Por el derecho a la vivienda: cuando David vence a Goliat

PLATAFORMAAFECTADOSHIPOTECA/Madrid* : Alberto, dueño de un pequeño negocio y angustiado por las deudas (situación de necesidad acuciante), entre ellas el pago de salarios de sus trabajadores, acudió en 2007 a una empresa de dinero rápido, Financiera Carrión S.A., que le otorga un crédito de 65.000 € a devolver en un año incrementado con un interés del 20’95 % (condiciones usurarias), y le exige una vivienda como garantía. Como la vivienda de Alberto ya estaba hipotecada, es su suegra, Justa, quién que se ofrece para que su piso sirva de garantía. Los trámites son tan rápidos que prácticamente no hay tiempo para detenerse en detalles (hipoteca express). Al cabo del año, Alberto no consigue la deuda más los intereses abusivos e intenta pagar una parte y continuar en plazos mensuales de aproximadamente mil euros. Financiera Carrión ni siquiera recibe a Alberto y solicita la ejecución inmediata de la hipoteca para adjudicarse la vivienda. El juzgado subasta el piso, lo adjudica a Financiera Carrión por el 70% de su precio, y fija el desahucio de Justa el 28 de septiembre de 2011, a las 9:30.

El 26 de octubre de 2011 estaba previsto el 2o intento de lanzamiento de su vivienda contra Justa González, vecina de 78 años del barrio de Aluche. Sin embargo, a menos de 24 horas de la cita, la empresa que pretendía el desahucio descolgó el teléfono para intentar llegar a un acuerdo con los afectados, lo que culminó con la condonación por parte de la financiera de los XXX de intereses usurarios por el impago del crédito, dación en pago del piso por el crédito original concedido y la renuncia por parte de Justa de cualquier reclamación posterior, firmando un contrato de alquiler renovable hasta que ella quiera.
La batalla frente a los desahucios se nos presenta como un esfuerzo heroico, una especie de David contra Goliat con escasas posibilidades de éxito. El caso de Justa demuestra que si se trabaja de manera organizada y participativa, es posible conseguir una solución justa que impida la vulneración del derecho a la vivienda.
Con el presente artículo, las personas y colectivos que hemos participado en este proceso, ponemos a disposición de todos nuestra experiencia, para exigir el respeto a la vivienda y a otros derechos económicos, sociales y culturales.
EL PROCESO Y SUS TENDENCIAS
A mitad de septiembre, Alberto entró en contacto con la Asamblea Popular de Aluche, la Asamblea Popular de Lucero y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), que se coordinaron rápidamente para impedir el lanzamiento. El 28 de septiembre, ante un bloqueo de más 100 personas, la comisión judicial decide aplazar el desahucio hasta el 26 de octubre, volviendo esta vez con refuerzos policiales.
Este aplazamiento supuso una primera victoria. Habíamos ganado tiempo para estudiar el caso en profundidad, analizar estrategias, conseguir apoyos y mejorar nuestra coordinación frente a los desahucios.
En apenas un mes, se ha dado un proceso acelerado de aprendizaje colectivo: las personas más cercanas al caso han acudido a reuniones de coordinación en la PAH, se han vinculado con otros casos de desahucio por todo Madrid, han participado y dinamizado en la asamblea inter-barrios de vivienda del 15M y, en definitiva, han sido capaces de fortalecerse ellos mismos, al tiempo que fortalecían la lucha contra los desahucios y el movimiento 15M.
La actividad ha sido desbordante: asambleas preparatorias, informativas y de coordinación, acompañamientos a afectados a bancos y entidades financieras, redacción de actas, utilización de twetter y otras herramientas informáticas de difusión, intervención ante medios de comunicación, talleres sobre mediación policial, etc.
En lo relativo a Financiera Carrión, se llamó en varias ocasiones a sus puertas pidiendo una reunión que nunca llegaba, se les enviaron comunicaciones por burofax, e incluso se realizó una pequeña concentración a las puertas de su sede, en el Paseo Pintor Rosales no 4.
Destaca el aprendizaje sobre temas legales de los activistas. Los abogados comprometidos con el movimiento aumentado su experiencia. Así, apareció una condena en 2010 a Financiera Carrión por usura, lo que íbamos a utilizar para la defensa de Justa. También se rescató del olvido la “Ley Azcárate”, de 1908, de Represión de la Usura, cargándonos con más razones aún y amenazando con llevar a los tribunales a la financiera. Es de gran utilidad una acción jurídica que sea capaz de caracterizar como ilegales los abusos y las injusticias que sufrimos.
Los grupos de trabajo de vivienda de Aluche, Lucero, y personas de Paseo Extremadura y Batán, se unificaron en el Grupo Antidesahucios de Latina, con participación de Carabanchel. La conexión con la PAH ha producido un entramado de relaciones muy operativo, poniéndonos a todos al servicio del objetivo común sin protagonismos o suspicacias.
La reciente ocupación del Hotel Madrid después del “15-O” y el debate surgido sobre su uso como estancia temporal para personas desahuciadas, han puesto sobre la mesa la posibilidad de superar la contradicción que supone gente sin casa y casas sin gente, apuntando al parque de viviendas vacías que acumulan las entidades financieras. La lenta convergencia del trabajo contra los desahucios, los derribos (especialmente en el caso de la Cañada Real, el mayor asentamiento precario de Europa) y, ahora la desobediencia civil y pacífica ante la dictadura de bancos y especuladores, nos marca un ilusionante camino en la defensa de los derechos humanos y la democracia real.
EL DESENLACE
Al filo del 2o intento, desde el grupo de Antidesahucios Latina se lanzó la idea de convocar una acampada popular en el portal de Justa. El fin de semana del 24 y 25 de octubre la convocatoria circuló por distintas asambleas del 15M y la PAH, introduciendo un giro innovador en los protocolos de actuación anti- desahucios.
El lunes 26 de octubre, dos días antes de la fecha señalada, Financiera Carrión pidió una entrevista para estudiar posibles acuerdos: Goliat empezaba a flaquear. Esa primera reunión acabó sin acuerdo pues nos plantamos en la reivindicación de “paralización del desahucio” como condición necesaria para empezar a hablar. David se hacía más grande por momentos. Se rompe la negociación sin acuerdo, las espadas siguen en alto y crece la convocatoria de acampada.
El martes 27 de octubre, a las 13:00 horas Financiera Carrión llama de nuevo ofertando la paralización del desahucio y una reunión de urgencia esa misma tarde: Goliat pide una tregua a David.
El acuerdo final recoge la dación en pago del piso a cambio de la deuda original, la renuncia de la financiera a reclamar el dinero del préstamo, intereses, costas o cualquier otro concepto, la comunicación al Juzgado de su desistimiento de desahuciar, un alquiler de 600 € mensuales renovable por trienios siempre que Justa lo desee (“alquiler de por vida”) y el compromiso por ambas partes de no reclamarse nada más.
Minutos después de la firma del acuerdo, Alberto, su esposa Rosina y numerosos solidarios que habían acudido a Aluche para acampar, celebraban entre vítores y abrazos una victoria tan importante como deseada. Esa noche nos fuimos a dormir con la sensación de haber dado un gran paso en la lucha por la dignidad de las personas.

¡¡¡¡SÍ SE PUEDE!!!!!

Grupo Antidesahucios del 15M del Distrito de Latina
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid


* Madrilonia - Opinión - 21.11.11
Foto: PAH Madrid

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Ciudades superdotadas

ELPAÍS* : Las empresas buscan municipios inteligentes que apuesten por la tecnología para mejorar la calidad de vida y ser más eficientes.
Dicen que la mejor manera de limpiar una casa es no ensuciarla y que la energía más barata es la que no se gasta. ¿Y si el objetivo es mantener limpia una ciudad o rebajar la factura de la luz en una autopista? Las recetas caseras no pierden sentido. Pero a veces necesitan también otro empujoncito: tecnologías, estrategias y proyectos que pueden hacer que los municipios sean más sostenibles y eficientes. El objetivo es lograr smart cities, ciudades inteligentes que hagan un esfuerzo consciente por usar la tecnología para mejorar la calidad de vida y gastar la menor cantidad de recursos posibles. Y no solo se trata de dinero. El medio ambiente, el tiempo de los ciudadanos y su salud también cuentan.

En el año 2050, el 75% de la población mundial vivirá en ciudades. Todo un reto para los que organicen las grandes urbes. En España, el boceto del futuro es bastante similar: su población crecerá hasta 2030 el 7,5%, con sus habitantes cada vez concentrados en menos espacio, por lo que la densidad de población aumentará un 23%, de los 80 habitantes por kilómetro cuadrado a los 98. El porcentaje de población urbana pasará de un 76% a un 82% en 20 años. Esto se traduce en un doble problema: unas pocas ciudades enormes (y por tanto difíciles de gestionar) y miles de poblaciones pequeñas (y cada vez menos pobladas que necesitan aun así servicios para sus ciudadanos). La tecnología pretende dar respuesta a ambos retos.

