Estepona descubre 3.200 expedientes urbanísticos caducados

MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Estepona ha localizado en sus archivos 3.200 expedientes de disciplina urbanística caducados. De ellos 1.100 corresponden a investigaciones iniciadas en 2008, justo el año en el que estalló el caso Astapa y fue detenido el ex alcalde Antonio Barrientos, según explicó ayer la concejal de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Susana Arahuetes. La localización de los expedientes sin tramitar en tiempo y forma es el resultado de una auditoría interna que el Consistorio ha realizado en el Departamento de Disciplina Urbanística. "La situación es muy grave. Ha estado provocada por la parálisis absoluta del departamento y por un funcionamiento caótico", señaló la concejala, que recordó que el titular de Urbanismo en los últimos tres años fue el ex alcalde David Valadez.
Arahuetes aseguró que el Ayuntamiento comunicará al Juzgado de Instrucción nº1 de Estepona que instruye el caso Astapa el hallazgo de los expedientes caducados. "El funcionamiento del departamento siguió siendo el mismo, pese a la intervención judicial que se produjo en 2008 y la investigación sobre las presuntas irregularidades urbanísticas. Se mantuvo la misma inacción en el seguimiento de los expedientes", añadió. La auditoría revela que los expedientes disciplinarios no se ultimaron a tiempo debido a que no se firmaron los decretos, que no existía la figura de instructor ni había personal funcionario adscrito, según la concejala.

La edil anunció que se reorganizará el departamento "para que funcione con normalidad y cumplir la legalidad". "Lo ocurrido traslada al ciudadano la sensación de que las infracciones urbanísticas quedan impunes", añadió. También aseguró que el Consistorio reiniciará aquellos expedientes caducos que se refieran a infracciones que no hayan prescrito todavía. El alcalde de la localidad, José María García Urbano (PP), aseguró que se están revisando los servicios del Consistorio. Las situaciones más graves que se han detectado hasta el momento son las del área económica y la de Disciplina Urbanística, según apuntó.

El ex alcalde David Valadez ha calificado las declaraciones del actual alcalde y de la concejal de Infraestructuras de "auténtico despropósito en el que la mentira se erige como el principal baluarte". Recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó parar la construcción de un edificio de 34 viviendas, locales y aparcamientos sobre un suelo de equipamiento público en Marbella que promovió García Urbano. La sentencia fue incumplida. "Todo es muy kafkiano. El alcalde no puede dar lecciones de moralidad", añadió.

El ex regidor aseguró que mantuvo diversas reuniones con técnicos de Urbanismo de la Junta de Andalucía para resolver los problemas que heredó de la anterior Corporación. Fruto de estos encuentros fue un plan de inspección que permitió al Ayuntamiento y a la Policía Local elaborar un inventario de los edificios construidos o en fase de ejecución de Estepona. "El problema es que García Urbano ha quitado de en medio a los técnicos que se encargaban del departamento y que podían informarle de las iniciativas que adoptábamos", añadió.

"El Consistorio y la Junta han estado trabajando en este ámbito codo con codo durante los últimos tres años", concluyó el ex alcalde David Valadez.


* Málaga Hoy - MARCEL VIDAL - 07.10.2011
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com

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"Barcelona tiene 20.000 edificios que están afectados urbanísticamente"

ELPAÍS/Entrevista* : Cuando el urbanismo de Barcelona era capitaneado por Oriol Bohigas, surgió Metápolis. Era un grupo de arquitectos que no comulgaban con el canon de la época. Vicente Guallart (Valencia, 1961) era uno de ellos. Tenía entonces 30 años y ahora es el arquitecto jefe y gerente del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Y tiene a Bohigas como consejero áulico en el recién creado consejo asesor del área que dirige. En los últimos años de CiU en la oposición, Guallart fue el arquitecto de cabecera de Xavier Trias y, sobre todo, de Antoni Vives, el actual edil de Urbanismo. A Guallart, autor del proyecto Sociópolis de transformación de una porción de la Huerta de Valencia, le gusta mucho hablar de hábitat urbano, tecnología y medio ambiente; de conceptos generales. Pero vamos a lo concreto.
Pregunta. ¿Modificarán el proyecto de reforma de la plaza de la plaza de las Glòries?
Respuesta. No. Estamos de acuerdo porque está bien ordenado y la idea del parque central es buena. Se tiene que seguir trabajando paso a paso. Acabar el museo Dhub, luego los equipamientos, derribar el anillo y luego los túneles.

P. ¿Revisarán la urbanización de la futura Sagrera?

R. No hablamos de urbanismo, sino de hábitat urbano. De barrios productivos a velocidad humana en una ciudad hiperconectada y de cero emisiones. En los lugares en transformación como la Sagrera, donde hay un millón de metros cuadrados por construir, se debe vivir e ir a trabajar a pie.

P. La Sagrera se planificó con edificios de altura de viviendas y sector terciario. ¿Se revisará?

R. En Barcelona se ha hecho urbanismo pero no ciudad, sobre todo en lo planeado para la Sagrera, con unas plusvalías del terreno que no existirán, o en la cobertura de Sants. Se salva con nota un problema de infraestructura, pero hay que reconsiderar el resto. Lo haremos este mandato.

P. ¿Reniega del urbanismo practicado en Barcelona?

R. El Ayuntamiento había convertido el urbanismo en una cuestión técnica de cambio de cromos. Y ahora hay que decidir cuál es la estrategia de la transformación futura de la ciudad. La crisis provoca un cambio productivo y hace falta una visión a 25 años. En época de crisis se harán pocas cosas, pero las que se hagan deben ser buenas. Sobre todo el futuro de la ciudad. Y ese es el proyecto arroba Ictinea: transformar una zona del puerto de Barcelona que entrará en obsolescencia y con gran valor estratégico para la ciudad, ya que está delante de Montjuïc.

P. ¿Y el Puerto, qué opina?

R. Ya se ha empezado a hablar. Este es un proyecto que se hará con el Puerto. Como ya se hizo con la transformación, hace años, del Port Vell en zona de ocio. Ahora, como se ha hecho en otras ciudades -Valencia y Vigo- el puerto se desplazará hacia fuera y ese terreno se gana para la ciudad. Insisto en que todo debe ser a largo plazo, no menos de 20 años.

P. Si el urbanismo ha muerto, ¿qué pasa con sus instrumentos? El alcalde, Xavier Trias, defendía hacer nuevas normas de juego.

R. Se han hecho 300 modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM) desde que se aprobó, en 1976. Ahora se debe hacer primero el Plan Director Metropolitano y después la nueva planificación de la ciudad. Llevamos casi 40 años con aquella norma y en Barcelona hay 20.000 edificios afectados de un total de 200.000. Algunos están afectados por alineación, otros por estar previstas áreas verdes, equipamientos o viales que nunca se han ejecutado. Un proyecto que seguro que se revisará es el de los Tres Turons o Torre Baró. Tiene que ser compatible el parque urbano con las viviendas.

P. ¿Cuál es el nuevo modelo que seguir?

R. Hay que pensar en la habitabilidad de las personas y cómo se crea valor en el territorio. El mensaje de ciudad innovadora al exterior, de la capital del móvil... Ahora se debe inventar el urbanismo del siglo XXI, el de las redes de información y de la ecología. Generalizar el modelo del 22@ -impulsado desde los noventa por los sucesivos Gobiernos de izquierdas- y pensar más en Boston que en Roma; economía del conocimiento frente a turismo.

P. Pues el turismo tiene un peso -el 17% del PIB- en Barcelona y el alcalde lo defiende...

R. El turismo es bueno a corto plazo y se debe potenciar. Pero solo el de calidad porque en caso contrario destruirá el tejido productivo de la ciudad.

P. ¿Y no estamos ya en ese camino?

R. Si lo estamos hay que reconducirlo. No podemos ser un parque temático. Si Gaudí atrae a millones de personas, está muy bien, pero hay que potenciar la biomedicina, la economía del conocimiento.

P. ¿Está a favor de la nueva plaza frente a la Sagrada Familia?

R. Sí. La veo bien. La Sagrada Familia lleva asociada un sistema urbano que la rodea, un determinado espacio público.

P. Hay cientos de afectados, de gente que vive y trabaja en esa zona. ¿Quién debe afrontar el coste de las indemnizaciones?

R. No lo sé, pero es un proyecto que diseñar a 20 años.


* El País - BLANCA CIA - Barcelona - 07/10/2011
Foto: Barcelona lujo y miseria, plaza de Les Glóries (archivo) - L.Tusell, adn.es

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Ecologistas denuncian que el PGOU de La Viñuela permite urbanizar el entorno de la presa

SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado ante el Ayuntamiento de La Viñuela y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía alegaciones al PGOU del municipio, actualmente en exposición pública, por considerar que el documento incumple algunas de las limitaciones que impone la ley, favorece la especulación y permite la urbanización de todo el entorno del embalse.
La asociación ecologista ha expresado su preocupación al prever el PGOU urbanizar el entorno del embalse de La Viñuela, haciendo desaparecer la protección de 500 metros en el entorno de la presa. «Lejos de arbitrar alguna norma mínima de protección del paisaje del embalse, pretende recalificar la cornisa circundante, ya urbanizada en casi un 50 por ciento con urbanizaciones difusas, todo un desatino que a buen seguro acabará por matar la gallina de los huevos de oro», ha señalado el presidente de Gena, Rafael Yus. Para el colectivo, el documento además propone tasas de crecimiento urbanístico muy por encima de los límites estipulados por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de Andalucía.

