ELALMERÍA* : El hotel del Algarrobico ha dado un paso más para dejar de ser uno de los más citados en los ejemplos de urbanismo salvaje en todo el país. La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se exigía un nivel de protección mayor del lugar con la derogación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2008 en favor del anterior de 1994 que concedía una mayor restricción al considerar que la zona no era edificable. Dicho claramente, lo que ayer decidió el Alto Tribunal fue proteger la zona de un "efecto devastador" contra el entorno natural de la zona y esgrimió para ello el "interés público en proteger el medio físico". El auto es contundente cuando afirma que "la zona queda mejor amparada con el PORN de 1994 que otorga más intensa y mejor protección ambiental".
A pesar del largo camino judicial que aún le queda al litigio emprendido entre las administraciones (en sus tres niveles, local, regional y nacional) y la empresa promotora del establecimiento hotelero (Azata del Sol) con los colectivos ecologistas de fondo (verdaderos impulsores de unas actuaciones destinadas a paliar el daño ambiental realizado en las costas almerienses), el de ayer es un paso fundamental a la hora de encarar las futuras sentencias que se han de producir. Primero por ser el organismo que la ha dictado, el Tribunal Supremo, creador de jurisprudencia y segundo porque ante la misma no cabe un recurso ordinario ante ninguna instancia judicial.
Lo que es incuestionable es la voluntad del Supremo de "aumentar la protección del entorno" por encima de la intención de la Administración autonómica de "urbanizar la zona", al menos en un primer momento. Lo cierto es que la actuación de la Junta en este proyecto, supone un auténtico vaivén en cuanto a sus verdaderas intenciones. Pese a que en los últimos años las manifestaciones públicas de los distintos responsables se han apuntado al derribo del hotel de la manera más rápida posible, lo cierto es que en enero de 2003 la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta autorizó la instalación del hotel y pocos días después era la de Sanidad quien daba su preceptivo visto bueno. En mayo de ese mismo año se rizaba el rizo de la indefinición y Medio Ambiente otorgaba su calificación de 'ambiental' a dicho establecimiento. Las obras del hotel de más de 400 habitaciones comenzaron ese mes. En enero de 2004 aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata que promovía la construcción de instalaciones hoteleras en las zonas calificadas como 'edificables' dentro del parque natural y que incluía el Plan Turístico del Levante ubicado en El Algarrobico.
No es hasta febrero de 2008 cuando se aprueba el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona, proyecto que el Supremo se ha encargado de echar abajo en esta resolución fomentada por la organización ecologista Greenpeace, quien recurrió la intención de la Junta.
El TSJA había acordado "mantener el grado de protección" porque "los criterios de ordenación para estas áreas orientan a preservar la interacción armoniosa entre el poblamiento del parque y su naturaleza, promover actividades económicas compatibles con el desarrollo sostenible, fomentar la regeneración de áreas degradadas y favorecer su lectura en términos de conectividad ecológica y social".
Sin embargo, el recurso de la Administración autonómica para hacer valer sus planteamientos recogidos en el texto de 2008, a juicio del Supremo constituyen un intento de "plantear la posible producción del efecto devastador alegado por la parte recurrente (Greenpeace) en relación a la construcción del establecimiento hotelero".
Por todo ello, el Alto Tribunal "concede la protección establecida en 1994" . La Junta, en un intento por continuar con su intención de declarar edificable la zona donde se asiente, intentó sin éxito "incluirlo en la zona denominada C3, donde son compatibles nuevas edificaciones y rehabilitación de las existentes, lo que podría permitir terminar la edificación de la infraestructura hotelera cuestionada".
En resumen, el Supremo se decanta por el PORN de 1994 por entender que "no era posible construcción alguna, ni la legalización de las ejecutadas. Además, ponderados los intereses en conflicto ha de darse preminencia al interés general representado en la consideración de que El Algarrobico se califica como espacio protegido no urbanizable con la variable medioambiental que ello implica". El Supremo da un paso más y contempla un futuro sin el hotel al asegurar que el PORN de 1994 "atiende más eficazmente a la recuperación del lugar y por lo tanto a la defensa del interés público medioambiental en cuanto a la restauración de una zona ya degradada".El hotel del Algarrobico ha dado un paso más para dejar de ser uno de los más citados en los ejemplos de urbanismo salvaje en todo el país. La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se exigía un nivel de protección mayor del lugar con la derogación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2008 en favor del anterior de 1994 que concedía una mayor restricción al considerar que la zona no era edificable. Dicho claramente, lo que ayer decidió el Alto Tribunal fue proteger la zona de un "efecto devastador" contra el entorno natural de la zona y esgrimió para ello el "interés público en proteger el medio físico". El auto es contundente cuando afirma que "la zona queda mejor amparada con el PORN de 1994 que otorga más intensa y mejor protección ambiental".
A pesar del largo camino judicial que aún le queda al litigio emprendido entre las administraciones (en sus tres niveles, local, regional y nacional) y la empresa promotora del establecimiento hotelero (Azata del Sol) con los colectivos ecologistas de fondo (verdaderos impulsores de unas actuaciones destinadas a paliar el daño ambiental realizado en las costas almerienses), el de ayer es un paso fundamental a la hora de encarar las futuras sentencias que se han de producir. Primero por ser el organismo que la ha dictado, el Tribunal Supremo, creador de jurisprudencia y segundo porque ante la misma no cabe un recurso ordinario ante ninguna instancia judicial.
Lo que es incuestionable es la voluntad del Supremo de "aumentar la protección del entorno" por encima de la intención de la Administración autonómica de "urbanizar la zona", al menos en un primer momento. Lo cierto es que la actuación de la Junta en este proyecto, supone un auténtico vaivén en cuanto a sus verdaderas intenciones. Pese a que en los últimos años las manifestaciones públicas de los distintos responsables se han apuntado al derribo del hotel de la manera más rápida posible, lo cierto es que en enero de 2003 la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta autorizó la instalación del hotel y pocos días después era la de Sanidad quien daba su preceptivo visto bueno. En mayo de ese mismo año se rizaba el rizo de la indefinición y Medio Ambiente otorgaba su calificación de 'ambiental' a dicho establecimiento. Las obras del hotel de más de 400 habitaciones comenzaron ese mes. En enero de 2004 aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata que promovía la construcción de instalaciones hoteleras en las zonas calificadas como 'edificables' dentro del parque natural y que incluía el Plan Turístico del Levante ubicado en El Algarrobico.
No es hasta febrero de 2008 cuando se aprueba el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona, proyecto que el Supremo se ha encargado de echar abajo en esta resolución fomentada por la organización ecologista Greenpeace, quien recurrió la intención de la Junta.
El TSJA había acordado "mantener el grado de protección" porque "los criterios de ordenación para estas áreas orientan a preservar la interacción armoniosa entre el poblamiento del parque y su naturaleza, promover actividades económicas compatibles con el desarrollo sostenible, fomentar la regeneración de áreas degradadas y favorecer su lectura en términos de conectividad ecológica y social".
Sin embargo, el recurso de la Administración autonómica para hacer valer sus planteamientos recogidos en el texto de 2008, a juicio del Supremo constituyen un intento de "plantear la posible producción del efecto devastador alegado por la parte recurrente (Greenpeace) en relación a la construcción del establecimiento hotelero".
Por todo ello, el Alto Tribunal "concede la protección establecida en 1994" . La Junta, en un intento por continuar con su intención de declarar edificable la zona donde se asiente, intentó sin éxito "incluirlo en la zona denominada C3, donde son compatibles nuevas edificaciones y rehabilitación de las existentes, lo que podría permitir terminar la edificación de la infraestructura hotelera cuestionada".
En resumen, el Supremo se decanta por el PORN de 1994 por entender que "no era posible construcción alguna, ni la legalización de las ejecutadas. Además, ponderados los intereses en conflicto ha de darse preminencia al interés general representado en la consideración de que El Algarrobico se califica como espacio protegido no urbanizable con la variable medioambiental que ello implica". El Supremo da un paso más y contempla un futuro sin el hotel al asegurar que el PORN de 1994 "atiende más eficazmente a la recuperación del lugar y por lo tanto a la defensa del interés público medioambiental en cuanto a la restauración de una zona ya degradada".
* El Almería - 5.10.11
Foto: Greenpeace persigue la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico (Almería).Greenpeace / EFE
.................................... Leer más...
ELCONFIDENCIAL* : Florentino Pérez resucita las cuentas del Real Madrid gracias a un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento. El conjunto blanco se ha hecho con unos terrenos públicos adjuntos al Santiago Bernabéu para construir un centro comercial en el paseo de la Castellana cediendo al consistorio, a cambio, unas parcelas en la zona de Las Tablas (Madrid). El éxito de la negociación está en que Florentino ha convencido a Alberto Ruiz Gallardón para que dé el mismo valor (22 millones de euros) a unos terrenos despoblados en Las Tablas y a otros en el pleno Paseo de la Castellana. La misma parcela en el extrarradio de Madrid que Gallardón valora ahora en 22 millones de euros, el Real Madrid lo contabilizó en su informe económico 2010/2011 por un valor de 488.000 euros. O, lo que es lo mismo, como explica Gonzalo Garteiz en La Celosía, Florentino consigue con este trueque que Gallardón multiplique por 50 el valor de su terreno.
En el estudio que el club blanco entregó a sus socios compromisarios el pasado mes de septiembre, el Real Madrid reconoce como inversión inmobiliaria esta parcela de Las Tablas cuyo valor no supera el medio millón de euros. En el análisis, el club madrileño admite que ese terreno se había obtenido gracias “a una operación de permuta realizada en ejercicios anteriores con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid”, aunque el terreno “no está afecto a la explotación ni tiene un uso definido”.
Con esta operación, Gallardón salda la deuda de unos 20 millones de euros que todavía mantenía abierta con el Real Madrid desde 1998, año en el que el Ayuntamiento cedió los terrenos para construir las cuatro torres en la antigua Ciudad Deportiva del equipo blanco. En ese acuerdo, el consistorio madrileño tenía que ceder unos terrenos, estos 70.000 metros cuadrados para uso deportivo en el barrio de Las Tablas, al equipo blanco. Pero aunque el Real Madrid era el propietario formal, el municipio nunca ejecutó la entrega. Trece años después, Pérez recupera el acuerdo que nunca se cerró y el ayuntamiento dice que no puede entregárselo porque en el plan de ordenación urbana de 1997 se establece que esos terrenos debían ser de titularidad pública.
