ELPAÍS* : Las operaciones urbanísticas más lucrativas para la estructura delictiva que montó el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su red empresarial tuvieron como escenario la Comunidad de Madrid, en algunos municipios gobernados por el Partido Popular, fundamentalmente en dos, Boadilla del Monte (cuyos dos últimos alcaldes antes de las elecciones pasadas están imputados) y Arganda del Rey, con comisiones superiores a los 20 millones de euros. También hay un reciente informe que afecta al Ayuntamiento de Madrid, en el que se destapa que una de las firmas de la trama cobró un millón de euros.
En las últimas semanas, el magistrado Antonio Pedreira, que instruye desde hace más de dos años el caso, ha dado el paso adelante de imputar a los empresarios de Martinsa, UFC y Teconsa, tres de las constructoras con las que, según la investigación, hizo tratos Correa. El negocio del cerebro de la red corrupta consistía en servir de intermediario de estas constructoras ante Ayuntamientos gobernados por el PP, que supuestamente amañaban concursos para adjudicar terrenos para operaciones urbanísticas a los empresarios amigos de Correa.
En la caja B de la trama corrupta aparecían comisiones ilegales, entre las que destacaban por su cuantía las referidas a distintas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Ahora, todos esos empresarios deberán declarar como imputados ante el juez. Algunos, como el dueño de Martinsa, Fernando Martín, ya lo han hecho negándose a responder a las preguntas de las partes. Otros, como el dueño de Teconsa, lo tendrá que hacer en los próximos días.El próximo 5 de octubre tendrán que declarar ante el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, los directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública. Teconsa es la empresa a la que la Junta de Comunidades de Castilla y León adjudicó en 2002 las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros a cambio supuestamente de una comisión a Correa. Según las investigaciones, el jefe de la trama a su vez habría repartido el dinero recibido con el entonces consejero de Fomento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, y con los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote. Ninguno de los tres permanece imputado en estos momentos.
La firma Teconsa también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama, como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006; y en la Comunidad de Madrid la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.
Pero el principal pelotazo detectado por los investigadores en la Comunidad de Madrid, y en todo el sumario de la operación Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción ligada a un partido político de la democracia, el PP, se produjo en Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López dimitió tras ser imputado por el juez. Un informe policial indica que Correa cobró 12 millones de euros en Arganda, aunque nuevas investigaciones aumentan esta cifra hasta los 20 millones de euros. En este sentido, la información suministrada por el Gobierno de Suiza explica que el pago de los 12 millones de euros a Correa por el pelotazo de Arganda se hizo desde una cuenta identificada con el nombre de "finca", cuya titularidad era del dueño de Martinsa, Fernando Martín. Estos fondos, según el informe del Estado suizo, procedían de empresas radicadas en Panamá. En el municipio de Arganda del Rey también hicieron negocio empresas consideradas intermediarias de las sociedades de Correa, como por ejemplo el Grupo Rafael. Correa preparó para el Consistorio de Ginés López la comunicación municipal del festival Rock in Rio.
Otro de los presuntos pelotazos de Correa en la Comunidad, que en los últimos días están siendo investigados, es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en la causa, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe de la Policía Judicial enviado al magistrado Pedreira, el pasado 29 de julio, aporta más información acerca de posible comisión pagada por Ulibarri tras adjudicarle el Ayuntamiento de Boadilla una parcela. En el informe explica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, y según el informe policial, Ulibarri testificó que tras denegarle inicialmente el Ayuntamiento de Madrid la licencia de obras para la construcción de unos apartamentos turísticos en el distrito de San Blas, este se puso en contacto con Gordon para que realizara gestiones para desbloquear la obra, algo que consiguió "pactando verbalmente unos honorarios de un millón de euros", según el informe.
Posteriormente, el director financiero de otra de las empresas presuntamente relacionadas con la trama, la constructora Begar, dio instrucciones para que Gordon confeccionara dos facturas por un millón a UFC. No obstante, la policía considera que el millón de euros que pagó Ulibarri no procede de la intermediación en Madrid, como alega Ulibarri, sino de la operación de Boadilla.
* El País - TONO CALLEJA - Madrid - 19/09/2011
Foto: Caso Gürtel, F.Correa - el país
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LAVOZ/Vigo* : Cientos de fotocopias de correos y diálogos entablados a través de Facebook circulan por Vigo desde hace días revelando un presunto trato de favor en gestiones urbanísticas municipales y supuestas recomendaciones para acceder a puestos de trabajo en el Concello.
Los interlocutores de dichos diálogos cambian. Todos menos uno. Roberto Ballesteros, funcionario municipal de urbanismo, miembro de la ejecutiva del PSOE vigués y alcalde pedáneo de Bembrive, aparece en todas las conversaciones, para hablar de urbanismo, de contrataciones, de política. Él admite sin tapujos que las frases que se le atribuyen son efectivamente suyas, pero también que están tergiversadas y no prueban ayudas irregulares a terceros. No duda de que quien lo denunció fue quien capturó esas conversaciones, ahora en manos de la Policía Judicial y también de la Fiscalía, que desde esta semana ha empezado su investigación. Montse C. G., la denunciante, mantiene que alguien las depositó en su buzón.
La validez de las pruebas marcará la evolución judicial del caso, pero la simple ayuda que Ballesteros se ofrece a prestar a sus interlocutores puede llegar a propiciar diferentes interpretaciones. «Ya sabes que por lo de urbanismo no hay problema, y en lo que pueda os ayudo, pero tenéis que ser responsables, jejejejeje. Yo os mando un inspector colega y no hay problema», dice a unos amigos que tramitan permiso para un local de copas.
«Si me dices de qué va el caso te puedo decir precio, vamos a mitad mitad, yo soy el abogado, pero tú no digas nada, jejejeje, bueno, abogado, asesor urbanístico», se señala en otro mensaje también en manos de la Policía Judicial.
La denunciante aportó a la investigación un correo en el que el funcionario aparentemente le dice que pasa trabajos urbanísticos a un estudio, y pone como ejemplo la tramitación de una obra: «Me llevo mi parte, que lo gestioné yo, espero 3.000 euros, pero claro, yo no aparezco en ningún lado», se puede leer en esa conversación.
Decenas de mensajes son intercambiados con un arquitecto para sugerir clientes que necesitan tramitaciones legales, recomendar acciones para captar trabajos o facilitar información sobre la situación de expedientes en el Concello.
Preguntas de examen
En su papel de político, las conversaciones que se atribuyen a Ballesteros reflejan también petición de su mediación en contrataciones o pruebas laborales municipales. En un caso le preguntan si a él le pasaron el examen o las respuestas. «Las preguntas», se indica en su Facebook, para a continuación asegurar que le facilitarán también las preguntas reclamadas por su interlocutora.
«Si ganamos vuelve a ser como antes, contratamos nosotros. Los fachas estos lo hacían por una empresa privada», dice sobre la contratación de limpiadores de montes, mientras a una pareja le señala que en las entrevistas previas a la contratación es donde tiene «mano».
El PP de Bembrive ultima una moción para que la entidad menor repruebe a Ballesteros en su condición de alcalde pedáneo. El denunciado mantiene que no dimitirá, pese a haber causado baja en el PSOE a petición propia, y también haber solicitado el traslado del departamento de Urbanismo del Concello de Vigo, siendo atendidas ambas peticiones.
* La Voz de Galicia - 18.09.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
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LAVERDAD/Murcia* : Será el primer juicio vinculado a la frustrada urbanización Trampolín Hills Golf Resort de Campos del Río, pero no será el último. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para el exalcalde socialista de Campos del Río, Ricardo Valverde Almagro, y una pena igual para su exconcejal de Urbanismo, Juan Luis Peñalver Candel, además de otros dos años y medio de cárcel para el promotor del 'resort', Antonio Martínez González. Todos ellos están acusados de haber falsificado un documento oficial para favorecer la tramitación del expediente urbanístico sobre Trampolín Hills.
