ELPAÍS/Madrid* : Dos recientes sentencias de dos salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han puesto en evidencia el desarrollismo del urbanismo desplegado por la mayoría de los municipios de la región, independientemente del color político de su Gobierno municipal; y de la Comunidad madrileña, gobernada sucesivamente por Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, ambos del PP. Casi todos los alcaldes utilizan el urbanismo para cuadrar sus presupuestos. Para ello se generalizaron las enajenaciones de terreno y los convenios urbanísticos, mediante los cuales los promotores adelantaban fuertes cantidades de dinero, que se utilizaba incluso para afrontar los gastos corrientes.
La primera decisión judicial del TSJM que pone en entredicho el desarrollismo de los últimos años anula un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Quijorna (municipio de 2.800 habitantes al oeste de Madrid) y varios promotores, al aumentar de forma "ilegal" los porcentajes de terrenos que debían cederse al Ayuntamiento, que está previsto por la ley, y no se pueden cambiar. El Ayuntamiento recibió parcelas de más de los empresarios, y a cambio les aumentaba la edificabilidad, algo muy habitual y que han hecho la mayor parte de los Consistorios españoles.
La segunda sentencia del TSJM declara ilegal el presupuesto municipal de Las Rozas (población de 88.000 habitantes al noroeste) de 2009 al utilizar el Consistorio el dinero de las enajenaciones de parcelas municipales para cuadrar las cuentas, dedicándolo al gasto corriente, algo que no permite la legislación regional de forma expresa, pero que también fue un acto que se generalizó a lo largo de los últimos años.
Desde la aprobación en 1998 de una Ley del Suelo mediante la cual se trataba de liberalizar lo máximo posible el suelo con la intención de abaratar su precio, las diferentes Administraciones públicas locales y regionales han tratado de sacar provecho de este maná, que servía para completar los siempre exiguos presupuestos municipales.
Y la Comunidad de Madrid y sus 179 Ayuntamientos no iban a ser menos. Por eso los alcaldes se lanzaron a una competición de venta de suelo mediante simples enajenaciones, o llegando a acuerdos con promotoras privadas mediante los convenios urbanísticos. Estos últimos prohibidos desde 2007 con la Ley del Suelo madrileña. Muchos Consistorios completaron sus presupuestos con los millones procedentes del urbanismo: "Y no cabe duda de que eso fue la puerta de la corrupción urbanística", explica el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en análisis sobre corrupción Manuel Villoria.La doctrina reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece poner en jaque el urbanismo madrileño, que se desarrolló bajo el amparo de la Ley del Suelo de 1998. La primera de ellas es la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM relativa a uno de los convenios urbanísticos aprobados en Quijorna, municipio de unos 2.800 habitantes gobernado por el PP. Esta sentencia anula un convenio urbanístico establecido entre el Ayuntamiento de esa localidad y varios promotores urbanísticos mediante el cual los empresarios elevaban sus cesiones de terreno al Consistorio del 10% al 22%. A cambio, el Consistorio se comprometía a arrancar un acuerdo con la Comunidad para bajar el porcentaje de viviendas públicas (del 50% al 10%) y aumentar la edificabilidad, que pasó de 18 viviendas por hectárea a 25 viviendas.
"Esa actividad, para el letrado del Ayuntamiento es lícita, aunque casi sin darse cuenta está deslizándose en un enunciado muy próximo al descrito en el artículo 428 del Código Penal", referente a la falsificación de documentos, explica la sentencia del tribunal madrileño. "El problema surge después de que un recurso como el de los convenios urbanísticos, que debería ser la excepción, llega a generalizarse", explica Fermín Rodríguez, el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (Cecodet) que desarrolla un máster en gestión urbanística y ordenación territorial. "Hay que saber compaginar el urbanismo como motor de desarrollo y como función pública, en la que no solo los promotores y las Administraciones tienen voz, sino también el resto de personas que viven en las ciudades y pagan las consecuencias de estos convenios", explica el catedrático asturiano.
Pero en la sentencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM hace gala de su oposición al convenio en la sentencia al asegurar de inicio que el Ayuntamiento de Quijorna "no debió firmar" un convenio en el que sus obligaciones consistían en actuar como "negociador" ante la Administración autónoma, que la encargada de aprobar definitivamente el plan parcial. Pero tampoco, según el tribunal, debió seguir la tramitación de un convenio de planeamiento desde que fueron prohibidos en la Comunidad de Madrid: "Lo que aquí interesa es que las cesiones de aprovechamientos al Ayuntamiento que resultan del plan parcial impugnado, al margen del sistema legal, no se ajustan a derecho, y por tanto se anulan, debiendo suprimirse tanto de la memoria como de los documentos normativos del plan".
Esta decisión judicial tiene como consecuencia primera que el Ayuntamiento de Quijorna deberá devolver a los promotores con los que firmó el convenio el 12% de los terrenos que recibió de más. Y eso en un momento de fuerte restricción presupuestaria. Algo que, según la oposición, aboca de forma ineludible a la bancarrota del Consistorio de Quijorna.
Pero la sentencia del TSJM no se acaba ahí, llegando a mostrarse muy dura con la firma del convenio urbanístico, cuyo primer borrador se redactó en 2003: "La lectura del convenio urbanístico y las explicaciones ofrecidas en la contestación a la demanda en torno a la causa puede presentar un ejemplo de tráfico de las potestades públicas, de más que dudosa legalidad, con el designio principal de favorecer intereses particulares".
Según los magistrados, el acuerdo logra, "a través de la realización de gestiones ante la Administración autonómica" la aprobación definitiva de un plan parcial con menor número de viviendas protegidas de las contempladas en el aprobado inicialmente. Incrementando el número de viviendas por hectáreas prevista en el documento inicial, "para beneficio de los promotores".
Esta sentencia, que será revisada en el Tribunal Supremo, pone en jaque al urbanismo desarrollado en toda España y especialmente en los municipios de la Comunidad de Madrid. De hecho, se convierte en un golpe duro para el Gobierno de Aguirre, que fue el que aprobó el plan parcial de Quijorna en 2009. "Consideramos ilegal que los instrumentos de planeamiento puedan establecer previsiones de cesiones de aprovechamientos lucrativos al margen de las legales", añade el fallo. La versión de la Comunidad de Madrid se contiene en la sentencia: "La letrada de la Comunidad no encuentra impedimento a que el planeamiento establezca cesiones por encima de las establecidas legalmente", pues las considera mínimas.
La segunda de las decisiones judiciales que ponen en entredicho el urbanismo desarrollista de los últimos años procede de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, que anuló el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas de 2009. Uno de los motivos que han llevado a esta anulación es por no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al utilizar el dinero obtenido con la venta de suelo público para financiar gastos que no contempla esta normativa.
Según el TSJM, los presupuestos se anulan al haberse utilizado el dinero procedente de la enajenación de terrenos municipales para gasto corriente, algo que no es acorde con la legalidad, ya que según la normativa vigente este dinero debería haberse dedicado a la mejora de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos especificadas en el artículo 36 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se ajustan a los fines prevenidos en la ley.
* El País - TONO CALLEJA - Madrid - 07/11/2011
Foto: Vista aérea del municipio de Las Rozas.- MANUEL ESCALERA - elpais
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20MINUTOS/Marbella* : El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha admitido que cobró de tres empresarios por asesorarles sobre convenios urbanísticos y también ha reconocido el pago de "gratificaciones" a los grupos municipales que formaban el equipo de gobierno para que permanecieran "unidos hasta el final de la legislatura".
La vista oral del caso 'Malaya' se ha retomado este lunes con la última parte del juicio, en la que se analizarán estos presuntos pagos por parte de empresarios a Roca y los supuestos cobros de éste y exconcejales marbellíes, recogidos, según la Fiscalía Anticorrupción, en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores. El principal acusado ha sido el primero en declarar y seguirá este martes.
En concreto, Roca ha indicado que cobró por el asesoramiento al empresario Fidel San Román, a la entidad Aifos, concretamente a través de conversaciones sólo con su entonces director comercial, Francisco García Lebrón, también acusado, y al que era responsable de Construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez Bugallo, que falleció.
Ha explicado que eran convenios "concretos" y que se debió a que con ellos tenía "otro tipo de relación", precisando el asesoramiento dado en cada caso y la cantidad cobrada. Así, ha dicho que fue un millón de San Román, 740.000 euros de Construcciones Salamanca y 1,8 millones de Aifos, empresa sobre la que ha dicho que sólo vio una vez al dueño, el acusado Jesús Ruiz Casado, y que no conocía al otro procesado.
Ha negado que sus sugerencias garantizaran la concesión de licencias o el éxito empresarial. De hecho, en el caso de San Román, ha apuntado que "fue nefasto el asesoramiento que le di porque ha pagado cuatro millones al Ayuntamiento y un millón a mí y no tiene nada, sólo un papel precioso".
Asimismo, Roca ha admitido que dio "gratificaciones" a "los grupos políticos", con las que "pretendía que no hubiera transfuguismo ni que abandonaran la disciplina". Roca ha señalado que se daba una cantidad "más importante" a los tenientes de alcalde y los portavoces que a los ediles y ha precisado que el dinero se entregaba a los responsables de las formaciones en sobres con las iniciales.
En este sentido, ha explicado que, tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la Alcaldía y configurarse el gobierno local, formado por concejales del GIL, PSOE y PA, el exregidor Jesús Gil "dijo a la alcaldesa Marisol Yagüe que el tripartito era insostenible", por lo que éste "me encarga que hable con ellos para que intenten aguantar hasta final de legislatura".
Ha precisado que se reunió con los portavoces de los partidos, Yagüe, Isabel García Marcos —ambas acusadas— y Carlos Fernández —huido—, quien "ya iba un poco por libre y vino a decir que estaba buscando un mejor postor para ubicarse en un futuro partido para las próximas elecciones", ha dicho.
Ante esto, ha explicado que habló con Gil y se decidió llegar a un acuerdo económico "para sostener el GIL hasta las siguientes elecciones". Ese acuerdo "no se plasma en ningún documento y ni siquiera se fija cantidad", ha apuntado, pero "yo me comprometo a que cuando tengo liquidez voy dando dinero y gratificando", ha añadido.
Ha dicho que él asume esos pagos porque "en ese momento me convierto, muy a mi pesar, en representante del partido, soy la persona de Jesús Gil, que era el que había propiciado la moción de censura". Así, ha explicado que "con esos acuerdos de los empresarios yo saco para gratificar a los grupos políticos y para sacar, incluso, una compensación para mí".