Según Yus, la superficie urbanizable propuesta es 20 veces más de lo permitido, ya que prevé un millón y medio de metros cuadrados, frente a los 70.000 que le corresponden.
En cuanto al número de viviendas que propone el documento, Gena hace constar en su escrito de alegaciones que el municipio cuenta en la actualidad con casas suficientes para la población residente, por lo que el PGOU no justifica el incremento propuesto. «El limite de crecimiento del 30% de viviendas serían 250 y no las 1.996 nuevas, como contempla el documento», ha señalado Yus.
Asimismo, Gena ha criticado el crecimiento que prevé el documento para los dos núcleos urbanos actuales, La Viñuela y Los Romanes, lo que el colectivo ha interpretado como un claro interés por «legalizar las viviendas ilegales de sus alrededores, con lo que sólo se conseguirá aumentar el precio de un suelo que ahora es rústico y premiará a los que construyeron fuera de la ley».
Precisamente, GENA ha alertado sobre el hecho de que el PGOU «olvide» y no refleje las viviendas existentes en suelo rústico, «que en su mayoría están en situación de ilegalidad». A juicio de Yus, se trata de «un olvido imperdonable» en un documento de planeamiento urbanístico, pues, incluso aunque se pretenda su regularización, «el requisito previo es inventariar estas casas».
Gena, que ha pedido que el PGOU sea devuelto para una nueva redacción, ha alegado también contra la reserva de 300.000 metros cuadrados para un campo de golf por entender que premia a «todas las viviendas ilegales de la zona», cuando se trata de un equipamiento que prometido por algunos promotores, pero que nunca se ejecutó. El colectivo ha solicitado que se eliminen las nuevas urbanizaciones, el campo de golf, la construcción en el entorno del embalse, y que el crecimiento de los núcleos urbanos sea sobre la basa de una demanda real y no especulativa.


* SUR - 07.10.11 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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El Cabanyal, en la lista de patrimonios amenazados

PÚBLICO/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sufrió ayer un nuevo revés en su afán por aniquilar el barrio marinero del Cabanyal, amenazado por un plan urbanístico que prevé la demolición de 1.600 casas de alto valor histórico. La World Monuments Fund (WMF), la asociación privada de defensa patrimonial más importante del mundo, incorporó ayer El Cabanyal a su Lista Watch, un catálogo selecto de espacios singulares "amenazados por las fuerzas de la naturaleza y el impacto del cambio social, político y económico". En una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Empire State de Nueva York, miembros de WMF alertaron del "riesgo de destrucción del tejido histórico y edificaciones consideradas Bien de Interés Cultural", así como del "estado de abandono del barrio".
Este reconocimiento supone un bofetón al proyecto de Barberá de ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar por encima del Cabanyal y a costa de centenares de edificios de estética modernista. Se trata de un plan concebido en el año 2000 y que en diciembre de 2009 fue anulado por el Ministerio de Cultura al considerarlo "un expolio del patrimonio español". Esta decisión fue refrendada meses más tarde por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

Tras su inclusión en la Lista Watch, el Cabanyal compartirá vecindad con medio millar de espacios emblemáticos del planeta que también están en peligro. Algo que coloca a la alcaldesa de Valencia en la lista negra internacional de los depredadores del patrimonio. A los ojos de la WMF, derruir El Cabanyal sería igual a que Barberá enviara la excavadoras a destruir el Valle de los Reyes de Egipto, ordenara tapiar la judería de Toledo o proyectara una carretera que arrasara los templos sagrados del Machu Picchu. "Es una llamada de atención a las autoridades valencianas, a que rectifiquen, dialoguen con los vecinos y reconozcan la enorme importancia artística e histórica del Cabanyal", explicó ayer Pablo Longoria, jefe de proyectos de WMF en España.

La noticia causó regocijo entre los vecinos que se oponen a los derribos y apuestan por la rehabilitación integral del barrio. "Los ojos del mundo mirarán a partir de ahora con asombro la amenaza que se cierne sobre este parte de la ciudad de Valencia", aseguró Vicent Gallart, vicepresidente de la asociación de vecinos del Cabanyal, entidad que impulsó la nominación del barrio de pescadores ante la WMF. En la misma línea se pronunció Maribel Domènech, portavoz de Salvem El Cabanyal, quien anunció que remitirán en breve una carta a la alcaldesa para "tenderle la mano, desbloquear el conflicto y diseñar entre todos un plan de rehabilitación que proteja todas las casas del Cabanyal".

Trujillo, también incluido

La Lista Watch se inauguró en 1996 y se renueva cada dos años. Tras la cita de ayer, se incluyeron 67 espacios nuevos, dos de ellos situados en España. Se trata, además del Cabanyal, del paisaje histórico de Trujillo (Extremadura), amenazado por la construcción extensiva de paneles solares. Según Longoria, los nombramientos se producen tras una rigurosa selección por parte de un jurado de reconocido prestigio cuyos miembros, en su mayoría, trabajan para la Unesco. Durante dos años, la WMF difundirá los valores del Cabanyal entre más de mil periodistas e instará a entidades internacionales en defensa del patrimonio a que presionen al consistorio valenciano para que impida la destrucción de su antiguo barrio marinero.


* Público - SERGI TARÍN - 06/10/2011
Foto: La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quiere derribar centenares de edificios de estética modernista - público

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15M.- Por qué nos manifestamos contra la privatización del agua: 8Oct Madrid

GRUPOECONOMÍA/ACAMPADASOL* : En el año 2008 Esperanza Aguirre, en una exhibición de músculos y de malas maneras, aprobó, únicamente con los votos de su grupo parlamentario, la privatización del Canal de Isabel II (CYII). La mayoría de la ciudadanía desconoce que el Canal de Isabel II no sólo gestiona el agua de Madrid y otras tres comunidades autónomas, sino que se trata de una empresa de carácter transnacional que tiene encomendada la gestión del agua en varias ciudades de América Latina, en concreto, en Colombia y es partícipe mayoritario o al 100% de empresas de gestión y/o suministros en Ecuador, Venezuela, México y República Dominicana, cuestión que se ha procurado ocultar para que no se conozca la verdadera trascendencia de la enajenación del Canal a favor multinacionales con oscuros propósitos, como son ACCIONA, FCC, AGUAS BARCELONA [o «Grupo AGBAR» (SUEZ)], a cambio de obtener sólo una parte del dinero necesario para seguir parcheando la financiación de proyectos vinculados al pozo sin fondo de los intereses de los empresarios de la construcción.
Lo sorprendente en este caso es que no se trata de un servicio público que sufra “vaciado de financiación, deterioro del servicio o malestar de los usuarios”, sino todo lo contrario: el CYII es una de las entidades públicas más antiguas, y prestigiosas de nuestro país, con 160 años de funcionamiento, que presta sus servicios con calidad y eficiencia, y con “rentabilidad social”, es decir, con beneficios materiales y cuantificables para TODAS las personas que habitan en la Comunidad de Madrid.
Pero esta “estrategia de negocio” viene de lejos, cuando en el año 2002 el gobierno de Ruiz Gallardón, utilizando una normativa propicia de la década liberalizadora de los años ochenta que regulaba las competencias de los órganos de gobierno del CYII, creó una “sociedad vehículo” de carácter mercantil con los fondos del CYII (Canal Extensia, S.A.), para la caza del lucro en el exterior, a través de la compra y venta de acciones y participaciones en empresas “opacas” de servicios públicos.

Desde entonces la “sociedad vehículo” del CYII se ha extendido como una mancha de grasa por varios países de Latinoamérica, dando cuerpo y entidad a una multinacional muy cotizada, cuyo comportamiento y objetivos responden a la lógica depredadora de los holding privados, corriendo riesgos desconocidos para los ciudadanos y las ciudadanas de la CAM, afectando al objetivo inicial, legal y único de su creación (garantizar un servicio público de agua), y anticipando con su proceder el futuro del agua madrileña en manos de una empresa privada, lo que supone:

· Empeoramiento de la CALIDAD para reducir costes e incrementar beneficios a corto plazo, forzando el consumo de agua embotellada e incrementando, por tanto, el gasto mensual por familia;

· ENCARECIMIENTO del precio del agua, bien mediante subida en las tarifas, bien por servicios que actualmente no se cobran;

· Elevación del consumo, obligando a la construcción innecesaria de grandes embalses y nuevas infraestructuras de abastecimiento con gran IMPACTO AMBIENTAL económico y social;

· Venta del suelo del CYII que se encuentra en el centro de Madrid, favoreciendo la ESPECULACIÓN INMOBILIARIA;

· Eliminación de inversiones de carácter puramente medioambiental y en las redes de distribución.

· Supresión de las campañas de concienciación ciudadana para el ahorro de agua, incompatibles con la condición de empresa privada;

· Mayores beneficios económicos de los accionistas privados en detrimento de las arcas públicas;

Y, en definitiva: un buen negocio para los amigos y las amigas del PP.

Cumpliendo con estos oscuros propósitos, y con lo anunciado por Ignacio González (“vamos a sacar a bolsa el 49% del capital del CYII”), en abril de 2011 se firman varios convenios entre el CYII, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que escenifican la primera fase de la privatización y anticipan la creación de la sociedad anónima que posibilitará su consumación. No en vano, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ya había adelantado: “Ambas administraciones han pactado las cantidades para la privatización del gestor del agua y solo faltan detalles técnicos”.

La operación se ha llevado con tal opacidad y falta de transparencia que la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras del CYII no se han enterado de las condiciones reales del expolio. La empresa privada pagará al Ayuntamiento de Madrid un canon por la adscripción de sus bienes demaniales (públicos, inalienables, inembargables e imprescriptibles) y está negociando con el resto de los ayuntamientos cuyo servicio integral del agua está siendo gestionado por el CYII, tentándoles con un acuerdo similar para que no cumplan los requisitos de contratación (licitación y oferta pública a los que estarían obligados por ley al tratarse de una empresa privada) y mantengan así los convenios firmados cuando la empresa era cien por cien pública.

Por supuesto, todo ello repercutirá en las tarifas del agua y en la calidad del servicio; supondrá la precarización de los trabajadores y las trabajadoras del CYII y el menoscabo del servicio público; significará tanto el fin de las políticas de ahorro del líquido, como la potenciación del agua embotellada; y, en todo caso, consumará una expoliación del patrimonio de las personas que residen en la Comunidad de Madrid. En este sentido, la gestión de las empresas del Grupo Canal que operan en Latinoamérica nos ofrecen ya una visión anticipada de lo que pasará con el servicio público del agua si permiten el avance de este modelo privatizador.

Recordamos una vez más que esta operación se produce en un momento en que la entidad funciona bien y tiene beneficios, no sólo para atender sus necesidades, sino también para subvencionar a otros organismos públicos como los Teatros Canal (más de mil millones de euros), la Fundación Canal (más de 500 millones de euros) y Metro de Madrid, (más de 200 millones de euros).

Con el objetivo de luchar contra esta privatización, movilizar e informar a todas las personas que viven en la Comunidad de Madrid se crea la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, entidad a la que se han sumado ya de manera activa decenas de asambleas populares del 15M que, con su actividad han conseguido ya que en el Ayuntamiento de Leganés haya prosperado una Iniciativa Legislativa Municipal para el mantenimiento del CYII como entidad de derecho y gestión pública.

