El Roto, votaciones - elpais 20111119
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Defensores de la Bahía de Santander presentan firmas en el CROTU contra el Centro de Arte Botín
El Centro de Arte Botín, creado por la Fundación Emilio Botín, pretende edificar en los muelles pueblos de Maura y Albareda un edificio de 22 metros de altura y que ocupara alrededor de 7000 m2. Los vecinos no critican el proyecto, tan solo el lugar elegido para su construcción.
Critican la modificación puntual del nº 9 del Plan del Sistema Portuario por parte de la clase política, a la que acusan de estar haciendo “un traje a medida” a la Fundación Emilio Botín.
“Las vistas de los muelles diáfanos y la armonía del paisaje natural del frente marítimo conforman la identidad de la Bahía, y los ciudadanos queremos esos muelles públicos vacíos como espacios complementarios de los Jardines de Pereda y abiertos a la convivencia y disfrute de los ciudadanos”, concluye el Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía.
* Tercera Información | 19-11-2011
Foto: Santander, Gobierno de Cantabria- wikipedia
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Almuñécar.- La Fiscalía pide cárcel para Benavides por delito urbanístico
En esta causa, que será enjuiciada mañana en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, también están imputados varios técnicos municipales y el secretario del consejo de administración de "Interrnacional School SA" por distintas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras a esta empresa para la ampliación de su centro escolar. Según el relato del escrito del ministerio fiscal, los hechos se remontan a 1997, cuando la empresa Internacional School SA adquirió del Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de este municipio de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente.
La ampliación de las instalaciones se iniciaron sin contar con licencia municipal para ello, según la Fiscalía, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal"
Así, en 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la "connivencia al respecto" de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras.
Posteriormente, Ecologistas en Acción interpuso una denuncia por las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo, consistentes en una ampliación de la edificación y el cerramiento de obra del recinto escolar, lo que obligó a intervenir al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.
Así, el 19 de agosto de 2005 los técnicos municipales implicados informaron de que "no existe inconveniente en la concesión de la licencia municipal de obras", obviando que las mismas no cumplen con distintas normativas de la ordenación de la edificación.
Con el "parco" informe favorable del arquitecto técnico municipal, la Junta Local optó por conceder la licencia, que llevó aparejada la posibilidad de ampliar el centro docente.
* Ideal - EFE - 17.11.11
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
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Puerto de Granadilla: el gran dislate
El 6 de mayo de 2002, el Gobierno de Canarias acordó declarar de interés públicoel proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona. Las razones esgrimidas -sociales y económicas- fueron "el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones [Puerto de Santa Cruz] de las que depende la economía insular" y " porque no existe otra localización viable en toda la isla".
Desde entonces, el proyecto ha tenido muchas vicisitudes, entre otras sortear la protección de una especie protegida, los sebadales, "praderas marinas de plantas vasculares que en la evolución de la vida han salido del mar, en este caso han vuelto al mar y se han instalado en los fondos arenosos, donde han constituido ecosistemas que hoy en día son básicos para luchar contra el cambio climático". Así definió esta planta Wolfredo Wildpret de la Torre, botánico internacional, en un acto organizado a principios de semana por Asamblea por Tenerife.
Las obras de estainfraestructura estaban suspendidas cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya que consideraba a las sebas (Cymodocea nodosa) especie protegida. Para sortear esta paralización, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo Catálogo Autonómico y cambió los sebadales de categoría.
Según el catedrático de biología marina Alberto Brito, "el nuevo Catálogo de las Especies Amenazadas de Canarias, cuyo autor se desconoce, es una aberración para la naturaleza y la desprotección de hecho de muchas de las especies, lo que permitirá el desarrollo de macroproyectos que el Gobierno canario quiere sacar adelante desde hace tiempo, como es el caso del puerto de Granadilla en Tenerife".
Las sebas, que en un principio estaban calificadas como "sensible a la alteración de su habitat" pasaron a ser "especies de interés para los ecosistemas canarios" y se quedaron sin protección ninguna en el entorno de Granadilla, según la nueva normativa. Aún sin autor reconocido, todos los opositores a este nuevo catálogo señalaban a Domingo Berriel, el anterior consejero de Medio Ambiente, como su artífice. Berriel, que en esta nueva legislatura autonómica ha sido trasladado a la cartera Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, es ingeniero industrial e inició su carrera en una constructora.
Ayer la organización Ben Magec/Ecologistas en Acción anunciaba la presentación de una denuncia contra Berriel, como responsable de la irregular orden de descatalogación de los sebadales de Granadilla, promulgada en el año 2009.
Catedráticos como Wolfredo Wildpret de la Torre, que ha recibido este año el Premio de Canarias de investigación, se niegan a "tirar la toalla" y dejar que destruyan uno de los ecosistemas marinos más importantes del archipiélago. Wildpret califica la infraestructura de"disparate y dislate". Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, también ha seguido el proyecto de Granadilla y no ve un solo argumento económico para llevar a cabo la obra. "La Administración lo ha disfrazado de interés público, pero no hace falta para nada, es una infraestructura, como otras muchas que se han hecho en España, un simple pelotazo, un fraude, y para ello han creado una articulación jurídica falsa".
Para el investigador Alberto Brito, que estos días se encuentra abordo del barco que estudia la erupción del volcán de El Hierro, las obras son un "atentado". Hoy las cámaras se fijan en un fenómeno natural, como es la erupción del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro, pero Wildpret asegura que no estaría de más que también se observará como la obra del puerto de Granadilla está generando una pluma de materiales en suspensión que se deslizan por las corrientes hacia el sur, hacia el Médano. "Ahora mismo podemos decir ya, si las palas continúan trabajando a este ritmo, cuál va ser el futuro de destrucción y devastación", añade el profesor, que recuerda que se trata área con una biodiversidad importantísima. "En los sebadales las especies viven interrelacionadas y en el momento que un eslabón de la cadena se rompa destruimos un ecosistema único. Todo desaparecerá", añade Wildpret, "por una artimaña llevada a cabo para descatalogar estas plantas en el listado de Especies protegidas".