Para dejar a cero su deuda con el Real Madrid por la operación de las cuatro torres, el consistorio únicamente puede compensar a Florentino cediéndole otros terrenos. Además de que el ayuntamiento infle el valor de la parcela de Las Tablas un 4551%, Pérez ha conseguido cambiar el uso de los terrenos anexos al Bernabéu en terrenos de uso privado cuando en 1991 fueron calificados como terrenos de uso deportivo.
Una valoración independiente
David Ortega, representante de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, pedirá mañana a Pilar Martínez, concejal de Urbanismo del consistorio, que un "experto técnico independiente valore de nuevo los terrenos y compruebe su coste real". Asimismo, aprovechará la reunión para preguntar sobre la calificación de la parcela de Las Tablas B-32, calificada como deportiva de carácter básico. "No entendemos siquiera por qué se permutó este terreno al Real Madrid en 1998 si ya entonces no podía hacer uso de ella", explica Ortega.
Conseguido ya el terreno, el siguiente capítulo en la historia del Real Madrid es reconvertir el estadio Santiago Bernabéu. Los socios compromisarios aprobaron a finales de septiembre la propuesta de remodelación del campo presentada por Florentino y su junta directiva para convertirlo en un “estadio de elite y vanguardia de referencia mundial, en un hito arquitectónico y de modernidad de la ciudad”. Además de un centro comercial en el lateral de la Castellana, también se modificará la entrada al palco de honor y se reordenará toda la zona.
* El Confidencial - 4.10.11
Foto: Madrid, Gallardón y Florentino - EFE
.................................... Leer más...
LAOPINIÓN/Málaga* : Cuando a un individuo se le condena por primera vez puede lograr que se suspenda la ejecución de la pena siempre que haya sido sentenciado a menos de dos años de cárcel, pague la responsabilidad civil y carezca de antecedentes penales computables, pero los delincuentes urbanísticos casi siempre eluden la cárcel aun cuando pocos tiran la casa ilegal. La Fiscalía de Medio Ambiente quiere acabar con esa bolsa de impunidad y ha comenzado a vincular en sus escritos la suspensión de la ejecución del castigo con que el afectado demuela la construcción irregular de que se trate.
Es, según fuentes judiciales, «una medida pionera» que, por cierto, ya ha sido apreciada por cuatro jueces de lo Penal en Málaga. Todo ello nace de una novedosa interpretación que el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, hace del artículo 83 del Código Penal, el que establece las condiciones para que un condenado pueda ver suspendida su pena: además de las ya citadas –una condena inferior a los dos años, ausencia de antecedentes o el pago de la responsabilidad civil–, en el punto seis de ese apartado se especifica que se concederá la misma siempre que el acusado cumpla los deberes que el juez estime convenientes para rehabilitar al procesado.
Estas condenas suelen llevar aparejadas la pena de cárcel, una multa y el derribo de la vivienda, requisito este último que no puede considerarse como responsabilidad civil, sino como «una consecuencia accesoria civil, en cuanto a que tiende únicamente a la reparación del daño causado por delito y restablecimiento del orden jurídico vulnerado»: el suelo.
«Cuando se devuelve el suelo a su estado anterior, se pide la suspensión de la pena», aclaran las fuentes judiciales consultadas.
No es un beneficio
«Ello es un beneficio y no un derecho, y por tanto, debe el penado mostrarse merecedor del mismo, hasta tanto no se produzca la reparación del daño causado, que supone la restitución del suelo a su uso legalmente previsto», aclara el fiscal Calvo-Rubio en un documento de trabajo en el que desarrolla esta tesis que ha acabado imponiéndose en varias sentencias. Hasta entonces, señala, «no se puede entender al penado como acreedor del beneficio».
«La suspensión de la pena se entiende necesario realizarla condicionada a la demolición; resulta evidente que, para considerar rehabilitado socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos y fundamentalmente la reparación del bien jurídico vulnerado», indica. Tirando la casa, el penado demostraría «claramente su rehabilitación; en caso contrario, demostraría no ser merecedor de dicha suspensión».
Trabas y amnistías
El derribo de viviendas ilegales plantea numerosos problemas burocráticos y tarda bastante, porque hasta que una resolución adquiere firmeza pueden pasar años. Además, la eliminación debe ser pagada por el acusado, aunque habitualmente son las administraciones local o autonómica las que actúan de oficio pasando después la factura al interesado.
En cualquier caso, el camino es inverso en el ámbito político, porque, a finales del primer trimestre de este año, la Junta de Andalucía ya había legalizado de facto el 71% de las viviendas construidas en suelos no urbanizables –en torno a 50.000–, y en la Axarquía los regidores llevan años pidiendo una amnistía para esas casas. El PGOU de Marbella, por otro lado, consideró regulares la mayor parte de las 18.000 casas ilegales.
* La Opinión Málaga - 4.10.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Sevilla* : Una nueva televisión acercará distintos aspectos del mundo de la arquitectura al público. TV Arquitectura es una televisión a la carta en Internet que puede verse desde cualquier localización y dispositivo (ordenador, televisor, smartphone...). Los directores e impulsores de la nueva televisión son los arquitectos sevillanos Alfonso Gómez-Feria Ponce y Carlos García Garzón. Su lanzamiento ha supuesto una inversión de 15.000 euros. Es una televisión gratuita para el usuario, que puede acceder a ella en la dirección www.tvarquitectura.com. Esta iniciativa fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Sevilla y forma parte del programa de actividades de la décima edición de la Semana de la Arquitectura, que concluye el viernes y está organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y la Fundación para la Investigación y la Difusión de la Arquitectura.
Entre los contenidos más destacables de la nueva televisión figuran las monografías. Se trata de reportajes de arquitectura comentados por los propios autores, que muestran sus opiniones y las características de sus edificios. "Hay también un apartado de noticias, integrado por noticias de actualidad, noticias de la profesión...", señaló García Garzón. Otra sección se centra en mostrar los problemas de arquitectura y urbanismo de cualquier lugar del mundo. También servirá para denunciar los problemas enquistados en la profesión de arquitecto. Los usuarios podrán denunciar situaciones anómalas de sus ciudades y proponer soluciones.
La televisión ofrece tres concursos. Uno televisado de preguntas se titula ¿Sabes de arquitectura? Cada participante podrá elegir el tema de las preguntas entre las expuestas por el presentador del concurso. Cada respuesta debe hacerse con un tiempo máximo de 10 segundos. El premio se anunciará próximamente y el plazo de inscripción se abrió ayer. Para participar en este concurso hay que enviar los datos a info@tvarquitectura.com.
Otro concurso está dirigido a obra construida. "Es un premio de obra construida en los últimos tres años al que cualquier arquitecto puede presentarse", dijo Gómez-Feria. Un jurado hará una preselección de las cinco mejores obras presentadas a concurso, que colgarán en la página web www.tvarquitectura.com, donde los usuarios votarán por la obra que consideren mejor.
Con un concurso para estudiantes y jóvenes arquitectos se pretende ofrecer soluciones a problemas históricos de urbanismo que enfangan las ciudades. Así, la Feria de Abril de Sevilla adolece de "problemas muy importantes que se deben solucionar para beneficiar" a los vecinos de la ciudad y a los turistas, según recalcan los promotores de la televisión. El objeto del concurso es dar solución a los siguientes aspectos: insuficiente número de casetas; abandono del recinto ferial durante aproximadamente 48 semanas del año; posibilidad de rentabilizar económicamente un solar en un lugar de privilegio, y hermetismo de las casetas de feria a los turistas. Hay un primer premio de 1.000 euros. Un jurado hará una preselección de las cinco mejores obras presentadas, que se colgarán en la página web www.tvarquitectura.com, donde los usuarios votarán por la obra que más les guste.
Finalmente, la televisión ofrece una guía que permite localizar las obras con interés arquitectónico en cualquier ciudad europea. Y TV Arquitectura organiza, además, viajes para conocer las obras de interés arquitectónico de cada ciudad.
Por otra parte, la Semana de la Arquitectura organiza sus habituales visitas guiadas a edificios relevantes de Sevilla cuyo acceso suele estar restringido. Las jornadas arrancaron ayer con la visita a las cubiertas de la Catedral. Hoy llegará el tiempo de conocer el Convento de Santa Clara entre las 10.00 y las 14.00. Por la tarde, la visita estará dedicada al Metropol Parasol y el Antiquarium entre las 16.00 y las 20.00. Mañana miércoles estará destinado a conocer la restaurada Iglesia del Salvador (de 10.30 a 13.30) y Palmas Altas, nueva sede de Abengoa (entre las 18.00 y 20.00). Las jornadas de puertas abiertas concluirán el jueves en el recientemente restaurado Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta (entre las 15.30 y las 20.00). La inscripción para las visitas se realiza llamando al teléfono 954 460 120.
* El País - SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 04/10/2011
Foto: Una vista de Metropol Parasol (Sevilla), en una fotografía tomada ayer - elpais
.................................... Leer más...
EFE/Navarra* : El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, se ha posicionado a favor de las tesis defendidas por la Plataforma Ciudadana "Salvemos Eguesibar zain dezagun", en su oposición a la aprobación del Plan General Municipal del Valle de Egüés.
De esta forma, el Defensor del Pueblo de Navarra, constata en su escrito que el Plan aprobado no ha sido sometido de forma suficiente al trámite de exposición pública, según ha hecho público hoy este colectivo vecinal.
Constatan que el Defensor revela que el Plan ha sido sometido a exposición pública en una ocasión, tras la aprobación inicial del 4 de mayo de 2010, mientras en las siguientes fases de la tramitación sus contenidos y determinaciones han sido objeto de modificaciones "sustanciales" en varios momentos.