Por todas estas razones, el Grupo de Trabajo de Economía de Sol ha consensuado sumarse a la manifestación contra la privatización del Canal de Isabel II que se celebrará este sábado a las 18 horas, con un recorrido que partirá desde la sede del Canal de Isabel II (calle Santa Engracia, 125) y discurrirá por las calles de Santa Engracia, Eloy Gonzalo, Glorieta de Quevedo, San Bernardo… finalizando a las 21 horas.

El agua es un recurso natural, igual que el aire o la luz del sol. La gestión de un recurso natural tan esencial para la vida debe estar en manos de la sociedad y no de empresas privadas que ponen el interés particular sobre el público.
Necesitamos que muchos ayuntamientos madrileños apoyen iniciativas similares y, por ello, este sábado nos manifestaremos diciendo:

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Fecha: Sábado, 8 de octubre
Hora: 18:00
Lugar: Sede del Canal de Isabel II (Calle Santa Engracia, 125)

Fuente: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/10/04/por-que-nos-manifestamos-contra-la-privatizacion-del-agua/


* Rebelión - Toma la Plaza - 5.10.11

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El Consell elimina la prohibición general de reclasificar en 30 años los montes quemados

LEVANTE/Valencia* : El Ejecutivo valenciano ha echado mano de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2012 para introducir un cambio de calado en la ley forestal, de tal manera que la prohibición general de reclasificar suelo en montes que hayan sufrido un incendio podrá ser eliminada en los casos de interés general. En concreto, el Consell quiere introducir un nuevo apartado en la ley forestal, que data de 1993, en virtud del cual "con carácter singular y mediante su declaración como de interés general para la Comunitat Valenciana, el Consell podrá excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal al menos durante 30 años mediante acuerdo justificado".
Con esta iniciativa la Conselleria de Territorio que dirige Isabel Bonig intenta dar cobertura legal a la ampliación del vertedero de Dos Aguas, que quedó paralizada porque una parte de la instalación afecta a terrenos forestales quemados. Bonig ya mencionó la posibilidad de usar la ley presupuestaria para desbloquear las obras. Sin embargo, el cambio legal podría hacerse extensible a otros suelos, con lo que la medida, que supone una rebaja en la protección de los montes, nace ya con polémica. Además, cuenta con serios obstáculos jurídicos, ya que la ley estatal sobre montes impide el cambio de uso forestal para los terrenos incendiados al menos durante 30 años. Existen informes jurídicos internos de la conselleria que así lo constatan.

La ley de montes forma parte de la treintena de normas que el Consell pretende reformar a través de la ley de acompañamiento cuyo anteproyecto fue aprobado el viernes por el Ejecutivo. El texto al que ha tenido acceso Levante-EMV contiene numerosas reformas legales, algunas de ellas de gran trascendencia.

LEY DE VIVIENDA

Los constructores podrán eludir los vicios ocultos en las VPO
Los cambios previstos en la ley de vivienda de la Comunitat Valencia suavizan al máximo las responsabilidades que hasta ahora eran exigibles a los promotores de vivienda de protección oficial cuando se daban defectos en la construcción. El Ejecutivo que preside Alberto Fabra quiere eliminar de un plumazo los apartados que regulaban en el orden administrativo la posibilidad de imponer "al promotor las obras necesarias de reparación, o la ejecución a su costa" de los defectos o vicios ocultos en la obra. Los propietarios tenían un plazo de exigencia hasta cinco años en el caso de problemas en la cimentación. Cuando la nueva ley se apruebe, la responsabilidad de los constructores quedará reducida al ámbito civil. La voluntad del Gobierno valenciano de quitar trabas a los promotores de vivienda es evidente, ya que además, "las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección pública, que diesen lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas" deja de considerarse una infracción grave.

PLAN CONFIANZA

Se amplía el plazo para cumplir con el plan estrella de Camps
El proyecto estrella del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, para crear empleo; el plan Confianza gana un nuevo plazo para poder ser culminado. En concreto, la ley prorroga hasta el 30 de abril de 2013 el plazo para la acreditación de la finalización de las obras. El plan de apoyo a la inversión productiva en municipios se ha visto lastrada desde su puesta en marcha en 2009 por las dificultades de financiación con cargo a la deuda. Además de ampliarse el plazo, el Consell permitirá a los ayuntamientos sustituir proyectos ya aprobados cuando por causas sobrevenidas no hayan podido llevarse a término.
control interno

MANOS LIBRES PARA LA INTERPRETACION GENERAL
La ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012 conlleva también numerosos ajustes legales como consecuencia de los planes del Ejecutivo de meter en cintura el gasto público y, en concreto, las empresas y fundaciones de la Generalitat. De ahí que hay varias adaptaciones en la ley de Hacienda para adaptarse a la nueva filosofía del decreto que entró ayer en vigor en el que se aprueba un régimen económico y financiero para el sector público valenciano. Así, se introduce la intervención previa para los entes y se refuerza el papel de la Intervención General. Tanto el interventor general como los interventores delegados "podrán recabar directamente de quien corresponda los asesoramientos e informes técnicos que consideren necesarios".
El sometimiento a las directrices de la Intervención General queda también recogido negro sobre blanco ya que la ley establece que las distintas conselleries "estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar los documentos que resulten precisos, así como cualquier asistencia que les sea requerida por la Intervención, incluida la adscripción temporal de medios personales".

CORPORACION PUBLICA

Con voz pero sin voto en los consejos del sector público
Tal como estaba anunciado, por ley de acompañamiento se crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana cuyo objetivo es tomar el control del sector público empresarial para proceder a su reestructuración. En principio actuará sobre 45 entidades públicas que tendrán que dar entrada en sus consejos de administración a representantes designados por la corporación que tendrán voz pero no voto en las reuniones. Se recoge de manera detallada las funciones del nuevo ente público, todas ellas dirigidas al control y saneamiento.


* Levante - Julia Ruíz - 6.10.11
Foto: Incendio forestal, extinción - insurgente

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El arquitecto de Boadilla alquila al Santander dos edificios a través de empresas opacas

ELCONFIDENCIAL/Madrid* : La relación del arquitecto redactor del plan urbanístico municipal de la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte) con el Santander se traduce en negocios millonarios. Además de cobrar de Cezosa, la inmobiliaria del banco que compró los terrenos de la sede central, el urbanista Leopoldo Arnaiz es también el “casero” de la entidad financiera a través de empresas pantalla.
El edificio Alhambra, situado frente a la Ciudad Financiera, alberga las oficinas de Isban (Ingeniería de Software Bancario), la filial del Santander que desarrolla los sistemas informáticos de la entidad a nivel mundial. Leopoldo Arnaiz, denunciado por haber defendido los intereses del banco mientras estaba contratado por el Ayuntamiento de Boadilla como redactor del PGOU, consiguió en 2007 un contrató redondo: el Santander, después de aportar el suelo, le otorgó un crédito de hasta 51 millones de euros para construir y, simultáneamente, le alquiló el edificio por un plazo de quince años. Cezosa, empresa inmobiliaria del banco, era la propietaria de la parcela. Se la transfirió a Beltraex Nexo, sociedad de Arnaiz administrada por un testaferro, la misma cuyos pagos del banco está investigando el juzgado de instrucción nº35 de Madrid.

Beltraex vendió los terrenos a otra sociedad, Gamavila Urbana S.L., por 1,2 millones de euros. Esta compañía pertenece igualmente al entramado opaco del arquitecto, concretamente en un 50%. Estaba representada por Carlos Serrano Altimiras, otro de sus testaferros habituales. Así, Gamavila es la promotora del edificio Alhambra, de casi 70.000 metros cuadrados repartidos en seis plantas de aparcamiento, un semisótano y tres pisos de oficinas donde hoy trabajan cientos de empleados externos del Banco Santander.

Arnaiz ha declinado hacer cualquier tipo de declaración. Por su parte, fuentes oficiales del Santander aseguran que “vender un inmueble dando financiación al comprador y alquilándolo a continuación es una operación que se ha hecho cientos de veces en las operaciones de lease back”. No han contestado a si sabían que Arnaiz era el dueño de las empresas con las que firmaron las contratos, limitándose a decir que “el banco conocía que era el arquitecto de ambos edificios”.

La operación está perfectamente reflejada en la nota literal de la parcela del Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte. Para este negocio, Arnaiz no utilizó ninguna de la veintena de sociedades que encabeza con luz y taquígrafos, sino dos pertenecientes a su entramado opaco, para evitar cualquier relación “oficial” con Cezosa y el Santander. Pero el citado registro refleja que la licencia de construcción del ayuntamiento incorpora el certificado del arquitecto “Leopoldo Arnaiz Eguren”. El contrato de alquiler lo firmaron Ingeniería de Software Bancario (ISBAN) y Beltraex Nexo el 4 de noviembre de 2007. Luego fue cedido a Santander Global Facilities. Todo estaba bien atado antes de poner la primera piedra. Según fuentes cercanas al propio Arnaiz, en los quince años de alquiler amortizará la operación y tendrá para sí un edificio completo cuyo terreno, créditos y arrendamiento le llegaron del Santander. La inversión total del edificio asciende a 72,9 millones de euros.

Edificio Montepríncipe

Los empleados de ISBAN ocupan igualmente el Edificio Montepríncipe, muy cerca del Alhambra, pegado a la M40 y justo en el inicio del término municipal de Alcorcón. También está alquilado a una de las empresas pantalla de Leopoldo Arnaiz, aunque en este caso el banco no ha aportado financiación alguna. Tiene capacidad para más de 1.500 trabajadores y casi mil plazas de garaje. Los contratos de alquiler los firmaron testaferros de Arnaiz.


* El Confidencial - Javier Chicote 05/10/2011
Foto: El edificio Alhambra de la Ciudad Financiera del Santander - elconfidencial

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Castilla y León asume la competencia de juzgar a su expresidente de las Cortes

ELPAÍS* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asumido la competencia de juzgar a José Manuel Férnandez Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y León y ex presidente del Parlamento autonómico, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
La causa, derivada del caso Gürtel, fue remitida por el magistrado Antonio Pedreira desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el de Castilla y León lo hace suyo ante la implicación de Fernández Santiago, dada su condición de aforado y que los supuestos delitos se cometieron en el territorio de esta comunidad.
La investigación se centra en la adjudicación a Teconsa, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla y León, de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, supuestamente, el máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, cobró una cuantiosa comisión.