En su escrito de calificación, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, el fiscal anticorrupción hace constar que en el año 2004 la sociedad mercantil Solera el Trampolín, cuyo administrador único era Rafael Aguilera, presentó ante el Ayuntamiento de Campos del Río una solicitud de modificación puntual de las normas subsidiarias, «con la finalidad de reclasificar como urbanizable unos terrenos en el paraje Carril de Abajo», lo que fue tramitado como 'Modificación puntual nº8 de las Normas Subsidiarias de Campos del Río'.
A lo largo de la tramitación del expediente se firmó además un convenio urbanístico, con fecha 31 de mayo de 2005, que fue posteriormente rectificado para ampliar la superficie a reclasificar. Fue entonces cuando comenzó a aparecer en los documentos la mercantil Trampolín Hills Golf Resort, cuyo administrador era Antonio Martínez González.
Hecha la ley, hecha la trampa
Durante la tramitación del expediente urbanístico se produjo, sin embargo, un hecho que amenazaba con demorar la buena marcha del proyecto urbanístico: la aprobación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 'Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente', cuya Disposición Transitoria Primera «podía acarrear trabas y nuevos requisitos ambientales a los proyectos cuyo primer acto preparatorio formal fuera anterior a la fecha 21-7-2004», según recuerda el representantes del Ministerio Público.
Una circunstancia negativa que, según todos los datos, afectaba de lleno al 'resort' promovido por Antonio Martínez.
«Con la finalidad de burlar la aplicación retroactiva de la mencionada ley, en fecha no determinada entre los meses de septiembre de 2006 y marzo de 2007, los acusados Ricardo Valverde y Juan Luis Peñalver, respectivamente en su condición de alcalde y concejal de Urbanismo de Campos del Río, puestos previamente de acuerdo con el promotor Antonio Martínez, decidieron elaborar y firmar un mendaz documento, fechándolo el 2-6-2004», relata el fiscal.
En el escrito consignaban a Antonio Martínez como administrador de la mercantil Solera el Trampolín, pese a que no lo era, según el Ministerio Fiscal, y además confeccionaban de esa forma un texto «que daba cumplida respuesta a los requisitos exigidos» en la nueva ley sobre evaluaciones de impacto ambiental.
«Una vez elaborado el documento mendaz -insiste el fiscal anticorrupción-, el alcalde ordenó y el concejal de Urbanismo entregó dicho documento al nuevo secretario municipal, para que certificara a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma que el primer acto preparatorio formal de la Modificación Puntual nº 8 de las normas subsidiarias de Campos del Río era ese documento de fecha 2-6-2004». El secretario municipal así lo hizo y en marzo de 2007 emitió un certificado que fue aceptado por la Comunidad Autónoma.
Más pena a los cargos públicos
Juan Pablo Lozano considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento público y oficial, de los que serían responsables el exalcalde Valverde, el exconcejal Peñalver y el promotor Martínez. Para los dos primeros solicita condenas de cuatro años de prisión, multas de 4.500 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante otros cuatro años. Debido a la condición de funcionarios públicos de ambos acusados, estas peticiones de pena son sensiblemente superiores a la que se solicita para Antonio Martínez, que se queda en dos años y medio de cárcel, y un año y nueve meses de inhabilitación, aunque la pena de multa solicitada se eleva hasta los 67.500 euros.
Consciente de que la mercantil Trampolín Hills Golf Resort está en situación de concurso de acreedores y de que su principal activo son precisamente los terrenos que fueron recalificados, el fiscal ha solicitado que los administradores judiciales de la sociedad sean alertados de que se va a celebrar este juicio, y de que se ha pedido la nulidad del documento presuntamente falsificado, por la posible repercusión negativa que ello pudiera tener en el expediente urbanístico y en el valor de los terrenos.
* La Verdad - 20.09.11
Foto: Campos del Río (Murcia), Trampolín Hills (archivo) - laverdad.es
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MÁLAGAHOY* : El polémico proyecto que contemplaba un campo de golf de 18 hoyos y duplicar la población de Villanueva del Rosario con mil nuevas viviendas, y que desde el principio estuvo salpicado por las sospechas de presuntas irregularidades urbanísticas, podría volver a retomarse pese al rechazo institucional con el que se topó y a que el asunto terminó incluso en los tribunales. Dos empresas internacionales han establecido contacto con el Ayuntamiento del municipio para interesarse por relanzar de nuevo el macrocomplejo urbanístico Valle del Rosario Golf que preveía urbanizar una superficie de 1.754.523 metros cuadrados, tres veces más de la urbanizada actualmente en el municipio, y que en su día se calculó una inversión necesaria de más de 120 millones de euros.
Los dos posibles inversores, de los que aún no ha trascendido el nombre, estarían dispuestos a asumir esta cantidad para retomar el proyecto que quedó paralizado hace unos años como consecuencia de la crisis económica en la que se vieron inmersas las dos empresas promotoras y de la implicación de una de ellas, Aifos, en el caso de corrupción urbanística que se destapó con la operación Malaya en Marbella.
La noticia ha sido acogida con cautela por el nuevo equipo de gobierno del PSOE que desde el pasado mes de junio dirige el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, máxime cuando la anterior alcaldesa socialista, Encarnación Martínez, y las empresas promotoras en aquel momento se encuentran a la espera de juicio por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, respectivamente, cometidos en relación a este macrocomplejo.
El alcalde del municipio, José Antonio González, confirmó el interés demostrado por estas dos empresas, aunque advirtió que el Consistorio sólo lo respaldará "si se demuestra que es un proyecto viable y vamos de la mano de alguien de confianza como son los bancos". En estos momentos son el Banco Popular y Cajasol los que tienen la sartén por el mango en lo que a este proyecto se refiere, ya que "son ellos los que pueden embargar los terrenos y venderlos después a los nuevos inversores si lo consideran factible", aseguró.
El primer paso será la reunión que pretenden mantener las partes a finales de este mes y que determinará el futuro del último campo de golf que fue autorizado por la Junta de Andalucía en la comunidad. De salir adelante, el alcalde del municipio cree que puede ser "la solución para los graves problemas financieros por los que atraviesa el Ayuntamiento". Pero señaló que no a cualquier precio y que a las empresas que acometan el proyecto "les exigiremos unos plazos para ejecutarlo para que el pueblo perciba los beneficios lo antes posible".
No será tarea fácil. El proyecto se topó en su momento con el rechazo de la Junta de Andalucía, los ecologistas de la zona y los propios vecinos que llevaron el asunto a los tribunales por presuntos delitos cometidos por parte de las empresas promotoras -en ese momento el Grupo Mirador y Aifos- al haber afectado parte de la superficie de la vía pecuaria Vereda del Camino de Málaga y haber destruido un extenso sotobosque mediterráneo compuesto principalmente de encimas.
El estudio de impacto ambiental fue rechazado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente que exigió al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario que el proyecto fuera revisado y que corrigiera la documentación urbanística y planimétrica para afectar a la zona protegida, algo que no llegó a hacerse nunca.
Pero de las presuntas irregularidades denunciadas, una de las de mayor gravedad fue el incumplimiento de las normas subsidiarias de planeamiento aprobadas por el propio Consistorio sobre las condiciones de gestión o desarrollo del sector llamado PP-T-1 -aprobadas en el Pleno municipal del 28 de mayo de 2004- y que determinaban taxativamente que antes de tramitar cualquier licencia para uso residencial debía cumplirse la ejecución total del equipamiento turístico privado, es decir, el campo de golf. Esta exigencia también fue reiterada por el propio arquitecto municipal en el informe que realizó el 17 de septiembre de 2003, aunque tampoco se tuvo en cuenta.