También destaca el Defensor que los dos textos refundidos remitidos con fechas 10 de junio y 12 de agosto de 2011 al Departamento de Fomento y Vivienda, no han sido sometidos a conocimiento del pleno del Ayuntamiento de Egüés.
Por otro lado, Enériz se muestra de acuerdo con la afirmación de la Plataforma de que el Plan Municipal sometido a aprobación definitiva no se encontraba completo en sus determinaciones estructurantes, por lo que incumple con la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En tercer lugar, el Defensor del Pueblo concluye que la memoria del Plan General no justifica el crecimiento de 30.000 nuevas viviendas, como tampoco lo hace el Plan de Ordenación Territorial del Área Central.
Por todo ello, el Defensor sugiere al Departamento de Vivienda que analice en profundidad el recurso de alzada interpuesto por la Plataforma para que, "una vez hechos los cambios sustanciales, sea sometido a nueva exposición pública y a nueva aprobación provisional".
Al Ayuntamiento del Valle de Egüés pide que, en el caso de que se estime el recurso de alzada, proceda a una nueva aprobación provisional, previo sometimiento del texto modificado a nueva exposición pública.
También le sugiere que estudie conexionar el Plan General Municipal con la dinámica real de crecimiento de la población del municipio, justificando desde el interés municipal, el modelo de desarrollo urbanístico propuesto que se deriven del previsible crecimiento poblacional del municipio.
Por todo ello, la Plataforma considera que el Defensor del Pueblo de Navarra les ha dado la razón en sus pretensiones de que el Plan estaba "mal tramitado" y de que sus determinaciones no estaban "suficientemente justificadas", y apoya sus sugerencias.
* ABC - EFE - 3.10.11
Foto: Egüés (Navarra) - diariodenavarra.es
.................................... Leer más...
SUR/Málaga* : El exalcalde del municipio de La Viñuela, en la comarca de la Axarquía, Juan Millán Jabalera (PSOE), será el primer exmandatario de un pueblo pequeño de la provincia en ingresar en prisión para cumplir una condena por delito urbanístico. El exregidor socialista ha pactado con la Fiscalía una condena de 27 meses de cárcel en cumplimiento de más de una docena de causas que todavía tiene pendientes por prevaricación urbanística.
Millán, que se vio obligado a renunciar a la alcaldía en febrero pasado para cumplir una condena de 15 años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público y a pagar una multa de 13.515 euros por conceder tres licencias ilegales en 2001 y 2003, deberá ingresar el jueves 6 en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía es similar al suscrito con anterioridad por los exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos el exalcalde marbellí Julián Muñoz, para no celebrar varios juicios en los que están imputados por asuntos urbanísticos.
El objetivo del exalcalde y su abogado ha sido beneficiarse del artículo 76 del Código Penal que establece que el máximo de cumplimiento de la pena no excederá del triple de la condena más grave, siempre y cuando los delitos se consideren conexos.
En el caso de Juan Millán, las causas urbanísticas que recoge el pacto y sobre las que se deberá firmar conformidad son aquellas que están en fase de investigación e instrucción o se encuentran a falta de algún trámite.
Condena
El pacto entre la Fiscalía y el exalcalde establece una sentencia de nueve meses de cárcel y diez años de inhabilitación por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, por lo que en este caso la pena máxima sería de 27 meses.
Fuentes del Ayuntamiento de La Viñuela, donde el exregidor gobernó durante 16 años con mayoría absoluta, han señalado que Millán tiene todavía en los juzgados unas 40 licencias de obras.
En la mayoría de las querellas presentadas por el fiscal contra el exalcalde ha mantenido que la concesión de las citadas licencias se realizó «por la sola y exclusiva voluntad del querellado» y, que debido a ello, tales resoluciones son «arbitrarias e injustas». Supuestamente el exregidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.
El pacto evita que el exmandatario socialista sea juzgado de los juicios que todavía tiene pendientes por delitos urbanísticos, aunque a cambio Millán debe ingresar en la cárcel y reconocer su culpa.
En los escritos de conformidad la Fiscalía expone la petición de cárcel para el imputado -así como su solicitud de inhabilitación- y el interesado y su defensa muestran su acuerdo con objeto de que el juez dicte sentencia sin necesidad de celebrar juicio, según informó ayer Efe.
Evitar la ruina
Aunque el acuerdo con la Fiscalía no trascendió públicamente hasta ayer, el exalcalde informó hace semanas a su entorno más cercano de su intención de alcanzar un pacto con el fin de «no quedarse en la más absoluta ruina» después de los 13.505 euros de multa que le impuso en abril de 2010 el Juzgado de los Penal número 8 de Málaga por conceder tres licencias ilegales, la misma sentencia que acabó con su inhabilitación.
Una vez que ingrese en la cárcel Millán pedirá a Instituciones Penitencias que se le conceda el tercer grado, como en su día también hicieron los exediles del GIL.
* SUR - 04.10.11 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
.................................... Leer más...
LAVOZDEGALICIA* : «Establécese como ordenación provisional a do PXOM de 2003». Es la frase más repetida en el texto del esperado decreto que suspende parcialmente la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y aprueba la ordenación urbanística provisional para Ourense. En vigor desde ayer, coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial de Galicia, los ámbitos de trato excepcional tienen su sustento básico y fundamental en el mismo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 2003 anulado desde el pasado mes de marzo por sentencia firme del Supremo.
El decreto 187/2011 reafirma y deja clara la diferencia en las posiciones que han mantenido el gobierno local y la Xunta a la hora de delimitar los ámbitos de intervención, es decir, aquellos espacios a los que se da una cobertura especial. Permite la norma que sobre esos espacios se puedan desarrollar las actuaciones en unos casos previstas en el PXOM anulado por el Supremo y en otros incorporaron en modificaciones puntuales del mismo PXOM o son fruto de otros cambios, como la delimitación de As Burgas y su entorno como ben de interés cultural.
El bipartito PSOE-BNG había apostado, como recoge el decreto, por la «necesidade de posibilitar a execución de actuacións de interese público».
De las propuestas de carácter público presentadas por el Concello se han incluido, de acuerdo con el documento ahora en vigor, los espacios para el edificio judicial y centro de salud de O Couto; residencia geriátrica y centro de día de O Couto; el centro sociocultural de La Molinera; equipamiento deportivo y sanitario en Eiroás; sede de la Confederación Hidrográfica en Ponte Lebrón; ordenación del área termal en campo de Santiago y As Caldas; el plan de sectorización industrial en Santa Cruz de Arrabaldo y la modificación puntual número 22 para mejorar la accesibilidad al barrio de O Cuco.
El cuadro de quince ámbitos de interés público se completa con otros seis que aparecen bajo el epígrafe «execución vías estruturantes» y que el gobierno local presentaba con el más preciso de «sistemas xerais». En este grupo aparecen las actuaciones en Mariñamansa para El Corte Inglés y la ampliación del CHUO, en O Fonsillón-A Farixa para Eroski y otras vinculadas a la ronda Bulevar y otras vías fundamentales en O Polvorín.
La Xunta justifica la exclusión del campus por los informes negativos previos de la comisión de urbanismo de Galicia.
* La Voz de Galicia - 4.10.11
Foto: Normalización para La Molinera. La rehabilitación del espacio de la antigua fábrica es una de las actuaciones amparadas.- lavoz
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Durante 10 años no ha dejado de hablarse en Córdoba de un edificio que no existe. El Palacio del Sur iba a ser un enorme centro de congresos con auditorios, un hotel de lujo y centro comercial con vistas a la Mezquita. Un complejo inmueble futurista que desde 2005 tiene la firma del arquitecto holandés Rem Koolhaas, ganador del Pritzker, el máximo galardón en arquitectura. Un proyecto, en teoría, perfectamente autofinanciado en su construcción, que no afectaría a las arcas municipales y que revitalizaría la deprimida zona de Miraflores, en la orilla izquierda del Guadalquivir. Pero, una década después, en la parcela donde se piensa construir todavía no hay nada. Y es justo ahora, cuando en teoría todo está listo para que las máquinas empiecen a arrancar jaramagos, el momento en el que más incertidumbre existe.
La salvaje crisis económica que azota al país y que sufren severamente los Ayuntamientos no ayuda a iniciar un proyecto, presupuestado en 67 millones de euros, que hasta hace dos años no se sabía cómo financiarlo. Tras solventar acuerdos con la Junta y el Gobierno, la llegada del PP a la mayoría absoluta municipal, enrareció el clima. Arropado por un discurso en el que nunca ha aclarado el futuro del palacio, el PP siempre lo ha supeditado a la aportación de más dinero por parte de la Junta y el Gobierno para aliviar el millonario gasto municipal.
Pero el convenio del Ministerio de Industria se perdería el 31 de diciembre si no se inician las obras o se justifican gastos. Ello supondría la devolución de 5,5 millones, ya que el ministerio ingresó 6,5 millones pero un millón se destinó al pago del arquitecto Rem Koolhaas. El miércoles, ministerio y Ayuntamiento se reúnen en una comisión de seguimiento para evaluar la situación. Con respecto a los 18 millones que convenió la Junta, no se devolverían formalmente pues no hubo ingreso, pero se perderían. Por eso la Junta también pide que se justifique formalmente una prórroga o se den explicaciones.
El Ayuntamiento afirma que quiere hacer el proyecto, pero apenas si se ha movido en estos 100 días de gobierno del PP. Francisco Tejada, portavoz de IU y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sostiene que a día de hoy el Ayuntamiento tiene fondos para realizar las obras durante al menos 18 de los 36 meses que se calcula durarán. Tejada, como el PSOE, cree que el Ayuntamiento quiere demorar los plazos, a la espera de que el PP esté en el Gobierno y en la Junta. Francisco Tejada sostiene que si lo que espera el Ayuntamiento de Córdoba es mejorar los convenios "puede empezar las obras ya, no perder ese dinero. Y una vez que Mariano Rajoy esté en La Moncloa, renegociarlo todo, pero con las obras en marcha". Si las obras no comienzan en 2011, el Ayuntamiento tendrá que devolver 5,5 millones al Gobierno.