Archivos maras
Preguntado sobre los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, una de las principales pruebas para el fiscal, Roca ha reconocido el reflejo de cobros y pagos, aunque ha asegurado que no es una contabilidad, sino "una mezcolanza de saldos con ingresos en A, en B, con salidas en A y en B" y que arrojan "unas previsiones". "No necesariamente es un arqueo cuadrado de una tesorería", ha indicado.
Sobre las referencias en dichos archivos a otros empresarios acusados, que figurarían con iniciales, el principal procesado ha dicho que "se refieren a negocios que he tenido con estos señores que también construyen" y ha indicado que se irán analizando "y podré decir por qué he obtenido esos ingresos de esos empresarios y cuál es la razón de mi relación comercial" con ellos.
En el caso de las iniciales que se vinculan a exediles, sí se ha referido a algunos nombres, como Yagüe, a la que le constaría un apunte de 84.000 euros, o Isabel García Marcos, con 42.000 euros, explicando, además, pagos "distintos", como el del exconcejal Rafael González, con quien se comprometió a darle la cantidad de su sueldo embargada; un "préstamo" dado a la exregidora para una operación que luego "de su gratificación se lo desconté", o para el piso de un hijo de ésta en Madrid.
Roca ha negado que tuviera en nómina a los exediles para sus intereses y que la intención de las gratificaciones fuera tener el sentido del voto en las comisiones de gobierno, emplazando al fiscal a que le diga "en qué caso concreto se votó a favor de una resolución que me beneficie y que sea contraria al resto de cosas". Ha rechazado que los pagos fueran para acuerdos concretos o una relación con el urbanismo, alegando que "desde 2003, no se adopta ninguna resolución contraria a legalidad".
Fuentes judiciales han indicado, tras la declaración de Roca, que se trata de un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que está acusado y por los que se le solicita una pena de 30 años de cárcel, algo que inicialmente no forma parte de acuerdo de conformidad alguno y que respondería, en todo caso, a una intención de "diluir" el delito inicial, hacia uno de cohecho impropio. URBANISMO
El principal acusado ha vuelto a asegurar en su declaración que Gil "prácticamente decidía todo", sobre todo en lo referente "a temas económicos, temas urbanísticos y de obras". Además, ha apuntado que "la comisión de gobierno lo único que hacía era santificar lo que decidía Jesús Gil", añadiendo que "los órganos colectivos en el Ayuntamiento de Marbella en la época de Jesús Gil no existían".
Luego, ya con Julián Muñoz como alcalde, ha señalado que fue despedido "porque se había enterado de que al día siguiente se iba a presentar una moción de censura y me argumentó que sabía que yo estaba detrás". "Ya no contaba con su confianza y me despidió", ha dicho, explicando que, al ser elegida Yagüe, le pidió que le asesorara para "normalizar" el urbanismo, pero nunca tuvo contrato como tal.
Ha negado que los convenios incluyeran el otorgamiento directo de la licencia pero sí ha señalado que "el promotor no es sordo ni ajeno a la realidad de Marbella" y sabía que "la política del Ayuntamiento era de darla", en el momento en el que firmara el convenio. Sobre los entonces concejales, ha señalado que "pocos de los tenientes de alcalde que formaban parte de la comisión tenían conocimientos suficientes para poder valorar en sí ni siquiera qué era un convenio".
La sesión ha comenzado haciéndose público otro acuerdo de conformidad —el cuarto— entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de un acusado, en concreto Eusebio Sierra, en el que se reconoce un pago de 60.000 euros, requerido por Roca, con el que se pretendía agilizar el reconocimiento de una deuda. Se fija una pena de seis meses de cárcel y multa de 48.600 euros.
En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia a que un apunte de los archivos Maras "se corresponde con la entrega efectuada por Eusebio Sierra Sánchez, empleado de la entidad Proincosta, atendiendo al requerimiento efectuado a la sociedad por Juan Antonio Roca Nicolás" y se explican las actuaciones realizadas por la empresa y las aprobaciones del Ayuntamiento.
* 20 Minutos - EP. - 7.11.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya (archivo) - malagahoy
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PÚBLICO* : Cerca de doscientas personas se han reunido a las puertas del Palacio de Congresos para protestar contra un debate —entre Rajoy y Rubalcaba— que consideran "bipartidista" y que "no les representa".
Un nutrido dispositivo policial ha conformado un perímetro de seguridad alrededor del recinto, por lo que los manifestantes no han podido acercarse a los accesos. Durante el acto se han coreado consignas como "yo también quiero debatir", "PSOE, PP, la misma mierda es" o la tradicional "lo llaman democracia y no lo es", y se han podido ver pancartas como "Game Over" o "Ni izquierdas, ni derechas, ciudadanos contra políticos y banqueros".
Uno de los participantes, que se ha identificado como Pablo, ha manifestado que "la democracia no son solo dos partidos", y ha resaltado que "el futuro de una nación no se puede limitar a dos ideas". Junto a él, Miguel Dieguez, estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, ha opinado que "parece que solo existe un partido, porque tanto el PP como el PSOE defienden las mismas ideas".
Convocados por Anonymous
La vertiente española del grupo internacional Anonymous ha convocado esta protesta para denunciar lo que, aseguran, será "una pantomima" tras la que se esconde "una agresiva propaganda electoral".
"Hoy tendrá lugar en la Academia de Televisión una muestra pública y descarada de la falta de neutralidad a la que estamos sometidos en nuestro país", reza el texto de la convocatoria difundida por el grupo de ciberactivistas y a la que ya se han sumado la vertiente madrileña del movimiento ciudadano 15-M y Democracia Real Ya, así como la Plataforma de Profesores Interinos de Madrid y la de Afectados por la Hipoteca.
De esta forma, los 'indignados' con el debate se han concentrado frente al Palacio para "hacer un llamamiento ciudadano" y tratar de "detener" lo que consideran "una farsa". "Te invitamos a recuperar lo que es nuestro y que por falta de cuidado hemos dejado que otros se hagan cargo", manifiestan.
Un amplio dispositivo policial formado por al menos una docena de furgones policiales ha protegido en todo momento la entrada principal y los alrededores del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
#OCUPAELDEBATE en Twitter
Además, los indignados han animado a los internautas a retransmitir y dar cobertura a la concentración a través de la red social Twitter mediante las etiquetas #OpAcademia, #ocupaeldebate y #7n, tal y como ya ocurrió en la conocida como 'Operación Goya', convocada también por Anonymous, que tuvo lugar hace ocho meses durante la ceremonia de entrega de premios del cine español y de la que surgió, tal y como recuerdan, el lema #nolesvotes y el "germen" del movimiento 15-M.
Por su parte, la Plataforma de Profesores Interinos de Madrid ha propuesto a los asistentes acudir a la concentración ataviados con las camisetas verdes que se han convertido en símbolo de este movimiento, conocido como la 'Marea Verde'. "Paremos el mercantilismo social, político, cultural e intelectual", dice el texto difundido por la plataforma a través de Facebook.
* Público - 7.11.11
Foto: 'Hashtag' del colectivo virtual Anonymous
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ELPAÍS* : La crisis no solo está provocando que sus víctimas no puedan pagar la hipoteca: la morosidad ha alcanzado al alquiler. A falta de cifras oficiales, que no existen, las entidades que lidian a diario con familias en apuros han encendido la luz de alarma. Cáritas ha visto cómo su presupuesto en ayudas al pago de vivienda se ha disparado de 4,5 millones el año pasado a 5,2 millones para este. Es una previsión que duplica la cantidad que destinaba hace cuatro años (2,5 millones) y que representa más de la mitad de las ayudas que dedica Cáritas a sus usuarios. Y no solo son ayudas al alquiler, sino también al realquiler, a pagar habitaciones en las que viven familias enteras, destaca la responsable del servicio de mediación de la organización, Carme Trilla. También las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y pese a no dedicarse hasta ahora al tema, han detectado el fenómeno y aumenta el número de personas que acuden a las asambleas buscando ayuda porque no pueden pagar, asegura su portavoz, Ada Colau.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, Joan Ollé, lo corrobora: la morosidad ha aumentado. Oller no facilita cifras porque, dice, el del alquiler es un mercado atomizado de pequeños propietarios. La morosidad ha alcanzado incluso al parque público de pisos de alquiler, en el que las mensualidades están muy por debajo del precio de mercado. En lo que va de año está en el 4,72%, indica el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala. "De enero a agosto hemos destinado 2,5 millones de euros a ayudas de emergencia para evitar desahucios", alerta.
El aumento de la morosidad coincide con la entrada en vigor de la conocida popularmente como ley del desahucio exprés, por la que los propietarios pueden denunciar desde el primer mes de impago y en la que ya no se celebra juicio previo al desahucio. La nueva normativa tiene el paraguas de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Desde el lunes pasado, día en que entró en vigor, cuando el propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se marche o presente alegaciones. Si transcurrido este periodo el inquilino no ha actuado, el secretario puede fijar fecha de desahucio, previa solicitud del propietario, sin necesidad de que se celebre un juicio. Esta modificación completa la aprobada en 2009, que redujo de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el requerimiento de un impago por parte del propietario y la presentación de una denuncia contra el inquilino.
El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha alertado esta semana de que en el momento de crisis actual y con las elevadas cifras de paro "esta es una medida injustificable". El abogado del observatorio, Jaume Asens, ve la nueva ley como "una nueva vuelta de tuerca en las políticas neoliberales". "Para agilizar el mercado de la vivienda, se dan facilidades al propietario, cuando habría que proteger al inquilino", considera. Además, cuestiona que con la nueva ley hay menos control judicial de los casos, porque se da protagonismo a los secretarios, de menor rango.
Desde la Generalitat, el secretario de Vivienda se muestra "tremendamente escéptico" sobre la eficacia de la nueva ley y la capacidad de los juzgados para hacerla cumplir, "por la situación de colapso que viven". Pese a entender, asegura, el riesgo que la nueva ley conlleva para las familias que están en una situación crítica, Sala defiende el desahucio exprés con el argumento de que "para tener un buen parque de alquiler es tan importante que las familias tengan una buena situación económica como que haya garantías para los propietarios".