Otro de los críticos es Pedro Anatael Meneses, expresidente de la Autoridad Portuaria y profesor de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, para quien las obras que se llevan a cabo en Granadilla "son una barbarie, una sin razón, una ilegalidad". "Los que defienden este proyecto argumentan que el puerto de Santa Cruz estaba agotado, cuando sobra espacio por todos lados y está infrautilizado", denuncia.
El profesor pide que se frene el gasto inútil, que en esta primera fase de construcción serán 160 millones de euros, que se multiplicarán por cuatro hasta terminar la obra. "El coste mínimo de millones que se tiren al mar será de 600".
Lo más absurdo, según Cándido Quintana, de Asamblea por Tenerife, es que solo se crearán 45 puestos de trabajo en las labores de construcción, porque luego los fuertes vientos dominantes harán que la mayor parte del tiempo este megapuerto esté "cerrado a cal y canto".
Por su parte, la Consejería de Obras Públicas recordó que los ecologistas han denunciado "aspectos relacionados con el puerto ante las más diversas instancias". "Aun así, la construcción sigue adelante con todas las autorizaciones correspondientes, incluidas las estatales y europeas". Y concluyen: "Por tanto, el consejero no se muestra preocupado por la acusación y dedica su tiempo a trabajar".
* El País - SOFIA MENÉNDEZ 11/11/2011
Foto: Trabajos de construcción del futuro puerto de la Granadilla - elpais
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Xàbia pone en alquiler el edificio del nuevo ayuntamiento que costó seis millones de euros
El alquiler salvaría algo los muebles de unas obras que se han revelado ruinosas. Estas dependencias municipales se incluían en el paquete de la renovación de las rondas del centro histórico y de la construcción de los aparcamientos subterráneos del Portal del Clot y la plaza de la Constitución. El anterior gobierno local de Bloc-Centristes, PP y CpJ rescató por 13,2 millones los garajes. La empresa Ecisa que los construyó y explotaba se libró así de una concesión que sólo generaba pérdidas.
Presupuesto participativo
El equipo de gobierno de Xàbia ya tiene listos los presupuestos para 2012 y esta tarde, a las 20 horas, los presentará a los vecinos en el foro de la Agenda Local 21. Por primera vez, las cuentas, que ascienden a 38,7 millones de euros, serán participativas. En la reunión de esta noche, los vecinos votarán a qué proyecto se destinan 400.000 euros de inversiones. El alcalde, José Chulvi, del PSPV, y el concejal de Hacienda expondrán varios proyectos que ya tienen memoria valorada.
El presupuesto destina 13,5 millones a la partida de personal, lo que representa un 35 % del gasto. Mientras, las inversiones reales se quedan en 2,6 millones.
El grueso de los ingresos proviene de los impuestos directos (24,6 millones). El IBI sostiene a un ayuntamiento que busca también otras vías para hacer caja. En las cuentas, consigna 1,4 millones por la venta de solares municipales. Además, se espera recibir 5,6 millones de transferencias.
* Levante - 17.11.11
Foto: Las nuevas dependencias municipales del Portal del Clot llevan tres años cerradas.- APF
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España tiene más de tres millones de viviendas vacías
Concretamente, hay 3.417.064 casas cerradas, según datos de LDC, entidad especializada en la administración de fincas y comunidades de propietarios. Es decir, el 13,2% de las viviendas del país están vacías y cerradas (teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Fomento, el parque de viviendas español es de casi 26 millones).
Del total de viviendas, 1,4 millones de inmuebles se encuentran actualmente en manos de las comunidades de vecinos, mientras que 1,8 millones son propiedad de una persona, 28.279 están en poder de una sociedad y 508 pertenecen a algún organismo público.
Barcelona y Madrid, a la cabeza
La lista de provincias con casas cerradas la encabeza Barcelona (338.645), seguida de Madrid (337.212). La lista de las cinco provincias con más pisos vacíos la completan Valencia (228.870), Alicante (192.184) y Sevilla (124.573).
Por el contrario, las provincias con menor número de viviendas familiares vacías son Ceuta (3.099), Melilla (4.056), Álava (11.580), Teruel (12.078) y Soria (12.142).
Muchas de estos más de 3 millones de viviendas no se encuentran en buen estado. En mayo de este año, LDC aseguraba que más de un millón de los edificios de viviendas se encuentran en un estado ruinoso, malo o deficiente.
El estudio contabilizaba un total de 10.779.844 edificios destinados a viviendas construidos en España. De ese total de edificios destinados a viviendas, 9.591.830 se encuentran en buen estado.
* 20 Minutos - EP. - 18.11.11
Foto: vecinos_edificio_desierto
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El juez imputa en Gürtel a otros tres altos cargos de la Generalitat
El magistrado cree, “dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias”, que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.
La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fuera publicada, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.
En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentara en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al exsecretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.
El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.
En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.
En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Salvadora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, “y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market”.
El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo “criterios de adjudicación de influencia decisiva”. Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron “determinantes para la propuesta” que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.
El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíe la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.
* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 17 NOV 2011
Foto: caso Gürtel, El Bigotes (archivo) - elpais.com
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Costa da Morte.- En la zona hay cientos de edificios ilegales y decenas pendientes de derribo
En la Costa da Morte se cuentan por cientos los edificios que están fuera de ordenación, una forma sutil de referirse a las obras realizadas al margen de la ley. La reciente reforma de la normativa autonómica ha abierto una vía para la regularización de esas construcciones a través de la disposición transitoria tercera. Pero el subdirector de la APLU advierte de que la legalización no será masiva, porque las edificaciones tienen que cumplir una serie de condiciones, fundamentalmente que estuviesen terminadas antes del 2003 y que no tuviesen abierto ningún expediente. Aunque la medida fue una consecuencia directa de las reivindicaciones de los propietarios de naves industriales, también beneficia a los dueños de viviendas.