El devenir del Palacio del Sur ha ido de la mano de las tensiones políticas de la ciudad de los dos últimos lustros, con sus prisas electorales y sus cambios de partido. Su principal impulsor al principio fue José Mellado, que en 2001 estaba al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y convocó un concurso de ideas para el proyecto. Mellado, líder entonces del PSOE cordobés, había llegado allí en 1999 después de que su partido pactase con IU para aupar a Rosa Aguilar en la alcaldía de la ciudad. Los vaivenes de las urnas sacaron a los socialistas de la Gerencia en 2003 sin haber podido iniciar unas obras que creían inmediatas. Para entonces y tras serios reparos iniciales, su antiguos socio de gobierno, IU, habían hecho suyo el ideal del Palacio del Sur y esperaban apuntarse el tanto.
El deseo era construir un edificio singular que diese renombre a la ciudad. El propio Koolhaas se saltó las bases del concurso y optó por una parcela que no era la inicialmente designada. El Ayuntamiento aceptó, lo que provocó un cambio de PGOU y muchos líos urbanísticos. El proyecto final se conoció en 2005: una enorme estructura de acero y cristal, de 350 metros de largo, 25 de ancho y 28 de alto, abierto a uno de los meandros del río y con vistas privilegiadas a la Mezquita.
En un principio, además, el proyecto no iba a costar un euro a las arcas municipales. Lo público se limitaba a poner el terreno y el proyecto, a la espera de que una empresa lo construyese y lo explotase durante 50 años. Es lo que se conoce como Iniciativa de Financiación Privada e iba a tratarse de la primera experiencia de este tipo en Andalucía. En 2005 estaba claro que la compañía que finalmente se haría cargo del Palacio del Sur sería Ferrovial.
Pero la operación terminó yéndose al traste tres años después, cuando el presupuesto final se disparó hasta alcanzar una cifra entre 150 y 172 millones de euros. El proyecto no encontró quién lo financiara y Ferrovial se echó atrás. Aquello supuso para el Consistorio el desembolso de 5,6 millones de euros. Además, hubo que encargar un nuevo proyecto más reducido y económico a Koolhaas. El millón de euros de Industria ha servido para pagarle.
En febrero de 2009, ocho años después de que se lanzase la primera idea y cuatro después de que se conociese el primer diseño, volvió a presentarse la maqueta, sin hotel ni centro comercial. Ya no se llamaba Palacio del Sur y se optó por el más aséptico Centro de Congresos de Córdoba. Pero lo más importante, su presupuesto estaba limitado a 67 millones de euros. Ni aun así se ha conseguido poner la primera piedra, 10 años después.
Un proyecto muy costoso
Se haga o no el Palacio del Sur, ya ha supuesto un desembolso de unos nueve millones de euros de las arcas municipales, señalan fuentes del Ayuntamiento. Y eso, a pesar de que, inicialmente, se dijo que no costaría ni un euro. A la empresa que originalmente iba a hacerse cargo del proyecto, Ferrovial, y que se echó atrás por lo astronómico del coste final, hubo que pagarle 5,5 millones de euros. En ellos se incluyeron los gastos de tres millones que le generaron la redacción del proyecto, más los aproximadamente dos millones derivados de otro tipo de inversiones.
Por otro lado, el Ayuntamiento debió volver a pagar al estudio OMA, del arquitecto holandés Rem Koolhaas, para que rehiciese su proyecto original. Esa adaptación supuso un nuevo gasto, aunque bastante menor del que hubiese significado otro diseño. La nueva maqueta costó alrededor de 2,5 millones de euros.
Por último, se realizaron los preceptivos trabajos arqueológicos en la parcela de Miraflores, donde tiene que levantarse el edificio, labores que supusieron unos 600.000 euros.
"Sin estos gastos no hubiésemos llegado a la situación actual", remarca Francisco Tejada, portavoz de IU en el Ayuntamiento y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Ahora ya podemos iniciar las obras. Tenemos dinero de la Junta y el Gobierno. Solo nos haría falta un pleno para reajustar el cuadro de financiación que dejamos listo antes de las elecciones y que fijaba el inicio de las obras para 2011", añade.
Cronología
- 2001. Se lanza la idea del Palacio del Sur. El teniente de alcalde de Urbanismo, José Mellado, quiere colocar la primera piedra antes de las municipales de 2003 siguiendo el proyecto del arquitecto holandés Rem Koolhaas. Ya hay dudas de cómo financiar una obra de más de 10.000 millones de pesetas.
- 2005. Rem Koolhaas presenta el proyecto definitivo del Palacio del Sur de Córdoba. 28 metros de alto, 25 de ancho y 350 de largo de acero y cristal. Ferrovial se hará cargo de la construcción y explotación. Las obras se quieren comenzar en junio y terminar en 2008.
- 2008. No han comenzado las obras. El presupuesto se dispara a 172 millones de euros. Ferrovial se desliga del proyecto. Eso obliga a cambiar los planos de Koolhaas. El contratiempo supone un desembolso de 9 millones de euros.
- 2009. Se presenta el nuevo proyecto reducido, con un coste máximo de 67 millones de euros. El nombre se cambia a Centro de Congresos de Córdoba.
- 2009. Se alcanzan convenios de financiación con la Junta (18 millones de euros) y el Gobierno (10 millones).
- 2010. El Ayuntamiento descubre que tendrá que desembolsar 7,4 millones de euros más. El plan del Consistorio era destinar al palacio de congresos los 7,4 millones de euros que le tocaba pagar por las expropiaciones de fincas del futuro aeropuerto y de las que se iba a hacer cargo AENA. Pero AENA se negó.
- 2011 Se cierra el cuadro de financiación. Se fija el inicio de las obras para este año. El PP gana las elecciones. Pide más dinero de Junta y Gobierno. Estos alertan de que los convenios peligran si no empiezan los trabajos.
* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 03/10/2011
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es
.................................... Leer más...
ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Leopoldo Arnaiz es el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar sus planes urbanísticos, entre ellos el de la Ciudad Financiera del Santander. En su día, los propietarios de los terrenos lo acusaron de haber trabajado para los intereses del banco desde su puesto de asesor urbanístico del consistorio madrileño, pero no pudieron probarlo. Una empresa propiedad del Santander, pero sin aparente vinculación con el banco, Cezosa (Centros de Equipamiento de la Zona Oeste S.A.), les había comprado los terrenos a precio de rústico. Luego fueron recalificados, multiplicando su valor, y los dueños originales se enteraron de que habían vendido al Santander. Ahora, esas fincas albergan la sede central del banco.
Ya con el ‘pelotazo’ consumado, El Confidencial ha certificado que Arnaiz cobró del Santander. Concretamente, Cezosa realizó diferentes pagos a Beltraex Nexo, una firma que aparentemente tampoco tenía relación con Leopoldo Arnaiz, pero que sí la tiene. En realidad, el arquitecto, que ha diseñado los planes urbanísticos de más de 40 municipios madrileños, es el dueño de Beltraex Nexo. El administrador de la empresa, Constantino Díaz González, es un mero testaferro. Tanto Arnaiz como su hombre de paja están imputados por delito fiscal en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid precisamente a raíz de los pagos del Santander.
Arnaiz ha declinado hacer declaraciones a este diario. Por su parte, fuentes oficiales del Santander han reconocido a El Confidencial que “Beltraex hizo unos trabajos para Cezosa de consultoría inmobiliaria en la operación de la Ciudad Financiera”. El administrador oficial de Beltraex, Constantino Díaz, es abogado matrimonialista y, según una denuncia que investigan los juzgados de lo mercantil de Madrid, se trata de un mero testaferro del urbanista Arnaiz. Preguntado por estos extremos, desde el banco aseguran que no conocen los detalles: “Pagamos las facturas y no sabemos si esa sociedad era o no de Arnaiz”, declara un portavoz.
El pasado octubre, el juez del caso de la Ciudad Financiera absolvió al arquitecto entendiendo que trabajaba para el Ayuntamiento pero no era funcionario, aunque la sentencia está recurrida. El titular del juzgado de lo penal número cuatro de Móstoles argumentó que “no se ha probado la relación del acusado con la sociedad Centro de Equipamiento Zona Oeste S.A. y en este sentido han declarado los representantes legales de dicha sociedad”. La información de El Confidencial desbarata este argumento: Beltraex es Arnaiz. El tribunal desconocía que el redactor municipal del plan urbano de la Ciudad Financiera había cobrado del Santander pero a través de una empresa opaca. La Audiencia Provincial admitió a trámite el recurso de los denunciantes, aunque no disponían de esta información.
Imputado por delito fiscal
Por su parte, la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Agencia Tributaria articularon una querella contra Beltraex a raíz de los pagos provenientes de Cezosa y el flujo de capital entre distintas sociedades del entramado de Arnaiz. Los técnicos sospechan que puede haber un caso de blanqueo y el juez imputó al administrador de la empresa, el abogado Constantino Díaz. Luego, el magistrado comprobó que el verdadero dueño de la firma es Arnaiz, aunque no figure en ningún cargo, por lo que lo citó a declarar y ya lleva varios meses imputado por delito fiscal. También han declarado en este procedimiento varios directivos del Santander, aunque como testigos.
En el caso de la Ciudad Financiera, los propietarios de los terrenos habían demandado a Arnaiz por negociaciones prohibidas con funcionarios y tráfico de influencias. Según uno de los denunciantes, “un hermano de Arnaiz, Alfonso, usando como nombre falso Luis Muñiz, venía a vernos con los de Cezosa para que vendiéramos los terrenos diciéndonos que no iban a valer nada. Luego nos lo encontramos en el juicio con Leopoldo Arnaiz”. Cezosa consiguió comprar entre julio de 1988 y enero de 1999 unos cuatro millones de metros cuadrados de terrenos calificados como rústicos bajo amenazas de expropiación, según los denunciantes. El banco pagó unas 3.000 pesetas (18 euros) por metro, precio que se multiplicó varias veces cuando el Ayuntamiento de Boadilla del Monte recalificó el suelo.