"Nosotros preferimos hablar de smarter cities [ciudades más inteligentes], porque creemos que todas las ciudades ya son inteligentes, pero hay que desarrollar esa cualidad", explica Javier Gil, director de los proyectos de Smarter Cities en IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Esta empresa trabaja en 2.000 acciones diferentes en todo el mundo, entre ellas, varias en España. "Cuando hablamos de ciudades más inteligentes hablamos sobre todo de eficiencia. El de smart city es un concepto que ha ido evolucionando desde 2005 y 2006, a partir de lo que antes era urbanismo", explica Gil. El objetivo es lograr ciudades "con más calidad de vida".

Obviamente, si las empresas están interesadas en el concepto es porque se traduce en negocio. En el sector de las soluciones para smart cities insisten en que es siempre un beneficio en una doble dirección: las compañías venden servicios, pero a los municipios les interesa porque supone mejorar la vida de sus ciudadanos e incluso ahorrar. Hay jugadores de todos los tamaños: desde pymes que han creado aplicaciones para el móvil hasta gigantes como Telefónica, Endesa, Schneider Electric, Agbar, Accenture, Siemens, Cisco, Ferrovial...

Dentro del concepto de ciudades inteligentes se habla de cientos de posibilidades, que en general giran en torno a cinco grandes bloques: energía, medio ambiente, urbanismo, movilidad y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los proyectos que ofrece por ejemplo IBM van en muchas direcciones. Todos se basan en la idea de que es necesario que una ciudad inteligente tenga sistemas de recogida de datos, de análisis de los mismos y de predicción a partir de ellos. Son, por ejemplo, los desarrolladores de la receta electrónica en Extremadura, un sistema con el que los ciudadanos que van al médico reciben una tarjeta que contiene sus datos. El farmacéutico puede trabajar con ellos. "Para quienes más avance ha significado es para los enfermos crónicos, que ya no tienen que ir cada pocas semanas para una receta, ya que en su tarjeta se indica que en la farmacia le deben dispensar sus medicamentos periódicamente", explica Gil.

Todas las acciones que mejoren la vida de las personas suman a la hora de valorar la inteligencia de una ciudad. Cada nuevo servicio más eficiente es como una inyección de coeficiente intelectual. El municipio que podría ser considerado como el Albert Einstein de España es Málaga. Esta ciudad fue considerada por la consultora IDC como la más inteligente del país. "Málaga es el proyecto español pionero destinado a crear una ciudad ecoeficiente. Su objetivo es conseguir una integración óptima de las fuentes renovables de energía en la red eléctrica", explica la consultora, que recuerda que el proyecto fue posible gracias a la colaboración de Endesa y la cofinanciación de fondos comunitarios. "Es cierto que este proyecto fue la base, pero Málaga ha ido más allá en cuestión de smart city", apunta David Bueno Vallejo, gerente del Centro Municipal de Informática (CEMI) del Ayuntamiento de la ciudad. El proyecto de electricidad fue clave. En resumen, cuenta Bueno Vallejo, se trataba de lograr el autoabastecimiento a través de varios sistemas, que van de los aerogeneradores a las placas solares. Además, toda la ciudad está iluminada a base de leds (que consumen mucho menos que las bombillas tradicionales), se trabaja en un centro de control de averías... "Pero ahora ya no es solo la electricidad", insiste. Han ido aplicando muchos más proyectos inteligentes. "Los semáforos están programados para distribuir el tráfico. En la zona del centro se han instalado pilones que solo permiten el paso a los residentes. La empresa malagueña de transportes ofrece una aplicación para móviles y ordenadores que permite a los ciudadanos saber dónde está en tiempo real cualquier autobús...", desgrana. Decenas de proyectos. Y los que están por llegar: tienen preparadas ideas para la gestión de recogida de basuras más eficiente, para edificios inteligentes, administración electrónica... "La idea pilar es que la tecnología mejore la vida de las personas", resume.

Pero la tecnología cuesta dinero. ¿Cómo pueden los municipios hacer frente a proyectos innovadores con las arcas medio vacías? "La crisis afecta. Eso es indudable. Pero la idea es conseguir más con menos. Hay mejoras para las que se puede buscar la colaboración de empresas o fondos de innovación. Y no hay que olvidar que muchos proyectos cuestan muy poco en comparación con lo que permiten ahorrar", justifica el Ayuntamiento de Málaga.

Coincide en esta apreciación Alejandro Fábregas, director de la División de Distribución de Endesa en Cataluña. Su empresa fue la impulsora del proyecto de electricidad inteligente en Málaga. Ahora trabajan en varias iniciativas para Barcelona, que ya han implantado en algunas zonas de la ciudad. Por ejemplo, los contadores inteligentes. Ya hay 14.000 en la zona de la Villa Olímpica. Se trata de contadores que dicen a la empresa y al usuario cuánto y cómo consume la energía a tiempo real. "Saber lo que se gasta permite una gestión dinámica", dice Fábregas. Además, siguen desarrollando la movilidad eléctrica (Endesa ha instalado ya 56 puntos de recarga para coches y motos). "El primer punto para lograr una ciudad inteligente es lograr que sea eficiente", recuerda. -

Debut en Barcelona
Fira de Barcelona celebrará este año por primera vez un gran evento sobre las ciudades inteligentes. El SmartCity Expo & World Congress, que tendrá lugar entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre en el recinto de Gran Vía, será el punto de encuentro entre responsables de administraciones públicas, expertos, profesionales de diferentes ámbitos y empresas que discutirán el desarrollo y funcionamiento de las smart cities. Además de explicar ideas y proyectos, todos tratarán de hacer frente a una pregunta clave en un momento como el actual: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la puesta en marcha de iniciativas de este tipo en un momento de restricciones presupuestarias? Cada día el congreso girará en torno a un bloque: TIC, urbanismo, medio ambiente, movilidad, energía... Además de conferencias y mesas de debate, diferentes municipios y empresas acudirán a explicar sus experiencias y proyectos ya en funcionamiento. Acudirán representantes de urbes como Bangalore, Birmingham, Bolonia, Buenos Aires, Málaga, París, Portland, Río de Janeiro, San Francisco... Además, las grandes compañías del sector adelantarán algunos de sus programas y futuros proyectos.



* El País - C. DELGADO 20/11/2011
Foto: parque tecnológico Málaga

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'Malaya'.- Roca confiesa por primera vez que Sandokán le pagó 300.000 euros

MÁLAGAHOY* : El exgerente de Urbanismo de Marbella y principal acusado en el macrosumario contra la corrupción conocido como Malaya, Juan Antonio Roca, reconoció ayer por primera vez desde que comenzó el caso Malaya que tras la abreviatura R.Gmz, que aparece en su contabilidad secreta junto a un pago de 300.000 euros, se oculta el promotor y ahora concejal por Unión Cordobesa -el partido con más ediles de la oposición en Córdoba- Rafael Gómez.
El acrónimo R.Gmz apareció en 2006 en los archivos intervenidos en Maras Asesores, la oficina considerada el cuartel general del exasesor de urbanismo, en la que supuestamente se llevaban las cuentas de las comisiones ilegales que cobraba a los promotores y de los sobres que entregaba a los concejales. Hasta ahora ni el promotor cordobés ni Roca habían admitido que esa anotación identificara al empresario cordobés.

La carta de naturaleza que el exasesor de Urbanismo de Marbella proporciona a la principal prueba de la Fiscalía Anticorrupción no significa que admita haber cobrado sobornos de Rafael Gómez. Muy al contrario. Ayer dio todo tipo de explicaciones sobre determinadas tareas de corretaje que había realizado para el constructor y por las que había cobrado esos 300.000 euros. Eso sí, todo negro y sin factura. Juan Antonio Roca precisó que era socio en Marbella Airways de Francisco Pozuelo, conocido como Pacurri, un intermediario cordobés que compraba y vendía suelos en Marbella entre otros para Arenal 2000 y que él le puso al tanto de un terreno en Haza del Marqués. Esta finca fue comprada por la promotora de Rafael Gómez, y él recibió en noviembre de 2004 su comisión por su trabajo como corredor: 300.000 euros que el cordobés nunca tocó, porque se los entregó Francisco Pozuelo.