La situación de fuera de ordenación no representa problemas legales en la mayoría de los casos, pero sí supone ciertas limitaciones. Así, los propietarios de casas o naves irregulares no pueden acometer obras mayores ni ampliaciones; de hecho, prácticamente están limitados a trabajos de mantenimiento. Ese tipo de restricciones son especialmente perjudiciales para los empresarios, para los que tener una nave ilegal supone no poder crecer físicamente, pero también puede significar la exclusión de programas de ayudas de las Administraciones.
Sentencias
Pese al elevado número de edificaciones irregulares, solo una mínima parte tienen expedientes abiertos. En Carballo, por ejemplo, son menos de veinte, frente a las más de 600 viviendas que se calcula que pueden estar fuera de ordenación. Pero incluso cuando hay órdenes de demolición, su ejecución suele demorarse durante años, en algunos casos décadas, porque sus promotores recurren a la justicia hasta que agotan esa vía. De hecho, es frecuente que los derribos se lleven a cabo solo después de que haya sentencia del Tribunal Supremo.
En la Costa da Morte hay decenas de obras pendientes de un hilo, la mayor parte en el litoral y, más concretamente, en el carballés. En los años noventa, sobre todo, se permitió el crecimiento descontrolado de las urbanizaciones de Pedra do Sal y Peados, fundamentalmente, pero también hay viviendas construidas en las décadas anteriores sobre las que pesan órdenes de demolición. El Concello de Carballo intentó regularizar esa situación en el PGOM del 2003, pero la Xunta lo impidió, y todo indica que en la revisión que estudia en estos momentos la Secretaría Xeral de Urbanismo tampoco será posible.
Como en la capital de Bergantiños, las ilegalidades urbanísticas sobre las que ya se han pronunciado los tribunales se repiten en los municipios de Camariñas, Dumbría, Muxía, Corcubión, Ponteceso, Malpica o Fisterra. En este último, además, la Consellería de Medio Ambiente se ha comprometido a buscar una solución para los 400 pisos de Anchoa cuya licencia fue anulada por la Xunta en el 2006. Otros casos conflictivos, como el de la nave de Miramontes, en Coristanco, acaba de ser resuelto por la Xunta pese a la existencia de varias sentencias de derribo previas.
* La Voz de Galicia - 18.11.11
Foto: Carballo (A Coruña), urbanización - lavozdegalicia.es
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Imputan a la alcaldesa de Isla Cristina, a un concejal y a seis técnicos por presunta prevaricación
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la primera edil ha sido llamada a declarar el próximo 16 de diciembre en el citado juzgado.
Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el presidente de la comunidad del edificio ubicado en la calle Ballena número 7 de Urbasur presentó una denuncia contra la alcaldesa, el concejal, los técnicos, un vecino del propio edificio y un ingeniero técnico industrial, estos dos últimos imputados por un presunto delito de falsedad en documento público, cuando este vecino decidió demoler completamente su vivienda hasta dejarla completamente diáfana, para construir sobre la misma un mini apartamento y un local dedicado a bar.
Sin embargo, según reza en la denuncia, "en la fecha de la presente denuncia --en agosto-- no existe licencia urbanística que autorice el cambio de uso de vivienda a vivienda local en el citado inmueble, que continúa jurídica y urbanísticamente siendo una vivienda".
Del mismo modo, el denunciante especifica que el vecino denunciado "solicita una instancia de obra menor, solicitando cambio de tabique, construcción de baño y colocar solería, cuando en realidad suponía ejecutar una de las dos cosas solicitadas en el expediente de cambio de uso, cuya licencia no fue concedida, es decir construir una vivienda de nueva planta de escasos 30 metros cuadrados".
El denunciante asegura que en la licencia que da el Ayuntamiento de obra menor "se infringe el hecho de que es necesaria la preceptiva autorización de la Junta y no la tiene y que en la zona de servidumbre, sólo está permitido usos terciarios y comerciales y no habitacionales", indicando además que "no existe licencia de cambio de uso".
Por tanto, ha insistido en que el supuesto delito de prevaricación radica en que el Ayuntamiento, "a sabiendas de la manifiesta ilegalidad que suponía la misma, informaron favorablemente y concedieron la licencia urbanística solicitada de forma arbitraria".
Según ha adelantado en su edición digital de este jueves el diario 'El Mundo', "la Fiscalía tiene abierta diligencias contra el propietario de la vivienda por un delito contra el medio ambiente por construir en dominio público, y por el momento, ya está imputado en esta causa por falsedad de documento público".
* Europa Press - 18.11.11
Foto: Isla Cristina (Huelva) - García Cordero (El País)
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La jornada de reflexión vuelve a sacar a la calle al 15-M
En los comicios autonómicos y municipales de mayo, la Junta Electoral Central recordó la prohibición de celebrar actos que puedan influir en la intención de voto, aunque finalmente no tomó medidas contra los indignados que salieron a las calles. Esta noche, el 15-M ha intentado repetir aquellas multitudinarias protestas, solidarizándose, de paso, con los seis detenidos de ayer en la marcha contra los recortes educativos que se celebró ayer en Madrid.
Bajo el lema Lo llaman democracia y no lo es, grupos de antifascistas han marchado este viernes por la tarde desde Cibeles hasta el kilómetro cero. A medianoche, unas 500 personas se reunían en la plaza, donde han protagonizado un grito mudo contra el sistema electoral. La plataforma Democracia Real Ya (DRY) había convocado allí una reflexión colectiva y un debate sobre el sistema electoral y la Ley d'Hont. Algunos asistentes han construido un tenderete con cartones pero la policía les ha obligado a desmontarlo inmediatamente, informa F. Javier Barroso.
Las movilizaciones han empezado a las siete de la tarde en Barcelona, donde unos 300 indignados se han manifestado a favor de la vivienda y han okupado un edificio en el barrio de Sants. El alcalde de la ciudad, Xavier Trias, ha advertido de que no permitirá una acampada en la capital catalana, aunque respeta el derecho a manifestarse y a hacer asambleas. Los activistas tienen previsto celebrar mañana una asamblea en la Plaza de Catalunya, informa Rebeca Carranco. En Málaga, la policía ha desalojado a quienes pretendían acampar en la Plaza de la Constitución. En la vigilia también toman parte, entre otras, Santander, Barcelona, Almería, Valladolid, Avilés, Lleida, Guadalajara, Oviedo, Girona, Badajoz y Ciudad Real.
