas dos fachadas presenta un antepecho abalaustrado, mientras que en las fachadas laterales únicamente está abalaustrado el central.
En el ático se disponen entre los vanos panes cerámicos con motivos geométricos. La cubierta del edificio es a cuatro aguas.
El interior ha sido muy reformado por su nuevo uso como guardería infantil y Sección de la Policía Municipal. Conserva la claraboya central realizada con hierro y vidrio de diversos colores, y algunas pinturas decorativos. Así como la escalera realizada con mármol y madera.
El conjunto está rodeado por una cerca, parte de ella es original. La zona de jardín más alejada de la casa y de forma rectangular es la que mejor conserva la vegetación original. La zona más cercana a la casa solamente conserva algunos de los árboles originales como algunas de la palmeras que flanqueaban el camino de acceso al palacete. En los años setenta se instaló una discoteca siendo adquirido por el Ayuntamiento”.
A través de Resolución de fecha 30 de diciembre de 1982, se incoa expediente de declaración de MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO a favor del Palacete y Jardín de Ayora, publicándose la Resolución en el BOE el 25 de febrero de 1983. Anotación del Ministerio de Cultura: A-R-I- 52-0007259
Durante todos estos años, el citado Jardín y Palacete de Ayora ha conservado su estructura y contenido casi intacta, formando su vegetación, fuentes, construcciones, muros… una unidad singular que merece ser conservada y protegida institucionalmente, arbitrándose las medidas oportunas para evitar cualquier alteración, que ponga en peligro y distorsione su espíritu original.
Es importante destacar que el Jardín de Ayora y su Palacete, a pesar de que ciertos tramos del muro original se han sustituido de forma perversa e injustificada por tramos de verja (actuaciones estimamos que han alterando en parte su lectura y han atentando contra lo establecido en la Carta de Florencia), merece gozar de la máxima protección legal pues es uno de los escasos vestigios de Jardines Históricos que han sobrevivido al desarrollo urbanístico en Valencia ciudad.
A continuación transcribimos dos artículos de la Carta de Florencia, que merecen ser motivo de reflexión para las autoridades locales y autonómicas:
“Artículo 14. El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe ser proscrita. Estas reglas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna (canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones para el visitante, etc.).
Articulo 22. Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin considerar previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían producirse en cuanto a modificación del ambiente y protección de dicho jardín.
1982 – Carta de Florencia – ICOMOS
JARDINES HISTÓRICOS
CARTA DE FLORENCIA
Adoptada por ICOMOS en Diciembre de 1982″
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, considera inadmisible y totalmente injustificada la rebaja de protección del Jardín y Palacete de Ayora que desea tramitar el Ayuntamiento de Valencia ante la Consellería de Cultura, Turismo y Deportes, pues el Jardín de Ayora y su Palacete, es una de las muy escasas muestras de casas de recreo burguesas de finales del siglo XIX que existen en Valencia, y continua manteniendo su importancia histórica al ser un ejemplo, una huella de un hermoso jardín de “hortus conclusus”. El citado BIC, se ha conservado bastante bien, a pesar de la voracidad urbanística y los usos ajenos y dispares que ha tenido en las últimas décadas, antes de que el Ayuntamiento lo adquiriese y protegiese legalmente.
Sería un grave error que el BIC del Jardín de Ayora y Palacete, fuese rebajado a Bien de Relevancia Local, pues todo Jardín Histórico, tal y como recomienda la mencionada Carta de Florencia, debe protegerse, en un “entorno apropiado”, evitándose “toda modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico”. La referida norma de ICOMOS indica claramente, en su artículo 14, la necesidad de proteger su entorno, tanto externo como interno, incluyendo canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones para el visitante… así como la necesidad de que el Jardín de Ayora y Palacete puedan ser contemplados y valorados exteriormente, sin alteraciones paisajísticas que impidan su disfrute y conservación presente y futura.
Al ser el citado Jardín Histórico de Ayora y Palacete, un espacio donde hay árboles singulares, es preciso contemplar la conservación del subsuelo y evitar, la construcción de aparcamientos u otras instalaciones subterráneas, que de alguna manera puedan atentar contra la supervivencia presente y/o futura de las especies vegetales.
Nuestra entidad considera que es una oportunidad histórica única para el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, iniciar la redacción del Plan Especial de Protección del BIC y su entorno, en favor del Jardín de Ayora y su Palacete, a la vez que inicia un proyecto didáctico y turístico riguroso, destinado a que los ciudadanos y visitantes puedan conocer y disfrutar de la singularidad y valor de nuestros dos grandes jardines históricos, conjuntos que han sobrevivido milagrosamente a la voracidad urbanística.
Indicar igualmente, que tenemos constancia de la existencia de fotografías antiguas del Jardín de Ayora, documentos visuales que tuvo a bien entregar el director de cine Rafael Gassent hace ya un tiempo al Sr. Domingo Fletcher, responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia.