En los archivos de Maras hay una segunda anotación que la Fiscalía Anticorrupción también considera que alude a Rafael Gómez. En este caso el acrónimo utilizado es S.K.M. en un apunte y S.K.N. en otro, en los que se da cuenta de la entrada y salida de 300.500 euros. El procesado, sin embargo, negó ayer durante la quinta sesión consecutiva de interrogatorio del fiscal a la que se somete, que en este caso no se refiere al fundador de la Unión Cordobesa, sino a una inmobiliaria de Benalmádena con la que también intermedió en la venta de unos terrenos en Mijas, labor por la que cobró honorarios, aunque no quedara rastro en facturas.

El exasesor de Urbanismo de Marbella mantiene, por tanto, la estrategia que inauguró el 7 de noviembre cuando dio por buenos los archivos de Maras y comenzó dar nuevas explicaciones sobre los motivos que le llevaron a cobrar entre 2001 y 2006 más de 33 millones de euros a los promotores. Los argumentos principales son que él tenía negocios con los empresarios, que realizaba informes para ellos que le pagaban a precio de oro y que también ejercía de corredor ocasional. Por más que insista el fiscal , jamás ha afirmado que esos negocios con los promotores tengan ningún tipo de contrapartida en convenios o licencias de obra. Por eso Roca rechazó ayer cualquier relación entre los 300.000 euros cobrados en noviembre de 2004 y la licencia y el convenio que logró Rafael Gómez en junio de 2004 para acondicionar unos semisótanos como locales comerciales y abrirles un acceso directo al paseo marítimo de Marbella.

Para sacudirse de encima cualquier sospecha, el acusado recordó que cuando la empresa propiedad de Rafael Gómez pidió la licencia, el Ayuntamiento la denegó y cuando realizó las obras, en noviembre del año 2004, la Corporación marbellí abrió un expediente de disciplina urbanística (que nunca llegó a concluirse). Anticorrupción sostiene, por el contrario, que el promotor perseguía con el supuesto soborno asegurarse la inactividad del Ayuntamiento, de modo que por esa vía logró instalar sus oficinas de Arenal 2000 en Marbella en un edificio con acceso directo al paseo marítimo.


* Málaga Hoy - 22.11.11
Foto: Marbella, caso 'Malaya', Sandokán entrando como imputado (archivo) - diariodesevilla

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Aranda.- Ecologistas llevará al Juzgado la ampliación de La Aguilera

ELCORREODEBURGOS* : Tras presentar la alegación correspondiente contra la declaración de uso excepcional de suelo rústico que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranda aprobó de forma provisional para los nuevos edificios y la ampliación del monasterio de San Pedro Regalado el pasado 31 de octubre y cuya tramitación se encuentra en estos momentos en periodo de exposición pública, la confederación de organizaciones en defensa del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción proyecta llevar el asunto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos.
«Consideramos que ni el obrador ni la ampliación pueden vincularse a un interés general sino a uno particular por lo que el uso excepcional no tiene cabida», explica el abogado Luis Oviedo quien asegura que el proceso se puede prolongar durante un año y medio.

Argumentación

Así, en su argumentación, desde Ecologistas en Acción alegan que la declaración de interés público no está justificada. Además consideran que la comisión de Obras, Urbanismo, Vivienda, Parques y Jardines, Barrios y Servicios no puede dar el visto bueno cuando en un mismo expediente coexisten dos informes técnicos contradictorios, uno favorable a la autorización del uso excepcional (fechado el 31 de agosto de 2011) y otro desfavorable (emitido el pasado 22 junio).
Aunque Ecologistas en Acción ha sido el primero en presentar recurso – como ya lo ha hecho con anterioridad contra la ejecución de obras sin licencia-, no será el último en tomar medidas ya que, el grupo socialista de Aranda tiene previsto poner también un recurso.
«Estamos preparándolo y lo presentaremos dentro del plazo que termina el día 3», advierte el portavoz Luis Briones.
Izquierda Unida, por su parte también se lo está planteando y tomará una decisión en las próximas semanas ya que consideran que se ha hecho un «daño irreparable en el patrimonio» al modificar la imagen tradicional del santuario.

Alcaldesa

Tranquila y segura de las acciones emprendidas, la concejala de Urbanismo y también alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González justifica la aprobación provisional asegurando que la decisión cuenta con el respaldo de todos los técnicos asignados al caso, tanto en el apartado técnico como en el jurídico. «La resolución se ha tomado siguiendo el Artículo 57 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León que permite este tipo de declaraciones en obras de rehabilitación o ampliaciones siempre que no estén declaradas fuera de ordenación». «El convento no está declarado Bien de Interés Cultural», recuerda mientras añade que además es una decisión política.


* El Correo de Burgos - 18.11.11
Foto: diariodeburgos

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Las paradojas del urbanismo

CRISTINA ABELLEIRA/Galicia* : No debe ser plato de buen gusto tener que ordenar la demolición de una vivienda, sobre todo cuando eso significa dejar en la calle a una familia que, como parece que sucede en el caso de Anllóns, tiene muchos otros problemas a los que hacer frente. Ya se sabe que a perro flaco todo se vuelve pulgas. Pero tampoco debe ser nada fácil denunciar al vecino, y menos todavía cuando un tribunal popular probablemente declararía inocente a quien hace una obra sin licencia, pero condenaría a quien lo puso en conocimiento de la justicia, porque lo primero está socialmente aceptado, pero lo segundo, no. Eso sí, siempre que no le toque a uno de cerca.
Esto me recuerda el caso de un vecino de Carballo que años atrás criticó airadamente el cierre de una parcela en primera línea de playa, pero olvidó mencionar que él es propietario de uno de los numerosos fines de semana ilegales que convierten casi en poblados chabolistas determinados puntos de la costa. La doble moral es demasiado frecuente en materia urbanística.
Pero lo peor es que los primeros en practicarla son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley. A nivel personal son públicos los casos de concejales, alcaldes y diputados que se han visto envueltos en expedientes de reposición de la legalidad por diversas infracciones urbanísticas.

Y a nivel institucional conocida es la frase «ti vai facendo», que durante años ha propiciado el crecimiento desordenado, la desaparición de auténticas joyas de la arquitectura, la pavimentación de amplios espacios verdes y la imposición de una tipología constructiva con un valor estético más que dudoso.

Los ayuntamientos no solo han permitido que todo eso sucediera, sino que lo han fomentado y lo siguen justificando. Ahora, cuando las leyes parecen destinadas a poner un poco de orden en el urbanismo gallego, intentan solventar la papeleta de los que construyeron en suelo protegido, no pidieron licencia, no realizaron las cesiones obligatorias, no cumplieron las normas mínimas de habitabilidad, siguen utilizando luz de obra y, por lo tanto, nos están robando a todos, regularizando su situación en los planes generales, o, lo que es lo mismo, amparando de nuevo los excesos cometidos.

En materia urbanística, las paradojas se suceden. Tal vez lo único bueno de la crisis es que frenó a tiempo la masificación de una costa en la que servicios tan básicos como el suministro de agua o el saneamiento no están garantizados ni de lejos.


* La Voz de Galicia - Opinión - 18..11.11

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Teruel.- El Justicia insta al Ayuntamiento a actuar en dos solares del Centro Histórico

DIARIODETERUEL* : El Justicia de Aragón ha instado al Ayuntamiento de Teruel a resolver la situación de dos solares particulares de la calle Santiago, uno de ellos con una edificación que no se ajusta a la licencia de obras obtenida y que fue paralizada por este motivo y el segundo sin edificar. La resolución del Justicia responde a la queja planteada por un vecino que se considera perjudicado por el estado de insalubridad del solar vacío y por la situación de la obra paralizada, que obliga a mantener un andamiaje metálico apoyado sobre las viviendas del lado opuesto de la calle.
Con respecto al solar donde se realizó la obra, la Gerencia de Urbanismo abrió un expediente de restauración de la legalidad, cuya resolución está pediente a la espera de un informe que determine si la edificación es o no legalizable.

Aunque el dictamen técnico fue encargado el pasado mes de mayo, todavía no ha sido redactado. El Justicia reclama al consistorio que concluya el expediente, dicte las medidas necesarias para adecuar a la legalidad lo construido o bien proceder a su demolición e incoe el expediente sancionador que corresponda.

En el caso del solar sin edificar, a cuyo propietario se dió el pasado mes de agosto un plazo de un mes para iniciar los trámites de construcción, el Justicia insta a concluir el expediente y, en su caso, incoar también expediente sancionador.

Jesús Fuertes (PP), primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, señaló que la situación de estos solares se arrastra desde hace años. “La Gerencia de Urbanismo está trabajando en ello y se tomarán las decisiones que marque la ley”, dijo.

Fuertes añadió que el equipo de gobierno ha mantenido en los últimos meses reuniones con los propietarios para intentar desbloquear este conflicto.

El Justicia, por otro lado, ha sugerido al Ayuntamiento que aborde un estudio de los solares que existen en la ciudad y de la medidas que proceda adoptar para cada uno de ellos con el objetivo de garantizar que reúnen condiciones adecuadas de salubridad y ornato.