JOSÉ ANTONIO VARGAS "Elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a tu hijo"
Parado desde diciembre y con solo 575 euros de renta mínima de inserción, José Antonio Vargas y su mujer no pueden pagar el alquiler: "Tienes que elegir entre pagar la renta o dar de comer a tu hijo [de dos años]". El propietario del piso en el que viven en El Vendrell les denunció y el desahucio está previsto para el próximo día 18. Sus únicas esperanzas pasan por encontrar trabajo -"como si me toca recoger colillas"- o bien que le adjudiquen uno de los alquileres sociales de 200 euros del plan de choque de la Generalitat.
* El País - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 07/11/2011
Foto: Se alquila (archivo) - A. Ruesga (El País)
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INFOALCORES/Sevilla* : Los tribunales han dado la razón a la sociedad ecologista Al-Wadiira –Ecologistas en Acción- y han anulado la actuación urbanística irregular llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira en la zona de Gandul. De hecho, la sentencia indica expresamente que por el momento no pueden acometerse actuaciones urbanísticas en la zona del yacimiento arqueológico de Gandul. Los argumentos presentados por el Ayuntamiento han sido íntegramente desestimados.
El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº14 de Sevilla ha dictado la sentencia de fecha 26-10-2011 por la que expresamente se anula la Resolución de 30 de Junio de 2009 del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y reconoce que la interpretación correcta de la norma es la planteada por Al-Wadiira.
De esta manera ha quedado íntegramente estimado el recurso interpuesto por la asociación ecologista Al-Wadiira y se ampara la interpretación realizada por esta asociación en defensa de la legalidad urbanística. Concretamente la sentencia dice: “la actuación del Ayuntamiento pone en riesgo la protección de la zona y contraviene lo previsto en el artículo 446.3 del PGOU”.
El letrado de la sociedad ecologista Al-Wadiira, Luis Ocaña, ha anunciado que solicitará de inmediato la ejecución de la sentencia y la reposición de la zona a su estado anterior.
* InfoAlcores - 5.11.11
Foto: Alcalá de Guadaira (Sevilla), zona Gandul - infoalcores
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ELPAÍS/Reportaje* : Fueron los grandes promotores del 'boom' del ladrillo. Otrora admirados y opulentos, cubrieron España de cemento y deudas. Ahora, con el país hundido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han desaparecido del mapa. Este es el relato de sus vidas actuales.
Algunos miembros del selecto club que formaban los nuevos príncipes de las finanzas, hombres sin pedigrí en el parqué que se habían vuelto muy avariciosos gracias a las enormes plusvalías obtenidas con el boom inmobiliario, pensaron aquel martes negro que solo se trataba de un susto, que el intrépido Enrique Bañuelos había llegado demasiado lejos y el mercado le estaba dando un toque de atención. Aquel 24 de abril de 2007, Astroc, la compañía de Bañuelos, se desploma en bolsa y ejerce un efecto contagio sobre las cotizaciones de las principales inmobiliarias. Pero el suceso no parecía ir más allá. Aquel día nadie hablaba todavía de crisis inmobiliaria, sino de ralentización. Es decir, seguía siendo un buen momento para seguir de compras. Para seguir gastando miles de millones de euros. "Había que bailar mientras sonara la música", explica un testigo de aquellos días.
Cuatro años y 200 días después de aquel martes negro, a los protagonistas de los años dorados del mercado inmobiliario se los ha tragado la tierra. No hay música sino silencio a su alrededor. Se esconden detrás de abogados o agencias de comunicación, expertas en el arte de no decir la verdad con buenas palabras, sin que se note demasiado. No aceptan entrevistas. No acuden a ningún acto social. No aparecen en reuniones sectoriales, ni están en condiciones de dar conferencias en escuelas de negocio. Algunos se debaten en la dura lucha por salvar su patrimonio personal y han vendido sus yates o sus jets, los dos signos externos que caracterizaron una forma de hacer negocio en España a base de suelo, cemento y unas grandes dosis de ambición. "¿Cómo le digo ahora a mi mujer que ya no podrá usar el avión para ir de compras a Milán?", le confesó uno de ellos a su abogado antes de tomar tan fatal decisión.
Aquel martes negro de abril de 2007, la cotización de Astroc cayó un 37,23% y provocó una reacción en cadena que no tardaría mucho en dejar secuelas. En diez días, el valor estrella de la bolsa española, cuya cotización había llegado a multiplicarse por 1.000, se desplomó un 63%. Así que fue algo más que un susto. Algunos bautizaron ese hecho como castatroc haciendo un juego de palabras: las acciones de Astroc habían pasado de valer 6 a valer 70, para luego hundirse a precios inferiores a los dos euros. La ruina. Ante las primeras señales de alarma que cundieron aquella jornada, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se limitó a explicar que se trataba de simples correcciones del mercado y que la desaceleración del sector inmobiliario sería "suave y gradual". La calidad de los pronósticos de Ordóñez no ha cambiado en todo este tiempo. Lo que hubo no fue una desaceleración. Fue un derrumbe.
Astroc no era la mayor empresa inmobiliaria, pero se había convertido en un símbolo. Nació y creció en los años de expansión. Era hija de la pujanza del sector. Era una empresa de aspecto moderno en manos de un empresario joven y dinámico, desconocido por las grandes familias, capaz de llevar la palabra del sector a la quinta avenida. Bañuelos tenía algo que a sus competidores les faltaba, un aire nuevo, un don de gentes inigualable y un buen dominio de la imagen: organizó una paella para 25.000 comensales en Central Park para darse a conocer en Nueva York. Sabía comportarse en cualquier ambiente, podía hablar durante horas (aunque fuera de sí mismo), mostraba un espíritu arrollador para los negocios y una confianza ciega en sus posibilidades: "A mí me dejan desnudo en Central Park y en 24 horas estoy paseándome por la Quinta Avenida en una limusina", llegó a decir. Esa frase todavía la recuerdan hoy los ejecutivos que la escucharon hace cinco años. Bañuelos llegó a captar para sus inversiones a algunos de los grandes empresarios españoles, como fue el caso de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Tres meses después de aquel susto, Enrique Bañuelos dimitió como presidente de Astroc. Fue el primero en caer.
Alguien le traicionó. Alguien vendió dos millones de acciones en un momento muy delicado y contribuyó al hundimiento de Astroc. ¿Quién? Sobre la identidad de ese traidor se han divulgado muchas teorías y ninguna prueba, pero lo cierto es que los grandes del sector no se extrañaron con lo sucedido: para llegar hasta donde habían llegado conocieron muchas traiciones y muchos engaños. Llegar a lo más alto del sector inmobiliario no ha sido un camino limpio para nadie. De hecho, todas las compras y ventas realizadas en los años de la fiebre del oro (del 2003 al 2006) han dejado secuelas en los tribunales, algunas de ellas todavía sin resolver. La traición y el engaño forman parte del negocio, como ha quedado en evidencia en el último episodio conocido.
Hace unas semanas, Luis del Rivero llegó a su despacho pensando que lo tenía todo cerrado para hacerse fuerte en la presidencia de la constructora Sacyr Vallehermoso y, a partir de su acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, ejecutar el asalto final a Repsol. Sus socios, incluido quien había sido su mano derecha y fundador de la compañía, Manuel Manrique, estaban con él. Eso pensaba. Pero Manrique cambió de opinión en el último momento y ahora ocupa su cargo. ¿Traición? La versión real de lo sucedido está aun por conocer porque había asuntos pendientes entre los principales accionistas de Sacyr-Vallehermoso a cuenta del pasado.
El mérito de Luis del Rivero había sido diversificar su empresa antes de que llegara el cambio de ciclo: primero intentó un asalto al BBVA y, cuando fracasó, puso el punto de mira en Repsol. Entre medias, Luis del Rivero fue protagonista de muchas conspiraciones en una época donde todo era susceptible de comprarse o venderse. Repsol terminó siendo su salvavidas.
A diferencia de Enrique Bañuelos, Luis del Rivero no parecía tener una doble cara. Se le ha considerado siempre como un personaje poco comunicativo y autoritario. Nadie le recuerda como un ejecutivo amable. Pero fue el único de aquella generación que parecía capaz de sobrevivir a la crisis. El único que ha permanecido al mando de una empresa y podía mirarle a la cara a los bancos.
Entre la traición a Bañuelos y la sufrida por Luis del Rivero han pasado cuatro años y 200 días de pesadilla. Entre Bañuelos (que ha iniciado una nueva vida en Brasil en el sector agroindustrial) y Luis del Rivero, solo han sobrevivido aquellos que supieron vender y retirarse antes de tiempo; es decir, los que ya no están en el negocio, como Manuel Jové, expropietario de Fadesa y ahora accionista del BBVA. O Mario Losantos, expropietario de Riofisa. La mayoría de los que se quedaron vive en libertad condicional: son los bancos quienes dictan sus movimientos.
Luis Portillo es uno de ellos. Un año después de la caída de Bañuelos, hubo de presentar su dimisión como presidente de Colonial, justo cuando se había convertido en uno de los grandes a fuerza de adquisiciones que parecían contradecir la lógica. El pez chico se come al grande endeudándose hasta las cejas. Ese era el estilo de Portillo, quien pareció cambiar de modales desde que dejó su hábitat natural, los alrededores de Sevilla. Si Bañuelos fue el exponente de la escuela valenciana (donde se creó la figura del agente urbanizador que podía poner en marcha complejos residenciales sin ser propietario del suelo), Portillo era de la andaluza, donde las recalificaciones se gestionaban en estrecha colaboración con los poderes municipales. Portillo es un personaje clásico: empezó desde abajo, hijo de albañil, para dedicarse a las reformas de inmuebles. Un hombre muy apegado al terreno, sin cultura pero con un olfato natural para el negocio del suelo. Esa era su virtud y eso le permitió grandes ganancias con un estilo de especulación ortodoxo.
Portillo cambió cuando salió de su territorio. Comenzó a visitar Madrid. Se hizo asiduo cliente del AVE. Tenía excedente de recursos y quería comprar. Adquirió participaciones en bancos como el Santander y el BBVA e hizo un primer asalto a la inmobiliaria Metrovacesa. Terminó comprando Inmocaral, lo que le permitió compartir accionariado con figuras relevantes del establishment empresarial, caso de Amancio Ortega, Alicia Koplowitz o Joaquín Rivero. Después de Inmocaral intentó una opa a Colonial, una empresa tres veces más grande, de la que pudo obtener su control. Junto a su asalto a Colonial, logró comprar un paquete del 15% de FCC y la adquisición de Riofisa. En apenas un año, entre 2006 y el susto del 24 de abril de 2007, Luis Portillo había gastado en compras 4.000 millones de euros. Para entonces, algunos de los hábitos de Luis Portillo habían cambiado.