Propuestas para el próximo presidente
El sábado a las 11 de la mañana, los indignados tiene previsto volver a concentrarse en la céntrica plaza madrileña de Sol para celebrar una "jornada popular de reflexión". A las cinco de la tarde escenificarán un discurso colectivo para el próximo presidente del Gobierno: los transeúntes están invitados a lanzar sus propuestas políticas micrófono en mano.
Las movilizaciones ciudadanas tampoco paran el día de votaciones. Los indignados madrileños tienen previsto celebrar debates sobre economía y la tradicional asamblea general de Sol. DRY, además, anima a presentar reclamaciones durante el 20-N.
Quienes se unan a la iniciativa, llamada Doriyakitú, deben dar argumentos al quejarse a las mesas electorales, para lo que DRY da ideas: se puede argumentar que "muchos candidatos han sido suprimidos de la lista a causa de no haber conseguido recoger los avales exigidos por la inconstitucional ley electoral vigente"; que la ley D’Hondt es "un método de reparto de escaños desproporcional" que además no trata "justamente" la abstención; que los partidos que se presentan incumplen "sistemáticamente" sus programas electorales sin sanción alguna...
El manual de uso de Doriyakitú explica: "La mesa electoral está obligada a adjuntar todas las reclamaciones junto al acta de la sesión electoral, haciéndolas llegar a la Junta Electoral Provincial que, a su vez, deberá elevarla a la Junta Electoral Central". Este organismo "deberá entonces dar constancia de haber recibido dicha queja, y publicarla en la página web". Asimismo, señala, "según el artículo 19 de la LOREG, la Junta Electoral Central tiene la competencia de “resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan”.
* El País - RAQUEL SECO - 19 NOV 2011
Foto: Grito mudo en la Puerta del Sol (F. J. BARROSO) - elpais
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#Op20N - Anonymous: operación 20 de noviembre
* YouTube - http://youtu.be/9xqhbx_DYoI
El 15-M invita a los votantes a denunciar a pie de urna el sistema electoral
Para ello, han puesto en marcha una iniciativa a la que han denominado DoRiYakiTU y con la que pretenden informar a los indignados con el sistema electoral sobre su derecho a presentar reclamaciones a pie de urna, por escrito y por la vía administrativa correspondiente.
Para fundamentar su derecho a formular quejas en las mesas electorales, los promotores de esta iniciativa recurren al artículo 99 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que dictamina que "el presidente, los vocales y los interventores de la mesa firmarán el acta de la sesión" y consignarán a la Junta Electoral Provincial "las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus apoderados e interventores y por los electores sobre la votación y el escrutinio".
Kike Castelló, portavoz de DRY, asegura que el objetivo de esta iniciativa es "dejar constancia del desacuerdo con la Ley Electoral o el sistema bipartidista que perjudica a los partidos minoritarios", unas reclamaciones que no se ciñen exactamente a los términos "sobre la votación y el escrutinio" que incluye la LOREG.
Fuentes de la Junta Electoral Central insistieron ayer en que esta es "una situación nueva", por lo que es complicado "aventurar" cómo se desarrollará. En este sentido, vuelven a recordar que la legislación actual garantiza "el derecho de los electores a reclamar sobre aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de votación y escrutinio, pero no sobre otros asuntos". Asimismo, señalan que la LOREG "no dice nada" del proceso por el cual debe hacerse la reclamación. En cualquier caso, DRY difunde a través de internet modelos de formulario de reclamación que aconsejan llevar por duplicado el domingo para que sean compulsados por la mesa.
De forma individual
La pelota podría caer entonces sobre el tejado de los presidentes de las mesas electorales, admiten en la Junta Electoral. "En el caso de que se formara un gran alboroto o de que esta acción pudiera ser considerada como una concentración, el presidente de la mesa podría decidir que eso perturba el desarrollo de la jornada electoral y acudiría entonces a la Junta Electoral", asegura un portavoz de este órgano.
Castelló recuerda que DRY pretende "movilizar a la ciudadanía informando de que existe la opción de reclamar", pero en ningún momento quiere "torpedear" el proceso electoral. Asegura, además, que los ciudadanos que reclamen lo harán de forma "personal" e "individual". En este sentido, DRY recomienda "proporcionar las explicaciones necesarias" a los miembros de la mesa y explica que esta acción "se mantiene al margen del sistema de elección y reparto de escaños".
* Público - ELENA HERRERA - 17/11/2011
Foto: Indignados 15M - publico
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Madrid.- Los promotores cederán un 50% menos de suelo para uso público
Menos obligaciones y más facilidades para los promotores urbanísticos. Esa es la máxima que ha seguido la Comunidad de Madrid, por segundo año consecutivo, para tratar de reactivar el maltrecho negocio del ladrillo.
El año pasado dio el primer paso y renunció a su 'parte del pastel' del suelo que los promotores estaban obligados a entregar a las Administraciones para uso público. Ello suponía ahorrarles la entrega de un 20 por ciento del total de superficie edificada. Ahora, sobre ese 80 por ciento que quedaba, les eximirán de la obligación de ceder otro 50 por ciento. En total, en dos años, se habrá reducido un 60 por ciento ese "impuesto revolucionario" -según lo calificó el año pasado la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Ana Isabel Mariño- que tendrán que pagar a las Administraciones.
La medida se incluye en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año que viene, que este jueves fue remitido al Consejo Económico y Social por el Ejecutivo regional. Según explicó Mariño este jueves, esta superficie no se detraerá del porcentaje de cesiones locales (que suponen el 30 por ciento y que afectan solo a la zona donde se construye), sino a las generales, destinadas a usos que afecten a todo el municipio (por ejemplo, viales). Este porcentaje que deben ceder las promotoras para uso público, que actualmente es del 70 por ciento, se verá reducido al 20.