Aún así, el Ayuntamiento concedió a las empresas la licencia para alzar al menos 200 de las mil viviendas previstas en la primera fase del proyecto Valle Rosario Golf, de las que se encontraban vendidas el 70% y que se quedaron sin terminar.
A las supuestas irregularidades urbanísticas se unía otro problema que hacía en su momento inviable el proyecto. La entonces Cuenca Mediterránea Andaluza consideró que el referido campo de golf era inviable mientras no se asegurase que pudiera ser regado íntegramente con agua reciclada, algo prácticamente imposible en aquel tiempo porque Villanueva del Rosario no tenía la depuradora terminada y porque contaba con alrededor de 3.000 habitantes, cifra bastante alejada del mínimo necesario -entre 8.000 y 15.000 habitantes- para poder generar la suficiente agua residual.
El informe de la Consejería de Medio Ambiente emitido en 2006 advertía de que los acuíferos donde se localiza este macrocomplejo mostraban "un fuerte desequilibrio entre los recursos hídricos y las demandas". Y más cuando en ese momento el municipio estaba padeciendo las consecuencias de la grave sequía que se había iniciado un año antes y hubo zonas que sufrieron incluso restricciones.
Este déficit se debe a que Villanueva se encuentra sobre un acuífero aislado, es decir, que se alimenta sólo de agua de lluvia. Además, su suelo calizo hace que la descarga de agua varíe de 1.300 litros por segundo en épocas lluviosas a apenas 10 durante el estiaje.
La solución que el Ayuntamiento planteará ahora si se saca adelante el proyecto será acordar con las empresas promotoras la construcción de una tubería que lleve el agua residual desde la depuradora -que entrará en funcionamiento en enero del año que viene- hasta el campo de golf para poder regarlo. La obra costaría 700.000 euros. Pero además del campo de golf y las mil viviendas, también habría que garantizar el agua para la zona hotelera, la zona comercial y otros equipamientos, algo que aún no se ha concretado.
* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 19.09.11
Foto: Villanueva del Rosario (Málaga) - ecologistas en acción
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ELPAÍS/Valencia* : El juez Vicente Ríos, que investiga un fraude de más de 17 millones de euros en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), ha ordenado a la policía que averigüe el paradero de Jorge Ignacio Roca Samper, propietario de tres sociedades que facturaron a la empresa pública, dependiente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), 15 millones de euros supuestamente por trabajos no realizados entre los años 2005 y 2010.
Roca Samper resultó ser el administrador único de las firmas Etwas Eigentlich, Erwinin y Printergreen, dedicadas a la asesoría fiscal y la compra de fincas las dos primeras, con sede en el mismo domicilio en Barcelona, y a los vehículos de tracción mecánica la tercera, domiciliada en Igualada. En algunos de los casos, el concepto por el que facturaron esas compañías a Emarsa fue "lodos".
La orden del juez de localizar a Roca Samper forma parte de sendas providencias en las que cita a declarar como imputado al ex director gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, el próximo día 7 de octubre y al exdirector financiero, Enrique Arnal, el 13 de octubre. En fechas posteriores hasta el 18 de octubre cita a otros cinco imputados mientras difiere la declaración de otro porque no se ha resuelto aún un recurso. Del 19 al 27 de octubre, el juez ha citado a más de una docena de personas en calidad de testigos.
La investigación sobre Emarsa comenzó al presentar una querella el presidente de la Emshi y de la empresa en aquel momento, Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP, tras estallar el escándalo de pagos por trabajos no realizados, obras y mantenimientos no ejecutados, suministros sobrevalorados y regalos y viajes poco explicables. Crespo fue sustituido al frente de la entidad metropolitana tras las elecciones locales de mayo pasado. En el procedimiento se han personado los socialistas valencianos como acusación popular.
* El País - ADOLF BELTRAN - Valencia - 19/09/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia
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LAVOZ/Pontevedra* : Casi un centenar de personas presenciaron anoche el acto convocado por la Comisión cidadá pola recuperación do patrimonio de Vilagarcía, en protesta por la desaparición de los bancos de Ravella. Su presidente, Juan Carlos Porto, quiso agradecer en primer lugar el compromiso de los ciudadanos asistentes a la manifestación, asegurando que Vilagarcía «leva perdendo valores dende hai anos, sen terse en conta o patrimonio da vila para as futuras xeracións». El presidente insistió en que el pueblo de hoy en día lo conforman personas formadas por todo lo recibido por las generaciones anteriores, dando a entender que las restauraciones llevadas a cabo en el simbólico parque vilagarciano fueron desacertadas y contrarias a lo que el pueblo desea. Para finalizar su breve discurso, volvió a agradecer la asistencia del público y presentó al gaiteiro Christian, natural de Bamio, quien ejecutó dos piezas antes de que Manuel Morales, portavoz de la Comisión do Patrimonio, tomase la palabra.
Este último quiso demostrar su descontento con la reforma desde el principio de su discurso, haciendo especial hincapié en la demolición de los bancos característicos de Ravella. Morales se refirió al parque como un jardín histórico, parte fundamental de la esencia cultural vilagarciana. «Las obras realizadas carecen de sentido y gusto», afirmó con visible enfado y resignación.
Además, aseguró que Patrimonio ha autorizado la recolocación de los bancos anteriores.
Morales expresó su malestar con el proceder de la anterior alcaldesa y del concejal de urbanismo, acusándolos de un trato despectivo hacia la Comisión cuando esta expuso sus motivos y razonamientos para impedir que el parque de Ravella fuese sometido a cambios.
Por eso ahora, como manifestó el portavoz, la asociación ha pedido públicamente que la arquitecta Isabel Aguirre, que llevó a cabo los actos de restauración, efectúe la recuperación de los tradicionales bancos y demás elementos característicos del parque. De no ser así, como aseguró Morales, «solicitaremos al alcalde que se termine la obra, y una vez terminada, pediremos que se retiren los bancos de hormigón que pretenden poner».
* La Voz de Galicia - 17.09.11
Foto: Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), vista - riadearosa
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MICIUDADREAL* : El viernes por la noche fue demolida una de las chimeneas industriales de Alcázar de San Juan. Todo parece indicar que ante la creciente oposición al derribo de esta pieza del Patrimonio la propiedad de la finca -Hersilio García Baquero Gómez-Comino-optó por la peor de todas las opciones a pesar de que no contaban con el pertinente permiso.
Por otra parte el nuevo ayuntamiento alcazareño en manos de Ciudadanos por Alcázar no ha obrado con la debida diligencia habiéndose dado la contradicción de llevar en el programa electoral la propuestra de conservación de estos elementos arquitectónicos.
El chimeneón era una pieza más de un Patrimonio cada día más escaso que ha sido destruido con nocturnidad y que pone en evidencia la debilidad de algunas instituciones, el nulo compromiso de las autporidades como el alcalde de Alcázar de San Juan, su concejal de Urbanismo o el Consejero en cuestión.
Los Verdes de Alcázar de San Juan habían iniciado la campaña para conseguir la preotección real de la chimenea y habían presentado sus peticiones formalmente al ayuntamiento y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además habían contactado con expertos en la materia que ya habían manifestado públicamente su apoyo y aportado la información especializada (Véase el Diario Lanza de hoy, 18 de septiembre de 2011, por ejemplo).