En el juicio, Serafín Méndez, el que fuera director general del área de Inmuebles del Grupo Santander y hombre de confianza de Emilio Botín, declaró que cuando pagaron los primeros 5.000 millones de pesetas por el suelo, “el banco no tenía ninguna garantía de que el ayuntamiento fuera a recalificar el terreno”. Es decir, que la primera entidad financiera de España compró millones de metros cuadrados sin saber si allí podría construir o no su Ciudad Financiera. Los propietarios originales de los terrenos se consideraron estafados y aseguraron en el juicio oral que el Santander sabía que el suelo iba a ser recalificado. Pero el juez sólo mantuvo imputado al arquitecto Arnaiz, acusado de comprar los terrenos para el Santander.
Previamente, el despacho de Lepoldo Arnaiz había sido contratado por el Santander para elegir la ubicación de la futura mega urbanización bancaria, entre otros trabajos, pero en el juicio no se pudo demostrar que trabajara para o cobrara de la polémica Cezosa, la que consiguió las parcelas.
Por su parte, el citado proceso abierto en el juzgado número 35 de Madrid no ha entrado a valorar el caso de la Ciudad Financiera, sólo si Beltraex Nexo ha cometido delitos fiscales en los pagos recibidos de Cezosa, la sociedad del Santander. La justicia madrileña tiene la clave del caso Ciudad Financiera en dos juzgados separados por veinticinco kilómetros de distancia, pero no se han comunicado.
Beltraex es sólo una de las 33 empresas que Arnaiz, que declaró en la comisión de la Asamblea que investigó la trama inmobiliaria del tamayazo, controla a través de testaferros. Las utiliza para operar en municipios donde él ha redactado el plan urbanístico y así pasar desapercibido. El valor de esta madeja de sociedades supera ampliamente los 500 millones de euros. Tiene terrenos en toda España. Arnaiz controla las sociedades con documentos privados firmados con sus testaferros en tres notarías de Madrid y Londres. En algunas compañías es dueño del cien por cien de las acciones y en otras se ha asociado a distintos promotores inmobiliarios.
* El Confidencial - Javier Chicote 03/10/2011
Foto: Vista de la entrada a la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte (Efe)
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Los vecinos de los nuevos barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas llevan tiempo quejándose al Ayuntamiento de Madrid de que sus calles son "más un lugar de paso que un lugar donde vivir". "Son avenidas grandes y poco frecuentadas, y se convierten en autopistas; se han producido colisiones y atropellos, hay mucha inseguridad", señala la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro, Pilar San Román. "Es un circuito de carreras. Un vecino que es policía municipal pone el radar junto a su casa, cuando el jefe se lo permite, y ha llegado a multar por ir a 161 kilómetros por hora", añade el presidente de los vecinos de Montecarmelo, Alberto Navazo.
Ambos reconocen que el Ayuntamiento conoce sus necesidades. Han mantenido reuniones con sus técnicos, incluso en algún caso les han pasado informes detallados sobre las actuaciones que deberían llevar a cabo en su barrio. Pero no hay dinero. "Nos gustaría hacer más cosas, pero vamos actuando; no estamos parados, vamos poco a poco haciendo cosas", admite el Gobierno local. "No estamos en condiciones de gastar mucho dinero, yo lo entiendo, pero tampoco se puede supeditar la seguridad al presupuesto", responde UPyD, que llevó esta cuestión al pasado pleno municipal.
El delegado de Seguridad, Pedro Calvo, enunció entonces una serie de medidas que tienen previsto acometer a partir del año que viene, probablemente del segundo semestre y si hay presupuesto.En el centro, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, concibe las calles como una extensión del espacio privado de las viviendas, una "alfombra urbana que da acceso a domicilios y comercios". Sus actuaciones huyen de las vías concebidas para el uso y disfrute de los coches, "un error urbanístico del siglo XX". Lejos del centro, en los barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, prosperan en cambio avenidas de gigantes en las que los coches corren como alma que lleva el diablo. Allí las calles son "más un lugar de paso que un lugar donde vivir", según denuncian sus vecinos. Porque los hay, pese a ello: parejas jóvenes, muchas de ellas con niños, que a veces se juegan el tipo para cruzar esas avenidas de tres o cuatro carriles sin semáforos.
"Son barrios muy jóvenes en los que sus habitantes tienen una alta dependencia del vehículo privado, deben usarlo para casi todo, hasta para ir a comprar el pan", explica Miguel Ángel Rodríguez, director general de Circulación. "Estos PAU están poco desarrollados, la intensidad del tráfico en algunas horas es baja y los coches van muy rápido", añade.
"Son grandes calles, poco frecuentadas, y se convierten en autopistas; somos un barrio de paso, se cogen velocidades tremendas. Se han producido colisiones y atropellos, hay mucha inseguridad", abunda Pilar San Román, presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro. "Es un circuito de carreras. Un vecino que es policía municipal, cuando el jefe se lo permite, pone el radar junto a su casa, y ha llegado a multar por ir a 161 kilómetros por hora en la avenida Monasterio del Escorial; y es habitual que la gente circule a 80 o 100 kilómetros por hora", añade Alberto Navazo, presidente de la Asociación de Vecinos de Montecarmelo.
"El Ayuntamiento ha reconocido que existe un problema de seguridad debido al modelo de barrio de los PAU, y se ha comprometido a tomar medidas, colocando semáforos, badenes y pasos elevados", resume la concejal Patricia García (UPyD), que llevó la cuestión al pleno de la semana pasada. El delegado de Movilidad, Pedro Calvo, desgranó entonces algunas de esas futuras actuaciones, pero a juicio de García no se pondrán en marcha hasta el segundo semestre de 2012. "No estamos en condiciones de gastar mucho dinero, lo entiendo, pero tampoco se puede supeditar la seguridad al presupuesto", agrega.
La falta de fondos para acometer estas iniciativas es, en efecto, la constante que mediatiza todos los discursos. "Como lo que manda es la economía, según van teniendo posibilidades las van haciendo, saben todo lo que necesitamos y hay que hacer muchas cosas, pero no tienen dinero para todo", explica Pilar San Román. "Firmamos el 1 de octubre de 2008 con el alcalde un acuerdo de equipamientos por 30 millones de euros. Al año siguiente el Ayuntamiento nos reconoció que no iban a poder hacer nada por falta de presupuesto", señala Alberto Navazo. "Nos gustaría actuar más, pero vamos actuando; no estamos parados, vamos poco a poco haciendo cosas", responde el director de Circulación.
A continuación, detalla todo lo realizado estos años: más de 20 badenes, 66 señales de aviso en colegios, 17 pasos de peatones luminosos... A lo que suma 2.735 denuncias por exceso de velocidad de 2009 a agosto de 2011 y otras 3.737 por estacionamiento indebido, "principalmente aquellos que impiden ver a los peatones con seguridad, pudiendo provocar atropellos". Lo que, además de solución, no deja de ser un síntoma evidente del problema.
Esto es, en cualquier caso, lo que se ha hecho. ¿Y lo que se va a hacer? Estas son las medidas que el delegado de Movilidad, Pedro Calvo, llevó al pleno municipal y algunas adicionales que planea.
- Sanchinarro. En las avenidas Niceto Alcalá Zamora y Francisco Pi y Margall se ha reducido un carril, habilitándolo para aparcamiento, lo que ha frenado, según el Ayuntamiento, la velocidad media de los coches. Además, se han colocado badenes junto a los colegios El Valle, CEU San Pablo y Cortes de Cádiz. El Ayuntamiento promete que, "a corto y medio plazo", pondrá semáforos en el cruce de la avenida Francisco Pi y Margall y la calle María Tudor, y cortará la mediana. Además, eliminará "varios pasos de peatones que se consideran peligrosos para la seguridad vial" y hará un paso elevado en la calle Alcalde Conde de Mayalde, en su intersección con la calle Isabel Clara Eugenia. ¿Qué significa a corto y medio plazo? "Seguramente el año que viene... bueno, cuando tengamos algo de presupuesto", explica, sin mucha convicción, el director general de Circulación.
- Montecarmelo. Se han instalado pasos elevados junto a los colegios Infanta Leonor, Niño Jesús del Remedio y Sol Solito, y semáforos en los principales cruces de esas zonas, como la avenida Santuario de Valverde en su confluencia con la avenida Monasterio de El Escorial y con la calle Monasterio de Sobrado.
El Ayuntamiento promete: "En la segunda mitad de 2012 está prevista una reordenación del estacionamiento en las vías principales para reducir el ancho de calzada". Eso frenará el tráfico y reducirá además la longitud de los pasos de peatones. Como medida adicional, en este y en el resto de barrios se podría ordenar el aparcamiento en batería, lo que refuerza la precaución de los conductores, temerosos de que un coche estacionado pueda irrumpir en la calzada. Además, se quieren instalar badenes y semáforos en otras zonas: "Nuestra intención es que el año que viene, pero...".
- Las Tablas. Se han colocado señales especiales junto a los colegios El Valle III y Las Tablas Valverde, y en los próximos meses se pondrán semáforos en la intersección de las calles Sierra de Atapuerca y San Millán de la Cogolla. "Probablemente pondremos más en Sierra de Atapuerca, es una calle que nos preocupa especialmente", concluye Miguel Ángel Rodríguez.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 03/10/2011
Foto: Madrid, Gallardón en la promoción Sanchinarro 2005 - elmundo.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables.
Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural.
El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General". "Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]", comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario.
La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas.
La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluída en favor de Fontcalent.
La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales.
* El País - S. NAVARRO / A. BALAGUER - Alicante - 02/10/2011
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El esqueleto espigado de la torre Pelli asoma en el horizonte de Sevilla. Apenas se ha construido un tercio del edificio de 178 metros diseñado por el argentino César Pelli para Cajasol, pero la estructura ya supera en altura a todos los edificios de su entorno. Enfrente, al otro lado del río, tiene a la Giralda, que le pone el listón alto (97 metros), pero a la que está llamada a dejar atrás en cuestión de altura. Aunque no es este el único título que el rascacielos podría quitarle al icono de Sevilla. La amenaza que de verdad preocupa es la lanzada por la Unesco: la salida de la lista de ciudades Patrimonio Mundial por el impacto visual que la nueva torre tendrá sobre la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, los tres monumentos que situaron a Sevilla en este selecto club.