Los objetivos, continuó, son varios. Por un lado, facilitar más la rentabilidad de las promociones de vivienda; por otro, crear nuevas urbanizaciones más 'esponjosas', es decir, con más separación entre edificios. Ello se debe, según explicaron fuentes de la Consejería, a que la envergadura de las anteriores cesiones obligaba a los constructores a agrupar más los edificios dentro de la superficie edificable y a concentrar en grandes áreas sin solución de continuidad la parte cedida. Ahora, al poder disponer libremente de más superficie, podrá haber más 'aire' entre las edificaciones, añadieron las mismas fuentes.
Las zonas verdes privadas computarán como públicas
Pero esta no es la única modificación relativa al suelo que incluye el anteproyecto. Hay otra que afecta a las zonas verdes. En concreto, según avanzó Mariño, consiste en que el terreno destinado a zonas verdes privadas pueda computar como cesión destinada a zona verde pública. Es decir, que el promotor podrá restar del suelo que está obligado a ceder a la Administración para este fin los metros cuadrados que destinará a parques privados dentro de su proyecto urbanístico.
El argumento, en este caso, consiste en reducir los parques públicos en zonas cuyos habitantes ya dispongan de jardines privados, ya que, presumiblemente, necesitarían hacer un menor uso de estos. La consejera arguyó, además, que esto supondrá un mayor ahorro para los municipios, que se ahorrarían los gastos de mantenimiento de estos parques que ahora se hacen por imperativo legal en zonas que ya disponen de zonas verdes privadas.
La presidenta, Esperanza Aguirre, se mostró convencida de que estas medidas servirán no solo para incentivar la construcción de nuevas viviendas y reactivar la economía, sino que además abaratarán el precio final de la vivienda.
* Madridiario - 17.11.11
Foto: madridiario
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Un plan en Bétera usa una vía pecuaria para tener más edificabilidad
En el texto, el abogado de la denunciante -Raquel Hoyos- arguye que las vías pecuarias no pueden incluirse en un área de reparto, puesto que no tienen aprovechamiento urbanístico lucrativo. En el escrito a la fiscalía se explica que la edificabilidad ganada en el plan gracias al cómputo de esta vía arrojaría un beneficio de casi cinco millones de euros, a los que hay que restar unos 800.000 euros de cuotas de urbanización. Los más de 417.000 metros cuadrados que integran este plan urbanístico, ya ejecutado, se conocen como PAI del sector I-3 de L'Horta Vella del PGOU de Bétera.
"El Ayuntamiento de Bétera ha dado una aplicación privada a un bien público" (como es una vía pecuaria), que pertenece a la Consejería de Hacienda de la Generalitat, concluye la denuncia. Según se desprende de la denuncia, la vía pecuaria no debió contabilizarse nunca, pero si se hizo, al menos, el dinero debe abonarse a la Generalitat, que es la propietaria.
Fuera de plazo
El alcalde de la localidad, Germán Cotanda, del PP, dijo que el plan, que empezó a tramitarse en el año 2000, es "absolutamente legal" y un portavoz del agente urbanizador -Urbanizador Bétera, SA- subrayó que el plan se sustanció cuando la LRAU estaba en vigor y que el planeamiento es correcto. Un informe del Consistorio, que ayer esgrimió Cotanda, asegura que la familia de la afectada debió de recurrir el planeamiento recogido por el PGOU y no el plan parcial, como hizo en su día, además, fuera de plazo. Según el regidor, el plan contó con los informes favorables de la Generalitat.
Al final del escrito a la fiscalía, la denunciante describe toda una serie de entrevistas que ha mantenido con cargos del PP y asesores de cargos públicos de este partido para exponerles la situación. "Pero lo cierto es que al día de hoy no tengo constancia de que se esté tramitando una solución", afirma.
La Fiscalía Anticorrupción deberá de responder ahora si acepta a trámite la denuncia o la archiva.
* El País - C. VÁZQUEZ - Valencia - 17/11/2011
Foto: Bétera (Valencia), vista aérea - levante-emv.com
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'Malaya'.- Roca afirma que los promotores pagaron la campaña de Muñoz
Según Roca, San Román le había pagado 1 millón de euros por un informe de asesoramiento y cerró con él negocios que supusieron el desembolso de cerca de 3 millones más. Sin embargo, los 75.000 euros de diciembre de 2002 no fueron por nada de esto, sino una donación a la campaña electoral del GIL en 2003, con Julián Muñoz de cabeza de cartel. El principal acusado en el caso Malaya reconoció que esos 75.000 euros figuraban anotados en un archivo denominado cña.xls y que ese documento lo abrió siguiendo "instrucciones de Jesús Gil para anotar las aportaciones que realizaban los empresarios a la campaña electoral de 2003".
Este argumento afecta también a los promotores Manuel Lores, Javier Arteche, Eusebio Sierra y Francisco Zambrana, porque la Fiscalía Anticorrupción señala que las iniciales que figuran en el documento cña.xls junto a aportaciones que en total suman 215.000 euros corresponden a estos empresarios. Esta versión tiene algunas complicaciones porque el Ministerio Público mantiene que el dinero de cña.xls fue a parar a las empresas de Roca (Helioponto, Socotora, Perinal, Maras, Vanda y Aragonesas).
También aparecen en este documento las siglas J. M. que, según la versión del Ministerio Público, corresponden a Julián Muñoz. En esa hoja de cálculo figuran dos entregas por valor de 150.000 euros que Juan Antonio Roca realizó a J. M. o, como entiende el fiscal, a Julián Muñoz, en noviembre de 2002. Aunque su relación en el pasado fue tormentosa, Juan Antonio Roca está siendo muy cuidadoso con el exalcalde. Ha confesado que pagó sobornos al equipo de gobierno que presidió Marisol Yagüe, pero ni media palabra sobre Julián Muñoz.