En su recomendación referida a la queja con respecto a dos fincas ubicadas en la calle Santiago, pone como posible ejemplo a seguir la iniciativa Esto no es un solar que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza, recientemente premiada, o la implantación de zonas ajardinadas, de juego o incluso huertos familiares mientras no se solicite la licencia para edificar.


* Diario de Teruel - 19.11.11
Foto: Teruel, ayuntamiento - terueltirwal

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A Coruña.- El puerto de los mil millones de euros

ELPAÍS* : Olvídense por un momento de las grandes infraestructuras descritas en esta serie. Ninguna de ella resiste la comparación con el puerto exterior de A Coruña, que empezó a construirse en 2005 a unos 10 kilómetros del que ya existe en el centro de la ciudad. Primero, porque con los 755 millones de euros (el doble de lo presupuestado) que está costando construirlo en el mar bravío de Punta Langosteira más los 200 millones que exige Repsol por el traslado de sus instalaciones petroleras, se podrían edificar nueve campos como el mal llamado Estadio Olímpico de Sevilla (120 millones de euros), al menos dos Ciudades de la Cultura como la de Santiago (más de 400), dos aeropuertos como el de Ciudad Real (500) y al menos seis como el de Castellón con sus halcones incluidos (150). Y segundo, porque muy pocos proyectos en este país han contando con tantos apoyos institucionales: el del antiguo alcalde socialista de A Coruña y gran impulsor de la obra, Francisco Vázquez; el del Gobierno central de José María Aznar; el autónomo de Manuel Fraga (PP) y más tarde el del bipartito de socialistas y nacionalistas.

A través de Fraga se logró el apoyo de la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio; y con su ayuda, el compromiso de la Unión Europea de aportar unos 265 millones de euros. Además, ha contado con el respaldo del actual ministro de Fomento, José Blanco, quien lo considera “una oportunidad única” para el desarrollo de A Coruña y Galicia. Entonces ¿cómo se le puede llamar despilfarro a algo que presenta tan heterogéneos e importantes avalistas?

Una de las posibles respuestas hay que buscarla en el entorno de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez (2004-2009), que fue el único alto cargo de la Administración que opuso resistencia. Sus colaboradores veían un dislate aquella operación. “Sufrimos unas presiones tremendas para aprobar las obras. Porque nosotros vimos desde un primer momento que aquello era un capricho de rico, era disparar con pólvora del Estado, como si el Estado fuera un ente abstracto que vive en el más allá y que fabrica el dinero con una máquina de hacer billetes. Hay tráficos, como le pasa al puerto de Barcelona, que son molestos para el entorno. Y en A Coruña es evidente que eso pasa. La mayor parte de los puertos tienen descargas de productos petrolíferos y la mayor parte de los puertos de España son urbanos. El traslado hacia otras zonas hay que hacerlo de forma gradual y cuando se tiene dinero para hacerlo. Pero la solución en A Coruña ha sido muy de ricachón, de decir: yo cojo, construyo jardines y me llevo el puerto al otro lado. ¿A qué precio? Pues me da igual, cueste lo que cueste. En España no hemos aprendido que cualquier obra de estas dimensiones las pagamos todos”, indica un experto próximo al caso.

El socialista Francisco Vázquez estima que a Magdalena Álvarez le influyó mucho su entonces secretario general de Transportes y antiguo director general de Puertos, Fernando Palao. “Este señor, que había sido director del puerto de Gijón en 2003, decía que este puerto no era viable, que se lo iba a llevar el mar… Y encima intervenía en Bruselas para que los fondos fueran a Gijón, en vez de a A Coruña”, señala Vázquez.

Fernando Palao, gallego nacido en Ourense hace 65 años, niega rotundamente tal extremo: “Mi cariño por Gijón, donde solo estuve nueve meses trabajando, no es tan acendrado como para hacer ese tipo de disparate. Mis argumentos contra el puerto exterior eran y son económicos (porque no genera ninguna inversión adicional, ni más tráfico del que ya existe en el puerto interior), financieros (porque no había dinero para financiarlo y hubo que acudir a una operación urbanística, que está parada por la crisis) y oceanográficos (porque Langosteira es el peor sitio de la costa española donde se puede construir un dique)”.

Víctor Naya, vecino del puerto exterior, cree que la obra es un despilfarro porque el nuevo dique se encuentra a unos 20 kilómetros del flamante puerto exterior de Ferrol, incluso se puede ver desde Langosteira. Sin embargo, los técnicos que se opusieron al desarrollo del proyecto creen que esa no es una razón consistente, ya que si se decidiera descargar en Ferrol el petróleo que llega a A Coruña, habría que construir unos oleoductos subterráneos desde Ferrol hacia la refinería de Repsol en A Coruña que harían inviable el proyecto. El argumento principal que opuso el equipo de Magdalena Álvarez es que el puerto interior de A Coruña era más seguro que el de Langosteira y encima cumplía con todos los requisitos de normativa medioambiental y de seguridad. Algunos técnicos, además, indicaron que debido a la agitación de las aguas, Langosteira debería permanecer inoperativo un número indeterminando de dias al año. La Autoridad Portuaria de A Coruña, dependiente de la Xunta de Galicia y de Fomento, asegura, sin embargo, que todos los ensayos efectuados hasta el momento acreditan la operatividad durante todo el año. En unas respuestas remitidas por correo a este periódico, la Autoridad Portuaria indicó, además, que entre las razones que pesaron para promover la obra tuvieron gran peso las del medio ambiente, porque con el nuevo puerto se alejarían de la ciudad “mercancías más sensibles".

“Es cierto que hubo algún problema cuando en los barrios próximos al puerto se encontraba polvo de carbón en la ropa tendida, pero se resolvió obligando al concesionario a construir un almacenamiento cerrado”, indica el citado experto anónimo.

Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, cree que el daño del tráfico de “mercancías sensibles” es mínimo comparado con el “destrozo” que supuso construir un nuevo puerto en una zona virgen. “Justificar un destrozo ambiental porque eres incapaz de corregir las molestias y los problemas de contaminación ambiental me parece increíble. Lo que había en realidad era una gran operación especulativa con la que se pretendía financiar un tercio de las obras. Pero la burbuja ha roto esos planes”, señala Marcos.

Las obras, en las que han muerto ya cinco personas, continúan su marcha, aunque con el gran inconveniente de que el dinero que se esperaba recaudar con la venta del terreno del puerto céntrico no termina de llegar. Lo que sí llegó el pasado julio fue el crédito por valor de 250 millones de euros concedido por el ministro de Fomento, José Blanco.

Los enemigos del proyecto

Francisco Vázquez está convencido de que el Puerto Exterior ha sido su gran legado como alcalde invicto durante 24 años con seis mayorías absolutas en A Coruña. Cuando se le pregunta si conoce en cuánto se ha desviado el presupuesto, responde que ya lleva cinco años apartado de la alcaldía y que no está al tanto. La obra está costando más del doble de lo presupuestado, pero el exalcalde prefiere contar cómo nació la idea en su cabeza en los años noventa.
“Empecé con la idea en la década de los noventa, pero siempre me decían en Fomento que era una obra muy cara”, recuerda. Hasta que tal día como hoy, 19 de noviembre de hace nueve años, se hundió el Prestige frente a las costas de A Coruña. En medio de la tormenta que se le vino encima a José María Aznar, Vázquez le ofreció el refugio del Ayuntamiento de A Coruña para que celebrara un Consejo de Ministros. El socialista fue muy criticado por eso, pero a cambio consiguió que aprobaran un estudio de viabilidad para su sueño. La operación parecía muy sencilla: el espacio del puerto actual, en el centro de la ciudad, se liberaría, se vendería el terreno a las inmobiliarias y con ese dinero y otros muchos millones se construiría un nuevo puerto, unos 10 kilómetros más allá. “El 40% lo financiaba Europa, el 30% Fomento y el 30% el propio puerto”, indica Vázquez. Con lo que no contaba nadie era con el pinchazo inmobiliario.
A lo largo de una década Vázquez se encontró pocos enemigos del proyecto. “Uno de los más críticos fue Faro de Vigo, porque Vigo tiene también intereses portuarios. También, El Correo Gallego, porque tenía miedo a que pusiera en peligro la Ciudad de la Cultura. La delegación EL PAÍS en Galicia también fue muy crítica. Y un poco los nacionalistas, porque esta era una obra que había iniciado Paco Vázquez”. El resto, todos aliados.