Entonces, en 2002, Fernández Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, al que se atribuye haberse embolsado 18.000 euros “por motivos que se desconocen”, tal como indica el Tribunal Superior castellanoleonés en el auto en el que asume la competencia.

Pedreira ya remitió, hace un año, la que supone tercera rama del caso Gürtel al tribunal castellanoleonés, después de que en la contabilidad de las empresas de Correa aparecieran nombres relacionados con este Gobierno autonómico.

El magistrado designado para dirigir la instrucción desde este Tribunal ha sido César Balmori Heredero, quien investigará sobre los hechos presentados e implicados en ellos.

Mientras, el Tribunal Superior madrileño madrileño mantiene parte de esa rama del caso Gürtel, tras imputar a los directivos de la constructora Teconsa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública.


* El País - 4.10.11
Foto: Valladolid, expresidente Cortes, F.Santiago - publico.es

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C.Valenciana.- El Tribunal de Cuentas investiga la posible compra de pisos con dinero de Cooperación

LEVANTE* : El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias previas de investigación sobre las ayudas públicas que la desaparecida Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dio a la Fundación Cultural de Estudios Sociales (Fundación Cyes, no confundir con la empresa constructora). En concreto analiza presuntas irregularidades en el uso de 1,6 millones de subvención en 2008 para un proyecto en Nicaragua que podrían haber sido utilizados en la compra de inmuebles, así como posibles defectos en la concesión de la ayuda por parte de la Generalitat. La diputada del PSPV Clara Tirado, que ejerce la acusación pública, exige que se dirima si el exconseller del ramo, Rafael Blasco, y el actual director general de Integración, Josep María Felip, así como otros altos cargos del Consell, pueden tener "responsabilidades contables" en esta adjudicación.
La iniciativa de la Sección de Enjuiciamiento nº3 del Tribunal de Cuentas de investigar las ayudas de la Generalitat a la Fundación Cyes nace de un informe de la Sindicatura de Comptes que concluyó el pasado mes de abril que la ONG no cumplía los requisitos para recibir 1,6 millones de ayuda para la construcción de dos pozos en Nicaragua.

Esta actuación del auditor público se realizó a petición del Grupo Parlametario Popular en las Corts Valencianes.
Además, este informe de la Sindicatura tuvo un voto particular, el primero en la historia de la institución. El síndico Antonio Mira-Perceval asegura que la conselleria no debía haber concedido la ayuda a Cyes por no acreditar su experiencia y porque en el proyecto contemplaba la compra de inmuebles. Mira-Perceval también concluye que "no existe constancia en el expediente de que una parte de los gastos, por importe de 1.168.281 euros, haya sido pagada por la fundación Cyes por lo que la Conselleria debería haber iniciado el correspondiente expediente de reintegro por dicho importe".
Junto al informe de la Sindicatura de Comptes, la diputada del PSPV Clara Tirado adjuntó una documentación en la que aseguraba que la cartera que dirigía Rafael Blasco permitió que la Fundación Cyes comprara dos inmuebles en la ciudad de Valencia con el dinero de cooperación que tenía que haber sido destinado a la construcción de pozos en Nicaragua. Tirado cree que el dinero desviado "cuya justificación no cumple la legislación vigente" puede alcanzar los 1.331.594 euros.
La diputada socialista exige "responsabilidad contable contra la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, su conseller Rafael Blasco, Josep María Felip, director general de Inmigración, y cuantos cargos de la citada conselleria hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable, asimismo, contra el administrador de la Fundación Cyes, por los prejuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunitat Valenciana".
El Tribunal de Cuentas ha trasladado toda la documentación al Fiscal Anticorrupción, que ya investiga estas ayudas y otras otorgadas a media docena más de ONG, al Abogado del Estado y al representante legal de los Servicios Jurídicos de la Comunitat Valencian a fin de que aleguen.
Según ha podido saber este periódico, la Abogacía de la Generalitat presentó sus alegaciones el mes de junio, días después de la apertura de diligencias. Fuentes del Consell aseguraron que "no existen irregularidades" en la concesión de ayudas. En la argumentación presentada al tribunal, las mismas fuentes explican que la Conselleria rechazó las facturas de compra de pisos. Los argumentos son los mismos que ya presentara el PP a la Sindicatura.


* Levante - 5.10.11
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Madrid deja pasar el plazo y no pide la prórroga por la contaminación ilegal

ELPAÍS* : El plazo para solicitar una moratoria a la Unión Europea por incumplir la legislación en materia de contaminación expiró el 30 de septiembre pasado. Era el tiempo del que disponían las comunidades autónomas y los ayuntamientos para pedir la prórroga, según el Ministerio de Medio Ambiente. Y Madrid, ciudad que supera el límite legal de dióxido de nitrógeno desde el año pasado, no la ha presentado. El Ministerio ha recibido solicitudes de prórroga únicamente de tres zonas: Palma (Baleares), Área de Barcelona y Vallès-Baix Llobregat (Cataluña).
Madrid superó en 2010 el límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno. Por primera vez era obligatorio para los países de la Unión Europea contener la polución por este contaminante, que procede en gran medida de los tubos de escape de los vehículos a motor, por debajo de los 40 microgramos por metro cúbico de media anual. La capital registró 44 y la encargada de Medio Ambiente de la ciudad, Ana Botella, se vio obligada a reconocerlo en una comisión y a anunciar que iba a pedir una prórroga que la exima de cumplir durante los próximos cinco años.

El plazo ha expirado, y el Ayuntamiento de Madrid no ha enviado su solicitud al ministerio, que es el interlocutor válido para hacer llegar las peticiones a Bruselas. Sin embargo, el consistorio de la capital asegura que la legislación le permite tramitar su solicitud hasta final de año, y no hasta el 30 de septiembre como asegura el ministerio, que ya habló de ese plazo en febrero, cuando un anticiclón de varios días de duración cubrió el cielo de Madrid con una boina de contaminación visible desde muchos puntos.

Una portavoz del departamento que dirige Ana Botella ha asegurado que la normativa europea y el decreto que la traspone a la legislación española permiten a Madrid solicitar la prórroga antes del 31 de diciembre de 2012. Se basa en un artículo de la norma que asegura: "Esos planes serán transmitidos a la Comisión sin demora y, en cualquier caso, antes de que transcurran dos años desde el final del año en que se observó la primera superación". El texto se refiere a los planes de calidad del aire, no a la solicitud de prórroga; sin embargo, el Ayuntamiento defiende que, dado que las ciudades deben acompañar la petición con un plan de calidad del aire, este es el plazo aplicable. Precisamente por la "ambigüedad", explica Medio Ambiente, de esta frase de la directiva, el departamento que dirige Rosa Aguilar comunicó a comunidades y ayuntamientos en una reunión el 28 de julio pasado que la fecha límite era el 30 de septiembre. Previamente se lo había consultado a la Comisión Europea, añade la misma fuente.

El artículo 22 de la directiva 50/2008 sobre calidad del aire prevé que, cuando no se puedan respetar los límites fijados para el dióxido de nitrógeno a partir de enero de 2010 -cuando su cumplimiento pasó de ser recomendado a obligatorio-, los estados miembros pueden pedir una prórroga por un máximo de cinco años para la zona concreta en la que se superen los máximos permitidos. Para ello tiene que existir un plan de calidad del aire que demuestre que se están poniendo los medios necesarios para respetar los valores límite antes de que acabe la prórroga. Además, para que la Comisión Europea la conceda, las ciudades o áreas afectadas tienen que poder demostrar que han hecho todo lo posible para cumplir las normas, estableciendo, por ejemplo, un plan de calidad del aire con medidas concretas que deben haberse puesto en marcha.

El anticiclón que lleva varios días sobre la Península ha elevado los niveles de dióxido de nitrógeno. Ayer mismo, a las nueve de la noche, ocho estaciones de medición de la capital registraron a la vez más de 200 microgramos por metro cúbico de NO2. La mitad superaron los 250. El Ayuntamiento estuvo a un paso de tener que activar el nivel de aviso a la población, algo que finalmente no sucedió porque, pese a los elevados registros, las superaciones deben producirse en estaciones de una misma zona, y Madrid está dividida en seis a efectos de notificación a los ciudadanos. La estación de la avenida Ramón y Cajal midió 364 microgramos. El que sí se activó fue el nivel de preaviso, pero es de carácter interno de la Administración municipal.


* El País - ELENA G. SEVILLANO / RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 05/10/2011
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais

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El Algarrobico, más cerca de su demolición

ELALMERÍA* : El hotel del Algarrobico ha dado un paso más para dejar de ser uno de los más citados en los ejemplos de urbanismo salvaje en todo el país. La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se exigía un nivel de protección mayor del lugar con la derogación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2008 en favor del anterior de 1994 que concedía una mayor restricción al considerar que la zona no era edificable. Dicho claramente, lo que ayer decidió el Alto Tribunal fue proteger la zona de un "efecto devastador" contra el entorno natural de la zona y esgrimió para ello el "interés público en proteger el medio físico". El auto es contundente cuando afirma que "la zona queda mejor amparada con el PORN de 1994 que otorga más intensa y mejor protección ambiental".
A pesar del largo camino judicial que aún le queda al litigio emprendido entre las administraciones (en sus tres niveles, local, regional y nacional) y la empresa promotora del establecimiento hotelero (Azata del Sol) con los colectivos ecologistas de fondo (verdaderos impulsores de unas actuaciones destinadas a paliar el daño ambiental realizado en las costas almerienses), el de ayer es un paso fundamental a la hora de encarar las futuras sentencias que se han de producir. Primero por ser el organismo que la ha dictado, el Tribunal Supremo, creador de jurisprudencia y segundo porque ante la misma no cabe un recurso ordinario ante ninguna instancia judicial.