Tal y como comentamos en una reunión, al concejal Ramón Isidro Sanchis, sería positivo y deseable destinar los palacetes de Ayora y Monforte a actividades expositivas, donde se pudiese ver la evolución e historia de los citados Jardines, así como permitir la entrada de los visitantes al Jardín de Monforte por su entrada natural, que es la del Palacete, incrementándose la vigilancia y la seguridad.
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, estima que es fundamental recuperar y exponer públicamente ese valioso material fotográfico, a la vez que se contacta con María Teresa Santa María, experta en el Jardín de Monforte, pues sería muy positivo y recomendable organizar una exposición y redactar una guía del famoso y extraordinario jardín histórico nacional, para celebrar la rehabilitación, que se prevé concluya a finales de diciembre del 2011.
A continuación y dada su importancia, transcribimos los artículos de la Carta de Florencia, donde se hace especial hincapié en las obligaciones legales y administrativas que deben asumir las autoridades responsables, subrayando la necesidad de proteger los planes de utilización del suelo a través de los documentos de ordenación y planificación del territorio, Evidentemente, en un jardín histórico o en otro espacio ajardinado, el subsuelo y su entorno debe gozar de especial protección y cuidado por parte de las instituciones, evitándose la construcción de aparcamientos o metros.
“PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
Artículo 23. Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas para identificar, inventariar y proteger los jardines históricos.
Su protección debe integrarse en los planes de utilización del suelo y en los documentos de ordenación y planificación del territorio. Corresponde igualmente a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el mantenimiento, la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines históricos.
Artículo 24. El jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya superviviencia, en razón de su naturaleza, exige mayores cuidados contínuos por medio de personas cualificadas. Conviene que una enseñanza apropiada asegure la formación de estas personas, ya se trate de historiadores, arquitectos, paisajistas, jardineros o botánicos.
Debe velarse para asegurar también la producción regular de los vegetales incluídos en la composición de los jardines históricos.
Artículo 25. El interés por los jardines históricos deberá ser estimulado por todo tipo de actuaciones capaces de revalorizar este patrimonio y hacerlo conocer y apreciar mejor: promoción de la investigación científica, intercambio internacional y difusión de la información, publicaciones y trabajos de divulgación, estímulo del acceso controlado del público, sensibilización a través de los medios de comunicación en cuan to a la necesidad de respetar la naturaleza y el patrimonio histórico. Los más sobresalientes jardines históricos serán propuestos para figurar en la Lista del Patrimonio Mundial.
1982 – Carta de Florencia – ICOMOS
JARDINES HISTÓRICOS
CARTA DE FLORENCIA
Adoptada por ICOMOS en Diciembre de 1982
* Kaos en la Red - Opinión - 29.11.11
Foto: Jardin de Ayora
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ELCONFIDENCIAL* : Madrid y Barcelona están entre las 50 ciudades del mundo con mejor calidad de vida, según el estudio realizado por la empresa Mercer. Sin embargo, a pesar de esta posición, los resultados son malos si las comparamos con las otras grandes urbes europeas. Sólo Roma y las ciudades de Europa del Este – que ya pasan de la posición 50- están por detrás de las españolas.
En el informe Estudio sobre Calidad de Vida 2011 se considera que en Barcelona se vive mejor. La Ciudad Condal se sitúa en la posición número 40, mientras que la capital de España se queda en el puesto 43. Muy cerca se posicionan Londres, en el puesto 38; Helsinki, en el 35; o Lisboa, en el 41.
Para este estudio, se tienen en cuenta diversos factores como el ambiente político y social, el económico, el socio-cultural, la salud y seguridad, la educación, los servicios públicos y transportes, la oferta de ocio, la disponibilidad de bienes de consumo, el alojamiento y el medio ambiente.
Rafael Barrilero, socio de Mercer y responsable del estudio, asegura a El Confidencial que uno de los factores que diferencia a Madrid y Barcelona es “el número de atentados” etarras. Barrilero asegura que a Madrid “le penalizó mucho el último sufrido en la T4 de Barajas” porque entra dentro de la valoración que se hace sobre el entorno social y político y la seguridad, que es uno de los aspectos más importantes. Esto se debe a que la encuesta trata de ayudar a los gobiernos y a las compañías multinacionales a establecer una compensación adecuada en sus asignaciones internacionales y nadie quiere mudarse a ciudades que no son seguras.
Los índices de criminalidad en nuestro país son bastante bajos y por nuestras ciudades se puede andar por la calle a las 12 de la noche, a diferencia de otras localidades como Londres, pero el aspecto del terrorismo es uno de los factores que más atrasa a las españolas en el ranking. Madrid y Barcelona quedan por encima de la posición 60 si sólo tenemos en cuenta este factor. Incluso Ljubljana (30) y Praga (47) están por encima a pesar de su situación general.
El socio de Mercer explica que las urbes españolas “mejorarán posiciones” en los próximos años, si se cumple el fin de la violencia anunciado por ETA, ya que este aspecto se mide en el transcurso de tres años, frente a los cinco años de cadencia en los que se cifraron otros atentados como los del 11-M en Madrid.