* El País - FRANCISCO PEREGIL A Coruña 18 NOV 2011
Foto: Obras del puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira - elpais

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Marbella.- Piden cárcel para García Marcos y once exediles por un delito urbanístico

LAOPINIÓN/Málaga* : Es un juicio más por el enésimo delito urbanístico en el que están implicados los exconcejales marbellíes, aunque en este caso la noticia es que hay cuatro de los doce exediles encausados que no se han acogido aún al pacto con la Fiscalía que les permite, tras asumir su culpabilidad, cumplir el triple de la pena mayor prevista en la ley. Estos cuatro exediles son Isabel García Marcos, José Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez. Entre los ocho que sí se han acogido a ese acuerdo se encuentran los exalcaldes Julián Muñoz y Tomás Reñones.
Según el escrito de acusación fiscal, al que tuvo acceso este periódico, los ediles, como concejales integrantes de la comisión de gobierno de Marbella de 17 de abril de 2002, «acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico» presentado por una constructora para levantar veinte viviendas adosadas en una parcela del municipio. Isabel García Marcos, Carmen Revilla, José Jaén y Pedro Pérez, supuestamente, dieron el visto bueno al proyecto de ejecución el 4 de marzo de 2004.

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, publicado por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28 de noviembre de 2000, los terrenos están calificados como suelo urbanizable, aunque antes de construir en ellos había que tramitar un estudio de detalle que fue aprobado inicialmente el 16 de febrero de 2002, «pero sin desarrollar en sus determinaciones, presentando el citado proyecto un exceso de 1.600 metros cuadrados de edificabilidad, ya que se proyectan 2.447,57, siendo la edificabilidad máxima de 841,61 metros», añade la acusación pública en su escrito de conclusiones provisionales, elaborado por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Málaga.

Por tanto, se proyectaron veinte viviendas, cuando el número máximo era de 5, «por lo que hay un exceso de 15 unidades», siempre según la acusación pública.

Los hechos constituirían un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 en relación al 404 del Código Penal. El fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para Julián Muñoz, Rafael González, Marisa Alcalá, Isabel García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez.

Asimismo, solicita nueve meses de prisión y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público para José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendínez, edil este último huido de la justicia desde 2008, justo cuando se estaba gestando el pacto entre algunos de los exconcejales y la Fiscalía de Medio Ambiente.

En cualquier caso, el juicio oral se celebrará en el juzgado de lo Penal número 10 de Málaga el próximo 1 de diciembre, y el foco de atención se centra en saber si García Marcos y los otros tres exconcejales que aún no se han acogido al pacto con la Fiscalía, que castiga con el triple de la pena mayor a los que hayan cometido ilícitos urbanísticos. Si así lo hicieran, asumiendo por tanto su culpabilidad, podrían entrar en la cárcel o, como mínimo, contar con antecedentes penales, aunque la primera posibilidad es la más probable precisamente porque sobre todos ellos pesan numerosas causas del mismo cariz que ésta.


* La Opinión - JOSÉ ANTONIO SAU - 19.11.11
Foto: Marbella, ayuntamiento - google

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El juez imputa al alcalde de Tui y a su antecesor por el 'caso Patazumba'

ELPAÍS/Pontevedra* : Ocho años después, sigue dando coletazos el caso Patazumba, por el que el exacalde de Tui Feliciano Fernández Rocha y su sucesor, Moisés Rodríguez, llegaron a ser imputados de hasta cinco delitos: contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Tras la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que archivó el caso, consistente en el presunto trato de favor del Ayuntamiento a la inmobiliaria del entonces alcalde, el juzgado de instrucción nº1 de Tui lo ha reabierto, aunque parcialmente. El juez encuentra indicios de delito contra el patrimonio histórico, derivado de dos talas de castaños centenarios en un perímetro de Bien de Interés Cultural. Pese al archivo del resto de acusaciones, Fernández Rocha y Rodríguez, ambos del PP, no salen bien parados del auto, que constata el "favorecimiento económico" de los imputados, producto de sucesivas decisiones municipales.

El juez del caso Patazumba investigó durante años las gestiones para favorecer la urbanización con la máxima edificabilidad de una finca así denominada por parte de la inmobiliaria Promociones Tuivi, propiedad del entonces alcalde y de su hijo, en la Fernández Rocha es además apoderado. Ambos fueron imputados, como también el ahora regidor, Moisés Rodríguez, en su condición de concejal del equipo de gobierno cuando se produjeron los hechos. Rodríguez es yerno de Fernández Rocha.

El 14 de julio de 2010, la Audiencia de Pontevedra resolvió el sobreseimiento de la causa, por considerar que no aparecía debidamente justificada la perpetración de delito alguno. El juez de Tui enmienda ahora esta decisión, al asumir que "resulta difícil comprender" cómo un caso en el que aparecieron indicios racionales de criminalidad de hasta cinco tipos penales, "todos esos indicios desaparecen hasta el punto de abocar todo lo instruido al fracaso".

La asociación social y cultural Arcebispo Lago, que ejerce la acusación particular contra Rocha, su hijo, Moisés Rodríguez y tres técnicos municipales que también fueron imputados, presentará un recurso contra el nuevo auto, para solicitar que también se investiguen los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y no solo el contrario al patrimonio histórico. El argumento del juez de Tui para no reabrir el caso por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio es una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en octubre de 2008 desestimó un recurso presentado por la Xunta contra las actuaciones del Ayuntamiento de Tui. Pero lo hizo por presentarse fuera de plazo, sin declarar en ningún momento conforme a derecho la actuación urbanística encabezada por Rocha, como precisa la asociación tudense.

La empresa familiar del exalcalde compró la finca Patazumba el 4 de abril de 2003, cuando estaba en vigor una suspensión de licencias con motivo de la redacción de un nuevo Plan General. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento aprobó con precipitación incrementar en tres las alturas máximas permitidas.

Fernández Rocha dictó en los meses siguientes hasta cuatro resoluciones de la alcaldía para cambiar el sistema de compensación a concierto, aprobar el proyecto de concierto, dar luz verde al de urbanización y aprobar los estatutos y bases promovidos por la empresa de la que él era apoderado. La edificabilidad de Tuivi en Patazumba pasó de esta manera de 12.450,20 metros cuadrados a 20.507,48.

En lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, el juzgado de Tui constata que se produjeron dos talas de árboles centenarios "sin autorización alguna", y que tuvieron por objeto "el aprovechamiento urbanístico" de la inmobiliaria Promociones Tuivi.


* El País - PABLO LÓPEZ - 18/11/2011
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org

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Del urbanismo inculto, una ciudad fea

JORGE BENAVIDES SOLÍS* : En la Casa de la Provincia, con numeroso público joven, se está hablando sobre Arte y estética desde 1960: (Sevilla) la ciudad y su sombra. Los periódicos publican crónicas sobre las jornadas gastronómicas o similares pero sobre la reflexión acerca de la ciudad y sus problemas, no siempre. Ni siquiera cuando se habla acerca del Planeamiento, es decir, de cómo y por qué se elaboran los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) a partir de los cuales construimos la casa de todos (la ciudad) que según se observa, en la práctica es absolutamente privada o es de nadie y, en todo caso, cuando es planificada también resulta fea, desangelada.
Antes se decía que los PGOU eran una "guía para la especulación urbanística" (La Rinconada). ¿Ahora se han convertido además en una "guía para la legalización de los delitos urbanísticos" (Marbella)? La ciudad es fea debido al empobrecimiento del espacio público respondió el ponente sin dar mayores explicaciones sobre el significado y el alcance de lo público. Seguramente no hacía referencia al definido a partir de la propiedad; de las plazas concesionadas (de la setas) ni al que es parte de los grandes o pequeños centros comerciales; tampoco al que según la Ley conforma el "sistema de espacios libres", porque éstos solamente están vinculados a la dimensión material, física de la ciudad que exclusivamente se toma en cuenta de hecho y de derecho al sintetizar en planos, la propuesta de ordenación urbanística.

Dicho de otra manera, el espacio coloreado como público en los planos, es apenas una parte del espacio público entendido en términos que, hace décadas lo han definido: la Filosofía, la Antropología, la Ecología Urbana, la política, la policía y, últimamente Microsoft-MIT (está poniendo de moda el espacio inteligente) y aquel que las redes del 15M lo han puesto en evidencia. El espacio público ya no es solamente aquel donde se forma la opinión pública, tampoco sólo el escenario físico, calles y plazas donde la sociedad se hace visible, pasea, festeja, celebra, conmemora o se rebela. A la dimensión social, física, cultural, acaba de integrarse la dimensión virtual en la que se hace patente la red.

El espacio público en esta situación es a la vez, contenedor y contenido, el espacio del ser (cultura) y del estar (lugar), una entidad con entorno que se ha hecho un híbrido: sociofísicovirtual conformado por cuerpos, escenarios físicos y redes; sin límites. En este espacio público híbrido, el protagonista ya no es el pueblo (siglo XIX) ni la masa (siglo XX); es similar a la multitud en cuanto ésta no es representable (Tony Negri), pero a la vez, es más: una expresión de la inteligencia colectiva que se hace ostensible en las acciones e iniciativas que son producto de la comunicación en red.