Ya no era un personaje tan natural. Tan rústico, como le veían en Madrid. Le había echado el ojo a un avión. Había adquirido un colegio privado como consecuencia de unas discrepancias entre su esposa y el director del centro, por un asunto relacionado con los estudios de una de sus hijas: nada más comprarlo, despidió al director. En presencia de unos ejecutivos amenazó al gerente de un hotel con comprar el inmueble y despedir a los trabajadores simplemente porque el personal del establecimiento no le atendió su petición de bebidas a altas horas de la noche, según un testigo del incidente. Ese era el nuevo Portillo.
En diciembre de 2007, Luis Portillo dimitía como presidente de Colonial. Había pasado menos de un año desde que se mostraba capaz de comprar cualquier cosa. Colonial debía 10.000 millones de euros. La acción se había desplomado y pasaba a valer menos de un euro, señal de un final próximo.
Juan José Brugera pasaba a ocupar la presidencia de Colonial, un cargo que ya desempeñó antes de que llegara Portillo. Ese viaje de ida y vuelta tiene su explicación: Colonial era propiedad de La Caixa antes de que los inversores privados entraran en su capital. Tras el paréntesis de Portillo, vuelven a ser los bancos los propietarios de Colonial, principalmente el Popular (9,15%) y La Caixa (5,40%). Y ellos han decidido devolver a su puesto al antiguo gestor.
Desde entonces, Luis Portillo ha desaparecido. No viaja a Madrid. Se ha recluido en Sevilla, donde trata de salvar su patrimonio personal y gestiona algunas propiedades en su antigua zona de influencia. Su antigua empresa, Colonial, le ha puesto una demanda según la cual le pide una indemnización de 669 millones de euros bajo la acusación de que infló el precio de las compras de FCC y Riofisa. Portillo a su vez reclama más de 40 millones de euros al BBVA. En una de sus escasas declaraciones tras su dimisión, Portillo llegó a decir: "Los mismos que ahora me denuncian pusieron el dinero a mi puerta para comprar FCC o Riofisa". Portillo se refiere a los bancos y sus analistas, a los que considera traidores. Los bancos que ahora son dueños de lo que fue su empresa.
Pero este hecho no es exclusivo de Colonial. También sucedió con Metrovacesa, que llegó a ser la primera empresa inmobiliaria del país. En su origen, Metrovacesa perteneció al BBVA, antes de que hombres como Joaquín Rivero y la familia Sanahuja se disputaran su propiedad. Después de todo aquello, más del 80% del capital es ahora propiedad de los bancos.
Durante cuatro años, de 2003 a 2007, Metrovacesa fue objeto de una intensa lucha por el poder entre Joaquín Rivero y los Sanahuja, una familia de empresarios que habían hecho mucho dinero sin salir de Cataluña. Tanto Rivero como los Sanahuja poseían empresas que tenían un tamaño muy inferior al de Metrovacesa. Y curiosamente, los Sanahuja acudieron a comprar acciones (un 4%) en ayuda de Rivero ante una opa lanzada por empresarios italianos. Esa colaboración se transformó en lucha sin cuartel por el dominio de Metrovacesa. Nueva traición: los Sanahuja pasaron de tener un 4% a más de un 20% sin el conocimiento de Rivero. Esa guerra terminó en un pacto: Rivero se quedó con una empresa francesa, Gecina, y los Sanahuja pasaban a desempeñar el control de Metrovacesa.
De haber sido unos gestores prudentes y poco dados a exponerse en público, los Sanahuja también cambiaron de comportamiento. Alquilaron (o compraron) aviones para vivir entre Madrid y Barcelona. Bajo su mando, Metrovacesa emprendió una alocada carrera de compras, sobre todo en el exterior. Adquirieron la sede del HSBC en Londres por 1.600 millones de euros (que luego vendieron por 1.000), activos en Alemania por valor de 280 millones, un complejo inmobiliario en Londres junto a compromisos para levantar un complejo de oficinas diseñado por grandes arquitectos, entre ellos Norman Foster. A finales de 2007, la deuda financiera de Metrovacesa alcanzaba los 7.000 millones de euros, 14 veces su beneficio bruto de explotación.
El 26 de octubre de 2010, Román Sanahuja dejaba la presidencia de Metrovacesa. Sacresa, la empresa familiar, presentaba concurso de acreedores con una deuda de 1.800 millones. La participación de los Sanahuja en Metrovacesa no alcanza ya el 2% cuando llegó a superar el 80%. Los bancos se hicieron propietarios de la compañía.
"El problema es que la suma del crecimiento del crédito junto al incremento del precio de la vivienda hizo solvente a mucha gente", explica el experto José Luis Suárez, profesor del IESE y autor de la página profsuarez.com. "Se cometieron dos errores. Uno, crecer demasiado. En 2006, el crédito de la banca al sector de la construcción e inmobiliario creció más del 40%. Otro error fue que no se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de muchas empresas por el excesivo endeudamiento. Y finalmente se gestionó mal la crisis. El crédito concedido al sector sumaba cerca de 430.000 millones de euros y después de cuatro años esa exposición sigue estando en 415.000. A nivel macroeconómico no se ha hecho nada. Hay que tener en cuenta que la deuda soberana en los bancos españoles está en unos 220.000 millones de euros. El problema es que el sector no puede pagar porque solo los intereses anuales deben ser algo más de 20.000 millones y no se genera cash flow para pagarlos".
Algunos analistas culpan a los bancos de lo sucedido. Y a las compañías tasadoras, algunas de ellas propiedad de esos mismos bancos. Nadie quiso ver que los activos se sobrevaloraban, que los créditos eran cada vez más arriesgados, que el mercado se había vuelto tan loco que los peces chicos se estaban comiendo a los grandes.
La actitud de los bancos tiene alguna explicación: sacaban sus beneficios de estas compras. Así sucedió con Banesto, propietaria de la inmobiliaria Urbis, cuando Rafael Santamaría llamó a su puerta. Santamaría era propietario de Reyal, una empresa que tenía la mitad de tamaño que Urbis. Pero no importaba: había crédito para todo. Y Banesto cobraba 1.600 millones por la venta del 50,27% de Reyal. Urbis había firmado un crédito sindicado de 4.000 millones con entidades como SCH, Cajamadrid y Banco de Sabadell. Rafael Santamaría declaraba por entonces que haría más compras, seguramente para el año 2007. Salir a bolsa era una forma de poner en valor la fortuna adquirida por algunos de estos personajes a lo largo de los últimos años. Adquirir tamaño para luego diversificar. Pero nada de esto ha sucedido. Reyal Urbis va por su tercera refinanciación de una deuda que asciende a 3.654 millones de euros y se ha salvado, por un cambio legislativo, de tener que entrar en disolución. Los bancos siguen determinando la actividad de la compañía, que reconoce, a través de un comunicado, que ha facturado un 46% menos por venta de pisos que hace un año. Y que esa venta ha constituido la primera fuente de ingresos del grupo.
Rafael Santamaría fue durante esos años de oro un hombre accesible a la prensa. Jugaba a los pronósticos con el sector inmobiliario (llamó normalización al principio del desplome) y era conocido en ciertos foros como el constructor amigo de José Bono, presidente del Congreso en la última legislatura. A Santamaría le gustaba filtrar noticias a los periodistas, sobre todo las relacionadas con sus competidores, y alardeó durante un tiempo de que a él no le pasaría como a Fernando Martín o a Luis Nozaleda, que se vieron obligados a presentar concurso de acreedores. Él iba a optar por refinanciar. Lleva tres refinanciaciones y no puede dar un paso sin el permiso de los bancos.
Santamaría compartió con Francisco Hernando, conocido como El Pocero, relaciones con José Bono y actividad en Castilla-La Mancha. Pero El Pocero nunca aspiró a ser un grande aun cuando se convirtiera en uno de los constructores más conocidos gracias a su megaproyecto de Seseña (Toledo), a sus cuitas con el alcalde y a ciertos aspectos de su conducta que le convertían en el hombre que mejor cuadraba con los peores aspectos del estereotipo del constructor: un hombre sin cultura, de gustos horteras. El Pocero quiso edificar algo parecido a una ciudad porque, según comentó en su autobiografía, tuvo una revelación una tarde que observaba los parajes desolados de Seseña y escuchó una voz que le dijo: "Aquí construirás una ciudad a la que le pondrás tu nombre". Así nació la ciudad residencial Francisco Hernando. La crisis dejó su proyecto a medias: vendió su yate, dejó a los bancos las viviendas vacías y se refugió bajo el manto de un jefe de prensa, el conocido periodista Alfredo Urdaci, cuya primera gestión fue la de anunciar un megaproyecto en Guinea Ecuatorial, de común acuerdo con el dictador Obiang, para construir 20.000 viviendas. Aquella promesa fue puro humo.
Pero quien le terminó poniendo rostro al hundimiento del sector fue el empresario Fernando Martín. Por varios motivos. Uno, porque adquirió una breve notoriedad cuando sustituyó en la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez. Sin pretenderlo, se convirtió en un personaje para los imitadores y una víctima propiciatoria de las tensiones del fútbol. Hubo de convocar elecciones y desapareció del escenario sin pena ni gloria. Como movido por el destino, a partir de entonces todos sus actos adquirieron notoriedad. Tal fue así cuando adquirió Fadesa en 2006 por 4.000 millones de euros para convertir a la nueva Martinsa-Fadesa en una de las grandes del sector. Dos años después de la compra, Martín anunciaba el mayor concurso de acreedores de España: su empresa tenía una deuda de 5.200 millones de euros.
Fernando Martín dejó las entrevistas hace tiempo. Responde por él una agencia de comunicación que señala que Martín "se ha volcado en la gestión del mayor proceso concursal de España hasta culminar su salida en marzo de 2011". La agencia califica de "relevante" que Martinsa-Fadesa "sea la única gran inmobiliaria en la que el presidente y el Consejo de Administración de hace cuatro años siguen gestionando la compañía, frente a los cambios habidos en otras grandes compañías como Metrovacesa, Reyal (de facto), Vallehermoso, Colonial o Hábitat". La alusión a Reyal tiene doble intención, porque Santamaría sigue siendo su presidente, al menos en teoría. La nota también precisa que Martinsa reclama 1.576 millones a los anteriores dueños de Fadesa por haber ejecutado "un plan conscientemente dirigido a obtener una muy notable sobrevaloración de la compañía mediante la aportación de información falsa a la empresa responsable de la tasación de los activos". Teniendo en cuenta que aquella opa de Martinsa a Fadesa fue declarada como amistosa, puede ser que se produjera un nuevo caso de traición o engaño.