Lo que es incuestionable es la voluntad del Supremo de "aumentar la protección del entorno" por encima de la intención de la Administración autonómica de "urbanizar la zona", al menos en un primer momento. Lo cierto es que la actuación de la Junta en este proyecto, supone un auténtico vaivén en cuanto a sus verdaderas intenciones. Pese a que en los últimos años las manifestaciones públicas de los distintos responsables se han apuntado al derribo del hotel de la manera más rápida posible, lo cierto es que en enero de 2003 la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta autorizó la instalación del hotel y pocos días después era la de Sanidad quien daba su preceptivo visto bueno. En mayo de ese mismo año se rizaba el rizo de la indefinición y Medio Ambiente otorgaba su calificación de 'ambiental' a dicho establecimiento. Las obras del hotel de más de 400 habitaciones comenzaron ese mes. En enero de 2004 aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata que promovía la construcción de instalaciones hoteleras en las zonas calificadas como 'edificables' dentro del parque natural y que incluía el Plan Turístico del Levante ubicado en El Algarrobico.

No es hasta febrero de 2008 cuando se aprueba el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona, proyecto que el Supremo se ha encargado de echar abajo en esta resolución fomentada por la organización ecologista Greenpeace, quien recurrió la intención de la Junta.

El TSJA había acordado "mantener el grado de protección" porque "los criterios de ordenación para estas áreas orientan a preservar la interacción armoniosa entre el poblamiento del parque y su naturaleza, promover actividades económicas compatibles con el desarrollo sostenible, fomentar la regeneración de áreas degradadas y favorecer su lectura en términos de conectividad ecológica y social".

Sin embargo, el recurso de la Administración autonómica para hacer valer sus planteamientos recogidos en el texto de 2008, a juicio del Supremo constituyen un intento de "plantear la posible producción del efecto devastador alegado por la parte recurrente (Greenpeace) en relación a la construcción del establecimiento hotelero".

Por todo ello, el Alto Tribunal "concede la protección establecida en 1994" . La Junta, en un intento por continuar con su intención de declarar edificable la zona donde se asiente, intentó sin éxito "incluirlo en la zona denominada C3, donde son compatibles nuevas edificaciones y rehabilitación de las existentes, lo que podría permitir terminar la edificación de la infraestructura hotelera cuestionada".

En resumen, el Supremo se decanta por el PORN de 1994 por entender que "no era posible construcción alguna, ni la legalización de las ejecutadas. Además, ponderados los intereses en conflicto ha de darse preminencia al interés general representado en la consideración de que El Algarrobico se califica como espacio protegido no urbanizable con la variable medioambiental que ello implica". El Supremo da un paso más y contempla un futuro sin el hotel al asegurar que el PORN de 1994 "atiende más eficazmente a la recuperación del lugar y por lo tanto a la defensa del interés público medioambiental en cuanto a la restauración de una zona ya degradada".El hotel del Algarrobico ha dado un paso más para dejar de ser uno de los más citados en los ejemplos de urbanismo salvaje en todo el país. La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se exigía un nivel de protección mayor del lugar con la derogación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2008 en favor del anterior de 1994 que concedía una mayor restricción al considerar que la zona no era edificable. Dicho claramente, lo que ayer decidió el Alto Tribunal fue proteger la zona de un "efecto devastador" contra el entorno natural de la zona y esgrimió para ello el "interés público en proteger el medio físico". El auto es contundente cuando afirma que "la zona queda mejor amparada con el PORN de 1994 que otorga más intensa y mejor protección ambiental".

A pesar del largo camino judicial que aún le queda al litigio emprendido entre las administraciones (en sus tres niveles, local, regional y nacional) y la empresa promotora del establecimiento hotelero (Azata del Sol) con los colectivos ecologistas de fondo (verdaderos impulsores de unas actuaciones destinadas a paliar el daño ambiental realizado en las costas almerienses), el de ayer es un paso fundamental a la hora de encarar las futuras sentencias que se han de producir. Primero por ser el organismo que la ha dictado, el Tribunal Supremo, creador de jurisprudencia y segundo porque ante la misma no cabe un recurso ordinario ante ninguna instancia judicial.

Lo que es incuestionable es la voluntad del Supremo de "aumentar la protección del entorno" por encima de la intención de la Administración autonómica de "urbanizar la zona", al menos en un primer momento. Lo cierto es que la actuación de la Junta en este proyecto, supone un auténtico vaivén en cuanto a sus verdaderas intenciones. Pese a que en los últimos años las manifestaciones públicas de los distintos responsables se han apuntado al derribo del hotel de la manera más rápida posible, lo cierto es que en enero de 2003 la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta autorizó la instalación del hotel y pocos días después era la de Sanidad quien daba su preceptivo visto bueno. En mayo de ese mismo año se rizaba el rizo de la indefinición y Medio Ambiente otorgaba su calificación de 'ambiental' a dicho establecimiento. Las obras del hotel de más de 400 habitaciones comenzaron ese mes. En enero de 2004 aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata que promovía la construcción de instalaciones hoteleras en las zonas calificadas como 'edificables' dentro del parque natural y que incluía el Plan Turístico del Levante ubicado en El Algarrobico.

No es hasta febrero de 2008 cuando se aprueba el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona, proyecto que el Supremo se ha encargado de echar abajo en esta resolución fomentada por la organización ecologista Greenpeace, quien recurrió la intención de la Junta.

El TSJA había acordado "mantener el grado de protección" porque "los criterios de ordenación para estas áreas orientan a preservar la interacción armoniosa entre el poblamiento del parque y su naturaleza, promover actividades económicas compatibles con el desarrollo sostenible, fomentar la regeneración de áreas degradadas y favorecer su lectura en términos de conectividad ecológica y social".

Sin embargo, el recurso de la Administración autonómica para hacer valer sus planteamientos recogidos en el texto de 2008, a juicio del Supremo constituyen un intento de "plantear la posible producción del efecto devastador alegado por la parte recurrente (Greenpeace) en relación a la construcción del establecimiento hotelero".

Por todo ello, el Alto Tribunal "concede la protección establecida en 1994" . La Junta, en un intento por continuar con su intención de declarar edificable la zona donde se asiente, intentó sin éxito "incluirlo en la zona denominada C3, donde son compatibles nuevas edificaciones y rehabilitación de las existentes, lo que podría permitir terminar la edificación de la infraestructura hotelera cuestionada".

En resumen, el Supremo se decanta por el PORN de 1994 por entender que "no era posible construcción alguna, ni la legalización de las ejecutadas. Además, ponderados los intereses en conflicto ha de darse preminencia al interés general representado en la consideración de que El Algarrobico se califica como espacio protegido no urbanizable con la variable medioambiental que ello implica". El Supremo da un paso más y contempla un futuro sin el hotel al asegurar que el PORN de 1994 "atiende más eficazmente a la recuperación del lugar y por lo tanto a la defensa del interés público medioambiental en cuanto a la restauración de una zona ya degradada".


* El Almería - 5.10.11
Foto: Greenpeace persigue la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico (Almería).Greenpeace / EFE

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Gallardón pagó 22 millones por unos terrenos que el Real Madrid valoraba en 488.000 euros

ELCONFIDENCIAL* : Florentino Pérez resucita las cuentas del Real Madrid gracias a un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento. El conjunto blanco se ha hecho con unos terrenos públicos adjuntos al Santiago Bernabéu para construir un centro comercial en el paseo de la Castellana cediendo al consistorio, a cambio, unas parcelas en la zona de Las Tablas (Madrid). El éxito de la negociación está en que Florentino ha convencido a Alberto Ruiz Gallardón para que dé el mismo valor (22 millones de euros) a unos terrenos despoblados en Las Tablas y a otros en el pleno Paseo de la Castellana. La misma parcela en el extrarradio de Madrid que Gallardón valora ahora en 22 millones de euros, el Real Madrid lo contabilizó en su informe económico 2010/2011 por un valor de 488.000 euros. O, lo que es lo mismo, como explica Gonzalo Garteiz en La Celosía, Florentino consigue con este trueque que Gallardón multiplique por 50 el valor de su terreno.
En el estudio que el club blanco entregó a sus socios compromisarios el pasado mes de septiembre, el Real Madrid reconoce como inversión inmobiliaria esta parcela de Las Tablas cuyo valor no supera el medio millón de euros. En el análisis, el club madrileño admite que ese terreno se había obtenido gracias “a una operación de permuta realizada en ejercicios anteriores con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid”, aunque el terreno “no está afecto a la explotación ni tiene un uso definido”.

Con esta operación, Gallardón salda la deuda de unos 20 millones de euros que todavía mantenía abierta con el Real Madrid desde 1998, año en el que el Ayuntamiento cedió los terrenos para construir las cuatro torres en la antigua Ciudad Deportiva del equipo blanco. En ese acuerdo, el consistorio madrileño tenía que ceder unos terrenos, estos 70.000 metros cuadrados para uso deportivo en el barrio de Las Tablas, al equipo blanco. Pero aunque el Real Madrid era el propietario formal, el municipio nunca ejecutó la entrega. Trece años después, Pérez recupera el acuerdo que nunca se cerró y el ayuntamiento dice que no puede entregárselo porque en el plan de ordenación urbana de 1997 se establece que esos terrenos debían ser de titularidad pública.
Para dejar a cero su deuda con el Real Madrid por la operación de las cuatro torres, el consistorio únicamente puede compensar a Florentino cediéndole otros terrenos. Además de que el ayuntamiento infle el valor de la parcela de Las Tablas un 4551%, Pérez ha conseguido cambiar el uso de los terrenos anexos al Bernabéu en terrenos de uso privado cuando en 1991 fueron calificados como terrenos de uso deportivo.

Una valoración independiente

David Ortega, representante de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, pedirá mañana a Pilar Martínez, concejal de Urbanismo del consistorio, que un "experto técnico independiente valore de nuevo los terrenos y compruebe su coste real". Asimismo, aprovechará la reunión para preguntar sobre la calificación de la parcela de Las Tablas B-32, calificada como deportiva de carácter básico. "No entendemos siquiera por qué se permutó este terreno al Real Madrid en 1998 si ya entonces no podía hacer uso de ella", explica Ortega.

Conseguido ya el terreno, el siguiente capítulo en la historia del Real Madrid es reconvertir el estadio Santiago Bernabéu. Los socios compromisarios aprobaron a finales de septiembre la propuesta de remodelación del campo presentada por Florentino y su junta directiva para convertirlo en un “estadio de elite y vanguardia de referencia mundial, en un hito arquitectónico y de modernidad de la ciudad”. Además de un centro comercial en el lateral de la Castellana, también se modificará la entrada al palco de honor y se reordenará toda la zona.