Al haber desaparecido el campo por el abandono poblacional debido a la introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) en la producción y, hasta en los últimos resquicios de la vida cotidiana, todo tiene un matiz urbano. La ciudad ya no es como se definía hasta mediados del siglo XX, lo contrario al campo. Es más, tanto por extensión física (ciudad dispersa de baja densidad), por población (más de la mitad ya vive en el campo y dentro de pocos años, serán tres de cada cuatro) como por organización (la ciudad controlada con vallas y con cámaras). La ciudad además en cualquiera de sus tipologías, se ha hecho un bien paradójico: en aquella del dinero brillan y destacan los objetos (edificios, vitrinas y coches), en las pobres y en los slums, destacan los cuerpos precisamente por ausencia de los objetos. Los centros urbanos sobreviven saturados, las periferias desoladas.

Los Ángeles, paradigma posmoderno usamericano, es una periferia en búsqueda de un centro en la que una tercera parte del suelo está dedicada a los aparcamientos, la otra a las vías y la restante a los objetos construidos en el que se refugian los sujetos. La ciudad ya no es el lugar donde encontrar la felicidad, como decían los clásicos. A veces solamente es un sitio ocupado con baja o alta densidad que sólo produce "malestar urbano".

Poco se habló acerca del encorsetamiento legal para diseñar la ciudad ni de las presiones políticas e inmobiliarias. Mucho menos del anémico soporte teórico de la LOUA cuyo soporte operativo en cambio, se fortalece cada vez más y se apoya en cuestiones meramente instrumentales. El buen albañil (oficio) no tiene por qué pensar en Platón cuando utiliza el palaustre (instrumento); en cambio, los profesionales que elaboran los planos de una ciudad (PGOU) deberían poseer un amplio dominio teórico transdisciplinar, operativo, capaz de trasladar con sensibilidad y habilidad lo abstracto a lo práctico y, tener conocimiento de los instrumentos acordes con la realidad en la que intervienen (índices). Un pueblo de la sierra requiere de referencias distintas a los de la Costa del Sol.

El Urbanismo inculto e insensible, aunque cumpla escrupulosamente con la Ley, sólo garantiza una ciudad fea y des-acogedora.


* Jorge Benavides es arquitecto

* Diario de Sevilla - Opinión - 15.11.11

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Votaciones - El Roto



El Roto, votaciones - elpais 20111119

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Defensores de la Bahía de Santander presentan firmas en el CROTU contra el Centro de Arte Botín

TERC3RA* : Representantes del Movimiento de Defensa de Identidad de la Bahía de Santander han presentado 200 alegaciones en la Comisión Regional de Ordenación y Urbanismo de Cantabria (CROTU) para protestar contra el plan de construcción del Centro de Arte Botín en los muelles de Maura y Albareda. Los santanderinosya expresaron su rechazo a la edificación cuando se presentó el proyecto, explicando que suponía un desastre medioambiental contra su bahía, a la que consideran su mejor patrimonio.
El Centro de Arte Botín, creado por la Fundación Emilio Botín, pretende edificar en los muelles pueblos de Maura y Albareda un edificio de 22 metros de altura y que ocupara alrededor de 7000 m2. Los vecinos no critican el proyecto, tan solo el lugar elegido para su construcción.

Critican la modificación puntual del nº 9 del Plan del Sistema Portuario por parte de la clase política, a la que acusan de estar haciendo “un traje a medida” a la Fundación Emilio Botín.

“Las vistas de los muelles diáfanos y la armonía del paisaje natural del frente marítimo conforman la identidad de la Bahía, y los ciudadanos queremos esos muelles públicos vacíos como espacios complementarios de los Jardines de Pereda y abiertos a la convivencia y disfrute de los ciudadanos”, concluye el Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía.


* Tercera Información | 19-11-2011
Foto: Santander, Gobierno de Cantabria- wikipedia

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Almuñécar.- La Fiscalía pide cárcel para Benavides por delito urbanístico

IDEAL/Granada* : La Fiscalía pide para el exalcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides (CA) dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años por un delito contra la ordenación del territorio.
En esta causa, que será enjuiciada mañana en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, también están imputados varios técnicos municipales y el secretario del consejo de administración de "Interrnacional School SA" por distintas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras a esta empresa para la ampliación de su centro escolar. Según el relato del escrito del ministerio fiscal, los hechos se remontan a 1997, cuando la empresa Internacional School SA adquirió del Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de este municipio de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente.

La ampliación de las instalaciones se iniciaron sin contar con licencia municipal para ello, según la Fiscalía, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal"
Así, en 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la "connivencia al respecto" de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras.
Posteriormente, Ecologistas en Acción interpuso una denuncia por las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo, consistentes en una ampliación de la edificación y el cerramiento de obra del recinto escolar, lo que obligó a intervenir al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.
Así, el 19 de agosto de 2005 los técnicos municipales implicados informaron de que "no existe inconveniente en la concesión de la licencia municipal de obras", obviando que las mismas no cumplen con distintas normativas de la ordenación de la edificación.
Con el "parco" informe favorable del arquitecto técnico municipal, la Junta Local optó por conceder la licencia, que llevó aparejada la posibilidad de ampliar el centro docente.


* Ideal - EFE - 17.11.11
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)

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Puerto de Granadilla: el gran dislate

ELPAÍS/Tenerife* : Los trabajos del puerto de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, han comenzado, pero la comunidad científica canaria y los grupos ecologistas (Ben Magec/ Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife) no pierden la esperanza de paralizar lo que consideran un disparate medio ambiental y una obra meramente especulativa. El sábado tendrá lugar una manifestación de protesta en Santa Cruz: ruedas de prensa, charlas y debates, a los que han invitado también al PP,PSOE, Coalición Canaria y a los responsables de la autoridad portuaria. Pero todos han declinado la propuesta.

El 6 de mayo de 2002, el Gobierno de Canarias acordó declarar de interés públicoel proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona. Las razones esgrimidas -sociales y económicas- fueron "el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones [Puerto de Santa Cruz] de las que depende la economía insular" y " porque no existe otra localización viable en toda la isla".

Desde entonces, el proyecto ha tenido muchas vicisitudes, entre otras sortear la protección de una especie protegida, los sebadales, "praderas marinas de plantas vasculares que en la evolución de la vida han salido del mar, en este caso han vuelto al mar y se han instalado en los fondos arenosos, donde han constituido ecosistemas que hoy en día son básicos para luchar contra el cambio climático". Así definió esta planta Wolfredo Wildpret de la Torre, botánico internacional, en un acto organizado a principios de semana por Asamblea por Tenerife.

Las obras de estainfraestructura estaban suspendidas cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya que consideraba a las sebas (Cymodocea nodosa) especie protegida. Para sortear esta paralización, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo Catálogo Autonómico y cambió los sebadales de categoría.

Según el catedrático de biología marina Alberto Brito, "el nuevo Catálogo de las Especies Amenazadas de Canarias, cuyo autor se desconoce, es una aberración para la naturaleza y la desprotección de hecho de muchas de las especies, lo que permitirá el desarrollo de macroproyectos que el Gobierno canario quiere sacar adelante desde hace tiempo, como es el caso del puerto de Granadilla en Tenerife".

Las sebas, que en un principio estaban calificadas como "sensible a la alteración de su habitat" pasaron a ser "especies de interés para los ecosistemas canarios" y se quedaron sin protección ninguna en el entorno de Granadilla, según la nueva normativa. Aún sin autor reconocido, todos los opositores a este nuevo catálogo señalaban a Domingo Berriel, el anterior consejero de Medio Ambiente, como su artífice. Berriel, que en esta nueva legislatura autonómica ha sido trasladado a la cartera Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, es ingeniero industrial e inició su carrera en una constructora.

Ayer la organización Ben Magec/Ecologistas en Acción anunciaba la presentación de una denuncia contra Berriel, como responsable de la irregular orden de descatalogación de los sebadales de Granadilla, promulgada en el año 2009.

Catedráticos como Wolfredo Wildpret de la Torre, que ha recibido este año el Premio de Canarias de investigación, se niegan a "tirar la toalla" y dejar que destruyan uno de los ecosistemas marinos más importantes del archipiélago. Wildpret califica la infraestructura de"disparate y dislate". Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, también ha seguido el proyecto de Granadilla y no ve un solo argumento económico para llevar a cabo la obra. "La Administración lo ha disfrazado de interés público, pero no hace falta para nada, es una infraestructura, como otras muchas que se han hecho en España, un simple pelotazo, un fraude, y para ello han creado una articulación jurídica falsa".