Barrilero comenta que Madrid destaca frente a Barcelona en “que tiene muy buenas infraestructuras” y en el resto de factores “están muy igualadas”, aunque puede que la capital catalana tenga una mejor puntuación en oferta de ocio.
Muy difícil de conseguir una alta calidad de vida
De todas formas, afirma que “estar entre las 50 primeras ciudades es mucho”, ya que el informe analiza 221 urbes de todo el planeta y las compara con Nueva York, que en la posición 47 se toma como punto de referencia. Barrilero explica que no valoramos lo suficiente vivir en estos lugares y dice que “tener unas buena calidad de vida es una suerte inmensa”.
Lo mejor para las localidades de las primeras posiciones es que aunque “los factores de bienestar son difíciles de conseguir, una vez obtenidos es complicado perderlos”, asegura Rafael Barrilero. Por tanto, la crisis económica no debería mermar los lugares de las ciudades europeas que han trabajado en calidad de vida durante estos años, aunque hay que vigilar de cerca “los niveles futuros respecto a las altas tasas de desempleo y la pérdida de confianza en las instituciones políticas”.
Como ejemplo está Lisboa que, por delante de Madrid en la posición 41, ha escalado doce puestos gracias la transformación que se ha realizado en la última década y que mantiene a la capital lusa como un lugar “muy seguro”. “Lo importante es tener calidad de vida y disfrutarla y, aunque sea difícil perderla, no hay que dormirse en los laureles”, considera. Este estudio trata, además, de que las autoridades de las ciudades analizadas puedan realizar una comparación con otras y saber en qué debemos mejorar.
El responsable del estudio cuenta que, aparte de la seguridad, lo que más influye es la sanidad y las infraestructuras con las que se cuenta por habitante, si hay metro o buenos transportes públicos, si las carreteras nos evitan atascos, si hay posibilidad de escolarización bilingüe, etc.
Rafael Barrilero pone como ejemplo a México o Sao Paulo, donde hay falta de seguridad, hay una gran masificación y faltan muchas infraestructuras. Barrilero comenta “las grandes dificultades que tienen los países emergentes en cuanto a infraestructuras, ya que no cuentan con una buena dotación”. El problema para que las urbes de estos países escalen posiciones es que “la construcción de centros sanitarios no se hace en dos días y todavía les queda por recorrer una larga travesía”.
Por ello, ese desarrollo económico “no soluciona los problemas de bienestar”. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una buena calidad de vida, pero no cuenta con una sanidad pública, lo que desplaza a sus ciudades a posiciones más bajas. “Sería muy difícil montar una sanidad pública en el país”, al igual que en Sudamérica, donde no se van a crear estos sistemas. De todas formas, el socio de Mercer recomienda “invertir en infraestructuras porque es calidad de vida”.
Viena, la mejor ciudad para vivir; Bagdad, la peor
Las urbes europeas copan la mitad de las posiciones entre las 50 mejores localidades para vivir y Alemania y Suiza se llevan la palma. Viena, por tercer año consecutivo, lidera la clasificación mundial seguida de Zúrich (2), Múnich (4), Dusseldorf y Vancouver (5), Frankfurt (7) y Ginebra (8), mientras Berna comparte el noveno lugar con Copenhague.
Las ciudades con peor calidad de vida son Jartum, en Sudán (217), Puerto Príncipe, en Haití (218), N’Dajema, en El Chad (219) y Bangui, en la República Centroafricana (220). Bagdad, en Irak, ocupa la última posición del ranking de Mercer (221).
Por continentes, las urbes canadienses lideran la calidad de vida en América. No aparece ninguna ciudad estadounidense hasta la posición 29 de Honolulú o la 30 de San Francisco. En Latinoamérica es Pointe a Pitre, en Guadalupe, la primera que aparece en el lugar 63, seguida de San Juan de Puerto Rico (72) y Montevideo (77). Mercer destaca que “la considerable disparidad en los estándares de vida entre Norteamérica y Sudamérica”, pero hace referencia a que a pesar de los “cambios positivos, los problemas políticos y de seguridad todavía predominan en esta zona, en particular el tráfico de drogas y los altos niveles de criminalidad, en combinación con los desastres naturales”.
En la región Asia-Pacífico, Australia y Nueva Zelanda son las ganadoras. Para seguir a Auckland, la tercera en la clasificación mundial, hay que irse a la posición 11, donde está Sídney. Wellington (13), Melbourne (18) y Perth (21) dan paso a las localidades asiáticas. Las mejor situadas son Singapur (25) y Tokio (46). El informe alude a que “muchas ciudades asiáticas están en la parte baja de la lista debido a la inestabilidad social, crisis política, desastres naturales como tifones y tsunamis y la pérdida de infraestructuras para expatriados”.