El próximo reto del proyecto es la visita de una "misión reactiva" de la Unesco durante este mes. "Cuando existe un problema urgente con alguno de los bienes Patrimonio Mundial, se realiza una visita de un miembro de la Unesco y otro de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) para valorar la situación.
Estos expertos no serán españoles para salvaguardar su independencia", explica Víctor Fernández Salinas, vicepresidente de Icomos España, institución que asesora a la Unesco en materia de patrimonio.
El pasado junio, la Unesco pidió al Gobierno español, responsable último ante la organización internacional, que parara las obras hasta tener un tercer informe que el Ministerio de Cultura deberá presentar en verano de 2012. "La Unesco se fía de los informes de los Estados hasta un determinado punto, porque tienden a ser benévolos", añade Fernández Salinas, miembro de una institución que siempre se ha manifestado en contra del rascacielos.
Mientras, las obras del edificio siguen adelante a un ritmo de casi dos plantas al mes. Y ya van ocho de las 43 proyectadas. Los promotores, que cuentan con el aval de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, han obviado las sugerencias de la Unesco de que se paren los trabajos. Y la llegada del PP al Gobierno municipal no ha hecho sino aumentar la incertidumbre.
Los detractores de la torre tenían la esperanza de que el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, que mientras estaba en la oposición sembró dudas sobre la legalidad de la torre, se posicionara en contra. Pero Zoido está en una encrucijada: de un lado, Cajasol (ahora integrada en Banca Cívica), uno de los principales poderes económicos de la ciudad; y de otro, los opositores al rascacielos, agrupados en la plataforma ¡Túmbala! que integra a 20 asociaciones, desde Ecologistas en Acción a conservacionistas locales. El proyecto también cuenta con simpatizantes en la ciudad, entre ellos muchos arquitectos, pero estos han optado por el anonimato y las únicas voces que suenan son las que están en contra de la torre.
Los vaivenes del Ayuntamiento se han evidenciado en los últimos días. Tras estudiar el tema, los nuevos responsables reconocieron que todo está "de acuerdo con la legalidad". Sin embargo, Zoido ha enviado una carta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, preguntando quién asumiría la indemnización a los promotores en el caso de que se revisara o se anulara la licencia.
El equipo municipal ha dejado la pelota en el tejado de la Unesco. "No vamos a permitir que a Sevilla se le quite la declaración de Patrimonio de la Humanidad", advierte el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez (PP). Dejar clara esta prioridad era también, según Vílchez, la intención de la carta del alcalde. Es decir, si la amenazada de la Unesco se consolida, el Ayuntamiento está dispuesto a que se tire la torre.
El consejero de Cultura, Paulino Plata, no pica el anzuelo: "El Ayuntamiento otorgó la licencia, si la revoca tendrá que responsabilizarse de lo que eso representa. Lo que no puede hacer es trasladar la responsabilidad de una Administración a otra". Mientras tanto, Pelli permanece ajeno a la polémica. Un miembro de su equipo ha asegurado a este periódico que el arquitecto no ha tenido noticias de que se estén replanteando revocar la licencia. El promotor, Cajasol, ha rechazado hacer declaraciones e insiste en la legalidad "absoluta" del proyecto.
El PSOE, que concedió la licencia de obras cuando estaba en la alcaldía, cree que la nueva estrategia municipal es poco inteligente: "Entiendo que Zoido esté asustado por si, siendo él alcalde, Sevilla pierde la declaración, pero lo que tiene que hacer es convencer a la Unesco. Estás ya empezando a perder el partido si tú mismo siembras dudas", afirma el portavoz socialista, Juan Espadas. Él no estaba en el Ayuntamiento cuando el PSOE dio el visto bueno al rascacielos y admite que si el proyecto surgiera ahora "no tendría, probablemente, un respaldo mayoritario". "La decisión se tomó como y cuando debía hacerse. Ahora hay que ser consecuentes y luchar porque siga adelante".
No opinan lo mismo desde la asociación ¡Túmbala! "Las cosas ilegales no tienen que ser irreversibles", afirma el arquitecto Fernando Mendoza, miembro de este colectivo, que ha llevado la torre a los tribunales tras encontrar hasta 12 supuestas ilegalidades administrativas en la licencia. Los jueces hasta ahora no le han dado la razón, pero el asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El mismo que ordenó la demolición de una biblioteca de la Universidad de Sevilla proyectada por la iraquí Zaha Hadid.
Cronología
- Enero 2007. El arquitecto argentino César Pelli gana un concurso convocado por Cajasol en Sevilla con una torre de 178 metros de altura.
- Mayo 2007. Icomos alerta de la "grave amenaza" que supondrá para el Patrimonio Mundial de la ciudad.
- Marzo 2009. Comienzan las obras de la torre Cajasol.
- Enero 2010. Un informe del Gobierno concluye que la torre no tendrá impacto visual sobre los monumentos.
- Junio 2011. La Unesco pide al Estado que pare las obras.
* El País - REYES RINCÓN / MARGOT MOLINA - Sevilla - 02/10/2011
Foto: Reconstrucción virtual del impacto visual que tendrá la torre de Pelli en Sevilla. A la derecha, la Torre del Oro, junto al río Guadalquivir.- elpais
.................................... Leer más...
LEVANTE* : Las grandes obras, los edificios y complejos arquitectónicos emblemáticos, que tenían que poner a las ciudades de la Comunitat Valenciana en el mapa del mundo, han muerto con la crisis económica. El afán de principios de siglo por albergar magnas construcciones ha pasado a la historia ante la imposibilidad de su financiación.
Valencia es la ciudad que, por volumen, mayor número de grandes proyectos arquitectónicos ha presentado y que se han aparcado por la crisis económica. En la memoria de todos se encuentran, por citar algunas obras, las tres torres de Santiago Calatrava (en la Ciudad de las Artes y las Ciencias) la Torre de la Música (en Quatre Carreres), el Nou Mestalla (a medio construir en Benicalap) o la Esfera Armilar (que se ha ido ubicando ficticiamente en varios puntos de la ciudad). El proyecto de las Torres de Calatrava se ha presentado en diversas ocasiones. La primera se produjo en noviembre de 2004. El complejo estaba formado por cuatro torres de 280, 260, 240 y 220 metros de altura, respectivamente. En la segunda maqueta, los rascacielos se redujeron a tres (se bautizaron como Alicante, Castelló y Valencia), pero aumentó la altura a 308, 266 y 220 metros. El coste de construcción de los edificios se cifró en 450 millones, cantidad que frenó la iniciativa.
La torre de la Música se anunció en 2005 como la sede de la Berklee College of Music, la escuela independiente de música de mayor prestigio internacional. El presupuesto era de 100 millones de euros que se sufragaban gracias a la aportación de la misma escuela y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Valencia cedía el solar en el barrio de Quatre Carreres.
Un rascacielos de cien metros
El proyecto del arquitecto Antón García Abril, una torre de cien metros de altura cuyas plantas giraban, se presentó de forma conjunta por los entonces presidentes del Consell, Francisco Camps, y de la SGAE, Teddy Bautista, así como por Rita Barberá y el dirigente de la Berklee College of Music, Roger Brown. Al final, el edificio no se construyó por la crisis y la sede del colegio Berklee se ubicó en el Palau de les Arts.
Otra obra no realizada fue la Esfera Armilar que diseñaron Rafael Trénor y Antonio Fernández Ordoñez. Cien metros de altura, noventa de ancho y más de 50 millones de euros de coste. La Generalitat asumió el proyecto en 2004 y fue en 2007 cuando anunció su última ubicación: el Parque Central. Desde entonces la esfera es invisible.
La que sí que es visible, de gran coste y preocupación para la ciudad, es la obra del nuevo campo de fútbol del Valencia CF. Tras una polémica concesión municipal, las obras del «Nou Mestalla» comenzaron en agosto de 2007 y se pararalizaron en febrero de 2009 cuando el club ya no pudo hacer frente a los pagos. El precio del estadio —si se cumple el proyecto y tras los atrasos— podría superar los 400 millones de euros.
Ciudad de las Artes Escénicas
Pero las magnas obras sin realizar no son patrimonio de Valencia ciudad. En Sagunt, a principios de milenio, se habló de una Ciudad de las Artes Escénicas, de casi medio millón de metros cuadrados y con un teatro al aire libre diseñado por un prestigioso arquitecto. Incluso se hizo una reserva de suelo que paralizó durante años las nuevas instalaciones en un polígono industrial. Aquella ambiciosa iniciativa se recortó poco a poco y en 2006 se reconvirtió en un Campus de las Artes Escénicas para el que aún no hay siquiera proyecto redactado.
Lo mismo pasó con la Ciudad Deportiva prevista en el municipio de Canet d´ En Berenguer. Con una inversión de 20 millones de euros fue el primer gran proyecto que fracasó en El Camp de Morvedre antes de empezar a tomar forma. En marzo de 2010, la empresa heredera del que fue el primer gigante de Enrique Bañuelos, Astroc, rompió su convenio con el ayuntamiento y zanjó de un plumazo con el sueño de tener las mejores instalaciones deportivas de la comarca.
El proyecto del tercer polígono más grande de la C. Valenciana sigue sin autorización
En Requena estaba prevista la construcción del parque empresarial del Rebollar. Las últimas noticias conocidas datan de abril de 2010 cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, anunció, a instancias de una pregunta parlamentaria del PP, que las obras comenzarían en 2011. Los instrumentos urbanísticos de la actuación están presentados, pero la autorización de la Generalitat Valenciana no se ha producido. Con 1,7 millones de metros cuadrados, el polígono de El Rebollar sería el tercer emplazamiento más extenso de suelo industrial de la Comunitat Valenciana. En Utiel está parado el centro del transporte, un área logística de la que se conoce muy poco más aparte de su nombre. También siguen paralizados los proyectos para la construcción de una estación intermodal en Requena o un centro comercial. Nada se sabe de la Ciudad del Motor de Cheste, un polígono terciario de ocio que contemplaba la construcción de zonas de hoteles, espacios para ubicar concesionarios de vehículos nuevos y de ocasión y tiendas de accesorios deportivos. Además de estos establecimientos está previsto incluir una zona con restaurantes, bares y espacios de recreo.