Para el investigador Alberto Brito, que estos días se encuentra abordo del barco que estudia la erupción del volcán de El Hierro, las obras son un "atentado". Hoy las cámaras se fijan en un fenómeno natural, como es la erupción del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro, pero Wildpret asegura que no estaría de más que también se observará como la obra del puerto de Granadilla está generando una pluma de materiales en suspensión que se deslizan por las corrientes hacia el sur, hacia el Médano. "Ahora mismo podemos decir ya, si las palas continúan trabajando a este ritmo, cuál va ser el futuro de destrucción y devastación", añade el profesor, que recuerda que se trata área con una biodiversidad importantísima. "En los sebadales las especies viven interrelacionadas y en el momento que un eslabón de la cadena se rompa destruimos un ecosistema único. Todo desaparecerá", añade Wildpret, "por una artimaña llevada a cabo para descatalogar estas plantas en el listado de Especies protegidas".

Otro de los críticos es Pedro Anatael Meneses, expresidente de la Autoridad Portuaria y profesor de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, para quien las obras que se llevan a cabo en Granadilla "son una barbarie, una sin razón, una ilegalidad". "Los que defienden este proyecto argumentan que el puerto de Santa Cruz estaba agotado, cuando sobra espacio por todos lados y está infrautilizado", denuncia.

El profesor pide que se frene el gasto inútil, que en esta primera fase de construcción serán 160 millones de euros, que se multiplicarán por cuatro hasta terminar la obra. "El coste mínimo de millones que se tiren al mar será de 600".

Lo más absurdo, según Cándido Quintana, de Asamblea por Tenerife, es que solo se crearán 45 puestos de trabajo en las labores de construcción, porque luego los fuertes vientos dominantes harán que la mayor parte del tiempo este megapuerto esté "cerrado a cal y canto".

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas recordó que los ecologistas han denunciado "aspectos relacionados con el puerto ante las más diversas instancias". "Aun así, la construcción sigue adelante con todas las autorizaciones correspondientes, incluidas las estatales y europeas". Y concluyen: "Por tanto, el consejero no se muestra preocupado por la acusación y dedica su tiempo a trabajar".


* El País - SOFIA MENÉNDEZ 11/11/2011
Foto: Trabajos de construcción del futuro puerto de la Granadilla - elpais

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Xàbia pone en alquiler el edificio del nuevo ayuntamiento que costó seis millones de euros

LEVANTE/Alacant* : Xàbia no estrenará su nuevo ayuntamiento. Se terminó de construir hace tres años y la mudanza parecía inminente. Pero el edificio municipal del Portal del Clot, que, junto a las oficinas de la nueva plaza, ha costado 6,6 millones de euros, sigue vacío. El actual equipo de gobierno (PSPV, Xàbia Democrática y CpJ) ya renuncia a trasladar allí la casa consistorial. No hay dinero para la mudanza. Y "la coyuntura económica" de un ayuntamiento que tiene una deuda bancaria de 41 millones de euros tampoco invita a entramparse más. Así lo confirmó ayer el concejal de Hacienda, Óscar Antón, que avanzó que a finales de año devolverán los 2,5 millones de euros de un préstamo que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) concedió en 2007 al ayuntamiento para equipar estas dependencias municipales. El edificio, de 4.000 metros cuadrados y que tiene tres plantas y un semisótano, está en pleno centro urbano de Xàbia. El edil de Hacienda reveló que el gobierno local contempla alquilarlo para así "sacarle algo de rentabilidad". Se vería con buenos ojos que una empresa lo arrendara para abrir un hotel o una clínica o que se convirtiera en una sede universitaria.

El alquiler salvaría algo los muebles de unas obras que se han revelado ruinosas. Estas dependencias municipales se incluían en el paquete de la renovación de las rondas del centro histórico y de la construcción de los aparcamientos subterráneos del Portal del Clot y la plaza de la Constitución. El anterior gobierno local de Bloc-Centristes, PP y CpJ rescató por 13,2 millones los garajes. La empresa Ecisa que los construyó y explotaba se libró así de una concesión que sólo generaba pérdidas.

Presupuesto participativo

El equipo de gobierno de Xàbia ya tiene listos los presupuestos para 2012 y esta tarde, a las 20 horas, los presentará a los vecinos en el foro de la Agenda Local 21. Por primera vez, las cuentas, que ascienden a 38,7 millones de euros, serán participativas. En la reunión de esta noche, los vecinos votarán a qué proyecto se destinan 400.000 euros de inversiones. El alcalde, José Chulvi, del PSPV, y el concejal de Hacienda expondrán varios proyectos que ya tienen memoria valorada.
El presupuesto destina 13,5 millones a la partida de personal, lo que representa un 35 % del gasto. Mientras, las inversiones reales se quedan en 2,6 millones.
El grueso de los ingresos proviene de los impuestos directos (24,6 millones). El IBI sostiene a un ayuntamiento que busca también otras vías para hacer caja. En las cuentas, consigna 1,4 millones por la venta de solares municipales. Además, se espera recibir 5,6 millones de transferencias.


* Levante - 17.11.11
Foto: Las nuevas dependencias municipales del Portal del Clot llevan tres años cerradas.- APF

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España tiene más de tres millones de viviendas vacías

20MINUTOS* : Miles de españoles se las ven y se las desean para tener un techo; otros tantos para no perder el que tienen, pagando con mucho sacrificio su hipoteca; y miles también son los que finamente se quedan en la calle. Y es que en plena ola de embargos y desahucios, hemos sabido que en España hay casi tres millones y medio de viviendas vacías.
Concretamente, hay 3.417.064 casas cerradas, según datos de LDC, entidad especializada en la administración de fincas y comunidades de propietarios. Es decir, el 13,2% de las viviendas del país están vacías y cerradas (teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Fomento, el parque de viviendas español es de casi 26 millones).
Del total de viviendas, 1,4 millones de inmuebles se encuentran actualmente en manos de las comunidades de vecinos, mientras que 1,8 millones son propiedad de una persona, 28.279 están en poder de una sociedad y 508 pertenecen a algún organismo público.

Barcelona y Madrid, a la cabeza

La lista de provincias con casas cerradas la encabeza Barcelona (338.645), seguida de Madrid (337.212). La lista de las cinco provincias con más pisos vacíos la completan Valencia (228.870), Alicante (192.184) y Sevilla (124.573).

Por el contrario, las provincias con menor número de viviendas familiares vacías son Ceuta (3.099), Melilla (4.056), Álava (11.580), Teruel (12.078) y Soria (12.142).

Muchas de estos más de 3 millones de viviendas no se encuentran en buen estado. En mayo de este año, LDC aseguraba que más de un millón de los edificios de viviendas se encuentran en un estado ruinoso, malo o deficiente.

El estudio contabilizaba un total de 10.779.844 edificios destinados a viviendas construidos en España. De ese total de edificios destinados a viviendas, 9.591.830 se encuentran en buen estado.


* 20 Minutos - EP. - 18.11.11
Foto: vecinos_edificio_desierto

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El juez imputa en Gürtel a otros tres altos cargos de la Generalitat

ELPAÍS/Valencia* : El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Salvadora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.
El magistrado cree, “dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias”, que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.

La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fuera publicada, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.

En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentara en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al exsecretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.

El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.

En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.

En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Salvadora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, “y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market”.

El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo “criterios de adjudicación de influencia decisiva”. Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron “determinantes para la propuesta” que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.

El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíe la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.


* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 17 NOV 2011
Foto: caso Gürtel, El Bigotes (archivo) - elpais.com

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Costa da Morte.- En la zona hay cientos de edificios ilegales y decenas pendientes de derribo

LAVOZ/A Coruña* : Los procesos judiciales suelen demorar la ejecución de las órdenes de demolición durante años e incluso décadas.
En la Costa da Morte se cuentan por cientos los edificios que están fuera de ordenación, una forma sutil de referirse a las obras realizadas al margen de la ley. La reciente reforma de la normativa autonómica ha abierto una vía para la regularización de esas construcciones a través de la disposición transitoria tercera. Pero el subdirector de la APLU advierte de que la legalización no será masiva, porque las edificaciones tienen que cumplir una serie de condiciones, fundamentalmente que estuviesen terminadas antes del 2003 y que no tuviesen abierto ningún expediente. Aunque la medida fue una consecuencia directa de las reivindicaciones de los propietarios de naves industriales, también beneficia a los dueños de viviendas.