Por último, Unidad Ecologista exige responsabilidades ante el derribo de una pieza del Patrimonio tanto a las instituciones como a la propiedad y la empresa que llevó a cabo dicho atentado. Además de enviar cartas de protesta se está estudiando iniciar medidas legales tendentes a la depuración penal de responsabilidades. Es evidente que si ante atentados como éste se procediera judicial y administrativamente bajo el principio de la restitución del daño se atajarían por completo. Así, la "re-construcción" total de la chimenea y la construcción de un centro regional de interpretación y conservación de chimeneas industriales podrían o deberían ser las consecuencias reales para los responsables de semejante destrucción.
* Mi Cidad Real - 19.09.11
Foto: Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ayuntamiento - iberviajes
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ELPAÍS/Madrid* : La Policía Judicial investiga si la red corrupta encabezada por Francisco Correa pudo haber cobrado a empresarios con intereses urbanísticos en Boadilla del Monte un porcentaje de sus beneficios. Llama la atención que la sociedad Narcisos 22, que el magistrado Pedreira incluye como integrante de la red empresarial de Correa, acabará siendo propietaria de un porcentaje, normalmente, del 2,5%, de varios aprovechamientos urbanísticos en el municipio.
La empresa Narcisos 22, según el sumario, estaba encabezada por el imputado Jesús Calvo Soria, a quien un reciente informe policial considera "un mero testaferro" de Correa: "Actúa como un testaferro más dentro de la organización. Es la cabeza visible de la sociedad Lujeca, una empresa creada por él mismo, pero en otras inversiones está dirigida por los miembros de la organización. Se llega a esta conclusión porque Jesús Calvo Soria actúa en realidad siguiendo instrucciones" de los dirigentes de la red Gürtel.
Por eso la policía trata de comprobar si la sociedad Narcisos 22 pudo haber cobrado en especie, es decir, en terrenos reclasificados, cada vez que cualquier empresario quería promover un terreno dentro del municipio, cuyo plan general ha sido recientemente paralizado por la justicia. El cobro de este porcentaje, por unos supuestos trabajos técnicos, serían incompatibles con la existencia de otra firma privada a la que se le había encomendado la gestión del planeamiento local. De hecho, el Ayuntamiento de Boadilla, con el entonces alcalde Juan Siguero, también imputado, envió un documento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que remarcaba que no existía ningún expediente de contratación ni factura por parte de Narcisos 22 a Boadilla.
* El País - T. CALLEJA - Madrid - 19/09/2011
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
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EFE/Navarra* : La asociación vecinal de San Jorge ha denunciado hoy que la nueva cárcel de Pamplona transgrede leyes urbanísticas y medioambientales, desprecia los valores naturales y se ha llevado a cabo de forma "antidemócratica", sin contar con la participación pública.
Así lo indica en un comunicado difundido días después de que la cárcel, que ya está casi terminada, haya recibido a los máximos responsables penitenciarios y de las diferentes instituciones y haya sido objeto de "alabanzas y parabienes" por lo "amplia y espaciosa", por su luminosidad, sus dotaciones, instalaciones de ocio y deportivas, sus aulas y talleres.
Entre los comentarios surgidos en torno al nuevo centro los vecinos echan en falta referencias a la "transgresión" de las leyes urbanísticas y ambientales, así como de las normas propias de la construcción de centros penitenciarios, las forales, las estatales y las europeas.
Al respecto apuntan que no se dice nada sobre la posibilidad de que la "obra pueda ser declarada ilegal, todo está todavía sub júdice, pendiente del Supremo".
También lamentan que no se hable de su ubicación y es que "a pesar de que se les avisó repetida e insistentemente, un monte no es lugar adecuado y menos si está protegido como Reserva Paisajística y de Suelo Natural Forestal, existen otros lugares mejores y nada incompatibles".
En este sentido aseguran que se despreció el dictamen de más de 80 técnicos y expertos en urbanismo, planificación territorial, abogacía urbana, jardinería, medio ambiente, biólogía, sociólogía urbana, criminología, que manifestaron su opinión contraria a la actual.
Además critican que no se diga nada de "la forma antidemocrática con que se han hecho tanto su tramitación como su construcción" y es que, según apuntan, se ha tomado la decisión "ignorando decenas de escritos populares y dictámenes técnicos" y sin responder "a ninguna de las muchas solicitudes y sugerencias que se le hacen, ni directamente ni a través de la Administración municipal y foral".
Igualmente subrayan que no se habla del "desprecio a los valores ambientales y naturales", puesto que "se pierden, para Pamplona y su comarca, no sólo para San Jorge y Buztintxuri, un millón de metros cuadrados de zona verde y forestal, la Reserva Paisajística 2 de las NUC (1999, LFOTU, 2002), se desprecian sus enormes valores paisajísticos y no se valora la cercanía al principal nicho arqueológico de la Edad del Bronce".
Por todo ello concluyen que la cárcel es "todo un monumento a la estupidez e irracionalidad de los responsables, políticos y técnicos, por su gestión y construcción" y "al desprecio a los valores naturales ambientales y a su hipocresía con la sostenibilidad", así como una actuación "antidemocrática" que transgrede las leyes.
* ABC - EFE - 17.09.11
Foto: Pamplona, obras cárcel (archivo) - horpasa
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20Minutos* : Miles de manifestantes, convocados por el movimiento 15M y diversas organizaciones, han marchado por diversas ciudades de España para protestar contra los recortes en educación o sanidad que están llevando a cabo algunas Comunidades Autónomas.
La manifestación más multitudinaria se ha celebrado en Madrid, donde 35.000 personas según la organización han recorrido desde las 19.00 horas el centro de la ciudad, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, con el lema "Banqueros y políticos: 'Sacad vuestras manos de los Servicios Públicos".
Los manifestantes han portado pancartas y han gritado consignas, especialmente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien acusan de "especular" con los servicios públicos. No obstante, las críticas se han extendido al resto de formaciones políticas con mensajes como "los recortes para los de las Cortes". En un ambiente festivo y con la defensa de la Educación y la Sanidad pública como principal bandera (los convocantes han sido varias plataformas en defensa de estos servicios como CAS Madrid, Plataforma Matusalén, Soy Pública, así como los grupos de trabajo del movimiento 15M), los manifestantes han protestado por lo que consideran el "proceso de deterioro y privatización" de estos servicios.
Según señalan estas plataformas, "los servicios públicos de los países occidentales están en el punto de mira de los mercados" y "el objetivo es privatizar las partes rentables y transformar el resto en sistemas de beneficiencia".
En este sentido, aseguran que este proceso "no tiene colores políticos", ya que "está siendo realizado y cuenta con la complacencia de todos los partidos parlamentarios, y con el apoyo de organizaciones y sindicatos subvencionados".
Protestas en diversas ciudades
- Barcelona: Miles de personas, 5.000 según la Guardia Urbana y 25.000 según los organizadores, se han manifestado por el centro de Barcelona en favor de los servicios públicos y en contra de los recortes en ámbitos como la sanidad y la enseñanza. Maestros de la escuela pública, médicos, funcionarios y enfermeros de varios hospitales, junto con personas del movimiento del 15M, han recorrido las calles, sin que se hayan registrado incidentes.
- Valencia: Alrededor de un millar de personas, según fuentes de la organización, se han sumado a la convocatoria en un ambiente festivo en el que no han faltado los silbatos, las bocinas y las cacerolas. Los manifestantes han coreado consignas como "lo que es público, ni tocarlo", "ni recortes, ni privatizaciones", "la salud es un derecho, nunca un negocio", y en contra de la reforma constitucional. La manifestación ha partido de la plaza del Ayuntamiento (la plaza del 15M como la llaman los convocantes) y ha dicurrido por Barcas, Pintor Sorolla, Parterre, Colón y Marqués de Sotelo, para volver al punto de salida.