El exalcalde comenzó a distanciarse de Jesús Gil antes de las elecciones de 2003, hasta el punto de que para concurrir en las elecciones tuvieron que negociar una candidatura cremallera con ediles de Gil y suyos. El enfrentamiento llegó a su cénit en el verano de 2003. A finales de julio Muñoz cesó a Roca como gerente de Urbanismo y el día 1 de agosto los herederos del gilismo con ediles del PSOE y del PA presentaron una moción de censura que lo desalojó de la alcaldía. De hecho, Julián Muñoz se ha defendido hasta hace meses de los sobornos alegando su manifiesta enemistad con Roca. Hasta que comenzó el juicio no se sabía que hubieran vuelto a hablarse.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 17.11.11
Foto: Muñoz, Román y Roca en el banquillo 2007 - elpais.com
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Indignados ocupan en Oviedo una vieja Consejería para hacer un centro social
Integrantes del movimiento del 15 M, surgido a raíz de las protestas ciudadanas del pasado mes de mayo ocuparon este edificio hace ocho días, aunque no había trascendido y hasta hoy no habían detallado los motivos por los que decidieron esta acción.
Su presencia en el interior se ha hecho visible al cumplirse ayer los seis meses del inicio de las movilizaciones del 15 M, con la colocación de pancartas y pintadas en algunos rótulos que identifican a la antigua consejería como un "centro colectivo".
"Espacio social. No se puede entrar sin orden judicial", es otra de las pancartas que los indignados asturianos han colgado de la fachada de este edificio situado en la calle General Elorza, que va a ser derribado para la construcción de viviendas de lujo.
En un comunicado, los indignados hablan de "ocupación y liberación" de un edificio que consideran "símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo".
El Principado compró en 2007 por 60 millones de euros parte del complejo levantado en la capital asturiana por Santiago Calatrava para la empresa Jovellanos XXI, para ubicar dependencias administrativas.
La administración asturiana vendió varias parcelas, entre ellas la que albergaba la Consejería de Salud para financiar esa operación.
Según un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas dos años después, el Principado incumplió la Ley de Patrimonio, ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento regional.
Así, el movimiento del 15 M ha denunciado la "complicidad" de las administraciones públicas con los grandes promotores inmobiliarios, a la vez que ha abogado por un urbanismo al servicio de las personas.
* ADN - EFE - 17.11.11
Foto: Dos de los indignados que ‘okuparon’ el edificio salen al balcón - lavozdeasturias
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Alicante.- El TSJ anula los cambios de personal que realizó Castedo en Urbanismo
Sin embargo, el fallo considera que no debe haber retroactividad de las actuaciones lo que, según explican desde CC OO, significa que los puestos se mantendrán tal y como están, pero habrá que convocar el procedimiento de negociación que no se realizó en su día para poder ratificarlos.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se aprobó definitivamente en diciembre de 2008 y, según confirman desde el sindicato, consolidaba los nombramientos por libre designación, entre otros, de Isabel Campos, como jefa del servicio administrativo y de Maria Ángeles de la Sierra como jefa del servicio técnico -pese a que ninguna era funcionaria de carrera- y el de José Luis Ortuño como jefe máximo, aunque con posterioridad se le redujeron las competencias.
Fuentes de CC OO indican que la sentencia -sobre la que cabe recurso ante el Supremo- anula el diseño de la Gerencia de Urbanismo que realizó Castedo por la falta de negociación sindical en el procedimiento, sin entrar a valorar la idoneidad o no de los cambios realizados por la alcaldesa, que entonces también era edil de Urbanismo.
En opinión de la portavoz del grupo municipal socialista, Elena Martín, esta sentencia "demuestra a las claras que con el personal de la Gerencia se intentó hacer un traje a medida para asegurar una pacífica tramitación del Plan General" bajo sospecha judicial. Según recuerda la edil, la remodelación llevada a cabo en Urbanismo coincide con algunas de las fechas más destacadas de la tramitación del PGOU, como la de su primera exposición al público a finales de 2008.
La edil sostiene que Castedo designó a personas de su confianza para "contar con una Gerencia de Urbanismo dócil para el cumplimiento de sus fines" y que lo hizo "sin reparar en los trámites legales establecidos". En cuanto a los funcionarios "no afines que pudieran hacer peligrar, entre otras cosas, la tramitación del PGOU que el PP estaba presuntamente diseñando con empresarios", Martín considera que Castedo llevó a cabo "una caza de brujas".
En opinión de Martín, "queda claro que se hizo un traje a medida para que la Gerencia fuera una máquina al servicio de los interesas de Alperi y Castedo y de otros particulares como demuestra el caso Brugal". La portavoz socialista incide en que el "cotejo de las fechas podrían dar sentido a las prisas en aprobar la documentación necesaria (Reglamentos, Estatutos y Relación de Puestos de Trabajo) para domesticar a la Gerencia en plena tramitación inicial del PGOU".
Unas "prisas" que, como sostienen desde el PSOE, llevaron a Castedo a "saltarse el imprescindible trámite" de someter "a la mesa de negociación la modificación de los puestos de trabajo".
El juez pidió todos los nombramientos
El magistrado que investiga las presuntas irregularidades en la redacción del PGOU de Alicante solicitó al Ayuntamiento, a instancias de Esquerra Unida, información sobre todos los cambios de personal realizados en la Gerencia Municipal de Urbanismo desde el año 2007. Entre la información, que ya ha sido remitida al juzgado, se envió una relación de todos los nombramientos y ceses de jefes y técnicos desde esa fecha. EU planteó que al inicio de la revisión del PGOU se modificaron los estatutos y el reglamento de organización interna de Urbanismo. Unos cambios que coinciden con la elaboración del plan.