La situación de fuera de ordenación no representa problemas legales en la mayoría de los casos, pero sí supone ciertas limitaciones. Así, los propietarios de casas o naves irregulares no pueden acometer obras mayores ni ampliaciones; de hecho, prácticamente están limitados a trabajos de mantenimiento. Ese tipo de restricciones son especialmente perjudiciales para los empresarios, para los que tener una nave ilegal supone no poder crecer físicamente, pero también puede significar la exclusión de programas de ayudas de las Administraciones.

Sentencias

Pese al elevado número de edificaciones irregulares, solo una mínima parte tienen expedientes abiertos. En Carballo, por ejemplo, son menos de veinte, frente a las más de 600 viviendas que se calcula que pueden estar fuera de ordenación. Pero incluso cuando hay órdenes de demolición, su ejecución suele demorarse durante años, en algunos casos décadas, porque sus promotores recurren a la justicia hasta que agotan esa vía. De hecho, es frecuente que los derribos se lleven a cabo solo después de que haya sentencia del Tribunal Supremo.

En la Costa da Morte hay decenas de obras pendientes de un hilo, la mayor parte en el litoral y, más concretamente, en el carballés. En los años noventa, sobre todo, se permitió el crecimiento descontrolado de las urbanizaciones de Pedra do Sal y Peados, fundamentalmente, pero también hay viviendas construidas en las décadas anteriores sobre las que pesan órdenes de demolición. El Concello de Carballo intentó regularizar esa situación en el PGOM del 2003, pero la Xunta lo impidió, y todo indica que en la revisión que estudia en estos momentos la Secretaría Xeral de Urbanismo tampoco será posible.

Como en la capital de Bergantiños, las ilegalidades urbanísticas sobre las que ya se han pronunciado los tribunales se repiten en los municipios de Camariñas, Dumbría, Muxía, Corcubión, Ponteceso, Malpica o Fisterra. En este último, además, la Consellería de Medio Ambiente se ha comprometido a buscar una solución para los 400 pisos de Anchoa cuya licencia fue anulada por la Xunta en el 2006. Otros casos conflictivos, como el de la nave de Miramontes, en Coristanco, acaba de ser resuelto por la Xunta pese a la existencia de varias sentencias de derribo previas.


* La Voz de Galicia - 18.11.11
Foto: Carballo (A Coruña), urbanización - lavozdegalicia.es

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Imputan a la alcaldesa de Isla Cristina, a un concejal y a seis técnicos por presunta prevaricación

EUROPAPRESS/Huelva* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ayamonte (Huelva) ha imputado por un presunto delito de prevaricación urbanística a la alcaldesa de Isla Cristina (PSOE), María Luisa Faneca; al concejal de Urbanismo, Domingo Payán, y a seis técnicos del Consistorio, al conceder supuestamente una licencia para construir una un apartamento en Urbasur, a escasos metros de la playa, y en zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas, sin la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la primera edil ha sido llamada a declarar el próximo 16 de diciembre en el citado juzgado.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el presidente de la comunidad del edificio ubicado en la calle Ballena número 7 de Urbasur presentó una denuncia contra la alcaldesa, el concejal, los técnicos, un vecino del propio edificio y un ingeniero técnico industrial, estos dos últimos imputados por un presunto delito de falsedad en documento público, cuando este vecino decidió demoler completamente su vivienda hasta dejarla completamente diáfana, para construir sobre la misma un mini apartamento y un local dedicado a bar.

Sin embargo, según reza en la denuncia, "en la fecha de la presente denuncia --en agosto-- no existe licencia urbanística que autorice el cambio de uso de vivienda a vivienda local en el citado inmueble, que continúa jurídica y urbanísticamente siendo una vivienda".

Del mismo modo, el denunciante especifica que el vecino denunciado "solicita una instancia de obra menor, solicitando cambio de tabique, construcción de baño y colocar solería, cuando en realidad suponía ejecutar una de las dos cosas solicitadas en el expediente de cambio de uso, cuya licencia no fue concedida, es decir construir una vivienda de nueva planta de escasos 30 metros cuadrados".

El denunciante asegura que en la licencia que da el Ayuntamiento de obra menor "se infringe el hecho de que es necesaria la preceptiva autorización de la Junta y no la tiene y que en la zona de servidumbre, sólo está permitido usos terciarios y comerciales y no habitacionales", indicando además que "no existe licencia de cambio de uso".

Por tanto, ha insistido en que el supuesto delito de prevaricación radica en que el Ayuntamiento, "a sabiendas de la manifiesta ilegalidad que suponía la misma, informaron favorablemente y concedieron la licencia urbanística solicitada de forma arbitraria".

Según ha adelantado en su edición digital de este jueves el diario 'El Mundo', "la Fiscalía tiene abierta diligencias contra el propietario de la vivienda por un delito contra el medio ambiente por construir en dominio público, y por el momento, ya está imputado en esta causa por falsedad de documento público".


* Europa Press - 18.11.11
Foto: Isla Cristina (Huelva) - García Cordero (El País)

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La jornada de reflexión vuelve a sacar a la calle al 15-M

ELPAÍS* : El Movimiento 15-M vuelve a reflexionar a su aire. Igual que hace seis meses, los indignados se han instalado esta noche en los mismos lugares en los que nacieron las movilizaciones para inaugurar la jornada de reflexión, un día en el que no está permitido pedir el voto ni hacer propaganda política. En Madrid han escogido la Puerta del Sol. En Barcelona la elegida es la plaza de Catalunya.
En los comicios autonómicos y municipales de mayo, la Junta Electoral Central recordó la prohibición de celebrar actos que puedan influir en la intención de voto, aunque finalmente no tomó medidas contra los indignados que salieron a las calles. Esta noche, el 15-M ha intentado repetir aquellas multitudinarias protestas, solidarizándose, de paso, con los seis detenidos de ayer en la marcha contra los recortes educativos que se celebró ayer en Madrid.
Bajo el lema Lo llaman democracia y no lo es, grupos de antifascistas han marchado este viernes por la tarde desde Cibeles hasta el kilómetro cero. A medianoche, unas 500 personas se reunían en la plaza, donde han protagonizado un grito mudo contra el sistema electoral. La plataforma Democracia Real Ya (DRY) había convocado allí una reflexión colectiva y un debate sobre el sistema electoral y la Ley d'Hont. Algunos asistentes han construido un tenderete con cartones pero la policía les ha obligado a desmontarlo inmediatamente, informa F. Javier Barroso.

Las movilizaciones han empezado a las siete de la tarde en Barcelona, donde unos 300 indignados se han manifestado a favor de la vivienda y han okupado un edificio en el barrio de Sants. El alcalde de la ciudad, Xavier Trias, ha advertido de que no permitirá una acampada en la capital catalana, aunque respeta el derecho a manifestarse y a hacer asambleas. Los activistas tienen previsto celebrar mañana una asamblea en la Plaza de Catalunya, informa Rebeca Carranco. En Málaga, la policía ha desalojado a quienes pretendían acampar en la Plaza de la Constitución. En la vigilia también toman parte, entre otras, Santander, Barcelona, Almería, Valladolid, Avilés, Lleida, Guadalajara, Oviedo, Girona, Badajoz y Ciudad Real.

Propuestas para el próximo presidente

El sábado a las 11 de la mañana, los indignados tiene previsto volver a concentrarse en la céntrica plaza madrileña de Sol para celebrar una "jornada popular de reflexión". A las cinco de la tarde escenificarán un discurso colectivo para el próximo presidente del Gobierno: los transeúntes están invitados a lanzar sus propuestas políticas micrófono en mano.

Las movilizaciones ciudadanas tampoco paran el día de votaciones. Los indignados madrileños tienen previsto celebrar debates sobre economía y la tradicional asamblea general de Sol. DRY, además, anima a presentar reclamaciones durante el 20-N.

Quienes se unan a la iniciativa, llamada Doriyakitú, deben dar argumentos al quejarse a las mesas electorales, para lo que DRY da ideas: se puede argumentar que "muchos candidatos han sido suprimidos de la lista a causa de no haber conseguido recoger los avales exigidos por la inconstitucional ley electoral vigente"; que la ley D’Hondt es "un método de reparto de escaños desproporcional" que además no trata "justamente" la abstención; que los partidos que se presentan incumplen "sistemáticamente" sus programas electorales sin sanción alguna...

El manual de uso de Doriyakitú explica: "La mesa electoral está obligada a adjuntar todas las reclamaciones junto al acta de la sesión electoral, haciéndolas llegar a la Junta Electoral Provincial que, a su vez, deberá elevarla a la Junta Electoral Central". Este organismo "deberá entonces dar constancia de haber recibido dicha queja, y publicarla en la página web". Asimismo, señala, "según el artículo 19 de la LOREG, la Junta Electoral Central tiene la competencia de “resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan”.


* El País - RAQUEL SECO - 19 NOV 2011
Foto: Grito mudo en la Puerta del Sol (F. J. BARROSO) - elpais

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