- Málaga: Unas 300 personas, según fuentes policiales, se han manifestado en Málaga contra de los "fuertes" recortes en los presupuestos destinados a los servicios públicos y el progresivo deterioro de los mismos en detrimento de los ciudadanos. La marcha ha arrancado a las 19.30 horas, media hora después de la hora prevista, en la céntrica Plaza de la Constitución y ha continuado por la calle Larios, un acto que se suma a la iniciativa tomada a nivel nacional con el mismo objetivo.
- Pamplona: En la marcha de Pamplona, encabezada por una pancarta en la que se leía "No a los recortes sociales", se han exhibido carteles con lemas como "por el reparto y la justicia social", "más educación, menos privatización", "menos asesores, más profesores", "no al capitalismo" o "¿dónde está mi pensión?". Además se han coreado consignas como "el pueblo unido jamás será vencido", "no a los recortes en educación" o "más educación, menos corrupción". En cuanto al número de asistentes, los organizadores no han facilitado ninguna cifra, si bien han apuntado que la respuesta ha sido multitudinaria.
* 20 Minutos - 18.09.11
Foto: Madrid, protesta indignados 18S
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ELPAÍS/Barcelona* : El alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares (CiU), se sentará mañana en el banquillo de los acusados por verter aguas residuales contaminantes en una riera. El fiscal pide para él la pena de cinco años de prisión por haber "permitido" y "consentido" que los residuos generados en la urbanización Terrabrava fueran arrojados "sin depuración ni tratamiento alguno" a la riera de Vall-lloparda, "contaminando gravemente sus ecosistemas naturales".
Garcia Cañizares es uno de los alcaldes catalanes que se han visto involucrados en procesos penales a propósito del tratamiento de las aguas residuales. En la última década, los regidores han tolerado vertidos contaminantes a causa, sobre todo, de la falta de depuradoras, que debía construir la Agencia Catalana del Agua (ACA), un organismo que depende de la Generalitat.
La Audiencia de Barcelona juzga mañana y el martes al hombre que, desde 1995, ocupa la alcaldía del municipio del Maresme y que en las pasadas elecciones municipales revalidó su mayoría absoluta. El fiscal considera probado que, al menos desde 2005, Garcia Cañizares "incumplió las obligaciones legales" y permitió que las aguas llegaran a la riera a pesar de que el Consistorio "carecía de autorización administrativa" para efectuar los vertidos.
Los contaminantes "afectaron gravemente" a los ecosistemas naturales de la riera y generaron "un grave riesgo" para dos espacios naturales situados a escasa distancia de los torrentes. Un tramo de 1,7 kilómetros de Vall-lloparda se convirtió, concluye el fiscal, en "una alcantarilla a cielo abierto", hasta el punto de que la contaminación "degradó" el ecosistema e "impidió el desarrollo de la vida animal y vegetal".
La ACA instó al Ayuntamiento, en 2007, a regularizar la situación. El Consistorio respondió que estaba pendiente la construcción de una depuradora para la urbanización -el proyecto se aprobó en 2005- y el expediente de la Generalitat quedó archivado. Pero la instalación no se llevó a cabo, argumenta el ministerio público, "por razones estrictamente económicas, intentando eludir el coste económico que conllevaba dicha obra". El fiscal considera que el alcalde intentó "derivar la responsabilidad" a la Administración autonómica.
En mayo de 2008, los Mossos d'Esquadra comprobaron los vertidos ilegales y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que inició las investigaciones. Las muestras tomadas de la riera mostraron los efectos de los residuos en Vall-lloparda, en contraste con las zonas adonde no llegaron esos vertidos.
La fiscalía acusa al alcalde de no hacer nada para poner fin a esa situación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 7.500 euros y su inhabilitación como alcalde durante cuatro años.
* EL PAÍS - Barcelona - 18/09/2011
Foto: Tordera (Barcelona) - pueblosespana.es
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EUROPAPRESS/Málaga* : La Sección 8ª de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de esta semana al alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y a otras 19 personas por el denominado caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística municipal en dicho municipio. El inicio de la vista oral está previsto para el jueves día 22.
Las previsiones de la Sala son que el juicio se celebre los jueves y viernes hasta diciembre. Así, según un auto del Tribunal, está previsto que al menos la primera sesión se dedique a que las partes personadas presenten sus cuestiones previas o alegaciones, tras lo que comenzarán los interrogatorios de los acusados y de los testigos y peritos. Además del regidor, están acusados el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos funcionarios, que eran asesores jurídicos; y 16 empresarios. Asimismo, está previsto que declaren, entre testigos y peritos, unas 70 personas, según se desprende de dicha resolución, a la que tuvo acceso EP.
La Fiscalía de Málaga solicita en su escrito de conclusiones provisionales que se imponga a Martín Serón las penas de cuatro años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para cargo público, al acusar al regidor de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo.
El fiscal concluye que en ese Ayuntamiento, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución".
Según la acusación, "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también continuados, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, además de una multa de 1,6 millones de euros.
El fiscal estima que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde, quien "va a permitir la conducta delictiva en su concejal de Urbanismo, si bien obteniendo a cambio de su silencio la oportuna participación en el dinero así conseguido". De esta forma, se señala que tuvo "numerosos ingresos" en efectivos en sus cuentas, que suman 238.785 euros.
Estos ingresos, según la acusación pública, "proceden de los pagos efectuados al mismo por el acusado Guerra, obtenidos en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento". Además de prisión e inhabilitación, pide para Martín Serón una multa de 500.000 euros y el decomiso del efectivo intervenido y de los inmuebles adquiridos con fondos "ilegales".
La defensa del regidor ha alegado, por su parte, "indefensión", apuntando la "completa inocencia" de éste "al ser absolutamente incierta la realidad de su participación criminal en la trama de corrupción que de forma general se dibuja, no sólo por ser los hechos inciertos, sino porque mi mandante no conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el ministerio fiscal".
Según la Fiscalía, el edil de Urbanismo "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios". En el escrito inicial se señala que los pagos están en anotaciones manuscritas y en archivos informáticos intervenidos.
En estas anotaciones, éste "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido", de forma que, presuntamente, el metro cuadrado de techo de más se fijaba en 80 euros, mientras que "a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros", dice el ministerio fiscal.
La Fiscalía acusa a uno de los asesores jurídicos por 10 delitos contra la ordenación del territorio, que adquiere el carácter continuado, por lo que solicita 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras que para el otro solicita un año de prisión y siete de inhabilitación por un solo delito urbanístico. Además, insta a que se acuerde la nulidad de las licencias concedidas.
Respecto a los empresarios, se acusa a los 16 como autores de un delito de cohecho activo, por el que pide dos años de cárcel y multa de diferente cuantía para cada uno. Además, a 15 de éstos les acusa como cooperadores necesarios o inductores de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión e inhabilitación por siete años; mientras que a uno de ellos le acusa de dos de estos delitos, por lo que pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación.
* El Mundo _ EP - 17.09.11
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es
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ELPAÍS* : El continente se ha convertido en el principal vivero de megalópolis del mundo. Desde India hasta Japón, a pesar de sus grandes diferencias, comparten muchas problemáticas.
Olvídese de México D.F. El asfalto ha emigrado a Oriente. Al calor del desarrollo económico las megalópolis más bestias del planeta crecen allí a gusto. Desde Pakistán hasta Indonesia, el genocidio del gris sobre el verde y el azul no da tregua, y ya se ha conseguido que entre 10 y 13 de las veinte ciudades más pobladas del mundo, según qué parámetros se utilicen para hacer el cálculo, estén en el continente asiático.