* El Confidencial - 4.10.11
Foto: Madrid, Gallardón y Florentino - EFE

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La Fiscalía intenta agilizar los derribos de casas ilegales a cambio de suspender penas

LAOPINIÓN/Málaga* : Cuando a un individuo se le condena por primera vez puede lograr que se suspenda la ejecución de la pena siempre que haya sido sentenciado a menos de dos años de cárcel, pague la responsabilidad civil y carezca de antecedentes penales computables, pero los delincuentes urbanísticos casi siempre eluden la cárcel aun cuando pocos tiran la casa ilegal. La Fiscalía de Medio Ambiente quiere acabar con esa bolsa de impunidad y ha comenzado a vincular en sus escritos la suspensión de la ejecución del castigo con que el afectado demuela la construcción irregular de que se trate.
Es, según fuentes judiciales, «una medida pionera» que, por cierto, ya ha sido apreciada por cuatro jueces de lo Penal en Málaga. Todo ello nace de una novedosa interpretación que el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, hace del artículo 83 del Código Penal, el que establece las condiciones para que un condenado pueda ver suspendida su pena: además de las ya citadas –una condena inferior a los dos años, ausencia de antecedentes o el pago de la responsabilidad civil–, en el punto seis de ese apartado se especifica que se concederá la misma siempre que el acusado cumpla los deberes que el juez estime convenientes para rehabilitar al procesado.

Estas condenas suelen llevar aparejadas la pena de cárcel, una multa y el derribo de la vivienda, requisito este último que no puede considerarse como responsabilidad civil, sino como «una consecuencia accesoria civil, en cuanto a que tiende únicamente a la reparación del daño causado por delito y restablecimiento del orden jurídico vulnerado»: el suelo.
«Cuando se devuelve el suelo a su estado anterior, se pide la suspensión de la pena», aclaran las fuentes judiciales consultadas.

No es un beneficio

«Ello es un beneficio y no un derecho, y por tanto, debe el penado mostrarse merecedor del mismo, hasta tanto no se produzca la reparación del daño causado, que supone la restitución del suelo a su uso legalmente previsto», aclara el fiscal Calvo-Rubio en un documento de trabajo en el que desarrolla esta tesis que ha acabado imponiéndose en varias sentencias. Hasta entonces, señala, «no se puede entender al penado como acreedor del beneficio».

«La suspensión de la pena se entiende necesario realizarla condicionada a la demolición; resulta evidente que, para considerar rehabilitado socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos y fundamentalmente la reparación del bien jurídico vulnerado», indica. Tirando la casa, el penado demostraría «claramente su rehabilitación; en caso contrario, demostraría no ser merecedor de dicha suspensión».

Trabas y amnistías

El derribo de viviendas ilegales plantea numerosos problemas burocráticos y tarda bastante, porque hasta que una resolución adquiere firmeza pueden pasar años. Además, la eliminación debe ser pagada por el acusado, aunque habitualmente son las administraciones local o autonómica las que actúan de oficio pasando después la factura al interesado.

En cualquier caso, el camino es inverso en el ámbito político, porque, a finales del primer trimestre de este año, la Junta de Andalucía ya había legalizado de facto el 71% de las viviendas construidas en suelos no urbanizables –en torno a 50.000–, y en la Axarquía los regidores llevan años pidiendo una amnistía para esas casas. El PGOU de Marbella, por otro lado, consideró regulares la mayor parte de las 18.000 casas ilegales.


* La Opinión Málaga - 4.10.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Edificios y urbanismo a la carta

ELPAÍS/Sevilla* : Una nueva televisión acercará distintos aspectos del mundo de la arquitectura al público. TV Arquitectura es una televisión a la carta en Internet que puede verse desde cualquier localización y dispositivo (ordenador, televisor, smartphone...). Los directores e impulsores de la nueva televisión son los arquitectos sevillanos Alfonso Gómez-Feria Ponce y Carlos García Garzón. Su lanzamiento ha supuesto una inversión de 15.000 euros. Es una televisión gratuita para el usuario, que puede acceder a ella en la dirección www.tvarquitectura.com. Esta iniciativa fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Sevilla y forma parte del programa de actividades de la décima edición de la Semana de la Arquitectura, que concluye el viernes y está organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y la Fundación para la Investigación y la Difusión de la Arquitectura.
Entre los contenidos más destacables de la nueva televisión figuran las monografías. Se trata de reportajes de arquitectura comentados por los propios autores, que muestran sus opiniones y las características de sus edificios. "Hay también un apartado de noticias, integrado por noticias de actualidad, noticias de la profesión...", señaló García Garzón. Otra sección se centra en mostrar los problemas de arquitectura y urbanismo de cualquier lugar del mundo. También servirá para denunciar los problemas enquistados en la profesión de arquitecto. Los usuarios podrán denunciar situaciones anómalas de sus ciudades y proponer soluciones.

La televisión ofrece tres concursos. Uno televisado de preguntas se titula ¿Sabes de arquitectura? Cada participante podrá elegir el tema de las preguntas entre las expuestas por el presentador del concurso. Cada respuesta debe hacerse con un tiempo máximo de 10 segundos. El premio se anunciará próximamente y el plazo de inscripción se abrió ayer. Para participar en este concurso hay que enviar los datos a info@tvarquitectura.com.

Otro concurso está dirigido a obra construida. "Es un premio de obra construida en los últimos tres años al que cualquier arquitecto puede presentarse", dijo Gómez-Feria. Un jurado hará una preselección de las cinco mejores obras presentadas a concurso, que colgarán en la página web www.tvarquitectura.com, donde los usuarios votarán por la obra que consideren mejor.

Con un concurso para estudiantes y jóvenes arquitectos se pretende ofrecer soluciones a problemas históricos de urbanismo que enfangan las ciudades. Así, la Feria de Abril de Sevilla adolece de "problemas muy importantes que se deben solucionar para beneficiar" a los vecinos de la ciudad y a los turistas, según recalcan los promotores de la televisión. El objeto del concurso es dar solución a los siguientes aspectos: insuficiente número de casetas; abandono del recinto ferial durante aproximadamente 48 semanas del año; posibilidad de rentabilizar económicamente un solar en un lugar de privilegio, y hermetismo de las casetas de feria a los turistas. Hay un primer premio de 1.000 euros. Un jurado hará una preselección de las cinco mejores obras presentadas, que se colgarán en la página web www.tvarquitectura.com, donde los usuarios votarán por la obra que más les guste.

Finalmente, la televisión ofrece una guía que permite localizar las obras con interés arquitectónico en cualquier ciudad europea. Y TV Arquitectura organiza, además, viajes para conocer las obras de interés arquitectónico de cada ciudad.

Por otra parte, la Semana de la Arquitectura organiza sus habituales visitas guiadas a edificios relevantes de Sevilla cuyo acceso suele estar restringido. Las jornadas arrancaron ayer con la visita a las cubiertas de la Catedral. Hoy llegará el tiempo de conocer el Convento de Santa Clara entre las 10.00 y las 14.00. Por la tarde, la visita estará dedicada al Metropol Parasol y el Antiquarium entre las 16.00 y las 20.00. Mañana miércoles estará destinado a conocer la restaurada Iglesia del Salvador (de 10.30 a 13.30) y Palmas Altas, nueva sede de Abengoa (entre las 18.00 y 20.00). Las jornadas de puertas abiertas concluirán el jueves en el recientemente restaurado Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta (entre las 15.30 y las 20.00). La inscripción para las visitas se realiza llamando al teléfono 954 460 120.


* El País - SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 04/10/2011
Foto: Una vista de Metropol Parasol (Sevilla), en una fotografía tomada ayer - elpais

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El Defensor acoge las reclamaciones de una Plataforma contra el Plan de Egüés

EFE/Navarra* : El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, se ha posicionado a favor de las tesis defendidas por la Plataforma Ciudadana "Salvemos Eguesibar zain dezagun", en su oposición a la aprobación del Plan General Municipal del Valle de Egüés.
De esta forma, el Defensor del Pueblo de Navarra, constata en su escrito que el Plan aprobado no ha sido sometido de forma suficiente al trámite de exposición pública, según ha hecho público hoy este colectivo vecinal.
Constatan que el Defensor revela que el Plan ha sido sometido a exposición pública en una ocasión, tras la aprobación inicial del 4 de mayo de 2010, mientras en las siguientes fases de la tramitación sus contenidos y determinaciones han sido objeto de modificaciones "sustanciales" en varios momentos.
También destaca el Defensor que los dos textos refundidos remitidos con fechas 10 de junio y 12 de agosto de 2011 al Departamento de Fomento y Vivienda, no han sido sometidos a conocimiento del pleno del Ayuntamiento de Egüés.

Por otro lado, Enériz se muestra de acuerdo con la afirmación de la Plataforma de que el Plan Municipal sometido a aprobación definitiva no se encontraba completo en sus determinaciones estructurantes, por lo que incumple con la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En tercer lugar, el Defensor del Pueblo concluye que la memoria del Plan General no justifica el crecimiento de 30.000 nuevas viviendas, como tampoco lo hace el Plan de Ordenación Territorial del Área Central.

Por todo ello, el Defensor sugiere al Departamento de Vivienda que analice en profundidad el recurso de alzada interpuesto por la Plataforma para que, "una vez hechos los cambios sustanciales, sea sometido a nueva exposición pública y a nueva aprobación provisional".

Al Ayuntamiento del Valle de Egüés pide que, en el caso de que se estime el recurso de alzada, proceda a una nueva aprobación provisional, previo sometimiento del texto modificado a nueva exposición pública.

También le sugiere que estudie conexionar el Plan General Municipal con la dinámica real de crecimiento de la población del municipio, justificando desde el interés municipal, el modelo de desarrollo urbanístico propuesto que se deriven del previsible crecimiento poblacional del municipio.

Por todo ello, la Plataforma considera que el Defensor del Pueblo de Navarra les ha dado la razón en sus pretensiones de que el Plan estaba "mal tramitado" y de que sus determinaciones no estaban "suficientemente justificadas", y apoya sus sugerencias.