Por último, Oriente Medio y África se llevan los peores puestos. Desde Mercer explican que “la ola de protestas violentas a lo largo de la zona han bajado temporalmente los estándares de vida de estas ciudades. Muchos países como Libia, Egipto, Túnez y Yemen han visto como su calidad de vida ha bajado considerablemente. La reconstrucción política y económica en estos países, combinada con los fondos para abastecer las necesidades básicas, impulsarán indudablemente esta zona como un factor clave en el panorama internacional”.
Aquí, Dubái (74) tiene la calidad de vida más alta de la zona, seguida por Abu Dabi (78), Port Louis, en Mauricio (82), y Ciudad del Cabo, Sudáfrica (88). Johannesburgo ocupa el puesto 94 y lo completan Victoria, en Seychelles (95), Tel Aviv (99), Muscat, en Omán (101) y Doha, en Qatar (106). África tiene 18 ciudades entre las últimas 25.
* El Confidencial - Guillermo Moratinos 30/11/2011
Foto: Sólo Roma y las ciudades de Europa del Este están en peores posiciones. (Corbis)
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LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de rechazar un recurso presentado por el Concello de Ponteceso contra una sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Juzgado de lo Contencioso nº1 de A Coruña. Así las cosas, el gobierno municipal deberá indemnizar con cerca de 77.300 euros a los propietarios de un piso construido ilegalmente y derribado, también por orden judicial, en septiembre del 2008.
De nada han servido los argumentos esgrimidos por el Concello pontecesán para evitar el pago y, además, ha recibido un buen tirón de orejas por parte del TSXG, que señala que la indemnización «es consecuencia de la negligente actuación del servicio urbanístico» del municipio en lo relativo a la demolición de la quinta planta del edificio en cuestión, situado a la entrada de Corme.
Según señala sentencia, a pesar de que el Concello detectó desde un principio (las obras comenzaron en 1984) que el inmueble era ilegal e inicialmente ordenó la suspensión de los trabajos, «siguió siendo construido hasta su terminación, después de lo cual se fueron vendiendo sucesivamente sus distintos pisos, incluido el de objeto de recurso, que acabó siendo finalmente derribado en cumplimiento de una sentencia judicial», la misma que estableció que los dueños de la vivienda deberían ser indemnizados por el valor del piso en cuestión, aunque no, tal y como reclamaban ellos, por daños morales.
El TSXG también rechazó el argumento del Concello de Ponteceso, que expuso como responsables de todo lo ocurrido a los propietarios del piso en cuestión, por no haberse cerciorado de la existencia de la correspondiente licencia municipal, y también al constructor, «que los engañó». Sin embargo, y aunque el tribunal recuerda que el Ayuntamiento podría denunciar al promotor de las viviendas, destaca el Concello pontecesán «incurrió en una actividad de una torpeza, desidia y negligencia de tal importancia, gravedad y duración, que propició una situación de equívoco para las personas que fueron comprando los pisos, lo que les acabó produciendo un daño patrimonial que no tenían obligación de soportar». La sentencia también destaca el «irregular y anormal funcionamiento del servicio de urbanismo del Concello, que después de haber advertido desde un primer momento la ilegalidad de la construcción y de haber paralizado las obras, se desatendió a lo largo de muchos años de su deber de hacer cumplir estrictamente la legalidad urbanística y permitió la continuación y acabado de los distintos pisos del edificio, así como su adquisición y ocupación sucesiva».
Paradójicamente, recalca el TSXG, el Concello de Ponteceso incluso llegó a pasar el impuesto de bienes inmuebles a los propietarios del piso demolido.
El edificio afectado por la sentencia fue construido en 1984 en la entrada de Corme. Tal y como señalan varias sentencias, el Concello de Ponteceso fue consciente desde el principio de que las obras eran ilegales e incluso ordenó su paralización, algo que no se llevó a cabo y el edificio se concluyó. El inmueble fue legalizado en parte cuando se aprobó el PXOM, en el 2002, pero el bajo cubierta, y cuarta planta seguían excediendo las alturas máximas permitidas en la zona por la normativa y el proceso judicial desembocó en la orden de demolición de la última planta del edificio. El derribo costó 199.000 euros.
* La Voz de Galicia - 30.11.11
Foto: Ponteceso (A Coruña) - lavoz
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento propuso la contratación de un ingeniero técnico, que es primo del actual alcalde Eduardo Dolón y en aquel momento teniente alcalde (PP), el mismo día en el que solicitó la certificación del título universitario, según refleja el expediente municipal. Fernando Sánchez pagó las tasas de los estudios el 6 de octubre de 2005 -los había concluído en septiembre- y contó con el certificado universitario el 7 de octubre. Ese mismo día el área de Urbanismo propuso su contratación. A ese primer contrato por 31.000 euros, que se concretó semanas después, le siguieron concatenados otros 14 durante cuatro años, hasta principios de 2010 -momento en que llegaron las primeras denuncias de la oposición-. En total, 377.000 euros.