Es más, Naciones Unidas ha tenido que acuñar un nuevo término, el de mega-región, para referirse a un nuevo fenómeno que ha nacido en el delta del río Perla, al sureste de China. Allí, la ex colonia de Hong Kong ha ido extendiendo sus tentáculos hasta unirse a los de Shenzhen, que, en sólo tres décadas y gracias a la política de apertura económica del país, ha pasado de ser un pequeño pueblo de pescadores a convertirse en uno de los centros económicos del gigante con más de siete millones de almas.
Sin solución de continuidad, otras ciudades más modestas, centros manufactureros de "la fábrica del mundo", han sido engullidas por la megalópolis hasta llegar a Guangzhou, capital de la provincia de Cantón. En total, 120 millones de personas viven en la primera mega-región del planeta, un concepto que, según el pasado informe de UN Habitat, va a determinar la vida sobre el asfalto en los próximos 40 años. Para 2050 se espera que el 70% de la población mundial viva en ciudades, casi un 20% más que hoy. Y la mayoría, sobre todo en el mundo desarrollado, lo hará en estos núcleos urbanos que no terminan nunca y que trascienden el concepto de megaciudad. En España, a escala, Madrid es un buen ejemplo. A la capital se le quedan pequeños sus límites, explota, y arrasa con los pueblos limítrofes.
Pero el continente en el que este cambio resulta más radical es, sin duda, Asia. La velocidad del desarrollo urbanístico en Oriente supera con creces la de su crecimiento económico, y países como China e India viven un proceso de migración interna que convierte a sus megalópolis en cócteles explosivos. El campo se vacía y las máquinas van sustituyendo a las manos para aumentar la productividad de la tierra. Nada nuevo bajo el sol, salvo por la magnitud sin precedentes de esta transformación por la que ya ha pasado el mundo desarrollado. Las megaciudades asiáticas son un imán tan atractivo para unos como repelente para otros.
Tienen más de seis millones de habitantes. Son bombas de relojería detonadas por complejos mecanismos sociales y económicos. Verdaderas junglas de asfalto en las que gentes de toda condición luchan por su espacio y su supervivencia. Lugares en los que reina el anacronismo. Hogar de los rascacielos más modernos del mundo, y de las chabolas más rudimentarias. Exponentes de la proeza del desarrollo económico, y reflejo de su lado más oscuro. Tráfico de personas, estupefacientes y armas frente a pujantes centros comerciales. Burdeles de mala muerte junto a magníficos centros de belleza. Es el lugar en el que los extremos se dan la mano.
Hong Kong, siete millones de habitantes, ocho de la tarde. El neón toma el relevo al sol. Las calles, hasta entonces casi despobladas, se llenan de vida. Los estresantes pitidos de los semáforos marcan el ritmo de una población ávida de gastar dinero que se ha acostumbrado a vivir en cámara rápida. Se llenan los centros comerciales y los grandes restaurantes. Abren sus puertas los clubes de lujo. En esta ex colonia británica habitan tres de los veinte hombres más ricos del planeta. Y se estima que un 15% de la población es millonaria. En euros.
Pero toda moneda tiene su cara y su cruz. Escondidos en pisos cochambrosos de callejuelas inmundas, miles de personas subsisten en condiciones infrahumanas. Algunos incluso están condenados a habitar una jaula. No han tenido suerte, y el asfalto no conoce la misericordia. Sin embargo, ninguno quiere regresar a su lugar de origen. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y la ONU les da la razón: las 40 mayores megalópolis del mundo cubren una pequeña fracción de la superficie terrestre, y albergan en torno al 18% de la población, pero de aquí surge el 66% de la actividad económica global.
Dos mil kilómetros separan Hong Kong de Calcuta. Algunos de sus barrios podrían servir como la escenificación del infierno sobre la tierra. Un lugar más allá del extremo. Calles cubiertas de cuerpos ennegrecidos por el sol, pieles curtidas y ojos sin brillo. A las cinco de la madrugada, el asfalto de la capital del estado de Bengala Occidental se asemeja a una fosa común. Miles de personas descansan sobre él enrollados en mantas y sábanas, para protegerse del frío y de las ratas. Apenas amanece. La segunda ciudad más importante de India, hogar de entre 15 y 20 millones de personas, es un cementerio viviente.
A pleno sol, la imagen no es mucho más halagüeña. Como en Bombay y Delhi, los otros dos grandes núcleos urbanos que albergan a más de diez millones de almas, gran parte de la población ni siquiera puede vivir: sobrevive. Es el caso de la familia de Kumar, un hombre de 32 años que ha encontrado un hueco para su familia en la acera. Todos hurgan en la basura de uno de los vertederos de la ciudad. Cocinan y comen en su trozo de asfalto.
Son un ejemplo de las miles de familias que han abandonado el campo para buscar un futuro más halagüeño en la gran ciudad. "Ya no podemos volver porque no nos queda nada allí", se lamenta Kumar. "Y aquí no hay trabajo. Sólo espero que mis hijos puedan vivir en mejores condiciones". Ninguno de ellos está escolarizado. "Si fueran al colegio, ¿quién nos ayudaría a conseguir dinero?", pregunta la madre que, llevada por la desesperación, aprovecha su aún atractivo físico para ejercer la prostitución cuando se le presenta la oportunidad. Cobra alrededor de 50 rupias por servicio (1 euro), porque la competencia es intensa.
Manila, doce millones de habitantes. Bangkok, nueve millones. Miles de calles por las que fluye la vida. Mareas de vehículos que confluyen y divergen. Un caos tan atractivo para unos como repulsivo para otros. Un impecable hombre de negocios conversa por su móvil a la vez que trata de espantar a un mendigo que busca algo de su dinero. Un puntapié. Una hora para medianoche. El neón ya parpadea entre las sombras y los taxistas se afanan en conseguir que sus clientes se dirijan hacia Patpong, uno de los centros de la piratería y de la prostitución de Bangkok, o hacia alguna casa de jóvenes prostitutas de Manila. Exiguas minifaldas, ceñidos pantalones, miradas lascivas y besos que flotan en el aire embriagan a muchos. Pero no todas las megaciudades asiáticas son ejemplo de brutales contrastes.
Osaka, nueve millones de habitantes, en Japón, lleva camino de convertirse en otra de las mega-regiones al sumarse a Nagoya, Kioto y Kobe. Juntas acogerán a 60 millones. Tokio, con 28 millones, sigue siendo el área urbana más poblada del planeta. Seúl tiene once. Singapur, seis. Las capitales de Japón y Corea del Sur son un buen ejemplo de cómo el asfalto también puede resultar acogedor. A pesar de la incidencia de la prostitución, en muchos casos esclavitud sexual, y de la delincuencia organizada, conocida como yakuza en el país nipón, estas dos ciudades marcan la pauta que al resto le gustaría seguir. Avenidas limpias y ordenadas, civismo y un cuidado entorno medioambiental que busca el equilibrio con la naturaleza son también la tónica en Singapur y Osaka.
Pero todo apunta a que China será quien marque el ritmo de las megalópolis en este siglo. El Gran Dragón ya cuenta con más de diez que superan otros tantos millones de habitantes. Y aquí se hacen muy evidentes los problemas que conlleva la extrema urbanización china, con la polución en primer término. El contraste lo pone la altura, queproporciona un oasis de calma. Divisar monstruosas ciudades como Shanghai, Pekín o Guangzhou desde alguno de sus rascacielos otorga una sensación de calma y de poder difícil de conseguir en cualquier otro sitio. Es, sin duda, el lugar adecuado para disfrutar de la belleza del asfalto, del atractivo del caos, y del frenético ritmo del siglo XXI. Las alturas están dominadas por el silencio, el orden y la perspectiva, todo lo que falta en la superficie.