* ABC - EFE - 3.10.11
Foto: Egüés (Navarra) - diariodenavarra.es

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El exregidor de La Viñuela pacta 27 meses de cárcel por varios delitos urbanísticos

SUR/Málaga* : El exalcalde del municipio de La Viñuela, en la comarca de la Axarquía, Juan Millán Jabalera (PSOE), será el primer exmandatario de un pueblo pequeño de la provincia en ingresar en prisión para cumplir una condena por delito urbanístico. El exregidor socialista ha pactado con la Fiscalía una condena de 27 meses de cárcel en cumplimiento de más de una docena de causas que todavía tiene pendientes por prevaricación urbanística.
Millán, que se vio obligado a renunciar a la alcaldía en febrero pasado para cumplir una condena de 15 años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público y a pagar una multa de 13.515 euros por conceder tres licencias ilegales en 2001 y 2003, deberá ingresar el jueves 6 en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía es similar al suscrito con anterioridad por los exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos el exalcalde marbellí Julián Muñoz, para no celebrar varios juicios en los que están imputados por asuntos urbanísticos.

El objetivo del exalcalde y su abogado ha sido beneficiarse del artículo 76 del Código Penal que establece que el máximo de cumplimiento de la pena no excederá del triple de la condena más grave, siempre y cuando los delitos se consideren conexos.
En el caso de Juan Millán, las causas urbanísticas que recoge el pacto y sobre las que se deberá firmar conformidad son aquellas que están en fase de investigación e instrucción o se encuentran a falta de algún trámite.
Condena
El pacto entre la Fiscalía y el exalcalde establece una sentencia de nueve meses de cárcel y diez años de inhabilitación por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, por lo que en este caso la pena máxima sería de 27 meses.
Fuentes del Ayuntamiento de La Viñuela, donde el exregidor gobernó durante 16 años con mayoría absoluta, han señalado que Millán tiene todavía en los juzgados unas 40 licencias de obras.
En la mayoría de las querellas presentadas por el fiscal contra el exalcalde ha mantenido que la concesión de las citadas licencias se realizó «por la sola y exclusiva voluntad del querellado» y, que debido a ello, tales resoluciones son «arbitrarias e injustas». Supuestamente el exregidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.
El pacto evita que el exmandatario socialista sea juzgado de los juicios que todavía tiene pendientes por delitos urbanísticos, aunque a cambio Millán debe ingresar en la cárcel y reconocer su culpa.
En los escritos de conformidad la Fiscalía expone la petición de cárcel para el imputado -así como su solicitud de inhabilitación- y el interesado y su defensa muestran su acuerdo con objeto de que el juez dicte sentencia sin necesidad de celebrar juicio, según informó ayer Efe.
Evitar la ruina
Aunque el acuerdo con la Fiscalía no trascendió públicamente hasta ayer, el exalcalde informó hace semanas a su entorno más cercano de su intención de alcanzar un pacto con el fin de «no quedarse en la más absoluta ruina» después de los 13.505 euros de multa que le impuso en abril de 2010 el Juzgado de los Penal número 8 de Málaga por conceder tres licencias ilegales, la misma sentencia que acabó con su inhabilitación.
Una vez que ingrese en la cárcel Millán pedirá a Instituciones Penitencias que se le conceda el tercer grado, como en su día también hicieron los exediles del GIL.


* SUR - 04.10.11 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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Ourense.- El nuevo urbanismo de la capital se asienta sobre el anulado PXOM

LAVOZDEGALICIA* : «Establécese como ordenación provisional a do PXOM de 2003». Es la frase más repetida en el texto del esperado decreto que suspende parcialmente la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y aprueba la ordenación urbanística provisional para Ourense. En vigor desde ayer, coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial de Galicia, los ámbitos de trato excepcional tienen su sustento básico y fundamental en el mismo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 2003 anulado desde el pasado mes de marzo por sentencia firme del Supremo.
El decreto 187/2011 reafirma y deja clara la diferencia en las posiciones que han mantenido el gobierno local y la Xunta a la hora de delimitar los ámbitos de intervención, es decir, aquellos espacios a los que se da una cobertura especial. Permite la norma que sobre esos espacios se puedan desarrollar las actuaciones en unos casos previstas en el PXOM anulado por el Supremo y en otros incorporaron en modificaciones puntuales del mismo PXOM o son fruto de otros cambios, como la delimitación de As Burgas y su entorno como ben de interés cultural.

El bipartito PSOE-BNG había apostado, como recoge el decreto, por la «necesidade de posibilitar a execución de actuacións de interese público».

De las propuestas de carácter público presentadas por el Concello se han incluido, de acuerdo con el documento ahora en vigor, los espacios para el edificio judicial y centro de salud de O Couto; residencia geriátrica y centro de día de O Couto; el centro sociocultural de La Molinera; equipamiento deportivo y sanitario en Eiroás; sede de la Confederación Hidrográfica en Ponte Lebrón; ordenación del área termal en campo de Santiago y As Caldas; el plan de sectorización industrial en Santa Cruz de Arrabaldo y la modificación puntual número 22 para mejorar la accesibilidad al barrio de O Cuco.

El cuadro de quince ámbitos de interés público se completa con otros seis que aparecen bajo el epígrafe «execución vías estruturantes» y que el gobierno local presentaba con el más preciso de «sistemas xerais». En este grupo aparecen las actuaciones en Mariñamansa para El Corte Inglés y la ampliación del CHUO, en O Fonsillón-A Farixa para Eroski y otras vinculadas a la ronda Bulevar y otras vías fundamentales en O Polvorín.

La Xunta justifica la exclusión del campus por los informes negativos previos de la comisión de urbanismo de Galicia.


* La Voz de Galicia - 4.10.11
Foto: Normalización para La Molinera. La rehabilitación del espacio de la antigua fábrica es una de las actuaciones amparadas.- lavoz

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Córdoba.- Una década de palacios en el aire

ELPAÍS* : Durante 10 años no ha dejado de hablarse en Córdoba de un edificio que no existe. El Palacio del Sur iba a ser un enorme centro de congresos con auditorios, un hotel de lujo y centro comercial con vistas a la Mezquita. Un complejo inmueble futurista que desde 2005 tiene la firma del arquitecto holandés Rem Koolhaas, ganador del Pritzker, el máximo galardón en arquitectura. Un proyecto, en teoría, perfectamente autofinanciado en su construcción, que no afectaría a las arcas municipales y que revitalizaría la deprimida zona de Miraflores, en la orilla izquierda del Guadalquivir. Pero, una década después, en la parcela donde se piensa construir todavía no hay nada. Y es justo ahora, cuando en teoría todo está listo para que las máquinas empiecen a arrancar jaramagos, el momento en el que más incertidumbre existe.
La salvaje crisis económica que azota al país y que sufren severamente los Ayuntamientos no ayuda a iniciar un proyecto, presupuestado en 67 millones de euros, que hasta hace dos años no se sabía cómo financiarlo. Tras solventar acuerdos con la Junta y el Gobierno, la llegada del PP a la mayoría absoluta municipal, enrareció el clima. Arropado por un discurso en el que nunca ha aclarado el futuro del palacio, el PP siempre lo ha supeditado a la aportación de más dinero por parte de la Junta y el Gobierno para aliviar el millonario gasto municipal.

Pero el convenio del Ministerio de Industria se perdería el 31 de diciembre si no se inician las obras o se justifican gastos. Ello supondría la devolución de 5,5 millones, ya que el ministerio ingresó 6,5 millones pero un millón se destinó al pago del arquitecto Rem Koolhaas. El miércoles, ministerio y Ayuntamiento se reúnen en una comisión de seguimiento para evaluar la situación. Con respecto a los 18 millones que convenió la Junta, no se devolverían formalmente pues no hubo ingreso, pero se perderían. Por eso la Junta también pide que se justifique formalmente una prórroga o se den explicaciones.

El Ayuntamiento afirma que quiere hacer el proyecto, pero apenas si se ha movido en estos 100 días de gobierno del PP. Francisco Tejada, portavoz de IU y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sostiene que a día de hoy el Ayuntamiento tiene fondos para realizar las obras durante al menos 18 de los 36 meses que se calcula durarán. Tejada, como el PSOE, cree que el Ayuntamiento quiere demorar los plazos, a la espera de que el PP esté en el Gobierno y en la Junta. Francisco Tejada sostiene que si lo que espera el Ayuntamiento de Córdoba es mejorar los convenios "puede empezar las obras ya, no perder ese dinero. Y una vez que Mariano Rajoy esté en La Moncloa, renegociarlo todo, pero con las obras en marcha". Si las obras no comienzan en 2011, el Ayuntamiento tendrá que devolver 5,5 millones al Gobierno.

El devenir del Palacio del Sur ha ido de la mano de las tensiones políticas de la ciudad de los dos últimos lustros, con sus prisas electorales y sus cambios de partido. Su principal impulsor al principio fue José Mellado, que en 2001 estaba al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y convocó un concurso de ideas para el proyecto. Mellado, líder entonces del PSOE cordobés, había llegado allí en 1999 después de que su partido pactase con IU para aupar a Rosa Aguilar en la alcaldía de la ciudad. Los vaivenes de las urnas sacaron a los socialistas de la Gerencia en 2003 sin haber podido iniciar unas obras que creían inmediatas. Para entonces y tras serios reparos iniciales, su antiguos socio de gobierno, IU, habían hecho suyo el ideal del Palacio del Sur y esperaban apuntarse el tanto.

El deseo era construir un edificio singular que diese renombre a la ciudad. El propio Koolhaas se saltó las bases del concurso y optó por una parcela que no era la inicialmente designada. El Ayuntamiento aceptó, lo que provocó un cambio de PGOU y muchos líos urbanísticos. El proyecto final se conoció en 2005: una enorme estructura de acero y cristal, de 350 metros de largo, 25 de ancho y 28 de alto, abierto a uno de los meandros del río y con vistas privilegiadas a la Mezquita.

En un principio, además, el proyecto no iba a costar un euro a las arcas municipales. Lo público se limitaba a poner el terreno y el proyecto, a la espera de que una empresa lo construyese y lo explotase durante 50 años. Es lo que se conoce como Iniciativa de Financiación Privada e iba a tratarse de la primera experiencia de este tipo en Andalucía. En 2005 estaba claro que la compañía que finalmente se haría cargo del Palacio del Sur sería Ferrovial.