Sin embargo, algunas cifras de Martinsa no dejan de ser reveladoras de cómo está el sector: en 2010 vendió 1.170 viviendas sobre plano, de las cuales sólo 48 fueron en España. En 2011, llevan 717 ventas sobre plano. ¿Cuántas en España? Ninguna.
Pedro Pérez, presidente del denominado G-14, donde se concentran las grandes empresas del sector, reconoce que muchas de estas empresas en apuros están en la tercera renegociación de sus deudas ("están trihipotecados", dice el abogado de una de estas empresas). "Estamos en el quinto año y no se ve luz en el horizonte. Las licitaciones de obra nueva se están hundiendo. No hay nada igual desde que existen estadísticas. El sector ha expulsado ya un millón de empleos directos y se ve más de lo mismo. Estamos vendiendo la quinta parte de lo que se vendía en 2006. Qué sector aguanta esto". Hace cuatro años y 200 días que la música no suena para nadie en el sector inmobiliario.
Luis Portillo. Ambición sin límites
Empresario de Dos Hermanas (Sevilla), Luis Portillo ganó fortuna en los alrededores de la capital andaluza.
Hombre sin estudios, conoció en 2004 a Joaquín Rivero y decidió dar el salto a los negocios en Madrid entrando en el capital de Metrovacesa. Fue el inicio de la vorágine bursátil: se hizo con Inmocaral (antigua Fosforera), cuyas acciones se dispararon de precio. Después adquirió Colonial, luego entró en el accionariado de FCC y se hizo con el 100% de Riofisa, que compró por 2.000 millones de euros, aunque algunos expertos valoraban esta compañía en 400 millones. La bolsa hundió sus proyectos. Regresó a Sevilla para tratar de salvar su patrimonio personal. Los accionistas de Colonial ahora le reclaman 696 millones. -
Fernando Martín. Del Real Madrid a la ruina
El dueño de Martinsa nació en Trigueros del Valle, Valladolid, en 1947. Tiene 64 años. Es licenciado en Químicas. Hasta 2006 llevó una trayectoria muy discreta. Se sabía que era uno de los grandes propietarios de suelo de España, pero ese dato no era de dominio público. Fue en 2006 cuando saltó a la fama: siendo directivo del Real Madrid, asumió la presidencia tras la marcha de Florentino Pérez. Su mandato duró dos meses. Consejero y accionista de grandes empresas, dio el gran golpe con la compra de Fadesa. Fue una ruina. En 2008, Martinsa-Fadesa declaraba la mayor suspensión de pagos de España con una deuda superior a 5.000 millones de euros. Reclama a los dueños de Fadesa casi 2.000 millones por sobrevalorar sus activos.
ROMÁN SANAHUJA e hijos. Fuera de Cataluña esperaba la ruina
Los Sanahuja fueron empresarios muy conocidos en Cataluña, donde la empresa familiar cosechó sus primeros éxitos construyendo viviendas para los inmigrantes en los años 60. Se habían hecho con un prestigio y una sólida fortuna. Invitados por Joaquín Rivero a adquirir un pequeño paquete de acciones en Metrovacesa, terminaron convirtiendo esas acciones en la punta de lanza de una larga batalla por dominar esa empresa, la primera inmobiliaria de España. Su empeño por superar otras propuestas encareció la compra. Terminó cambiando acciones por deuda y no fue suficiente: el negocio familiar pagó la factura y entró en concurso de acreedores. Sus acciones en Metrovacesa se han reducido a poco menos de un 2% -
Enrique Bañuelos. Resurrección en Brasil
Astroc surgió como una pequeña inmobiliaria en el litoral levantino, presidida por un joven y desconocido empresario nacido en Sagunto (1966), Enrique Bañuelos.
Bañuelos tenía grandes planes para Astroc. Sacó a bolsa la compañía y la convirtió en la estrella del parqué con una revalorización que llegó a alcanzar el 1.000%. En 2006 Bañuelos entraba en la lista Forbes de los hombres más ricos. La buena racha se torció. Dejó España y se marchó a Brasil donde fundó la inmobiliaria Veremonte, con la que pretende levantar una ciudad sanitaria en Sao Paulo. Ahora ha diversificado y ha entrado en el sector agroindustrial. Domina la sociedad Vanguarda Agro, el mayor grupo industrial de Sudamérica. Pretende entrar también en el sector de la energía. -
Rafael Santamaría. Una mala apuesta de última hora
La sociedad inmobiliaria que Rafael Santamaría (padre) fundó en 1970, fue el germen de una pequeña constructora que se convertiría en promotora. Rafael Santamaría (hijo) transformó su herencia en el imperio Reyal Urbis.
Dueño de Rafael Hoteles, este aparejador, que fue presidente de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), ha hecho el grueso de sus negocios en el sector inmobiliario. Su amistad con José Bono, el presidente del Congreso, ha terminado relacionándole con informaciones de supuestos tratos de favor. Su gran operación se produjo en 2007. Reyal engulló Urbis, la inmobiliaria de Banesto. La operación coincidió con el reventón de la burbuja inmobiliaria. Ha renegociado tres veces su deuda y acaba de salvarse de la disolución de la empresa. -
Francisco Hernando. El hombre que soñó una ciudad
Francisco Hernando, conocido como El Pocero, empezó desde abajo, limpiando fosas, cañerías, poniendo ladrillos y construyendo casas. Con los años fue extendiendo sus actividades en los alrededores de Madrid (Villaviciosa de Odón, Boadilla...) al tiempo que esa expansión iba relacionada con incidentes escandalosos y con denuncias de alcaldes que se sentían amenazados por él. Su gran obra iba a ser Seseña y fue otro escándalo: una ciudad con 13.500 viviendas. El proyecto quedó inacabado. Le dejó las viviendas vacías a los bancos y vendió sus dos yates, el Clarena I, adquirido por Villar Mir en 30 millones, y el Clarena II, con el doble de eslora del Fortuna de la Casa Real, comprado por un sudamericano por 58 millones.
Luis Nozaleda. Una mala pasada en la bolsa
Luis Nozaleda, presidente del grupo Nozar, un conglomerado de empresas propiedad de la familia Nozaleda, llegó a figurar en el puesto número 36 de los hombres más ricos de España según la revista Forbes. Había invertido en las compañías cotizadas que mejor marchaban en bolsa, entre ellas Colonial, Astroc y Aisa. El valor de sus acciones en el mercado llegó a alcanzar los 1.000 millones de euros, según algunas fuentes. Pero llegó el hundimiento de estas compañías y esa valoración se evaporó. Compró valores y compró suelo en el peor momento. Luego llegaron el concurso de acreedores y una dramática venta de los numerosos activos de la empresa. Pasa por ser el de comportamiento menos soberbio de aquellos magnates.
* El País - LUIS GÓMEZ 06/11/2011
Foto: El 'boom' del ladrillo- ILUSTRACIÓN: LUIS TINOCO - elpais
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FARODEVIGO* : Que la ordenación urbanística provisional que aprobó la Xunta de Galicia, con la que se pretende dar respuesta a la paralización que se produjo en la ciudad en lo que se refiere a la actividad de desarrollo urbanístico después de la anulación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, podría ser recurrida por particulares, como así se producirá, a tenor de las informaciones que manejan en el Concello de Ourense y por parte del grupo municipal del Partido Popular, era algo "que sabíamos que podría producirse", indicó ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández.
Pero Hernández, que ayer fue uno de los 7.000 participantes de la carrera del San Martiño, compartiendo recorrido con el portavoz municipal del PP y vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, después de reconocer el derecho que asiste a los particulares o promotores de actuaciones privadas a recurrir, defendió el documento que finalmente elaboró la Secretaria Xeral de Urbanismo, en colaboración con el Concello de Ourense, y que contó con la aprobación de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
En total son 31 los ámbitos que se incluyen en la ordenación urbanística provisional, y en los que se suspende del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1986, que se encuentra en vigor después de la anulación del que se aprobó en 2003, y en los que concurren un especial interés general por su carácter dotacional público de la mayoría de actuaciones, junto con otros de actuación privada, como es la construcción de 3.900 viviendas, de las que 2.600 corresponden a los ámbitos propuestos por el Concello y las 1.300 restantes a los que propuso la Xunta.
Seguridad jurídica
El conselleiro de Medio Ambiente sostiene que la ordenación urbanística provisional aprobada es "la mejor solución que podíamos poner en marcha", y recalcó que en todo momento el objetivo es que "contase con la máxima seguridad jurídica", para evitar que pueda producirse una nueva paralización, que puede llegar si prosperan los recursos que se pueden presentar.
Sobre las consecuencias que puede tener, en el caso de que la justicia falle a favor de los recurrentes, Agustín Hernández es partidario de la prudencia, aunque sigue confiando en la "fortaleza" del documento, debido a que se incluyeron aquellos ámbitos privados, que son los que pueden causar los problemas, siguiendo unos criterios que viene avalados por los informes técnicos y las correspondientes licencias con las que ya contarían, y que a la postre fueron el principal aval para su inclusión en la ordenación provisional.
Pero serán las instancias judiciales las que con sus decisiones marcarán el futuro, aunque Agustín Hernández, que confía en superar esa situación y que la ordenación cumpla su función, que es la de servir de mecanismo para el desarrollo de la actividad económicas de la ciudad, señala que ahora lo más importante es avanzar en la elaboración del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.
A este respecto, dejó claro que el Concello de Ourense contará con toda la colaboración de la Xunta, así como el apoyo que ya se concretó con la aportación de algo más de 500.000 euros, la mitad del coste total, para el nuevo planeamiento urbanístico.
En cuanto a los plazos, el conselleiro de Medio ambiente dijo estar convencido de que debería estar aprobado dentro de este mandato.