La mayoría de los trabajos fueron adjudicados "a dedo", sin mediar la invitación a otros profesionales cuando lo exigía la ley, lesionando los principios de libre concurrencia y libertad de oportunidades y con múltiples irregularidades en el proceso de contratación, según denunció ayer en el pleno el edil de Los Verdes (LV) José Manuel Dolón. Cuando sí se pedían esas propuestas a empresas era siempre "a dos profesionales de la misma empresa, Plania", que renunciaban a presentar ofertas "siempre" por lo que el servicio recaía en Sánchez. "Un montaje impresentable e inmoral para que se lo llevara siempre el mismo", dijo el edil de LV en el pleno. Desde julio de este año el técnico trabaja como personal de confianza del acalde.
En una de estas contrataciones la junta de gobierno pagó la factura al ingeniero antes de adjudicarle el contrato. Fue el proyecto básico y de seguridad de unas obras en la urbanización El Chaparral por 6.049 euros. Se validó la factura el 27 de enero de 2010. Pero la adjudicación, que debía ser previa al pago, se aprobó el 2 de febrero. LV, formación impulsora del pleno de fiscalización, explicó que hay numerosos profesionales en Torrevieja "que lo están pasando mal" con titulaciones superiores al beneficiado y que hubieran concurrido a este tipo de ofertas si hubieran sido "transparentes". En los primeros acuerdos de junta de gobierno de adjudicación de estos servicios el entonces edil de Contratación, José Sánchez (ahora de Modernización) y el teniente alcalde Eduardo Dolón, parientes ambos del contratado, sí daban su voto a los acuerdos, aunque luego comenzaron a ausentarse de las sesiones. "Es una cuestión ética pero también estética. Alguien debería haber tenido tacto y mano para adjudicar tres y no 15 contratos" al mismo técnico "pero parece que el PP está cómodo en el abuso", dijo LV, que reiteró que no pone en duda la bonhomía del ingeniero. Sólo la forma en la que se ha beneficiado de contratos por "enchufe" por su relación de parentesco y "pedimos cuentas al PP por esta serie de amaños para beneficiar a un solo particular", dijo el portavoz de LV.
Honorabilidad
El concejal Javier Montoro fue el encargado de defender la actuación de equipo de gobierno. Lo hizo en primer lugar ensalzando la profesionalidad y honorabilidad del actual asesor citando los elogios que funcionarios de rango municipales, como Víctor Costa, Santiago Romero (jefe de Urbanismo) o Alicia Martín (arquitecta) han dejaron por escrito sobre su labor retribuida durante esos cuatro años e incluso el coste que para el ingeniero y su familia había supuesto el sacar adelante sus estudios. Montoro retó a Los Verdes a llevar este asunto al juzgado si cree que existe algún tipo de irregularidad con consecuencias legales. Explicó que no existe ninguna ley que prohíba al sobrino de un edil y primo de un teniente alcalde -cargo que ocupaba durante el periodo de contratos el actual primer edil- trabajar en un Ayuntamiento. También citó un informe del director de Recursos Humanos en este sentido. El PSOE respaldó la labor de fiscalización de Los Verdes y dijo que el ingeniero fue contratado en su día por su militancia en el PP.
Montoro aludió entonces, entre otras, a las relaciones laborares del hijo del concejal del PSOE, Domingo Pérez con el Ayuntamiento en el área de Deportes y que Pérez negó tajantemente. PSOE, Los Verdes y Alternativa Popular votaron en contra del resultado de la fiscalización. El alcalde Eduardo Dolón no perdió la serenidad con la que se maneja en el pleno en estos primeros meses de mandato y no llegó a intervenir, pese a ser el protagonista de las acusaciones. Se limitó a dejar que LV y Montoro se extendieran en el debate hasta agotarlo.
* Información - 30.11.11
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com
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ELPAÍS/Ourense* : El alcalde de Verín y desde ayer senador por designación autonómica, Juan Manuel Jiménez Morán, del PP, compró este verano una finca anexa a su chalé integrada por dos parcelas que suman más de 6.000 metros cuadrados en la zona más céntrica del municipio. En escritura ante notario, Jiménez certificó haber pagado 46.000 euros por el terreno "de suelo rústico" y haber liquidado 6.440 euros por el impuesto de transmisión patrimonial. Ambas parcelas figuran como suelo urbano consolidado en el plan general de ordenación municipal aprobado inicialmente el año pasado y de momento en trámite, pendiente del visto bueno de la Xunta para su entrada en vigor. Aunque en este momento constan como rústicas, su precio real "triplica el que Jiménez acredita que pagó", aseguran en una denuncia contra el alcalde registrada ante el Servicio de Inspección Tributaria de la Consellería de Facenda, vecinos que intentaron adquirirlas y a quienes el vendedor pidió "tres veces el precio" que Jiménez certificó haber pagado.
El denunciante pide que se investigue un supuesto fraude tributario en la autoliquidación del impuesto de transmisiones. "El precio declarado por las partes es irreal en el mercado inmobiliario de Verín", consta en la denuncia.