* El País - ZIGOR ALDAMA - Shanghai / Calcuta - 15/09/2011
Foto: Los rascacielos de Tokio están preparados para un fuerte seísmo. Se estima que un terremoto de fuerza 8 o superior puede barrer la capital a pesar de los avances arquitectónicos.- ZIGOR ALDAMA
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PÚBLICO* : El Movimiento 15-M encaró su primera acción coordinada a nivel internacional. Siguiendo la convocatoria de diversos colectivos estadounidenses que se concentraron en NuevaYork frente a Wall Street para llamar la atención sobre la necesidad de regular los mercados financieros y limitar su influencia sobre la vida política, indignados de varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Las Palmas, se movilizaron bajo el mismo objetivo. El punto de unión de todas las protestas fue también la voluntad de internacionalizar las reivindicaciones para dar "respuestas globales" a una "crisis global", según explican los promotores.
En Madrid, un fuerte cordón policial impidió a centenares de indignados avanzar hasta las inmediaciones de la Bolsa, en la plaza de la Lealtad. El plan inicial era utilizar de estrado las escaleras del edificio y que los asistentes, sentados alrededor de ellas, escucharan y participaran en las cinco ponencias que había programado el grupo de trabajo de Economía del Sol, organizador de la jornada. La Policía logró evitar la fotografía de los indignados debatiendo frente a la Bolsa sobre cómo avanzar hacia un reparto más justo y equitativo de la riqueza o protestando por lo que denominan un "golpe de Estado" de los mercados financieros, pero no pudo impedir que se llevara a cabo elprograma previsto.
"Es un despliegue excesivo, la acción estaba anunciada como un foro social al que la gente viene a sentarse, a aprender y a escuchar. No tiene sentido que nos cierren al acceso a la plaza en un día precisamente en el que no funciona la Bolsa", consideró Ruth, activacolaboradora en el grupo de Economía.
Mientras decidían dónde instalarse, algunos indignados repartieron bolsas de papel e instaron a los asistentes a escribir sobre ellas mensajes contra la especulación financiera. "Nadie les ha votado. Dejen de acosar y manipular nuestra democracia", "Bancos sí; públicos y para sentarse" o "Somos personas, no índices bursátiles", fueron algunos de ellos.
"Aprender tranquilos"
Tras unos instantes de incertidumbre, el grupo decidió instalarse sobre uno de los parterres del Paseo del Prado y comenzar allí el foro. "Esta es una jornada formativa y reivindicativa en la que contaremos con economistas críticos y personas que son eminencias en el campo del decrecimiento. Esperamos que nos dejen aprender tranquilos", anunció, micrófono en mano, una de las organizadoras.
Algo después del horario previsto, sobre la una de la tarde, comenzó la primera ponencia, presentada por el economista Carlos Castiñeiras y la colaboradora de Veterinarios sin Fronteras María García. Trató sobre el funcionamiento de la Bolsa y los derivados financieros y su relación con el hambre y la especulación en el mundo.
Castiñeiras valoró la posibilidad de establecer una tasa a las transacciones financieras y reclamó que los gestores de bancos y cajas de ahorro sean juzgados por su responsabilidad en la crisis. Además, propuso acabar con la especulación de los contratos a futuro en los mercados derivados. "Esto que vivimos se llama estafa, robo, putifundio... Yo pido más democracia, un sistema del pueblo para el pueblo", reclamó.
Tras un pequeño receso para la comida, el foro continuó con nuevas ponencias e intervenciones de los asistentes. Jorge Fonseca, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense y miembro del Consejo Científico de Attac, expuso junto a Carlos Ruiz las diferencias entre la economía real y la economía especulativa. Fonseca calificó de "canallada" la evasión de impuestos a través de las SICAV y dio una cifra que provocó la indignación de los presentes: "El 80% de las empresas del Ibex 35 opera a través de paraísos fiscales", aseguró.
Precisamente sobre los paraísos fiscales versó la siguiente charla, impartida por Ricardo García Zaldívar, doctor en Economía, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y Presidente de Attac España. Entre otras propuestas, apuntó la necesidad de reforzar la inspección fiscal para limitar el fraude o la exigencia a las empresas transnacionales de un informe anual que detalle país por país sus operaciones. Como es tradicional en el Movimiento 15-M, las ponencias dieron lugares a debates en los que los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar sus dudas a los expertos o hacer sus aportaciones. Daniel Vila y Pedro Ramiro participaron en la conferencia sobre empresas transnacionales y oligopolios y Ladislao Martínez y Carlos Taibo cerraron la jornada con una charla sobre crisis energética y decrecimiento.
Rumbo a París
Mientras los indignados madrileños señalaban a los culpables de la crisis en sus ponencias, los integrantes de las marchas indignadas llegaban a París, donde participaron en una jornada global de protesta contra el sistema económico y financiero y celebraron asambleas y debates. Salieron hace algo más de un mes y medio de Madrid y Barcelona con el objetivo de llevar a Bruselas su apuesta por un sistema político y económico que "no trate a las personas como mercancía". Está previsto que los marchantes lleguen a la capital administrativa de la UE el ocho de octubre.
* Público - ELENA HERRERA Madrid 17/09/2011
Foto: Indignados, cartel Nueva York 17S
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QUÉ/Santander* : El presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, denuncia que el plan para la ejecución de sentencias de derribo presentado este viernes por el Gobierno de Cantabria es, en realidad, "un plan para incumplir las sentencias".
"No vamos a pasar por ahí", advierte en declaraciones a Europa Press el representante de la organización ecologista, promotora de la mayoría de los procesos judiciales que llevaron a la ejecución de sentencias de derribo.
En Arca adelantan que este plan acabará generando más recursos judiciales porque lo que pretende es "legalizar todo lo que se pueda", como prueba a su juicio que, de las aproximadamente 600 sentencias, el documento recoja la ejecución de 200, la tercera parte.
Es una "verdadera farsa" y una "tomadura de pelo", censura Gonzalo Canales, para quien el documento preparado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo encabezada por Javier Fernández se ha elaborado "de cara a la galería".
* Qué - EP. - 17.09.11
Foto: Santander, Gobierno de Cantabria- wikipedia
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DIARIODEMALLORCA* : Las cintas grabadas por la Guardia Civil sonrojan incluso a quienes no tienen nada que ver con la pieza número nueve del ´caso Andratx´, que se juzga en la Audiencia Provincial. Las cintas desvelan relaciones íntimas y chanchullos, una mezcla en la que se coció durante décadas la corrupción urbanística de Andratx. La consecuencia: un paisaje protegido trufado de casetas de aperos devenidas en chalés.
El tribunal escuchó ayer muchas grabaciones. Y por lo que en ellas se dice y luego explicaron sus protagonistas, el área urbanística del Ayuntamiento era un desmadre. El testimonio más jugoso fue el de la ex jefa en funciones de Urbanismo, Maria Isabel Seguí, quien acudió en calidad de testigo. Seguí contó que cuando asumió el puesto, se encontró con un consistorio que entregaba a chorro certificados para edificar. Los expedientes se despachaban sin fotos ni documentos que acreditaran la situación original de las parcelas.
"Bastaba el informe del celador", apuntó. Pero no todo el mundo lo lograba. Había que tener padrinos y el ex propietario del terreno donde se levanta el chalé objeto dela pieza separada, no lo tenía. Luego lo vendió por 30.000 euros limpios y otros tantos en negro al constructor Emilio Martínez, conocido entre los colegas como el Panza. El Panza sí obtuvo el permiso para levantarse una casa molinera.