* Información - 16.11.11
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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Jaén.- El Ayuntamiento deja en manos privadas el desarrollo urbanístico
El anterior equipo de Gobierno, del PSOE e IU, consiguió cerrar un convenio con la Junta de Andalucía, que fue aprobado por unanimidad en diferentes sesiones plenarias, para crear un área de reserva en el SUNP-2, 3 y 4, en la zona norte de la capital, la de mayor expansión. El acuerdo, que incluía la expropiación de terrenos a más de 180 propietarios, contemplaba la construcción de 5.465 viviendas —más de 3.200 de protección oficial— en 78 hectáreas de superficie en la parte baja de la Estación de Renfe, que colinda con el Distribuidor Norte. Sin embargo, el nuevo equipo de Gobierno, del PP, echará por tierra no solo ese proyecto que en su día apoyó, sino el de Cerro Almagro, otra reserva de suelo en la que se proyectaban más de diez mil viviendas nuevas.
Los concejales debatirán esta misma mañana en la Gerencia de Urbanismo la propuesta del Ayuntamiento. El concejal del área, Francisco Javier Márquez, justifica la decisión en la ausencia de fondos en las administraciones públicas, sobre todo la local, para poder abonar el dinero de las expropiaciones. En este sentido, explica que el procedimiento será cambiar esas áreas de reserva por suelo sectorizado, es decir, serán los propios dueños de los solares, a través de juntas de compensación, los que planeen el futuro urbanístico de la ciudad. En este sentido, se podrán construir viviendas y, además, más del treinta por ciento serán de protección oficial. Sin embargo, se edificará si detrás de cada operación hay una entidad que financie el proyecto.
El concejal socialista Manuel López considera la medida un “paso atrás”. Dice que el equipo de Gobierno vuelve a la “política de la especulación privada, la que nos ha llevado a la ruina que tenemos”, comenta. Además, dice que el Partido Popular pone de manifiesto el escaso interés por los pisos de protección oficial y por garantizar a los jóvenes el derecho a una vivienda digna. “Lo que hacen es mandar la creación de empleo al ámbito de lo privado”, agrega.
Manuel López recuerda que el convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para la delimitación del área de reserva del SUNP-2, 3 y 4 para su incorporación al patrimonio municipal de suelo se firmó en diciembre de 2007 y el proyecto se ratificó en el pleno de abril de 2008. Es más, en octubre de ese mismo año también la Corporación Municipal al completo dio el visto bueno al convenio de expropiación de los terrenos. Es cierto que existe una sentencia que deja sin efecto el acuerdo plenario en el que se aprobó definitivamente el proyecto por dos motivos: porque el procedimiento no se ajusta a lo que marca la Ley del Suelo de Andalucía y por falta de justificación de los usos.
No es una sentencia firme, ya que los particulares recurrieron el convenio porque no estaban de acuerdo con las expropiaciones. Sin embargo, el PP no se escuda en esa decisión judicial, sino en la falta de liquidez para abordar el proyecto y en el modelo en sí.
* Diario Jaén - Manuela Rosa Jaenes - 16.11.11
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com
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Los notarios piden un 'pacto marciano' para evitar abusos en ejecuciones hipotecarias
A menos de una semana para las elecciones generales del 20N, siguen surgiendo propuestas de cara a una triste realidad que podría llegar a cobrarse hasta 700.000 ejecuciones hipotecarias. Los últimos en pronunciarse han sido los notarios. Con anterioridad y durante meses, organizaciones de consumidores y usuarios, plataformas de afectados por las hipotecas vienen pidiendo la dación en pago. Esto es, que la entrega de llaves de la vivienda salde la deuda con el banco.
Las propuestas de los políticos van en otra dirección. El candidato del PSOE a las elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto la dación en pago, pero no con efectos retroactivos, mientras que otros partidos políticos como CiU es más partidario de la ejecución en pago. Esto es, cuando el ciudadano ya se encuentra ante los tribunales a la espera de que subasten su vivienda, el partido catalán pretende que se pueda devolver la vivienda en pago de la deuda cuando se produzca una"insolvencia sobrevenida" con el juez como garantía o que los contratos con cláusulas abusivas pueda conllevar la suspensión de la ejecución hipotecaria.
Ahora, los notarios van un paso más allá con la propuesta de una alternativa a la dación en pago, expuesta recientemente por el notario de Madrid, Javier Gardeazábal. Se trata de la conocida como 'pacto marciano', "proveniente del Derecho Romano, y que ofrece la posibilidad de que, mediante una tasación independiente, se pueda quedar el acreedor con la finca sin procedimiento judicial, a cambio de que el deudor quede liberado, sin necesidad de adjudicación en pago".
Gardeazábal explicaba recientemente que una vez haya sido determinado el valor justo de la cosa, "el deudor tendrá derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor". Ha añadido que para "dar eficacia a estos pactos puede ser conveniente la atribución de un poder irrevocable a un tercero que ejecute la venta y realice las operaciones de liquidación y pago de la deuda".
Así, el notario apuntaba que "incluso sería posible asignar al tercero el papel de arbitrador a fin de integrar la relación jurídica en las cuestiones que pudieran quedar pendientes". Así mismo, ha recordado que la "validez de estos pactos ha sido reconocida por la Jurisprudencia y por la doctrina mayoritariamente".
"Situaciones abusivas para el deudor"
En un momento en el que la imagen de los notarios ha quedado 'tocada' tras la investigación abierta por la Fiscalía para determinar si notarios y registradores cobraron de más en la cancelación de hipotecas, los primeros han querido dejar clara cuál es su postura respecto a un drama que cada día afecta a más ciudadanos. "En el actual sistema de ejecuciones hipotecarias, hay determinadas disfunciones o situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor" y ha considerado que es "preciso corregirlas en aras de una mayor equidad", aseguraba este martes el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, en la cuarta sesión del XI Congreso Notarial Español, que se celebra en Benidorm (Alicante).
Ollé ha apuntado que el actual sistema tiene "disfunciones, situaciones perjudiciales y abusivas", aunque también ha resaltado que la "figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de la vivienda", según ha indicado el consejo en un comunicado.
Por ello, ha explicado que los notarios son "más partidarios de soluciones novativas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias". Entre ellas ha citado la "limitación de los intereses de demora, claramente excesivos en estos momentos; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es claramente mejorable en muchos aspectos; la potenciación del procedimiento de ejecución extrajudicial, que es más rápido, sencillo y económico".