Jiménez Morán compró hace unos meses las parcelas situadas "en una de las zonas más caras" de la villa, en un momento de ausencia de planeamiento urbanístico. El documento fue aprobado inicialmente el año pasado, pero al no entrar en vigor, la calificación de las fincas se remonta a las normas subsidiarias anteriores, donde figuraban como suelo rústico.
El denunciante pide a Facenda que investigue si Jiménez compró "por el precio real" -"tres veces el que declaró"- y si, en consecuencia, "eludió" pagar los impuestos correspondientes. El regidor y senador (brazo derecho de Feijóo en la provincia de Ourense, quien lo apoyó para evitar que la presidencia del PP recayera en el hijo del barón provincial, José Luis Baltar) sostiene que pagó los 46.000 euros que constan en la escritura. Reconoce lo bajo del precio, pero advierte de que "jamás" había pensado comprar nada. "El dueño de las parcelas es muy amigo mío y me dijo: 'Prefiero que te quedes tú con ellas", justifica. Asegura que decidió comprarlas porque "están pegadas" a su casa. En su opinión, si el precio que pagó fuese excesivamente bajo, Hacienda le habría "clavado una complementaria". "Tengo mucha amistad con el dueño de las parcelas y pagué lo que me dijo, no me pidió más", insiste. Jiménez alega además que una valoración de la Xunta de 2008 -cuando aún no estaba en marcha la recalificación- estimó el precio en 12.000 euros.
Cuando hace cuatro años Jiménez llegó a la alcaldía de Verín (15.000 habitantes), ordenó un planeamiento para 100.000 habitantes. Fue aprobado inicialmente en abril de 2010 pero la Xunta lo rechazó en varias ocasiones y ahora la Confederación Hidrográfica vuelve a ponerle trabas. El organismo de cuenca alerta de que determinadas fincas del casco urbano están en "zona inundable". El alcalde anunció el mes pasado a los vecinos que los técnicos municipales estudian la solución "para evitar que el planeamiento siga paralizado". En cuanto se apruebe, su nueva finca ya valdrá oficialmente tres veces más de lo que él justifica haber pagado.
* El País - CRISTINA HUETE -30/11/2011
Foto: Verín (Ourense), ayuntamiento - minube
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ANDALUCÍAINFO/Cádiz* : Unas cuarenta familias viviendo en un bloque de apartamentos a los que han cortado la luz eléctrica por falta de pago, alumbrándose entre las ocho de la mañana y las doce de la noche con un generador que funciona con gasoil y que precisa un mantenimiento constante.
Una energía provisional que no cuenta con permiso municipal y lo que es más grave, no podría activar las bombas de presión en caso de incendios. Y todo ello en un bloque de apartamentos en los que se acumulan inspecciones negativas por los defectos en los servicios de seguridad esenciales que en cualquier caso que no fuera éste obligaría al desalojo y cierre de las instalaciones.
No se trata de un foco de chabolismo en las afueras de una gran ciudad porque se ha hablado de apartamentos. Se trata, por contra, de un asentamiento ilegal por parte de propietarios de unidades de alojamiento del complejo Bahía Sur sobre los que pesan desde tiempo inmemorial expedientes de la Gerencia de Urbanismo pero que siguen haciendo un uso residencial de la manzana cuatro, la que está sobre el edificio de El Corte Inglés.
La historia de la operación especulativa puesta en marcha por Elías Rodríguez Viña y Oleger Pujol Ferrusola en el año 2003 -aunque el que daba la cara era el primero- ha sido contada en numerosas ocasiones por este periódico.
El caos final
Lo que queda ahora es el final de lo que fue uno de los mejores complejos hoteleros de la provincia convertido en una comunidad de vecinos mal avenidos, porque la situación ha llegado al umbral del tercermundismo por la incapacidad de la concesionaria, Complejo Bahía Sur SL, propiedad de Rodríguez Viña, para gestionar el engendro creado tras la compra al grupo Barceló.
Las aproximadamente cuarenta familias que están viviendo en los apartamentos se quedaron sin luz eléctrica en los primeros días del mes de septiembre de este año al no pagar la factura a Endesa y después de muchos requerimientos de pago sin atender, así como el resto de propietarios de unidades, que las alquilaban por su cuenta.
Ello obligó a contratar un generador para la zona de resort -el hotel no tiene problemas de luz aunque sea de la misma empresa- aunque sólo para la zona de apartamentos y bungalós pertenecientes a Rodríguez Viñas y Pujol, además de a las familias que residen ilegalmente en el complejo. No obstante, desde el día 3 de noviembre todas las unidades de alojamiento han sido dadas de baja en la Delegación Provincial de Turismo, además de que todo el sistema de apartamentos, estudios, bungalós y dúplex del complejo ha perdido su categoría -que era de primera- ante los constantes requerimientos de la Junta para que subsanaran los defectos en las instalaciones.