* Faro de Vigo - 7.11.11
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
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LAOPINIÓN/Málaga* : Empieza el bloque definitivo en el juicio del caso Malaya, el dedicado a los cohechos que presuntamente recibió Juan Antonio Roca de en torno una veintena de empresarios, un dinero que luego repartió supuestamente a la veintena de exediles marbellíes. Hoy empezará a declarar el presunto cerebro de la trama, y este periódico está en condiciones de asegurar que habrá cambios en su declaración. El exasesor de Urbanismo va a defenderse, pero los tres acuerdos alcanzados entre el fiscal Anticorrupción y otros tantos empresarios, y los que podrían anunciarse hoy le han obligado a replantearse su línea de defensa y sus palabras.
Ismael Pérez Peña, el empresario marbellí de la grúa, ha reconocido haber pagado a Roca y a la exalcaldesa Marisol Yagüe 180.000 euros para obtener resoluciones administrativas favorables para sus negocios. Ello le valió que la petición fiscal bajase desde los once años a una multa de poco más de 200.000 euros. Parece que Anticorrupción se conformó con poco, pero este pacto tuvo la virtud de desatar la tormenta perfecta sobre la posición de Juan Antonio Roca, que tenía pensado defenderse a la extenuación.
Ese reconocimiento, además del pacto del hijo de Pérez Peña y el de Carmelo Armenta, ha dejado a Roca y a su abogada, Rocío Amigo, en una complejísima situación, en una encrucijada con dos salidas lejanas y llenas de peligros: o luchan y se enfrentan a una petición fiscal de 30 años y a la pérdida de un inmenso patrimonio; o confiesa todo o parte y recibe una pena mucho menor.
«Roca se va a defender, pero el hecho de que los empresarios hayan reconocido haber pagado al exasesor y que haya más acuerdos gestándose, al menos el de otro empresario que podría hacerse público el lunes, ha propiciado que se tambalee su estrategia defensiva, y por tanto hoy podría cambiarla, pero es una conjetura», apuntan fuentes judiciales.
Las mismas insistieron en que la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción, los archivos de Maras, «podrían tener más relevancia aún, según la tesis policial». Si Roca los santifica en todo o en parte, el escenario podría cambiar.
Acuerdos en negociación
En cualquier caso, todo se mueve en el terreno de la conjetura, de la expectativa y de las verdades a medias. Algunos abogados afirman que «va a haber sorpresas». Otros, además del empresario que podría anunciar hoy un nuevo acuerdo, insisten en que hay otros tantos gestándose, con lo que la situación personal de Juan Antonio Roca será aún más complicada.
En este bloque deberán declarar 56 acusados, empezando por el propio Roca, cuya intervención, la más importante desde su detención en marzo de 2006, se prolongará hoy y mañana.
También deberán hablar los empresarios que sobornaron presuntamente al exasesor –de eso se les acusa–. Se trata, entre otros, de Fidel San Román, José María González de Caldas, los tres exdirectivos de Aifos, incluyendo a su presidente y de Rafael Gómez «Sandokán».
Yagüe y Julián Muñoz
También deberán declarar, pese a que no se conoce exactamente el orden, la exalcaldesa Marisol Yagüe, el exalcalde Julián Muñoz, y los exediles y funcionarios municipales que se prestaron a sancionar administrativamente las ambiciones del exasesor.
En concreto, la Fiscalía sostiene que Roca recibió en poco más de cinco años más de 33 millones de euros en sobornos, de los que destinó una mínima parte, en torno a cinco, a sobornar presuntamente a los exconcejales marbellíes.
Las sumas se pagaron por construir en suelo no urbanizable o por superar la edificabilidad exigida, amén de por la obtención de licencias de obra o de permisos de primera ocupación, siempre según Anticorrupción, que acusa a Roca de practicar «el urbanismo a la carta». Ha llegado la hora de la verdad.
* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 7.11.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - elpaís
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ELPAÍS* : Dar pedales ya no es solo un deporte o un medio de transporte. Es una manera de vivir la ciudad. Activistas, empresarios, artesanos y colectivos reivindican desde el sillín una urbe más amable.
Llueve en Madrid. Una rareza que se produce en la capital apenas 63 días de media al año. A pesar de ello, Miguel Domingo va en bici. Está acostumbrado. Lleva 15 años de bicimensajero en Trébol. "La bicicleta antes era marginal. Ahora, solo minoritaria", ironiza. A los tres millones de ciclistas urbanos españoles, Madrid aporta unos 50.000; el 0,6% de los viajes que se realizan a diario en la urbe. Y aunque parece que las bicis van a contramano en la capital, desde hace una década su uso no para de crecer.
En los últimos años incluso se está viviendo una pequeña explosión. "El cambio se nota en la calle; un día cualquiera te puedes cruzar con bastante gente en bici. Hace unos años si veías a alguien, le conocías", cuenta Gianni Rondinella, urbanista y doctorando de la Universidad Politécnica.
Con ese apogeo, emerge una subcultura de la bicicleta. Su cara más visible: la Bicicrítica, un movimiento ciudadano que, el último jueves del mes, llena la ciudad de velocípedos. Pero también implica a asociaciones, tiendas, bares o artesanos de los manillares.
El próximo miércoles todos se van a reunir en Matadero. El centro creativo celebra el festival Con b de bici, dentro de la exposición Lo normal es muy raro. Diez semanas (hasta el 27 de noviembre) dedicadas a las dos ruedas. En la cita va a haber debates, talleres de reparación, partido de bike-polo, muestra de fotos, cine o conciertos. Quieren transmitir la idea de que la bici urbana es mucho más que dar pedales. Es una forma de vida.
"La primera barrera que hay que superar es mental y social", explica Iñaki Díaz de Etura. Tiene 42 años y es portavoz de la asociación Pedalibre. La decana agrupación se fundó a mediados de los ochenta para fomentar la vertiente recreativa de los recorridos en bicicleta. Ahora, la movilidad es uno de sus ejes estratégicos. Si el ciclismo es un deporte, el biciclismo o ciclismo urbano es la osadía de recorrer a pedales urbes con millones de habitantes. En Madrid, como en Ámsterdam, Berlín, Nueva York o Londres, también se puede. "El interior de la M-30 tiene un diámetro de unos siete kilómetros, una distancia perfecta para la bici", explica Rondinella, que desarrolla su trabajo en el Centro de investigación del transporte- TRANSyT.
Manillares contagiosos
Como hay tormenta, no se ve la boina de Madrid. Normalmente, las emisiones de los más de tres millones de coches que circulan por la capital la cubren. "El coche nos ha arrollado", se queja Rondinella, que considera que los pedales tienen un gran potencial y podrían alcanzar el 30% de los viajes diarios. Su investigación se centra en la influencia de los velocípedos en la ciudad. "Las bicicletas producen un efecto llamada importante. Hay que verlas para querer usarlas". Las dos ruedas son contagiosas por eso. El investigador considera que la instauración de un sistema público de alquiler es muy positivo para provocar un cambio en la movilidad.
My bici, la propuesta de bici pública del Ayuntamiento, empezaba a funcionar en marzo de este año. La crisis hizo que desaparecieran los cinco millones de euros destinados a la primera fase del proyecto. Los recortes llegaron al Plan Director Ciclista y a la Fundación Movilidad, que se ha transformado en la Oficina de Movilidad Sostenible. "Las políticas han sido, como mínimo, erráticas", opina Luis Álvarez, dueño de la tienda By Bike y vicepresidente de Probici, la asociación de empresarios del pedal. "Por un lado da la impresión de que ven en las dos ruedas una opción; por otro, que no les interesa lo más mínimo", agrega. Cuando él abrió su tienda, hace seis años, en la capital no se hablaba de carriles bici. Ahora hay 265 kilómetros de vías; 110 corresponden al anillo verde ciclista, de uso meramente lúdico, y el Consistorio acaba de anunciar la construcción del carril Alcalá-Mayor. Por otro lado, se hizo un cambio en la ordenanza de movilidad para dotar de más voz a las bicis. A los usuarios les parece poco.
"Es más importante el respeto y la educación que la infraestructura. Hay que crear una cultura de la bicicleta", sostiene Andrés Arregui, que une negocio de las dos ruedas con arte. Hace tres años empezó a ensamblar acero, el material con el que prefiere trabajar porque "es más resistente que el carbono o el aluminio". Trabajaba en un taller semiescondido en la calle Noviciado. En marzo abrió Cyclos Noviciados donde elabora bicis "a medida", que pueden rondar los 1.000 euros. "Podemos montar una entera o rehacerla con restos", cuenta con el soplete en la mano. Cada mes toca unas 40 o 50 bicicletas. La que tiene en el foso la trajo un chico. Era de su abuelo. "Tenía el cuadro desde hace años y nos pidió que lo preparásemos para que volviera a rodar. Le hacía ilusión. La bici tiene un componente emocional fuerte", añade.
Guerra al 'cochecentrismo'
El vínculo entre la bici y su dueño es especial. "Nada más sentarte en el sillín, empiezas a hacer activismo", sentencia Laura Martínez del Pozo. Es ciclista urbana y mujer. Una minoría, ya que el 63,6% de los que pedalean en España son hombres, según el barómetro de la bicicleta de 2011. A Laura la conocen como Peseta por la firma que estampa en los diseños que realiza en su taller. En los bolsos, monederos o carteras que cuelgan, las dos ruedas son recurrentes. "La bicicleta es estética por naturaleza, por eso la uso como inspiración", cuenta entre las telas. El año pasado diseñó una gorra ciclista para Marc Jacobs y acabó expuesta en el New Museum de Nueva York. "Cuando montas en bici reivindicas otra manera de moverte", explica. "El simple hecho de hacerlo te hace sentir parte de una tribu urbana".
La banda de las dos ruedas es muy heterogénea. Todos viven la ciudad, y piensan en ella, desde el sillín. Pero está compuesta por ciclistas de toda la vida, fixeros (que pedalean con piñón fijo), okupas reivindicativos, tíos elegantes o chicas con tacones. Ainara Murillo pertenece a este último grupo. Trabaja en Viernes, una empresa de comunicación responsable de la que ha surgido el colectivo Biernes, dedicado a fomentar los pedales. "Durante años la ciudad se ha volcado en las cuatro ruedas. Nuestro urbanismo es cochecentrista. Proponemos ideas para que las bicis recuperen espacio y creamos excusas para que la gente las use". La base de su trabajo es unir bici con cultura. El año pasado, durante la Noche en Blanco, diseñaron una exposición para disfrutar a dos ruedas. También son responsables del programa de actividades ciclistas en Matadero.