También ha apostado por la posibilidad de una "regulación el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una Ley de segunda oportunidad, a la manera otros países de nuestro entorno, como Bélgica, Alemania o Francia". También el PP, en relación con las ejecuciones hipotecarias, también contempla en su programa electoral una reforma de la ley concursal "para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable".
En relación a estos pactos también se pronunció el coordinador de la sesión, José Ángel Martínez, quien se ha referido a "la reciente Orden de Transparencia de 28 de octubre de este año, que suscitará la posibilidad de introducir este pacto, que sería una manera de conseguir lo mismo que con la adjudicación en pago, a menor coste, de forma sencilla, y en todo caso más justa si el piso posee mayor valor que la deuda".
Flexibilidad
Por su parte, el notario de Madrid, Juan Álvarez-Sala, ha considerado en su ponencia que "ahora que han llegado las vacas flacas, lo que importa son los matices de técnica procesal que aseguren la justicia de la ejecución hipotecaria, desde el punto de vista, por parte del ejecutado, del derecho a un proceso ejecutivo con todas las garantías, pero también por parte del ejecutante, procurándole un proceso sin dilaciones indebidas como modo de una tutela judicial efectiva".
"La búsqueda de este equilibrio en la ejecución, en beneficio del deudor, debiera llevar así, probablemente, a una interpretación más flexible de las causas de oposición al procedimiento hipotecario, ampliándolas, por lo menos, a cualquier pago acreditado de la deuda", ha sostenido.
* El Confidencial - 15.11.11
Foto: Hipotecas, gafas y bolígrafo - Istockphoto
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Boquetes Gallardón y la inevitable quiebra de Madrid
S.McCOY* : Será mera coincidencia pero el hecho de que el renacer para la política nacional de Alberto Ruíz Gallardón coincida con la mayor quiebra municipal de Estados Unidos da como mal rollo, la verdad. No puede ser peor el augurio. En efecto, al mismo tiempo que defendía con la oratoria fácil que le caracteriza las posturas del Partido Popular en el debate a cinco montado con motivo del 20-N, el Condado de Jefferson en Alabama se declaraba en bancarrota gracias a una deuda de 3.136 millones de dólares. Paradojas del destino: la financiación de una nueva red de alcantarillado ha terminado por llevarse por el sumidero las arcas locales del ente estadounidense.
Entre las razones para su declaración voluntaria de bancarrota, la caída de los ingresos discrecionales, aquellos que en el caso español podían estar ligados al ladrillo, y la inelasticidad recaudatoria al aumento ad infinitum de las tasas y tributos locales. No sé si les suena. En un comunicado que recuerda bastante a un parte final de guerra, los actores de la decisión concluían: “tras tres años en busca de la estabilidad financiera, no queda otra alternativa. Cualquier retraso adicional hubiera comprometido seriamente el futuro de nuestra comunidad”.
¿Será ese el final que le espera a la capital de España? Las cifras son objetivamente abrumadoras.
De acuerdo con el Banco de España, el ayuntamiento de la capital adeudaba a finales del segundo trimestre, y sin los maquillajes tan habituales al cierre del ejercicio, la módica cantidad de 6.819 millones de euros, exactamente el triple en billetes verdes del importe que ha llevado a la bancarrota a Jefferson County. El 46% del total de las capitales de provincia y cerca de la cuarta parte de lo debido por el conjunto de los consistorios nacionales. A años luz de Barcelona (1.091), Valencia (867), Zaragoza (778), Málaga (735) o Sevilla (482). Y sin cambio de gobierno que aflore facturas... (Boletín estadístico del BdE, Cuadro 14.8)
De la abundante información suministrada por la Consejería de Hacienda madrileña, se desprende que 4.700 millones corresponden a financiación suministrada al Ayuntamiento y que el resto se obtuvo para el proyecto de la Calle 30. Centrándonos en la primera, dos tercios son préstamos y el restante emisiones. El 26,5% de los créditos está en manos extranjeras, menos comprensivos con la realidad del país. Su vencimiento medio es de 6’24 años. 468 millones eran catalogados como de corto plazo, menos de 18 meses, en junio de 2011. Entre 2012 y 2015 vencen 2.292 millones, cerca del 55% del total restante, a razón de 573 de media anual. Si el mercado permaneciera cerrado, su amortización –intereses aparte- supondría un 15% de los ingresos ordinarios del municipio, 3.980 millones. Casi nada.
Con un problema adicional: el agujero no para de crecer. La liquidación final del presupuesto 2010 muestra unos ingresos totales de 4.700 millones para unos gastos de 5.132. Y la ejecución de este año no augura nada mejor cuando uno compara flujos de entrada y desembolsos. A ello hay que añadir las servidumbres derivadas del soterramiento de la circunvalación madrileña que incluye compromisos financieros hasta 30 años, ligados al contrato de mantenimiento de la vía, a un increíble margen, a día de hoy, de poco más de 40 puntos básicos en su tramo más caro (quitando la deuda subordinada), coste financiero más llevadero.
Los números cantan y las cuentas no cuadran. Especialmente si la situación económica de España mantiene la atonía de los últimos años. Gallardón deja la Botella medio vacía, sin recursos de los que tirar. No hay que olvidar que buena parte de las inversiones que condujeron a tan ingente nivel de endeudamiento en Madrid son “suntuarias”, generan retorno indirecto pero gasto corriente, derivado de su mantenimiento y conservación. Es la cara visión de un iluminado que, sin duda, pasará a la historia junto con otros regidores que han cambiado la morfología de la ciudad. Mal necesario probablemente al que esperemos se le recuerde por la gloria y no por la ruina. Sea como fuere, esperemos que Mariano aprenda la lección: a éste, carteras ministeriales las que quiera, pero sin un talonario dentro. No vaya a ser que se enteren en Bruselas...
* Cotizalia - Opinión - 15.11.11
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