Esos defectos se vienen produciendo, inspección tras inspección, desde hace años, y muchos de ellos afectando a la seguridad fícica de los clientes, además de que los residentes ilegales han realizado obras en la Manzana 4 de forma ilegal y provocando problemas en la ventilación del inmueble y en los sistemas contra incendios.
Cerrado
O sea, que en estos momentos y teóricamente, absolutamente todas las unidades de alojamiento del complejo están dadas de baja en Turismo, por lo que no debería de haber ni una sola persona en la zona de apartamentos. Sin embargo y como muestran las fotografías, ha estado funcionando el generador de corriente, establecido un horario de uso del aparato y se pide a los residentes que no usen muchos elementos eléctricos a la vez debido a las limitaciones del sistema.
¿Por qué existe un generador de corriente proporcionando energía a unos apartamentos que teóricamente están cerrados y sin actividad y que desde Turismo ni siquiera se espera que en primavera se hayan solventado las irregularidades detectadas como para que consigan el permiso de reapertura?
Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes en Cádiz han respondido que no están facultados para inspeccionar unas unidades de alojamiento que no están dadas de alta, por lo que en todo caso corresponde al Ayuntamiento de San Fernando averiguar qué está pasando allí y por qué funciona un generador de corriente si no hay clientes.
Desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento se ha respondido que la Policía Local realiza inspecciones en función de las unidades que Turismo comunica que están en activo para evitar el uso residencial. Lo que ocurre es que ahora no hay ninguna en activo, desde el tres de noviembre concretamente.
Lo más curioso es que el delegado municipal de Urbanismo reconoce que se ha pedido a Complejo Bahía Sur SL -único interlocutor ante el municipio al ser el único concesionario oficial- que legalice el uso del generador, que fue denunciado ante Urbanismo por parte de una de las subcomunidades en que está dividido el complejo y que no goza del privilegio de tener luz, ni de Endesa ni de un generador alimentado con gasoil.
Expedientes abiertos
También reconoce el delegado municipal que existen expedientes incoados por la antigua Gerencia de Urbanismo contra los que residen ilegalmente en el complejo, aunque la presencia del generador, de las circulares internas y de los vehículos, la actividad y la luz de los apartamentos -además de un sinfín de evidencias, no son suficientes indicios para que la Policía Local haya podido demostrar el uso ilegal de las unidades en cuestión.
La presencia del generador y el uso residencial que se está dando a esos apartamentos desde el año 2004 -siempre se dice que la Policía no es tonta, investiga- ha propiciado también que recientemente se presentara una denuncia en Urbanismo por unas obras que presuntamente estaba realizando Complejo Bahía Sur SL para llevar luz desde el hotel a las unidades todavía en manos de Rodríguez Viñas y Oleger Pujol, además de a los residentes ilegales que juegan un papel fundamental en el equilibrio de poderes del complejo.
Según han comunicado a este periódico, desde Urbanismo no tenían ni idea de que se estuvieran haciendo obras en el complejo, al igual que no se conocía la instalación de los generadores de energía. Y al igual que sí se conocía la existencia del uso residencial en una buena cantidad de apartamentos y bungalós, aunque la Policía Local no ha sido capaz de reunir pruebas suficientes para que el Ayuntamiento pudiera normalizar la situación del complejo hotelero, haciendo que se dedique sólo y exclusivamente al uso contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana.
Necesarios para Rodríguez Viñas
La presencia de esos cuarenta propietarios en los apartamentos usándolos como residencia habitual tiene una explicación que parte del principio de la operación de compraventa del complejo. Fueron los “engañados” por Complejo Bahía Sur SL y San Fernando Resort SL, las dos empresas que comenzaron a gestionar la operación.
¿Pero cómo, siendo un factor conflictivo, han pasado a ser un elemento determinante, sobre todo en la persona del presidente de Manzana 4 de Beach Club, dos de las subcomunidades en el entramado de gestión?La importancia que tienen ahora es estratégica a la hora de decidir sobre lo que se hace y se deja de hacer. Si en un principio Complejo Bahía Sur SL y San Fernando Resort tenían la mayoría de votos, el hecho de atomizar el complejo en pequeños inversores, cada uno con su propiedad y dentro de un pool de explotación, y sobre todo el desacuerdo de la mayoría de ellos con la gestión de Complejo Bahía Sur SL y los pocos rendimientos de la inversión, provocaron un cisma.
La correlación de fuerza pasó a ser de un 46 por ciento para los bungalós o Subcomunidad 33 -donde está el sector crítico contra Rodríguez Viñas y Pujol- mientras que el hotel tiene un 14 por ciento; los estudios, un 10 por ciento, los apartamentos y dúplex un 29 por ciento y el Beach Club es el que engloba a todos y se encarga de sufragar los gastos de las zonas y servicios comunes.