La base de The Wall se sintetiza en cervezas y bicicletas. En el bar permiten la entrada de velocípedos y los tres socios-fundadores pedalean. "No tiene sentido que usemos una máquina de 1.000 kilos para transportar 70; la bicicleta ofrece una opción más eficiente", dice Rodrigo Taramona, uno de ellos. Su local, en pleno Malasaña, está de moda; las bicis de la puerta, también. "Puede que haya gente que busque lucirla por el barrio. Creo que hasta eso está bien: necesitamos todo el apoyo posible para visibilizarnos", concluye. Está mojado. A pesar de que es uno de los pocos días que llueve en Madrid, él ha venido en bici.
* El País - PABLO LEÓN - Madrid - 05/11/2011
Foto: Madri, bicicletas - espormadrid
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PÚBLICO* : "Los nuevos servicios han sido, en general, más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de la calidad".
Esta era, en 2006, la principal conclusión de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada. Hoy, cinco años después, expertos, sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública siguen criticando y planteando dudas sobre un modelo que, sin embargo, tiene una gran rentabilidad política. No en vano permite a las administraciones inaugurar nuevos hospitales, incluso en crisis como la actual, sin apenas desembolsos en los primeros años, ya que la construcción recae en la iniciativa privada, que se acaba cobrando con creces la inversión a través que los cánones que cobra en los siguientes 30 años, lo que acaba disparando el coste final como ocurriría, por ejemplo, con una hipoteca.
Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público, según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de financiación en los últimos años.
"Es muy cómodo para el político", señala Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que alerta sin embargo de que recurrir al dinero privado, en lugar de a la financiación pública, conlleva "gastos financieros bestiales". Así, calcula que de los cerca de 1.000 millones que aproximadamente hubiera costado hacer los siete hospitales de Madrid construidos bajo la fórmula de gestión mixta pública-privada (una empresa construye el hospital y lo gestiona mientras la autonomía sigue controlando la asistencia sanitaria), el precio final para los contribuyentes rondará los 4.500 millones.
Además, como resalta Pilar Navarro, secretaria de Salud de UGT, al final de los 30 años de concesión la administración de turno, tras haber pagado cantidades millonarias, recibe "un hospital obsoleto". Por ello, este sindicato ya pidió al Gobierno central en julio que aborde un análisis riguroso de la eficiencia de estas nuevas fórmulas de gestión.
También están muy preocupados por el coste de estos centros en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que ha recopilado datos según los cuales los madrileños pagarán este año un montante de 761 millones, que ascenderá a 4.284 una vez finalizadas las concesiones, por unos hospitales cuya construcción ha costado sólo unos 700 millones. "El coste se multiplica por entre cuatro y siete dependiendo de la modalidad de concesión", señala el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle.
A su juicio, los nuevos hospitales construidos por Aguirre se hubieran podido hacer "a un coste muy inferior" con fondos públicos, si bien es cierto que "no todos a la vez". "Se trata de favorecer el negocio del sector privado", agrega. "Tienes que pagar el beneficio de la empresa privada más el IVA, y luego la gestión no es mucho mejor", valora por su parte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.
"Es un chollo inicial [para la administración] que luego sale muy caro a los ciudadanos", remacha. De hecho, la rentabilidad de las concesionarias fue superior al 11% hasta enero en Madrid, según reconocieron las propias empresas cuando advirtieron en abril al Gobierno regional del riesgo de "colapso" por la caída de sus beneficios. Asimismo, como señala la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, estos centros "están diseñados para realizar actividades sanitarias que no comportan grandes riesgos, pero aseguran beneficios rápidos". "Las actividades más costosas y menos rentables (como unidades de quemados o cirugía especializada) se mantendrán en centros públicos", agrega.
Gestión privada pura
Pero al menos en los centros anteriores el personal sanitario sigue perteneciendo a la sanidad pública, algo que no ocurre en la modalidad de concierto, donde la concesionaria se ocupa también de la gestión sanitaria de la población del área de influencia del centro, como ocurre en el caso de los hospitales de Torrejón y Valdemoro. "Ahí el político paga y se olvida de todo lo demás", agrega Martínez, que alerta de que de facto una parte importante de la población pasa a ser atendida por la sanidad privada. Así, sumando estos dos centros más la Fundación Jiménez Díaz (que tiene concierto desde la época del Insalud) "hay 620.000 madrileños, casi el 10% de la población de la Comunidad, a los que la asistencia se la da la sanidad privada".
No hay que olvidar, al margen de la fórmula elegida, que "la financiación privada es más cara", como señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación de la Escuela Nacional de Sanidad, que sí reconoce una ventaja: la rapidez en la inversión, frente a la "lentitud a veces exasperante de las obras civiles de hospitales del pasado". "Se puede inaugurar en una legislatura el hospital prometido en la campaña electoral anterior, a coste cero en los cuatro años de construcción", señala Repullo, que reconoce no obstante que esto se consigue a costa de delegar el coste del funcionamiento "para las siguientes legislaturas y la generación venidera". El modelo también permite "eludir controles de endeudamiento", lo que junto con el factor anterior tiene "un alto valor político" y convierte a la fórmula en "irresistible" para algunos gobernantes.
Por otro lado, la "ventaja teórica" de una buena gestión de los activos por parte de la concesionaria "parece desvanecerse en gran medida ante la complejidad de los servicios y su rápido cambio tecnológico". "Imaginemos agrega que nos entregan hoy un hospital en las mismas condiciones que tenía cuando acabó de construirse en 1980: valdría de museo, pero estaría totalmente obsoleto".
* Público - ANTONIO GONZÁLEZ Madrid 05/11/2011
Foto: Hospitales públicos de financiación privada.- publico
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ELPAÍS/Barcelona* : Ocho de los ocupantes del edificio de Nou Barris han declarado esta mañana ante el juez como imputados por un presunto delito de usurpación. El fiscal ha pedido a los ocupantes que abandonen el edificio en el plazo de un mes. Dos de ellos, sin embargo, no viven allí, sino que acudieron para llevar comida y dar asistencia a las familias. Al salir del inmueble, fueron identificados por los Mossos d'Esquadra, que les entregaron una citación para declarar en el juzgado por la ocupación del 15-M. Esos dos vecinos han sido los primeros en declarar. "Vi la lista con las necesidades de las familias y quise ayudar", ha explicado a la salida Gonzalo Fernández, miembro de una plataforma vecinal. Fernández ha aclarado ante el juez que no es uno de los ocupantes y ha lamentado el error de identificarle como tal. "Deberían imputar a los bancos, no a nosotros".
Poco después ha expresado una idea similar Antonio Tallada, quien ha remarcado ante el juez que el edificio llevaba, al menos, cinco años vacío. Ambos han justificado la ocupación de Nou Barris por la carestía de la vivienda y han emplazado al juez a adoptar una decisión justa.
En total, viven en el edificio unas 11 familias, pero los Mossos d'Esquadra solo han podido identificar a ocho personas. El bloque se conoce como 15 de octubre, ya que fue ocupado ese día por miembros del movimiento de los indignados.
Por otra parte, el Movimiento 15-M tiene previsto hoy a las siete de la tarde regresar a la plaza de Catalunya e instalar allí un punto de información permanente. A las 22.30 exhibirán el documental Indignados. Del 15-M al 20-N, dirigido por Antoni Verdaguer. El movimiento debatirá si es necesario volver a acampar en la plaza.
* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO Barcelona 4 NOV 2011
Foto: Jóvenes concentrados frente al edificio ocupado en la calle Almagro en el distrito de Nou Barris, en Barcelona, tras la manifestación.- elpais
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EUROPAPRESS/Cantabria* : El Ministerio Fiscal pide 11 años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio para el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), el 'popular' Julián Vélez; su teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Ángel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.
A estas penas, se suman otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, por delitos de prevaricación urbanística, por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre.
El juicio se celebrará durante la semana que viene, del 7 al 10 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.
La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.
Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.
El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, "con mayor fragilidad paisajística" a la que de hecho causó un "significativo impacto".
La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria --en caso de que estos no respondan-- del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
La Fiscalía hace hincapié, además, en que Vélez fue diputado autonómico por el Partido Popular justo en el período en el que se modificaron, por ley, los límites del Parque de la Naturaleza de Oyambre.
Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como Urbano.
El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).
Pero además, alega que el trámite ante el Gobierno no era necesario, pues se enmarcaba dentro de la Ley del Parque Natural, lo que excluía el citado documento.
Y además se remite a la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), instrumento urbanístico posterior, necesario para la gestión del Parque Natural, que aún no se ha aprobado, lo que lleva al Ayuntamiento a concluir la "ineficacia" de la declaración como Parque Natural.
También argumentaba que lo que se produjo fue movimiento de tierras y rehabilitación de edificios, en lugar de construcción nueva.
Y las defensas de los acusados descartan que los cuatro no se encargaron de la tramitación del expediente, por no ser de su competencia, de modo que se limitaron al voto a favor de una licencia con informe previo favorable.
* Europa Press - 4.11.11
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo
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LEVANTE* : La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente va a aprovechar la aprobación del decreto ley de actuaciones estratégicas (actuaciones de calado previstas en la Estrategia Territorial) para adelantar tres remiendos que afectan a la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y a la Ley de Vivienda. Se trata de varias modificaciones que son muy demandadas por los ayuntamientos y que no pueden esperar a que se apruebe el texto refundido de las leyes urbanísticas que prepara la conselleria, según explicó su titular Isabel Bonig tras el pleno del Consell.
Uno de los cambios legislativos afecta al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). A partir de ahora los ayuntamientos podrán destinar el dinero que obtengan de la venta de solares a «inversiones públicas» distintas a la vivienda de protección oficial (VPO). El detalle de esta medida se conocerá cuando se publique el decreto. Pero la consellera adelantó que en el concepto «inversión pública» incluirá necesidades municipales como «urbanizar una calle, construir un centro social, una residencia o un jardín».