* Levante - 2.10.11
Foto: Valencia, proyecto torres Calatrava - levante
.................................... Leer más...
SUR* : La alegría económica con la que comenzó el milenio lanzó al galope a la construcción y el ladrillo se convirtió en una suculenta y fácil fuente de ingresos para las arcas municipales. La tentación del enriquecimiento personal se fraguó en escándalos de proporciones mayúsculas como en el caso de Marbella, con alcaldes, exalcaldes y concejales en la cárcel. Otros regidores de la provincia, sin excepción de color político, aplicaron con demasiada manga ancha la normativa urbanística y, sin llegar a meter la mano en el cajón, contribuyeron unas veces de forma activa y otras haciendo la vista gorda a la construcción de miles de edificaciones ilegales que en algunas zonas, como en la Axarquía, han supuesto una notable alteración paisajista y de los recursos medioambientales, que la Junta de Andalucía ahora tiene intención de regularizar. Ninguna comarca de la provincia se salva. Todas tienen en su haber al menos un alcalde encausado o condenado.
El modelo urbanístico de una década ha hecho aguas y se sienta ahora en el banquillo de los acusados. El 'caso Malaya', el más emblemático, está en pleno enjuiciamiento. Pero en los tribunales esperan una larga lista de procesos, a los que se siguen sumando nuevos casos. El último esta semana, en Ronda, con la detención del exalcalde Antonio Marín Lara y tres ediles que finalmente han presentado su dimisión. Al igual que en Marbella, el rumor de las corruptelas sonaba insistente desde hacía tiempo en la Ciudad del Tajo.
¿Fallaron los controles? ¿Se miró para otro lado? Mecanismos, desde luego, había. Junta de Andalucía, Diputación, partidos políticos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, jueces... todos forman parte de un engranaje social que abordó el problema sólo cuando el mal ya estaba extendido. Y entonces comenzaron a saltar todas las alarmas.
«Sí, no solo han fallado los controles de los partidos políticos, también los administrativos. En la época dorada del urbanismo, la Junta de Andalucía se dedicaba a recaudar los impuestos patrimoniales y no se puso coto. Y los ayuntamientos hicieron caja y a vivir por encima de sus posibilidades. Estaban obnubilados por el vellocino de oro del urbanismo», critica el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro.
Para el presidente del PP, Elías Bendodo, que no entra a valorar directamente los casos de corrupción, «ha habido una falta de planificación estratégica. Se ha dejado de hacer a todo el mundo y esto ha tenido consecuencias negativas, con un modelo de urbanismo desordenado y con la Junta de Andalucía mirando para otro lado».
Y desde la Junta, blanco de los disparos políticos, el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, devuelve la pelota al tejado de los ayuntamientos: «Nosotros velamos por el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, pero hay que recordar que las competencias en materia de disciplina urbanística corresponden a los ayuntamientos». Asimismo recuerda que en el año 2005 se creó la Dirección General de Inspección, que «cuenta con recursos humanos adecuados, y que mantenemos una línea abierta de comunicación con la Fiscalía y elaboramos informes puntuales a petición suya», añade.
La Fiscalía tampoco se ha librado de los ataques, por su lentitud a la hora de actuar. «Si hay alguien adelantado en la lucha contra la corrupción ha sido el Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente y la Anticorrupción. Sin embargo la corrupción ha sido amparada increíblemente en algunos casos por la ciudadanía con su sufragio y los resultados están ahí», afirma el fiscal jefe Antonio Morales, quien reconoce, no obstante, que «se debe hacer autocrítica porque siempre se podría haber hecho mejor».
La Justicia, en general, ha sido reprobada en muchas ocasiones, aunque también ha tenido intervenciones que han merecido del aplauso general, como la del juez Miguel Ángel Torres en el 'caso Malaya'. Al igual que la Fiscalía, se le ha achacado una actuación tardía. «Los jueces actúan cuando les llega la denuncia de la policía, de la Guardia Civil o la querella de un particular. Y así lo han hecho. Creo que la sociedad en general ha reaccionado un poco tarde», afirma el que ha sido presidente de la Audiencia de Málaga durante nueve años, Francisco Arroyo Fiestas.
La proliferación descontrolada de construcciones irregulares provocó en 2009 una actuación singular del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes peinaron por orden alfabético pueblo a pueblo toda la provincia buscando irregularidades. Esta actuación puso de manifiesto que al final de la década ni una sola comarca de la provincia de Málaga faltaba en el mapa de la corrupción y de las irregularidades urbanísticas.
Ha sido el último golpe contra la corrupción urbanística, pero no ha sorprendido. Al igual que ocurrió en Marbella, en Ronda se veía venir. Eran muchas las denuncias, sobre todo de colectivos ecologistas y de Izquierda Unida, alertando de las presuntas irregularidades en el urbanismo del municipio. El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara, un tránsfuga declarado acogido en las filas del PSOE, se encuentra en el ojo del huracán de la 'operación Acinipo'. El jueves fue puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros. También están imputados tres concejales socialistas que ya han dimitido. Las investigaciones se centran en tres operaciones, entre ellas la polémica urbanización Los Merinos.
Poco más dos años separan las operaciones estrellas de la Fiscalía Anticorrupción en la Costa del Sol. 'Malaya' (2006) lleva un año de juicio, con el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, sentado en el banquillo de los acusados, junto a él otras 94 procesados, entre ellos los exalcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, concejales, funcionarios, así como señalados empresarios de la construcción. Herederos del gilismo son también algunos de los imputados en la trama de Estepona. 'Astapa' (2008) llevó a la cárcel al entonces alcalde socialista Antonio Barrientos y a tres antiguos concejales gilistas que se presentaron a las elecciones bajo las siglas PES (Partido de Estepona), pactando la alcaldía para el PSOE. 'Astapa' se encuentra aún en fase de instrucción. Por otro lado, el exalcalde de Manilva, el independiente, Pedro Tirado, detenido en 2005, está aún pendiente de juicio.
El 'caso Almexia' (Almogía en árabe) saltó en 2009, en una intervención del Seprona, que registró el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura. Están imputados el alcalde socialista Cristóbal Torreblanca y otras quince personas, entre ellas el arquitecto, el secretario municipal y dos policías locales.
La construcción de más de 11.000 casas ilegales (22.000, según los ecologistas) durante los últimos años está pasando factura a numerosos exalcaldes y exediles, aunque de momento al único que se le acusa de corrupción es al exregidor socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba. En la 'operación Arcos' (2009), la Guardia Civil halló 160.000 euros en su casa, debajo de un colchón. Martín Alba fue a prisión y dimitió como alcalde. En las elecciones municipales del pasado mayo, se presentó como independiente y salió elegido concejal. Hasta la fecha han sido inhabilitados por delitos urbanísticos el exalcalde de Arenas, Victoriano García Cuadrada (IU); el exalcalde de Cómpeta (dos condenas), Leovigildo López (PP); el exalcalde de Canillas de Albaida, Gregorio Díaz (PP); el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE); el de la Viñuela, Juan Millán (PSOE), y el de Salares, Jorge Luis Fernández (PP).
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, anunció en febrero de este año que la Junta estaba trabajando en la elaboración de un decreto para facilitar la regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable en Andalucía. En la provincia se estima que unas 50.000 edificaciones están fuera de la ley.
El 'caso Troya' (2007) ha llegado ya a juicio. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de urbanismo, están acusados de recibir dinero a cambio de favores urbanísticos. Martín Serón, que está en libertad bajo fianza y se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel, sigue ocupando la Alcaldía, cargo que revalidó con mayoría absoluta en las elecciones de mayo. El pasado viernes negó en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial tener que ver con este asunto.
El otro gran caso de esta comarca es el de Tolox. Su alcalde, Juan Vera (PA), tiene nueve juicios pendientes por la construcción irregular de unas 2.000 viviendas. Este asunto se remonta a 2006, cuando Obras Públicas de la Junta denunció el caso ante la Fiscalía . Dos exalcaldes de IU, el de Alozaina, Antonio Blanco, y el de Carratraca, Óscar Romero, fueron condenados a inhabilitación y dimitieron. Están pendiente de juicio el exregidor de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), y el de Guaro, Sebastián Rueda (PSOE).
* Sur - 02.10.11 - MONTSE MARTÍN
Foto: Axarquía (Málaga), urbanismo salvaje - laopiniondemalaga.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Los principales protagonistas y términos de las tramas del ‘caso Brugal’.
Alicante. La sociedad alicantina ha pasado en un año del ficticio glamur dimanante de la burbuja inmobiliaria a ver como los tres pilares básicos del sistema (político, empresarial y financiero) resultaban salpicados por supuestos casos de corrupción, en su mayoría por tramas vinculadas al urbanismo.
Brugal. Nombre con el la Policía comenzó en marzo de 2007 a investigar en La Vega Baja una supuesta trama vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Las iniciales pesquisas policiales desembocaron en una mayúscula confabulación, con una veintena de ramificaciones y más de un centenar de implicados, entre imputados y acusados. El sumario ocupa más de 40.000 folios.
Contratas. Las contratas de la basura protagonizan la mayor parte de las tramas destapadas por la investigación del caso Brugal. Las dos más relevantes son un supuesto cohecho por la planta de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja, adjudicada por la Diputación, y el amaño de la contrata del municipio de Orihuela.
Delitos. La investigación inicial apuntó a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión. A medida que avanzó, el fiscal incorporó otros tipos penales como prevaricación, uso privilegiado de información, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.
Escuchas. El grueso del proceso se deriva de la incautación de grabaciones que el empresario Ángel Fenoll realizaba en la sede de su empresa y de los pinchazos telefónicos posteriores a los investigados entre mayo de 2007 y junio de 2010.
Fenoll. Ángel Fenoll es el empresario hegemónico del negocio de la basura en La Vega Baja y está imputado en al menos diez de la veintena de causas en las que se desgajó el sumario principal. Su principal imputación se deriva del supuesto regalo de dos pisos o su equivalente en un millón de euros al expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll.