Seguí contó cómo le entregaban los expedientes para firmarlos a ultísima hora, el viernes, cinco minutos antes de irse y sin tiempo para revisarlos. "Yo no podía aguantar la presión. [...] El alcalde (Eugenio Hidalgo) me quitó del medio", añadió. Seguí comenzó a desconfiar de todos a los cinco meses de acceder al cargo. Pese a este recelo, entabló una relación con el celador Jaume Gibert, ahora en prisión por otras piezas del caso Andratx. Gibert compareció como testigo y habló sin titubear. En la primera sesión, el constructor insinuó que había pagado una mordida a Gibert a través de una operación de compra-venta de un "yate" de siete metros y medio. Esa revelación que estuvo a punto de provocar la suspensión del juicio apenas tuvo consecuencias en la jornada de ayer.
De las cintas se desprende el seguimiento minucioso que ejercía Jaume Massot sobre el urbanismo de Andratx, pese a estar desvinculado del pueblo. El exdirector general de Ordenación del Territorio en tiempo de Matas era un oráculo. Las escuchas también sacan a luz chascarrillos. La funcionaria Ángela Hernández dice del abogado Jacobo Rodríguez Miranda: "Es más falso que un duro sevillano". Ambos están imputados.
* Diario de Mallorca - 17.09.11
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
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SUR/Málaga* : El fiscal del caso Astapa, que investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Estepona, señala en un informe que "sólo en cuatro convenios urbanísticos" se detectó la pérdida de más de 20 millones de euros por la "sistemática infravaloración de aprovechamientos enajenados".
Así habla de los convenios de Arroyo Enmedio Este, con un desfase de 10,4 millones de euros; Valle Romano, de 7,2 millones de euros; el Camino del Cerrillar, de 3,7 millones, y el de El Ángel, de 649.000, según los informes periciales emitidos por un arquitecto de la Agencia Tributaria experto en valoraciones inmobiliarias.
En un documento de once páginas de junio de este año conocido tras el reciente levantamiento de la totalidad del secreto de sumario del caso y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Valentín Bueno argumenta la consistencia de la investigación en la gravedad de lo investigado y en numerosas irregularidades detectadas.
En respuesta al recurso de apelación de un imputado en la causa que pedía la nulidad de las actuaciones, el fiscal señala que a la infravaloración de convenios, "podría añadirse los contratos y facturas fraudulentas en perjuicio de Empladus y de la hacienda municipal descubiertos en una investigación de la Agencia Tributaria".
En el mismo sentido, añade que "los contratos y adjudicaciones irregulares que se vienen detectando en el análisis de la documentación intervenida en los registros o el hallazgo y bloqueo en Andorra de 10 millones de euros depositados en cuentas familiares de Pedro López, exgerente de Urbanismo del equipo de gobierno, cuya lícita procedencia no ha podido acreditar".
Sobran por tanto -según el ministerio público- las "inútiles descalificaciones" que la parte recurrente viene dirigiendo a los denunciantes del caso, los ediles David Valadez y Cristina Rodríguez, "quienes se limitaron a cumplir con la obligación de denunciar el delito aún a riesgo de comprometer no sólo su futuro político sino también su seguridad personal".
El fiscal añade en su escrito que "lo verdaderamente incomprensible es que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico".
Como el recurrente se empeña en afirmar que el juez sólo consideró y valoró en su auto meras sospechas no corroboradas, el ministerio público señala "que no sólo investigan delitos menores sino infracciones graves, relacionadas con la corrupción y que producen una gran alarma social".
Deja claro el fiscal que los investigadores no se limitaron, como sugiere el recurrente, a reproducir los hechos denunciados sino que en un trabajo que dura varios meses procesan, ordenan y analizan en cien folios toda la información disponible.
Simultáneamente, la Agencia Tributaria viene desarrollando una ingente investigación patrimonial que afecta a más de 120 personas y sociedades y ha generado comisiones rogatorias.
La operación del caso Astapa se destapó el 17 de junio del 2008 con 25 detenciones, entre otras, del entonces alcalde del PSOE, Antonio Barrientos; el que era su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del grupo político local PES Ignacio Crespo y Manuel Reina.
Estos cuatro fueron a prisión, dejaron la cárcel casi seis meses después tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y fueron imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.
Una quinta persona estuvo en prisión, un técnico municipal; también fueron arrestados empresarios y son ya 99 los imputados por este caso, 19 de ellos en libertad bajo fianza.
* SUR - EFE - 16.09.11
Foto: Estepona (Málaga). policía registro ayuntamiento (archivo) - EFE
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LAVOZDEGALICIA* : El urbanismo mantendrá en los próximos meses un papel protagonista en la actualidad lucense. Pendiente la publicación de la parte del Plan Xeral de Ordenación Municipal que ya logró el visto bueno de la Xunta, queda aún por ver la luz verde un porcentaje relevante del nuevo planeamiento. Y junto al PXOM, la urbanización de O Garañón seguirá generando noticias. El portavoz de la Asociación na Defensa do Parque de Rosalía, Marcos Bourio, anuncia que en los próximos días mantendrá una entrevista con el portavoz del PP, Jaime Castiñeira, para pedirle que cumpla sus compromisos. Dice también que la asociación ya perfila recursos contra el PXOM.
Bourio tenía concertada una entrevista para ayer con el concejal popular Jaime Castiñeira. Pero el encuentro tuvo que ser aplazado, dado que el edil, en su calidad de diputado autonómico, tuvo que atender obligaciones en Santiago. El encuentro se celebrará la próxima semana.
El objetivo principal de la entrevista es para Bourio intentar que Castiñeira dé pasos para pedir que el Ayuntamiento no recurra el informe negativo de la Xunta para la urbanización (el proyecto ejecutado fue anulado por carecer de informe de Cultura) de O Garañón (CS-5); sin informe favorable, la urbanización no podrá ser legalizada. Cree que si no se presenta recurso, la vía judicial avanzará con más rapidez y será posible dar antes una solución al problema.
Recurso
La asociación del Parque pretende recurrir distintos aspectos del nuevo planeamiento urbanístico, en cuanto sea publicado. Así lo indica Marcos Bourio, que señala que tal medida la aplicarán en lo que afecta al modo en que se recoge la polémica edificación de República Arxentina, 18, así como la ya reseñada CS-5 (O Garañón) y la CS-9.
Hay que recordar que las obras en O Garañón están paradas por orden judicial. Los edificios a medio construir constituyen ya una referencia en la vista de Lugo desde algunos accesos a la capital lucense.
Por otra parte, Bourio destacó una sentencia del TSXG que dio la razón a un ciudadano que reclamó el derecho a acceder a información urbanística. En este sentido, indicó que la aludida resolución judicial viene a dar la razón a la asociación que representa. Dijo que si se les hubiera facilitado la información que pidieron en estos momentos no se darían los problemas que tienen ahora algunos propietarios de pisos.
Rehabilitación
El concejal delegado del alcalde para Urbanismo, Luis Álvarez, señaló recientemente que una vez que se celebren las próximas elecciones generales, el Ayuntamiento pondrá en marcha los planes para la tramitación de las nuevas áreas de rehabilitación integral que el gobierno local quiere para Lugo. Apuntó que en un contexto de crisis como el actual, con apenas obra nueva en la construcción, la rehabilitación puede constituir una salida para el sector.
Hay que recordar que hasta el momento en la capital fueron diseñadas dos áreas de rehabilitación integral: la del casco histórico y la del Sagrado Corazón.
«O acceso dos cidadáns á información urbanística aforra moitos disgustos»
Marcos Bourio
* La Voz de Galicia - 16.09.11
Foto: Lugo, polémicas torres O Garañón - lavozdegalicia
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