El patrimonio municipal de suelo es una especie de caja fuerte local en la que los ayuntamientos están obligados, por ley, a ingresar los terrenos que obtienen en cada actuación urbanística (el conocido como 10% de aprovechamiento), las expropiaciones, las permutas o las cesiones de suelo. Además de los terrenos, también se ha de ingresar el dinero que obtenga un ayuntamiento por la venta de terrenos, el que se cobra en metálico por el 10% del aprovechamiento o, incluso, el importe de las sanciones urbanísticas. Todo este patrimonio debe destinarse a garantizar el derecho a una vivienda digna. Aunque ésta es la teoría prevista en la Ley Urbanística Valenciana (2005) y en la Ley del Suelo estatal (2007). Pero la realidad es que la caja fuerte del patrimonio municipal de suelo es el gran agujero negro de la financiación local. El Tribunal de Cuentas detectó en 2006 (en un informe publicado en 2009) que las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana y seis de los municipios con más de 20.000 habitantes destinaron el 65% del suelo o dinero que recibieron de los planes urbanísticos a «fines no previstos en la ley como inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes o financieros». La Generalitat ya intentó regular este descontrol en 2003, con la creación del Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo cuando Rafael Blasco dirigía la Conselleria de Territorio. La medida fue un fracaso por la dejadez municipal. En 2009 sólo 26 ayuntamientos declaraban tener suelo público (estaban obligados a registrarse los municipios con más de 10.000 habitantes). Y 235 ayuntamientos obligados a aportar los datos, como Valencia, Gandia o Xàtiva, no habían aportado ningún dato pese al boom urbanístico y la proliferación de PAI.
El nuevo decreto también se usará para otros cambios en la LUV que permitan «fraccionar las actuaciones urbanísticas para garantizar su viabilidad», flexibilizar las aportaciones de los promotores y regular la suspensión temporal de los programa de actuación integrada (PAI) con motivo de las crisis.
La Generalitat dice que tramitará los proyectos estratégicos singulares en un año
El pleno del Consell aprobó ayer el «decreto ley de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas que tendrá una tramitación exprés e incentivos fiscales». La Conselleria de Territorio, que dirige Isabel Bonig, define en este decreto el concepto de proyectos estratégicos que incluye «las zonas logísticas, los complejos de turismo rural de calidad, las bodegas de diseño que promuevan el etnoturismo o el "oilturismo", proyectos urbanos ligados a la atracción de talentos o "talents hub", polígonos de servicios mancomunados o de cooperación entre empresarios, polígonos tecnológicos con "diseño de ciudad" o actuaciones muy singulares en primera línea de playa». Incluso se podría aplicar esta tramitación exprés al corredor mediterráneo. Bonig añadió que algunos inversores internacionales han propuesto cuatro o cinco proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana «con unos 500 millones de inversión que podrían crear 20.000 puestos de trabajo». Si hasta ahora algunos de estos proyectos podían tardar «hasta 8 años en tramitarse», la intención es reducir este proceso a sólo doce meses.
* Levante - 5.11.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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MÁLAGAHOY* : El exalcalde de Colmenar Pedro Fernández (PSOE) se enfrentó ayer a uno de los primeros juicios que se celebran en Málaga por no perseguir los delitos contra la ordenación del territorio (prevaricación omisiva). La Fiscalía pide un año de cárcel y ocho de inhabilitación para Pedro Fernández por no impedir que un vecino levantara dos viviendas en una zona conocida como Los Rengles contando únicamente con un permiso para levantar una caseta de aperos.
El exalcalde explicó que el Ayuntamiento primero denegó el permiso de obras, pero volvió a solicitarlo para un tipo de nave que sí cumplía los requisitos de las normas urbanísticas.
Cuando supo en 2003 que la Guardia Civil había denunciado la edificación comunicó a la Subdelegación y a la Junta de Andalucía la existencia de la licencia y el expediente se archivó. Sin embargo, en 2009 la Guardia Civil volvió a denunciar al particular porque en la parcela había dos viviendas. En esa ocasión el Ayuntamiento abrió expedientes para sancionar y demoler lo construido. Pedro Fernández negó que hubiera tratado de dar amparo con la licencia para la nave agrícola a una construcción ilegal y que se hubiera desentendido de la vigilancia de la construcción. Indicó que sólo contaba para estas funciones con un único policía local, una arquitecta que a lo sumo acudía al Ayuntamiento dos días a la semana y un secretario de corporación a tiempo parcial.
El promotor, también acusado en este procedimiento, reconoció que había construido una casa de 140 metros, en la que también guardaba aperos, porque "no tenía donde vivir" y que años después edificó otra para sus padres, que habían enfermado.
* Málaga Hoy - 4.11.11
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es
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DIAGONAL* : La Asamblea General de Sol decidió el domingo pasado "invitar a la ciudadanía" a acudir a la plaza para desobedecer la orden de la Junta Electoral de Madrid, que ha reservado más de un centenar de espacios públicos para la celebración de actos partidistas durante la campaña. Una semana después de difundir el listado ha aclarado que esos lugares sí podrán usarse para convocatorias ciudadanas fuera de los horarios previstos por los partidos, pero el 15M sigue adelante sin solicitar permisos administrativos.
La Acampada de Barcelona se ha unido a la protesta y también habrá concentración en la Plaça Catalunya a las 19h para protestar por los planes de la Junta Electoral. Lamentan que en Barcelona incluyen "la peregrina idea de instalar una pista de hielo" en ese punto emblemático.
La comisión de Legal de Sol emitió un comunicado que denuncia que se convierta la campaña electoral en "una especie de estado de excepción encubierto" y la "contradicción" de cerrar las plazas cuando "es el momento de que los partidos escuchen a la ciudadanía".
El programa de actividades en Sol arranca con una asamblea sobre organización y toma de decisiones de las asambleas populares de Madrid, continúa con debates y presentaciones sobre el funciomiento de las elecciones y finaliza animando a pegar carteles "no partidistas" y modificar los de los candidatos ("una persona, un edding").
Según informa Qué, fuentes policiales aseguran que habrá agentes de paisano desplegados en los accesos a la Puerta del Sol que controlarán la entrada y cachearán a personas "sospechosas". Estos controles selectivos ya tuvieron lugar para discernir entre ’indignados’ y turistas o peregrinos durante los días de agosto en los que la circulación por la plaza estuvo restringida con motivo de su desalojo y la Jornada Mundial de la Juventud.
Una prohibición ¿habitual?
Cumpliendo con Ley del Régimen Electoral General, las juntas electorales zonales reservan locales oficiales y lugares públicos para que los partidos dispongan de ellos durante la campaña. Tras la publicación del listado por parte de la Junta de Madrid, el periódico El Mundo anunció que la policía iba a "blindar Sol contra los indignados", lo que generó cierta contestación en internet. Una semana después, la Junta Electoral trata de calmar los ánimos explicando que es la medida que se toma en todas las elecciones, pero lo cierto es que, por orden del Ayuntamiento de Madrid, se han ampliado de 65 a 110 los puntos reservados respecto a las municipales de mayo.
* Diagonal - 4.11.11
Foto: Indignados 15M
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ELCONFIDENCIAL* : El déficit hídrico del Segura, cifrado en unos 460 hectómetros cúbicos por el plan hidrológico de la cuenca (PHCS), puede quedar solucionado mediante la utilización de los acuíferos confinados en el subsuelo. Así se deduce de la ejecución del plan de sequía elaborado por técnicos de la Confederación Hidrográfica (CHS) de ese río, que ha certificado la existencia y sondeado tres grandes acuíferos subterráneos sin explotar y que, por tanto, anula la necesidad del trasvase que ha sido esgrimido como caballo de batalla político por la Administración del PP.
Los resultados de esta investigación técnica están en el libro “Las aguas subterráneas en la gestión de la sequía. El ejemplo de la Vega Media y Baja del Segura”, del que se imprimieron hace diez meses unos 500 ejemplares que están arrumbados en cajas bajo una escalera de una de las sedes de la CHS en Murcia.
Según los datos que proporciona el libro, en la cuenca del Segura hay al menos un gran acuífero confinado con caudal suficiente para ayudar a equilibrar el déficit hídrico sin necesidad de recurrir a trasvases o transferencias de otras cuencas. Es el de la Vega Media y Baja del Segura, de aguas confinadas que pueden ser surgentes y que tiene unos 2.000 hectómetros de reserva, de los que 100 son renovables anualmente.
Además existe el del Alto Guadalentín, entre Lorca y Puerto Lumbreras, cuyos recursos no están evaluados pero que es de agua potable. Y hay un tercero, el de Mingogil-Villarones, en Hellín, con una reserva de 1.000 hectómetros cúbicos, de los que otros 50 son renovables anualmente. La suma de todos ellos más algunos otros como el de Moratalla, Calasparra, Cieza o Caravaca equilibrarían el déficit hídrico.
Según fuentes técnicas de la CHS, el uso controlado de esos caudales no causa daño ambiental porque un acuífero confinado “no es una bolsa de petróleo que no se repone, sino que se recarga de las montañas por infiltración y o bien sale de forma subterránea al mar o bien se queda en el interior de la tierra adquiriendo presión de confinamiento”, lo que facilita su surgencia si se perfora desde la superficie.
Elconfidencial ya publicó en 18 de diciembre de 2008 http://www.elconfidencial.com/cache/2008/12/17/espana_20_trasvase_segura_innecesario_medio_plazo_segun_ultimas.html
los primeros datos disponibles de los sondeos que se ejecutaban dentro del plan de sequía y que apuntaban a las mismas conclusiones que se extraen del trabajo ya terminado, impreso y no difundido en el libro mencionado, cuyo trabajo de campo se hizo durante la sequía 2005-2009. La CHS, presidida entonces por José Salvador Fuentes Zorita, distribuyó al día siguiente un desmentido a la información que no fue enviado a este diario.
El coordinador y coordinador adjunto de libro –que tiene depósito legal A-187-2011– son el comisario de Aguas y el comisario adjunto de la CHS, Manuel Aldeguer y Gonzalo Aragón. El trabajo de campo lo han hecho los geólogos Luis Francisco Turrión, Alfredo Martínez Arias y Sebastián Delgado Moya.
La presentación pública del volumen técnico se ha ido posponiendo “sine die” desde que salió de imprenta, a principios de este año. A la controversia política que el problema de los trasvases originó en los meses anteriores a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo pasado, se suma ahora como nuevo impedimento político la polémica entre gobiernos regionales del PP por la no inclusión del trasvase del Ebro en su programa y la reclamación de Castilla-La Mancha de poner fin al del Tajo-Segura.
Además, “ni el lobby de las grandes constructoras, que puja por la obra pública de los trasvases, ni el lobby de las grandes desaladoras que quiere seguir construyéndolas están interesados en que los acuíferos confinados puedan llegar a ser la solución al déficit hídrico de la cuenca del Segura”, opina Luis Francisco Turrión, geólogo de la CHS y coautor del libro.
* El Confidencial - Vidal Coy 04/11/2011
Foto: El río Segura contaminado, en una imagen de archivo. (EFE)
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