Pormenorizando estos porcentajes, Rodríguez Viñas y Pujol, que todavía tienen unidades a su nombre, sólo representan el 17,60 y el 26,14 por ciento de los votos de la Subcomunidad 33 de Bungalós, por lo que al no tener el control del 46,5 por ciento, necesitan apoyo para contrarrestar las decisiones de bungalós y evitar que ésta consiga apoyos de las otras partes del complejo. La mejor forma es manteniendo hipotecados a los ilegales.
Ciudadanos en peligro, menos oferta hotelera y pérdidas en Bahía Sur
El punto de mira de los autoproclamados “inversores” y núcleo duro de la oposición a Rodríguez Viñas, es el presidente de Manzana 4, Juan Pedro Rodway Cantero, ex policía local e hijo del ex concejal Manuel Rodway y presidente del Beach Club. Se trata además de un hombre muy conocido en la Gerencia de Urbanismo de San Fernando porque abanderó las protestas en el Sector III de Camposoto que terminaron en un convenio de los propietarios con el Ayuntamiento.
Rodway, que además cobra por su cargo como presidente y empleado de Complejo Bahía Sur SL -según el sector crítico- no sólo reside ilegalmente en el complejo junto al resto de propietarios expedientados por Urbanismo, sino que además deja huellas de esa residencia por escrito, algo que tampoco detecta la Policía Local de San Fernando que manda Urbanismo a comprobar el uso de su concesión de suelo con fines estrictamente hoteleros.
En un escrito enviado a los vecinos el 8 de este mes de noviembre con motivo del corte de luz de septiembre y la instalación del generador, dando como domicilio “Bahía Sur. San Fernando (Cádiz)”, advertía que el día 9 se iba a retirar el generador “ya que tenemos conocimiento de una inminente inspección por denuncia interpuesta en la Delegación de Industria y en el Ayuntamiento”. Un presidente, al menos, bien informado.
En esa misma carta informaba que ya se había satisfecho a Endesa el dinero adeudado, pero que la suninistradora tenía que reunir una comisión para “decidir no sé qué...”.
Perjuicios para todos
De todas formas e independientemente de lo que ocurre entre las distintas facciones que conforman el complejo de apartamentos hoteleros y sus muchos líos de dinero entre unos y otros, lo realmente cierto en estos momentos es que la ciudad ha perdido un millar de plazas de alojamiento, habida cuenta de que al no hacer obras ni tener pensado hacerlas, Turismo no autorizará la apertura en primavera, según han indicado a este periódico.
Además, esa pérdida de plazas hoteleras están suponiendo un grave perjuicio al complejo comercial de Bahía Sur, la segunda empresa de San Fernando en número de puestos de trabajo, ya que son potenciales clientes que no bajan a las galerías comerciales.
Y finalmente, el estado en que están viviendo las familias que compraron más o menos engañadas por los promotores de la operación en 2003, además de tercermundista, es altamento peligroso ante la eventualidad de que ocurra un accidente que podría afectar tanto a ellos como al resto del complejo.
Lo más rocambolesco es que la situación está haciendo mella en otro negocio del mismísimo Elías Rodríguez Viñas, dueño del hotel, ya que éste necesita de las plazas hoteleras perdidas en los apartamentos para poder organizar congresos en sus salones. Y si esa actividad cesa porque el establecimiento sólo tienen cien camas, poco a poco comenzarán a sobrar puestos de trabajo en el hotel.
Aclaración
Una llamada telefónica recibida en este redacción pasadas las dos y media de la tarde de este lunes -que se ha identificado como uno de los propietarios de apartamentos que residen ilegalmente en Manzana 4- aclaró que Endesa había conectado la corriente eléctrica "hace una semana" y que son diez las familias que están viviendo allí y no cuarenta, todas ellas "dentro del pool de explotación y pagando" a Complejo Bahía Sur SL. Aunque el número de diez lo limita a Manzana 4 y no a otras unidades anexas, como los bungalós de Planiur o los de Complejo Bahía Sur SL.
Hay que recordar que el pool de explotación no permite el uso particular de las unidades de alojamiento-sin dejar a un lado el régimen de hotel aunque a precios más baratos- durante más de un mes al año, independientemente de los cambios en el contrato que se hayan podido hacer a nivel interno que no hayan podido ser conocidos por este periódico.
De todas formas, todo cambio que implique la disminución del uso hotelero no podría ser autorizada por el Ayuntamiento, propietario del suelo y que también paga su cuota en el mantenimiento de un complejo cada vez más inútil, con el dinero de todos los contribuyentes de San Fernando. Y da igual que sean diez o cuarenta familias. El complejo está cerrado "por temporada", la oferta hotelera de San Fernando limitada al hotel y aunque este periódico ha podido conocer que se va a pedir el alta de algunos apartamentos, falta saber si Turismo las concede habida cuenta de las condiciones en que se encuentra -incluidas las de seguridad- el complejo.
Por cierto, este viernes por la noche había un generador de corriente funcionando cuyo ruido fue grabado por este periódico.
* Andalucía Información - 28.11.11
Foto: andaluciainfo
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