Pero la operación terminó yéndose al traste tres años después, cuando el presupuesto final se disparó hasta alcanzar una cifra entre 150 y 172 millones de euros. El proyecto no encontró quién lo financiara y Ferrovial se echó atrás. Aquello supuso para el Consistorio el desembolso de 5,6 millones de euros. Además, hubo que encargar un nuevo proyecto más reducido y económico a Koolhaas. El millón de euros de Industria ha servido para pagarle.

En febrero de 2009, ocho años después de que se lanzase la primera idea y cuatro después de que se conociese el primer diseño, volvió a presentarse la maqueta, sin hotel ni centro comercial. Ya no se llamaba Palacio del Sur y se optó por el más aséptico Centro de Congresos de Córdoba. Pero lo más importante, su presupuesto estaba limitado a 67 millones de euros. Ni aun así se ha conseguido poner la primera piedra, 10 años después.

Un proyecto muy costoso
Se haga o no el Palacio del Sur, ya ha supuesto un desembolso de unos nueve millones de euros de las arcas municipales, señalan fuentes del Ayuntamiento. Y eso, a pesar de que, inicialmente, se dijo que no costaría ni un euro. A la empresa que originalmente iba a hacerse cargo del proyecto, Ferrovial, y que se echó atrás por lo astronómico del coste final, hubo que pagarle 5,5 millones de euros. En ellos se incluyeron los gastos de tres millones que le generaron la redacción del proyecto, más los aproximadamente dos millones derivados de otro tipo de inversiones.

Por otro lado, el Ayuntamiento debió volver a pagar al estudio OMA, del arquitecto holandés Rem Koolhaas, para que rehiciese su proyecto original. Esa adaptación supuso un nuevo gasto, aunque bastante menor del que hubiese significado otro diseño. La nueva maqueta costó alrededor de 2,5 millones de euros.

Por último, se realizaron los preceptivos trabajos arqueológicos en la parcela de Miraflores, donde tiene que levantarse el edificio, labores que supusieron unos 600.000 euros.

"Sin estos gastos no hubiésemos llegado a la situación actual", remarca Francisco Tejada, portavoz de IU en el Ayuntamiento y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Ahora ya podemos iniciar las obras. Tenemos dinero de la Junta y el Gobierno. Solo nos haría falta un pleno para reajustar el cuadro de financiación que dejamos listo antes de las elecciones y que fijaba el inicio de las obras para 2011", añade.

Cronología
- 2001. Se lanza la idea del Palacio del Sur. El teniente de alcalde de Urbanismo, José Mellado, quiere colocar la primera piedra antes de las municipales de 2003 siguiendo el proyecto del arquitecto holandés Rem Koolhaas. Ya hay dudas de cómo financiar una obra de más de 10.000 millones de pesetas.

- 2005. Rem Koolhaas presenta el proyecto definitivo del Palacio del Sur de Córdoba. 28 metros de alto, 25 de ancho y 350 de largo de acero y cristal. Ferrovial se hará cargo de la construcción y explotación. Las obras se quieren comenzar en junio y terminar en 2008.

- 2008. No han comenzado las obras. El presupuesto se dispara a 172 millones de euros. Ferrovial se desliga del proyecto. Eso obliga a cambiar los planos de Koolhaas. El contratiempo supone un desembolso de 9 millones de euros.

- 2009. Se presenta el nuevo proyecto reducido, con un coste máximo de 67 millones de euros. El nombre se cambia a Centro de Congresos de Córdoba.

- 2009. Se alcanzan convenios de financiación con la Junta (18 millones de euros) y el Gobierno (10 millones).

- 2010. El Ayuntamiento descubre que tendrá que desembolsar 7,4 millones de euros más. El plan del Consistorio era destinar al palacio de congresos los 7,4 millones de euros que le tocaba pagar por las expropiaciones de fincas del futuro aeropuerto y de las que se iba a hacer cargo AENA. Pero AENA se negó.

- 2011 Se cierra el cuadro de financiación. Se fija el inicio de las obras para este año. El PP gana las elecciones. Pide más dinero de Junta y Gobierno. Estos alertan de que los convenios peligran si no empiezan los trabajos.


* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 03/10/2011
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es

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El Santander pagó al arquitecto municipal de Boadilla que recalificó la Ciudad Financiera

ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Leopoldo Arnaiz es el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar sus planes urbanísticos, entre ellos el de la Ciudad Financiera del Santander. En su día, los propietarios de los terrenos lo acusaron de haber trabajado para los intereses del banco desde su puesto de asesor urbanístico del consistorio madrileño, pero no pudieron probarlo. Una empresa propiedad del Santander, pero sin aparente vinculación con el banco, Cezosa (Centros de Equipamiento de la Zona Oeste S.A.), les había comprado los terrenos a precio de rústico. Luego fueron recalificados, multiplicando su valor, y los dueños originales se enteraron de que habían vendido al Santander. Ahora, esas fincas albergan la sede central del banco.
Ya con el ‘pelotazo’ consumado, El Confidencial ha certificado que Arnaiz cobró del Santander. Concretamente, Cezosa realizó diferentes pagos a Beltraex Nexo, una firma que aparentemente tampoco tenía relación con Leopoldo Arnaiz, pero que sí la tiene. En realidad, el arquitecto, que ha diseñado los planes urbanísticos de más de 40 municipios madrileños, es el dueño de Beltraex Nexo. El administrador de la empresa, Constantino Díaz González, es un mero testaferro. Tanto Arnaiz como su hombre de paja están imputados por delito fiscal en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid precisamente a raíz de los pagos del Santander.

Arnaiz ha declinado hacer declaraciones a este diario. Por su parte, fuentes oficiales del Santander han reconocido a El Confidencial que “Beltraex hizo unos trabajos para Cezosa de consultoría inmobiliaria en la operación de la Ciudad Financiera”. El administrador oficial de Beltraex, Constantino Díaz, es abogado matrimonialista y, según una denuncia que investigan los juzgados de lo mercantil de Madrid, se trata de un mero testaferro del urbanista Arnaiz. Preguntado por estos extremos, desde el banco aseguran que no conocen los detalles: “Pagamos las facturas y no sabemos si esa sociedad era o no de Arnaiz”, declara un portavoz.

El pasado octubre, el juez del caso de la Ciudad Financiera absolvió al arquitecto entendiendo que trabajaba para el Ayuntamiento pero no era funcionario, aunque la sentencia está recurrida. El titular del juzgado de lo penal número cuatro de Móstoles argumentó que “no se ha probado la relación del acusado con la sociedad Centro de Equipamiento Zona Oeste S.A. y en este sentido han declarado los representantes legales de dicha sociedad”. La información de El Confidencial desbarata este argumento: Beltraex es Arnaiz. El tribunal desconocía que el redactor municipal del plan urbano de la Ciudad Financiera había cobrado del Santander pero a través de una empresa opaca. La Audiencia Provincial admitió a trámite el recurso de los denunciantes, aunque no disponían de esta información.

Imputado por delito fiscal

Por su parte, la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Agencia Tributaria articularon una querella contra Beltraex a raíz de los pagos provenientes de Cezosa y el flujo de capital entre distintas sociedades del entramado de Arnaiz. Los técnicos sospechan que puede haber un caso de blanqueo y el juez imputó al administrador de la empresa, el abogado Constantino Díaz. Luego, el magistrado comprobó que el verdadero dueño de la firma es Arnaiz, aunque no figure en ningún cargo, por lo que lo citó a declarar y ya lleva varios meses imputado por delito fiscal. También han declarado en este procedimiento varios directivos del Santander, aunque como testigos.

En el caso de la Ciudad Financiera, los propietarios de los terrenos habían demandado a Arnaiz por negociaciones prohibidas con funcionarios y tráfico de influencias. Según uno de los denunciantes, “un hermano de Arnaiz, Alfonso, usando como nombre falso Luis Muñiz, venía a vernos con los de Cezosa para que vendiéramos los terrenos diciéndonos que no iban a valer nada. Luego nos lo encontramos en el juicio con Leopoldo Arnaiz”. Cezosa consiguió comprar entre julio de 1988 y enero de 1999 unos cuatro millones de metros cuadrados de terrenos calificados como rústicos bajo amenazas de expropiación, según los denunciantes. El banco pagó unas 3.000 pesetas (18 euros) por metro, precio que se multiplicó varias veces cuando el Ayuntamiento de Boadilla del Monte recalificó el suelo.

En el juicio, Serafín Méndez, el que fuera director general del área de Inmuebles del Grupo Santander y hombre de confianza de Emilio Botín, declaró que cuando pagaron los primeros 5.000 millones de pesetas por el suelo, “el banco no tenía ninguna garantía de que el ayuntamiento fuera a recalificar el terreno”. Es decir, que la primera entidad financiera de España compró millones de metros cuadrados sin saber si allí podría construir o no su Ciudad Financiera. Los propietarios originales de los terrenos se consideraron estafados y aseguraron en el juicio oral que el Santander sabía que el suelo iba a ser recalificado. Pero el juez sólo mantuvo imputado al arquitecto Arnaiz, acusado de comprar los terrenos para el Santander.

Previamente, el despacho de Lepoldo Arnaiz había sido contratado por el Santander para elegir la ubicación de la futura mega urbanización bancaria, entre otros trabajos, pero en el juicio no se pudo demostrar que trabajara para o cobrara de la polémica Cezosa, la que consiguió las parcelas.

Por su parte, el citado proceso abierto en el juzgado número 35 de Madrid no ha entrado a valorar el caso de la Ciudad Financiera, sólo si Beltraex Nexo ha cometido delitos fiscales en los pagos recibidos de Cezosa, la sociedad del Santander. La justicia madrileña tiene la clave del caso Ciudad Financiera en dos juzgados separados por veinticinco kilómetros de distancia, pero no se han comunicado.

Beltraex es sólo una de las 33 empresas que Arnaiz, que declaró en la comisión de la Asamblea que investigó la trama inmobiliaria del tamayazo, controla a través de testaferros. Las utiliza para operar en municipios donde él ha redactado el plan urbanístico y así pasar desapercibido. El valor de esta madeja de sociedades supera ampliamente los 500 millones de euros. Tiene terrenos en toda España. Arnaiz controla las sociedades con documentos privados firmados con sus testaferros en tres notarías de Madrid y Londres. En algunas compañías es dueño del cien por cien de las acciones y en otras se ha asociado a distintos promotores inmobiliarios.


* El Confidencial - Javier Chicote 03/10/2011
Foto: Vista de la entrada a la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte (Efe)

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