Gregori. Rafael Gregori es el intermediario clave, según la investigación. Estuvo en contacto con Fenoll, Ortiz y Ripoll para conseguir el cambio de ubicación del vertedero del plan zonal y entregar la contraprestación al político. También es empresario de la automoción y está imputado en otra causa por una supuesta estafa de 12 millones de euros.
Hermanos. La trama del caso Brugal incluye la participación de familiares directos de los implicados, entre los que destaca el abogado hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo. En esta línea se encuentran las esposas de Ripoll y Ortiz y Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como casi todo el clan familiar de Fenoll.
Instituciones. Las dos principales instituciones salpicadas por el caso son el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, además de otra docena de Consistorios de la provincia, entre los que destacan Orihuela, Benidorm y Calp.
Gutiérrez. Exedil socialista de Alicante que se asoció con el hermano de la alcaldesa de la ciudad para convertir Salvetti Abogados en el puente entre Alperi y Ortiz y el Ayuntamiento y, supuestamente, obtener información privilegiada del Plan General.
Díaz Alperi. El exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP es considerado por la Policía y el fiscal como uno de los instigadores de la trama para amañar el PGOU. Alperi todavía no está imputado por el juez dada su condición de aforado. La investigación sostiene que se valió del despacho Salvetti para consumar sus propósitos a cambio de jugosas dádivas de Ortiz. Entre los regalos sobresale un viaje a Creta en avión privado.
Ministerio público. La acusación del caso Brugal la inició y la ejerce en las causas más relevante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El registro del despacho de Castedo y Gutiérrez descubrió la existencia de un archivo con datos sobre la vivienda particular del acusador público.
Ortiz. El empresario Enrique Ortiz es uno de los cabecillas de las dos principales tramas del caso, la de la basura y la del PGOU de Alicante. Está imputado en ambos, en el primero por un supuesto cohecho de un millón de euros a Ripoll y en el segundo por un amplio abanico de cohechos a diferentes cargos del PP, entre ellos Alperi, Castedo o el exconsejero de Infraestructuras, Mario Flores.
PGOU. El Gobierno del PP alicantino comenzó a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante hace una década. Sin embargo, tras despedir al primer redactor, Lluís Cantallops, en 2008 comenzó la recta final de su elaboración hasta que fue aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2010. En este periodo de tiempo, la Policía y el fiscal destaparon el intento de amañarlo para favorecer intereses particulares de Ortiz.
Quesada. Jesús Quesada fue el arquitecto a quien se le adjudicó en febrero de 2007 la finalización del Plan General a través de la empresa Laboratorio de Proyectos. Este profesional esta imputado en la causa y reconoció haberse reunido con Ortiz atendiendo los requerimientos de la alcaldesa, Sonia Castedo.
Ripoll. El juez que instruye la causa de la adjudicación de la contrata del plan zonal de basura de La Vega Baja imputa al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, cinco delitos derivados de la concesión de la planta de basura comarcal. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias, uso privilegiado de información, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Fue arrestado por la Policía y registrado su domicilio en julio de 2010.
Castedo. La alcaldesa de Alicante está acusada por el fiscal por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada tanto en su condición de edil de Urbanismo como de regidora desde septiembre de 2008. Su imputación, al igual que la de Alperi, depende del TSJ porque su condición de diputado autonómica desde mayo de este año la mantiene aforada.
UDEF. Esta unidad policial, especializada en delitos fiscales y económicos, asumió la carga de la investigación. Una decena de agentes llegados de Madrid se repartieron los horarios para realizar un minucioso seguimiento de los pasos de los principales investigados.
Viajes. El modus operandi más común de los dos principales empresarios implicados en la trama, Ortiz y Fenoll, era agasajar a los políticos con una aluvión de regalos. Fenoll optó preferentemente por la entrega de dinero en efectivo y Ortiz, en cambio, prefirió colmarlos con regalos de lujo coincidiendo con las fiestas de Navidad o viajes, en el caso de Sonia Castedo. La regidora mostró la factura de uno de ellos a Andorra, pero lo hizo un día después de que trascendiera la acusación del fiscal.
Yates. En el yate de Enrique Ortiz, llamado Elena, viajaron a cuerpo de rey Alperi, Castedo y Ripoll por las Islas Baleares. El empresario colmó de detalles las travesías en su lujoso barco, que incluso sirvió como base de peraciones estando atracado.
* El País - SANTIAGO NAVARRO / ARTUR BALAGUER Alicante 2 OCT 2011
Foto: Aznar, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo en una foto de la web de la Fundación Cultura Pública de Alicante - elpais
.................................... Leer más...
DIAGONAL* : Nueve de las 21 personas detenidas en la segunda sentada por la vivienda digna, en el año 2006, se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel por presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Después de cinco años de espera y de restricciones a la movilidad, este lunes pasarán por la vista oral para responder de unas acusaciones que los grupos de apoyo consideran un montaje.
Cuando se cierre la segunda sesión, el martes, el juicio habrá quedado visto para una sentencia que puede tardar unos diez días en llegar, según la defensa de una de las encausadas. Las dos sesiones tendrán lugar en los juzgados de la calle Julián Camarillo, 11, en la sala 16. Ambas sesiones son públicas, por lo que el grupo de apoyo está solicitando que se presente el máximo número de gente posible para llenar los 50 asientos de la sala.
“El único ’delito cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar la calle”, asegura en su comunicado la asamblea de apoyo a las personas detenidas.
Una interpretación a la que se ha sumado también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en su llamamiento a la manifestación por el derecho a la vivienda del 25 de septiembre expresaba su “total apoyo a los 9 detenidos/as en las manifestaciones por una vivienda digna de 2006” y la “repulsa al montaje policial”, además de pedir la absolución para todo el grupo.
El grupo de apoyo ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 1 de octubre bajo el lema “Por la libertad de expresión, basta de represión: absolución detenid@s por una vivienda digna”. La marcha comenzará a las 18 horas en la Plaza del 2 de mayo y terminará en la plaza de Lavapiés. La protesta, junto con una jornada de apoyo en el centro social la Tabacalera, culmina una serie de acciones de difusión iniciadas desde esta primavera, que han incluído una activa presencia en las comisiones de vivienda de las asambleas populares del 15M, la edición de un comic de denuncia sobre lo sucedido y la participación en la marcha de los hogares hipotecados del domingo 25.
* Diagonal - 30.09.11
Foto: Vivienda digna, manifa contra detenidos 1Oct - diagonal
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.
En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000.
Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.
Las irregularidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas. "Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en manos serias", añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha estado. Esa es la cuestión.
El regulador comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.
Tres interventores del FROB, convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.
Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y religioso" empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.
Crespo entregó la cuchara la mañana del pasado 21 de julio, cuando en un "patético" consejo -según definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.
Los administradores del FROB no pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.
Al mismo tiempo se supo que el ex director general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad, que también se llevó su parte correspondiente.
López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la dirección general de la CAM desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que, según exconsejeros, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.
El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en Económicas por la UNED, tiene funciones ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en el grupo de empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias hermanas también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. "Se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias", señalan esas fuentes.
Amorós asumió el reto de conducir la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio privado salvador. El mirlo blanco no aparecía y la entidad siguió a la deriva; eso sí, jaleada por los cantos de cisne de los poderes fácticos de la provincia (empresarios y representantes públicos) que, una vez más optaron por cerrar los ojos y seguir apostando por un futuro en solitario de la CAM.
Los interventores del FROB mantuvieron a Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue destituida temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en el puesto, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución provisional se produjo apenas una semana después de que un colectivo de fiscales (la Asociación Internacional contra la Prevaricación) anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.
El primer dato que levantó la sospecha de los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer trimestre de este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance no estaba auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato millonario con la CAM y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.
Ante tantos indicios de actuación fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es inevitable.
También la Fiscalía Anticorrupción, en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención, la Fiscalía ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos, que el ministerio público mantiene congeladas.
Fuentes del FROB aseguran, además, que Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo de administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de España para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes señalan que el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los meses previos a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo solo leyó ante el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en vísperas de la intervención, el jueves 20 de julio. "Nunca antes Crespo leyó ante el consejo ninguna carta o circular del Banco de España", asevera el exconsejero y empresario Jesús Navarro.
La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria. Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.
Joaquín Meseguer (eX director general de Participaciones)
El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM, cargo al que accedió en mayo de 2007, fue nombrado más tarde presidente de la empresa Crédito Inmobiliario, que la caja compró en México para financiar la construcción de 25.000 viviendas. Fue uno de los altos cargos pionero en desvincularse de la entidad por la vía de la prejubilación anticipada. Se estima que ha recibido dos millones de euros.
Vicente Soriano (Exdirector de Recursos Humanos)
El exdirector de Recursos Humanos de la caja era un hombre de la máxima confianza del ex director general, Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General de la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una indemnización de 1,5 millones de euros.
Agustín Llorca (Ex director general adjunto)
Asumió el cargo de director general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a María Dolores Amorós, cuando esta iba a ser la directora general. El paso de Llorca por ese puesto fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco del Banco de España en la CAM, se apuntó al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación de dos millones de euros.
Gabriel Sagristá (Ex director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante)
Ocupaba el cargo de director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante. En 2002 fue director de Explotación de la caja. También se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado mes de marzo y logró una indemnización de 1,5 millones de euros.
Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM)
El exconsejero de la CAM llegó al cargo desde el trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992 y 1997. Accedió a la CAM en 2006 a propuesta del Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz Alperi, del PP. La propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente provincial del PP hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero obtuvo préstamos blandos por 47,5 millones en cuatro años.
Roberto López Abad (Ex director general de la CAM)
El ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad acogiéndose al ERE impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha reportado una indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de euros. No ha dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores Amorós, hasta la intervención del FROB.
* El País - SANTIAGO NAVARRO /MIGUEL ÁNGEL NOCEDA 02/10/2011
Foto: Modesto Crespo, expresidente de la CAM, y María Dolores Amorós, ex directora general.- EFE
.................................... Leer más...
